Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

77 º período de sesiones

Acta resumida de la 2025 ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 11 de agosto de 2010, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Kemal

Sumario

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estadospartes en virtud del artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 15º, 16º y 17º de Australia (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas.

Examen de los informes, observaciones e información presentados por losEstados partes en virtud del artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 15º, 16º y 17º de Australia (continuación) (CERD/C/AUS/15-17; CERD/C/AUS/Q/15-17; HRI/CORE/AUS/20 07)

1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Australia toman asiento a la mesa del Comité.

2.El Sr. de Gouttes señala que la complejidad del sistema jurídico federal del Estado parte hace difícil apreciar si la Convención se está aplicando plenamente desde los puntos de vista práctico y jurídico. Le gustaría recibir información adicional sobre la forma en que el Estado parte aborda la cuestión de su población multicultural.

3.El orador hace referencia a la Observación general Nº 23 del Comité sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Gobierno debe velar por que los pueblos aborígenes puedan disfrutar de su derecho a la participación efectiva y a que se les consulte en todas las decisiones que puedan afectarles. En particular, debe velar por que no se pueda llevar a cabo ninguna adquisición de tierras de los aborígenes hasta que la comunidad afectada haya sido consultada y haya dado su consentimiento libre, previo e informado. Cuando no se hubiera hecho así, debería ofrecerse una reparación apropiada.

4.De forma similar, en consonancia con la Recomendación general Nº 31 del Comité sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento del sistema de justicia penal, el Estado parte debe ocuparse de que haya modos de impartir justicia que se ajusten a la idiosincrasia de los pueblos aborígenes, teniendo en cuenta los sistemas tradicionales de resolución de conflictos. También debe adoptar medidas para resolver el problema del desproporcionado número de aborígenes que se encuentran en prisión, especialmente mujeres, y determinar las causas socioeconómicas de ese fenómeno, que sin duda guarda relación con la marginación, la pobreza, la escasa integración social y la vulnerabilidad de los pueblos aborígenes. Es necesario replantearse la política de internamiento obligatorio de los solicitantes de asilo y velar por que la medida de internamiento sólo se utilice cuando esté justificada y únicamente durante un plazo razonable. El Gobierno debe asegurarse de que sus denominadas "políticas de seguridad", especialmente la aplicación de su legislación antiterrorista y su legislación contra la delincuencia organizada, no den lugar a la estigmatización o la caracterización de las personas sobre la base del grupo étnico al que pertenecen o su origen extranjero. En el futuro, el Comité desearía recibir estadísticas más detalladas sobre el número de denuncias, actuaciones judiciales iniciadas y condenas que se hayan impuesto en relación con actos de discriminación racial.

5.El Presidente invita al representante de la Comisión de Derechos Humanos de Australia a que se dirija al Comité.

6.El Sr. Innes (Comisión de Derechos Humanos de Australia) dice que la Comisión de Derechos Humanos de Australia acoge con beneplácito los logros del Gobierno en la lucha contra la desigualdad racial y reconoce las dificultades que plantea el hecho de que se trate de un Gobierno interino. Desea saber qué parte de la financiación que se menciona en el informe periódico se asigna específicamente a la elaboración de un enfoque de la eliminación de la discriminación racial basado en los derechos humanos, en contraposición con otros programas políticos más amplios. Junto con algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) la Comisión recomienda al Gobierno que ponga en marcha un mecanismo nacional para la aplicación de la Convención que pueda ayudar a hacer frente a la complejidad que entraña la coordinación de las políticas en un sistema federal. Durante la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos realizada en 2009, las comunidades pidieron claramente que se mejorase el sistema de protección y se incluyera una carta de derechos. El amplio grupo que insistió en que el marco jurídico de Australia ya contaba con una carta de derechos propuso que se aumentara la inversión en educación para los derechos humanos. Aunque el orador acoge con agrado el establecimiento del marco de derechos humanos, señala que no constituye más que un pequeño primer paso.

7.Dos ancianos aborígenes de Australia central que habían vivido en el marco del sistema de Respuesta de Emergencia en el Territorio del Norte (RETN) dijeron claramente que ellos no habían dado su consentimiento para esa intervención. En su opinión, no se trataba de una medida especial y había dado como resultado la separación de la población de sus tierras, sus prácticas singulares y su percepción de los valores del mundo. Los ancianos afirmaron que sin la tierra y la comunidad como su centro espiritual, todos los aborígenes de Australia se encontrarían perdidos. La posición de la Comisión sobre la aplicación de las denominadas "medidas especiales" en el Territorio del Norte queda plenamente detallada en su informe alternativo. El Gobierno debe darse cuenta de que la prestación a las comunidades aborígenes de los servicios de los que gozan habitualmente todos los ciudadanos australianos no pueden considerarse medidas especiales. La intervención tendrá un impacto negativo durante mucho tiempo. La recuperación, si es que llega a ser posible, no podrá conseguirse hasta que se incluyan en la Constitución garantías contra la discriminación racial.

8.Las reformas introducidas en la Ley de títulos de propiedad de los aborígenes se ven con agrado, pero la presentación de reclamaciones en el marco de esa ley sigue siendo complicada, sumamente conflictiva, costosa e ineficaz. Pregunta cómo tiene previsto el Gobierno impartir justicia para las comunidades aborígenes y cómo pretende potenciar el sistema de títulos de propiedad de la tierra de los aborígenes para dar cumplimiento a las aspiraciones de naturaleza económica, social, cultural y de propiedad de la tierra de los pueblos aborígenes.

9.El establecimiento del Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia es un iniciativa encomiable, pero no constituye lo que se denomina una mayor participación de la comunidad, algo que está inherentemente vinculado con la libre determinación. Los gobiernos deben dirigirse siempre a las comunidades indígenas afectadas para llevar a cabo consultas genuinas, de acuerdo con el principio de consentimiento libre, previo e informado.

10.Los idiomas aborígenes de Australia corren grave peligro. Antes de la colonización se hablaban 250 lenguas diferentes, de las que en la actualidad quedan 100, la mayoría de ellas en distintas fases de extinción. Sólo hay 18 idiomas aborígenes que sean hablados por todos los grupos de edad. Si no se toman medidas, los idiomas aborígenes dejarán de utilizarse en un plazo de 10 a 30 años. La Política Nacional sobre los Idiomas Indígenas de 2009 ha servido para demostrar la voluntad del Gobierno de adoptar medidas correctivas, pero sin un aumento de la financiación no podrá tener un efecto muy importante a la hora de evitar el declive de los idiomas. Pese al amplio reconocimiento de que la educación bilingüe es una de las mejores estrategias para la estabilización de los idiomas, solamente 9 de las 9.632 escuelas ofrecen actualmente enseñanza bilingüe en idiomas aborígenes.

