Lista de cuestiones y preguntas relativa al décimo informe periódico de Guatemala *
Divulgación de la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité
El Estado parte describió en su informe la Estrategia de Seguimiento a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para el período 2018-2021, que incluía la creación de mecanismos de seguimiento y actividades de fomento de la capacidad en materia de derechos humanos y derechos de la mujer para la judicatura, el órgano legislativo y la Corte de Constitucionalidad (párrs. 6, 8 y 9). Sírvanse proporcionar información sobre los siguientes aspectos:
a)Las medidas adoptadas para crear conciencia, específicamente entre las mujeres, incluidas las mujeres afectadas por la pobreza, las desplazadas internas, las mujeres Indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las mujeres que han sido deportadas al Estado parte desde terceros países, las mujeres migrantes y las mujeres de las zonas rurales, acerca de los derechos que las asisten en virtud de la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité, y en particular los pasos que se han dado para traducir la Convención a las lenguas Indígenas y para que esté disponible en formatos accesibles;
b)Las sentencias judiciales en las que los jueces han remitido a la Convención, su Protocolo Facultativo o la jurisprudencia del Comité para justificar sus decisiones, por ejemplo en causas de derecho de familia, derecho penal, derecho civil y derecho laboral, así como los programas de capacitación dirigidos a quienes trabajan en la administración de justicia en relación con la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité.
Derechos de las mujeres e igualdad de género en relación con la pandemia y las iniciativas de recuperación
Sírvanse describir las iniciativas emprendidas y los mecanismos establecidos para hacer frente a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y su repercusión a largo plazo, así como las formas de aplicarlos en la respuesta del Estado parte a las crisis actuales y futuras, tales como los conflictos armados, la inseguridad alimentaria y la crisis energética. Sírvanse facilitar información sobre las estrategias adoptadas para garantizar que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres constituyan requisitos fundamentales a la hora de abordar dichas crisis, y para elaborar respuestas adecuadas específicas, por ejemplo en forma de políticas, programas de asistencia, actividades de recuperación y consolidación del estado de derecho. Asimismo, proporcionen información sobre las medidas adoptadas para velar por la participación igualitaria y significativa de las mujeres en estos procesos, y para que estas crisis no den lugar a un retroceso de los avances realizados en la protección y promoción de los derechos de las mujeres.
Marco legislativo y definición de discriminación
De conformidad con las obligaciones contraídas por el Estado parte en virtud de los artículos 1 y 2 de la Convención y en consonancia con la meta 5.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consistente en poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, proporcionen información sobre los siguientes aspectos:
a)Las medidas que se han tomado para adoptar una definición amplia de la discriminación que proteja a las mujeres de la discriminación directa e indirecta, incluidas las formas interseccionales de discriminación, en las esferas pública y privada;
b)Las medidas legislativas y de política contra las formas interseccionales de discriminación a las que se enfrentan las mujeres;
c)Las medidas adoptadas para modificar o derogar las leyes y reglamentos discriminatorios existentes a fin de garantizar el cumplimiento de la Convención y de los tratados internacionales de derechos humanos;
d)Los recursos legales y las reparaciones que se ponen a disposición de las mujeres que son objeto de cualquier forma de discriminación por razón de género, en particular las mujeres Indígenas; las mujeres afrodescendientes; las mujeres con discapacidad; las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, las mujeres migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo; las mujeres de edad y las mujeres y niñas rurales.
