* Nota de la Secretaría: Los anexos del informe estarán a disposición de los miembros del Comité en el idioma en que fueron presentados.

Anexos*
Índice de cuadros, recuadros y gráficas
Gráficas
Gráfica 1. Municipios que han Asignado Recursos a sus OMMs	54
Gráfica 2. Población alfabetizada según sexo. 2004-2006	107
Gráfica 3. Población atendida según programa bilingüe	109
Gráfica 4. Evolución de la Mortalidad Materna por Departamento. 2000, 2003-2005	126
Gráfica 5. Tendencia de la Cobertura de Atención Prenatal. 2000-2005	128
Gráfica 6. Tipo de Asistencia durante el parto en porcentajes. 2000- 2005	130
Gráfica 7. Indicador de años protección anticonceptiva (en miles). 1992-2005	131
Gráfica 8. Porcentaje de desabastecimiento de los Métodos de Planificación Familiar. 2001-marzo de 2006	132
Gráfica 9. Número de Mujeres Embarazadas Tamizadas y VIH Positivas. 2003-2006	138
Gráfica 10. Beneficiarias y beneficiarios de los programas del Fondo de Tierras. 2004-2006	161
Gráfica 11. Población atendida por CONALFA según área rural	164
Gráfica 12. Población atendida según Programa Bilingüe	165
Recuadro
Recuadro 1. Resumen de las principales reformas y propuestas legislativas consensuadas	32
Recuadro 2. Compromisos desarrollados por SEPREM en el marco de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas	39
Recuadro 3. Ejes temáticos de la Agenda Articulada de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas	44
Recuadro 4. Líneas de acción propuestas derivadas del Diagnóstico elaborado por el FNM	52
Recuadro 5. Acciones de la Comisión para el Abordaje del Femicidio	59
Cuadros
Cuadro 1. Cantidad de Casos Atendidos por las Unidades de la DEMI	47
Cuadro 2. Mecanismos Municipales de la Mujer (MMM)	55
Cuadro 3. Denuncias recibidas en el Organismo Judicial por hechos en contrade las mujeres	63
Cuadro 4. Pactos Municipales suscritos por la Seguridad Integral de las Mujeres Guatemaltecas	70
Cuadro 5. Denuncias ingresadas en el 2006 al Organismo Judicial	84
Cuadro 6. Procesos en la Fiscalía de la Mujer	85
Cuadro 7. Estadísticas trata de personas y migración ilegal. Primer trimestre 2007	85
Cuadro 8. Número de mujeres empadronadas en las elecciones de 2003 y de 2007	88
Cuadro 9. Candidaturas inscritas en el Tribunal Supremo Electoral en 2007	88
Cuadro 10. Número de mujeres en listas de diputaciones por partido político	89
Cuadro 11. Número de mujeres electas a cargos de elección popular en 2003 y 2007	89
Cuadro 12. Cargos ministeriales ocupados por mujeres	90
Cuadro 13. Cargos de Secretarías ocupadas por mujeres	91
Cuadro 14. Personal que labora en el Organismo Judicial (2007)	93
Cuadro 15. Perfil de Género de los Consejos de Desarrollo a Nivel Local	96
Cuadro 16. Cobertura educativa 2004-2006	101
Cuadro 17. Becas otorgadas	102
Cuadro 18. Ampliación de la cobertura de educación a través de los diferentes programas de becas y bolsas de estudio	103
Cuadro 19. Comportamiento del analfabetismo en Guatemala durante los años de 1996 al 2006	106
Cuadro 20. Reducción del índice de analfabetismo, período del 2004 al 2006	107
Cuadro 21. Matrícula Estudiantil de primer ingreso por sexo, Universidad de San Carlos de Guatemala 2004-2007	112
Cuadro 22. Carreras con alta graduación de mujeres, Universidad de San Carlos de Guatemala, ciclo académico 2004	112
Cuadro 23. Personal docente por sexo Universidad de San Carlos de Guatemala, ciclos académicos 2004-2005	113
Cuadro 24. Acciones desarrolladas para la erradicación del trabajo infantil. 2004-2006	119
Cuadro 25. Tasas de mortalidad materna (MM) a nivel nacional	125
Cuadro 26. Cinco primeras causas de mortalidad materna	127
Cuadro 27. Cobertura de atención al último parto (en porcentajes)	129
Cuadro 28. Lugar de atención del último parto (en porcentajes)	129
Cuadro 29. Métodos Anticonceptivos más usados según tipo	132
Cuadro 30. Casos atendidos por PROPEVI. 2004-2007	141
Cuadro 31. Cantidad de denuncias de VIF recibidas en el Organismo Judicial Violencia Intrafamiliar	145
Cuadro 32. Casos atendidos en la Unidad de la Mujer de la Procuraduría General de la Nación 2008	152
Cuadro 33. Casos atendidos en la Unidad de la Mujer de la Procuraduría General de la Nación 2007	153
Cuadro 34. Beneficiarios de Servicios de Desarrollo Empresarial. Inversión realizada y distribución por sexo. 2004-abril 2006	156
Cuadro 35. Montos de crédito, créditos otorgados y distribución por sexo. 2004-abril 2006	156
Cuadro 36. Tasas promedio de interés cobradas en créditos. Según tipo de institución.2004-2005	157
Cuadro 37. Fincas adjudicadas por el Fondo de Tierras. 2004-2007	160
Cuadro 38. Participación de la Mujer Rural en la PEA y PEI	162
Cuadro 39. Nivel de instrucción de las mujeres en edad fértil por área y grupo étnico	163
Cuadro 40. Becas otorgadas por el Programa “Becas de la Niña Rural”	165
Cuadro 41. Demanda y acceso a los servicios de salud	167
Cuadro 42. FODIGUA. Beneficiarios por programa en 2006	174
Cuadro 43. FODIGUA. Beneficiarios por programa en 2007	174
Índice de anexos
Artículos 1, 2, 3
Cuadro 1.1. Proceso de Formación de Leyes ante el Congreso de la República de Guatemala
Cuadro 1.2 Comisiones de la Mujer de COMUDEs (CMCs)
Cuadro 1.3 Oficinas Municipales de la Mujer (OMMs)
Cuadro 1.4 Defensoría de la Mujer Indígena. Unidad de Psicología. Casos atendidos en 2005
Cuadro 1.5 Defensoría de la Mujer Indígena. Unidad Social. Casos atendidos 2005
Cuadro 1.6 Defensoría de la Mujer Indígena. Unidad Jurídica. Casos atendidos 2005
Cuadro 1.7 Defensoría de la Mujer Indígena. Casos Civiles atendidos por Unidad Jurídica 2006
Cuadro 1.8 Defensoría de la Mujer Indígena. Casos Civiles atendidos por Unidad Social 2006
Cuadro 1.9 Defensoría de la Mujer Indígena. Casos Penales atendidos por Unidad Jurídica 2006
Cuadro 1.10 Defensoría de la Mujer Indígena. Casos Administrativos Atendidos por Unidad Social 2006
Cuadro 1.11 Defensoría de la Mujer Indígena. Casos Laborales atendidos por Unidad Social 2006
Cuadro 1.12 Defensoría de la Mujer Indígena. Casos Laborales atendidos por Unidad Jurídica 2006
Cuadro 1.13 Defensoría de la Mujer Indígena. Casos Penales atendidos por Unidad Social 2006
Cuadro 1.14 Defensoría de la Mujer Indígena.Áreas atendidas durante 2006
Cuadro 1.15 Defensoría de la Mujer Indígena. Unidad Jurídica. Reporte de casos conocidos de enero a septiembre 2007
Cuadro 1.16 Defensoría de la Mujer Indígena. Unidad Psicológica. Conteo General enero a septiembre 2007
Artículo 8
Cuadro 8.1 Inscritos e incorporados dentro del escalafón de la Carrera del Servicio Diplomático
Artículo 10
Cuadro 10.1 CONALFA. Metodología y modalidades de atención 2005
Cuadro 10.2 CONALFA - metodología y modalidades de atención 2006
Cuadro 10.3 Escuelas bilingües interculturales en el interior del país
Cuadro 10.4 Escuelas Normales Bilingües Interculturales
Cuadro 10.5 Información sobre docentes y estudiantes bilingües, registrados en la DIGEBI
Cuadro 10.6. Docentes y Estudiantes bilingües por idiomas. Estadísticas 2005
Cuadro 10.7 Detalle por departamento de la cantidad de docentes y estudiantes mujeres por departamento 2006
Cuadro 10.8 Detalle por idioma de la cantidad de docentes y Estudiantes por comunidad lingüística
Cuadro 10.9 Mapa de presencia de docentes y estudiantes en 21 grupos lingüísticos (2006)
Cuadro 10.10 Mapa de presencia de DIGEBI en 16 departamentos de la República (2006)
Cuadro 10.11 Presencia de docentes con nombramiento Bilingüe o con modalidad bilingüe
Cuadro 10.12 Personal Docente por sexo y Unidad Académica. USAC 2005.Cuadro 10.13 Personal Docente por sexo y Unidad Académica. USAC 2004
Cuadro 10.14 Matricula Estudiantil por sexo USAC 2005
Cuadro 10.15 Matricula Estudiantil por sexo USAC 2006
Cuadro 10.16 Matricula Estudiantil por sexo USAC 2007
Artículo 11
Cuadro 11.1 Resumen de las propuestas de reforma al Código de Trabajo presentadas por la ONAM
Artículo 12
Cuadro 12.1 Ministerio Público. Fiscalías de Sección de la Mujer y Delitos Contra la Vida. 2005
Cuadro 12.2 Ministerio Público. Fiscalías de Sección de la Mujer y Delitos Contra la Vida. 2004
Cuadro 12.3 Oficinas de Atención a la Víctima a nivel nacional.Número de víctimas por motivo de atención – 2005.
Cuadro 12.4 Oficinas de Atención a la Víctima a nivel nacional. Número de víctimas por motivo de atención – 2004.
Cuadro 12.5 Policía Nacional Civil. Casos de homicidios de mujeres registrados a partir del 1° de enero al 31 de diciembre del 2005
Cuadro 12.6 Policía Nacional Civil. Casos registrados de homicidios de mujeres del 1° de enero al 31 de diciembre del 2006
Cuadro 12.7 Policía Nacional Civil. Casos registrados de homicidios de mujeres del 1° de enero al 31 de octubre del 2007
Cuadro 12.8 Policía Nacional Civil. Homicidios de personas del sexo masculino.
Artículo 13
Cuadro 13.1 Montos de créditos, créditos otorgados y distribución por género. 2004-2006.
Cuadro 13.2 Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria. Apoyo financiero a organizaciones de mujeres.
Cuadro 13.4 Fondo de Tierras. Programa de Acceso a la Tierra. Fincas entregadas por departamento y por sexo 2004-2007
Cuadro 13.5 Fondo de Tierras. Consolidado de actividades. Sede Quetzaltenango 2006
Cuadro 13.6 Fondo de Tierras. Unidad de Género de Quetzaltenango 2006
Cuadro 13.7 Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)

Presentación

El Estado de Guatemala al ratificar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) reconoce el papel preponderante que debe desempeñar para modificar la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. A la vez, compromete toda su institucionalidad hacia el objetivo de atender las causas de desigualdad de género de acuerdo al carácter integral de la Convención y a dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de la CEDAW. Esta posición está en congruencia con la perspectiva multidimensional de la desigualdad que postulan la mayoría de organizaciones de mujeres activas hacia la igualdad entre mujeres y hombres en el país, así como con la academia que desarrolla investigación en torno a la producción y reproducción de la desigualdad de género.

Desde esta perspectiva multidimensional de la desigualdad, las recomendaciones expuestas por el Comité de la CEDAW al Estado de Guatemala, plantean que la plena satisfacción de los derechos humanos de las mujeres precisa la superación de las relaciones de subordinación entre los géneros en los diferentes ámbitos de la vida política, social, económica, así como en la familiar, e incluso la simbólica. Considerando ésta última, los estereotipos de género presentes en los medios de comunicación, y otros documentos de pública difusión afectan a las identidades de hombres y mujeres, socializando de manera individual y colectiva hacia culturas o cosmovisiones más o menos proclives, más o menos reticentes, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Las recomendaciones del Comité para Guatemala, abundan con relación al cambio cultural necesario para avanzar hacia la igualdad, haciendo llamados a la revisión de los materiales escolares, la sensibilización de parlamentarios y parlamentarias, el empoderamiento de las mujeres y la difusión de sus derechos, el uso de campañas de comunicación para difundir la Convención y sus valores.

La desigualdad entre hombres y mujeres en Guatemala, históricamente se ha mantenido por medio de una concepción cultural –activa tanto entre la población maya, como mestiza, xinka y garífuna-, que separa las cuestiones “propias”, esencias o “disposición natural” de hombres y de las mujeres, y que a su vez expresa o traduce de manera consistente en la distribución desigual de recursos y oportunidades entre unas y otros, en las diversas esferas. Esto se evidencia en el hecho de que las mujeres tienen un menor acceso a los puestos de toma de decisiones en el campo político y en organizaciones privadas como en las empresas, obtienen menores ingresos por similares trabajos y calificaciones, o en un gran número padecen sistemáticamente en sus hogares de violencia ejercida por sus parejas o familiares varones.

Si bien el Estado de Guatemala ha realizado acciones y actividades en todas esas esferas, los resultados obtenidos hacia la igualdad y la equidad varían considerablemente. Las recomendaciones del Comité son un recordatorio de la necesidad de involucrar a toda la institucionalidad del Estado, y hacerlo de manera sostenida, con resultados ponderables del avance de las mujeres y la reducción de la brecha de género en cada una de ellas, utilizando entre otros mecanismos ya propuestos por la Convención, y también reflejados en la legislación nacional, como las medidas compensatorias de carácter temporal o acción afirmativa, así como la sanción a personas, empresas o instituciones que actúen desatendiendo la obligatoriedad del principio de igualdad entre hombres y mujeres.

La conformación patriarcal y su consiguiente distribución desigual de derechos y deberes entre hombres y mujeres es un rasgo común en diferentes culturas y países, Guatemala no es una excepción. Antes bien, se puede decir que los diferentes factores históricos habrían contribuido a fortalecer en Guatemala la “naturalización” de este orden. Entre ellos podemos mencionar:

• El conflicto armado interno que se desarrolló durante casi treinta y seis años. Los gobiernos militares del pasado y sus estructuras, el uso de armas, y de la fuerza de la violencia física en general tienen grados muy altos de masculinización en todas las sociedades. Dentro de este esquema militar, las mujeres han tendido históricamente a no estar presentes en posiciones de poder, y ellas así como todo aquello considerado femenino, son susceptibles de devaluación en el discurso hegemónico al respecto de su capacidad de liderazgo. Su presencia en este tipo de modelos a menudo sólo se hace visible desde una óptica positiva en el perfil de madres abnegadas con predisposición a la renuncia de los propios derechos. Sin embargo es preciso reconocer que durante la guerra interna, las mujeres se vieron obligadas a salir de ese patrón tradicional, teniendo que enfrentar las jefaturas de hogar y constituirse en protectoras de la unidad familiar, debido al proceso de desintegración familiar que se generó. La modalidad de enfrentar esta situación, tuvo varios escenarios para la mujer, pasando desde la permanencia en sus hogares y corriendo los riesgos que ello implicaba, hasta trasladarse y migrar incluso a otros países, teniendo que enfrentar el fenómeno de refugiadas, lo cual también les implicó otros riesgos desconocidos. Estos escenarios empezaron a marcar los nuevos y diversos roles que las mujeres enfrentarían.

• La desigualdad existente que se expresa en las diferencias de acceso y oportunidad entre hombres y mujeres, indígenas y mestizos, sectores rurales y urbanos. El diferencial existente de acceso por parte de los diferentes grupos y pueblos a recursos ya sea económicos, de participación en la toma de decisiones, y en general de contar con alternativas reales de opción, -personales y/o colectivas-, ha tendido a expresarse en el discurso mayoritario como expresión de las desigualdades de capacidades, e incluso de “naturaleza” de las personas y/o los grupos de ellas.

• La debilidad del Estado para salvaguardar los derechos de las personas, recogidos en la legislación guatemalteca como en la legislación internacional suscrita por Guatemala, que tiene su contrapartida en la reducida conciencia de las mismas de ser sujetas de derechos inalienables. El círculo vicioso descrito resulta en una percepción de la realidad en la que la exclusión o discriminación son interpretadas bien como mera responsabilidad de las personas que las sufren, bien como una “desgracia” individualizada en la víctima sobre la que no aplica buscar responsables y/o garantes del derecho. Al respecto, es significativo por ejemplo el bajo porcentaje de denuncias que realizan las ciudadanas y ciudadanos cuando son víctimas de delitos, incluso de aquellos de la gravedad como el homicidio. Este estado de situación provoca que la vulneración de derechos que ocasiona la desigualdad y la discriminación contra las mujeres llegue a ser vista en ocasiones como “mal menor” y en el peor de los casos, como consecuencia de su inhabilidad o incapacidad para desenvolverse en una sociedad meritocrática.

El desarrollo del presente Informe fue preparado por la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), como el mecanismo nacional al más alto nivel para el avance de las mujeres y como órgano rector de Organismo Ejecutivo para la promoción de las políticas públicas pro-equidad e igualdad de género. Se contó con la asistencia y asesoría técnica de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH).

Es importante destacar que la preparación de este Séptimo Informe es el resultado de una metodología de trabajo novedosa, propuesta y coordinada con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Guatemala y la Secretaría Presidencial de la Mujer, en la preparación de este tipo de informes. Desde la creación de instrumentos para la captura de información, como la forma participativa de su aplicación, y el seguimiento con los enlaces generados por medio de talleres temáticos que incluyen todas las instancias que conforman el Estado de Guatemala. Esta experiencia está siendo sistematizada a efecto de contar con una guía metodológica que sirva de base para la elaboración de otros informes que el Estado de Guatemala deba rendir ante los mecanismos y entes internacionales responsables de dar seguimiento al cumplimiento de las Convenciones. Además se espera que este informe se constituya en un documento de consulta para los distintos Organismos del Estado.

El proceso de elaboración se inició en marzo de 2007 realizando un análisis y el establecimiento de prioridades, a partir de las recomendaciones del Comité de la CEDAW, correspondientes a los informes primero al sexto presentados por el Estado de Guatemala.Este análisis fue un aporte importante para la definición de líneas de acción prioritarias de trabajo hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Se procedió a revisar las recomendaciones y se agruparon de acuerdo a las temáticas aludidas.

