Naciones Unidas

CERD/C/SR.1935

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

Distr. general

12 de noviembre de 2009

Español

Original: francés

C omité para la E liminación de la D iscriminación R acial

75 º período de sesiones

A cta resumida de la 1935 ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 4 de agosto de 2009, a las 10.00 horas

Presidenta: Sra. Dah

Sumario

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 14º a 17 º del Perú (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas .

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención (tema 5 del programa)(continuación)

Informes periódicos 14 º a 17 º del Perú (CERD/C/PER/14-17; HRI/CORE/1/Add.43/ Rev.1; respuestas escritas a la lista de cuestiones que deben abordarse, documento sin signatura, distribuido durante la sesión, en español solamente) (continuación)

1. Por invitación de la Presidenta , los miembros de la delegación del Perú toman asiento a la mesa del Comité .

2.El Sr. L ahiri lamenta que el Perú haya decidido hace algunos años no establecer indicadores económicos desglosados por raza y por etnia, porque resulta difícil, sin datos, apreciar la amplitud de los problemas de racismo y discriminación racial y adoptar, en caso necesario, medidas correctivas eficaces. Contrariamente a otros países de América Latina, el Perú parece rechazar la noción de mestizaje y se funda todavía en gran parte en una jerarquía racial en la que el color de la piel guarda mucha importancia. Así, los blancos son los que mejor trato reciben en general, mientras que a los indios se les suele considerar como ciudadanos de segunda categoría. En este contexto, el Sr. Lahiri desearía conocer el punto de vista de la delegación sobre la fortísima persistencia de prácticas racistas en el Perú.

3.El Sr. Amir, evocando los efectos de la crisis económica y financiera internacional sobre los países en desarrollo en particular, pregunta si la crisis ha dificultado más aún la tarea del Gobierno peruano en el marco de la lucha contra la pobreza. Si bien la situación económica del Perú ha mejorado sensiblemente en los últimos años, según parece los grupos menos favorecidos no han aprovechado de los beneficios del crecimiento. Se invita a la delegación a comentar esta cuestión. El Sr. Amir evoca además las dificultades con que han tropezado los pueblos indígenas que han debido afrontar inviernos muy rigurosos en el sur del país, y que al parecer no han recibido ayuda alguna del Estado. En general, le preocupa la suerte reservada a los pueblos indígenas en el Estado parte y desearía obtener información a este respecto.

4.El Sr. Ewomsan destaca que según el párrafo 61 del informe que se examina, "uno de cada cuatro afroperuanos no ha terminado sus estudios primarios" y desearía conocer los motivos de estas deserciones escolares. Pregunta también qué medidas se han adoptado para promover el acceso de los afroperuanos a la educación.

5.El Sr. Valdivieso (Perú) dice que su delegación no podrá responder detalladamente a las decenas de preguntas formuladas por los miembros del Comité en la sesión anterior, en particular a las solicitudes de datos estadísticos, sino por escrito, ulteriormente. Si bien el Perú se caracteriza por una gran diversidad étnica, lingüística y racial, todos los peruanos comparten las mismas aspiraciones: la democracia, la paz y el desarrollo. El Perú es un país democrático donde se respeta la libertad soberana del pueblo. Las decisiones en materia de justicia, incluidas las del Tribunal Constitucional, pueden ser objeto de apelación. Así, en la región de San Martín, un grupo de indígenas ha impugnado la legalidad de ciertos textos legislativos ante el Tribunal Constitucional porque a su juicio atentan contra sus tradiciones ancestrales.