Acceso a la justicia y mecanismos jurídicos de denuncia
Sírvanse proporcionar información sobre los siguientes aspectos:
a)Las medidas para acelerar y aumentar los enjuiciamientos en los casos de violencia de género contra la mujer, así como el número de condenas y las penas impuestas a los autores;
b)Las medidas concretas adoptadas para institucionalizar y ampliar un servicio público de asistencia letrada que esté debidamente financiado a fin de asegurar la representación legal de las mujeres que no dispongan de medios suficientes en los procedimientos en materia penal, civil y administrativa relacionados con la violencia de género y la discriminación;
c)Las medidas que se han tomado para elaborar una política judicial integral para la eliminación de los obstáculos institucionales, sociales, económicos, tecnológicos, de accesibilidad y de otra índole a los que se enfrentan las mujeres a la hora de acceder a la justicia y para la dotación de recursos humanos, financieros y técnicos adecuados, incluidos los ajustes razonables y procesales, así como indicadores y un mecanismo para vigilar su aplicación;
d)Los pasos que se han dado para garantizar que los jueces, fiscales y agentes de policía atiendan los casos de violencia de género y discriminación contra la mujer de un modo que tenga en cuenta las cuestiones de género, así como para ampliar la creación de capacidad obligatoria a jueces, fiscales, abogados, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y mediadores sobre los derechos de la mujer, en particular su derecho a acceder a la justicia;
e)Las medidas adoptadas para diseñar una estrategia destinada a garantizar el acceso a la justicia de los grupos de mujeres desfavorecidas y discriminadas, como las mujeres Indígenas; las mujeres afrodescendientes; las mujeres con discapacidad; las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, las mujeres migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo; las mujeres de edad y las mujeres y niñas rurales, que afronte los obstáculos lingüísticos, de accesibilidad y otros obstáculos culturales y que establezca y difunda información sobre recursos y procedimientos legales eficaces que permitan a las mujeres reivindicar sus derechos.
Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer
Sírvanse proporcionar información sobre los siguientes aspectos:
a)Las medidas adoptadas para reforzar el mandato de la Secretaría Presidencial de la Mujer y elevarla al nivel ministerial, asignarle recursos suficientes, mejorar su eficiencia operativa y garantizar la coordinación entre esta y los ministerios gubernamentales con vistas a aplicar la legislación y las políticas públicas relativas a la igualdad de género (párr. 23), a la luz de las recomendaciones anteriores del Comité (CEDAW/C/GTM/CO/8-9, párr. 15 a));
b)Las medidas encaminadas a incorporar la igualdad de género en todas las políticas sectoriales, en particular la política pública contra el racismo y la discriminación racial para el desarrollo integral de las mujeres y niñas Indígenas y afrodescendientes;
c)Los mecanismos para promover la participación de las organizaciones de mujeres, en particular de mujeres Indígenas, mujeres afrodescendientes y mujeres con discapacidad, y su consulta, en la aprobación y aplicación de políticas y programas públicos por parte de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer.
Defensoras de los derechos humanos
Según la información recibida por el Comité, se ha producido un aumento de la violencia de género, incluidos asesinatos, amenazas, intimidaciones, criminalización y ataques violentos, perpetrados contra las defensoras de los derechos humanos, en particular las periodistas, las profesionales de la justicia, las líderes comunitarias y sindicales y las mujeres Indígenas que defienden los derechos sobre la tierra y los recursos ambientales y las mujeres que defienden los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales. Sírvanse proporcionar información sobre:
a)Las medidas adoptadas para agilizar la investigación y el
enjuiciamiento de todos los actos de violencia de género, incluidos asesinatos, amenazas, intimidaciones, criminalización y ataques violentos, perpetrados contra las defensoras de los derechos humanos;
b)La situación actual del protocolo para la investigación de los delitos cometidos contra los defensores de los derechos humanos, adoptado por el Ministerio Público, aclarando si contiene un enfoque con perspectiva de género para investigar, enjuiciar y castigar las agresiones y otras formas de abuso cometidas contra las defensoras de los derechos humanos, y los resultados obtenidos hasta el momento (párr. 138);
c)Las medidas que se han tomado para concienciar sobre la importancia y legitimidad de la labor que desempeñan las defensoras de los derechos humanos y los plazos para poner en práctica tales medidas en colaboración con las defensoras de los derechos humanos.