11.Muchos australianos consideran la migración como un problema, como ha quedado demostrado en el debate público sobre los solicitantes de asilo, los estudiantes internacionales y el crecimiento de la población. La Comisión pide que se elabore una política multicultural basada en intensas consultas con la comunidad y una definición amplia del término "comunidad multicultural" que incluya a las personas como los refugiados, los inmigrantes recién llegados, los estudiantes internacionales, los trabajadores migratorios temporales y estacionales y las comunidades étnicas establecidas. Hay lagunas importantes en los datos relativos a los problemas que afectan a esos grupos y no se dispone de información a nivel nacional sobre el número de inmigrantes que son víctimas de delitos. La Comisión ha determinado que los estudiantes internacionales sufren los efectos del racismo y la discriminación, incluida la dificultad de acceder a una vivienda asequible, unas malas condiciones de trabajo, un alto costo del transporte, unos servicios de apoyo insuficientes, una calidad variable de la enseñanza y el riesgo de exclusión social. Sus experiencias, especialmente las de los estudiantes cuya lengua de origen no es el inglés, subrayan la necesidad de promulgar una ley federal en la que se tipifique como delito el odio racial.

12.Aunque se han conseguido avances en el campo de la inmigración, las personas internadas a menudo sufren por el aislamiento y padecen un deterioro de su salud mental. La nueva política de internamiento no se ha convertido en ley y las personas siguen siendo internadas en lugares remotos y aislados; los que llegan por vía marítima ven reducidos sus derechos y se interna también a niños y familias, aunque con unas medidas de seguridad menos rígidas. La Comisión insta al Gobierno a que cumpla lo dispuesto en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

13.El Sr. Woolcott (Australia) encomia a las ONG, a la sociedad civil y a la Comisión de Derechos Humanos de Australia por haber preparado sus propios informes y haber proporcionado información al Comité; su contribución al proceso es esencial.

14.Respondiendo a una pregunta sobre la actitud pública hacia los inmigrantes, dice que Australia se siente orgullosa de su sociedad multicultural y ha acogido a cerca de 7 millones de inmigrantes de unos 200 países desde la segunda guerra mundial. El racismo y la xenofobia, sea cual sea la forma que adopten, son inaceptables para la sociedad australiana.

15.Australia cuenta con medidas administrativas y legislativas suficientes para regular las actividades de las empresas australianas en el extranjero, que siguen estando sujetas a la legislación australiana relativa al comportamiento empresarial y a algunos aspectos de la legislación penal, especialmente en relación con la corrupción. Las empresas australianas también están obligadas por las leyes de la jurisdicción en la que realizan sus actividades, incluida la legislación relativa a la discriminación racial. El Gobierno presta apoyo a diversas iniciativas encaminadas a mejorar la responsabilidad social y ofrece orientación a las empresas australianas que realizan sus actividades en el extranjero. Ha promovido las directrices para las empresas multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y participa en la revisión de esas directrices que se está llevando a cabo. También promueve el comportamiento empresarial responsable a través de su Centro Nacional de Coordinación. Australia presta apoyo a otros mecanismos, como la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, el instrumento de la OCDE para la sensibilización de las empresas multinacionales que operan en zonas con una gobernanza débil, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el soborno en las transacciones empresariales internacionales. El Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio imparte formación a las industrias australianas sobre el comercio con integridad poniendo de relieve las leyes que siguen aplicándose a las empresas y a los ciudadanos australianos que comercian o invierten en el extranjero y promoviendo el conocimiento de las directrices sobre mejores prácticas internacionales.

16.Para divulgar entre la sociedad civil las recomendaciones contenidas en los tratados, el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio y el Departamento del Fiscal General las incluyen en el programa de las consultas periódicas con las ONG dedicadas a los derechos humanos. Los dos departamentos han celebrado recientemente un foro conjunto con las ONG dedicadas a los derechos humanos como actividad del marco para los derechos humanos. El Gobierno ha consultado a la Comisión de Derechos Humanos de Australia en la preparación del informe periódico y lo ha hecho público para que el público pueda transmitir sus observaciones. Las observaciones de la sociedad civil han servido de ayuda en la redacción del informe final y en la preparación del diálogo de la delegación con el Comité.

17.El Sr. Heferen (Australia) dice que con las enmiendas de la legislación sobre la RETN se reinstaurará plenamente la Ley sobre la discriminación racial y se derogarán definitivamente todas las disposiciones de aquel instrumento legislativo que excluyen la aplicación de la ley y todas las disposiciones en las que se indica que las medidas que figuran en la legislación son de carácter especial. La abolición de esas disposiciones no tendrá efecto retroactivo. Desde el 31 de diciembre de 2010 se podrán emprender actuaciones para solicitar la derogación de cualquier medida de la legislación sobre la RETN que se crea vulnera la Ley sobre la discriminación racial. A partir de esa fecha, también podrán emprenderse actuaciones contra la propia ley. Los tribunales determinarán en cada caso si se ha vulnerado la ley.

18.Las características que definen a las medidas especiales son: que deben generar una ventaja para algunos o todos los miembros de un grupo de población; que la pertenencia a ese grupo ha de basarse en la raza, el color, la ascendencia o el origen étnico o nacional; que las medidas deben tener como único propósito el mejoramiento de la situación de los beneficiarios permitiéndoles disfrutar y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con los demás; que la protección que se brinde a los beneficiarios en virtud de las medidas especiales debe ser necesaria para conseguir el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en pie de igualdad; y que las medidas deben quedar sin efecto tan pronto como se haya logrado su propósito. El Gobierno opina que las medidas especiales que aún subsisten se ajustan a esa definición.

19.La BasicsCard permite a la población adquirir bienes y servicios prioritarios, incluidos algunos tan esenciales como alimentos; bebidas no alcohólicas; ropa; calzado; artículos de higiene personal; artículos necesarios para el hogar; alojamiento; servicios como electricidad, agua; etc.; atención sanitaria; cuidado, desarrollo, enseñanza y formación de los hijos; artículos necesarios para el desempeño de una profesión; funerales; transporte público; vehículos automóviles y bicicletas. Quedan excluidos las bebidas alcohólicas, los productos derivados del tabaco y el material pornográfico. En agosto de 2010, más de 4.300 comercios minoristas aceptaban la BasicsCard.