6.Respondiendo a una pregunta formulada en la sesión anterior, el Sr. Valdivieso dice que las expresiones "pueblos indígenas" y "comunidades nativas" son sinónimas. En 1994 el Perú ratificó el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a los pueblos indígenas y tribales pero los derechos de los pueblos indígenas ya estaban protegidos por el artículo 88 de la Constitución. Esta ratificación tenía sencillamente por objeto garantizar la compatibilidad de los textos nacionales con los instrumentos internacionales pertinentes. El consejo de administración del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) está integrado por 18 miembros, de los cuales 9 son representantes indígenas, y se encarga en particular de aprobar los programas nacionales y regionales relativos a los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Los órganos departamentales de administración incluyen asimismo a representantes indígenas. Por lo que toca al Parlamento nacional, la situación es efectivamente menos satisfactoria en lo que respecta a la representación política de los pueblos indígenas. El Parlamento, que está constituido por 120 representantes repartidos en 8 grupos políticos, tiene muchas dificultades para llegar a un acuerdo sobre la cuestión de la representación de los indígenas.

7. El Sr. Valdivieso añade que el Perú aspira a ser un país en el que todas las regiones, incluidas las más remotas, dispongan de infraestructuras desarrolladas. Por ahora, las grandes infraestructuras y los servicios principales están centrados esencialmente en las grandes ciudades, y sobre todo en Lima, aun cuando el Gobierno se esfuerza desde hace algunos años por descentralizar la administración y los servicios básicos en favor de las provincias y ha creado centros de desarrollo en todas las regiones del país. Además, el Gobierno ha puesto en marcha un proyecto de red vial, que es indispensable para el desarrollo rural. De hecho, el precio de los productos agrícolas es subvencionado por los propios agricultores y es imperativo crear condiciones propicias para el trasporte de las mercaderías hacia los mercados rurales. También se han ejecutado varios programas de apoyo a los agricultores. Agribank, el banco de crédito agrícola del Perú, propone préstamos a los agricultores y financia programas de sustitución del cultivo de la coca por aceite de palma o cacao.

8. No obstante la crisis financiera y económica mundial, la economía peruana, cuya tasa de crecimiento ascendió al 9,8% en 2008, se ha comportado relativamente bien en 2009 y ha sido menos afectada por la crisis que los demás países de América Latina. Ello se debe principalmente a la relativa estabilidad de las exportaciones mineras y agrícolas.

9.Respondiendo a la pregunta sobre el lugar del sector privado en la economía peruana en el futuro, el Sr. Valdivieso indica que el Perú anhela disponer de un sector privado que sea competitivo en el plano internacional y que al mismo tiempo impulse el crecimiento a nivel nacional. Explica que el Estado no puede hacer todo solo, y que los capitales privados cumplen un papel importante en los proyectos de desarrollo, como el mejoramiento de la red de carreteras. Recuerda que un proyecto reciente, consistente en crear una carretera de 135 km en la selva amazónica, ha costado 200 millones de dólares, monto muy superior a lo que podía permitirse el Estado peruano. Sin embargo, este sigue adelante con sus prerrogativas de desarrollo, como lo demuestra la financiación pública de la campaña de lucha contra el analfabetismo, cuyo objetivo es lograr una tasa de analfabetismo nula en 2011.

10. El Estado peruano está asimismo resuelto a dotarse de una economía abierta e integrada en las economías mundial y regional. Recuerda que después de las dos guerras mundiales que azotaron a Europa en el siglo XX, varios países (Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux) crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), primera comunidad supranacional de Europa, con la firma del Tratado de París el 18 de abril de 1951. Aun cuando América Latina no haya logrado hasta ahora la integración continental, podría recogerse y materializarse esta idea mediante un acuerdo sobre la utilización del agua y la energía en la Amazonía.

11.En cuanto al papel de los pueblos indígenas en el desarrollo del país, el Sr. Valdivieso recuerda la adhesión del Estado parte al respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras ancestrales, como se estipula en la Constitución. El Perú posee más de 60 millones de ha de tierras, de los cuales más de una cuarta parte pertenece a los pueblos indígenas, y en estos últimos años se han logrado adelantos importantes en materia de bienes raíces indígenas. El Sr. Valdivieso reconoce que se han promulgado decretos legislativos sobre la utilización de ciertas tierras, pero subraya que las tierras de que tratan esos decretos son de propiedad del Estado y en ningún caso se trata de santuarios ecológicos o de tierras de las poblaciones indígenas, como pretende la prensa. El Estado peruano, convencido de que está perfectamente facultado para autorizar inversiones privadas en las tierras que le pertenecen, se proponen iniciar un proceso de inversión para la reforestación de 8 millones de ha de tierras deforestadas en la Amazonía, proyecto en el que participarán plenamente los pueblos indígenas de la región.