Medidas especiales de carácter temporal
De conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité, relativa a las medidas especiales de carácter temporal, sírvanse proporcionar información acerca de las medidas especiales de carácter temporal aplicadas durante el período sobre el que se informa a fin de acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, particularmente en los ámbitos de la educación, el empleo y el empoderamiento económico. Sírvanse indicar qué pasos se han dado para aprobar medidas especiales de carácter temporal que impulsen la participación de las mujeres en el empleo formal. Asimismo, faciliten información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas para los grupos más desfavorecidos de mujeres, como las mujeres Indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las mujeres rurales, las mujeres de edad y las migrantes.
Estereotipos y prácticas nocivas
Sírvanse proporcionar información detallada sobre:
a)Las medidas adoptadas para eliminar los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, como campañas en los medios de comunicación y programas de sensibilización y educación tendientes a transmitir imágenes positivas de las mujeres como participantes activas en la vida económica, social y política, y sobre los efectos de esas medidas;
b)Las medidas adoptadas para hacer frente a los estereotipos de género discriminatorios y a las representaciones negativas de la mujer, incluidas todas las formas de cosificación de la mujer en los medios publicitarios y de comunicación, así como los resultados de dichas medidas;
c)El número de casos denunciados, enjuiciamientos y condenas, y las penas impuestas a los autores, en relación con prácticas nocivas, en particular el matrimonio precoz o forzado u otras uniones forzadas, la esterilización no consentida o forzada y el embarazo precoz o forzado, todo ello desglosado por factores pertinentes como la edad, la condición de Indígena, la ascendencia africana, la condición de migrante, el grado de discapacidad y la ubicación geográfica;
d)Los pasos que se han dado para incorporar la igualdad de género en los planes de estudios, incluidas las medidas dirigidas a los docentes, y las evaluaciones del impacto de las actividades de creación de capacidad en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género.
Violencia de género contra la mujer
La información recibida por el Comité indica una elevada prevalencia de la violencia de género contra la mujer en el Estado parte, incluidos feminicidios, desapariciones y violencia psicológica y sexual, que afecta de forma desproporcionada a las mujeres Indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres rurales, las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales. Atendiendo a la recomendación general núm. 35 (2017), sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, y a la meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destinada a eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, sírvanse facilitar información sobre:
a)Las medidas legislativas adoptadas para combatir la violencia de género contra la mujer, en particular la situación de la iniciativa de ley núm. 5511, que prevé la aprobación de una ley marco para la protección integral de las niñas víctimas de violencia sexual, y de la iniciativa de ley núm. 5890, que dispone la aprobación de una ley para prevenir, abordar y sancionar la violencia sexual y psicológica contra las mujeres en las instituciones públicas (párr. 40);
b)El estado de aplicación y los resultados obtenidos hasta ahora por el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el período 2020-2029 y su estrategia (párrs. 38 y 39);
c)Las medidas específicas que se han tomado para prevenir todas las formas de violencia de género contra las mujeres y las niñas Indígenas, las mujeres y las niñas afrodescendientes, las mujeres y las niñas con discapacidad y las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales;
d)Los pasos que se han dado para velar por el enjuiciamiento, la condena y el castigo de los autores de actos de violencia de género contra las mujeres, entre otros los de violencia sexual y violencia doméstica perpetrados durante la pandemia.
