Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

78 º período de sesiones

Acta resumida de la 2065 ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 23 de febrero de 2011, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Kemal

Sumario

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estadospartes de conformidad con el artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 18º a 20º de España

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estadospartes de conformidad con el artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 18º a 20º de España (CERD/C/ESP/18-20; CERD/C/ESP Q/18-20; HRI/CORE/ESP/2010)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de España tom a asiento a la Mesa del Comité.

2.El Sr. Garrigues (España) dice que el compromiso de España con la promoción y defensa de los derechos humanos está clara y expresamente recogido en la Constitución de 1978. La actuación de los organismos públicos españoles se basa en el respeto de las diferencias y la búsqueda de la integración, por la convicción de que todos los seres humanos deben poder ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones. El Plan de Derechos Humanos aprobado en diciembre de 2008 se sostiene en los principios de igualdad y no discriminación. El orador destaca el compromiso de España con el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del sistema de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas y dice que su país participa activamente en el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos y que el alto nivel de la delegación es coherente con la prioridad que el Gobierno de España atribuye a la lucha para la erradicación de todas las formas de discriminación racial.

3.El Sr. Salama (España) introduce los informes periódicos 18º a 20º de su país, presentados en un documento único (CERD/C/ESP/18-20), y dice que las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos se han integrado en el día a día de la sociedad española a través de la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la legislación y la práctica judicial y administrativa. Si bien los derechos humanos son una prioridad en la sólida democracia española, las autoridades son conscientes de que la discriminación racial tiene múltiples caras y puede surgir cuando menos se la espera, motivo por el cual España no deja de esforzarse por mejorar la protección de las minorías y prevenir, perseguir y sancionar las conductas racistas.

4.Con motivo del 30º aniversario de la aprobación de la Constitución Española, su Gobierno aprobó el Plan de Derechos Humanos, uniéndose así al reducido grupo de países que cuentan con un plan de este tipo. El Plan de Derechos Humanos constituye un sólido compromiso político que se traduce en una serie de medidas que el Gobierno de España está llevando a cabo y que seguirá impulsando en el futuro. Como parte de este Plan se están adoptando medidas legislativas para reforzar la posición jurídica del inmigrante, como la reforma de la Ley orgánica de extranjería, aprobada en 2009, que ha venido a adaptar su contenido a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la cual equipara a nacionales y extranjeros, incluso aquellos que carecen de documentación, en el disfrute de la práctica totalidad de los derechos civiles.

5.El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010) supuso un importante avance en la gestión integral de la inmigración desde la perspectiva de la convivencia y el reconocimiento de derechos. Actualmente se está elaborando un nuevo Plan Estratégico para los años 2011-2014, con una importante participación de la sociedad civil. El Plan de Derechos Humanos también recoge el compromiso del Gobierno de aprobar la Estrategia Nacional e Integral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, en cuyo desarrollo se están realizando importantes avances. Otros progresos importantes en materia de igualdad en el contexto de este Plan son el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, que se encuentra actualmente en fase de evaluación; la creación del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico; la elaboración del anteproyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación; y la aprobación del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012.

6.La Ley orgánica de educación introduce una nueva asignatura en los programas de estudios, "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos", que constituye una eficaz herramienta en la lucha contra la discriminación y la desigualdad educativa en España.

7.Se han adoptado numerosas medidas legislativas para combatir la discriminación racial, entre ellas una profunda reforma del Código Penal aprobada por Ley orgánica Nº 5/2010, que adaptó el ordenamiento jurídico español a los más elevados estándares internacionales en materia de prevención de la xenofobia y los actos ilícitos contra los extranjeros. Esta ley tipifica expresamente como delito la trata de personas, diferenciándola de los delitos contra los derechos de los inmigrantes. Además, se ha ampliado el ámbito de aplicación de la circunstancia agravante consistente en haber cometido el delito por motivos racistas, antisemitas y otra clase de discriminación contra la víctima.

8.La reforma del Código Penal sigue la línea marcada en 2009, cuando el Gobierno de España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos y puso en marcha un Plan integral contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Como resultado de la reforma del Código Penal, quienes cometan actos de trata de seres humanos podrán ser condenados a penas de prisión de hasta 18 años y las víctimas quedan expresamente eximidas de responsabilidad en cualquier delito o falta que hayan podido cometer en esa situación de explotación. También se están adoptando medidas para formar a los jueces, los magistrados y los cuerpos de policía en materia de protección de los derechos humanos, para que estén vigilantes ante cualquier incidente racista.

9.A fin de promover la libertad religiosa y la convivencia de distintas confesiones, desde 2004 la Fundación Pluralismo y Convivencia ha estado ejecutando programas culturales, educativos y de integración social de las confesiones religiosas minoritarias. Asimismo, el Gobierno se ha impuesto la obligación de crear un Observatorio sobre el pluralismo religioso en España. La completa publicación del mapa del pluralismo religioso en el país está prevista para junio de 2011.