20.La RETN ha tenido muchos efectos positivos, como el de centrar la atención en el lamentable nivel de infraestructuras y servicios de las comunidades remotas del Territorio del Norte; la asignación de una financiación importante para esas comunidades (950 millones de dólares australianos en los primeros dos años de aplicación de la RETN); el despliegue de fuerzas adicionales de policía en varias comunidades; la mejora de las comisarías de policía existentes y el establecimientos de comisarías provisionales, la instauración de patrullas nocturnas en 80 comunidades; y el establecimiento de un servicio de información sobre el abuso de sustancias en Katherine. Cerca de la mitad de las personas que respondieron a una encuesta realizada entre la población aborigen del Territorio del Norte dijeron que el alcohol y la violencia habían causado menos problemas en sus comunidades gracias al aumento de la presencia policial. Además, un equipo móvil de protección de menores ha investigado y hecho un seguimiento de más de 1.600 casos; se han puesto en funcionamiento más de 20 alojamientos seguros en 17 comunidades; se han realizado multitud de reconocimientos médicos y se ha dado tratamiento a miles de niños. El Gobierno ha financiado 140 nuevos maestros y se facilitan a los escolares más de 7.000 comidas cada día. En las consultas celebradas por el Gobierno con los beneficiarios de la RETN en 2009, las comunidades mencionaron las ventajas conseguidas gracias a las medidas sobre la gestión de los ingresos y la restricción del alcohol, entre las que se citaron que se hubiese dedicado más dinero a alimentos, ropa y gastos relacionados con la escuela y menos a alcohol, juego, cigarrillos y drogas y que se hubieran producido menos actos violentos. Las comunidades apoyaron firmemente el mantenimiento de las restricciones a la pornografía instauradas en el marco de la RETN, así como el control de la utilización de las computadoras sufragadas por fondos públicos en un intento por conseguir que los niños no se vieran expuestos a material inapropiado.

21.Los efectos más perjudiciales detectados por los aborígenes fueron que se sentían heridos, humillados y confundidos por la forma en que se había puesto en práctica inicialmente la RETN; por el hecho de que se les hubieran aplicado normas diferentes a las que se aplicaban a los demás australianos; y por que algunas de las medidas no se estaban aplicando como debían, como el caso de las restricciones del consumo de alcohol que no se aplicaban en las comunidades en las que ese consumo suponía un problema. El Gobierno ha respondido a esas críticas con el restablecimiento de la Ley sobre la discriminación racial, haciendo que la gestión de los ingresos no tenga carácter discriminatorio y consiguiendo que las restricciones del consumo de alcohol sean más flexibles y dejen más margen al control de la comunidad.

22.Las víctimas de las "generaciones robadas" pueden presentar demandas de indemnización ante los tribunales o en el marco de los programas legislativos que se han puesto en marcha en Queensland, Tasmania y Australia Occidental. En Queensland, unas 6.800 de esas reclamaciones han tenido éxito. El sistema utilizado en Australia Occidental es relativamente nuevo y, hasta la fecha, ha dado lugar al pago de indemnizaciones en 100 casos. El programa de Tasmania se ha cerrado ya y ha dado lugar al pago de 84 indemnizaciones.

23.El objetivo del Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia es convertirse a nivel nacional en un defensor del reconocimiento del derecho a la tierra de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en su calidad de pueblos de la Primera Nación. Su propósito es defender sus derechos y trabajar para que tengan un futuro desde los puntos de vista económico, social, cultural y ambiental. La pertenencia al Congreso Nacional estará limitada a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y será equitativa y diversa, garantizándose el equilibrio de género y velando por la participación de los jóvenes y las comunidades de las zonas urbanas, interiores y remotas. El Congreso Nacional pretende ser sostenible desde el punto de vista financiero mediante la recaudación de fondos y la obtención de patrocinios. El Gobierno ha consignado 30 millones de dólares australianos para su creación y funcionamiento hasta 2013. Contará con un foro anual de 120 delegados divididos en tres salas. El Gobierno ha reconocido a los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y ha indicado que, aunque la prioridad inmediata ha sido reducir la amplitud de la desigualdad que afecta a los pueblos indígenas, sigue estando decidido a trabajar con los aborígenes australianos y el público en general para lograr el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas de Australia. Son varias las cuestiones importantes de índole legislativa, cultural y de políticas que hay que abordar, lo que requerirá conversaciones y consultas permanentes. El Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia ha de desempeñar un papel esencial en esas conversaciones.

24.El plan del Consejo de Gobiernos Australianos de reducir la brecha que supone la situación de desventaja en que se encuentran los aborígenes está respaldada por una inversión de 4.600 millones de dólares australianos en acuerdos nacionales de asociación específicos para los aborígenes que tienen por objeto conseguir reformas fundamentales en lo que se refiere a la salud, la educación en la primera infancia, la participación económica y la prestación de servicios a distancia. Una familia constituida por dos adultos desempleados y dos niños pequeños tiene derecho a recibir unos 32.000 dólares australianos al año en prestaciones, además de sumas que se entregan en forma de pago único, especialmente en el caso de nuevos nacimientos. Sin embargo, el sistema de protección de la infancia del Territorio del Norte atraviesa graves dificultades. El Territorio abarca una superficie enorme y cuenta con una población dispersa y aislada. El informe de la encuesta realizada por el Comisionado para la Infancia del Territorio del Norte se publicará a fines de 2010.

25.Cinco parlamentos estatales han promulgado leyes en las que se contempla la propiedad de las tierras de los aborígenes en el marco de las correspondientes leyes relativas a los derechos de los aborígenes sobre las tierras, que abarcan cerca de la quinta parte de la superficie del país. Por el contrario, los títulos de propiedad de los aborígenes (títulos nativos) no tienen un origen legislativo y se examinan en el marco de un proceso distinto. Actualmente, cerca del 12% de la superficie de Australia está amparada por títulos nativos y se prevé que habrá más reclamaciones en el futuro. Los arrendamientos por cinco años no afectan a la propiedad de la tierra; los propietarios tradicionales siguen siendo sus dueños. Los arrendamientos permiten al Gobierno tener acceso a la tierra, reparar edificios y construir infraestructuras. En la práctica, un propietario tradicional se verá poco afectado por esos arrendamientos, que expirarán en agosto de 2012. En el marco de la política actual, no se producirán nuevos arrendamientos obligatorios. El Contralor General del Territorio del Norte estableció la cuantía de una renta razonable que debía pagarse a los propietarios de la tierra, cantidad que financia el Gobierno Federal.