12.Por lo que respecta a los acontecimientos de Bagua, de 6 de junio de 2009, que produjeron 34 bajas entre la población indígena y la policía, el Sr. Valdivieso recuerda que 24 policías murieron en los enfrentamientos con etnias amazónicas del norte del país en circunstancias en que participaban en una operación rutinaria de seguridad vial. Desea que se tenga en cuenta el hecho de que las comunidades indígenas del norte del país que manifestaron su oposición a los decretos legislativos que autorizaban la explotación de ciertas tierras de la región fueron manipuladas con fines políticos. Ciertas personas manifestaron a los pobladores indígenas que el objetivo de los decretos era privatizar sus tierras y ceder sus recursos naturales a empresas extranjeras, lo que es falso, aun cuando muchos de ellos así lo hayan creído. Así pues, ciertas personas han aprovechado de su ignorancia para crear una situación de enfrentamiento y de violencia. El representante del movimiento de protesta de los indígenas, Alberto Pizango, abandonó la mesa de negociaciones debido a las presiones de que fue objeto y hasta la Iglesia Católica se inmiscuyó en el conflicto. La investigación judicial actual, iniciada a solicitud del Parlamento, deberá esclarecer todos estos elementos e identificar a las personas que alentaron el enfrentamiento y exacerbaron la violencia.

13. El Gobierno del Perú observa anonadado que muchos medios de difusión internacionales han hablado del "genocidio" perpetrado por las autoridades y de ríos rebosantes de cadáveres de centenares de indios. Estas alegaciones han provocado un daño inimaginable al país y nadie sabe cuánto tiempo y cuánta energía serán necesarios para restablecer la confianza de los intereses extranjeros en el país.

14. Desea fervientemente que en las observaciones finales del Comité conste el daño que las informaciones infundadas difundidas por la prensa internacional sobre este asunto han causado al Perú y se subraya que el Gobierno del Perú está dispuesto a poner en marcha mecanismos de reparación colectiva e individual si la justicia comprueba cualquier infracción cometida por las autoridades peruanas.

15. Respondiendo la pregunta relativa a la evolución de Sendero Luminoso, el Sr. Valdivieso indica que el terrorismo ha retrocedido en el Perú. Sendero Luminoso ya no representa una amenaza para la estabilidad del país y está concentrado en una pequeña zona del país. Sin embargo, no ha desaparecido, y en los últimos días ha sido responsable del asesinato de cinco personas durante un ataque contra la policía. Este movimiento terrorista ha creado vínculos con los narcotraficantes y se ha instalado en las regiones de cultivo de la coca. Allí protege a los cárteles de la droga y obtiene de ellos los recursos necesarios para comprar armas y perpetrar actos violentos. En algunas regiones, Sendero Luminoso se dedica directamente al tráfico de estupefacientes. Se trata de un movimiento criminal, no democrático y violento que no respeta los derechos humanos y ha causado la muerte de 25.000 personas.

16.Se han expresado inquietudes en relación con las inversiones efectuadas en la selva peruana, muy rica en recursos naturales, donde viven esencialmente comunidades autóctonas. Sucede algunas veces que estas actividades suscitan problemas en ciertas comunidades por diversas razones. Pero el Estado tiene necesidad de los ingresos procedentes de la exportación para promover el desarrollo de las comunidades más pobres y proporcionar servicios básicos, construir carreteras, otorgar créditos agrícolas u organizar sistemas de seguro agrícola. La explotación de los hidrocarburos en estas regiones permite el progreso del país mediante la exportación de sus recursos naturales. Sin embargo, algunos estiman que el Perú no debería exportar sus recursos naturales, en particular sus productos mineros. En otras palabras, exhortan al Perú a no explotar sus recursos pero al mismo tiempo desean que proporcione a su población todos los servicios de que tiene necesidad. La conciliación de estas dos exigencias merece un análisis minucioso, porque por su parte, la delegación no ve otra solución.

