Distr.GENERAL

CERD/C/SR.13756 de agosto de 2002

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

56º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1375ª SESIÓN

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,el martes 7 de marzo de 2000, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. SHERIFIS

SUMARIO

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos segundo a cuarto de Zimbabwe

_____________________

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.00-40997 (S) 080502 060802

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (tema 7 del programa) (continuación)

Informes periódicos segundo a cuarto de Zimbabwe (CERD/C/329/Add.1; HRI/CORE/1/Add.55)

1.Por invitación del Presidente, los Sres. Chinamasa, Chidyausiku, Chifamba, Zavazava y Maonera (Zimbabwe) toman asiento como participantes a la mesa del Comité.

2.El Sr. CHINAMASA (Zimbabwe) dice que le complace continuar el diálogo con el Comité, ya que es un elemento esencial en la lucha contra la discriminación racial. Informa de que, si bien se han logrado avances en muchas esferas, en otras la situación no ha cambiado y en dos o tres ha empeorado. Recuerda al Comité el pasado colonial de su país y señala que llevará cierto tiempo eliminar los últimos vestigios de discriminación de la minoría contra la mayoría.

3.Con respecto a la educación, el orador reconoce que la falta de recursos para el sistema de educación pública ha obligado al Gobierno a autorizar el funcionamiento de colegios privados. Debido a los elevados derechos de matrícula que cobran esos colegios, muchos alumnos negros se ven excluidos, de modo que la razón actual de alumnos blancos y negros es de 60:40, aproximadamente. Sólo un mayor desarrollo económico permitirá que más familias negras puedan enviar a sus hijos a esos colegios. Sin embargo, el Gobierno ha logrado ciertos avances alentando a los colegios privados a que ofrezcan becas y bolsas de estudios a los estudiantes necesitados. De hecho, ningún colegio de Zimbabwe es estrictamente privado, ya que el Gobierno sigue pagando sueldos a todos los profesores, aunque los colegios privados complementan esos sueldos.

4.Con respecto al derecho a utilizar los idiomas minoritarios, el Gobierno decidió que en los lugares en que predominaban ciertos grupos minoritarios, como los tonga, venda y sotho, se enseñaran, hasta el tercer grado, los idiomas minoritarios, pero la aplicación de esa decisión se ha visto obstaculizada por la falta de material didáctico y de profesores capacitados, aunque se han logrado progresos en la transmisión de noticias y programas educativos en los idiomas de las minorías. En la esfera de la educación sobre los derechos humanos, se tomó la decisión de incorporar la enseñanza de la cultura de los derechos humanos en las asignaturas principales denominadas "asignaturas portadoras", como la historia y el idioma, que, como son objeto de examen exigen una mayor dedicación de parte de los estudiantes. Sin embargo, la plena aplicación de la decisión ha sido aplazada hasta que se preparen los materiales didácticos adecuados.

5.Lamentablemente, la situación en cuanto a la distribución de la tierra parece haber empeorado. El orador recuerda que durante la época colonial unos 4.000 agricultores blancos ocupaban más de la mitad de las tierras y que la distribución de la tierra fue una reivindicación muy importante durante la lucha por la independencia. En gran parte debido a la falta de recursos para indemnizar a los agricultores blancos por la expropiación de sus tierras, el Gobierno no ha podido, lamentablemente, resolver la situación. Por lo tanto, algunos

ex combatientes de la lucha por la liberación se han tomado la justicia por sus propias manos y han ocupado fincas por la fuerza para obligar al Gobierno a actuar. El orador expresa la esperanza de que tras las próximas elecciones se encuentre una solución duradera al problema de las tierras.

6.Con respecto al matrimonio, en el pasado las relaciones matrimoniales se regían tanto por el derecho común como por el derecho consuetudinario. Este último está basado en criterios étnicos y, por ejemplo, reconoce la poligamia, pero sólo con respecto a los africanos. Se decidió promulgar una ley con disposiciones unificadas sobre el matrimonio que reconociera los matrimonios monógamos y polígamos de todos los grupos étnicos. Los problemas que existían anteriormente en relación con los derechos de sucesión se solucionaron y la legislación actual pertinente es justa e imparcial y no discrimina a nadie por motivos raciales ni de sexo.

7.Con respecto a la legislación para eliminar todas las formas de discriminación racial, el orador considera que el alcance de las disposiciones de la Ley de prevención de la discriminación racial recientemente aprobada es mayor que el previsto en la Convención y no se limita a cuestiones raciales y de nacionalidad, según lo ha reconocido el Relator para el país. Sin embargo, la legislación por sí sola no puede eliminar la discriminación. La forma más eficaz de hacerlo es adoptar medidas administrativas adecuadas, como está intentando hacer el Gobierno en el ámbito de la reforma agraria, donde la situación actual perpetúa la discriminación.