26.El Gobierno se ha comprometido a prestar apoyo a los idiomas aborígenes, como quedó confirmado en su Política Nacional sobre los Idiomas Indígenas de 2009. Esa política contaba con el apoyo del Programa de conservación de idiomas aborígenes y sus grabaciones, que está previsto que desembolse 9,4 millones de dólares australianos para prestar apoyo a más de 60 proyectos de ámbito nacional en 2010 y 2011 con el fin de mantener y revitalizar esos idiomas.

27.La Sra. Jones (Australia) dice que el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de su país se consigue mediante prohibiciones legislativas en todas las jurisdicciones y un sistema interconectado de estructuras, leyes e instituciones de carácter parlamentario, judicial y administrativo. Gracias a todo ello se consigue que la actuación de los funcionarios públicos y cualquier acto realizado en nombre del Gobierno estén sujetos a revisión judicial. Los derechos humanos se protegen mediante instituciones y procesos democráticos sólidos complementados por protecciones específicas de carácter constitucional y del common law y otras leyes y mecanismos. El sistema jurídico del common law se apoya en el estado de derecho, que obliga al Gobierno a aceptar las decisiones de los tribunales en cuanto al significado de las leyes y su aplicación. En el sistema de gobierno, de carácter federal, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se distribuyen entre el Gobierno Federal, los seis estados y los tres territorios autónomos. El Parlamento Federal puede promulgar leyes en determinados ámbitos como el comercio internacional, las relaciones exteriores, la defensa y la inmigración y tiene facultades exclusivas en algunos asuntos. En otros, el Commonwealth y los Estados tienen también facultades legislativas. Cuando se produce alguna incompatibilidad entre las leyes federales y las de un estado o territorio, prevalecen las primeras. Los estados mantienen el poder legislativo en los asuntos que no se mencionan expresamente en la Constitución.

28.Todos los tratados, incluidos los instrumentos de derechos humanos, requieren una acción legislativa antes de tener efecto en la legislación de Australia. Antes de ratificar un tratado, el Gobierno se asegura de que se haya promulgado la legislación nacional necesaria. Una vez ratificados, los tratados son vinculantes para el conjunto del país y la realización de muchas de las actividades que hacen realidad los derechos dimanantes de la Convención corresponde a los gobiernos de los estados y territorios. El Gobierno Federal adopta medidas para que no se produzca ningún conflicto entre las leyes del Commonwealth y de los estados en cuanto al cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los tratados. La Comisión de Derechos Humanos de Australia vigila el cumplimiento por parte del Gobierno de sus obligaciones en materia de derechos humanos y promueve la comprensión y el respeto de esos derechos. Hay otras instituciones que se ocupan de proteger y promover los derechos humanos, entre las que cabe citar al Ombudsman del Commonwealth, la Comisión de Reforma Legislativa de Australia y, en su caso, las Comisiones Reales.

29.Aproximadamente el 32% de la superficie de Australia son tierras que los aborígenes poseen por un título nativo o en virtud de derechos sobre la tierra establecidos en la ley. Son varios los estados y territorios que han establecido sistemas jurídicos en relación con los derechos sobre la tierra y en ellos se contemplan varios motivos para reconocer la propiedad de la tierra, como la relación tradicional, la asociación histórica y la necesidad económica. El contenido de los derechos varía según la legislación de que se trate. Por el contrario, el título nativo surge como resultado del reconocimiento, en el marco del common law australiano, de los derechos y los intereses indígenas con arreglo a las costumbres y leyes tradicionales y no se trata de una concesión o un derecho creado por los gobiernos. Entre el 1º de enero de 1994 y el 17 de junio de 2010 se registraron unas 132 determinaciones de títulos de propiedad de los aborígenes. Las solicitudes para la obtención de un título nativo se presentan ante un tribunal federal y su comprobación corre a cargo del Tribunal Nacional de títulos de propiedad de los aborígenes, que es una institución diferente. Si la solicitud contiene, prima facie, fundamentos de la existencia de un título nativo, el tribunal dicta un auto de mediación para resolverlo. Durante la mediación, las demás partes en el proceso pueden pedir a quienes reclamen un título nativo que presenten pruebas de su conexión continua con el terreno de que se trate y el ejercicio de los derechos e intereses inherentes al título nativo. El tribunal ha venido evaluando solicitudes prioritarias dentro del sistema del título nativo a fin de agilizar la tramitación de esas reclamaciones. En agosto de 2010 publicará una lista de 105 reclamaciones prioritarias que se compromete a resolver en un plazo de dos años. La oradora no puede opinar sobre lo que el próximo Gobierno pueda pensar acerca de las propuestas de invertir la carga de la prueba en las reclamaciones de títulos nativos o sobre cualquier otra de las reformas propuestas de la Ley de títulos de propiedad de los aborígenes.

30.Las importantes reformas introducidas en el sistema de títulos de propiedad de los aborígenes en 2009 dieron a los tribunales federales la facultad de mediar en las reclamaciones relativas a esos títulos y exigir la oportuna participación de los interesados. Permitió también a esos tribunales dictar diferentes autos acerca de cuestiones ajenas a esos títulos, con lo que se daba a las partes más flexibilidad para resolver por completo las reclamaciones. Eso ha sido necesario porque la determinación de los títulos de propiedad de los aborígenes es a menudo parte de un conjunto de cuestiones que es necesario resolver, como el desarrollo económico y las posibilidades de formación y empleo. Las reformas permiten también a los tribunales basarse en una declaración de hechos acordada por las partes, en lugar de tener que comprobarlos de forma independiente. Además, les permiten recurrir a las últimas modificaciones de la legislación sobre pruebas, incluidas nuevas excepciones a las normas sobre rumores y opiniones, de manera que las pruebas orales derivadas de las costumbres y leyes tradicionales de los grupos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres ya no se consideran como inadmisibles prima facie.