Sírvanse informar también al Comité sobre las medidas adoptadas para:
a)Prevenir la violencia de género contra la mujer en las instituciones, en particular en los centros de detención, los hospitales psiquiátricos, los centros para personas con discapacidad y los centros de menores, y asegurarse de que todos los tipos de instituciones estén supervisadas por autoridades independientes;
b)Ofrecer a las víctimas protección efectiva, rehabilitación y recursos jurídicos, incluida la indemnización;
c)Velar por que las mujeres y niñas rurales, Indígenas y afrodescendientes víctimas de la violencia de género tengan acceso efectivo a órdenes de alejamiento, albergues y asesoramiento psicosocial;
d)Recopilar datos estadísticos sobre los casos de violencia de género contra la mujer, desglosados por tipo de violencia de género, edad, origen étnico, discapacidad y relación entre el autor y la víctima, y sobre el número de enjuiciamientos, condenas, y las penas impuestas a los autores;
e)Ofrecer información accesible para las mujeres con discapacidad acerca de los recursos jurídicos y reparaciones a disposición de quienes han sido objeto de violencia de género;
f)Ampliar la cobertura de los albergues para las mujeres y niñas supervivientes de la violencia doméstica y otras formas de violencia de género, incluidas las mujeres con discapacidad. Sírvanse incluir información sobre el número y la accesibilidad de los albergues y el apoyo disponible para las supervivientes.
Trata y explotación de la prostitución
Sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas para:
a)Prevenir y eliminar la trata de personas, en particular la trata de mujeres Indígenas, mujeres afrodescendientes y mujeres del medio rural para fines de trabajo forzoso y explotación sexual, incluidas las campañas de sensibilización y redes comunitarias que hacen frente a los mayores riesgos que corren las niñas de zonas marginadas y rurales, y las que se encuentran en riesgo de sufrir la violencia de género o ser objeto de matrimonio infantil o forzado;
b)Mejorar la cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, de tránsito y de destino a fin de prevenir la trata de mujeres y niñas, mediante el intercambio de información y la armonización de los procedimientos legales para enjuiciar y sancionar a los responsables;
c)Desarrollar la capacidad del poder judicial y la policía para investigar, enjuiciar y castigar a los autores de delitos de trata de mujeres y niñas y explotación de la prostitución de una forma eficaz y que tenga en cuenta las cuestiones de género;
d)Garantizar la protección de las mujeres y niñas que han sido víctimas de la trata y proporcionarles acceso gratuito e inmediato a albergues especializados, atención sanitaria, asesoramiento psicosocial, asistencia jurídica y servicios de rehabilitación y reintegración.
Atendiendo a las recomendaciones anteriores del Comité (CEDAW/C/GTM/CO/8-9, párr. 25 b)), sírvanse proporcionar información sobre la situación de la investigación de las denuncias de abuso y trata en la institución residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y sobre las medidas tomadas para llevar ante la justicia a los responsables de las muertes y lesiones de las niñas y para evitar la impunidad y que se repitan tales delitos.
Participación en la vida política y pública
Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los cargos electos, en el Gabinete y en los puestos decisorios del poder ejecutivo y del legislativo, y solo el 3 % de los alcaldes son mujeres (párrs. 124 a 126). A la luz de las recomendaciones generales núm. 25 y núm. 23 (1997) sobre la mujer en la vida política y pública, sírvanse describir las medidas adoptadas para:
a)Aumentar la representación de las mujeres en la vida política y pública y establecer cuotas que garanticen la paridad y la alternabilidad, y para modificar en consecuencia la Ley Electoral y de Partidos Políticos (párr. 134);
b)Promover a candidatas en las elecciones locales, proporcionarles capacitación sobre las campañas políticas, facilitar la recaudación de fondos para sus campañas y promover a mujeres en los puestos de liderazgo de los partidos políticos y en el seno de sus comunidades;
c)Adoptar objetivos y plazos concretos, incluso para las mujeres pertenecientes a minorías, por ejemplo, mediante cuotas estatutarias en el Parlamento, los partidos políticos, la administración pública y el servicio exterior y los altos cargos del Gobierno. Sírvanse explicar detalladamente, y por medio de datos, los resultados obtenidos;
d)Medir los resultados de la versión revisada y actualizada de la Política de Equidad de Género y del protocolo para abordar la violencia contra las mujeres en el ámbito político-electoral (párr. 135).