10.El Sr. Marugán Zalba (España) dice que la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de extranjería) prevé una amplia protección de los derechos de todos los inmigrantes, tanto si están en situación regular como irregular. Muchos de los llamados derechos económicos, sociales y culturales están reconocidos en España para todas las personas, con independencia de su situación legal. Por tanto, queda plenamente protegido el derecho de los trabajadores migratorios a la atención médica, el acceso a la educación y la asistencia jurídica, así como su derecho de reunión, manifestación, libertad sindical y huelga. La reciente reforma de la Ley de extranjería señala que las administraciones públicas incorporarán el objetivo de la integración entre inmigrantes y sociedad receptora a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes. La ley también crea el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

11.Uno de los elementos fundamentales del enfoque que subyace al Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010) es la idea de que este se dirige al conjunto de la ciudadanía, tanto autóctona como inmigrada, porque la inmigración concierne a todos los miembros de la sociedad. El Plan enseña a los españoles a convivir con los inmigrantes y gestionar la diversidad, potenciando la cohesión social y equiparando los derechos y obligaciones de la población inmigrada y autóctona. Los ejes a los que en el ámbito del Plan Estratégico se han destinado mayores recursos son la educación, el empleo y la acogida. A estas tres áreas les siguen las de servicios sociales, infancia y juventud, sensibilización y codesarrollo.

12.Desde 2005 el Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes, así como al Refuerzo Educativo de los Mismos, ha permitido al Gobierno destinar 650 millones de euros a promover la integración de los inmigrantes a nivel regional y local. El Fondo se ha empleado para reforzar los servicios públicos y los programas de lucha contra el racismo y la xenofobia, impartir a los profesionales formación en materia de interculturalidad, fomentar la transferencia de conocimientos y buenas prácticas e impulsar las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las asociaciones de inmigrantes. La administración central ha firmado con cada una de las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla convenios que exigen a dichas comunidades un compromiso financiero de al menos un 30% de aportación económica sobre la cantidad recibida. Como mínimo, un 40% de la aportación se habrá de dedicar a actuaciones desarrolladas o impulsadas por las entidades locales. En el párrafo 135 del informe periódico se facilita más información sobre el Fondo.

13.Para aplicar el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración también se han concedido subvenciones a programas de integración de ONG y asociaciones de inmigrantes. Ya se ha puesto en marcha el proceso de elaboración del nuevo Plan 2011‑2014, a partir de un diálogo entre las comunidades autónomas, las entidades locales, las ONG, las asociaciones de inmigrantes y otros agentes sociales, así como académicos implicados en la integración. Basándose en los resultados del anterior Plan, el nuevo Plan se seguirá centrando fundamentalmente en la educación, el acceso al mercado laboral y la participación ciudadana, y también señalará como prioritarias la convivencia en los barrios y la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.

14.Las funciones del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia son: la promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación; la promoción de estudios e investigaciones, acciones de formación especializada y sensibilización en materia de racismo y xenofobia; la puesta en marcha de una red de información para la recopilación y el análisis de información; y la colaboración y coordinación con los distintos agentes públicos y privados, nacionales e internacionales. En el párrafo 138 del informe periódico se da información más detallada sobre la labor de este Observatorio.

15.La Estrategia Nacional e Integral de lucha contra el racismo y la xenofobia que se está elaborando como parte del Plan de Derechos Humanos se basará en la recogida de datos y el análisis del conocimiento de la situación del racismo y la xenofobia y de sus perspectivas de evolución. A tal fin, se han incorporado una serie de modificaciones en el Sistema Estadístico de Criminalidad con la intención de registrar de forma precisa y fehaciente cualquier acto susceptible de ser calificado de racista o xenófobo. También se está contemplando la posibilidad de elaborar un protocolo para la formación de funcionarios de la seguridad pública estatal que permita detener y registrar en tiempo real los comportamientos con motivaciones racistas o xenófobas. Asimismo, se está publicando con carácter anual un informe sobre la evolución del racismo y la xenofobia en España, a partir de la encuesta sobre las actitudes de la población española ante la inmigración.

16.La Estrategia incluirá igualmente la puesta en marcha de actuaciones de apoyo a las víctimas de discriminación o agresiones racistas y xenófobas. Con este fin, el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico ha puesto en marcha la Red de asistencia a víctimas de discriminación. Como parte de la Estrategia también se elaborarán planes de sensibilización a nivel regional y local con la plena participación de las autoridades locales. Además se está atrayendo la participación de las ONG y las entidades locales en las tareas de sensibilización, y en las comunidades autónomas de Andalucía y Cataluña se está llevando a cabo un proyecto subvencionado por el Gobierno basado en el diálogo intercultural y la cohesión social.