31.El proceso de la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos y la introducción del marco de derechos humanos han fomentado la sensibilización y han generado un debate en torno a los derechos humanos en el país. El marco incluye medidas destinadas a fomentar la educación en material de derechos humanos; establecer un comité conjunto parlamentario sobre derechos humanos; introducir el requisito de que los proyectos de ley que se presenten en el Parlamento deberán ir acompañados de una declaración de compatibilidad con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos, consolidar la legislación federal de lucha contra la discriminación; y crear un foro anual de derechos humanos para las ONG. En el marco de la consulta se han organizado 66 mesas redondas de debate a nivel de las comunidades en 52 lugares de todo el país. Se inscribieron para participar en ellas más de 6.000 personas, aunque al final acudieron muchas más. Los participantes plantearon preocupaciones importantes acerca de las condiciones de vida de los aborígenes australianos y dijeron que muchos de los derechos que los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres no podían disfrutar plenamente eran de carácter económico, social y cultural. No obstante, debido a la falta de apoyo para los distintos derechos de los diferentes pueblos, algunos derechos específicos de los aborígenes no se reconocían en la Ley de derechos humanos. Los indígenas habían apoyado el reconocimiento legislativo de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres como habitantes originales de Australia. En el informe de la Consulta se señala la importancia de que en las campañas de información y sensibilización se incorporen las experiencias de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y la preocupación de los participantes por facilitar el acceso de esos pueblos a los servicios de intérpretes acreditados. El Gobierno decidió desarrollar el marco de derechos humanos en lugar de un instrumento legislativo. El propósito del marco se centra en que las personas entiendan sus derechos humanos y sus responsabilidades y en que las leyes se elaboren teniendo en cuenta la necesidad de asegurar su compatibilidad con las obligaciones internacionales de Australia en la esfera de los derechos humanos.

32.Cuando Australia presentó en 1975 su reserva al artículo 4 a) de la Convención no se encontraba en condiciones de considerar como delitos todos los comportamientos que se contemplaban en ese artículo. La reserva se mantiene porque los actos de odio racial o religioso no se han tipificado como delitos a nivel federal. Sucesivos gobiernos han decidido que los marcos legislativos en los planos federal, estatal y de los territorios, junto con las medidas de carácter educativo, eran la mejor forma de abordar el problema de la discriminación racial. En la Ley sobre la discriminación racial se prohibían esas prácticas y se contemplaba la posibilidad de presentar recursos civiles. Todos los estados y territorios, a excepción del Territorio del Norte, han promulgado legislación por la que se prohíbe la discriminación racial y, en la mayoría de los casos, tienen disposiciones penales contra el odio racial.

33.El término "discriminación ilegal" aparece en la legislación federal de lucha contra la discriminación para describir actos, prácticas u omisiones que constituyen discriminación por un atributo protegido, incluida la raza, que no esté exento en virtud de medidas especiales o sea necesario para equilibrar otros derechos fundamentales. El término se utiliza también para describir otras conductas ilícitas, como el odio racial, el acoso sexual y el acoso a las personas con discapacidad, durante los procesos de denuncia. El término "discriminación legal" no aparece en las leyes federales de lucha contra la discriminación. En la sección 8 1) de la Ley sobre la discriminación racial se utiliza el enfoque de las medidas especiales adoptado en la Convención. La prueba que el Gobierno aplicaba anteriormente para determinar si una medida era de carácter especial se basaba también en el artículo 1 4) de la Convención y una serie de elementos orientativos, incluida la Recomendación general Nº 32 del Comité. En 2008 y 2009, la Comisión de Derechos Humanos de Australia recibió 296 denuncias en el marco de la Ley sobre la discriminación racial, el 54% de las cuales guardaban relación con el desempleo, mientras que el 3% se referían a la victimización y el 50% al odio racial. La Comisión resolvió el 72% de las denuncias.

34.En respuesta a la creciente preocupación de la comunidad y a una petición del Gobierno, en abril de 2010 la Comisión de Derechos Humanos de Australia y la Asociación de la Industria de Internet organizaron una cumbre de un día de duración, en la que participaron los principales interesados, para examinar posibles estrategias de lucha contra el racismo en Internet. Aun reconociendo que la cuestión no se circunscribía a las fronteras nacionales, la Comisión trataba de abordar el problema elaborando instrumentos para explicar qué medidas podían abordarse a nivel nacional. Además, en el marco de la legislación del Commonwealth la utilización de Internet para amenazar, hostigar u ofender, cosa que podía incluir el material ofensivo de carácter racial o religioso, se consideraba un delito que podía castigarse hasta con tres años de prisión. Desde 2004 se han abierto 261 causas por ese motivo que ha dado lugar a 181 condenas.

35.Aunque los gobiernos de los estados y los territorios son responsables del sistema de justicia penal, el Gobierno Federal ha indicado su deseo de colaborar estrechamente con ellos para abordar la cuestión del número desproporcionadamente alto de aborígenes que comparecen ante el sistema. En el marco nacional de legislación y justicia para los aborígenes se hace referencia expresa a la necesidad de eliminar el racismo sistémico dentro del sistema de justicia y velar por que el Gobierno siga abordando los problemas relativos a la ley y la justicia en relación con los aborígenes. El marco se centra en la seguridad de la comunidad y la reducción de la proporción de delitos relacionados con el uso del alcohol y otras sustancias entre los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Al 30 de junio de 2009, los hombres constituían el 92% de la población de reclusos aborígenes. El número de mujeres aborígenes reclusas ha aumentado un 6% entre 2008 y 2009. La tasa de muertes de aborígenes bajo custodia se ha venido reduciendo desde 1995 y es inferior a la tasa de muertes en prisión de los reclusos no aborígenes.

36.La organización de un sistema de justicia específico para los aborígenes es una cuestión de la que tendrá que ocuparse el siguiente Gobierno. Actualmente no hay una jurisdicción separada para los aborígenes. No obstante, en las jurisdicciones de todos los estados y territorios, excepto en Tasmania, funcionan tribunales sentenciadores para aborígenes con carácter experimental. La mayoría de las personas que comparecen ante los tribunales comunitarios en el Territorio del Norte son aborígenes australianos. Esos tribunales reconocen el liderazgo tradicional y la forma tradicional de abordar los delitos y la violencia en las comunidades. Su funcionamiento varía de una jurisdicción a otra. La posibilidad de que una persona pueda acceder a esos tribunales depende normalmente de la aceptación de una declaración de culpabilidad y de la naturaleza del delito.

37.La Sra. Maurer (Australia), respondiendo a las preguntas de los miembros acerca del multiculturalismo en su país, dice que a veces ese concepto se interpreta erróneamente como equivalente a la promoción de algunas identidades separadas a expensas de la unidad. El objetivo de Australia, sin embargo, es unir a su sociedad culturalmente diversa en torno a un conjunto básico de valores e instituciones, respetando el derecho a la diversidad de expresión cultural, promoviendo los beneficios de una comunidad culturalmente diversa, garantizando la ausencia de discriminación y fomentando la integración social.