Educación
Sírvanse proporcionar información sobre los siguientes aspectos:
a)Las medidas adoptadas para garantizar entornos educativos seguros e infraestructuras de calidad, además de prevenir la violencia y el acoso de camino a la escuela o en ella;
b)La tasa de matriculación de niñas y mujeres en todos los niveles educativos, desglosada por ubicación (urbana y rural), pertenencia a un grupo Indígena o afrodescendiente, situación de discapacidad y condición de migrante o refugiada;
c)La tasa de abandono escolar entre las niñas, durante los últimos cinco años, indicando cómo hace frente el Estado parte al abandono escolar debido a factores como la pobreza, el embarazo infantil, la concurrencia de obligaciones domésticas y de cuidados y la contratación de niñas como trabajadoras domésticas;
d)La repercusión del acuerdo "Prevenir con Educación" del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes en Guatemala para el período 2018-2022 (párrs. 215 y 291);
e)Las medidas que garantizan la educación obligatoria y adecuada a la edad sobre salud y derechos sexuales y reproductivos en todos los niveles de enseñanza, entre otros aspectos sobre el comportamiento sexual responsable y los anticonceptivos modernos;
f)Las decisiones profesionales tomadas por las mujeres, desglosadas por edad y ubicación (urbana o rural), y las medidas adoptadas para alentar a las mujeres y las niñas a optar por ámbitos de estudio no tradicionales, como las tecnologías de la información y las comunicaciones y la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Empleo
Habida cuenta de la preocupación expresada por el Comité en sus observaciones finales sobre el anterior informe periódico del Estado parte (CEDAW/C/GTM/CO/8‑9, párr. 34) acerca de la discriminación contra la mujer en el empleo, la falta de protección social y laboral que padecen las mujeres, debida a la precariedad de su trabajo en la agricultura, la industria maquiladora y la producción local de alimentos, y la segregación de la mayoría de las mujeres en las ocupaciones peor remuneradas, en particular en el trabajo informal, como en el servicio doméstico, sírvanse facilitar información sobre:
a)Las medidas adoptadas para promover el acceso al empleo formal de las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, las mujeres Indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres migrantes y que regresan;
b)Los avances en la aplicación de la Política Nacional de Empleo Digno para 2017-2032 (párr. 175) y del Decreto núm. 20-2018 (Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento), en particular en lo que respecta a las mujeres (párr. 176);
c)Los recursos jurídicos de que disponen las mujeres víctimas de la violencia sexual en el lugar de trabajo para presentar denuncias y obtener reparación, y los pasos que se han dado para aprobar la Iniciativa de Ley núm. 5658 (Ley contra el Acoso Callejero y Otras Formas de Violencia contra la Mujer), que prevé la adición de un párrafo ñ) sobre la violencia laboral al artículo 3 del Decreto núm. 22-2008 (Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer) (párr. 193);
d)Los pasos que se han dado para ratificar el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189), el Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (núm. 190) y el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183) de la Organización Internacional del Trabajo;
e)Las medidas que se han tomado para garantizar la protección social de las mujeres que trabajan en la economía informal, incluido el reconocimiento de la licencia de maternidad, la licencia de enfermedad con goce de sueldo y las pensiones por discapacidad y de jubilación, y la protección contra las enfermedades laborales de quienes trabajan en los sectores agrícola, industrial, pesquero y de los servicios;
f)Las iniciativas para promover el reparto equitativo de las responsabilidades familiares y domésticas entre las mujeres y los hombres y proporcionar servicios asequibles de cuidado infantil y prestaciones para las trabajadoras que son cabeza de familia.