17.La Estrategia prevé la capacitación y sensibilización de muchos profesionales, entre ellos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No pudiendo obviar el papel de modelo que, por su visibilidad, desempeña la policía en relación con otras instituciones, a esta se le exige un trato imparcial en relación con los diversos grupos étnicos y culturales. Por ello, las fuerzas y cuerpos de seguridad reciben formación en materia de derechos humanos y existe una guía de recomendaciones para la formación de estos agentes a todos los niveles de servicio.

18.Las actuaciones en materia educativa son parte fundamental de la Estrategia, que trata de garantizar el acceso del alumnado inmigrante a la educación en igualdad de condiciones que los autóctonos. Se están adoptando medidas para adecuar el sistema educativo a la diversidad del alumnado.

19.Por último, la Estrategia lleva aparejado el compromiso de sensibilizar a los profesionales de los medios de comunicación para asegurarse de que comprendan el fenómeno de la inmigración y para asesorarles, principalmente mediante una Guía Práctica elaborada junto con ellos y destinada a evitar los estereotipos y los prejuicios contra los inmigrantes. Actualmente se publican informes anuales sobre la forma en que el fenómeno de la inmigración es presentado en los medios.

20.El Sr. Sola dice que desde 2004 el Gobierno ha situado como una de sus prioridades el impulso de las políticas de igualdad y la eliminación de toda forma de discriminación. España ha realizado un impulso legislativo sin precedentes que amplía el marco de libertades de sus ciudadanos mediante la adopción de numerosas medidas relativas a la violencia de género, la igualdad entre hombres y mujeres y el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras cosas. También ha ampliado su marco jurídico internacional mediante la ratificación de distintos convenios internacionales como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos.

21.En un esfuerzo por promover la igualdad entre la población española, el Gobierno ha creado el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico en virtud de la Directiva 2000/43/CE del Consejo Europeo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, y ha elaborado un anteproyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación. Como órgano establecido en el marco de esta directiva, el citado Consejo tiene la función de prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación, realizar estudios y publicar informes, independientes sobre dicha discriminación.

22.El Plan de Trabajo Plurianual del Consejo incluye la creación de una red de centros asociados de atención a las víctimas a nivel regional y local. Entre sus funciones figuran informar a las posibles víctimas de discriminación y concienciar a la opinión pública para poner fin a las prácticas discriminatorias. Todas las organizaciones que pertenecen a esta red trabajan con un método común para asistir a las víctimas e intercambiar información. Actualmente los centros ascienden a un total de 105 y se encuentran presentes en la práctica totalidad del territorio español. El Plan de Trabajo también incluye la elaboración de un estudio anual centrado en la evolución de la percepción de las víctimas de la discriminación racial o étnica, y la elaboración de un informe sobre el texto del anteproyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación.

23.Se trata de una ley integral, que contempla todos los motivos de discriminación. Será la primera ley de este tipo en el ordenamiento jurídico español. Aspira a establecer el más amplio de los marcos para la regulación del derecho a la igualdad de trato y prevé la asignación de un fiscal de sala para promover y coordinar las actuaciones penales que sancionen comportamientos discriminatorios y el establecimiento de reglas especiales en lo relativo a la carga de la prueba en los procedimientos no penales. También prevé el establecimiento de una Autoridad para la Igualdad de Trato como organismo independiente encargado de prestar apoyo a las personas que hayan podido sufrir discriminación, tramitar sus quejas o reclamaciones, realizar estudios e informes y formular recomendaciones, tareas a las que se suman otras como ejercer funciones de mediación y conciliación o instar a la actuación de las administraciones públicas competentes en los casos de discriminación. Por último, el anteproyecto se completa con un conjunto de sanciones proporcionadas y razonables que permitan una compensación real a las víctimas de discriminación.

24.El Sr. Blázquez Martín dice que el Comité siempre ha demostrado su interés por conocer la situación del pueblo gitano en España y que constituye una gran satisfacción para su país que el Comité haya constatado la positiva evolución de la situación de esta comunidad. En los últimos años el Gobierno ha tratado de promover la igualdad de trato prestando más apoyo al Tercer Sector, desarrollando programas para la detectar los casos de discriminación en los que se pudiera ver envuelta la comunidad gitana, facilitando asesoramiento y apoyo a las víctimas en los procesos de defensa de sus derechos y favoreciendo actividades de asistencia técnica y formación dirigidas a quienes participan en la lucha contra la discriminación.