8.En respuesta a las preguntas y observaciones formuladas por el Comité respecto de determinados artículos de la Convención tras su examen del informe periódico inicial de Zimbabwe, el orador remite al Comité al documento que distribuyó, pero desea referirse a algunas cuestiones concretas. Con respecto al artículo 2 c), actualmente no hay ninguna ley discriminatoria vigente. En cuanto al artículo 3, ya explicó la posición de su Gobierno con respecto a los colegios privados. Respecto del artículo 4, en la reciente Ley de mantenimiento del orden público se tipifican como delito penal la propaganda y las declaraciones racistas y se prohíben las organizaciones racistas. En cuanto al artículo 5, el ombudsman tiene la facultad de investigar las violaciones de los derechos humanos. Los problemas existentes se deben a la falta de recursos, pero existe un entorno jurídico propicio para la labor del ombudsman. Según entiende, no se han entablado ante los tribunales acciones judiciales por discriminación racial, aunque reconoce que es necesario establecer un sistema de notificación más completo. Señala que ha habido algunas denuncias en la prensa, relacionadas, por ejemplo, con transacciones de inmobiliarias. La legislación actual permitiría denunciar ante los tribunales los casos de discriminación, pero es difícil probar, por ejemplo, que el dueño de un bien inmueble se ha negado a alquilarlo o venderlo a una persona determinada por el hecho de ser negra.

9.Por último, el orador expresa su interés en entablar un diálogo abierto con el Comité y señala que contestará con franqueza y sinceridad cualquier pregunta que éste desee plantear.

10.El Sr. NOBEL (Relator para el país) elogia el interesante informe, así como la franqueza y la sinceridad manifestada en la exposición oral. Recuerda los antecedentes históricos de Zimbabwe: hasta 1980 gobernó una minoría y luego surgió el conflicto entre la mayoría shona y la minoría ndelebe. En 1987 se intentó buscar una solución política al conflicto mediante la fusión de los grupos Zimbabwe African National Union (ZANU), dominado por los shona, y Zimbabwe African People's Union (ZAPU), dominado por los ndelebe.

11.El orador señala que otros órganos de las Naciones Unidas establecidos en virtud de tratados, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Amnistía Internacional han criticado el nivel de respeto de los derechos humanos en el país y se pregunta si realmente se ha eliminado la discriminación contra los ndelebe y otras minorías. El Grupo Pro Derechos de las Minorías ha informado de que el nivel de vida del ciudadano ndelebe común no ha mejorado y que se le niega la igualdad de acceso a las prestaciones sociales y económicas. Se ha afirmado que la inversión en el sistema de abastecimiento de agua y el desarrollo de la capital regional de Bulawayo ha sido bloqueada deliberadamente. Los derechos culturales de los pueblos shangaan y venda, que constituyen el 2% de la población, se reconocen sólo parcialmente, y los dirigentes del pueblo tonga, que fue desplazado tras la construcción del dique Kariba en los años cincuenta, se quejan de que el apoyo económico y cultural que reciben sigue siendo insuficiente. El orador pide a la delegación que tenga a bien referirse a esos problemas.

12.En 1996 el Comité indicó que la creación de la Oficina del Ombudsman había sido una medida positiva y expresó el deseo de que su mandato se ampliara a fin de que su labor fuera más eficaz. La Ley de 1997 por la que se modificó la Ley del ombudsman, que se adjunta al informe de Zimbabwe, parece haber ampliado ese mandato. Sin embargo, si es así, el orador se pregunta por qué en agosto de 1998 el Comité de Derechos Humanos también estimó conveniente recomendar que se ampliara el mandato del ombudsman. El ombudsman debe ser nombrado por el Parlamento, no por el Presidente; debe rendir cuentas al Parlamento, el cual debe aprobar su presupuesto, y debe gozar de inmunidad parlamentaria. Además, debe tener la facultad de investigar cómo los funcionarios públicos utilizan el poder público. En ese contexto, preocupa el hecho de que, según la ley, el Ministro de Justicia tenga la facultad de poner fin, arbitrariamente, a una investigación realizada por el ombudsman si el caso se considera contrario al interés público o si amenaza la seguridad nacional.

13.En el párrafo 3 del informe periódico se señala que para establecer una escuela privada debe obtenerse la autorización correspondiente y debe inscribirse la institución ante las autoridades públicas, pero no se especifican los criterios que deben cumplirse para obtener la autorización. También se señala que los derechos de matrícula o gastos de escolaridad no pueden aumentar en más de un 10% sin previa aprobación del Secretario de Educación. El orador pide que se proporcione más información sobre quién paga esos derechos de matrícula, exactamente cuáles derechos o gastos pueden aumentarse y con qué criterio decide el Secretario de Educación si aprueba o no un aumento de más del 10%.