Salud
Habida cuenta de la información recibida por el Comité acerca de la penalización del aborto en todos los supuestos, salvo en caso de amenaza para la vida o la salud de la mujer embarazada, los obstáculos para el acceso de las mujeres Indígenas y afrodescendientes a información y servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, y la creciente prevalencia del VIH/sida entre las mujeres y la transmisión maternoinfantil del VIH, sírvanse proporcionar información sobre:
a)Las medidas adoptadas para legalizar el aborto al menos en los casos de violación, incesto y malformación grave del feto, además de si existe amenaza para la vida o la salud de la mujer embarazada, y despenalizar del aborto en todos los demás casos;
b)Las medidas adoptadas para crear conciencia acerca de los métodos anticonceptivos modernos y garantizar el acceso de las mujeres y las adolescentes a métodos anticonceptivos seguros y asequibles, en particular en las zonas rurales y remotas;
c)Los resultados y la repercusión del acuerdo "Prevenir con Educación" y el estado del Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Sida (párrs. 215 y 219);
d)La ejecución y el presupuesto asignado a los programas de salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social relacionados con las infecciones de transmisión sexual, el VIH/sida, la mortalidad materna, las mujeres en edad fértil y la parálisis flácida aguda (párr. 226).
Mujeres rurales, Indígenas y afrodescendientes
Recordando la recomendación general núm. 34 (2016), sobre los derechos de las mujeres rurales, y el proyecto de recomendación núm. 39, sobre los derechos de las mujeres y las niñas Indígenas, sírvanse indicar las medidas adoptadas para:
a)Mejorar el acceso de las mujeres y niñas del medio rural, las mujeres y niñas Indígenas y las mujeres y niñas afrodescendientes a servicios básicos, como la atención sanitaria, los servicios de planificación familiar, el agua, la educación, la protección social en los sectores formal e informal, la justicia y el crédito, así como al empleo formal, los medios de empoderamiento económico y las tierras;
b)Medir los resultados y la repercusión de la Agenda de Mujeres Garífunas y Afrodescendientes (párr. 263);
c)Velar por la participación de las mujeres rurales, Indígenas y garífunas en las organizaciones rurales y en la elaboración y aplicación de políticas, iniciativas y programas destinados a promover sus oportunidades de empleo y su empoderamiento económico (CEDAW/C/GTM/CO/8-9, párr. 41 a)).
Grupos de mujeres desfavorecidas
En vista de las formas interseccionales de discriminación que padecen los grupos de mujeres desfavorecidas y marginadas, sírvanse informar sobre la situación de las mujeres migrantes y desplazadas internas; las mujeres con discapacidad; las mujeres de edad; las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales; y las mujeres privadas de libertad.
Cambio climático y reducción del riesgo de desastres
Habida cuenta de la recomendación general núm. 37 (2018) del Comité, sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, faciliten información sobre los siguientes aspectos:
a)Las medidas para incorporar una perspectiva de género en las estrategias nacionales de gestión y reducción del riesgo de desastres y de socorro y recuperación;
b)La participación de las mujeres en la formulación y aplicación de políticas y programas en materia de reducción del riesgo de desastres, gestión posterior a los desastres y cambio climático;
c)Las medidas adoptadas para proporcionar socorro y facilitar la recuperación de las mujeres afectadas por desastres naturales, entre ellos huracanes y tormentas;
d)Las medidas adoptadas para garantizar la seguridad alimentaria de las mujeres del medio rural, habida cuenta de los efectos del cambio climático.
Matrimonio y relaciones familiares
Sírvanse proporcionar información sobre los siguientes aspectos:
a)Las medidas legislativas adoptadas para reconocer los bienes inmateriales, como las prestaciones de pensión y seguro, como parte del patrimonio común que debe dividirse en caso de divorcio;
b)Las medidas adoptadas para reconocer las uniones de hecho y promover la inscripción de los matrimonios para garantizar que las mujeres disfruten de una protección jurídica adecuada durante dichas uniones y tras su disolución;
c)Los pasos que se han dado para armonizar las disposiciones del Código Penal relativas a la edad de consentimiento sexual (artículos 173 y 173 bis) (CEDAW/C/GTM/CO/8-9, párr. 47);
d)Las medidas adoptadas para velar por que la legislación y las políticas públicas, específicamente la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia para 2021-2023, y la iniciativa de ley núm. 5940, que califica la diversidad como un trastorno de la identidad, se ajusten a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, incluida la Convención.