Para dar respuesta integral como Estado a la petición del Comité que: “refuerce la coordinación entre todas las entidades gubernamentales competentes, incluidos los representantes de las ramas legislativa y judicial, como medio de mejorar la aplicación de las disposiciones de la Convención , el seguimiento de las observaciones finales del Comité y la preparación de los futuros informes periódicos en virtud del artículo 18 de la Convención ”, la Secretaría Presidencial de la Mujer desarrolló una estrategia de coordinación en el seno del Organismo Ejecutivo y con los demás organismos del Estado para la elaboración del presente informe.Es así quepara este Séptimo Informe, la SEPREM en coordinación con la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) en los meses de junio, julio y agosto de 2007 desarrolló una consulta interministerial a nivel de las instancias del Organismo Ejecutivo, así como con autoridades del Organismo Judicial y del Organismo Legislativo, a través de ocho talleres temáticos de consulta:

•Educación

•Salud

•Economía

•Trata y migrantes

•Desarrollo económico social y laboral

•Acceso a la justicia

•Legislativo

•Agropecuario y medio ambiente

En estos talleres se generó un espacio de intercambio, análisis y sistematización de información entre las entidades estatales y la SEPREM sobre las principales acciones realizadas por las instituciones involucradas, para dar respuesta a las recomendaciones de las Expertas del Comité de la CEDAW. Así también se enfatizó con las instituciones estatales la necesidad de dar seguimiento y aplicación de la CEDAW dentro de los programas, proyectos y planes de trabajo de las instituciones. De igual manera, se planteó la necesidad de contar con información efectiva y desagregada por sexo, etnia y edad para el seguimiento de los compromisos adquiridos con los mecanismos internacionales que velan por los derechos humanos de las mujeres.

Después de sistematizar la información recopilada tanto en los talleres temáticos, como de fuentes y documentos oficiales, en octubre de 2007 se realizó la validación del primer borrador del Informe con las instituciones del Estado que participaron en los talleres y proporcionaron información institucional. Así también, este primer borrador se socializó con organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de mujeres, y entidades académicas. Una vez finalizado el informe, éste fue presentado a los tres presidentes de los organismos del Estado, quienes manifestaron su aceptación al contenido del mismo.

De esta forma, con los insumos proporcionados en el proceso de elaboración y validación institucional, este Séptimo Informe responde al trabajo coordinado y la cordial colaboración de las instituciones de los tres Organismos que conforman el Estado de Guatemala –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- .

Por medio de este Séptimo Informe sobre el cumplimiento de las disposiciones de la CEDAW, el Estado de Guatemala da cuenta de las políticas, programas y acciones adoptadas para eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. Al mismo tiempo cumple con su obligación frente a la comunidad internacional y reitera la vocación y compromiso de su gobierno con la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres.

La estructura del presente Informe, consta de una primera parte dedicada a dar respuesta a las recomendaciones al Estado de Guatemala de los anteriores informes presentados, así como los avances más significativos y las tendencias más importantes relativas a cada uno de los artículos de la Convención. Una segunda parte se constituye por una serie de anexos que complementan la información proporcionada a lo largo del desarrollo de los artículos de la Convención.

Cumplimiento de recomendaciones del Comité y avancessegún los artículos de la Convención

Artículos 1, 2 y 3

Políticas y medios dirigidos a favor de la inclusión de género

Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres (2001-2006)

Por medio de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y su Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006, el Estado ha materializado su compromiso para incorporar en la agenda pública la promoción de la mujer y el enfoque de género. El Organismo Ejecutivo realizó esfuerzos en incorporar los ejes de la Política en la planificación gubernamental y la presupuestación y específicamente en las normas que proporciona la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) a todas las instituciones que conforman el Organismo Ejecutivo para la elaboración de sus planes operativos anuales.

Esta política se constituyó en un referente para todo el sector público en los lineamientos para elaborar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2007. Esta acción se considera como un avance para incluir la equidad de género en los planes presupuestarios institucionales y sectoriales. Sin embargo, la no aprobación del presupuesto 2007 por el Congreso de la República, no permitió verificar si dicha inclusión fue realizada en los presupuestos institucionales y sectoriales.

Política Marco de Gestión Ambiental (2004)

Establece dentro de sus principios la equidad social y la equidad de género. 1) La equidad social entendida como la garantía de igualdad de oportunidades y justicia en los diferentes componentes de la sociedad guatemalteca, proporcionando el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones. 2) Sostenibilidad ambiental y económica, desarrollo sostenible, justicia social, la adecuada gestión de los recursos naturales, debe garantizarse tanto entre personas contemporáneas como entre generaciones. Todos los guatemaltecos, presentes y futuros, deben gozar de las mismas oportunidades de desarrollo. 3) La equidad de género para garantizar el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Ambos desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Por lo que se considera imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible.

Política Nacional para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (2005)

Los principios que sustentan la Política son entre otros: 1) Una respuesta de alcance nacional, lo que incluye a todos los sectores y rubros de actividad y considera todas las áreas urbanas y rurales del país. 2) En el diseño e implementación de la Política debe mantenerse permanentemente un enfoque sistemático, de equidad social, integralidad, sostenibilidad y participación ciudadana. 3) Sus ejes transversales deben enfocarse en la equidad de género, multiculturalidad y preservación y aprovechamiento del medio ambiente.

Esta política tiene como objetivo garantizar igualdad de oportunidades para el desarrollo empresarial a hombres y mujeres, se incluye la creación del Consejo Nacional de Productividad Empresarial (CONAPE), del cual la Secretaría Presidencial de la Mujer es integrante.

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2005)

En el marco de esta política se establece la equidad como principio rector, determinando que el Estado debe generar las condiciones para que la población sin distinción de género, etnia, edad, nivel socio económico, y lugar de residencia, tenga acceso seguro y oportuno a los alimentos.

Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo (2005)

El 28 de mayo de 2005, el Estado de Guatemala oficializó la Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo (PND), cuyo objetivo principal es “contribuir a que los guatemaltecos (y guatemaltecas) eleven sosteniblemente su nivel de vida, a través de la democratización del Estado y la sociedad, mediante la planificación territorial participativa y descentralizada, con perspectiva de género y con enfoque pluricultural, como condiciones necesarias para desencadenar formas nuevas de relación entre el Estado y la Nación”. Desde la perspectiva de equidad de género la PND ofrece un marco favorable para las mujeres, ya que integra la equidad de género como parte de los principios rectores de gestión descentralizada del territorio y de transferencia de competencias al nivel de gobierno, bajo criterios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

Las normas que establece para la aplicación del principio de equidad de género, como criterio transversal de eficiencia y eficacia, convierten a la PND en un instrumento que puede contribuir de manera efectiva a hacer funcionar el espíritu de las leyes de descentralización y de las normas de participación ciudadana.

Política de Desarrollo Rural (2006)

Los lineamientos 2004-2008 del Estado establecen la necesidad de priorizar la gestión pública del desarrollo rural en respuesta a los Acuerdos de Paz, específicamente para dar cumplimiento al Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria y al Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo que en septiembre 2006 se concluyó el proceso de formulación de la Política de Desarrollo Rural, que conllevó un esfuerzo constante y sostenido de instituciones públicas, pueblos indígenas y sociedad civil, en términos de análisis, diálogos, debates y construcción de consensos. Este ejercicio de construcción conjunta de la Política de Desarrollo Rural Integral se desarrolló a través de la integración de la Mesa Intersectorial de Diálogo y Participación en el 2005.

Esta Mesa quedó integrada por ocho delegados gubernamentales entre ellas la Secretaría Presidencial de la Mujer, dos delegados del sector académico, ocho delegados de los partidos políticos, seis delegados del sector campesino e indígena, seis delegados del sector de organizaciones de pequeños productores rurales, dos delegadas del sector de mujeres rurales, tres delegados de las gremiales empresariales y un delegado del sector ambiental.

Como se menciona en la Declaración Final del 2006 de la Mesa, se alcanzaron importantes avances, entre los que destacan los consensos en materia de “las principales variables que determinan el desarrollo rural, una visión prospectiva del área rural a 25 años, principios y enfoque que deben orientar una Política de Desarrollo Rural Integral, y los ejes estratégicos de acción. Se coincidió en establecer que estos componentes deben orientarse estratégicamente a alcanzar la ciudadanía plena de la población rural, superando las inequidades y las exclusiones principalmente aquellas que afectan primordialmente a la población indígena y las mujeres; impulsando un nuevo modelo económico basado en el acceso equitativo a activos para hacer de la pequeña y mediana economía rural, campesina e indígena, un actor económico protagónico, proceso en el cual el Estado debe asumir un papel rector y promotor”.

La Política de Desarrollo Rural Integral incorpora consensos alcanzados en la Mesa, así como importantes elementos que orientan la labor pública del Estado, por lo que en materia socioeconómica el Estado, enmarcó su labor dentro del programa Vamos Guatemala (2004-2008) , el cual contiene cuatro componentes estratégicos: 1) Guate Crece, enfocado a promover el crecimiento económico, mediante inversiones y alianzas entre los sectores público y privado; 2) Guate Compite, dirigido al aumento de la competitividad mejorando la plataforma productiva y promoviendo el cambio tecnológico; 3) Guate Verde, que pretende crear un clima favorable a la inversión ecológicamente responsable, promover la competitividad de los bienes y servicios ambientales y consolidar una cultura democrática; y 4) Guate Solidaria, que busca crear armonía social, por medio de la generación de activos, que permita a los hogares guatemaltecos acceder a las oportunidades de desarrollo humano que les garanticen un mejor futuro.

La estrategia Guate Solidaria Rural es el principal mecanismo para la reducción de la pobreza. Se orienta al área rural y se enfoca, en un principio, en la atención de 41 municipios priorizados por el Gabinete Social, bajo criterios de pobreza y vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria para luego ampliarse al resto de municipios del país. La intervención pretende, por medio de la participación social y la articulación de la oferta pública existente, mejorar el capital humano y ampliar las oportunidades de los más pobres, para que el abandono de la pobreza extrema se realice de manera sostenible.

Los objetivos intermedios son: 1. Reducir la desnutrición infantil. 2. Mejorar los ingresos de las familias más pobres a través de incentivos para la formación de capacidades. 3. Que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de terminar la educación primaria. 4. Ampliar los accesos a la educación secundaria básica. 5. Erradicar el analfabetismo. 6. Mejorar la salud materna. 7. Reducir la mortandad infantil. 8. Fomentar la participación comunitaria para el desarrollo. 9. Mejorar la infraestructura vial y la competitividad local. 10. Que las familias cuenten con viviendas adecuadas que les permitan conservar una buena salud. 11. Que las comunidades reviertan la pérdida de recursos naturales.

La red de instituciones deberá promover el fortalecimiento del capital social, de las familias y sus comunidades, en especial del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Estos son, en efecto, el medio principal para la planificación democrática hacia el desarrollo, porque toman en cuenta las características multiétnicas, multilingües, pluriculturales que existen en el país, a fin de motivar a las familias y cambiar así las expectativas de las mismas, para que sean promotoras y gestoras de su propio desarrollo.

Política Pública para la Convivencia y Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial (2006)

En noviembre de 2006 es oficialmente presentada la Política Pública para la Convivencia y Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial. Dentro de sus principios destaca la equidad de género, como un principio fundamental basado en la garantía del respeto de los derechos e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, para disminuir las brechas existentes entre ambos. Se refiere a la búsqueda de equilibrio y justicia entre hombres y mujeres, a través de mecanismos que superen las desigualdades en derechos, espacios, oportunidades y resultado.

Esta Política contiene dentro del eje cultural, como acción estratégica, el desarrollar diálogos interculturales destinados a la reducción del prejuicio y estereotipos, la implementación de un sistema de monitoreo de medios de comunicación para detectar y eliminar las prácticas y actitudes discriminatorias en los formadores de opinión pública, el diseño de una estrategia de comunicación destinada a eliminar los estereotipos y prácticas discriminatorias.

Dentro del eje de igualdad de acceso a servicios del Estado, particularmente en educación, salud, vivienda y empleo, contempla como acciones estratégicas, la institucionalización de programa de formación y perfeccionamiento docente que incluya información y formación relacionada con la eliminación del racismo y la discriminación.

La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA) es el órgano de formulación y seguimiento de políticas y acciones orientadas al cumplimiento de las funciones que la Constitución Política y las leyes le fijan al Gobierno de la República, en lo relativo a la igualdad ciudadana y al reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

En seguimiento a esta Política por medio del Acuerdo Gubernativo 96-2005 se crea el Consejo Asesor de Pueblos Indígenas de la Presidencia (CAPIP), el cual está integrado por siete representantes de alta honorabilidad dentro de las organizaciones indígenas, de los cuales tres son mujeres miembros del Consejo. Este Consejo asesora al Presidente de la República y demás integrantes del Organismo Ejecutivo, posibilita la formulación de propuestas o recomendaciones que se estimen necesarias para el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas. Además, intervienen en algunos espacios en los gabinetes móviles del Gobierno, presentando sus problemas y necesidades locales.

La incorporación de mecanismos de formulación y seguimiento de políticas con perspectiva de género y etnicidad en las instituciones de Gobierno muestra un avance, tal es el caso de Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) en cuanto a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 2007, la Planificación Estratégica Territorial (PET) y la creación de la Unidad de Pueblos Indígenas (2005), cuyo propósito es dar seguimiento a la institucionalización de las cuestiones étnicas y de género en los procesos de planificación, programación de la inversión pública y coordinación de la cooperación internacional, y a actualmente ha sido elevada a Dirección de Pluriculturalidad.

Política Pública de Cultura de Paz (2006-2015)

Dentro del componente de lineamientos contiene "el respeto a la diversidad" que literalmente establece: “reconoce el derecho humano a la no discriminación, a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de género, origen nacional o étnico, religión, opinión política u otra, edad, o cualquier otra condición que tenga el propósito de afectar a deteriorar el goce completo de los derechos y libertades fundamentales”. La prioridad en este lineamiento es promover la formación y el control del funcionario público para fomentar una cultura de servicios y responsabilidad con respeto a la dignidad humana y a la diversidad cultural, apegada a la ley y sus obligaciones.

Asimismo, contiene el lineamiento de construcción y desarrollo de la equidad de género, que literalmente establece: “la política de cultura de paz busca la igualdad de las personas en todo sentidos y busca coadyuvar en la erradicación de la violencia contra la mujer”. Con ello, busca eliminar toda práctica de discriminación de género, aplicando los lineamientos de los instrumentos nacionales e internacionales en esa materia. Busca fortalecer las instituciones y programas gubernamentales orientados a darle vigencia a esos lineamientos. Integrar la perspectiva de género en todas las instituciones a través de la publicación de todos los instrumentos nacionales e internacionales, contando con los recursos y la voluntad política que sean necesarios para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la adopción de decisiones económicas, sociales y políticas y erradicar la violencia contra las mujeres como una prioridad dentro de este lineamiento.

Política Pública Contra la Trata de Personas y para la ProtecciónIntegral a las Víctimas (2007)

En esta Política se reconoce que el principio de no-discriminación constituye una norma fundamental del derecho internacional y reviste una especial relevancia en relación con la situación de vulnerabilidad, particularmente de las mujeres y las niñas. Se entenderá que toda persona independientemente de su sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política, lugar de nacimiento, condición étnica, de género o de cualquier otra índole, tienen los mismos derechos y así deben ser reconocidos, protegidos y garantizados por el Estado. Esta Política reconoce que la discriminación contra las mujeres y las niñas viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. Por consiguiente, en toda acción que se impulse se garantizará la igualdad de oportunidades y la equidad de género, sin discriminación alguna.

Política de Protección, Asistencia y Atención a la Comunidad Guatemaltecaen el Exterior (2007)

Esta Política plantea que sus objetivos, estrategias y acciones deben responder a siete escenarios básicos, entre los cuales se identifica como quinto, la dignificación de la mujer migrante, congruente con lo plasmado en los Acuerdos de Paz, en especial en los Acuerdos sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y Derechos de los Pueblos Indígenas. Se señala que el Gobierno de la República se comprometió a impulsar medidas que promueven y fortalecen las normas y mecanismos de protección de los derechos humanos con énfasis en la mujer. La Política define como uno de los grupos objetivo a las “mujeres y la niñez migrante, que requieren atención y protección específica por constituir grupos más vulnerables como víctimas de trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes.

Otras Políticas inclusivas

Durante el período 2004- 2007, se pueden mencionar otras Políticas Públicas en las que se incluye la perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-cultural:

•Política Nacional de la Juventud. Jóvenes construyendo la unidad en la diversidad, por una nación pluricultural 2005-2015. Bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE).

•Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y Estrategia para su implementación (2004).

•Política Agropecuaria y Sectorial 2004 – 2007.

Evaluación y actualización de políticas públicas

La Secretaría Presidencial de la Mujer, en coordinación con la Defensoría de la Mujer Indígena, condujo un proceso de evaluación de la Política, el cual se inició en a finales de 2005 y se completó en marzo de 2007, con el propósito de evaluar el cumplimiento de la aplicación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas (PNPDMG) y el Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006, en las unidades ejecutoras del Gobierno.

La decisión de la SEPREM de evaluar la política de las mujeres se fundamenta en:

•El mandato contenido en la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer Decreto 7-1999, cuyo artículo 5º establece que “las políticas deberán ser evaluadas y actualizadas periódicamente”.

•El propio documento de la PNPDMG, plantea la necesidad de una evaluación.

•Conclusión del período de vigencia del Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006.

•Necesidad de encuadrar la Política Nacional de la Mujer en el marco del proceso de descentralización, ya que cuando se elaboró, aún no se había aprobado el nuevo marco jurídico de la descentralización que, al incorporar la equidad de género como uno de sus principios rectores, genera nuevos mecanismos de la mujer a nivel local.

•Redimensionar en el nuevo documento de Política el enfoque de identidad y derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes de Guatemala (hasta ahora el contenido para afrodescendientes no está desarrollado).

Es importante considerar que la evaluación de la política de las mujeres constituye una actividad pionera en el campo de las políticas públicas en Guatemala, cuyos resultados significan un precedente en la historia institucional de la evaluación de las políticas públicas en el Estado y en la propia SEPREM, aportando valiosos elementos de juicio para el proceso de modernización del Estado y al propósito de gobernar por medio de políticas públicas. Así mismo ha permitido:

•Visibilizar ante todas las instituciones del Organismo Ejecutivo la importancia que tiene la evaluación para la armonización de las políticas públicas con la realidad que se vive en su ámbito de aplicación.

•Incorporar en la administración pública acciones afirmativas en distintos sectores para promover la equidad de género y étnica.

•Tomando el carácter transversal de la Política, reconocer la necesidad de que las instituciones del Estado articulen sus acciones y esfuerzos teniendo como ejes transversales la equidad de género y étnica.