38.En cuanto al multilingüismo, dice que en el último censo nacional, que data de 2006, casi 4 millones de personas declararon que en su casa hablaban un idioma que no era el inglés. Sin embargo, 560.000 de esas personas dijeron también que su conocimiento del inglés era escaso. Los inmigrantes adultos, los recién llegados por motivos humanitarios y los refugiados con pocos conocimientos de inglés tienen derecho a recibir hasta 910 horas de clases básicas de inglés y, en su caso, capacitación sobre aptitudes para el trabajo y cultura y prácticas en el lugar de trabajo en Australia. Las personas que no hablan inglés tienen a su disposición servicios de traducción e interpretación que son gratuitos en el caso de las consultas médicas y la traducción de documentos personales. Hay un servicio de interpretación por teléfono que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. En el marco de la estrategia de acceso y equidad del Gobierno se presta apoyo a todos los organismos federales para que den respuesta a la diversidad cultural, lingüística y religiosa de la población de Australia en la elaboración y aplicación de sus programas y políticas.

39.Respondiendo a una pregunta formulada por el Sr. Lindgren Alves, dice que el proyecto Isma fue uno de varios que habían contribuido al Programa de diversidad y cohesión social, anunciado en mayo de 2010, que tiene por objeto abordar el problema de la intolerancia cultural, racial y religiosa fomentando el respeto, la equidad y un sentido de pertenencia parta todos. En 2009, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía publicó un folleto titulado El viaje australiano – comunidades musulmanas del que se envió una copia a las escuelas y otras instituciones públicas.

40.Respondiendo a preguntas acerca de la política del Gobierno de internar a los solicitantes de asilo, dice que el internamiento obligatorio de quienes no son ciudadanos australianos solo se produce en el caso de los que llegan sin autorización, plantean un riesgo inaceptable para la sociedad australiana o han incumplido repetidamente las condiciones establecidas en su visado. El Ombudsman del Commonwealth supervisa las condiciones de internamiento.

41.El Sr. Calí Tzay ha preguntado por las condiciones de internamiento de los niños inmigrantes. Se ha dispuesto que esos niños se encuentren en alojamientos de baja seguridad, administrados por un proveedor de servicios de internamiento que funciona bajo contrato, y no en centros de internamiento de inmigrantes de alta seguridad. Los niños permanecen bajo la supervisión de sus padres: no es cierto que vayan a las zonas de juego escoltados por policías, como había llegado a oídos el Sr. Calí Tzay. Los menores no acompañados quedan bajo el cuidado de profesionales de esas tareas, también bajo contrato con el Departamento de Inmigración y Ciudadanía. El Ombudsman, la Comisión de Derechos Humanos de Australia y la Cruz Roja Australiana supervisan todas las actividades de cuidado y los trámites en los centros de internamiento y tienen acceso sin restricciones a todos los internados y a todas las instalaciones.

42.El Sr. Prosper ha preguntado por los solicitantes de asilo. Las personas que llegan legalmente a Australia y solicitan asilo pueden vivir normalmente en la comunidad durante la tramitación de su solicitud. Quienes llegan a un "lugar extraterritorial" (un determinado conjunto de islas, incluida la isla de la Navidad) se mantienen en un centro de internamiento de inmigrantes en el marco de un procedimiento de determinación de la condición de refugiado durante la tramitación de su solicitud de un "visado de protección". Las decisiones adoptadas en relación con ese procedimiento y el proceso de solicitud del visado de protección pueden ser objeto de apelación, incluso de revisión judicial. La isla de la Navidad tiene la consideración especial de lugar extraterritorial, pero a todos los demás efectos forma parte de Australia como cualquier otro lugar y la Ley sobre discriminación racial de 1975, la Ley de inmigración de 1958 y los tratados internacionales en los que Australia es parte se aplican en esa isla igual que en el resto del país. En unos días, el Tribunal Superior de Australia se ocupará de un caso relacionado con la decisión sobre las solicitudes de asilo formuladas por personas que habían entrado en Australia a través de la isla de la Navidad. Con ese caso no se trata de poner en tela de juicio la condición de "lugar extraterritorial" de la isla, aunque esa cuestión podría llegar a plantearse.

43.En relación con el centro regional de procesamiento de inmigrantes que se ha propuesto, dice que los problemas de contrabando de personas y de migración irregular a los que se enfrenta la región de Asia y el Pacífico exigen una respuesta regional. El centro de procesamiento, que se establecería en colaboración con los países de tránsito, destino y origen, los organismos de las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales competentes, permitiría crear un procedimiento justo y ordenado para garantizar que los solicitantes de asilo recibieran un trato acorde con las obligaciones internacionales de Australia dimanantes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Se han entablado conversaciones con Indonesia, Timor-Leste, Nueva Zelandia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

44.La Sra. Jones (Australia), respondiendo a una pregunta del Sr. Kut, dice que, en la aplicación de las leyes antiterroristas las fuerzas del orden están obligadas a cumplir la legislación vigente. Las personas que consideren que se les ha tratado de forma ilegal pueden recurrir a la policía federal australiana, al organismo independiente para la supervisión de la legislación nacional en materia de seguridad o al Ombudsman del Commonwealth. Recientemente se ha promulgado una ley en la que se contempla el establecimiento del cargo de supervisor de la legislación nacional en materia de seguridad encargado de velar por que la legislación en materia de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo sea apropiada y compatible con las obligaciones del país en materia de derechos humanos. Actualmente se está seleccionando un candidato apropiado para ocupar ese puesto, aunque el nombramiento definitivo corresponderá al próximo Gobierno.

45.El Sr. Vines (Australia), respondiendo a preguntas acerca de los planes de Australia en cuanto a la ratificación del Convenio de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales (Nº 169), dice que, en 2009, el Consejo de Ministros sobre Relaciones Laborales introdujo un nuevo procedimiento para estudiar los convenios de la OIT y dar prioridad a su ratificación. No obstante, no puede prejuzgar cuáles serán las prioridades que establezca el próximo Gobierno.

46.El Sr. Calí Tzay ha preguntado cómo se aplica a los trabajadores aborígenes el Convenio de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación) (Nº 111). Australia ratificó ese Convenio en 1973. La legislación nacional en la materia es la Ley de trabajo justo, de 2009, en la que se prohíbe la adopción de "medidas perjudiciales" contra los empleados o posibles empleados (incluidas la negativa a conceder un empleo, la discriminación en el trabajo o el despido) por motivos entre los que figuran la raza y el origen social. Esa ley se aplica a todos los trabajadores, incluidos los aborígenes y los inmigrantes. Quienes consideren que se han conculcado sus derechos dimanantes de esa ley pueden presentar una denuncia ante el Ombudsman para el trabajo justo o ante la Comisión de Derechos Humanos de Australia. Esta última se ocupa también de la educación en la diversidad y de promover la sensibilización de la comunidad en torno a la discriminación.

