NACIONES UNIDAS

CERD

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

Distr.

GENERAL

CERD/C/SR.1864

11 de enero de 2010

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN

DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

72º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1864ª SESIÓN

celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 29 de febrero de 2008, a las 10.00 horas

Presidenta: Sra. DAH

SUMARIO

EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (continuación)

Informes periódicos noveno a 12º de la República Dominicana (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.GE.08-40810 (EXT)Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (continuación)

Informes periódicos noveno a 12º de la República Dominicana (continuación)

Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de la República Dominicana vuelven a tomar asiento a la mesa del Comité.

El Sr. NEWTON GUILIANI (República Dominicana), en respuesta a varias preguntas acerca de la nacionalidad, la ciudadanía y la constitucionalidad de la legislación, dice que su país no concede la ciudadanía de forma indiscriminada a todas las personas nacidas en su territorio nacional, sino que basa su actuación en una combinación de jus soli y jus sanguinis, como se indica claramente en la Constitución y en toda la jurisprudencia y legislación. La Ley de migración (núm. 285-04), que se basa en el artículo 11 de la Constitución, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad, pero en una decisión del 14 de diciembre de 2005 la Suprema Corte de Justicia sostuvo que la Ley era constitucional. La Corte recordó que, en virtud del párrafo 9) del artículo 37 de las Constitución, el Congreso tiene la facultad de establecer toda la legislación dominicana en materia de migración. Por consiguiente, el Estado está obligado a hacer cumplir la Ley. En cuanto a las declaraciones de nacimiento rosadas, dice que el color diferente es simplemente un procedimiento administrativo en virtud de la Ley núm. 285-04 y de ninguna manera constituye una discriminación racial.

El Sr. CASTILLO (República Dominicana), en respuesta a la observación relativa a la mentalidad de asedio en su país, recuerda que comparte una frontera terrestre única con Haití, que sufre una crisis política desde hace más de 20 años. Los índices de desarrollo humano haitianos, incluida su tasa de desempleo, son los peores de todo el continente y su estructura gubernamental es muy débil. Los países influyentes y poderosos, como los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido, no están dispuestos a acoger las corrientes de migración haitianas a pesar de tener capacidad para ello y no se comprometen a enviar personal a Haití para ayudar al país a recuperarse.

El Congreso dominicano muestra una gran preocupación porque, si la comunidad internacional no adquiere un compromiso sostenido de ayudar a la reconstrucción en Haití, el problema de la migración haitiana creará problemas aun mayores para la República Dominicana. Su país tiene sus propias deficiencias institucionales y, al igual que todos los países en desarrollo, tiene recursos limitados y un nivel elevado de pobreza. La adopción de políticas en materia de migración entraña a menudo el sacrificio de la población más pobre de la República Dominicana. Por consiguiente, la estabilidad y la prosperidad en Haití es vital y la República Dominicana está dispuesta a seguir cooperando con la comunidad internacional en ese sentido. El suyo es un país abierto y generoso, pero no acepta ni puede aceptar una solución puramente dominicana a los problemas de Haití. Algunos sectores no aceptan las decisiones del Congreso y la Suprema Corte de Justicia, a pesar de la importancia de respetar el derecho del país a determinar sus propias políticas en materia de migración y nacionalidad. Es de esperar que, con la ayuda de la comunidad internacional, se pueda encontrar una fórmula que sea equitativa para ambos pueblos, respetando la identidad de Haití y el derecho de la República Dominicana a su propio desarrollo. Sin embargo, lamenta que haya habido falta de comunicación entre el Congreso y las organizaciones de derechos humanos. Hay que considerar que el problema de los migrantes en la República Dominicana se deriva del importante problema de la crisis de Haití.