14.El párrafo 4 se refiere a los problemas que se plantean al aplicar la normativa para asegurar un mejor equilibrio racial en las escuelas privadas. El orador considera alentadores esos esfuerzos, porque el Comité recomendó que el Gobierno y las escuelas adoptaran medidas para reducir las consecuencias negativas de la segregación racial creada por el sistema paralelo de escuelas públicas y privadas. Pide, además, información más detallada sobre el tipo de problemas que enfrenta el Gobierno a ese respecto, a fin de que el Comité pueda examinar con la delegación la forma de resolverlos. Toma nota con interés de que el Gobierno financia los sueldos de todos los profesores, de los centros privados y públicos, y de que la enseñanza de los idiomas minoritarios reviste gran interés para las autoridades. La decisión del Gobierno de ofrecer a los alumnos de la enseñanza primaria clases en su lengua materna es encomiable,

aunque esa política se enfrente con restricciones materiales. La información proporcionada en el informe sobre la educación en materia de derechos humanos, en especial la idea de determinar algunas asignaturas "portadoras", es innovadora y constructiva. Sería muy interesante que en el futuro se diera más información sobre ese método y sobre los progresos alcanzados al respecto.

15.En cuanto a la discriminación en el empleo, el informe cita la Ley de administración pública y proporciona información sobre las medidas adoptadas para eliminar la discriminación en la administración pública. ¿Qué procedimientos legales existen para velar por el cumplimiento de la ley y qué recursos se han propuesto? De conformidad con lo dispuesto en la Convención, se debe luchar contra la discriminación en todos los sectores, públicos y privados. ¿Existen instrumentos que prohíban la discriminación en el sector privado?

16.Durante su examen del informe anterior el Comité solicitó más información sobre la distribución de las tierras y el Gobierno respondió con una descripción del plan de reasentamientos. ¿Se refiere a tierras de propiedad de la población blanca, negra o mestiza la frase que dice "cinco millones de hectáreas permanecerán dentro del sector de cultivos comerciales a gran escala"? En los criterios establecidos para los beneficiarios del programa de redistribución de tierras se señala, en el párrafo 26 c), que el solicitante debe poder obtener fondos suficientes en líquido y capital fijo para llevar a cabo el programa previsto. ¿Se ha previsto ayudar, por ejemplo mediante la concesión de préstamos, a los agricultores negros pobres que pueden cultivar la tierra pero carecen de financiación?

17.El orador expresa interés en obtener copia del proyecto de ley de prevención de la discriminación racial descrito en el informe y mencionado en la exposición oral. Desea saber, asimismo, cuándo entrará en vigor esa ley.

18.Lamentablemente el informe parece confundir los objetivos de los artículos 2 y 4; es necesario destacar la diferencia. El primero obliga al Gobierno a adoptar medidas positivas para combatir la discriminación racial, mientras que el segundo exige que se tipifiquen como delitos la propaganda y las actividades racistas, así como la creación de organizaciones racistas.

19.Según se informa, en Zimbabwe los refugiados, los inmigrantes y otros extranjeros viven en condiciones de pobreza. Por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señaló que las mujeres pobres, inmigrantes y otras mujeres marginadas son particularmente vulnerables y a menudo deben recurrir a la prostitución, que es un delito en Zimbabwe. La legislación de Zimbabwe impide que una mujer extranjera casada con un nacional obtenga la ciudadanía de Zimbabwe, con lo cual se le priva de los derechos de residencia o entrada al país de que gozan los ciudadanos. Asimismo, los hijos de ciudadanos de Zimbabwe nacidos en el extranjero no tienen derecho a la nacionalidad. El Comité de Derechos Humanos pidió al Gobierno que ajustara la legislación nacional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con respecto a esos dos aspectos. Amnistía Internacional informó acerca de un incidente de brutalidad policial contra refugiados que se encontraban en las instalaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

20.Es motivo de satisfacción que Zimbabwe haya ratificado en 1997 las enmiendas al artículo 8 de la Convención, por recomendación del Comité. ¿Está previsto publicar el informe del Gobierno y las observaciones finales del Comité? ¿Tiene previsto el Gobierno formular la declaración que autoriza la presentación de comunicaciones particulares en virtud del artículo 14?

21.La Sra. ZOU Deci dice que el Gobierno de Zimbabwe ha logrado avances considerables desde la época colonial, aunque persisten algunos problemas, en particular el de la redistribución de las tierras. Cerca del 70% de la población es rural, y 70.000 agricultores blancos poseen el 70% de las tierras agrícolas fértiles. Ello constituye un obstáculo no sólo para el desarrollo económico sino también para la eliminación de la desigualdad racial. El Gobierno decidió buscar una solución al problema de las tierras y en el informe describió el programa elaborado con esa finalidad. ¿Se refiere la expresión "tierras de propiedad privada" que se menciona en el párrafo 25.1 a los 8.300.000 ha de tierra que se mencionan en el párrafo 24 b)? ¿Son esos 8.300.000 ha propiedad exclusiva de los agricultores blancos? ¿Qué se entiende en el párrafo 25.1 por la expresión "adquiere tierras"? ¿Se trata de tierras expropiadas o compradas? Si se trata de tierras compradas, ¿a qué precio? En el informe se señala además que las personas podrán presentar solicitudes para recibir unidades agropecuarias. ¿Deberán los solicitantes pagar tarde o temprano esa tierra?; de ser así, ¿qué precio? ¿Son razonables y asequibles para los agricultores negros pobres los precios de la tierra? No está claro si todos los que solicitan tierras deben ser negros, ni si hay muchos negros que puedan cumplir con las rigurosas condiciones necesarias para ser beneficiarios que se señalan en el informe.