•Derivado del protagonismo y demandas planteadas por las mujeres, evidenciar la necesidad de que los sectores que no han incluido en sus políticas y planes institucionales el enfoque de género y étnica, las readecuen para dar respuesta a la demanda de servicios actualmente exigidos.

Durante su actualización contó con la participación activa de representantes de instituciones del Estado, redes y coordinaciones de organizaciones de mujeres y de comunidades lingüísticas de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo, quienes conforman el Comité Nacional de Actualización (CNA). Este Comité es una instancia de concertación entre gobierno y sociedad civil, para apoyar la elaboración de un documento de política de las mujeres actualizada a ser aprobado por el Gobierno de la República. Ésta servirá de referente, en materia de equidad de género y promoción de la mujer al nuevo Gobierno electo para la formulación del Plan de Equidad de Oportunidades a ser ejecutado durante el período 2008-2012, de acuerdo con sus prioridades y con las instituciones responsables de su implementación.

Uno de los aportes más significativos que tiene el proceso de actualización de la Política es la iniciativa que diversas organizaciones de mujeres indígenas han realizado: una agenda articulada de las mujeres indígenas que constituye un insumo trascendental que nutrirá en el contenido del proceso de actualización de la Política.

Sobre la base de la experiencia, los resultados y las recomendaciones de la evaluación realizada, se procedió a realizar un proceso de actualización de dicha política, en alianza estratégica de la SEPREM y la DEMI y en coordinación con el Foro Nacional de la Mujer. Este proceso fue completado en diciembre de 2007, con la presentación pública de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, la cual fue sancionada por Acuerdo Gubernativo No. 570-2007. Un logro importante es que a la vez contó con el respaldo de los Organismos Legislativo y Judicial.

Por tanto, el proceso de actualización ha hecho hincapié en la importancia de asumir el desafío de incorporar de manera explícita la diversidad étnico-cultural de las mujeres, a fin de visibilizar las necesidades y expectativas de las mujeres indígenas. A la vez, se ha considerado clave el abordaje de la participación de las mujeres en el proceso de descentralización, especialmente en los espacios institucionalizados, como son los Consejos de Desarrollo.

Medidas legislativas

Recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

La definición de discriminación que figura en el Decreto 57-2002 que reforma el Código Penal no es conforme al artículo 1 de la Convención (6)

La definición de discriminación que figura en dicho decreto tampoco es conforme al artículo 2, que requiere explícitamente la adopción de medidas para eliminar la discriminación de los agentes privados contra la mujer (6)

Reflejar en todas las leyes apropiadas una definición de discriminación que la abarque de manera tanto directa como indirecta (6)

Incluir sanciones eficaces y recursos en caso de violación de derechos por entidades y agentes públicos y privados (6)

Existe falta de conciencia acerca de los derechos humanos de las mujeres entre los miembros del Parlamento (6)

Aunque se han aprobado diversas leyes y decretos para proteger a mujeres y niñas (en particular el Decreto 81-2002 para promover la eliminación de la discriminación por raza y género en todos los ministerios del Estado), existe falta de observancia y coordinación de las leyes y los decretos, y hay una ineficaz aplicación y supervisión. Es preciso tomar medidas para asegurar la observancia, aplicación y evaluación eficaces de las leyes y decretos dirigidos a proteger a las mujeres y las niñas y recoger esas medidas en su próximo informe periódico (6)

Existe un desequilibrio entre los poderes del Estado, cuya consecuencia es la resistencia a aprobar y reformar leyes destinadas a proteger los derechos humanos de las mujeres (6)

Insta al Estado Parte a que armonice su legislación con el artículo 11 de la Convención y ratifique el Convenio 155 de la OIT sobre Salud y Seguridad Ocupacio nal y Medio Ambiente de Trabajo (6)

Se pide al Estado Parte que acelere la sanción de legislación sobre el acoso sexual (6)

Existe ambigüedad de las leyes relativas a la prostitución, especialmente la prostitución infantil, ya que éstas la prohíben pero no establecen sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, y hay preocupación por la elevada  incidencia de la prostitución infantil y la explot ación sexual de menores (3, 4,  5)

El Comité recomienda al Estado Parte que examine la legislación vigente relativa a la tipificación como delito de la prostitución infantil y la explotación sexual de menores y que adopte medidas para aplicar el Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala (3, 4, 5)

El Comité insta al Estado Parte a que adopte medidas para subsanar la disparidad entre la edad legal a la que los hombres y mujeres pueden contraer matrimonio (3, 4, 5) y a que tome medidas para elevar la edad mínima correspondiente a las jóvenes, de conformidad con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño en el que se entiende por Niño a todo ser humano menor de 18 años de edad (3, 4, 5)

La ratificación de la CEDAW por parte del Estado de Guatemala en 1982, abrió el camino para reconceptualizar el principio de igualdad formal entre las personas. Por lo que en Asamblea Nacional Constituyente de 1985 se consagró en la Constitución de la República de Guatemala en el artículo 4º: “Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.”

Los procesos para eliminar sesgos androcéntricos de la legislación nacional han sido lentos y difíciles, pues el proceso y fenómeno jurídico es un producto social en el que las necesidades y los intereses particulares de las mujeres son persistentemente invisibilizados. Ya que la discriminación se produce tanto en el origen como en la letra misma de la norma, cuando se restringe o anula un derecho a la mujer, así como cuando ese efecto es el resultado de la interpretación de la norma por parte de quienes administran justicia. El cambio en el lenguaje andrócentrico en los instrumentos jurídicos es un paso importante en este proceso, por lo que por parte de las instituciones del Estado se está avanzando en acciones sistemáticas de alfabetización desde el sistema educativo hasta las personas operadoras de justicia sobre los principios que sustentan la normativa internacional y el contenido y alcances de los instrumentos específicos de derechos humanos de las mujeres.

Durante el período considerado por este informe, se aprobaron varias leyes específicas y se reformaron otras ya existentes.

Reformas y avances legislativos

Materia Penal

Decreto 14-2005. Reforma del artículo 194 del Código Penal. Anteriormente el artículo refería la “trata de blancas”, lo cual era discriminatorio contra las mujeres porque se les visualizaba como objetos sexuales. Esta reforma ha sido adecuada al Convenio de Palermo en el sentido de la inclusión de otras modalidades de trata. Y se regula de la siguiente forma: “Artículo 194. Trata de Personas. Quien en cualquier forma promueva, induzca, facilite, financie, colabore o participe en la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de una o más personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, al plagio o secuestro, o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación sexual, será sancionado con pena de seis a doce años de prisión.”

Derogación del artículo 200 del Código Penal. En agosto de 2006 se derogó este artículo que regulaba la extinción de la acción penal al autor de los delitos de índole sexual, por motivo de matrimonio con la víctima. Este artículo fue derogado por una acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuradora adjunta de Derechos Humanos.

Legislación específica con implicaciones de género

Decreto 26-2007, Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemalteco. A través de esta Ley se crea el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, que se podrá denominar CONAMIGUA. Se convierte en el ente gubernamental encargado de coordinar, definir, supervisar y fiscalizar las acciones y actividades de los Órganos y entidades del Estado tendientes a proteger, atender y brindar asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos y sus familias, así como los migrantes de otras nacionalidades que se encuentren en el territorio nacional. Entre los principios que regirán el CONAMIGUA están, el respeto a los derechos humanos de los guatemaltecos y las guatemaltecas en el extranjero, así como el cumplimiento de los compromisos Internacionales, multilaterales o binacionales, que nuestro país ha suscrito con Organismos de protección a los derechos del Migrante y otros Estados donde vivan connacionales.

Decreto 35-2007, Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito en la Ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006. En la parte considerativa indica que en la actualidad los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, provocando impunidad en la sociedad guatemalteca. El objetivo de la CICIG es fortalecer y coadyuvar a las instituciones encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con estos que operan en el país. El decreto en cuestión fue aprobado en agosto de 2007 por el Congreso de la República. La CICIG constituye un mecanismo para combatir la impunidad que podría tener un efecto positivo en la investigación de los crímenes en contra de las mujeres.

Decreto Número 31-2007, que aprueba el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. El Estado de Guatemala ratifica y se adhiere al Convenio de La Haya sobre Adopciones, el cual establece mayores y mejores controles para otorgar en adopción a un menor de edad. El convenio privilegia, además, las adopciones de guatemaltecos sobre las de extranjeros, y que el consentimiento de la madre no haya sido obtenido mediante pago o compensación. Este decreto fue aprobado en mayo de 2007, cobrará vigencia en diciembre de 2007.

Decreto Número 77-2007. Ley de Adopciones, la ley entrará en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2007. Esta ley regula lo relativo a las adopciones fraudulentas, considerando que las mismas constituyen trata de personas y son consideradas como una forma severa de los derechos humanos de las niñas y niños. Establece que el proceso de adopción debe ser dictado por un juez de la niñez y adolescencia luego de un proceso que examine los aspectos sociales, psicológicos y médicos del niño o niña y de haber establecido la imposibilidad de la reunificación del niño o niña con su familia. La ley también establece que la situación de pobreza o extrema pobreza de la madre o el padre no es motivo suficiente para dar en adopción al niño. Debido a que la adopción es una institución social se prohíbe la obtención de beneficios indebidos, materiales o de otra clase, para las personas, instituciones y autoridades involucradas en el proceso de adopción; incluyendo a los familiares dentro de los grados de ley del adoptante o del adoptado.

Decreto 33-2006. Ley del Sistema Penitenciario, entró en vigencia el 5 de octubre del año 2006. Esta Ley reforma lo relativo a redención de penas y cambia el paradigma del sistema penitenciario y establece que la función del sistema es la resocialización y reeducación de las personas privadas de libertad.

Decreto 32-2006. Creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que tiene como finalidad principal la prestación del servicio de investigación científica de forma independiente, emitiendo dictámenes técnicos científicos y con competencia a nivel nacional. Entre otros aspectos fortalecerá las investigaciones de delitos contra mujeres.

Decreto 32- 2005. Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entró en vigencia en abril de 2005. Esta ley crea el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSAN), el cual es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Decreto 40-2005. En mayo de 2005, el Congreso de la República aprueba el Acuerdo entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de la República de Guatemala, relativo al establecimiento de una oficina en Guatemala, suscrito en Nueva York, el 10 de Enero de 2005.

Decreto 41-2005. Ley del Registro de Información Catastral. Esta Ley busca otorgar seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y propiciar el desarrollo rural.

Decreto 52-2005. Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Es aprobada en agosto de 2005, la cual obliga al Estado a cumplir con los Acuerdos de Paz, en específico el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. Dicha Ley hace obligatorio el compromiso del Estado de Guatemala de aplicar los preceptos constitucionales de conformidad al artículo 4, sobre libertad e igualdad.

Decreto 85-2005. Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. Entró en vigencia en marzo de 2006. Esta ley dispone crear un programa de ayuda económica mensual para guatemaltecos y guatemaltecas mayores de 65 años. El beneficio se dará previo estudio socioeconómico. A los que tengan alguna enfermedad seria, se les incluirá automáticamente. Se establecerá con base en el 40 por ciento del salario mínimo para los trabajadores del sector agrícola, que es de Q42.26 por día, lo que representará unos Q509.52 mensuales. Se encuentra pendiente su aplicación.

Decreto 87-2005. Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración al Programa de Salud Reproductiva. Aprobada en el año 2005, surge como cumplimiento de la protección, promoción y fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos. El objeto de la Ley es asegurar el acceso de la población a los servicios de planificación familiar, que incluye la información, consejería, educación sobre salud sexual y reproductiva a las personas y provisión de métodos de planificación familiar. Además establece mecanismos dirigidos a la consecución de nuevas fuentes de financiamiento local, reduciendo la dependencia histórica de los servicios de planificación familiar, de donantes internacionales.

Instrumento de adhesión del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. El 5 de mayo de 2004, el Gobierno de Guatemala firma el instrumento de adhesión que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Acuerdo 16-2005. Publicado el 18 de marzo de 2005. Fija como plazo perentorio antes que cobre vigencia el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, la aprobación de varias Iniciativas de Ley que permitan crear los marcos legales como compensadores sociales para amortiguar los efectos del Tratado de Libre Comercio. Principalmente en el ámbito laboral, en materia de seguridad jurídica y sanitaria para todos y todas las trabajadoras.

Acuerdo Ministerial SPM-1799-2007, de fecha 31 de julio de 2007. Declara el mes de agosto de cada año como mes de la salud reproductiva, con el cual se persigue que todas las instancias que realizan acciones en pro de la salud reproductiva, impulsen en agosto de cada año acciones concernientes a promocionar y fortalecer la salud reproductiva de mujeres y hombres de los diferentes grupos etarios. Esta iniciativa fue impulsada por la Secretaría Presidencial de la Mujer en el marco del trabajo realizado por la Red Nacional de Paternidad y Maternidad Responsable.

Proyectos de ley pendientes y reformas requeridas

Existen áreas que aún se requiere mejorar, algunas de las cuales están contempladas en proyectos de ley presentados ante el Congreso de la República. Estas iniciativas consensuadas por organizaciones de mujeres de la sociedad civil con instituciones del Estado, y propuestas por diferentes instancias, muchas de ellas se encuentran archivadas, están por archivarse o esperando a ser discutidas en el pleno del Congreso de la República.

Un aspecto que se debe considerar es que la Ley Orgánica del Congreso de la República establece en el artículo 45 que si transcurre un período legislativo (que inicia cada 14 de enero) sin que una iniciativa de ley hubiere sido objeto de dictamen por la respectiva Comisión, salvo que algún Diputado al Congreso de la República de la nueva legislatura que se instale reclame la emisión del dictamen dentro de los 60 días de instalada ésta, la iniciativa de ley se considerara desechada y se archivará el expediente. Esta situación deberá considerarse por la nueva legislatura que asumirá funciones en el mes de enero de 2008.

El proceso de formulación de leyes se plantea en cuadro anexo.

Propuestas de reformas en materia penal

Iniciativa 2630. Esta iniciativa fue elaborada mediante el esfuerzo conjunto de las organizaciones de mujeres con el acompañamiento de instancias gubernamentales a favor de las mujeres y el sector niñez, elaborada dentro del marco de la CEDAW y la Convención Belem Do Pará, entre otros instrumentos internacionales. La iniciativa busca adecuar la normativa penal sustantiva y eliminar las normas discriminatorias hacia las mujeres, así como regular entre otros tipos penales la violencia intrafamiliar, la explotación sexual comercial y adopciones fraudulentas. Esta iniciativa cuenta con dictamen favorable por las Comisiones de la Mujer, La Niñez, Legislación y Puntos Constitucionales del 23 de marzo de 2006. En el período legislativo de 2006 llegó a segunda lectura en el Congreso de la República, pero no fue aprobada en lectura definitiva para que cobrara vigencia.

Iniciativa 3503. Ley del femenicidio. En el 2007 la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó en primera lectura esta iniciativa que persigue crear ciertos delitos a favor de las mujeres y fortalecer institucionalmente las instancias que velan por los derechos humanos de las mujeres. Derivado del seguimiento dado a esta propuesta por parte de organizaciones de mujeres de la sociedad civil, mecanismos de la mujer en el Estado y la Defensoría de la Mujer Indígena se conformó un grupo consultivo integrado por sociedad civil y Estado, coordinados por Convergencia Cívico Política de Mujeres, y con la participación de la Defensoría de la Mujer Indígena, la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI) y la Secretaría Presidencial de la Mujer. El propósito fundamental fue elaborar una propuesta inclusiva de las necesidades de las mujeres en materia de seguridad, en el marco de la normativa internacional y nacional de protección de los derechos de las mujeres.

Una vez realizado el análisis respectivo a la iniciativa 3503 se elaboró la propuesta de “Ley marco de violencia contra las mujeres”, con la asesoría técnica de las instituciones mencionadas anteriormente. Esta propuesta desarrolla los contenidos de las convenciones a favor de las mujeres para garantizarles una vida libre de violencia y discriminación. La propuesta de la ley marco fue presentada ante la Comisión de los Derechos humanos (ponente de la iniciativa 3503. Ley del femenicidio) y la Comisión de la Mujer.

La iniciativa 3503, ley del femenicidio ya ha sido conocida en el pleno del Congreso de la República y se encuentra pendiente de la tercera lectura (la última).

Propuestas de reformas en materia laboral

La ley debe adecuarse a la realidad socioeconómica de los y las ciudadanas de un país. La división de género del mercado laboral hace que el impacto de las normas sea diferente para mujeres y hombres, de acuerdo a la inserción en la economía formal e informal en el mercado de trabajo en Guatemala.

El punto de partida son las propuestas de reforma al Código de Trabajo, consensuadas con las organizaciones de mujeres y presentadas desde la Oficina Nacional de la Mujer hace varios años con 37 propuestas específicas ante el Congreso de la República y a otras leyes elaboradas por organizaciones de mujeres como Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular (CENTRACAP), Convergencia Cívico Política, e instituciones públicas o privadas de Guatemala.

Iniciativa 3566. Busca establecer la regulación del acoso y hostigamiento sexual entendido como cualquier conducta sexual indeseable. Mediante esta iniciativa, además de legislar para la armonización las leyes internas con instrumentos internacionales de derechos de las mujeres en el tema de acoso y hostigamiento sexual, se busca cumplir con el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. El pleno del Congreso de la República la conoció el 27 de noviembre de 2006, sin embargo al no aprobarse, se encuentra pendiente de dictamen por las Comisiones Legislación y Puntos Resolutivos, de la Mujer y de Derechos Humanos.

Iniciativa 3525. Se orienta a reformar el Código de Trabajo para dar respuesta a las recomendaciones vertidas por expertos internacionales orientadas a proteger y garantizar los derechos laborales de las mujeres y es coadyuvante de la paternidad responsable, regulando licencias a los padres de familia. Regula y da respuesta al Convenio 101 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a la protección de la maternidad. Refiere la regulación del trabajo en casa particular y la sanción del acoso en el ámbito laboral y educativo. La conoció el pleno del Congreso el 21 de septiembre de 2006 y se encuentra nuevamente pendiente de dictamen por las Comisiones de la Mujer y de Trabajo.

En noviembre de 2006 la Comisión de Trabajo del Congreso de la República previo a emitir dictamen, solicitó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social su opinión respecto a la iniciativa de la ley. A la fecha, en el Congreso de la República no hay ningún documento en donde aparezca la respuesta a la solicitud realizada.