25.La labor realizada por el Gobierno para promover la tolerancia y superar los prejuicios y estereotipos negativos asociados a los gitanos se ha centrado en señalar a la atención de los medios de comunicación el papel que desempeñan tanto en la difusión como en la erradicación de dichos estereotipos. En este contexto, el Gobierno apoya una publicación dirigida a sensibilizar a los periodistas sobre los problemas a que se enfrenta la comunidad gitana y la forma en que los medios de comunicación presentan a esta comunidad. También ha publicado conjuntamente una guía práctica sobre la igualdad de trato a los gitanos en los medios de comunicación y ha encargado al Instituto de Cultura Gitana que potencie la enseñanza del romanó y la cultura gitana en las escuelas.

26.En el contexto del Programa de Desarrollo Gitano, el Gobierno ha elaborado un Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012 destinado a mejorar las condiciones de vida y la situación general de esta comunidad. Han contribuido al Plan numerosos agentes, entre ellos grupos de trabajo del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, integrados por especialistas de distintos departamentos ministeriales. El Plan se divide en ocho áreas de actuación: ciudadanía, igualdad de trato y no discriminación, educación, empleo, acción social, salud, vivienda, cultura y población gitana en la agenda política europea.

27.El Programa de Desarrollo Gitano se encarga de la coordinación entre todas las administraciones públicas, la asignación de fondos y la adopción de medidas concretas para proteger los derechos por los que pregunta este Comité. Asimismo, presta asistencia financiera tanto a proyectos de intervención social, destinados a promover la participación de la comunidad gitana en la vida de las comunidades autónomas, como a ONG que trabajan con dicha comunidad.

28.En 2006 el Programa puso en marcha la iniciativa "Acceder" para facilitar el acceso de la población gitana al mercado de trabajo. Como resultado, en junio de 2010 habían encontrado trabajo 40.000 gitanos. Además de proporcionarse financiación para que la comunidad gitana acceda a viviendas, en el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación se han adoptado medidas para rehabilitar barrios degradados y se han financiado actuaciones para erradicar el chabolismo. Estudios recientes han puesto de manifiesto una notable mejoría en los niveles de absentismo escolar de los gitanos: cerca del 95% de los niños de esa etnia empiezan la escuela a la edad adecuada y en torno al 90% está en la clase que le corresponde por su edad. En los últimos 15 años se ha avanzado enormemente en materia de absentismo escolar y de resultados académicos. Su delegación señala con satisfacción que la mayoría de las familias gitanas se han dado cuenta del valor de la educación y animan a sus hijos a completar los estudios secundarios.

29.El Sr. Santamaría observa que la educación es una herramienta fundamental para la promoción del respeto, la comprensión y la mutua tolerancia y dice que su Gobierno entiende como prioridad de su política educativa la lucha contra la discriminación y la desigualdad. La Ley de educación establece los principios básicos por los que se rige la lucha contra la discriminación y la desigualdad en el sistema educativo español. Confiere los mismos derechos y responsabilidades a alumnos españoles y extranjeros, prevé acciones de compensación educativa para contrarrestar los efectos de las situaciones de desventaja social, favorece la incorporación al sistema educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, exige el desarrollo de programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar la integración de los alumnos en la sociedad española, reconoce la importancia de la pluralidad y la interculturalidad en la enseñanza primaria, entiende que la inclusión constituye el primer paso hacia la equidad, y prevé la necesidad de una atención educativa diferente y de integrar a los alumnos de incorporación tardía.

30.Con esta ley también se pretenden compensar las desigualdades en materia de educación a que se ven expuestos los grupos o personas en situaciones desfavorables mediante mecanismos estatales de compensación, facilitando a dichas personas apoyo educativo y financiero. En lo que se refiere a los procesos de admisión de alumnos en los centros escolares sostenidos con fondos públicos, la Ley de educación garantiza un sistema eficiente en el que la gran mayoría de las solicitudes que se cursan en primer lugar son atendidas. Por principio, el procedimiento de admisión no discrimina, pero solo pueden admitirse tantos alumnos como plazas haya.

31.Asimismo, de conformidad con las recomendaciones de la Unión Europea sobre una educación que fomente una ciudadanía democrática, la Ley de educación de España ha introducido en el sistema educativo la materia denominada "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos". Esta área formativa representa un elemento esencial para la promoción de la cohesión social y el respeto de la diversidad y para concienciar sobre el valor de la educación. Según lo dispuesto en la ley, se imparte en los diferentes cursos de la educación primaria y secundaria.

32.Consciente de la necesidad de promover tanto la equidad como la excelencia académica en las escuelas españolas, el Ministerio de Educación ha liderado un conjunto de acciones orientadas a la consecución de un Pacto Social y Político por la Educación, pero la falta de acuerdo político ha impedido su firma. Aun así, sus 12 objetivos se han utilizado como base del Plan de Acción 2010-2011 para la educación española. El Plan pretende mejorar la educación de todos los estudiantes en cualquier nivel del sistema educativo y opera según los principios de igualdad y no discriminación. Se hace especial hincapié en la excelencia académica, la equidad, la dimensión social de la educación, el reconocimiento de los docentes y la diversidad cultural, entre otros elementos.