17.Admite que hay enfrentamientos en ciertas zonas de exploración y explotación de los recursos naturales del país. Sin embargo, el Gobierno va encontrando soluciones. Invita al Sr. Zegarra, del Ministerio de Energía y Minas, a explicar cómo procede el Gobierno para evitar que las actividades de exploración y extracción no produzcan estragos, en particular estableciendo mecanismos de concertación con las poblaciones locales.

18.El Sr. Zegarra (Perú), evocando los problemas vinculados con la instalación de cuatro pozos entubados, recuerda que en determinados documentos se indica que no se expidió una autorización de explotación de los recursos hídricos subterráneos, lo que se contradice con información recibida de las autoridades de explotación de los recursos hídricos según la cual la autorización de explotación fue solicitada en 2006 y aprobada en 2007, e incluye la perforación de pozos. Por otra parte, la comunidad propietaria del terreno en que se encuentran estos pozos ha aceptado un contrato de renovación del convenio con la empresa minera mencionada.

19. En cuanto al sistema nacional de gestión de los recursos hídricos, el Sr. Zegarra indica que hace poco se han aprobado dos decretos relativos a la atribución de los recursos hídricos. A continuación, en marzo de 2009 se presentó un proyecto de ley sobre los recursos hídricos que fortalece los poderes de la autoridad encargada de los recursos hídricos nacionales. Este marco legislativo tiene por objeto en particular preservar los recursos hídricos, y descarta la posibilidad de una privatización de su explotación en virtud del principio según el cual el agua constituye un patrimonio del Estado. Por otra parte, una ley garantiza el derecho de las comunidades indígenas a utilizar el agua que corre por sus tierras mediante técnicas ancestrales. Sin embargo, esta ley todavía no ha entrado en vigor y todavía está en marcha el proceso de consulta relativo a su promulgación.

20. El Perú cuenta desde hace algunos años con las mejores prácticas en materia de consulta, en el espíritu del Convenio Nº 169 de la OIT. Las más altas autoridades peruanas han manifestado su compromiso en esta esfera y un proyecto de ley recientemente presentado al Congreso apunta a promover la aplicación de este Convenio. Cuando se adopte la ley, esta permitirá fortalecer los procesos participativos ciudadanos.

21. En 2008 se aprobó un decreto que rige la participación ciudadana en el sector minero, que complementa un primer decreto a este respecto, aprobado en 2002. En el decreto complementario se señalan los procesos de participación ciudadana que sirven de marco para la ejecución de los proyectos mineros en sus fases de concepción y realización, hasta su conclusión. Se han organizado oficinas de vigilancia de la participación ciudadana en varias regiones del país en relación con diversos proyectos mineros.

22. En otro decreto se prevé la participación ciudadana en el sector de los hidrocarburos, y su objetivo consiste en fortalecer el acceso a la información de la población interesada en la extracción de hidrocarburos, en particular en las comunidades autóctonas. Con este espíritu, la empresa petrolera nacional Perupetro ha organizado 67 talleres de información previa a la licitación o la concesión de licencias en relación con proyectos de explotación de hidrocarburos. Durante el proceso de participación ciudadana, el Estado alienta la plena realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas.

23.El Ministerio de Energía y Minas lleva a cabo actualmente un proceso de consulta relativo al tendido de instalaciones eléctricas en el país. Esta consulta se efectúa en diferentes etapas, en particular antes del otorgamiento de concesiones para la construcción de centrales eléctricas. Así pues, el Estado peruano realiza enormes esfuerzos para mejorar la consulta ciudadana en todas las esferas.