La Sra. MERCEDES (República Dominicana), respondiendo a las preguntas sobre la mano de obra y recordando que la Secretaría de Estado de Trabajo se ha comprometido a proteger los derechos de todos los trabajadores de la República Dominicana y a garantizar unas condiciones de trabajo dignas, dice que la mayoría de los trabajadores migrantes están empleados en el sector de la construcción, para el cual el Comité Nacional de Salarios, mediante su Decisión núm. 3/2007 de 12 de junio de 2007, fijó el salario mínimo en unos 295 dólares EE.UU. o 10.000 pesos dominicanos al mes. Esa suma es superior al salario mínimo del sector privado, de 7.360 pesos al mes.

En cuanto a la cuestión de las trabajadoras negras en las zonas francas, se están llevando a cabo constantemente actividades para evitar la discriminación contra todas las trabajadoras, incluidas campañas de sensibilización sobre cuestiones como el principio de la igualdad de remuneración por igual trabajo para hombres y mujeres y el hecho de que no se debe exigir a las mujeres la realización de pruebas de embarazo durante el proceso de contratación. Se están consiguiendo progresos, y en un informe reciente de la OIT se señala que la República Dominicana es el mejor país de la región en cuanto a la realización de inspecciones periódicas de los lugares de trabajo. La República Dominicana ha sido elegida como sede de un programa regional de trabajo decente de la OIT en reconocimiento de sus esfuerzos.

El Sr. JIMÉNEZ (República Dominicana), en respuesta a las preguntas relativas a la contribución de los inmigrantes haitianos y los descendientes de haitianos a la industria azucarera, dice que en la República Dominicana hay 15 plantaciones de caña de azúcar, de las que solamente están funcionando tres. Hay 350 bateyes (barrios de viviendas precarias de las empresas en las plantaciones de caña de azúcar) que acogen a 250.000 personas, predominantemente inmigrantes haitianos o descendientes de haitianos, de los que en la actualidad solamente trabajan en la industria azucarera 11.000. Realizan diversos tipos de actividades, entre ellas la corta y recolección de la caña de azúcar, así como otras tareas más especializadas. El salario medio que ganan los trabajadores inmigrantes de la caña de azúcar es de 220 dólares EE.UU. al mes, que representan un total de 24 millones de dólares EE.UU. al año para todos los inmigrantes. Sin embargo, la industria azucarera emplea a menos inmigrantes que otros sectores; la mayoría de los inmigrantes haitianos trabajan en los sectores de la construcción, el turismo o la agricultura (no azucarera) o en el sector no estructurado. La contribución de los trabajadores inmigrantes al PIB correspondiente a la industria azucarera es del 2,48% y del 1,4% al PIB global. Los trabajadores gozan de total libertad para elegir dónde trabajar y, dado que los trabajadores agrícolas ganan 106 dólares EE.UU. al mes y los de la construcción 295 dólares, es evidente que muchos inmigrantes eligen trabajar en el último sector. Los inmigrantes envían 300 millones de dólares EE.UU. al año a Haití en remesas.

En cuanto a la referencia a la "esclavitud moderna", es evidente que el término no es aplicable a la industria azucarera dominicana. Además del salario, cada trabajador recibe alojamiento gratuito, agua potable, electricidad, instalaciones de esparcimiento, transporte, educación para los hijos y las esposas jóvenes, un seguro médico privado y atención médica gratuita. Los propietarios de las empresas azucareras sufragan los gastos de más de 87 escuelas que ofrecen educación básica, en las que 80 maestros imparten enseñanza a 3.125 alumnos, principalmente haitianos y descendientes de haitianos. En materia de salud, en 2006 la industria azucarera pagó 173.000 visitas médicas, 124.000 visitas dentales, atención relativa al VIH, incluidos programas de vacunación, y servicios de atención tanto prenatal como postnatal. Los trabajadores también tienen derecho a establecer sindicatos y a incorporarse a ellos.

El artículo 245 del Código de Trabajo prohíbe expresamente el empleo de niños menores de 14 años y la República Dominicana es signataria de los Convenios de la OIT sobre la edad mínima (núm. 138) y sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182); mediante el Decreto núm. 144-97 se creó un comité para supervisar el cumplimiento de esos convenios.

Sobre las actividades para mejorar los bateyes, dice que la industria azucarera está invirtiendo 40 millones de dólares EE.UU. en la construcción y mejora de viviendas, campos de juego, de fútbol y de béisbol, escuelas, hospitales, clínicas, transporte y otros servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sector azucarero.

El Sr. KJAERUM dice que sigue preocupado por la discrepancia entre la situación descrita en el informe periódico y por la delegación y la información recibida de otras muchas fuentes. Esas fuentes están verdaderamente preocupadas por la protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables. Pregunta si hay suficientes mecanismos en vigor para facilitar la aplicación de la legislación interna, en particular la supervisión por instituciones independientes. Eso es especialmente inquietante, dado que la inmensa mayoría de los inmigrantes están empleados en los sectores de la agricultura, la construcción y el turismo, que son los que cuentan con una prevalencia más elevada de mano de obra en el sector no estructurado en numerosos Estados. No está claro de qué manera supervisa el Estado parte dicho empleo en el sector no estructurado.

El Sr. KEMAL felicita a la delegación por su composición multiétnica. Señala a su atención los posibles efectos de la disponibilidad de mano de obra migrante, entre cuyos beneficios latentes está la abundante disponibilidad de dicha mano de obra para el desarrollo económico. Eso también tiene repercusiones en el país de origen. Por consiguiente, el Gobierno debe retirar las medidas discriminatorias contra las personas de origen haitiano. En particular, debe modificar su legislación relativa a la denegación del derecho a un certificado de nacimiento de los niños nacidos en hospitales dominicanos que se considera que son de origen haitiano.

Si bien todos los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras internacionales y la migración, hay que actuar con justicia con respecto a las personas que ya están viviendo en el Estado parte, de conformidad con las disposiciones de la Convención.

El Sr. AVTONOMOV, Relator para el país, observa que la única prohibición en contra de la discriminación racial figura en el Código de Trabajo. Pregunta si el Estado parte proyecta incorporar disposiciones contra la discriminación basadas en la Convención a otros instrumentos legislativos internos, a fin de eliminar todos los tipos de discriminación racial.

El Sr. PROSPER pregunta si el Gobierno se ha dirigido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para solicitar su asistencia en el control de la frontera desde el lado haitiano. La Misión Civil Internacional en Haití tal vez podría desempeñar una función más dinámica en ese sentido.

Reitera su pregunta relativa a la opinión del Gobierno sobre la existencia de discriminación contra la población haitiana. Si existe dicha discriminación, sería útil saber en qué se basa.

El Sr. LINDGREN ALVES dice que corresponde a la comunidad internacional mejorar la situación económica de Haití, de la que se derivan los problemas actuales de la República Dominicana.

El Sr. MURILLO MARTÍNEZ está de acuerdo en que la comunidad internacional tiene el deber de adoptar medidas para atenuar los problemas de migración que afronta el Estado parte. Esa responsabilidad corresponde en particular a las potencias económicas que por motivos históricos tienen la obligación de facilitar la reconstrucción política, económica y social de Haití. Insta al Estado que presenta el informe a que examine las repercusiones prácticas de la cédula de identidad rosada para la situación de los apátridas, en particular las limitaciones que impone sobre el acceso de los niños a la educación y los servicios sociales.

El Sr. DIACONU dice que no consigue entender por qué el Estado parte permite la inmigración en una escala tan considerable, pero luego discrimina a los inmigrantes. Sus medidas jurídicas y administrativas son inadecuadas y llevan a la discriminación. El Gobierno debe adoptar medidas para fortalecer sus controles fronterizos, limitar el número de permisos de trabajo y de resistencia que se conceden y obligar a las empresas comerciales a proporcionar mejores condiciones de vida y de trabajo a los empleados. También pide que se dé respuesta a sus preguntas relativas al número de haitianos a los que se ha concedido la ciudadanía dominicana y permiso de residencia.

El Sr. PETER expresa dudas acerca de la necesidad de certificados de nacimiento y documentos de distintos colores o de que se siga identificando a las personas como mulata, negra o blanca y se concedan derechos diferentes en ámbitos como la educación o el empleo. Si bien reconoce que, al igual que todos los países en desarrollo, la República Dominicana tiene una economía frágil, debe realizar un esfuerzo para resolver el problema que plantean los elevados niveles de inmigración procedente de Haití. Ruega que se preste mayor atención a las observaciones y críticas de las ONG y la sociedad civil.

El Sr. de GOUTTES pregunta si en los documentos de identidad todavía sigue figurando el color de la piel del titular y si el Estado parte se ha planteado la posibilidad de eliminar tales referencias. También pregunta si el Estado parte tiene intención de poner fin al sistema de certificados de nacimiento diferentes para los hijos de padres haitianos, incluidos los haitianos indocumentados, especialmente a la vista de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yean y Bosico c. la Republica Dominicana .

El Sr. AMIR recuerda que al principio de la era postcolonial se esperaba que los tres continentes de Asia, África y América Latina colaborasen y compartiesen los beneficios de la independencia y el desarrollo. Por desgracia, los países centroamericanos se han visto afectados por la plaga de la pobreza y el legado de la esclavitud, la colonización y la evangelización y son frecuentes los conflictos entre los diversos grupos de la sociedad. Dadas las estrechas vinculaciones existentes entre Haití y la República Dominicana, el Estado parte tiene la responsabilidad de encontrar soluciones al problema de la inmigración masiva procedente de Haití. La protección de los derechos humanos de esos inmigrantes, incluido el derecho al empleo, desempeña una función decisiva en la solución del problema.

El Sr. LINDGREN ALVES pregunta si el Estado parte ha estudiado la posibilidad de realizar un censo en el que, entre otras cosas, se identifique la proporción de negros, mulatos y blancos en la población.

La Sra. PIÑA (República Dominicana), en respuesta a las preguntas sobre la necesidad de legislación que prohíba la discriminación, recuerda que el artículo 100 de la Constitución garantiza la igualdad para todos. Aunque reconoce que en determinadas situaciones podría ser útil aprobar leyes y medidas específicas, no comprende qué aspectos de la legislación vigente considera el Comité que son discriminatorios. Subraya que durante 500 años los habitantes de la República Dominicana, con independencia de su color, han vivido juntos y se consideran parte de la misma comunidad. Por ejemplo, la cédula electoral, que tiene una foto en blanco y negro, identifica a la persona como blanca o negra sólo para ayudar a confirmar su identidad, prácticamente de la misma manera que en un documento de identidad se podría indicar que es mulata o el color de los ojos o el cabello. En el documento se podría incluir incluso el grupo sanguíneo de la persona, que sería útil en una urgencia médica. No ve por qué se puede juzgar que eso es discriminatorio y se pregunta si el Comité consideraría discriminatorios los pasaportes biométricos. En la República Dominicana hay un problema creciente de fraude de identidad y es importante que los documentos oficiales contengan suficiente información para impedirlo.

El Sr. NEWTON GUILIANI (República Dominicana) dice que mediante la adopción del Libro de Registro de Extranjeros y las declaraciones especiales de nacimiento rosadas se intentaba resolver el problema del número de extranjeros indocumentados y sus hijos. Esas medidas reflejan simplemente la situación real del país y por lo menos ofrecen a las personas en cuestión la posibilidad de tener alguna condición jurídica oficial. Tampoco hay discriminación o diferencia en los derechos o las prestaciones que confieren los distintos tipos de certificado de nacimiento con respecto a la atención sanitaria, la educación, etc. En los hospitales hay funcionarios del registro civil para expedir inmediatamente el certificado de nacimiento, a fin de asegurarse de que todos los nacimientos se registren debidamente y los niños tengan la documentación apropiada. De esa manera también se reduce el riesgo de fraude o de que simplemente no se registre el nacimiento si los padres no toman medidas para ello.

El Sr. PELEGRÍN CASTILLO (República Dominicana) dice que las reformas propuestas de la Constitución y el Código Penal tienen por objeto fortalecer las garantías de igualdad y eliminar la discriminación. Por ejemplo, en el nuevo Código Penal se tipifican específicamente todas las formas de discriminación, incluida la debida a motivos genéticos, en la esfera de la atención sanitaria. Con respecto a las reformas en materia de inmigración y la Ley de migración (núm. 285-04), dice que se está debatiendo si se debe regularizar o no, o en qué medida, la situación del enorme número de haitianos presentes en la República Dominicana. Está de acuerdo con el Sr. Kemal en que ese número elevado de inmigrantes contribuye a la alta tasa de desempleo y la pobreza, porque los ciudadanos nativos, especialmente los más desfavorecidos, no pueden competir con la mano de obra barata que proporcionan los inmigrantes procedentes de Haití, país que es mucho más pobre.

El Sr. FAUSTINO JIMÉNEZ (República Dominicana) reitera que en su país no hay discriminación por motivos de color, raza, etnia, origen, nacionalidad, etc. Señala, por ejemplo, que el Presidente del Comité Cultural República Dominicana-Haití es haitiano y que los miembros de ese Comité colaboran para proteger los derechos de los trabajadores tanto dominicanos como haitianos.

El Sr. FAUSTO MOTA (República Dominicana) dice que todos los niños que viven en su país, incluidos los extranjeros indocumentados, están autorizados a matricularse en la educación obligatoria hasta el cuarto grado. Se están realizando considerables esfuerzos para mejorar la alfabetización, como se pone de manifiesto por el hecho de que la tasa de analfabetismo descendió del 17% en 1996 al 10,8% en 2007. Las autoridades educativas han establecido el objetivo de conseguir la alfabetización total para el año 2012.

El Sr. GARCÍA (República Dominicana) dice que no cabe duda de que la educación es la mejor manera de garantizar el desarrollo tanto económico como humano de una sociedad. En la República Dominicana, la materia de historia se enseña de la misma manera que el resto del programa de estudios, es decir, mediante un enfoque abierto, participativo y crítico. El sistema educativo se divide en tres categorías principales: educación formal, técnica/profesional y superior. Entre las medidas adoptadas para apoyar la educación superior de estudiantes extranjeros está la concesión conjunta de unas 2.000 becas por los Gobiernos dominicano y haitiano y la exención del visado, el permiso de residencia y los gastos de viaje. Las autoridades educativas han adoptado esas medidas de conformidad con el compromiso de su país de fomentar la cooperación mutua con su vecino, Haití.

La Sra. BENCOSME (República Dominicana) dice que las normas relativas a la migración entre la República Dominicana y Haití están establecidas en un acuerdo bilateral que entró en vigor en 1998. Ese acuerdo rige los mecanismos, procedimientos y disposiciones relativos al regreso de migrantes. Rechaza los informes que hablan de deportaciones masivas indiscriminadas de migrantes a Haití. Al contrario, para cada migrante se utiliza un formulario individual, que contiene una fotografía y la firma o las huellas dactilares. Cuando es necesario repatriar a menores no acompañados se actúa con mucha cautela. Hay que subrayar que todos los nacionales haitianos que solicitan la residencia en la República Dominicana la pueden obtener previa presentación de su certificado de nacimiento. Se están estudiando planes de regularización de la situación de los nacionales haitianos que han vivido en la República Dominicana durante muchos años y un procedimiento acelerado para adquirir la ciudadanía dominicana como parte de los esfuerzos orientados a garantizar el respeto de los derechos humanos.

El Sr. FERRÁN (República Dominicana) dice que no hay ningún grupo étnico o raza particular que defina a los dominicanos, porque forman una de las sociedades étnicas y raciales más mixtas del mundo. La nacionalidad dominicana se basa en una combinación de jus soli y jus sanguinis. En la República Dominicana no hay ninguna política pública de discriminación y tampoco hay ni una sola prueba que demuestre que alguna autoridad pública ha cometido esa injusticia. La discriminación no tiene el respaldo de la sociedad ni de la opinión pública. Si hay alguna discriminación, hay que atribuirla a particulares.

La Sra. de la CRUZ (República Dominicana) dice que las preguntas restantes se responderán por escrito y se transmitirán al Comité a su debido tiempo. Desea dar las gracias a las organizaciones multilaterales que han ayudado a su país a establecer una comisión interinstitucional para dar cumplimiento al Plan de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y fortalecer así los mecanismos para facilitar las actividades encaminadas a su aplicación. Una de las tareas de la comisión interinstitucional es examinar cuestiones relativas al párrafo 1) del artículo 4 de la Convención. La República Dominicana ha elaborado una metodología y establecido un presupuesto para los planes destinados a alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. La oradora agradece al Comité sus observaciones, que su Gobierno hará todo lo que esté de su parte para aplicar.

El Sr. ABOUL-NASR solicita información relativa a la población indígena de la República Dominicana.

El Sr. MURILLO MARTÍNEZ dice que uno de los resultados de la Conferencia Mundial contra el Racismo fue la reafirmación del hecho de que el racismo afecta a todos los países del mundo y que no hay ningún país inmune a ese fenómeno. Si bien podría ser cierto que no hay ninguna política estatal de discriminación en la República Dominicana, se pueden encontrar elementos de discriminación en textos legislativos y administrativos y en prácticas institucionales. Por desgracia, las manifestaciones cotidianas de racismo y discriminación racial son una realidad en todas partes. En la Conferencia Mundial también se observó que hay instrumentos, como los censos y las encuestas sobre la calidad de vida basados en la autoidentificación, que son métodos útiles que pueden utilizar los Estados para estudiar su diversidad demográfica e identificar la situación de grupos concretos.

La Sra. de la CRUZ (República Dominicana) dice que hay que tener presente que la población indígena de la República Dominicana se vio diezmada en el siglo XVI, dando lugar a la posterior importación de esclavos africanos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Aunque en la práctica podría haber algunos vestigios de prejuicio racial, que el Gobierno está tratando de eliminar, en la República Dominicana no hay ninguna polarización racial, dado que la mayor parte de la población es de ascendencia mixta.

El Sr. AVTONOMOV reitera las observaciones anteriores de los miembros del Comité de que ningún país del mundo está libre de discriminación. Los prejuicios raciales no siempre se derivan de políticas deliberadas adoptadas por los gobiernos, sino que pueden deberse a actitudes sociales o ideológicas o a circunstancias históricas, o bien pueden resurgir en un país del que aparentemente se habían erradicado. Por ello, el Estado tiene la obligación de identificar todas las formas de discriminación, incluidas las de carácter involuntario.

La PRESIDENTA dice que en un tiempo en el que aparecen constantemente nuevas formas de discriminación es importante mantenerse vigilantes. En realidad, el Comité no desea oír que no hay ninguna discriminación racial en un país particular, ya que se podría deducir que no hay suficiente sensibilización sobre el problema, especialmente si se da en sus formas más sutiles. Insta a la delegación a que realice una labor de autoexamen a fin de reflexionar sobre la medida en que las realidades de la vida diaria de la República Dominicana guardan relación con las cuestiones que ha planteado el Comité. Da las gracias a la delegación por su participación en lo que ha sido un diálogo fructífero y espera que el Estado prosiga el diálogo con regularidad.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

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