22.Con respecto al derecho humano fundamental a la educación, que es esencial para superar la desigualdad, en el informe se describen los antecedentes de la desigualdad entre negros y blancos en cuanto al acceso a la educación, pero no se proporciona información sobre la situación actual. ¿Cuántos negros están cursando la enseñanza de nivel intermedio y superior? ¿Se han resuelto los problemas de analfabetismo?

23.El Sr. de GOUTTES dice que la presencia, una vez más, del Fiscal General de Zimbabwe es una garantía de calidad y competencia en el diálogo entre la delegación y el Comité.

24.La aprobación de la Ley de prevención de la discriminación es motivo de satisfacción. ¿Se refiere la ley a todas las formas de discriminación o se centra en la discriminación por motivos raciales? ¿Cumple con las disposiciones del artículo 4 de la Convención? Por lo dicho en la exposición verbal, el orador entiende que se ha facultado al ombudsman para que investigue las denuncias relacionadas con los derechos humanos y la discriminación racial. ¿Se han presentado a la Oficina del Ombudsman casos de discriminación racial? La delegación reconoció que aún persisten problemas en relación con la educación y la distribución de tierras, y puso de relieve la preocupación del Gobierno por esos asuntos, pero no proporcionó ejemplos de denuncias de discriminación racial presentadas ante los tribunales.

25.Tras el examen del informe inicial de Zimbabwe, el Comité expresó la esperanza de que el Comité interministerial sobre los derechos humanos y el derecho humanitario difundiría el informe del Estado Parte y las observaciones finales del Comité y daría publicidad a las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones del Comité. ¿Se ha hecho lo necesario? ¿Ha dado el

Gobierno instrucciones a los fiscales para que combatan activamente la discriminación racial y reúnan datos sobre el número de denuncias, acusaciones y condenas por actos de discriminación racial? El Gobierno debe ayudar y apoyar a las víctimas, y alentar a la policía y a las autoridades judiciales para que enjuicien a los responsables de esos actos.

26.El orador pregunta al jefe de delegación si el respeto de las costumbres y tradiciones locales puede justificar que se mantenga la poligamia, según lo señalado en la sección del informe dedicada a las leyes sobre el matrimonio, y si la necesidad, por cierto legítima, de castigar los actos racistas justifica la imposición de condenas que pueden incluir el encarcelamiento con trabajos forzosos. Por último, pregunta si el Fiscal General puede explicar por qué su país concedió asilo al ex Jefe de Estado de Etiopía, Sr. Mengistu, buscado en Etiopía por cometer crímenes de lesa humanidad, algunos de los cuales caen, indudablemente, dentro del ámbito de la Convención.

27.El Sr. ABOUL-NASR señala que el problema de la distribución de las tierras, sin duda grave y peligroso desde el punto de vista del descontento social, no es exclusivo de Zimbabwe, y que si hay suficiente voluntad política pueden adoptarse medidas para agilizar el proceso. Una manera de hacerlo es limitar, sin discriminación alguna, la cantidad de tierra que puede poseer un agricultor. Algunas soluciones al problema de la financiación de la compra de tierras por parte de los pobres podrían consistir en la concesión de créditos del Estado, la concesión de préstamos del Banco Mundial para financiar las compras del Gobierno, o el pago a plazos durante un período de tiempo prolongado. El orador confía en que se pueda hallar una solución justa y se evite el conflicto social.

28.La Sra. JANUARY-BARDILL señala que la reforma agraria es un problema concreto que tiene también un componente emocional, como lo ha observado en su propio país, Sudáfrica, y que encontrar una solución al problema no será fácil. Los criterios para acceder a la tierra que se describen en el informe parecen centrarse demasiado en referencias y títulos. ¿Hasta qué punto puede tenerse en cuenta la amplia experiencia práctica de un agricultor? ¿Qué mecanismos de apoyo se crearán para ayudar a las personas en el marco de los planes quinquenales de desarrollo? En el informe se señala que los particulares pueden adquirir tierras, pero no se especifica si pueden adquirirse tierras en comunidad. En Sudáfrica, por ejemplo, la posesión de tierras en comunidad ha facilitado la utilización productiva de la tierra por grupos tribales. ¿Ha establecido el Gobierno algún servicio financiero, como bancos de desarrollo, para prestar ayuda en la adquisición de tierras? Por último, el Gobierno podría considerar la posibilidad de delegar la administración de la política de reforma agraria en un órgano independiente a fin de garantizar cierto grado de imparcialidad en el proceso.