24.El Sr. Valdivieso (Perú) afirma que las autoridades peruanas se han empeñado enormemente en elevar el nivel de educación, en particular en favor de los grupos afroperuano y mestizo, consciente de que el Perú progresa pese a la persistencia de importantes desigualdades, sobre todo en la esfera de la educación. A este respecto, conviene señalar que los sindicatos han frenado mucho los cambios en este sector durante los últimos años. El Ministerio de Educación ha iniciado un programa destinado a evaluar las competencias de los docentes, pero muchos docentes y directores de establecimientos se han opuesto a él, alegando que el objetivo de la evaluación es despedir a docentes. Sin embargo, a la fecha, ningún docente ha sido despedido por este motivo. En cambio, la evaluación ha permitido determinar el salario del personal docente de manera más justa, y un mayor número de docentes han postulado en función de las notas obtenidas en la evaluación.

25.El Sr. Samanez Bendezú (Perú), completando la información proporcionada en el informe sobre la creación de capacidades con miras a prevenir y combatir la discriminación (párrs. 194 a 219) y precisando el papel desempeñado por la educación en esta esfera, indica que el Gobierno del Perú ha realizado actividades en varios frentes para informar a la población acerca de sus derechos fundamentales, en particular el derecho a no ser víctima de discriminación. Diversas entidades públicas han puesto en práctica estrategias de sensibilización, entre ellas el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, en colaboración con la sociedad civil y gracias a la cooperación internacional. El Ministerio de Educación se ha comprometido en particular a incorporar los derechos humanos en los programas escolares, de manera que este tema sea parte integrante de todas las materias impartidas.

26.De conformidad con el Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015, elaborado con la participación de expertos en materia de educación, docentes y asociaciones de padres de alumnos, y en el marco de la política actual de descentralización del Gobierno peruano, se han establecido planes regionales en favor de la educación en consulta con todas las partes interesadas, entre ellas las comunidades indígenas locales. En consecuencia, en los programas escolares regionales se tienen en cuenta las costumbres y la cultura de las diversas comunidades indígenas o étnicas, a las que se imparte una enseñanza específica.

27.La Dirección de Educación Bilingüe e Intercultural y la Dirección de Educación Rural del Ministerio de Educación han elaborado un plan para la educación en las zonas rurales en colaboración con organizaciones autóctonas y locales. Publican manuales escolares bilingües destinados al personal docente y a los alumnos residentes en esas zonas, velando por la presencia del enfoque intercultural tanto en los textos como en las ilustraciones de los manuales.

28.En relación con la formación del personal docente, el Sr. Samanez Bendezú indica que las condiciones de admisión en los institutos pedagógicos son mucho más rigurosas que antes, que para ingresar los candidatos deben obtener una calificación de 14/20 como mínimo, y que actualmente la enseñanza de los derechos del niño y del adolescente es parte integrante de esta formación. Los métodos de enseñanza han evolucionado, haciéndose ahora hincapié en la participación activa de los alumnos y el desarrollo de su espíritu crítico. Los manuales escolares elaborados por el Ministerio de Educación se redactan con el ánimo de prevenir comportamientos discriminatorios en la escuela, fortalecer la autoestima de los alumnos y promover las diversas culturas existentes en el país.

29.El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ha integrado la cuestión de la discriminación racial en varios de sus planes de acción nacionales, entre ellos el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2006-2010 y el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015. Ha adoptado una estrategia de seguimiento de estos planes de acción a fin de promover los derechos de los grupos de población interesados y, en este marco, ha iniciado campañas de sensibilización y ha organizado talleres y cursos de formación en las diversas regiones.