Iniciativa 3467. Pretende regular el trabajo en casa particular, a través de la creación de la Ley Reguladora del Trabajo de Casa Particular. Supliendo a través de esta propuesta la ausencia de legislación a favor de las mujeres trabajadoras de casa particular. Actualmente el trabajo en casa particular no está sujeto a salario mínimo, a horario ni contrato de trabajo. La conoció el pleno del Congreso el 25 de marzo de 2006 y se encuentra nuevamente pendiente de dictamen por las Comisiones de Trabajo, Legislación y Puntos Resolutivos y de Previsión y Seguridad Social.

Propuestas de reforma en materia civil

En el desarrollo del Artículo 16 de este Informe se describen las reformas al Código Civil que regulan derechos y obligaciones dentro del matrimonio.

Medidas pendientes de las recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

El Estado de Guatemala es consciente de que el marco legal puede contribuir a transformar las relaciones de inequidad o a reforzarlas, por lo que este punto merece especial atención. La existencia o no de leyes afectan las diferentes esferas, desde la participación política y los derechos económicos hasta la maternidad y la paternidad, por lo que es de suma importancia que el sistema legal refleje los valores del Estado, y salvaguarde los derechos de las personas con independencia de su sexo, etnia, ubicación geográfica, y otras características de adscripción u opciones de las personas sujeto de derecho.

El marco legal guatemalteco no ha avanzado hacia la salvaguarda de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género en los puntos que se exponen a continuación, mencionados en las recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW al Estado de Guatemala, en sucesivas ocasiones en respuesta a los informes presentados por el Estado:

•Definición de discriminación en el Código Penal que sea conforme al artículo 1 de la Convención, e incluya medidas para eliminar la discriminación de agentes privados, así como la discriminación efectuada de manera directa y de manera indirecta.

•No se ha aprobado una ley que proteja del acoso sexual a las personas, siendo en su inmensa mayoría mujeres quienes la sufren.

•No se ha aprobado una ley que proteja del acoso sexual a las personas, siendo en su inmensa mayoría mujeres quienes la sufren.

•Continúa la ambigüedad en las leyes sobre prostitución, especialmente prostitución infantil, habiendo una reconocida falta de proporcionalidad entre el delito, el daño ocasionado a las víctimas y la sanción legal a las personas que perpetran el delito. La legislación actual establece que en el caso de explotación sexual infantil es de entre 1,000 y 5,000 quetzales y en caso de trata, entre 1 y 3 años, que son conmutables en ocasiones por ejemplo con trabajo comunitario.

•Continúa vigente la diferencia de edad legal entre hombres y mujeres para contraer matrimonio, siendo ésta de 16 y 14 años respectivamente.

•No se han revisado las inconsistencias entre los Códigos Civil, Penal y Laboral con respecto a la CEDAW.

•No existen medidas concretas para garantizar la observancia y aplicación de las leyes y decretos.

•No se ha aprobado una ley de dignificación e igualdad para el trabajo efectuado por las trabajadoras de casa particular, ya que en la actualidad la legislación que rige su trabajo es discriminatoria con respecto a diferentes aspectos que aplican en la legislación laboral para el resto de trabajadores y trabajadoras.

•La legislación laboral no ha sido revisada, y contiene disposiciones incompatibles con la legislación internacional y el artículo 4 de la constitución que consagra la igualdad entre mujeres y hombres en Guatemala.

Así también existen otras reformas legales pendientes, de suma importancia para la equidad e igualdad de género. Tal es el caso de la tipificación de la violencia intrafamiliar, ya que actualmente se le da trámite por la vía penal a este tipo de casos en razón de las lesiones sufridas por las víctimas; o la reforma referida al delito de violación, ya que ahora sólo es considerada como tal cuando se produce penetración genital, pero los hechos sólo se consideran “abusos” cuando la violación es anal o con introducción de objetos.

Desafíos a futuro

Priorizar la equidad de género en la agenda legislativa

La mayoría de propuestas y reformas de leyes con medidas “correctoras” de sesgos androcéntricos, para promover la equidad de género y avanzar hacia la igualdad jurídica de mujeres y hombres no han avanzado en el período parlamentario 2004-2007.

Tanto las instituciones gubernamentales como las organizaciones de mujeres han venido trabajando desde hace varios años en una agenda legislativa pendiente a favor de las mujeres. Entre éstas se destacan las modificaciones propuestas al Código Laboral, consensuadas y presentadas por la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) al Congreso de la República.

La priorización de las propuestas legales en el corto, mediano y largo plazo, y su adecuación técnica con las recomendaciones de instancias internacionales, son pasos tan importantes como establecer medidas especiales y/o medidas afirmativas para las mujeres.

La recopilación de leyes y propuestas de reformas es una de las acciones contempladas en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas (PNPDMG). Para personas externas al Organismo Legislativo es difícil encontrar sistematizadas las iniciativas de ley y las propuestas de reforma en general, excepto las propuestas de leyes y reformas en el ámbito laboral, presentadas por la ONAM. La actualización e información periódicas sobre el proceso de las mismas se hace a través de los y las interesadas y una misma propuesta se puede presentar ante varias Comisiones en el Congreso de la República.

La Oficina Nacional de la Mujer y el Departamento de Mujer Trabajadora de la Dirección de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, realizaron el “Diagnóstico Situacional sobre reformas a leyes a favor de las mujeres” durante 2006 y 2007. A través de este diagnóstico se estableció el avance y las necesidades de reformulación de 10 propuestas de reformas a leyes con enfoque de género, elaboradas por ONAM con el apoyo de las mujeres pertenecientes a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las cuales fueron presentadas al Congreso de la República en el período de tiempo comprendido entre 1996 al 2006. Las propuestas analizadas son:

•Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos

•Reformas al Código Civil

•Reformas al Código de Trabajo

•Ley de Creación del Instituto Nacional de la Mujer

•Iniciativa de Ley de Protección para Trabajadoras de Casa Particular

•Reformas a la Ley de Educación

•Ley Reguladora del Trabajo en Casa Particular

Además de las prioridades consignadas en los ejes de la PNPDMG, especialmente en el de equidad jurídica, en el siguiente recuadro se resumen las principales reformas algunas de ellas propuestas y consensuadas por las mujeres en diversos ámbitos de derecho, o presentadas por instituciones gubernamentales que se formulan como una respuesta a la invisibilidad de las mujeres sujetas explícitas de derechos en las normas.

Recuadro 1 Resumen de las principales reformas y propuestas legislativas consensuadas

Derecho Civil	Reformas al Código Civil, incluyendo herencia y sucesión
Ley Electoral y de Partidos Políticos
Ley de Ciudadanía para las mujeres
Ley de Igualdad
Ley de maternidad y paternidad responsable
Derecho Laboral	Acelerar la propuesta de reformas consensuadas al Código de Trabajo
	Ley sobre acoso sexual en el trabajo
	Ley de Trabajadoras en condiciones especiales
	Ley de trabajadoras de casa particular
	Ley y reglamento del seguro social
Derecho Comercial/Mercantil	Ley de protección a la micro, pequeña y mediana empresa
Derecho Agrario	Ley marco del desarrollo rural
Ley sobre el trabajo agrícola y ganadero
Ley para el pequeño y mediano agricultor
Ley de incentivos para la diversificación de la agricultura
Leyes complementarias	Reglamentación Ley Marco de los Acuerdos de Paz
Reglamentación Ley del Registro de Información Catastral
Leyes Acuerdo 16 ‑2005	Conocidas como “compensadores sociales”.
Aprobación de varias Iniciativas de Ley que permitan crear los marcos legales como compensadores sociales para amortiguar los efectos del Tratado de Libre Comercio:
Ley Marco de Desarrollo Rural.
Ley de Incentivos Para la Diversificación de la Agricultura.
Ley de Intermediación Financiera no Bancaria.
Ley de Institucionalización del Pacto Fiscal.
Ley de Protección al Mediano y Pequeño Agricultor.
Ley de Protección a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Reforma Integral al Código de Trabajo.

Agenda legislativa pro-igualdad de género

Es necesario desarrollar una agenda mínima legislativa pro-igualdad de género, que contenga demandas legales definidas y concretas para el Código Civil, Penal y Laboral, que armonicen la legislación guatemalteca con las convenciones, tratados, y acuerdos suscritos por el país, en particular con la CEDAW.

Para avanzar dicha agenda se requerirá diseñar un Plan de Acción que considere:

•Trabajar y establecer un acuerdo en consenso entre los tres organismos del Estado sobre política pública y legislación pro-igualdad.

•Generar alianzas con instituciones de derechos humanos y las organizaciones de mujeres de la sociedad civil.

•Generar alianzas con los medios de comunicación y crear un clima de opinión informado pro-igualdad en el país.

•Desarrollar alianzas con la cooperación internacional.

•Acordar una agenda con plazos definidos para el avance de la agenda en cuestión.

Para promover el avance de dicha agenda sería fundamental impulsar la participación de mujeres en mayores porcentajes que existen actualmente en los organismos e instancias de toma de decisión, en particular en el Organismo Legislativo y fortalecer las instituciones pro-igualdad de la mujer, en particular la Secretaría Presidencial de la Mujer. Para apoyar la participación de las mujeres se podría impulsar la observancia de la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 7-1999), que incluye la mención de acciones positivas temporales.

Mecanismos especializados de la Mujer

Recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

El Comité recomienda al Estado parte que refuerce los mecanismos nacionales, especialmente la Secretaría Presidencial de la Mujer, dotándolos de las competencias y los recursos humanos y financieros necesarios para mejorar su eficiencia en el cumplimiento de su mandato a todos los niveles, en particular de la capacidad adecuada para lograr una cooperación mejor y más eficaz entre todas las entidades gubernamentales encargadas de aplicar la Convención. (6)

El Comité alienta al Estado parte a que asuma claramente la responsabilidad de cumplir todas las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención. También alienta al Estado parte a que mejore la colaboración con los grupos y las organizaciones de mujeres, pero sin delegar en esos interesados las responsabilidades que le competen con respecto a la aplicación de la Convención.

Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)

Es la entidad asesora y coordinadora de políticas públicas responsable de promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas y el fomento de una cultura democrática. Funciona bajo la dirección inmediata del Presidente de la República y es la entidad al más alto nivel del Organismo Ejecutivo, encargada de los temas relacionados con la promoción de la mujer y la incorporación de la equidad de género. Participa en los gabinetes de gobierno General, Social y de Desarrollo Rural. La Secretaria Presidencial de la Mujer, como titular de la SEPREM tiene el rango de Ministra de Estado.

Entre las facultades de la SEPREM, establecidas en el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 200-2000, destacan las relacionadas con velar por el cumplimiento de las leyes, convenios y tratados y la coordinación interinstitucional. El Reglamento Interno de la SEPREM le requiere adoptar mecanismos de interlocución y diálogo con las organizaciones de mujeres.

En octubre de 2007 por medio del Acuerdo Gubernativo número 471-2007, se reforma el Reglamento Orgánico Interno de la SEPREM. Con esta reforma se establece como una nueva función la formulación, monitoreo, evaluación y actualización de la política de la mujer. Así también se reforma la estructura organizacional para fortalecer sus funciones de la siguiente forma:

•Dirección Superior

•Despacho de la Secretaría Presidencial de la Mujer

•Despacho de la Subsecretaria Presidencial de la Mujer

•Asesoría

•Consejo Consultivo

•Asesoría Jurídica

•Asesoría Técnica

•Control Interno

•Unidad de Auditoría Interna

•Administración General

•Dirección Administrativa y de Recursos Humanos

•Dirección de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación

•Dirección Financiera

•Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales

•Dirección de Promoción y Participación de la Mujer

•Dirección de Fortalecimiento Institucional

•Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas

La SEPREM representa al Estado de Guatemala internacionalmente en materia de derechos de las mujeres. Entre otros ante la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Consejo de Ministras de la Mujer de Centro América (COMMCA). La SEPREM cuenta con un Consejo Consultivo, el cual forma parte de su estructura y está integrado por representantes de los Ministerios, Secretarías de Estado y Fondos Sociales, considerado un importante mecanismo de coordinación interinstitucional.

El presupuesto de la SEPREM se incrementó de 4,8 millones de quetzales (Q7.5/$1) en el año 2004, a 17.65 millones de quetzales en 2007, que representa el 367,8% de incremento. El Congreso de la República aprobó un presupuesto de 20,5 millones de quetzales para el año 2008. El incremento obtenido ha permitido el fortalecimiento territorial a través de la contratación de 10 mujeres que se desempeñan como representantes regionales en 8 regiones del país, así como la promoción, asesoría y acompañamiento de organizaciones de mujeres de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el nivel departamental; proporcionar financiamiento a la Fundación Red de Sobrevivientes de la Violencia; incrementar el financiamiento de la CONAPREVI; fortalecer la coordinación interinstitucional y la inclusión del enfoque de equidad de género en políticas e instrumentos.

Consciente de que la transversalización sistemática y eficaz de la perspectiva pro-igualdad de género demanda transformaciones en las dinámicas y las estructuras de gobierno, la SEPREM ha desarrollado el Programa Multianual 2006-2009 para la “institucionalización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y del Plan de Equidad de Género en los Procesos Prioritarios del Gobierno y en las Estructuras del Organismo Ejecutivo”.

El Programa Multianual recoge a su vez dos prioridades marcadas en las recomendaciones de las Expertas de la CEDAW: 1) el monitoreo de las políticas públicas y 2) la evaluación del impacto de género, considerando la situación de desventaja de las mujeres indígenas. En este sentido el programa multianual ha considerado la primera de sus dos áreas de acción el “monitoreo, evaluación, actualización e institucionalización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas con pertinencia étnica”. Este objetivo plantea incorporar la perspectiva de género en las estructuras y funciones de los entes que por estratégicos han sido priorizados por la SEPREM, como lo son: La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, el Instituto Nacional de Estadística, INE, el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y el Ministerio de Finanzas, MINFIN. La segunda área de acción considerada en el programa multianual, contribuye a la transversalización de género en las políticas públicas por medio de la “eficientación de los mecanismos de actuación de la SEPREM”.

La SEPREM ha profundizado su papel de órgano rector de políticas para la igualdad y equidad de género e incluso ha sido pionero como organismo del Estado en la reflexión auto-crítica sobre estructura y función, así como en su capacidad de propuesta para su propio fortalecimiento. En este sentido podemos citar los siguientes aspectos:

•Realización de una evaluación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006, cuya coordinación para la implementación está a cargo de la SEPREM. El propósito de la evaluación fue conocer avances, limitantes y lecciones aprendidas sobre el diseño, implementación y resultados alcanzados en las instituciones de Gobierno responsables de su implementación.

•Sistematización de la experiencia de la Secretaría Presidencial de la Mujer, así como una propuesta de respuesta política a las recomendaciones del Comité de CEDAW. Para ello la SEPREM ha promovido la realización de entrevistas a organismos de gobierno y de la sociedad civil con distintos grados de afinidad con el Organismo Ejecutivo.

•Trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Estadística para la definición de indicadores con enfoque de género que permitan visibilizar la situación y condición de las mujeres y que son relevantes para la definición de las prioridades de política pública.

•Establecimiento de un foro de cooperantes en materia de igualdad y equidad de género, para coordinar esfuerzos hacia la institucionalización de la PNPDMG en los procesos prioritarios del gobierno y en las estructuras del Organismo Ejecutivo.

•Planteamiento de la necesidad de inclusión progresiva de la temática de las mujeres rurales e indígenas, coordinación y alianza creciente con la Defensoría de la Mujer Indígena.

•Trabajo sistemático con el Consejo Consultivo de la SEPREM, en el cual se reúnen periódicamente representantes de los diferentes Ministerios y Secretarías, para apoyar procesos que fortalezcan la inclusión institucional de género.

•Fortalecimiento territorial de SEPREM mediante la contratación de 10 mujeres que se desempeñan como representantes regionales en 8 regiones del país y asesoría y acompañamiento a las organizaciones de mujeres representadas en los Consejos de Desarrollo para la incidencia en los procesos de formulación y gestión de propuestas de proyectos dirigidos a mujeres.

•Integrante de la mesa de diálogo para la formulación de la política de desarrollo rural con enfoque de género y multiculturalidad.

•Designación por los tres presidentes de los Organismos del Estado, como coordinadora de la Comisión para el Abordaje del Femicidio.

Los puntos mencionados indican desarrollos en diferentes etapas de implementación, a la vez que enuncian tendencias que contribuyen a la definición y fortalecimiento de la SEPREM como una instancia política con identidad propia e incluso, con capacidad de innovación en el Estado Guatemalteco.

La SEPREM y el Foro Nacional de la Mujer (FNM) elaboraron de manera conjunta el Plan de Acción para la Plena Participación de las Mujeres Guatemaltecas 2002-2006. En correspondencia con los ejes estratégicos de este Plan se diseño e implementó el Programa de Capacitación para Mujeres en los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. El Programa cuenta con ocho módulos de capacitación sobre los temas de: 1) descentralización, 2) participación, 3) políticas públicas, 4) El Plan, 5) Diagnóstico participativo de género, 6) el Proyecto, 7) Los recursos y 8) auditoria social.

Desarrollo de una agenda económica de las mujeres

En el área económica destacan las investigaciones realizadas en el marco del Proyecto la Agenda Económica de las Mujeres (AGEM) apoyada por UNIFEM, con el propósito de conocer el grado de inserción de las mujeres a la economía e identificar las áreas potenciales de investigación y acción. La AGEM promueve el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de derechos, que es uno de los Objetivos de Desarrollo de la Cumbre del Milenio. Los objetivos principales de la AGEM son:

•Contribuir a posicionar el tema de la equidad de género en la agenda económica de la región y en los escenarios donde se debaten y negocian las políticas públicas.

•Diseñar políticas económicas que orienten hacia la eliminación de la desigualdad existente entre mujeres y hombres.

•Apoyar el fortalecimiento de capacidades para el análisis de género de las economías de la región.

•Crear condiciones para identificar la agenda de las mujeres en el proceso de apertura comercial y los componentes de una estrategia de incidencia en las políticas públicas.

•Definir una agenda de incidencia de las mujeres centroamericanas.

Con estos fines, SEPREM centró su atención en la realización de varias investigaciones:

•“El perfil de género en la economía guatemalteca (2004)” que aporta al conocimiento de las características de la participación de las mujeres en las diferentes actividades productivas y reproductivas a nivel nacional y a la vez muestra que el enfoque de género en las políticas económicas es de los aspectos menos abordados y la necesidad de reorientarlas asegurando la inclusión del enfoque de género.