29.El Sr. SHAHI hace suyas las observaciones del Relator para el país y las de otros miembros, en particular las de la Sra. Zhou Deci. La observación del párrafo 23 del informe, en el sentido de que las tierras agrícolas son un recurso finito y que su demanda en constante aumento no podrá satisfacerse nunca plenamente, es una evaluación realista de la situación con respecto a la distribución de tierras. Señala que unas 70.000 familias ya se han beneficiado del programa de redistribución, pero se pregunta cuántas más lograrán beneficiarse de él, especialmente en las zonas rurales. Toma nota del hecho de que las autoridades estatales adquirirán algunas tierras de propiedad privada. Por su experiencia personal, es muy consciente de las dificultades que plantea el proceso de redistribución de tierras y espera que la experiencia de Zimbabwe sea más satisfactoria.

30.El orador acoge con agrado la observación que se hace en el párrafo 38 del informe de que el ámbito de la legislación aprobada recientemente para la prevención de la discriminación será más amplio que el que se exige estrictamente en la Convención. Sin embargo, en la elaboración de la legislación debió haberse prestado más atención a las disposiciones del artículo 4 de la Convención, que no están plenamente incorporadas en la nueva ley.

31.La información que figura en el informe con respecto al artículo 5 de la Convención se limita a la legislación sobre el matrimonio. Como el artículo 5 en realidad se refiere a una amplia gama de derechos humanos, civiles, económicos, sociales y culturales, el orador espera que en el próximo informe periódico de Zimbabwe se incluya información más completa sobre la aplicación de ese artículo.

32.Con respecto a la Oficina del Ombudsman, expresa su deseo de que en el futuro cercano pueda superarse la escasez de personal con experiencia en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. En general, las actividades que realiza Zimbabwe en el ámbito de la enseñanza de los derechos humanos son encomiables.

33.El orador sugiere que se preste más atención a las directrices generales relativas a la forma y el contenido de los informes que han de presentar los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención.

34.El Sr. BRYDE dice que, si entiende correctamente la información proporcionada en el informe, el propósito de la reforma agraria no es poner todas las grandes explotaciones agrícolas comerciales a disposición de las personas que no poseen tierras; las autoridades estatales adquirirán algunas de ellas sin indemnizar a los propietarios, mientras que otras seguirán en manos privadas. Ese sistema concede amplias facultades al Gobierno y además entraña cierto riesgo de discriminación entre los distintos propietarios de tierras. Por lo tanto, es conveniente que un órgano independiente supervise el sistema. Sin embargo, ¿cuáles son los criterios para seleccionar las explotaciones que ha de adquirir el Estado? Además, ¿existe algún control judicial que garantice el cumplimiento de esos criterios?

35.El Sr. PILLAI celebra que Zimbabwe preste atención a la educación, especialmente a la educación sobre los derechos humanos. Sin embargo, no basta con incluir la educación sobre los derechos humanos en los planes de estudios a nivel nacional. También es importante buscar a maestros idóneos, que respeten los principios de los derechos humanos en la vida diaria, y proporcionarles formación adecuada. A nivel universitario deben adoptarse métodos didácticos distintos, que se centren principalmente en los mecanismos y las normas internacionales de derechos humanos. Otro aspecto de la educación sobre los derechos humanos que debe tenerse en cuenta es la formación especial para los funcionarios públicos. En las ex colonias es muy frecuente que los funcionarios públicos conserven actitudes coloniales que no contribuyen a promover los derechos humanos. Por último, tomando nota de que el programa escolar sobre los derechos humanos no se centrará concretamente en la discriminación racial, el orador destaca la importancia de ese aspecto en un país con una diversidad cultural y lingüística como la de Zimbabwe.

36.El Sr. DIACONU encomia la franqueza de la delegación en su diálogo con el Comité. Elogia los esfuerzos realizados por el Gobierno de Zimbabwe para eliminar la discriminación en la educación y promover los idiomas de las minorías. Si bien acoge con agrado la aprobación de la legislación para prevenir la discriminación, hace suya la observación del Sr. Shahi de que no se ajusta plenamente a las disposiciones del artículo 4 de la Convención.

37.El orador no logra entender cómo la aprobación de la Ley de administración pública de 1996 puede garantizar que no haya discriminación racial en los sectores público y privado, como se sugiere en el párrafo 19 del informe, y pide aclaraciones al respecto.

38.Asimismo, dice que en el informe debió incluirse más información sobre la legislación para aplicar las amplias disposiciones del artículo 5 de la Convención, y espera que ello se haga en el próximo informe periódico.

39.El Sr. BANTON pide a la delegación que facilite a la Secretaría una copia de la versión final de la Ley de prevención de la discriminación. Le interesa, en particular, que los informes presentados por los Estados Partes y las observaciones finales del Comité se pongan a disposición del público en general. La opción de colocarlos en Internet es particularmente económica, siempre que existan los medios tecnológicos necesarios. Dado que Zimbabwe tiene previsto mejorar la enseñanza sobre los derechos humanos, deben adoptarse medidas para garantizar que los profesores y otros expertos puedan tener acceso a instrumentos como la Convención y a los informes pertinentes. ¿Es posible obtener en Zimbabwe esos informes, ya sea por intermedio del Ministerio de Justicia o de una biblioteca pública, antes de que sean examinados por el órgano creado en virtud del tratado correspondiente?