30.En 2008 la Dirección de Promoción y Cultura de Paz del Ministerio de la Mujer organizó cursos de formación sobre los derechos humanos destinados a miembros de las comunidades indígenas con derecho a reparaciones colectivas. Esos cursos se organizaron sobre todo en el valle del Apurímac y del Ene, que es actualmente teatro de violencias debido a la presencia de terroristas y de narcotraficantes en la región. Actualmente, 150 jefes de comunidades indígenas han recibido esta formación, que se impartirá a otras 500 personas antes de que concluya el año 2009. Todos los documentos de formación están redactados en quechua y todos los cursos se dictan en dicho idioma.

31.Gracias a la cooperación internacional se ha podido ejecutar en el departamento de Loreto, en los andes y en la selva amazónica varios proyectos de sensibilización sobre los derechos humanos, elaborados en concertación con organizaciones no gubernamentales activas en la esfera de la educación. El Gobierno peruano ha participado en esas actividades ofreciendo locales y mediante la participación de personal docente y funcionarios locales encargados de la educación. Estos proyectos han permitido crear una red de docentes activos que participan activamente en la promoción de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación racial.

32.El Consejo Nacional de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, se empeña activamente en divulgar el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 y, para ello, el Ministerio ha publicado varios textos fundamentales en quechua, entre ellos la Constitución. Por último, la Defensoría del Pueblo realiza actividades de sensibilización en derechos humanos en todo el país y, en particular, ha iniciado una campaña de información sobre la discriminación racial. En conclusión, el Sr. Samanez Bendezú subraya que todas estas iniciativas en materia de educación sobre los derechos humanos demuestran que el Gobierno peruano está empeñado en promover una cultura de paz y de tolerancia entre las diversas comunidades étnicas y culturales del país.

33.El Sr. Valdivieso (Perú), señalando que ciertas preguntas formuladas por los miembros del Comité son muy específicas y exigen investigaciones a fondo, dice que la delegación enviará ulteriormente respuestas escritas a las preguntas a las que no haya podido responder en el marco del examen oral del informe, en particular las preguntas relativas a las campañas de esterilización forzosa de las mujeres indígenas, el alcance de las ordenanzas regionales y la cuestión de la penalización de la incitación al odio racial y la prohibición de las organizaciones racistas.

34.Por lo que toca a los acontecimientos de junio de 2009 en Bagua, el Sr. Valdivieso indica que se ha creado un grupo de negociación presidido por el Ministro de Agricultura que debate actualmente con representantes de las comunidades indígenas interesadas el establecimiento de mecanismos que permitan aplicar efectivamente el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a los pueblos indígenas y tribales. En cuanto a las inquietudes expresadas por el Relator sobre los decretos legislativos aplicados en este caso, el Sr. Valdivieso señala que los decretos legislativos son promulgados por el poder ejecutivo pero que, de conformidad con la Constitución, su legalidad puede ser impugnada ante el Congreso. Si este comprueba que un decreto sobrepasa los límites previstos por la ley, lo enmienda según sea conveniente. Por otra parte, el Sr. Valdivieso subraya que el Congreso es un órgano esencialmente político y que en consecuencia sus decisiones no están siempre fundadas en consideraciones puramente jurídicas. Con todo, asegura al Comité que la cuestión del consentimiento de los pueblos indígenas será examinada debidamente por las autoridades competentes y que el Gobierno está completamente llano a entablar un diálogo franco y cordial con los representantes de estas comunidades.

35.En relación con las diferencias señaladas entre las estadísticas oficiales y las cifras proporcionadas por las organizaciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el Sr. Valdivieso subraya que no hay que interpretar en ello voluntad alguna del Gobierno de ocultar la realidad. Con respecto a la posibilidad de invocar el derecho consuetudinario ante los tribunales, indica que en el artículo 69 de la Constitución se prevé que las autoridades indígenas pueden solucionar los litigios de conformidad con el derecho consuetudinario en los territorios que dependen de su jurisdicción, siempre que estas soluciones sean compatibles con las normas internacionales de derechos humanos. Varias disposiciones de la legislación interna prohíben negar el acceso a un lugar público o a un empleo a una persona debido a su origen étnico o racial. Ello no solo está prohibido por la ley sino que es objeto de la condena de la opinión pública en el Perú.