•Estudios de caso sobre salud ocupacional en las maquilas, la industria agroexportadora de berries y el turismo (2004) que documentan las condiciones de trabajo de las mujeres en esos sectores o áreas de la economía nacional. “El Milagro que aparece y desaparece” (2004), estudio relacionado con la participación de las mujeres en la cadena productiva de exportación de berries, revela las exigencias que este mercado impone a la calidad del producto y por ende las consecuencias que trae para las mujeres al dedicarse a este trabajo. A la vez, señala los bajos salarios y las largas jornadas de trabajo a que son sometidas.

•“Mapeo institucional en el ámbito económico – Una indagación acerca de la incorporación de la perspectiva de género (2006)”, identifica las instituciones gubernamentales responsables de la formulación y ejecución de la política económica, así como las iniciativas del sector empresarial y de organizaciones no gubernamentales que realizan proyectos dirigidos a las mujeres en el campo económico. Asimismo, documenta los obstáculos que se interponen en la internalización del enfoque de equidad de género y el tratamiento aún marginal que se hace de la problemática en el ámbito institucional y social.

•“Acceso de las mujeres emprendedoras a los servicios financieros en Guatemala, con énfasis en Huehuetenango y Chiquimula (2006)” evidencia las oportunidades y dificultades que enfrentan las mujeres para lograr acceso al crédito y los servicios financieros tanto en el sector financiero formal como informal. Se indica que la estimación de demanda de crédito es de 942,000 mujeres, y en cuanto a la oferta se analizó el papel de los diferentes actores: bancos, cooperativas y organizaciones de desarrollo especializadas en micro finanzas. Se concluyó que el número de mujeres que acceden a financiamiento, asciende a 194.965, lo que representa un nivel de acceso de 20,69% de la demanda potencial estimada. El estudio reveló que es una prioridad que la mujer sea considerada sujeta de crédito, debido a su participación en la economía informal, en la que se ubican alrededor de un 80% de micro negocios.

Estos estudios permitieron concluir que independientemente del tema que se aborde, las mujeres no superan la condición de vulnerabilidad frente a los desafíos que representan los cambios profundos de la realidad económica y social, derivados de la globalización y la apertura comercial concretada en la ratificación de Tratados de Libre Comercio y el alto desarrollo tecnológico, entre otras iniciativas.

Se encuentran en proceso otras importantes investigaciones:

•Estudio exploratorio que incluye el análisis macro del sector turismo que muestra la dinámica del mismo y las actividades económicas y sectores vinculados, en los últimos 5 años.

•Análisis comparativo de la información estadística desagregada por sexo generada en las Encuestas de Condiciones de Vida: 2000 y 2006.

•Estudio sobre el Trabajo Doméstico Remunerado en el país, como parte de la investigación centroamericana encargada por el Consejo de Ministras de la Mujer de Centro América (COMMCA). Finalizará en abril de 2008.

Recuadro 2 Compromisos desarrollados por SEPREM en el marco de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas

Eje de mecanismos institucionales para el avance de las mujeres	•Seguimiento a 19 Comisiones de la Mujer de los Consejos Departamentales de Desarrollo y 51 a nivel municipal. Se asesoró a las mismas en la elaboración de planes operativos, planes estratégicos, reglamentos y propuestas políticas y técnicas.
•Se asesoró a las Oficinas Municipales de la Mujer en la elaboración de planes de trabajo y su accionar en el espacio municipal.
•Se acompañó a comisiones y oficinas municipales de la mujer en el marco de la atención a los efectos de la Tormenta Stan, relacionado con la recuperación de documentos, siendo un total de 3118 mujeres y 1320 hombres entre 2005 y 2006.
Eje económico	•Propuestas de proyectos que reflejan intereses estratégicos y necesidades prácticas que fueron promovidas de forma conjunta con las organizaciones de mujeres y las comisiones de la mujer a nivel departamental, tendientes a incidir en la inversión pública hacia las mujeres.
•En el 2006 sumaron 31 los proyectos asesorados por las representantes regionales de SEPREM en municipios de 9 departamentos del país.
•Inclusión del eje de Autonomía Económica de las Mujeres en el Plan Estratégico 2006-2009 y su respectivo Plan de Acción del COMMCA.
•I y II Encuentro Género y Economía, realizados en noviembre de 2005 y 2007 respectivamente. El objetivo del primero fue abrir un espacio de reflexión y discusión sobre la articulación entre los temas de género y economía, para posicionar el tema en la agenda pública. Se convocó a la academia, sector público y sociedad civil a nivel centroamericano. El segundo se enfocó a conocer los avances sobre los temas de género, economía y desarrollo local en los dos últimos años.
•Se capacitó a 150 encuestadores de la Encuesta de Empleo y Desempleo del Instituto Nacional de Estadística en julio de 2007, en coordinación con la SEPREM y la Agenda Económica de las Mujeres.
•Seminarios-Talleres sobre el Sistema de integración Centroamericana-SICA- y el papel de la Sociedad Civil en la Integración Regional con el objetivo de dar a conocer a la sociedad civil guatemalteca, la constitución, organización, planes y perspectivas del Sistema de Integración Regional Centroamericana; así como los fines y objetivos del POA-CCSICA y el grado de avance de las Negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (ADA).
Eje de salud	•Se brindó asesoría para la elaboración de planes departamentales para la reducción de la mortalidad materna. Este proceso se desarrolló de forma distinta en cada departamento, los cuales presentan diferentes niveles de avance.
Eje violencia contra la mujer	•Se fomentó la construcción de albergues para víctimas de violencia intrafamiliar y contra la mujer en los departamentos de Quiché y Alta Verapaz. El primero está en ejecución, y el segundo está aprobado y será priorizado en la lista geográfica del 2007 para ser ejecutado en el 2008.
•Sobre la seguridad de las mujeres y ante la problemática de la violencia que viven las mujeres, la SEPREM elaboró la propuesta de Pacto Nacional por la Seguridad de las Mujeres. Que se desarrolla en el artículo 2 de este Informe.
Eje de participación sociopolítica	•Convocatoria y proceso de elección de representantes de organizaciones de mujeres en cumplimiento de la Ley de Consejos de Desarrollo en los 22 departamentos del país, logrando la elección de dos mujeres en cada uno de los Consejos Departamentales de Desarrollo, lo que hace un total de 44 mujeres.
•Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres por medio del Programa de Capacitación para Mujeres en Consejos de Desarrollo, en conjunto con el Foro Nacional de la Mujer: se capacitó un total de 5549 personas de las cuales 5366 son mujeres y 183 hombres.
•El proceso de capacitación aún sigue en marcha. Existe una tendencia creciente de capacitación a mujeres lideresas formadas en el plan piloto, quienes utilizan las guías y los módulos temáticos replicando los contenidos a nivel local.
Eje de estrategia comunicacional	En la divulgación de los derechos de las mujeres como uno de los compromisos internacionales del Estado de Guatemala, se desarrollaron acciones tendientes a dar a conocer los derechos promovidos por la CEDAW, su protocolo facultativo, así como las recomendaciones a los informes presentados por el Estado (1-6) dirigidos a funcionarios públicos del Estado y a través del Sistema de Consejos de Desarrollo por medio de las representantes regionales de SEPREM.
Se elaboró una publicación escrita y se produjeron y transmitieron durante marzo de 2006 cuñas radiales sobre los derechos de las mujeres por la Radio TGW.
Se produjo una cuña radial con la palabra “mujer” en 11 idiomas nacionales con la colaboración de CODISRA, DEMI y FODIGUA, con el objetivo de resaltar la importancia de las mujeres en la sociedad con enfoque étnico, multilingüe y pluricultural. Esta cuña se transmitió en marzo de 2006, en 11 radios en suroccidente y nororiente, en seis idiomas.
Se elaboraron materiales promocionales, incluyendo mantas y botones con la frase “Que la violencia no te sea familiar” y se distribuyeron en ocasión del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
Se elaboró, publicó y distribuyó un suplemento con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y el Día internacional contra el Racismo y la Discriminación. Esta actividad contó con el apoyo de COPREDEH y el Diario de Centro América.
Se editó un video sobre la situación de las mujeres guatemaltecas.
Se informó y se presentó de manera oficial las recomendaciones de las Expertas de la CEDAW al Estado de Guatemala ante los medios de comunicación y a la población en general.
Se publicó y distribuyó el folleto que contiene la CEDAW, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW al Estado de Guatemala de los seis informes presentados, el cual ha sido reeditado tres veces, completando una publicación de 3000 ejemplares en total.

Relación y sinergias entre SEPREM y sociedad civil

Las relaciones entre la institucionalidad pública y las organizaciones de mujeres de sociedad civil son un proceso en construcción en la sociedad guatemalteca que exige, para ser comprendido, abordar temas sensibles relacionados con la interlocución Estado-sociedad civil, los roles diferenciados de la institucionalidad y la sociedad civil, así como la identidad y derechos de las mujeres indígenas en una sociedad multicultural, plurilingüe y multiétnica. Aún persiste la dificultad de ver y reconocer en las instituciones del Estado un posible aliado, —un aliado al que las organizaciones de sociedad civil también tienen la función de fiscalizar—, que trabaja, desempeñando un rol específico aunque diferente pero dirigido hacia objetivos compartidos.

Al ser la institucionalidad pública pro-igualdad y equidad de género consecuencia de la demanda y presión ejercida por el movimiento de mujeres al Estado, hay expectativas en ocasiones de que la misma represente una punta de lanza o prolongación de las organizaciones en la estructura del Estado, y deudora en primera instancia de dichas organizaciones. Esta percepción puede redundar en unas expectativas de SEPREM, en materia de discurso público y estrategia, que no se corresponden con aquellas que encauzan la acción pública desde el Estado.

Subsanar este hiato en la comunicación y las expectativas es de vital importancia para el Estado para que no se produzca una oposición o distanciamiento entre instancias pro-igualdad insertas en el Estado y aquellas de la sociedad civil, -que en definitiva contribuirían al debilitamiento de ambas-, sino apuntar a construir sinergias hacia dicho objetivo. Situación por la que el objetivo de fortalecer la comunicación entre sociedad civil y Estado se ha considerado en el Programa Multianual 2006-2009 de la SEPREM.

Como se desarrolla a lo largo del presente Informe, el Estado se encuentra dando cumplimiento a sus obligaciones y responsabilidades de acuerdo a sus capacidades para proteger los derechos de las mujeres y proveer los bienes y servicios. En determinados espacios el Estado ha coordinado esfuerzos con organizaciones de sociedad civil, sin delegar en ellas las responsabilidades del Estado, tal y como se menciona en las recomendaciones del Comité al Sexto Informe.

Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI)

Hasta septiembre del 2007, la Defensoría de la Mujer Indígena dependía técnica, financiera y administrativamente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH). Con el fin de su fortalecimiento institucional se constituye, por medio del Acuerdo Gubernativo 442-2007, como una dependencia de la Presidencia de la República, con capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera, con el fin de atender las particulares situaciones de vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la mujer indígena. La DEMI trabaja en la definición, desarrollo e implementación de acciones, estrategias y procesos para el reconocimiento, respeto, promoción y cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas y la incidencia política en las políticas públicas y proyectos de ley.

El presupuesto de la Defensoría de la Mujer Indígena, se incrementó de Q1, 774,009.00 en el año 2004 a Q 4,555,240.00 en el año 2007. Este aumento le permitió:

•La creación de la Unidad Psicológica,

•La creación de la Unidad de Incidencia Política,

•El incremento del recurso humano: una representante de la DEMI en cada región del país y la ampliación de las instalaciones e implementación de equipo en cada sede regional, priorizando las oficinas regionales de Quetzaltenango, Petén Huehuetenango, y Suchitepéquez.

Para 2008 se ha designado un presupuesto de Q. 9,251,440.00.

La estructura institucional actual de la DEMI, es la siguiente:

•Defensora Nacional de la Mujer Indígena. Representa y coordina las acciones a nivel nacional y regional para el logro de los objetivos institucionales.

•Junta Coordinadora. Conformada por ocho mujeres indígenas representantes electas en Asamblea del Consejo Consultivo. Sus atribuciones se centran en asesorar a la Defensora de la Mujer Indígena en las acciones, programas y proyectos para propiciar la prevención, defensa y pleno respeto de tales derechos de su región.

•Consejo Consultivo. Integrado por una representante de cada comunidad lingüística del país. Discute, propone e informa a las comunidades lingüísticas sobre los planes de la Defensoría.

•Delegadas Regionales. La DEMI, actualmente cuenta con seis delegadas regionales, quienes son representantes de la Defensora de la Mujer Indígena en las regiones donde tiene presencia la DEMI. Su responsabilidad consiste en coordinar acciones para el logro de los objetivos institucionales.

Las Oficinas regionales de la DEMI están integradas por una representante de la Defensora (Delegada Regional), un o una asesora jurídica, el área social y las/los auxiliares lingüísticos de conformidad con la región. Actualmente la DEMI se encuentra desarrollando su trabajo a través de las siguientes áreas:

Incidencia Política

En materia de incidencia política la DEMI ha incidido a favor de las mujeres indígenas en los siguientes espacios:

•Apoyo a políticas públicas y/o leyes a favor de mujeres indígenas, discusión, análisis de diagnósticos, estudios, programas, consultas que se diseñan a favor de mujeres y pueblos indígenas.

•Convenio político institucional con el Centro Nacional de Trabajadoras de Casa Particular (CENTRACAP), para fortalecer la incidencia en el anteproyecto de la Ley de Trabajadoras de Casa Particular.

•Participación en la revisión de la Propuesta de Política Pública de atención al Migrante.

•La DEMI conjuntamente con la SEPREM participa en el proceso de evaluación y actualización de la Política de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Oportunidades 2001-2006, para visibilizar las situaciones particulares de vulnerabilidad, indefensión y discriminación de las mujeres indígenas y brindar aportes para mejorar el nivel de su calidad de vida.

•La DEMI brinda asesoría y acompañamiento a mujeres indígenas que participan activamente en los Consejos de Desarrollo local, municipal y departamental. Así como las que participan en las Comisiones de la Mujer para lograr la aprobación de proyectos que beneficien a las mujeres.

Se han realizado actividades de divulgación, sensibilización y capacitación en coordinación con organizaciones de mujeres y pueblos indígenas, consistentes en foros públicos y conversatorios en varios departamentos del país sobre derechos de las mujeres trabajadoras de casa particular, derechos de las mujeres indígenas, mujeres mayas y políticas públicas en la región, discriminación y racismo. La DEMI realizó un proceso de formación y comunicación para la prevención de la violencia contra las mujeres, así como el Congreso Nacional de Mujeres Indígenas en septiembre de 2006.

Así también, la DEMI facilitó la elaboración de la Agenda Articulada de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas (2007), que integra un conjunto de estrategias transversales y líneas de acción para el avance de las mujeres indígenas de Guatemala. Participaron en su elaboración lideresas y representantes de organizaciones de mujeres indígenas y de instituciones del Estado. La agenda articulada recoge e integra las principales propuestas y demandas de las organizaciones de mujeres mayas, garífunas y xinkas, planteadas para contribuir el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Esta Agenda Articulada tiene como objetivos:

•Visibilizar la situación específica de exclusión y discriminación de las mujeres indígenas y fomentar la equidad de género y respeto a su identidad cultural para mejorar su calidad de vida en los ámbitos público y privado, a partir de la implementación por parte del Estado de estrategias transversales y estrategias por ejes temáticos.

•Reconocer y valorar el aporte de las mujeres mayas, garífunas y xinkas a la preservación de la cultura, a la construcción de la paz, la democracia y el desarrollo integral del país.

Los ejes temáticos que desarrolla la Agenda Articulada, para satisfacer las demandas específicas de las mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas, son:

Recuadro 3 Ejes temáticos de la Agenda Articulada de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas

Ejes	Estrategias
Eje 1. Economía, trabajo y migración	•Políticas económicas para reconocer y visualizar el trabajo de las mujeres.
•Inversión productiva.
•Programas y proyectos para la generación de empleos locales.
•Garantías legales, sociales y económicas en el ámbito laboral para las mujeres en condiciones de equidad.
•Garantizar atención integral y protección a las mujeres migrantes.
Eje 2. Educación desde la Identidad cultural	•Integrar al sistema educativo nacional la filosofía, los principios y valores de la cultura de los Pueblos Indígenas la aportación de las mujeres.
•Fortalecer el Vice-Ministerio de Educación Bilingüe e Intercultural con participación de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas.
•Acceso y permanencia de las mujeres en todos los niveles de formación del sistema educativo nacional.
Eje 3. Salud integral desde la identidad cultural	•Acceso permanente a los servicios de salud integral para mujeres, basándose en su identidad cultural.
•Implementación y rescate de la medicina tradicional.
•Programas de salud mental para mujeres víctimas del conflicto armado interno.
•Programas para la reducción de la mortalidad materno-infantil.
•Programas de salud sexual y reproductiva.
Eje 4. Tierra, vivienda y recursos naturales	•Diseñar una política agraria con identidad cultural y equidad de género.
•Acceso de mujeres a la tierra, territorio y financiamiento productivo.
•Acceso a una vivienda propia con equidad de género y respeto a la identidad cultural.
•Política para el respeto de los recursos naturales y la relación con los pueblos indígenas.
Eje 5. Participación política	•Crear el Instituto Autónomo de formación política de la Mujer Indígena.
•Participación política activa de mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito local, municipal, departamental regional y nacional.
•Efectiva participación de las mujeres en la formulación de políticas públicas.
•Promover la participación de las mujeres en auditoria social de programas y proyectos del Estado.
Eje 6. Acceso a la justicia	•Acceso a la justicia a las mujeres basada en su identidad cultural.
•Reconocer y respetar los derechos específicos de las mujeres.
•Garantizar los derechos de las mujeres indígenas recluidas en centros carcelarios.
•Resarcimiento a las víctimas del conflicto interno, especial énfasis en mujeres.
•Promover la denuncia en actos de discriminación y violación a los derechos de las mujeres indígenas.
Eje 7. Abordaje del racismo y violencia contra la mujer	•Transformar modelos de conducta sociales fundamentados en el racismo y la discriminación.
•Prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer.
•Garantizar la seguridad ciudadana de mujeres.
Eje 8. Espiritualidad y lugares sagrados	•Fomentar e implementar mecanismos de rescate, respeto y cuidado de los lugares sagrados y la espiritualidad Maya, Garífuna y Xinka.
•Fomentar la identidad cultural desde la cosmovisión propia de las mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas.
Eje 9. Mecanismos institucionales para la protección y desarrollo de las mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas	•Fortalecer financiera, técnica y política a la Defensoría de la Mujer Indígena.
•Fortalecer a la Secretaría Presidencial de la Mujer, para brindar atención adecuada a las mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas.