40.El PRESIDENTE dice, como comentario general, que asigna especial importancia a la cuestión de la disponibilidad de los informes de los Estados Partes y de la difusión de información sobre la Convención y la labor del Comité, no sólo entre los expertos interesados sino también entre el público en general. La opción de publicarlos en Internet no sería adecuada en los países en que grandes sectores de la población no tienen acceso a ese servicio. En el modelo de observaciones finales del Comité debe mencionarse esta cuestión.

41.El Sr. ABOUL-NASR, aclarando su observación anterior a fin de que no haya ningún malentendido, dice que la reforma agraria es indudablemente una tarea muy difícil, aunque no imposible. Muchos países tienen experiencia que otros pueden aprovechar, adaptándola a sus propias necesidades.

42.Con respecto a la difusión de los informes de los Estados Partes, señala que el acceso a Internet en países como Egipto es muy limitado. Además, teniendo en cuenta la elevada tasa de analfabetismo del país, la utilidad de difundir la versión impresa de dichos informes sólo sería relativa. Es evidente que debe reflexionarse más sobre la mejor forma de dar a conocer en el futuro los instrumentos de derechos humanos y los informes conexos.

43.El Sr. CHINAMASA (Zimbabwe) dice que Zimbabwe está empeñado en velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Convención, y que si no logra asegurarlo es en gran parte por un problema de recursos. El Relator para el país ha planteado una cuestión que preocupa a Zimbabwe desde hace mucho tiempo, a saber, el conflicto entre los pueblos shona y ndelebe. Algunos antecedentes pueden explicar las razones de ese conflicto permanente.

44.En la historia de Zimbabwe ha habido dos momentos trágicos. El primero es el período colonial que concluyó con un conflicto armado y culminó con la declaración de la independencia en 1980. Al obtener la independencia, el país adoptó, con razón o sin ella, una política de reconciliación en el marco de la cual se concedió la amnistía a quienes habían cometido abusos bajo el régimen colonial y a miembros de los cuatro ejércitos distintos que habían participado en el conflicto. Posteriormente, los dos principales movimientos de liberación, como partidos políticos (ZAPU y ZANU), formaron un gobierno de coalición.

45.El segundo momento trágico comenzó con el descubrimiento de un gran alijo de armas perteneciente a uno de los antiguos ejércitos de liberación, que dio lugar a un nuevo conflicto armado entre el Gobierno y el movimiento ZAPU, representante del grupo étnico ndelebe. El aspecto positivo de ese conflicto fue la concertación en 1987 de un Acuerdo de unidad entre los partidos políticos ZANU y ZAPU. Cabe señalar que la gran mayoría de la población es shona (65%), el segundo grupo más numeroso es el ndelebe (15%), y la población restante está integrada por grupos minoritarios más pequeños, como los tonga, venda, sotho, y la población blanca y de origen asiático. Evidentemente, como la población tiende a votar por los partidos políticos que representan a su propio grupo étnico, los ndelebe no hubieran tenido nunca la posibilidad de compartir el poder de no haber sido por el Acuerdo de unidad. Otra ventaja del Gobierno de Unidad Nacional fue que los políticos de origen ndelebe comenzaron a analizar los problemas no como minoría sino desde una perspectiva nacional. Algunas personas pertenecientes a la minoría ndelebe ocupan altos cargos en el Gobierno actual.

46.Nunca se ha aplicado deliberadamente una política de marginación. Algunas zonas quedaron marginadas debido al desarrollo desigual del país, problema que no se ha resuelto aún totalmente. Las zonas marginadas no son aquellas en que suelen vivir los ndelebe, sino más bien las de los tonga, sotho y venda. Ese desarrollo desigual, desde el punto de vista no sólo de la tierra sino también de la infraestructura, es un legado del colonialismo. Los colonialistas seleccionaron las mejores tierras y dejaron a las comunidades autóctonas las zonas más periféricas y menos fértiles del país. Los únicos centros de salud y educación aceptables de esas zonas se construyeron después de la independencia, pero aún queda mucho por hacer para que alcancen el nivel de los otros centros del país.

47.El orador tiene la impresión de que algunos sectores se complacen en poner de relieve las divisiones, dificultades y desigualdades en cuanto a desarrollo que Zimbabwe ha heredado y no ha podido aún superar. No es cierto que se haya bloqueado la inversión en ciertas zonas. Por el contrario, el Gobierno trata de promover la inversión extranjera en todos los lugares del país. El orador esperaba encontrar cierta comprensión de las dificultades que enfrenta Zimbabwe para crear un entorno propicio a la inversión extranjera en la zona de Harare o de Bulawayo.