33.El Ministerio de Educación, tras identificar las áreas comunes abarcadas por los objetivos del Plan de Acción, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración y el Plan de Derechos Humanos, tiene previstas medidas para promover la inclusión e integración en todas las áreas de la educación. Entre esas medidas figuran la incorporación gradual de un componente de derechos humanos a la fase inicial de la capacitación de los maestros y unos criterios de evaluación más estrictos para quienes aspiran a convertirse en maestros de primaria. Se espera que un máster en derechos humanos también ayude a garantizar que quienes deseen dar clase en institutos públicos, centros de formación profesional y escuelas de idiomas reciban una formación adecuada en materia de derechos humanos.

34.El Sr. Calí Tzay (Relator para el país) valora positivamente la manifiesta determinación de España de combatir todas las formas de discriminación. Sin embargo, la afirmación del Estado parte de que en la preparación de sus informes periódicos han participado numerosas ONG contrasta enormemente con las acusaciones formuladas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de que el Gobierno no consultó ni al Defensor del Pueblo, ni a los órganos regionales de derechos humanos ni a la Fiscalía General del Estado ni a ninguna organización de la sociedad civil.

35.La piedra angular del marco jurídico de lucha contra la discriminación es la Constitución de 1978, en la que se establece como valor supremo el principio de igualdad entre todas las personas sin discriminación de ningún tipo. Citando artículos de la Constitución y de la Ley de extranjería en los que se detallan los derechos y libertades de los extranjeros en España, el orador destaca la definición de actos discriminatorios que figura en el artículo 23 de dicha ley: "… todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural".

36.El orador valora los acuerdos alcanzados por España con Rumania, el Senegal y Marruecos para la protección y repatriación de los menores no acompañados, pero pregunta qué les pasa a dichos menores si proceden de Estados que no han firmado ningún acuerdo de este tipo con el Estado parte. También pregunta si el artículo 610 de la Ley Nº 11/2003 sobre el delito de genocidio se aplica a los extranjeros que hayan cometido este tipo de delitos en sus propios países o solo a las personas que planifiquen esos actos en el territorio del Estado parte.

37.En cuanto a la utilización de la palabra "autóctonos" en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010), el orador entiende que la palabra hace referencia a los nacionales españoles. El Plan se basa en "el principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrada y autóctona…", pero el orador se pregunta si hay alguna ley que garantice la igualdad y la integración de los extranjeros y el respeto de sus derechos, y cómo pueden explicarse los actos de racismo y xenofobia sufridos por inmigrantes en el Estado parte.

38.El Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado han detectado graves irregularidades de procedimiento que hacen difícil a los extranjeros internados en centros de detención ponerse en contacto con asesores jurídicos, jueces, fiscales, familiares o intérpretes. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado reiteradamente casos de tortura y maltrato a manos de la policía. Según la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de los más de 16.500 extranjeros que se encontraban en 9 centros de internamiento en 2009 solo se expulsó del Estado parte a algo menos de 9.000. Parece que se está exagerando una leve infracción administrativa y está de acuerdo con la Asociación en que internar a personas durante hasta 60 días por esa infracción es ilegal, discriminatorio e injusto. También quiere saber qué les ha pasado a las personas internadas que no se expulsó del país, a cuántas se ha expulsado en 2010 y cuáles eran sus nacionalidades. No compete al Comité formular observaciones sobre el derecho legítimo del Estado parte a controlar la migración en su país, pero el orador se pregunta si la delegación no encuentra estas medidas desproporcionadas e incompatibles con el artículo 5 de la Convención. Se han denunciado igualmente casos de personas que permanecieron retenidas aun sabiéndose desde el principio que no se las iba a poder expulsar. El orador pregunta al Estado parte si se ha planteado la posibilidad de indemnizar a esas personas por el daño psicológico irreparable y las pérdidas económicas que ello les haya podido causar.

39.El Defensor del Pueblo y otras organizaciones de la sociedad civil denunciaron las condiciones inhumanas de los centros de detención. El orador pregunta si el Estado parte ha adoptado medidas para garantizar que en esos centros se respeten la dignidad humana y el bienestar físico y psicológico de los detenidos.

40.En los informes se señala que en España viven y trabajan más de 1 millón de inmigrantes ilegales. El orador pregunta si el Estado parte se plantea adoptar medidas para regularizar su situación. Expresa la esperanza de que no siga el ejemplo de la Unión Europea de ampliar a 180 días el plazo máximo de detención de los inmigrantes ilegales a los que se encuentre sin documentos o, lo que es peor, el de Italia y los Países Bajos, que han tipificado como delito la entrada ilegal en su territorio.