Formación y comunicación para la prevención

La DEMI desarrolla iniciativas propias de formación, promoción, divulgación y sensibilización a grupos de mujeres indígenas sobre sus derechos específicos y mecanismos de protección para empoderarlas. En 2005 se diseñó un módulo sobre “Multiculturalidad con enfoque de género”, así como la coedición del módulo sobre “Derechos Cívicos y Políticos de las Mujeres” con el Foro Nacional de la Mujer.

Se diseñó la estrategia de comunicación institucional para visibilizar el trabajo de la DEMI, lo cual implicó: 1) Diseño e impresión de material de promoción de los servicios de la institución (afiches, trifoliares, carpetas, mantas vinílicas). 2) Producción de 10 cuñas radiofónicas sobre derechos de las mujeres indígenas. 3) Producción de 10 microprogramas sobre derechos de las mujeres indígenas. Esta estrategia ha resultado positiva a nivel de la población de mujeres indígenas, ya que en los últimos dos años el número de mujeres que acuden a solicitar apoyo ha ido en aumento gradual.

Estudios e informes elaborados

Segundo Informe temático “Acceso de las Mujeres Indígenas al Sistema de Justicia Oficial (2005-2006), presentado en el 2007. El objetivo principal de este informe se centra en identificar y valorar los problemas que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la justicia, así como las causas y efectos principales de dichos problemas.

Estudio Sobre violencia doméstica hacía las mujeres indígenas. Este estudio tiene como finalidad profundizar en el conocimiento de las causas, manifestaciones, consecuencias y factores que alimentan el círculo de violencia doméstica para generar propuestas y estrategias de incidencia para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres indígenas.

“Las necesidades y problemas de las mujeres indígenas privadas de libertad en cumplimiento de su condena” (pendiente publicación). La DEMI en coordinación con la Unidad de la Mujer del Instituto de la Defensa Pública Penal, realizaron el diagnóstico con el objetivo de generar información que permita plantear propuestas de apoyo al sistema penitenciario y tomar medidas que contribuyan al mejoramiento de la situación de las mujeres indígenas dentro del Centro de Orientación Femenina (COF). Así como también para definir políticas con enfoque intercultural y de género que promuevan la equidad y respeto de las mismas.

Atención de casos

La DEMI desarrolla un modelo de atención, asesoría y seguimiento integral a mujeres indígenas violentadas en sus derechos, proporcionándoles servicio social, psicológico y jurídico gratuito. Las acciones que se desarrollan en este marco son: atención inicial, asesoría, acompañamiento, conciliación y/o mediación, apoyo psicológico, auxilio, procuración y gestión social a mujeres indígenas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales, principalmente por su situación y condición de género y etnia. Dicha atención integral se realiza en su idioma materno.

Para ello, se han diseñado e implementado modelos de atención concebidos desde los elementos culturales de los pueblos indígenas.

Cuadro 1Cantidad de Casos atendidos por las Unidades de la DEMI

Servicio brindado	2004	2005	2006	2007*
Unidad Jurídica	766	455	605	505
Unidad Psicológica	40	184	0	7
Unidad Social	566	1367	902	604
Total	1 372	2 006	1 507	1 116

No incluyen asesorías puntuales brindadas en una sola ocasión a petición de la parte interesada.

*Enero-septiembre de 2007/Fuente: Unidad Social DEMI.

Asistencia Psicológica

Esta Unidad se implementó a mediados del año 2004. Cuenta con un diseño de atención psicológica con pertinencia cultural dirigida a mujeres indígenas violentadas en sus derechos fundamentales, específicamente de violencia intrafamiliar. Ha implementado lineamientos básicos de orientación desde la cosmovisión indígenas para promover la prevención, reivindicación de sus valores y principios culturales, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. La incorporación de saberes y técnicas indígenas incluye además elementos culturales, idioma y espiritualidad de los pueblos indígenas.

La atención psicológica se ha brindado en las regiones de Alta Verapaz, El Quiché, Quetzaltenango, Huehuetenango, Suchitepéquez, El Petén y la Ciudad de Guatemala. Los casos se atienden y se les da seguimiento hasta su eventual cierre.

Asistencia Social

En esta unidad se da el primer acercamiento que se le brinda a la usuaria para conocer su problemática y poder darle una atención específica en sus necesidades. Abarca procedimientos y gestiones para resolver su situación a corto plazo y conlleva el análisis del caso, acompañamiento, asesoría (que se da en todos los casos), solicitud de medidas de protección ante las instancias respectivas y en los casos que amerite mediación y conciliación, o bien transferencia para iniciar un proceso jurídico en el que la mujeres fortalezcan su capacidad de denuncia.

Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliary contra las Mujeres (CONAPREVI)

Para dar cumplimiento a la obligación del Estado de Guatemala de la implementación y seguimiento de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, entre otros instrumentos jurídicos surge la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), creada legalmente como ente coordinador, asesor e impulsor de políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

Esta instancia estatal está constituida por los organismos e instituciones del sector público que tienen responsabilidad del abordaje de la violencia contra las mujeres y la sociedad civil: 1) El Presidente de la República, representado por la SEPREM; 2) el Fiscal General de la República o su representante; 3) el Presidente del Organismo Judicial o su representante; 4) el Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística o su representante; 5) Una representante del Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (PROPEVI); 6) Por parte del movimiento de mujeres se delegó su representación en tres miembros de la Red de la No Violencia en contra de las Mujeres.

La composición mixta de CONAPREVI, en la que coinciden instituciones estatales y de la sociedad civil, representa en principio un valor agregado para su institucionalización. En primer lugar, porque contribuye a atenuar la tradicional desconfianza que ha caracterizado las relaciones entre el sector público y las organizaciones sociales, al mismo tiempo que brinda oportunidades para mejorar dicha relación, dentro de una perspectiva de colaboración y coordinación a favor de un tema que preocupa a ambos y que está obstaculizando la construcción de una democracia con otras calidades y contenidos.

La CONAPREVI se ha fortalecido técnica y financieramente por medio del incremento presupuestario obtenido. Su presupuesto se incrementó de Q 187,650.00 en el 2004 a Q 1,703,100.00 en el 2007, correspondiendo a un 700% de aumento–aunque no siempre suficiente-. Este aumento permitió incrementar su personal, contando actualmente con una asesora jurídica y asesoras específicas para atender la problemática de violencia contra las mujeres, de acuerdo a las áreas estratégicas del Plan Nacional de la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer 2004-2014 (PLANOVI 2004-2014). El presupuesto aprobado para 2008 es de Q. 2.3 millones.

El compromiso de las instituciones integrantes de la CONAPREVI, el aumento significativo del presupuesto por parte del Estado para esta coordinadora, los apoyos técnicos y financieros de la cooperación internacional, así como las acciones de incidencia que CONAPREVI ha realizado desde su instalación, conforman un marco de condiciones positivas que favorece que otras instituciones del Estado y de la sociedad civil, asuman su responsabilidad en la ejecución del PLANOVI y con ello, adquiera la autoridad plena para el ejercicio de sus funciones: asesorar e impulsar políticas públicas para erradicar la violencia intrafamiliar y contra las mujeres; así como coordinar con instituciones públicas y privadas para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

Durante los primeros años de vida de CONAPREVI, los esfuerzos se han encaminado hacia su consolidación e institucionalización, proceso que constituye un logro significativo, en especial con la formulación y el inicio de la ejecución del Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres 2004-2014. Este Plan está formulado como estrategia nacional para la aplicación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006, en el eje de violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Está integrado por cuatro áreas estratégicas: 1) Fortalecimiento institucional del Estado y de la CONAPREVI, 2) Análisis e investigación estadística, 3) Atención integral y 4) Prevención.

La relevancia del PLANOVI 2004-2014 radica en que su carácter propositivo y articulador de los esfuerzos nacionales conlleva claridad en los objetivos de largo plazo y conocimiento en la forma que se cumplirá con ellos. Éste es producto del trabajo y experiencia en el estudio y la atención de la violencia contra las mujeres de quienes integran CONAPREVI. Sin embargo, su mayor acierto constituye que se involucra al Estado en una iniciativa de esta naturaleza y se asignan fondos alternativos de la cooperación internacional que durante cuatro años impulsarán esta estrategia de largo plazo dirigida específicamente a frenar la violencia contra las mujeres.

Los objetivos definidos para la etapa de los primeros cuatro años para el impulso del PLANOVI son: 1) Contribuir a la prevención y la erradicación de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres mediante el fortalecimiento del marco político institucional estatal que aborde de manera eficaz la problemática de la violencia contra las mujeres en Guatemala. 2) Fijar directrices políticas y acciones concertadas, con instituciones del Estado y de sociedad civil, con el fin de prevenir, atender, sancionar y reducir la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, en seis departamentos de Guatemala y en un período de 4 años.

La aprobación y posicionamiento del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (PLANOVI 2004-2014), constituye el mecanismo específico para la atención del problema de violencia en contra de las mujeres, con enfoque integral y estratégico.

Dentro de los avances de la CONAPREVI, en el marco de la operativización del PLANOVI, se encuentran:

•El Diagnóstico Nacional sobre la Atención Institucional a la problemática de Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres y socialización del mismo.

•La implementación de la Boleta única de registro de denuncias de violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

•La elaboración de una propuesta de Modelo de Atención a Sobrevivientes de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.

•Socialización del PLANOVI en los 22 departamentos, dirigida hacia autoridades locales, municipales, instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil que atienden casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

•La evaluación del Plan Estratégico de la CONAPREVI 2001-2006 y diseño del Plan Estratégico 2007-2012.

•Suscripción de convenios entre la CONAPREVI y el Instituto Nacional de Estadísticas, el Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación, en torno a la implementación del PLANOVI.

•Se estableció un espacio de coordinación con la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y CONAPREVI, para impulsar un plan a corto plazo para la prevención e investigación de los femicidios.

•Capacitación al personal de la PNC para dar respuesta en una línea telefónica de emergencia, y a los Comisarios de la PNC sobre violencia contra las mujeres y femicidios.

•Se encuentra en proceso la construcción y sistematización del modelo sobre la escena del crimen en coordinación con el Ministerio de Gobernación, PNC y el Ministerio Público.

•Coordinación con el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), para la planificación e implementación de las acciones en el marco del convenio tripartito IDPP-Defensoría de la Mujer Indígena y CONAPREVI, que busca fortalecer un servicio de atención y acompañamiento legal a mujeres sobrevivientes de violencia, en el marco de la defensa pública penal.

•Coordinación con organizaciones de mujeres y de derechos humanos para la formulación y suscripción de convenios específicos con CONAPREVI en el marco del PLANOVI.

Foro Nacional de la Mujer (FNM)

Al FNM se le asignan los objetivos de promover la participación de las mujeres de manera a viabilizar la conciliación y el seguimiento de propuestas que incidan en las políticas nacionales de desarrollo humano integral, en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, Convenciones y Tratados Internacionales a favor de las mujeres ratificados por Guatemala.

El FNM se constituyó en tres niveles de participación y representación con instituciones del Estado y organizaciones de mujeres: 1) local, con representantes de aldeas y municipios, integradas a las comunidades lingüisticas y multisectoriales departamentales. 2) Regional, con las representantes de las comunidades lingüisticas y multisectoriales de la región; y 3) Nacional, con representantes de las estructuras del Foro y las integrantes de la Comisión Coordinadora. De esta manera el Foro permitie una amplia representación territorial de las diversas estructuras y comunidades lingüísticas que lo integran. Se cuenta con la participación de 225 mujeres delegadas titutales, representantes de las 54 estructuras formadas (22 asambleas multisectoriales con representantes de las diferentes organizaciones de mujeres y de organizaciones no gubernamentales (ongs) de cada uno de los departamentos del país y entidades gubernamentales), más las comunidades lingüísticas (con participación de las 23 etnias representadas en la estructura del Foro, con 32 comunidades lingüisticas). De esa forma, el Foro se constituye en una instancia de mujeres amplia, plural, diversa, participativa y de consulta y diálogo permanente, principalmente por su estructura y conformacion de entidades del Estado y organizaciones de mujeres de la sociedad civil. En la actualidad el Foro se encuentra en proceso de reestructuración.

El FNM asume conjuntamente con la SEPREM y la DEMI el cumplimiento específico de los Compromisos de los Acuerdos de Paz números: 26, divulgación de la CEDAW; 84, seguimiento a los Acuerdos relativos a la mujer y 85, realizar evaluación de los avances de la participación de las mujeres y sobre esta base elaborar el Plan de Acción correspondiente. El FNM ha dado especial relevancia al cumplimiento del Compromiso 85, logrando institucionalizar la práctica de realizar evaluaciones periódicas de los avances de la participación de las mujeres.

De manera conjunta con la SEPREM se diseñó e implementó el Programa de Capacitación Además, se desarrolla en forma conjunta FNM y DEMI el Programa de Formación y capacitación a Promotoras en Desarrollo local y municipal, con los siguientes módulos: 1) Las mujeres de ayer, hoy y mañana; 2) multiculturalidad e interculturalidad con enfoque de género y 3) hablemos de nuestros derechos. Este programa está orientado a la creación y fortalecimiento de capacidades para la participación efectiva de las mujeres electas como representantes de sus organizaciones en los diferentes niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo.

Diagnóstico sobre la Participación de las Mujeres Guatemaltecas enel Sistema de Consejos de Desarrollo, elaborado por el Foro Nacionalde la Mujer

Esta iniciativa da cumplimiento al Compromiso 178 de los Acuerdos de Paz que establece “Realizar una evaluación de los avances en la participación de la mujer, y sobre esta base, elaborar el plan de acción correspondiente”. El FNM se propuso con este Diagnóstico examinar cuál es la realidad de la participación de las mujeres en el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, a partir de la percepción de las propias mujeres participantes en los Consejos, de las autoridades locales, de los y las representantes gubernamentales y de los hombres y mujeres que integran la sociedad civil local. Su objetivo consiste en identificar los obstáculos y las oportunidades para avanzar de manera efectiva en la implementación del “Plan de Acción 2002-2012 para la Plena Participación de las Mujeres Guatemaltecas”.

La Investigación realizada por el FNM, durante los meses de agosto 2005 a enero 2006 tomó como unidad de análisis los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDEs) y los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODEs), para conocer a través de los propios actores, hombres y mujeres los avances en la participación de las mujeres en estos espacios públicos. También midió el conocimiento de la ciudadania sobre los procesos de cambio institucional que están siendo impulsados y sobre los Consejos de Desarrollo como espacios de participación.

El Diagnóstico permite establecer la línea de base 2006 de la Participación de las Mujeres en el Sistema de Consejos de Desarrollo, siendo el primer estudio cualitativo y cuantitativo que contiene datos de los 22 departamentos y 332 municipios del país. Queda pendiente, sin embargo completar el esfuerzo con futuros estudios que permitan evaluar tanto los avances o retrocesos que se produzcan en cada uno de los aspectos relevados por el Diagnóstico, como también el alcance de las diferentes intervenciones realizadas por el FNM y por las organizaciones que trabajan en beneficio de las mujeres.

El diagnóstico ofrece una fotografía del proceso de participación de las mujeres en los Consejos de Desarrollo. Esta fotografía nos revela que las mujeres se han ido incorporando a estos espacios con suma dificultad y que aún falta camino por recorrer- en algunos departamentos más que en otros- para que sus derechos sean respetados, sus intereses incluidos en la toma de decisiones y aumente su calidad de vida. Situación que se presenta en y desarrolla en el artículo 14 del presente informe.

Derivado de este Diagnóstico surgen las siguientes propuestas de líneas de acción:

Recuadro 4Líneas de acción propuestas derivadas del Diagnóstico elaborado por el FNM

Línea de acción 1	Promover la participación política de las mujeres en los gobiernos locales que se mantienen como espacios masculinizados y con hegemonía masculina.
Línea de acción 2	Fortalecer la promoción de la participación de las organizaciones de mujeres en procesos de selección de representantes de los COMUDES.
Línea de acción 3	Estudiar a profundidad el perfil masculinizado de la gestión municipal.
Línea de acción 4	Revisar y apoyar los procedimientos para los procesos de selección a cargos en los COCODEs.
Línea de acción 5	Monitorear el funcionamiento de los Consejos Municipales de Desarrollo.
Línea de acción 6	Promover la articulación entre las agendas de las organizaciones de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil.
Línea de acción 7	Apoyar el proceso de elaboración de propuestas que presentan las mujeres a los Consejos y el proceso de cabildeo con otros sectorespara impulsarlas.
Línea de acción 8	Sensibilizar a las autoridades municipales sobre la asignación de recursos para proyectos que beneficien a las mujeres.
Línea de acción 9	Fortalecer los procesos de educación en derechos de las mujeres y participación ciudadana.
Línea de acción 10	Establecer un sistema de monitoreo, evaluación y sistematización (SIPES) de la Equidad de Género en el Sector Público.

Mecanismos Municipales de la Mujer (MMM)

Si bien la creación de mecanismos institucionales de la mujer se ha concentrado básicamente en el ámbito nacional, particularmente en el gobierno central, en los últimos años se han promovido estos mecanismos institucionales en el ámbito local. Derivado de los esfuerzos que involucran a organizaciones de mujeres, instituciones públicas como la SEPREM y corporaciones municipales, se logra que el nuevo marco jurídico que rige los gobiernos municipales y las instancias de participación ciudadana en el ámbito municipal incorporaran de manera explícita la creación de las Comisiones de la Mujer, como parte de las Comisiones de la Familia, la Mujer y la Niñez, que obligatoriamente deben ser conformadas en las corporaciones municipales.

En efecto, la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 97-1996) tiene el mérito de ser la primera norma jurídica centroamericana que establece la creación de mecanismos institucionales en el ámbito local. Asimismo, la trilogía de leyes de descentralización: Ley de Descentralización, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y Código Municipal (2002) los consideran.

Comisiones Municipales de la Mujer (CMM)

En lo que respecta a las CMM, en el ámbito municipal éstas encuentran su fundamento jurídico en el Código Municipal y en la Ley que regula el funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo. El artículo 36 del Código Municipal ordena al Consejo Municipal a conformar con carácter obligatorio entre otras, la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez, y norma los procedimientos respecto de sus funciones y dictámenes.

En lo que se refiere a la creación de estos órganos de participación en los Consejos de Desarrollo, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural establece en su artículo 24 que pueden crearse las Comisiones que se consideren necesarias, las que deben ser acordadas en el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) y la Corporación Municipal. El artículo 28 del Reglamento a la Ley, establece que es imprescindible que miembros del COMUDE participen en estas Comisiones y que su coordinador/a sea una persona integrante titular del mismo.