36.Con respecto a la cuestión de las medidas adoptadas hasta ahora para remediar las consecuencias de las catástrofes naturales que afectan al país, el Sr. Valdivieso indica que en previsión de la reaparición del fenómeno climático de El Niño, previsto para el verano de 2010, el Gobierno ha adoptado recientemente nuevas leyes y ha aprobado créditos presupuestarios, aun cuando por el momento sea muy difícil prever la amplitud futura de los daños.

37.La pena de muerte sigue estando en vigor en el Perú pero desde hace una treintena de años ningún condenado ha sido ejecutado. De conformidad con el artículo 140 de la Constitución, la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo. Sin embargo, aun cuando la adopción de esta última disposición es posterior a la ratificación por el Perú de instrumentos internacionales con los que es incompatible, las personas reconocidas culpables de terrorismo son condenadas a otras penas, en proporción a la gravedad de su acto. Por último, el Sr. Valdivieso subraya que la diversidad étnica de la población peruana sí se refleja en la composición de la delegación, pero que, debido al intenso mestizaje, ello no salta a la vista. Por ejemplo, afirma tener él mismo ascendencia afroperuana y autóctona.

38.La Presidenta señala que su observación relativa a la composición de la delegación peruana se refería en realidad a la escasa representación de la mujer en su seno.

39.El Sr. Cali Tzay (Relator para el Perú) toma nota con satisfacción de que el Estado parte ha hecho un esfuerzo considerable al presentar a su debido tiempo sus respuestas escritas, así como una actualización muy completa de estas poco antes del examen del informe, y de que las respuestas orales de la delegación han sido muy detalladas, elementos que demuestran la voluntad del Perú de cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención.

40.Habida cuenta de que la delegación se ha comprometido a responder por escrito a las preguntas que han tenido que ser dejadas de lado por falta de tiempo, el Sr. Cali Tzay desea recordar el contenido de varias preocupaciones expresadas por algunos miembros del Comité que deberán abordarse en las futuras respuestas escritas que el Estado parte envíe a la secretaría.

41.El Relator desea que se proporcione información sobre el problema de la gestión de los recursos hídricos, en particular la cuestión urgente de la reapertura de pozos en la región de Ancomarca. Desearía saber si el Gobierno peruano tiene previsto hacer participar a las comunidades indígenas en la elaboración de las políticas de explotación de los recursos hídricos. Además, el Estado parte podría indicar las razones por las cuales el número de quejas por discriminación racial es insignificante, y proporcionar información más amplia sobre el papel desempeñado por la Defensoría del Pueblo, sobre las medidas adoptadas por los poderes públicos para luchar contra la discriminación institucionalizada y la discriminación en el seno de la administración pública así como sobre la discriminación contra los mestizos. Además, el Relator desearía conocer el contenido exacto de la política de desarrollo del Perú, por qué el porcentaje de personas de lengua materna autóctona está disminuyendo y cuál es la posición del Perú frente a la propuesta relativa a la creación de una comisión independiente de investigación sobre los acontecimientos de Bagua de junio de 2009. Desearía asimismo saber si las minorías étnicas, los indígenas y las mujeres gozan de los efectos del desarrollo económico del país y si estas comunidades contribuyen a este proceso. Por último, el Estado parte debería indicar su opinión sobre la prohibición de la incitación al odio racial y precisar si ya se ha invocado directamente la Convención ante los tribunales en casos de discriminación racial.

42.El Sr. Valdivieso (Perú) señala a la atención de la Presidenta que las mujeres están muy bien representadas en el seno del Parlamento y del Gobierno del Perú y que está convencido de que la delegación que presentará el informe periódico siguiente del Perú incluirá a más mujeres.

43.La Presidenta agradece a la delegación del Perú.

44. La delegación del Perú se retira.

Se levanta la sesión a las 13 . 05 hora s.