48.El ombudsman fue designado por el poder ejecutivo. Para disipar cualquier temor del Comité, aclara que el ombudsman no es un funcionario sin poder. Por lo pronto, las condiciones para su nombramiento son las mismas que se aplican para el nombramiento de un juez, en cuanto a la remuneración y a la irrevocabilidad. Lo que hay que hacer es concederle la independencia necesaria para que realice las investigaciones sobre el ejercicio del poder. La función del ombudsman, que en un principio estaba limitada a la investigación de la labor administrativa, se amplió mediante una enmienda para autorizar la investigación de las violaciones de los derechos humanos. La asignación de los recursos necesarios es determinada por el Ministro de Finanzas, quien presenta el presupuesto al Parlamento y tiene la posibilidad de solicitar posteriormente más recursos para un sector determinado. El principal problema que experimenta el ombudsman no es la falta de independencia sino la falta de recursos. Al principio las medidas adoptadas por el ejército y la policía se excluyeron del ámbito de competencia del ombudsman, pero pronto resultó evidente que más del 90% de las denuncias se referían al ejército o la policía. El mandato del ombudsman fue enmendado a fin de que incluyera también esos sectores y actualmente no hay ningún elemento que esté excluido de su competencia.

49.Con respecto a la petición de que se explicara con más detalle el párrafo 4 del informe, el orador espera poder concluir en el próximo informe más información sobre el número de colegios privados. Sin embargo, señala que es difícil proporcionar esas cifras en una sociedad multicultural y multiétnica sin que ello despierte sospechas en los diferentes grupos étnicos.

50.Con respecto al párrafo 3, el Relator para el país preguntó qué criterios utilizaba el Ministro de Educación para aprobar un aumento de los derechos de matrícula de los colegios. Si el Ministerio de Educación determina que el aumento no tiene por objeto mantener la calidad sino servir como instrumento de exclusividad, el aumento no se aprueba. El objetivo del Gobierno es lograr un equilibrio étnico en los colegios del país, y velar por que sean más accesibles y por que su costo sea razonable para toda la población.

51.El orador, haciendo una aclaración con respecto al párrafo 19, dice que en Zimbabwe hay dos leyes relativas al empleo: la Ley de relaciones laborales, que rige las condiciones de trabajo en el sector privado y contiene disposiciones que prohíben la discriminación racial en la contratación, la concesión de ascensos y los anuncios de puestos, y la Ley de la administración pública, que se refiere al sector público. La Ley de prevención de la corrupción, de la que se proporcionará copia al Comité, ya está vigente, pero todavía no hay jurisprudencia al respecto.

52.Con respecto al derecho de familia, Zimbabwe se ha esforzado, más que cualquier otro país africano, por modificar su legislación y ajustarla a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. El único tema que queda pendiente es el del matrimonio. Se preguntó si el hecho de perpetuar la poligamia era compatible con el respeto de los derechos humanos. El Gobierno considera que esa práctica no puede eliminarse de la noche a la mañana, sino sólo gradualmente. Los matrimonios de muchas personas aún se basan en la poligamia. Teniendo en cuenta las costumbres de Zimbabwe, una legislación que prohíba la poligamia sería muy impopular y no sería aprobada por el Parlamento.

53.Al orador le sorprende la preocupación expresada con respecto a los derechos de los refugiados e inmigrantes, ya que la trayectoria de Zimbabwe en esa esfera no tiene parangón. En Zimbabwe viven muchas personas originarias de Malawi, Zambia y Mozambique, un legado de la época colonial. Tras la independencia, se concedió a esas personas el derecho de obtener la ciudadanía de Zimbabwe, con lo cual se eliminó el sector del campesinado denominado migrante. Algunos optaron por conservar la ciudadanía de su país de origen, oportunidad que se les dio porque, lamentablemente, Zimbabwe no permite la doble ciudadanía.

54.En la legislación sobre la ciudadanía se da preferencia a la mujer casada con un ciudadano de Zimbabwe; el hombre casado con una ciudadana de Zimbabwe no tiene los mismos derechos. Sin embargo, se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para introducir la igualdad de trato entre mujeres y hombres casados con ciudadanos de Zimbabwe.

55.El orador no tiene conocimiento de que existan problemas en relación con las mujeres migrantes y la prostitución. La legislación del país prohíbe el ejercicio de la prostitución callejera y ello se aplica a hombres y mujeres por igual.

56.En cuanto a si se ha previsto publicar en Zimbabwe el informe del país y las recomendaciones del Comité, sinceramente, el Gobierno no ha cumplido sus obligaciones al respecto y hará cuanto esté a su alcance para remediar la situación. Espera que sea posible comunicar algunos avances cuando Zimbabwe presente su próximo informe periódico. Además, pedirá al Gobierno que considere la posibilidad de adoptar una política que autorice a los particulares a presentar comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.