Si bien, las CMMs existen en 50% de los municipios del país, el Diagnóstico elaborado por el Foro Nacional de la Mujer, ha constatado que muchas de estas Comisiones están conformadas por una sola persona, designadas por el Alcalde o Consejo Municipal, y no tienen mayor funcionamiento.

Oficinas Municipales de la Mujer (OMM)

Las OMMs a diferencia de las Comisiones de la Mujer no están contempladas explícitamente en el marco legal, pero han sido promovidas por corporaciones municipales e instituciones públicas como la SEPREM y por organizaciones de mujeres. Su propósito es facilitar la participación política de las mujeres en los gobiernos municipales, vincular las autoridades locales con las mujeres comunitarias y articular a los grupos de mujeres con los organismos cooperantes. Uno de sus principales objetivos es incidir en las políticas, planes y programas municipales a fin de garantizar la incorporación de la equidad de género en los mismos.

A nivel nacional existen 71 Oficinas Municipales de la Mujer, el 35% de ellas cuentan con recursos asignados. En la mayoría de los casos las asignaciones se limitan al pago de una funcionaria y no contemplan el financiamiento de las operaciones de la Oficina, ni las actividades para fortalecer las capacidades de participación ciudadana de las mujeres en la gestión municipal. Sólo el 8% de las municipalidades del país han dado muestra de voluntad política para asignar recursos a las OMMs.

Gráfica 1

Balance Nacional de Mecanismos Municipales de la Mujer (MMMs)

Como resultado del “Diagnóstico de la Participación de la Mujer en los Consejos de Desarrollo”, elaborado por el Foro Nacional de la Mujer, se pudo establecer la existencia de un total de 326 Mecanismos Municipales de la Mujer (MMMs) a nivel nacional, con desiguales niveles de avance.

La suma de OMMs, CMMs, CMCs da un total de 326 Mecanismos Institucionales de la Mujer existentes en el ámbito municipal. De estos 326 mecanismos, 236 pertenecen a las Corporaciones Municipales y 90 a los COMUDEs. De las primeras, 165 son Comisiones Municipales de la Mujer (CMMs) y 71 son Oficinas Municipales de la Mujer (OMMs), lo cual indica que las Corporaciones Municipales muestran más observancia del Código Municipal, al crear CMMs, que voluntad política de atender las necesidades de las mujeres mediante las OMMs. En efecto, mientras la instalación de CMMs es (legalmente) obligatoria, la instalación de OMMs y de Comisiones de la Mujer en los COMUDEs (CMC), es (políticamente) voluntaria y supone un proceso previo de concertación y movilización de la voluntad política de los diferentes sectores que participan en la Corporación y en los COMUDEs.

Cuadro 2Mecanismos Municipales de la Mujer (MMM)

	Porcentaje
Oficina Municipal de la Mujer (OMM)	71 (de 332) municipios tienen OMM	21
Comisiones Municipales de la Mujer (CMM)	165 (de 332) municipios tienen CMM	50
Comisión de la Mujer en los COMUDES (CMC)	90 (de 332) municipios tienen CMC	27
90 de (192) municipios con COMUDE tienen CMC	47
Total MMM	326 MMMs (de 996 posibles) en 332 municipios	3 4

Fuente: Diagnóstico FNM (2005-2006).

Oficinas Institucionales de la Mujer dentro de los Organismos del Estado

Por parte del Estado de Guatemala, desde la década de los noventas se han incrementado las instituciones del Estado que cuentan con oficinas o unidades de atención específica para las mujeres. Cada una de estas instituciones surge en un momento histórico particular y respondiendo a necesidades específicas. En algunos casos, a estas oficinas les corresponde desarrollar las respectivas políticas públicas con enfoque de género, sensibilizar a quienes allí laboran sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, dar seguimiento a la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas, o a las Políticas sectoriales, o brindar atención específica a las mujeres. Destacan en ese sentido:

Oficinas Institucionales de la Mujer en el Organismo Ejecutivo

•Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (PROPEVI). Acuerdo Gubernativo No. 929-99. Adscrito a la Secretaría de Bienestar Social, a partir de julio de 2007.

•Oficina Nacional de la Mujer en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

•Oficina de Equidad Género en la Policía Nacional Civil, en el Ministerio de Gobernación.

•Unidad de Políticas e Información Estratégica (UPIE) en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que en la actualidad tiene la responsabilidad de promover la institucionalización del enfoque de género, según Acuerdo Ministerial No. 1737-2004.

•Unidad de Género, Mujer y Juventud en el Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales.

•Unidad de Fomento de la Equidad Étnica y de Género en el Ministerio de Cultura y Deporte.

•Unidad de Género en el Ministerio de Energía y Minas.

•Unidad de la Mujer en el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA).

•Unidad de la Mujer Campesina en el Fondo Nacional de Tierras, la cual está siendo coordinada por la Subgerencia de Acceso a la Tierra del Fondo de Tierras, según memorándum FT-GG-059-2006.

Uno de los principales riesgos que se han visualizado en esta fase de institucionalización de los mecanismos de avances de las mujeres, es que hay una tendencia a considerar que lo concerniente con los derechos de la mujer es responsabilidad propia y principal de las “mujeres”, por ser asuntos de mujeres. Por tanto, estos mecanismos de avance en las instituciones del gobierno no siempre son acompañados con suficientes recursos humanos y financieros para desempeñar adecuadamente sus funciones.

Oficinas Institucionales de la Mujer en el Organismo Legislativo

Actualmente en el Organismo Legislativose encuentra la Comisión de la Mujer del Congreso de la República de Guatemala, que en el último año ha realizado un trabajo de fiscalización de las instituciones del Estado en términos de la asignación de recursos dirigidos a programas de beneficio hacia las mujeres. La Junta Directiva del Congreso de la República en 2004 creó el Parlamento de las Mujeres, después denominada Asamblea de Mujeres, hoy desaparecida tras cambio de la Junta Directiva. Éste era un órgano conformado por diferentes organizaciones de mujeres de la sociedad civil que formularon una Agenda Legislativa de Mujeres.

Oficinas Institucionales de la Mujer en el Organismo Judicial

En el Organismo Judicial, en 2006 se creó la Unidad de la Mujer y Análisis de Género. La Unidad tiene dentro de sus funciones, procurar la incorporación del enfoque de género en el Organismo Judicial, de una manera sistemática, incorporándolo desde el proceso de planificación hasta la ejecución de las actividades de las diferentes unidades. Proporciona asesoría y apoyo a las autoridades superiores en el tema, identificando las necesidades de sensibilización y capacitación, así como para dar seguimiento a los acuerdos y compromisos internacionales o nacionales contraídos con organizaciones o instituciones que trabajan en este tema. Realiza un seguimiento, control y divulgación de las estadísticas judiciales desagregadas por sexo, así como para la gestión de financiamiento de nuevos proyectos jurídicos que incorporen este aspecto.

Adicionalmente y en otro nivel se encuentran

•En el Ministerio Público, la Fiscalía de la Mujer.

•En la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de la Mujer.

•En la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos de la Mujer.

Medidas pendientes de las recomendaciones de la CEDAW

Definición de metas de género para el conjunto de Ministerios, Secretarías y demás instancias del Estado que se desempeñan en temáticas sectoriales de importancia para la igualdad de género.

Establecer cauces sistemáticos de relación con las organizaciones de mujeres.

Violencia contra las mujeres

Recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

Existe falta de acceso efectivo a la justicia para las mujeres por esta causa, en particular las mujeres indígenas que se e n frentan además a barreras lingüísticas (6)

Se insta al Estado Parte a (6)

– Dar prioridad a la adopción de un enfoque amplio e integrado para hacer frente a la violencia contra la mujer y la niña, de acuerdo a la recomendación general 19.

– Aprobar las reformas pendientes del Código Penal para tipificar como delito la violencia intrafamiliar

– Asignar los recursos necesarios para la aplicación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intr a familiar y contra las Mujeres 2004-2014

– Impartir capacitación al funcionariado público sobre violencia contra la mujer, en particular a las fuerzas del orden público y el personal del sistema judicial, el personal docente y los servicios de atención de salud, a fin de conciencia r los sobre todas las formas de violencia

Existe una arraigada cultura de impunidad y escaso empeño demostrado en realizar investigaciones a fondo para la resol u ción de delitos, en persistente aumento, de desaparición, violación, tortura y asesinato de mujeres (6)

Preocupa la ausencia de medidas para la protección de los testigos, las víctimas y sus familiares (6)

Existe falta de información y de datos sobre los casos, las causas y el perfil de las víctimas. En el próximo informe periódico identificar esto y el efecto de las medidas adoptadas para prevenir estos casos, investigar los incidentes y castigar a los culpables (6)

Se insta al Estado a ofrecer recursos, en particular indemnizaciones apropiadas a las víctimas y sus familiares (6)

Es urgente la adopción de medidas para poner fin a los asesinatos y desapariciones de mujeres y a la impunidad de los perpetradores. Se sugiere que el Estado Parte (6)

– Tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité hizo sobre el secuestro, la violación y el asesinato de mujeres en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua

– Institucionalice la Comisión para el Abordaje del Femicidio como órgano permanente con recursos humanos y financi e ros propios

El tema de seguridad de las mujeres ha sido abordado por el Estado de Guatemala en respuesta a la creciente demanda de la sociedad, para ejecutar intervenciones que cambien esta situación de violencia. Esto lo plantea la actual administración desde los lineamientos generales de Gobierno, al priorizar la seguridad integral como uno de los pilares para alcanzar el bienestar de la población, y enfocar aspectos importantes en las instituciones responsables de la seguridad ciudadana como: replanteamiento funcional de las instituciones responsables, depuración de las instituciones responsables, trabajo coordinado entre las entidades responsables.

En 2004, se inició la divulgación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (PLANOVI) y Diagnóstico Nacional Sobre la Atención Institucional a la Problemática de Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres, por parte de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI) que da inicio a esfuerzos institucionales para dar a conocer el tema, tanto en entidades de gobierno como de sociedad civil.

En 2004 la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk y la Relatora Especial para la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Susana Villarán realizaron visitas al país, para conocer la situación de la violencia contra la mujer y determinar las posibles causas y consecuencias de la violencia contra la mujer y particularmente el “femicidio” en el país. Por lo que el Estado de Guatemala incluye sus recomendaciones dentro de las acciones encaminadas a la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres.

Comisión Específica para el Abordaje del Femicidio

El 8 de marzo de 2006 se presentó oficialmente la “Comisión Específica para el Abordaje del Femicidio en Guatemala”. La Comisión está integrada por delegados de los tres Organismos que conforman el Estado de Guatemala, -Legislativo, Judicial y Ejecutivo-, por representantes de instituciones de derechos humanos, y de seguridad y del Ministerio Público. Se delegó la coordinación a la Secretaría Presidencial de la Mujer. Su objetivo principal es impulsar acciones pertinentes para que el Estado de Guatemala cuente con una estrategia y propuesta de acción que permitan abordar el femicidio en forma integral, coordinada y articulada desde los tres organismos del Estado con la participación de la sociedad civil.

Las acciones de la Comisión para el Abordaje del Femicidio se fundamentan en las recomendaciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer: 1) Poner fin a la impunidad de la violencia contra la mujer mediante una reforma legislativa, judicial y del proceso de investigación; 2) prestar servicios, protección y apoyo a las mujeres que sufren violencia o están expuestas a ella, 3) crear una base de información y conocimientos que tengan en cuenta las cuestiones de género; 4) fortalecer las infraestructuras institucionales, 5) promover programas operacionales de capacitación y de sensibilización.

La Comisión para el Abordaje del Femicidio realizó las siguientes acciones durante el 2006:

Recuadro 5Acciones de la Comisión para el Abordaje del Femicidio

Etapa 1	Revisión análisis y sistematización de trabajos y estudios sobre femicidio ya existentes: Coincidencias y disidencias de los estudios.
Etapa 2	Realización de diagnóstico
	Fase 1
	Caracterización de las víctimas. Identificación de causas y efectos del problema.
	Fase 2
	Caracterización del victimario.
	Fase 3
	Se realizó un análisis programático de los sistemas informáticos de las instancias del sistema de justicia.
	Fase 4
	Diagnóstico de comunicación social.
Etapa 3	Análisis institucional.
	Identificación de fortalezas y debilidades de las distintas instituciones responsables del sistema de justicia.
Etapa 4	Análisis del marco jurídico relacionado con el femicidio.

Con base en el trabajo realizado en 2006, se elaboró la Estrategia para el abordaje del femicidio, que contiene las siguientes líneas estratégicas propuestas por la Comisión para dar cumplimiento al mandato asignado: 1) Readecuación del marco jurídico, 2) fortalecimiento institucional, 3) prevención frente al femicidio, 4) atención y seguimiento de casos de femicidio.

Del trabajo realizado por la Comisión se encontraron los siguientes hallazgos:

•Carencia de una perspectiva de género del marco jurídico vigente.

•Carencia de acciones preventivas de delitos contra la vida de mujeres (femicidio).

•Falta de seguimiento a los casos de delitos contra la vida de mujeres (femicidio).

•Debilidades y vacíos institucionales del sistema de justicia.

•Falta de monitoreo de las acciones institucionales de forma articulada.

Actualmente se han realizado y obtenido los siguientes resultados:

•Unificación y adecuación de la utilización del concepto “femicidio” a efecto de no dejar descubiertos los delitos cometidos en el ámbito privado por parte de los agresores en contra de las mujeres.

•Identificación de variables e indicadores que permitan la caracterización de lo que puede constituir un femicidio. Indicadores que están en proceso de ser incorporados a los sistemas informáticos y estadísticos tanto del Ministerio Público como del Organismo Judicial.

•Acciones de coordinación entre el ente rector de las estadísticas oficiales (INE) y las instituciones involucradas en la lucha contra los femicidios, con la finalidad de centralizar y obtener números de casos veraces.

•Readecuación e inclusión de las variables que contribuyen a la caracterización del femicidio en los sistemas estadísticos e informáticos del OJ y del MP.

•Desarrollo de un documento temático sobre femicidio, base para la formulación de procesos de sensibilización y capacitación, es una herramienta que sirva a los y las operadoras de justicia para el conocimiento y comprensión del femicidio.

•Talleres informativos y de sensibilización sobre femicidio y la importancia de su abordaje desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, dirigidos a periodistas, redactores y propietarios de medios de comunicación, tanto del área urbana como rural.

•Fortalecimiento de las instancias involucradas en la investigación y sanción del femicidio a través de la coordinación directa de propuestas de mejoras para la aplicación en sus respectivas instituciones.

•Unificación de protocolo con perspectiva de género para el informe médico forense, discutido y validado con médicos forenses del Ministerio Público y del Organismo Judicial (actualmente pertenecen al INACIF).

•Unificación del protocolo con perspectiva de género para el tema de investigación criminal.

•Unificación de protocolo con perspectiva de género para el informe de escena del crimen.

•Negociación con la Instancia Coordinadora de Justicia para el diseño y elaboración de Política Criminal de Estado

Acciones que se encuentran en proceso:

•Realizar investigaciones que permitan determinar las causas y consecuencias del femicidio;

•Impulsar acciones orientadas hacia el fortalecimiento institucional;

•Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia;

•Desarrollar mecanismos que permitan que la población y los medios de comunicación estén bien informados;

•Orientar los esfuerzos para el fortalecimiento de la legislación a favor de las mujeres. Asimismo, se tiene contemplado implementar un sistema de monitoreo para la verificación del cumplimiento de la estrategia.

•Elaboración de la Cartilla para uso de las y los operadoras(es) de justicia en cuanto a la utilización de los agravantes contenidos en el código penal, como factor determinante para el la prevención, esclarecimiento y castigo de los femicidios.

•Desarrollar las acciones orientadas a la implementación dentro de las instituciones de una política de recursos humanos con perspectiva de género.

•Establecimiento de los marcos normativos y mecanismos de articulación y coordinación intra e interinstitucional.

•Aprobación de los protocolos de escena del crimen, investigación y necroscopia.

•En proceso de articulación de los tres sistemas sobre las variables estadísticas que permitirán proporcionar al público en general y de forma oficial, el número de muertes violentas de mujeres por su condición de mujeres.

En el caso de los femicidios se plantea atender de manera particular el tema de investigación y protección a testigos. Esto con el fin de estimular la construcción probatoria sólida de los casos que posteriormente sean presentados a la fase de juicio oral y público, y la ampliación de los servicios para la atención de las víctimas colaterales del femicidio.

El Estado de Guatemala ha analizado y considerado la recomendación del Comité de la CEDAW, para institucionalizar la Comisión para el Abordaje del Femicidio. Sin embargo el Estado de Guatemala considera que la institucionalización de esta Comisión no es posible, por la naturaleza de la misma, ya que esta Comisión está conformada por los tres Organismos del Estado que son independientes y autónomos entre sí, razón por la cual esta comisión no podría depender de tres diferentes organismos. Adicionalmente esta Comisión ha funcionando en base a una acción de coordinación y articulación a través del respeto y comprensión de la naturaleza de cada una de las instituciones que la conforman.

El mecanismo establecido para dar seguimiento a la implementación de la estrategia diseñada por la Comisión para el Abordaje del Femicidio, es la conformación de un Comité Interinstitucional. Se espera alcanzar la firma de un convenio y acuerdo entre los tres Presidentes de los tres Organismos para la conformación de este Comité.

Sistema de Justicia

El sistema de justicia como conjunto de instituciones que desarrollan un papel de trascendencia para el Estado, principalmente en lo que respecta al fortalecimiento del Estado de Derecho, ha iniciado una serie de acciones en materia de modernización que coadyuvan al fortalecimiento de la aplicación de justicia. Por medio de la Instancia Coordinadora del Sector Justicia, integrada por el Organismo Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y el Instituto de la Defensa Pública Penal, se organiza y coordina al más alto nivel en materia de justicia y seguridad del país.

Para el fortalecimiento de la investigación científica, recientemente se creó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), a través del decreto 32-2006. El INACIF se crea como una instancia auxiliar de la administración de justicia con autonomía funcional, personalidad jurídica y patrimonio propio, que permite la creación de una serie de laboratorios donde la prueba científica se convertirá en la base para los fallos judiciales. En julio de 2007, fue electa la Directora del INACIF.

Acceso a la justicia oficial en el propio idioma

Desde el ángulo sociolingüístico, el acceso a la justicia para las mujeres ha sido un problema, debido a que la administración de la justicia por lo general se ha realizado en idioma español. Esto ha limitado el fortalecimiento del Estado pluricultural y multilingüe.