41.Aunque el Estado parte no aplica una política discriminatoria, el derecho de los extranjeros a acceder en condiciones de igualdad a servicios públicos, vivienda, trabajo, atención de la salud y educación se ve menoscabado por actos de xenofobia de la sociedad española. Algunos agentes de policía han ordenado redadas en distritos en los que la mayoría de los habitantes son inmigrantes para poder pedirles documentos de identificación. Se han establecido perfiles de inmigrantes en los que se da por hecho, prácticamente con absoluta certeza, que determinado tipo de inmigrantes está en España de forma ilegal. El orador pregunta qué está haciendo el Estado parte para erradicar estas prácticas.

42.El Relator aplaude el Plan de Derechos Humanos del Estado parte y observa que el Gobierno de España tiene previsto nombrar una comisión, integrada por miembros del Ejecutivo, la sociedad civil y la oficina del Defensor del Pueblo, para supervisar su aplicación, pero pide a la delegación que facilite más detalles sobre la forma que adoptará el seguimiento de dicho Plan.

43.La importancia del Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones de España es clara, dados los problemas de entendimiento existentes entre la sociedad española y la población árabe que vive en el país. De hecho, los actos de racismo observados en España a menudo contradicen las buenas intenciones expresadas por el Estado. El orador cita eslóganes xenófobos que ha encontrado en sus investigaciones sobre el Estado parte y dice que un partido político en particular hace campaña sobre una plataforma antiinmigración, culpando en gran parte a los inmigrantes de las actuales dificultades económicas que atraviesa el país. También expresa sorpresa por la cantidad de artículos sobre racismo que aparecen en la prensa española y por que algunos periodistas expresen ideas racistas. Pregunta qué medidas legales está adoptando el Estado parte para combatir esta propaganda racista y por qué no prohíbe la expresión pública de opiniones racistas y xenófobas. ¿Considera más importante el Estado parte la libertad de expresión?

44.El orador celebra que, en el marco del Plan, se haya introducido una asignatura obligatoria sobre ciudadanía y derechos humanos en las escuelas y los institutos, brindándose así a los alumnos en edad escolar la oportunidad de aprender sobre sus derechos y obligaciones.

45.En cuanto al plan del Estado parte para combatir la trata de seres humanos, expresa preocupación por la distinción establecida entre dicha trata y el transporte de inmigrantes ilegales y dice que, en determinadas circunstancias, ese transporte podría fácilmente desembocar en trata: los inmigrantes ilegales podrían verse obligados a trabajar o incluso ser explotados sexualmente por las personas a las que pagan por transportarlos.

46.El Relator no está de acuerdo con la opinión expresada por la delegación de que elaborar estadísticas demográficas desglosadas por raza o etnia contribuya a la discriminación. Considera, por el contrario, que no elaborar esas estadísticas no hace sino contribuir a enmascarar el racismo y los actos de discriminación racial, y se pregunta por qué el Estado parte no elabora estadísticas del origen racial o étnico de los extranjeros o los nacionales españoles pero sí de la población gitana que vive en España. Las organizaciones de gitanos reconocen que el Estado parte ha realizado una considerable labor para mejorar su situación pero sigue existiendo preocupación por el fenómeno de las chabolas. El orador pregunta qué medidas ha adoptado el Estado parte para frenar el chabolismo y si la destrucción de las chabolas podría incidir negativamente en la cultura gitana. También desea saber si el Estado parte tiene previsto adoptar medidas para mejorar el bajo nivel educativo de los gitanos, y en particular de las gitanas.

47.El orador encomia la gran cantidad de leyes de lucha contra la discriminación aprobadas en los últimos años, y especialmente la modificación del Estatuto de los Trabajadores para consagrar como derecho de la mujer trabajadora "el respeto de su intimidad y la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo". Sin embargo, se ha informado al Comité de que las trabajadoras extranjeras rara vez presentan denuncias de violencia o acoso sexual por miedo a ser expulsadas del país. Pregunta si en esos casos la expulsión es sistemática o si depende de la interpretación que las autoridades hagan de la legislación pertinente.

48.Aunque valora positivamente las disposiciones en que se reconoce como "circunstancia agravante de la responsabilidad criminal la comisión del delito por, entre otros, motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación por motivos de raza o etnia", el orador lamenta que no solo las víctimas, sino también los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desconozcan en gran medida las leyes existentes en materia de lucha contra la discriminación y la forma en que deben aplicarse en los casos de discriminación racial. Pregunta a la delegación qué está haciendo el Estado parte para capacitar a los agentes del orden acerca de las leyes contra el racismo.