47.En cuanto a los nuevos planes de estudios que se están elaborando a nivel nacional, dice que la dependencia responsable, el Organismo de Evaluación e Información sobre Planes de Estudios de Australia se ha basado para su elaboración en los principios consagrados en la Declaración de Melbourne sobre los objetivos educativos para los jóvenes australianos. Los ministros de educación del Gobierno Federal, los estados y los territorios acordaron que todos los jóvenes australianos debían estar en condiciones de contribuir a los esfuerzos en pro de la reconciliación entre las personas aborígenes y las que no lo son y beneficiarse de esos esfuerzos.

48.En los tres temas intersectoriales del nuevo plan de estudios figura la historia de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, con una necesaria referencia a su contribución a Australia y el impacto de la colonización, y la relación de Australia con Asia. El nuevo plan de estudios se ha elaborado con el fin de promover un conjunto de aptitudes personales entre las que cabe citar el entendimiento intercultural, el respeto y la integración en las interacciones sociales y el respeto a la democracia, la igualdad y la justicia. En el plan de estudios de la disciplina de historia, en particular, se adopta un enfoque de la "historia del mundo" que incluye el papel de las Naciones Unidas, los orígenes y las consecuencias del movimiento anticolonial y las luchas de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

49.El Gobierno Federal dedica importantes recursos a la enseñanza de idiomas en el marco del acuerdo nacional sobre la enseñanza. Según el informe de 2008 titulado "Programas de idiomas indígenas en las escuelas australianas: el camino a seguir", más de 16.000 niños aborígenes y 13.000 no aborígenes han aprendido idiomas indígenas en 260 escuelas, en las que se ofrecen más de 80 idiomas.

50.El Sr. Woolcott (Australia), respondiendo a una pregunta acerca de los ataques contra estudiantes extranjeros en Australia, dice que, aunque las estadísticas sobre la delincuencia no incluyen habitualmente datos sobre la nacionalidad, el origen étnico o el estatus migratorio, parece que las víctimas de delitos que podrían identificarse como estudiantes extranjeros han sufrido principalmente robos u otros delitos sin motivación racial. Las figuras públicas más importantes, incluidos el anterior Primer Ministro y el Ministro de Relaciones Exteriores, han condenado públicamente cualquier ataque con motivación racial. No obstante, cabe señalar que los estudiantes extranjeros viven a menudo en zonas con altos niveles de delincuencia o trabajan hasta altas horas de la noche, lo que podría ayudar a explicar, aunque no justificar, la frecuencia con que son víctimas de delitos.

51.Los estados y territorios son responsables de sus propios servicios de mantenimiento del orden. Tomando como ejemplo el estado de Victoria, recientemente se ha aumentado la vigilancia en Melbourne; el odio contra un grupo determinado se ha incluido como agravante en las normas para dictar sentencia que utilizan los jueces; en septiembre de 2010 se esperan los resultados de un examen realizado para determinar si en la legislación vigente se contemplan adecuadamente los delitos motivados por el odio o los prejuicios; y en julio de 2010 se procesó a dos hombres en el marco de la Ley de tolerancia racial y religiosa, de 2001, de ámbito estatal, en lo que fue la primera vez que se invocaba esa ley por la presunta comisión de un acto de denigración racial.

52.Actualmente no se recopilan datos que permitan identificar los delitos cometidos por motivos raciales. El Gobierno Federal ha encargado al Instituto Australiano de Criminología que elabore una metodología de investigación para determinar el número de delitos cometidos contra estudiantes extranjeros. Las autoridades policiales del Gobierno Federal y de todos los estados y territorios participan en la investigación, que abarca a los nacionales originarios de cinco países: China, India, Corea, Malasia y Estados Unidos.

53.Tanto a nivel federal como estatal se han establecido varios grupos de apoyo para asesorar a los estudiantes extranjeros y mejorar su comunicación con las fuerzas del orden, entre los que puede citarse al Grupo de Referencia entre la policía y las personas de origen indio, fundado en Melbourne en enero de 2010. Está previsto poner en marcha durante 2010 una nueva estrategia para los estudiantes internacionales a nivel nacional.

54.El Sr. Heferen (Australia) dice que la ambiciosa iniciativa "cerrar la brecha" se está poniendo en práctica a través del acuerdo nacional de reformas aborígenes y otros acuerdos nacionales de asociación entre el Gobierno Federal y los estados y territorios que abarcan, entre otras, esferas como la salud, la vivienda, la primera infancia y el desarrollo, la participación económica y las actividades de los aborígenes en el Territorio del Norte. Muchos de los acuerdos nacionales de asociación se centran en los pueblos aborígenes que viven en zonas rurales remotas y, por tanto, excluyen al 75% de la población de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que viven en los centros urbanos o regionales. En el acuerdo nacional de reformas aborígenes se contempla una estrategia de desarrollo urbano y regional que se pone en práctica por medio de planes bilaterales acordados entre el Gobierno Federal y el estado o territorio de que se trate. En realidad, su aplicación corresponderá al siguiente Gobierno.

55.El Sr. Diaconu dice que la información facilitada por la delegación es muy alentadora, especialmente en lo que se refiere a los avances logrados en el Territorio del Norte. No obstante, el Comité nunca había oído decir que un aumento de la presencia policial pudiera considerarse como una "medida especial". También le gustaría saber cuál es el significado que el Gobierno da al término "multiculturalismo". El Comité lo interpreta como el apoyo del Estado a la enseñanza de los niños pertenecientes a grupos minoritarios en su lengua materna, el establecimiento de estaciones de radio y televisión en los idiomas de las minorías y la organización de eventos y asociaciones culturales minoritarias. No significa ocuparse de que todos aprendan inglés.

56.El Sr. Woolcott (Australia) dice que los recién llegados a Australia se muestran muy dispuestos a aprender inglés para poder tener un empleo y labrarse una vida mejor para sí mismos y sus familias. No obstante, el Gobierno también les ayuda a mantener sus propios idiomas y culturas. Por ejemplo, proporciona financiación para la estación de radio y televisión SBS, que emite en idiomas minoritarios, y al canal de ámbito nacional ABC, que también emite programas en idiomas minoritarios.