57.Las personas familiarizadas con Zimbabwe conocen su excelente trayectoria con respecto a inversión en la educación, aunque actualmente el Gobierno tiene dificultades para mantenerla. Cuando el país se independizó en 1980, había cerca de 600.000 alumnos matriculados en las escuelas primarias; actualmente hay 3,5 millones. En las escuelas secundarias había 67.000 alumnos matriculados; actualmente hay 1.500.000. Sólo había una universidad, con 1.500 alumnos; hoy hay 12.000 alumnos matriculados en 5 universidades públicas y 2 privadas. En la única universidad que existía en 1980, de un total de 1.500 estudiantes matriculados, sólo 200 aproximadamente, eran negros. Ahora casi todos los estudiantes de las universidades son negros, porque después de la independencia los blancos comenzaron a enviar a sus hijos a instituciones privadas. Si un estudiante cumple con los requisitos de ingreso, el Estado financia sus gastos de matrícula, alojamiento y pensión. Lamentablemente, ese es uno de los logros que será difícil mantener, y el Gobierno está intentando, hasta ahora con poco éxito, introducir un sistema de recuperación de costos. En todo caso, la tasa de alfabetización de Zimbabwe, un 82%, muestra cuánto se ha avanzado en la esfera de la educación.

58.El orador dice que verá qué se puede hacer para que en el próximo informe se examinen con más detalle las disposiciones del artículo 5.

59.Con respecto al artículo 4, considera que las disposiciones de la Ley de prevención de la discriminación de hecho se ajustan a la Convención, pero que recibirá con agrado cualquier sugerencia para mejorarlas. Se hará todo lo posible por proporcionar información más completa sobre la aplicación del artículo 6 en el próximo informe periódico de Zimbabwe.

60.En respuesta a la pregunta de si la pena de prisión de un año con trabajos forzosos no es demasiado rigurosa (párr. 36), señala que en una sociedad multiétnica la cuestión del racismo es como un polvorín. Si no se trata con cuidado, las consecuencias pueden ser desastrosas, con disturbios y pérdida de bienes. Por lo tanto, la pena es apropiada y muestra la seriedad con que Zimbabwe trata el problema de la discriminación racial.

61.Con respecto al motivo por el cual Zimbabwe concedió asilo al Sr. Mengistu a pesar de que había sido acusado de crímenes de lesa humanidad, dice que en retrospectiva resulta muy fácil hacer gala de buen juicio. Zimbabwe admitió al Sr. Mengistu, a petición de los Estados Unidos y el Canadá, porque consideró que el hecho de concederle asilo atenuaría el sufrimiento provocado por el conflicto en Etiopía. En todo caso, Zimbabwe no es el único país que ha ofrecido esa protección, ni tampoco será el último.

62. El Sr. Pillai señaló, con toda razón, que la educación sobre los derechos humanos no debe centrarse únicamente en los programas de estudios, sino también en los profesores. El mejor método consiste en introducir esos temas en los programas universitarios para la formación de profesores y en los cursos de actualización. Lamentablemente la enseñanza de los derechos humanos a nivel universitario se limita a las facultades de derecho.

63.Con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se está impartiendo capacitación sobre los derechos humanos en las fuerzas armadas, las cárceles y la policía, y la comunidad internacional ha proporcionado una asistencia financiera considerable para esa actividad. Esos cursos han sido bien recibidos.

64.El problema de las tierras tiene un gran componente emocional y su solución no es fácil. Durante la época colonial los negros fueron privados de tierras, ganado y bienes sin pago ni indemnización alguna, y el proceso continuó hasta principios de los años setenta; por lo tanto todavía está muy presente en la mente de la población. La práctica no se limitó a Zimbabwe; también se aplicó en Sudáfrica, Namibia y Botswana, y fue el legado que esos países heredaron. Zimbabwe está intentando trazar un camino para la solución del problema. Aún no se han recibido los recursos prometidos para ayudar a resolverlo. Entre las medidas adoptadas figura el proyecto de ley aprobado por el Gabinete para gravar con un alto impuesto territorial todas las tierras agrícolas que excedan de una superficie determinada. Se espera que los ingresos generados por el impuesto ayuden a pagar las indemnizaciones. Tras explicar brevemente la controversia sobre el pago de indemnizaciones por tierras que originariamente se formaron sin pagar indemnización, pero que algunos de los propietarios actuales puedan haber comprado, el orador dice que la solución de esos problemas dependerá mucho de cuánto dinero se recabe con el impuesto sobre las tierras agrícolas. Si no se obtienen suficientes recursos, es posible que algunas tierras se expropien sin indemnización. El problema de la reforma agraria en Zimbabwe se ve agravado por la cuestión étnica y racial. El orador está convencido de que puede encontrarse una solución. Cada vez que el Gobierno ha declarado que podría proceder a la expropiación de tierras sin el pago de indemnizaciones, cosa que hasta la fecha no ha hecho, la comunidad internacional ha castigado al país. Muchos de los problemas que enfrenta actualmente Zimbabwe se deben a que la comunidad internacional le ha retirado su confianza a raíz de las declaraciones que ha hecho acerca del problema de las tierras.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.