49.Por último, pregunta a la delegación qué ha querido decir al afirmar que el Estado parte está experimentando una "nueva realidad social".

50.El Sr. Avtonomov dice que la delegación ha hecho referencia a una serie de proyectos de ley sobre, por ejemplo, la igualdad de trato o la no discriminación, que se están elaborando en la actualidad. Al Comité le gustaría saber más sobre la fase de aprobación en que se encuentran.

51.Parece que el número de extranjeros detenidos en Cataluña y en Andalucía es superior, por término medio, al del conjunto de España y pregunta si la delegación puede explicar el motivo.

52.El orador tiene sus reservas acerca de la opinión expresada por el Gobierno en el párrafo 72 del informe de que disponer de estadísticas del número de personas de cada raza o etnia contribuye a su discriminación. Los datos estadísticos podrían analizarse para determinar qué grupos son particularmente vulnerables y detectar si existe discriminación estructural. Entre las áreas en las que podría evaluarse esa posible discriminación figuran el empleo, la matriculación escolar, la esperanza de vida y los niveles de ingresos. Por otro lado, sí se han facilitado cifras detalladas sobre las circunstancias económicas y sociales de los gitanos.

53.La oficina del Defensor del Pueblo contribuye de forma considerable al cumplimiento de la Convención por el Estado parte. Sin embargo, en el documento básico (HIR/COR/1/Add.2/Rev.2) se mencionan oficinas comparables a nivel regional en Andalucía, las Islas Baleares, el País Vasco, Cataluña y otros lugares. El orador pregunta por su contribución a la resolución de los problemas que recaen dentro del ámbito de competencia de la Convención.

54.El Sr. Diaconu dice que el Estado parte ha aprobado leyes extremadamente precisas en todas las áreas abarcadas por la Convención. En particular, elogia la Ley de extranjería, que confiere una serie de derechos a los extranjeros, y las disposiciones destinadas a mejorar la imagen de los inmigrantes. La definición de discriminación racial del país se ajusta plenamente a la de la Convención. A pesar de la crisis económica, se están asignando fondos adicionales a los servicios de inmigración. También observa con interés la prohibición de la discriminación racial en las empresas privadas.

55.Los extranjeros representan más del 10% de la población de España. El orador pide más información sobre los grupos étnicos a que pertenecen. Señala que, el párrafo 89 del informe, se exige a las comunidades autónomas de Andalucía y Aragón que promuevan la integración de las minorías, incluida la comunidad gitana y pregunta a qué minorías se está haciendo referencia.

56.El Estado parte llama la atención sobre un fenómeno vinculado a las diferencias culturales que podría calificarse de "nuevo racismo" y se basa, entre otras cosas, en la supuesta superioridad de unas culturas sobre otras. El orador pregunta si esta discriminación podría producirse también, por ejemplo, en el caso de un catalán que viviera en Andalucía o en Madrid.

57.El Estado parte ha reconocido el problema de las escuelas segregadas por criterios culturales, étnicos, sociales y económicos por el gran número de alumnos inmigrantes. La Ley de educación prevé mecanismos para permitir una matriculación equilibrada en las escuelas públicas. El orador pregunta si dicha ley ha tenido efectos positivos.

58.En cuanto a la actitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado respecto de los extranjeros y los inmigrantes, en una circular policial de 2010 se preveían controles en las calles para pedir documentación a los inmigrantes y el traslado de los inmigrantes indocumentados a las comisarías de policía locales. Estas políticas conducen claramente al establecimiento de perfiles delictivos en función de la raza.

59.Las condiciones en los centros para extranjeros no cumplen lo dispuesto en la Ley de extranjería. Supuestamente se ha expulsado a mujeres por denunciar actos de violencia contra otras, en vez de dárseles el derecho a una audiencia justa.

60.El Sr. de Gouttes elogia el amplio abanico de planes destinados a combatir la discriminación en España. El Comité está deseoso de recibir más información sobre la evaluación inicial de sus efectos que realice el Estado parte.

61.La lista de delitos tipificados en el Código Penal con el fin de combatir el racismo y la intolerancia se amplió tras la entrada en vigor de la Ley orgánica Nº 11/2003. El orador pregunta si también ha aumentado el número de delitos en que el racismo podría considerarse una circunstancia agravante y si la carga de la prueba podría aliviarse en esas circunstancias o incluso invertirse en procedimientos civiles. La práctica del "testing" (pruebas de discriminación) facilita la evaluación de la existencia de prácticas discriminatorias que incidan en el acceso al empleo o a lugares públicos como hoteles, restaurantes o clubes nocturnos. El orador pregunta si el Estado parte ha aplicado esta práctica en algún momento.

62.Asimismo, pregunta por el impacto de la Ley Nº 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

63.El orador se une a otros miembros del Comité y expresa su pesar por la falta de estadísticas sobre la composición racial o étnica de la población, estadísticas necesarias para poder controlar de manera eficaz la existencia de posibles casos de discriminación.

64.En el informe se citan sentencias de algunos tribunales españoles basadas en la legislación penal sobre lucha contra la discriminación racial, pero no se dan cifras a nivel de todo el país sobre las denuncias, los procesamientos, las condenas o las reparaciones. La Recomendación general Nº 31 del Comité ha dejado claro que un escaso número de denuncias no es necesariamente algo positivo, puesto que las posibles víctimas tal vez desconozcan sus derechos, tengan miedo al estigma social, se vean disuadidas por el coste de los procedimientos legales o no confíen en la policía. También puede ser que la propia policía desconozca la existencia de esos delitos.

65.En el informe no se facilitan cifras sobre la cantidad de detenidos no nacionales o de miembros de minorías étnicas o grupos raciales en centros de reclusión. El orador vuelve a llamar la atención sobre las disposiciones de la Recomendación general Nº 31 relativa a la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal.

66.En lo que respecta a las denuncias de maltrato y discriminación por parte de la policía, observa con sorpresa que España no se haya mostrado dispuesta a aceptar la recomendación dimanante del examen periódico universal relativa al establecimiento de un mecanismo independiente de quejas contra la policía. El orador pide a la delegación que explique a qué se debe la oposición del Estado parte a aceptar dicha recomendación.

67.Al Comité le interesaría saber si España puede proponer alguna solución al grave problema humanitario de los refugiados y los solicitantes de asilo que arriesgan su vida para llegar a ese país por vía marítima, especialmente desde el norte de África.

68.El Estado parte hace referencia en su informe a la elevada concentración de alumnos inmigrantes en las escuelas públicas de zonas socialmente desfavorecidas y al riesgo de segregación. El orador espera que las medidas adoptadas para combatir este problema hayan demostrado ser eficaces.

69.El "nuevo racismo" que se describe en el párrafo 195 exige claramente una nueva estrategia de lucha contra el racismo. Al Comité le gustaría saber cuáles son las perspectivas de dicha estrategia.

70.El Sr. Murillo Martínez se une a otros miembros del Comité para pedir información adicional sobre la población carcelaria. Determinados grupos étnicos y raciales parecen estar desproporcionadamente representados en los centros de internamiento.

71.Al orador también le interesaría escuchar las observaciones de la delegación sobre el presunto establecimiento de perfiles raciales en el contexto de los requerimientos de identificación.

72.Se han adoptado numerosas medidas encomiables de lucha contra el racismo y la discriminación racial, y aprobado un amplio abanico de leyes sobre la igualdad de trato. Sin embargo, se ha recibido información de que el efecto práctico de esas medidas deja mucho que desear. El orador invita a la delegación a manifestarse al respecto.

73.Reconociendo los esfuerzos realizados por el Estado parte para ayudar a los afrodescendientes de muchos países de América Latina, pregunta si España tiene previsto algún plan especial para 2011 con ocasión del Año Internacional de los Afrodescendientes.

74.El Sr. Amir se une a otros miembros del Comité para pedir al Estado parte que facilite datos demográficos desglosados, a ser posible por región, en sus futuros informes. Estos datos podrían contribuir a aclarar el fenómeno del "nuevo racismo" que se menciona en el informe.

75.El tema de la libre circulación se está haciendo especialmente acuciante, sobre todo entre los países de las costas norte y sur del Mediterráneo.

76.El orador pregunta si el pueblo español aprecia la contribución árabe y judía al conjunto de la civilización española y europea en los siglos VIII y IX.

77.El Sr. Lindgren Alves expresa su firme apoyo al Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones de España.

78.Asimismo se muestra impresionado por la cantidad de planes de acción sobre inmigración y racismo y aguarda con interés información sobre su efecto.

79.Destaca que la situación de los gitanos en España es muy distinta a la de los romaníes en otros países europeos y dice que los gitanos se han integrado plenamente en la cultura española.

80.El orador leyó recientemente un artículo en el periódico brasileño El Globo sobre la forma en que los brasileños son tratados por las autoridades españolas en el aeropuerto de Barajas de Madrid. Al parecer, los requerimientos de identificación son sumamente estrictos e incluso se ha llegado a hostigar a profesores universitarios que viajaban a España para asistir a seminarios.

81.El Sr. Lahiri dice que, cuando la situación económica de un país se deteriora y las personas tienen que hacer frente al desempleo, estas tienden a volverse contra la inmigración y los inmigrantes. Sin embargo, no le cabe duda de que el Gobierno español hará frente a esta situación de forma eficaz y se asegurará de que el país vuelva a situarse lo antes posible a la cabeza del desarrollo europeo.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.