57.El Sr. Heferen (Australia) dice que la situación en el Territorio del Norte ha necesitado la adopción de medidas extraordinarias para reducir los niveles de violencia en las familias y comunidades. El proyecto de ley encaminado a modificar las medidas de la RETN, que se presentó al Parlamento en 2009, se redactó tras celebrar amplias consultas con los grupos aborígenes. Los participantes en las consultas expresaron su apoyo sin reservas al mantenimiento de las medidas encaminadas a reducir el consumo excesivo de alcohol y la difusión excesiva de la pornografía, que había afectado especialmente a las vidas de las mujeres y los niños. Para garantizar la observancia de esas medidas se necesita un mayor nivel de presencia policial.

58.La Sra. Jones (Australia) dice que las consultas revelaron el deseo de la población de que se restaurasen los servicios normales, incluidos los de la policía, en el Territorio del Norte. En un intento por fomentar unas relaciones firmes y positivas entre la policía y la comunidad, los policías reciben formación especial para actuar con delicadeza desde el punto de vista cultural. En julio de 2010, el Departamento del Fiscal General proporcionó financiación para la formación de policías de las comunidades, en cinco o seis lugares del Territorio del Norte, que se ocuparían de desarrollar una relación especialmente estrecha con las comunidades en las que trabajasen.

59.El Sr. de Gouttes pide que se dé algún ejemplo de la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación racial. A menudo las personas que sufren la discriminación racial tienen dificultades para demostrar que esos actos habían tenido lugar: ¿En qué circunstancias es el presunto infractor quien tiene que justificar sus actos?

60.¿Permite el Gobierno de Australia los "cebos" para determinar el cumplimiento de la legislación contra la discriminación como prueba en casos penales? En ese caso ¿con qué frecuencia se utiliza esa práctica? El cebo consiste en enviar sin previo aviso a funcionarios que tratan de obtener acceso a una vivienda o un empleo en restaurantes, centros de ocio nocturnos, etc., para comprobar si se les niega.

61.Se le ha informado de que se están recogiendo datos biométricos en los aeropuertos de Australia. ¿Qué información ha demostrado ser útil y con qué fines se ha utilizado? ¿Cómo protege el Estado la privacidad de las personas afectadas?

62.El Sr. Kut pregunta de qué forma sirven las leyes y reglamentos que rigen la recogida de datos personales para prevenir en la práctica la caracterización étnica o racial. Pregunta por casos en que se haya aplicado esa legislación y cuáles han sido los resultados. ¿Qué medidas preventivas se aplican a nivel policial para velar por que algunas comunidades no se vean asociadas con la delincuencia o el terrorismo, que no se recojan datos biométricos sólo de ciudadanos de determinados países o que los medios de comunicación no mencionen el origen étnico de un delincuente sin un buen motivo?

63.El Sr. Woolcott (Australia) dice que, lamentablemente, la delegación no puede comentar sobre cuestiones de política por las restricciones que debe observar el actual Gobierno interino.

64.La Sra. Jones (Australia) dice que el Gobierno actual se había comprometido a revisar las leyes federales contra la discriminación, incluidos el proceso de presentación de denuncias y la cuestión de la carga de la prueba. El nuevo Gobierno tomará su propia decisión acerca de las medidas que desee tomar.

65.Las leyes de Australia en materia de seguridad nacional no están sesgadas contra ningún grupo étnico o racial. La Oficina del Inspector General de Seguridad e Inteligencia, un órgano independiente del Gobierno, tiene amplias facultades para investigar las acciones de los organismos de seguridad nacional, incluidos posibles casos de caracterización racial.

66.La Sra. Maurer (Australia) dice que el Departamento de Inmigración y Ciudadanía considera que la recopilación de datos biométricos, que se ha convertido en una práctica habitual en muchos países, es un instrumento importante en la lucha contra los delitos relacionados con la identidad. Las necesarias salvaguardias para la privacidad las proporciona la Ley de protección de la privacidad y la información personal, de 1998.

67.Se recopilan datos biométricos, fotografías y huellas digitales de todos los solicitantes de visados que presentan sus solicitudes en determinados países en formularios de papel en lugar de hacerlo a través de Internet. No se señala especialmente a ningún grupo étnico o nacionalidad. Los lugares donde se recogen esos datos se seleccionan por diversos motivos: abarcan una amplia área geográfica, tienen en cuenta los riesgos para la seguridad nacional y el posible fraude relacionado con la identidad e incluyen instalaciones donde las autoridades australianas pueden utilizar el equipo ya instalado por sus colegas del Reino Unido en el marco de un acuerdo de cooperación. La decisión de si se debe ampliar el sistema a otros lugares corresponderá al nuevo Gobierno.

68.El Sr. Avtonomov pide que en el siguiente informe periódico se facilite más información acerca de la forma que adopten las consultas con la población del Territorio del Norte. En algunos casos, esas consultas no son verdaderamente representativas de todos los sectores de la población.

69.El Sr. Amir dice que el informe periódico contiene poca información acerca de la enseñanza en general, en contraste con la enseñanza del idioma inglés o de los idiomas minoritarios. La enseñanza es un medio esencial para allanar los obstáculos entre las comunidades. ¿Cuántos niños aborígenes alcanzan los niveles superiores de la enseñanza? ¿Cuántos de ellos estudia matemáticas, ciencias o historia?

70.La Sra. Crickley pregunta de qué forma puede la nueva legislación sobre la igualdad que se ha propuesto proteger concretamente contra la discriminación racial. Pregunta también cómo espera el Gobierno fomentar el apoyo a la legislación sobre la RETN enmendada, ya que la legislación original, aunque bien intencionada, había sido percibida por los pueblos aborígenes como debilitadora. ¿Cómo tiene previsto el Gobierno poner fin a la discriminación múltiple, especialmente la que padecen las mujeres musulmanas? También quiere saber qué medidas se han previsto para abordar la cuestión de la —decidida e injustificablemente alta— proporción de mujeres indígenas entre la población reclusa.

71.El Sr. Calí Tzay (Relator para el país) agradece a la delegación sus respuestas y a los representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Australia y de la sociedad civil su contribución al debate. Confía en que el siguiente informe periódico abarcará las cuestiones siguientes: la definición del término "multiculturalismo"; la situación de los refugiados, la población aborigen y los estudiantes extranjeros; los planes de Australia en relación con la ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT; y las medidas especiales adoptadas en el Territorio del Norte. El Comité confía también en que Australia incluirá la definición de discriminación racial adoptada por el Comité en su propia legislación y retirará su reserva al artículo 4 a) de la Convención.

72.El Presidente expresa su agradecimiento a la delegación por el excelente informe y su magnífica presentación, a pesar de las dificultades derivadas de la presencia de un Gobierno interino.

73.El Sr. Woolcott (Australia) expresa su agradecimiento al Comité por su pormenorizado examen del informe de Australia.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas .