En las clínicas de salud sexual y reproductiva, todos los hombres y mujeres son atendidos y evaluados de manera individualizada por un miembro del personal capacitado en atención de la salud sexual y reproductiva, y se les ofrece asesoramiento, tratamiento o pruebas apropiadas. Una vez que se ha realizado una evaluación inicial, el paciente puede ser remitido directamente a un hospital o a otra clínica, si es necesario (por ejemplo, a una clínica de medicina genitourinaria para someterse a pruebas de enfermedades de transmisión sexual, si no estuvieran disponibles en el primer centro).
En todos los Fondos, las clínicas de salud sexual y reproductiva ofrecen una amplia gama de servicios de anticoncepción, incluidos los anticonceptivos de emergencia (la píldora del día siguiente). En algunos casos, las pacientes que opten por la colocación de un dispositivo intrauterino (DIU) pueden ser remitidas a otro centro, en función de las limitaciones de tiempo y la disponibilidad de personal capacitado. También se ofrece orientación para otros servicios, como la Asociación de Planificación Familiar (APF) en caso de embarazos no planeados. Todos los servicios de anticoncepción son gratuitos. Varios Fondos ponen intérpretes a disposición de todos los pacientes que los necesitan, por ejemplo, a los hablantes de lituano, polaco, tetum (Timor-Leste), portugués y rumano.
Además, el Gobierno del Reino Unido ha introducido un plan que permite a las mujeres con dificultades financieras someterse a abortos gratuitos en Inglaterra y establece que el proveedor de servicios organice todos los viajes y cubra los gastos conexos. Por tanto, el procedimiento se realizará sin costo alguno.
“e)10 y 12, por no proteger a las mujeres frente al acoso de los manifestantes contra el aborto cuando ellas tratan de acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva”.
El Ombudsman de la Policía de Irlanda del Norte, un órgano establecido por ley como órgano independiente, recibe y estudia las denuncias de conducta indebida de agentes de policía, incluida la presunta pasividad.
El Comité considera que el hecho de no combatir los estereotipos que representan a las mujeres principalmente como madres exacerba la discriminación contra ellas y constituye una violación del artículo 5, leído conjuntamente con los artículos 1 y 2 de la Convención ( véase CEDAW/C/OP.8/GBR/1 , párr. 74).
No se puede responder a esta declaración sin las presuntas pruebas materiales que apoyen la afirmación formulada en el informe.
El Comité considera que el Estado parte no ha dado prioridad a la prevención de embarazos no planeados mediante la prestación de servicios de educación sexual de calidad. El hecho de que no haya supervisado el criterio que siguen las escuelas a la hora de aplicar el plan de estudios en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva para velar por que se base en datos empíricos y abarque el uso de métodos anticonceptivos, el aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, es una violación del artículo 10 h) de la Convención (véase CEDAW/C/OP.8/GBR/1 , párr. 76).
El decreto de educación de Irlanda del Norte de 2007 relativo al contenido mínimo del plan de estudios especifica el contenido mínimo para cada área de aprendizaje del plan de estudios en las etapas clave. Los maestros tienen bastante flexibilidad para seleccionar, dentro de esas áreas, los aspectos que consideren apropiados en función de la capacidad y los intereses de sus alumnos. Aunque el Consejo de Programas de Estudio, Exámenes y Evaluación (CCEA) facilita orientación a las escuelas, no interviene en lo que respecta al contenido real de la enseñanza y el aprendizaje, ya que eso es competencia de cada centro escolar. El carácter consultivo y discrecional del asesoramiento relacionado con el plan de estudios en Irlanda del Norte es un rasgo fundamental de su sistema, sobre todo con respecto a los temas que no se examinan públicamente, como la educación en materia de relaciones y sexualidad.
El Comité considera que el Estado parte es responsable de lo siguiente (véase CEDAW/C/OP.8/GBR/1 , párr. 83):
“a)Graves violaciones de los derechos reconocidos en la Convención, teniendo en cuenta que la legislación penal del Estado parte obliga a las mujeres a continuar con el embarazo hasta el final en caso de anomalía mortal del feto o si son víctimas de violación o incesto, siendo sometidas a un intenso sufrimiento físico y una enorme angustia, lo que constituye violencia de género contra la mujer; y
b)Violaciones sistemáticas de los derechos reconocidos en la Convención, teniendo en cuenta que el Estado parte tipifica deliberadamente el aborto como delito y aplica una política sumamente restrictiva con respecto al acceso al aborto, lo que obliga a las mujeres a:
i)Continuar con el embarazo hasta el final;
ii)Viajar fuera de Irlanda del Norte para someterse a un aborto legal; o
iii)Autoadministrarse sustancias abortivas”.
Por las razones expuestas, el Gobierno del Reino Unido no acepta que las mujeres de Irlanda del Norte hayan sido objeto de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos reconocidos en la Convención.
Conclusión
Las conclusiones y recomendaciones del Comité que se centran en cambios en la legislación penal sobre el aborto no pueden abordarse sin un órgano legislativo con competencia para dictar leyes sobre esas cuestiones en Irlanda del Norte. Se proporcionará una respuesta sustantiva a las conclusiones y recomendaciones que figuran en el informe del Comité cuando se hayan establecido las estructuras políticas para autorizar y aprobar la respuesta.
Enmiendas a los datos
Deseamos también señalar tres cuestiones más sobre la exactitud de los datos incluidos en el informe del Comité:
a)Párrafo 14: La segunda oración es incorrecta. No se proporcionaron directrices en 2013, sino que se realizó una consulta sobre el proyecto de directrices. Se proporcionaron directrices en 2016;
b)Párrafo 17: El Fiscal General no envió una circular a todos los hospitales para verificar la legalidad de los abortos. La Oficina del Forense ha informado de que este no emitió una directiva en 2015 sobre la cuestión. El Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte dictaminó en 2013 que los niños nacidos muertos eran competencia del Forense al tratarse de “personas fallecidas”;
c)Párrafo 18: El proyecto de directrices de 2013 nunca se publicó. Se realizó una consulta al respecto. Las directrices actuales señalan de manera precisa la posición jurídica.