Ante esta situación se han generado acciones tendientes a facilitar el acceso a la justicia para la población que no habla idioma español, por medio del apoyo de intérpretes y privilegiando el uso más frecuente de peritajes culturales, tal como los establecen los Acuerdos de Paz. Actualmente el Organismo Judicial cuenta con 67 intérpretes, el Ministerio Público con 16, el Instituto de la Defensa Pública Penal cuenta con 10 Defensores Públicos bilingües y 14 intérpretes.

En este mismo sentido por parte del Organismo Judicial se han implementado cinco juzgados comunitarios ubicados en Totonicapán, Huehuetenango, Petén, San Marcos y Sololá. Integrados por tres jueces, con perfil de conocida honorabilidad y arraigo dentro de su comunidad, con dominio del idioma maya de la región. Resuelven conforme a los usos, costumbres, equidad y a los principios generales del derecho cuando es posible.

Respuesta de las instituciones del Sistema de Justiciaante la Violencia contra las mujeres

Organismo Judicial

La Corte Suprema de Justicia, por medio del Acuerdo 67-006 de 6 de octubre de 2006, crea la Unidad de la Mujer y Análisis de Género. Esto con el propósito de dar respuesta institucional ante las situaciones de exclusión social, económica, legal, política y cultural que viven las mujeres al acceder a la justicia en Guatemala y ante la crisis de violencia que vive la población, con especial énfasis en la violencia hacia las mujeres.

La Unidad de la Mujer y Análisis del Género del Organismo Judicial, está implementando dentro del Organismo y principalmente a nivel de jueces y juezas, acciones de capacitación, sensibilización, divulgación y otras que permitan no solamente la visibilización de estos patrones sino también su cambio.

El Organismo Judicial ha procesado diversa información sobre las denuncias recibidas de la cual se tienen a la fecha las acciones violentas perpetuados contra mujeres, correspondientes a los delitos de mayor incidencia social:

Cuadro 3Denuncias recibidas en el Organismo Judicial por hechos en contra de las mujeres

Tipo de delito	2005	2006	2007*
Lesiones leves, graves y culposas	2 994	2 475	783
Violaciones	1 888	1 823	358
Abusos deshonestos violentos y agravados	133	189	36
Plagio	119	133	48
Amenazas	2 753	3 589	871
Asesinatos	81	85	26
Homicidios	375	351	98
Homicidio Culposos	164	386	73
Parricidios	30	38	11
Faltas contra las pers o nas	17 570	1 670	4 430

Fuente: Organismo Judicial.

*Enero-marzo de 2007.

El Organismo Judicial con el fin de atender a la CEDAW y otros convenios internacionales ratificados por Guatemala, impulsó la creación del Programa de Formación en Derechos Humanos de las Mujeres, dirigido a las instituciones que conforman el sector justicia, con dos modalidades de ejecución, nivel profesional y nivel técnico, ambos con aval académico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La Unidad de Capacitación Institucional del Organismo Judicial ha incorporado el tema de género como uno de los ejes transversales, para lo cual existe un módulo específico denominado: Justicia y Género. En dicho módulo además de temas teóricos y de metodología de análisis de género, se aborda la legislación nacional e internacional de protección de los derechos de las mujeres y el tema de violencia en contra de las mujeres.

Con el apoyo financiero del Banco Mundial, la Unidad de Modernización del Organismo Judicial, realizó la impresión de dos libros de texto que se utilizan en el Curso de Justicia y Género. Estos son “Cuando el Género Suena Cambios Trae”, que es una metodología para el análisis de género en el contexto legal, cuya autora es la experta costarricense Alda Facio Montejo y “Género Mujeres y Justicia” de la experta guatemalteca Hilda Morales Trujillo.

Del año 2004 al 2006 han egresado 107 jueces de paz entre hombres y mujeres, quienes han sido sensibilizados y capacitados en el tema.

Ministerio Público (MP)

En el Plan de Política de Persecución Penal del Ministerio Público aprobado por el Fiscal General de la República en el 2004 se establecieron criterios de actuación de los fiscales en el proceso penal, para eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres y hacer efectivos sus derechos.

Persecución penal de los delitos contra la vida de mujeres

Hasta el 2004 la Fiscalía Distrital Metropolitana era la encargada de desarrollar la persecución penal de los delitos contra la vida en general, así como de otros delitos contra la integridad de las personas, como delitos contra el patrimonio de las mismas. La vida, como bien jurídico tutelado era atendida como cualquier otro bien jurídico afectado por otros delitos de menor importancia. La investigación de los delitos contra la vida era completamente empírica y sin ninguna especialidad.

En agosto de 2004, el MP crea la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad de la Persona (para el área metropolitana), con diez agencias fiscales, cada una de ellas conformada con un Agente Fiscal, cuatro Auxiliares Fiscales y dos Oficiales de Fiscalía. Con lo anterior se dio un giro sustancial a la investigación de delitos contra la vida, ya que dio surgimiento a la especialización en la investigación y persecución penal de estos delitos.

En el 2005 los casos de delitos contra la vida de mujeres que eran investigados por la Fiscalía de la Mujer fueron trasladados a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida; asegurando de esta forma un mejor tratamiento de dichos casos por medio de una fiscalía especializada. En diciembre de 2006, se incrementaron diez agencias más. Cuatro agencias fiscales se han destinado específicamente para dar seguimiento a los casos de muertes violentas de mujeres, dos surgieron en agosto y dos en diciembre de 2005. Desde esta fecha se han logrado resolver 21 casos con sentencia condenatoria.

Dentro de las medidas que ha implementado el MP para dar seguimiento a los delitos contra la vida, con perspectiva de género para el manejo y cuidado de los casos por su especificidad se encuentran:

•Directrices de actuación, para mejorar el tema de investigación criminal en delitos contra la vida.

•Instrucción General de criterios de actuación para el procesamiento de la escena del crimen.

•Instrucción General de criterios de actuación, para tratamiento de delitos sexuales.

•Proyecto de Instrucción General contra la violencia intrafamiliar.

•Creación de Fiscalías de la Mujer en los Municipios de Mixco y Villa Nueva.

•Incremento de Investigadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) del MP. A nivel nacional para el procesamiento de las escenas de muertes violentas. Así como su debido equipamiento técnico y de transporte.

•Actualmente las Agencias Fiscales de la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida e integridad de la Persona (20) cuentan con el apoyo de 2 Investigadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP de forma continua durante los turnos.

•Coordinación permanente entre la División de Investigación Criminal (DINC) de la PNC y el MP para el turno de procesamiento de escenas de delitos contra mujeres. Y seguimiento de la investigación dentro de las 24 y 48 horas siguientes para el análisis de casos y diligenciamiento de acciones inmediatas.

•Plan de Política Victimológica Institucional.

Capacitación técnica para la persecución de delitos contra la vida

La Unidad de Capacitación del Ministerio Público (UNICAP) ha capacitado al personal sobre temas técnico científicos del manejo de la escena del crimen (Canadá), instrucciones generales sobre el procesamiento de la escena del crimen, instrucción general que contiene metodología para la investigación criminal y la instrucción general para la recepción, registro y traslado de información relacionada con la escena del crimen. Acciones de coordinación en el trabajo de la PNC y las fiscalías, atención a la víctima, aplicación de la Ley para prevenir, erradicar y sancionar la Violencia Intrafamiliar y normativa internacional en la materia, actualización victimológica. Todos con enfoque de género y equidad, en el respeto de los derechos humanos.

Se han coordinado capacitaciones internacionales de personal de Fiscalía de la Mujer y Unidad de Niñez Víctima en temas relacionados al trabajo.

Atención a las víctimas de delitos

Con el propósito de brindar mejores servicios a las víctimas del delito, el MP implementó a finales de 2006 el Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima, órgano que luego de haber realizado el diagnóstico de la atención que se brinda en las diferentes dependencias de la institución a las cuales acude la víctima de delito, construyó un Plan de Política Victimológica, que fue aprobado por el Fiscal General de la República en marzo de 2007. Con esto la Institución hace suyo el compromiso de generar políticas victimológicas internas que permiten atender integralmente los daños sufridos por las víctimas de manera pronta, eficaz y humana. Los ejes del plan son: 1) elaboración de protocolos, 2) efectividad en la coordinación intra e interinstitucional, 3) Fortalecimiento de la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) y 4) Fortalecimiento de las Redes de Derivación.

Para dar respuesta a las necesidades de las mujeres que son víctimas, las Oficinas de Atención a la Víctima (OAV) brindan atención urgente y necesaria a las víctimas. Existen oficinas y teléfonos de turno para que puedan acudir en horas y días inhábiles. Actualmente hay 33 oficinas en toda la República.

La OAV aplica el modelo de atención con enfoque de género y equidad, mediante los protocolos de atención que especifican la atención que debe recibir la persona por su condición de edad, sexo, etnia, delito y necesidades personales en atención al daño causado por el delito. Se realizan evaluaciones psicológicas e informes psicológicos, visitas domiciliarias, informes de trabajo social. Se ofrece la derivación a instituciones que brinden programas de atención psicológica, psiquiátrica, médica o social para apoyar a las sobrevivientes en el proceso de recuperación emocional. Además se brinda acompañamiento a las víctimas durante las audiencias de investigación, de debate y después de debate. Se coordina la articulación de los programas interinstitucionales mediante el ente Coordinador Nacional de la Red. Se ratifican informes en debate con calidad de peritos para evidenciar el daño causado por el delito en la víctima que fue vulnerada. Se ofrece el programa de protección a testigos, donde se puede incluir a las víctimas otorgándole los beneficios que establece el reglamento vigente.

Ante la sensibilización y apoyo que la población ha recibido en los últimos años, las mujeres se acercan a denunciar, aceptan el apoyo de la OAV, colaboran con el proceso de investigación, aceptan las evaluaciones médicas forenses, asisten a las evaluaciones psicológicas, reciben las visitas domiciliarias y al estar empoderadas asisten a debate. Se han articulado los protocolos interinstitucionales para atención y apoyo de sobrevivientes.

Fiscalía de la Mujer

La Fiscalía de la Mujer se ha fortalecido por medio del aumento de personal. De 4 Auxiliares fiscales ascendieron a 16 para las 4 fiscalías que en la capital atienden casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales a personas mayores, principalmente. Actualmente se está construyendo un modelo de gestión adecuado al marco de competencia y se están redefiniendo los procedimientos internos de la Fiscalía de la Mujer, para fortalecer su capacidad de respuesta en los delitos cometidos en contra de las mujeres por su condición de mujer.

La Instrucción General 1-2005 del Fiscal General de la República prohíbe promover el criterio de oportunidad en los delitos de violación y abusos deshonestos. Además de ello, cuando se presenta desistimiento del caso, el Fiscal encargado debe verificar que el mismo no fue obtenido mediante coacción, amenaza, simulación u otra forma que implique la comisión de un delito con lo cual se protegen los derechos de las mujeres vulneradas.

La Fiscalía de la Mujer tiene cobertura a nivel nacional, lo cual continúa siendo un desafío a futuro, para poder ampliar su cobertura a nivel nacional. Actualmente las Fiscalías Municipales de Mixco y de Villa Nueva, cuentan con una Fiscalía de la Mujer.

Unidades de apoyo en la persecución de delitos

La Unidad de Análisis del MP fue creada en el 2006, con el objetivo de apoyar a las Fiscalías mediante la asesoría, análisis e informes que incluyan las recomendaciones necesarias a casos concretos. Se han dado casos de muertes violentas de mujeres y cuando se realiza el análisis respectivo se ha podido establecer que las mismas mujeres anteriormente habían presentado denuncias de violencia intrafamiliar. Así también se tiene previsto poder cruzar información con otras instituciones como el Departamento de Control de Armas y Municiones (DECAM), Dirección General de Migración, Departamento de Tránsito, Superintendencia Tributaria y la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitiría obtener información sobre los lugares donde se cometen los delitos, como se llevan a cabo, el tipo de armas que utilizan, identificar patrones, etc.

Con relación al servicio de protección a sujetos procesales y personas vinculadas con la administración de justicia, en el 2005, por medio del Acuerdo 21-2005 el Fiscal General crea el Departamento de Apoyo Logístico del MP. Esta dependencia es la responsable de formular políticas, planificar, organizar y dirigir el servicio de apoyo a testigos; sustituyéndose de esta manera la Secretaría de Apoyo Logístico que cumplía anteriormente con esta función.

Mediante el acuerdo 47-2005 el Fiscal General de la República, emitió Reglamento del Programa de Apoyo a Testigos, creado con el fin de regular el procedimiento para definir criterios de admisión, tipos de asistencia, plazo de las personas beneficiarias, prórroga y suspensión de los beneficios, así como otros aspectos relativos al tema.

En el 2007 se realizaron todos los esfuerzos necesarios para hacer efectiva la aplicación de la Ley de Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas con la Administración de Justicia Penal, Decreto 70-96 del Congreso de la República. Para este efecto se emitió el Reglamento de esta Ley, mediante el Acuerdo 2-2007 del Consejo del Ministerio Público y se conformaron las autoridades rectoras del sistema de protección, cuyo órgano superior es el Consejo Directivo integrado por el Fiscal General de la República, un representante del Ministerio de Gobernación y el Director de la Oficina de Protección. A la fecha el citado decreto ha cobrado plena vigencia y el servicio de protección se encuentra en funcionamiento; la cobertura se amplió, ahora no sólo protege a los testigos sino también a los sujetos procesales y a las personas vinculadas con la administración de justicia penal.

Sistema Informático del MP

El sistema informático del Ministerio Público (SICOMP), suma cinco años de un proceso de consolidación. Aunque dentro del SICOMP de manera regular no se desglosaba la información por sexo, el sistema permite hacerlo, por lo que por medio de la participación del MP en la Comisión para el Abordaje del Femicidio, se han realizado los ajustes necesarios para el desglose de datos por sexo y la coordinación con el ente nacional encargado de las estadísticas, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En el caso de mujeres muertas de manera violenta se agrega el parentesco con el victimario. El SICOMP se encuentra enlazado a nivel nacional a partir de 2007. A excepción de las Oficinas de Atención a la Víctima, que lleva un sistema separado, todas las fiscalías del país utilizan el mismo formato de registro. En el 2006 se introdujo el sistema dentro de la Fiscalía de la Mujer.

Ministerio de Gobernación – Policía Nacional Civil (PNC)

En el año 2007 el Ministerio de Gobernación implementó el Programa de Seguridad Integral de las Mujeres, con los objetivos específicos de prevención, investigación, coordinación interinstitucional, coordinación operativa, capacitación, centros de atención, institucionalización del Programa. En la prevención se están realizando capacitaciones para lograr la sensibilización del personal operativo de las Comisarías y las Fiscalías específicas del Ministerio Público. Se mejoró la línea telefónica gratuita 110 con servicio las 24 horas del día para la recepción de denuncias y ayuda a la población, a la vez que se realizan rondas policíacas en las áreas de mayor índice de violencia.

El Ministerio de Gobernación realiza mejoras en el diseño del perfil de personas investigadoras para su contratación, y se incluyó dentro del pensum de la Academia de la Policía Nacional Civil el curso de género y equidad. Además, en diferentes medios de comunicación se ha realizado la campaña para la sensibilización a la población en los temas de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar.

La comunicación y coordinación entre las fiscalías que atienden los casos de delitos contra la vida de las mujeres y la División de Investigación Criminal (DINC) ha mejorado, por medio de la coordinación del sistema de turnos de 72 horas. Tanto investigadores de la PNC, del MP y agentes fiscales permanecen en contacto directo, con el fin primordial de que las investigaciones se desarrollen de forma conjunta y se logre el esclarecimiento de los sucesos.

En la Policía Nacional Civil (PNC), la Unidad Contra Homicidios de Mujeres de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas de la Policía Nacional Civil (DINC) se ha fortalecido la supervisión de las actuaciones de los integrantes de dicha unidad, para el estricto respeto a los derechos humanos y el cumplimiento debido a las garantías que la constitución otorga a las mujeres. Actualmente la Unidad cuenta con 20 investigadores debidamente equipados.

La Oficina de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil, realiza actualmente un registro estadístico a nivel nacional, por tener cobertura en todos los departamentos de Guatemala. Sus registros son desglosados por sexo, lo que permite visibilizar la violencia que sufren las mujeres y para la creación de mecanismos de análisis, intervención y atención a la población femenina.

Actualmente, el Ministerio de Gobernación y la organización de La Red de la No Violencia contra las Mujeres están gestionando la creación de un Centro Integral para Mujeres en la ciudad capital, con el fin de que aquellas mujeres víctimas de violencia acudan a este Centro para prestarles asistencia sicológica, médica, legal, vivienda y alimentación por un período de tiempo prudencial. El Ministerio de Gobernación será quien destine los fondos para el mantenimiento del Centro y será administrado por organizaciones civiles de mujeres. En este momento ya se ubicó el bien inmueble en el que se instalará el centro y se dio inicio el proceso de compra del equipo mobiliario del centro.

Por medio de la Academia de la PNC se está capacitando a los aspirantes y agentes policíacos en aspectos relacionados con la prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, desarrollando programas de sensibilización y capacitación dirigidos al personal policial de hombres y mujeres. Los temas abordados son: 1) Procedimientos Policiales con Equidad de Género, 2) Prevención de la Violencia y el Delito con Equidad de Género, 3) Género, Violencia de Género, 4) Función Policial, y 5) Cultura de Vida. Dentro del pensum que comprende 1,315 sesiones de 6 horas cada una aproximadamente, 24 sesiones se dedican al tema de violencia contra las mujeres.

Por medio de la Oficina de Derechos Humanos de la PNC se realizan campañas de promoción y divulgación de los derechos de la mujer, de forma interna con personal policial que labora en las oficinas de Seguridad y Atención Ciudadana, así como con el personal que trabaja operativamente resguardando la seguridad ciudadana. Así también, se proyecta hacia lo externo de la institución, por medio de adolescentes (alumnas de establecimientos educativos) y con adultos y adultas mayores (club de jubilados/as de la PNC, y del Instituto de Previsión Militar); quienes han recibido entre otros, los siguientes seminarios-talleres:

•Autoestima

•Un día más conociendo de Derechos Humanos

•Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer

•Anticoncepción de emergencia, (una oportunidad para las mujeres víctimas de violencia sexual)

•Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar

•Allanamiento y sus excepciones

•Envejecer con dignidad

•Derechos Humanos y el adulto mayor

•Mitos y estereotipos en la edad adulta mayor

•Medidas de seguridad en el hogar y en la calle

•Derechos, obligaciones y virtudes de los niños/as

•Incesto

•Maltrato Infantil.

La Oficina de Derechos Humanos de la PNC capacita al personal de la institución en materia de Derechos Humanos, abarcando los temas de prevención de linchamientos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, la Convención Sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, así como Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros, y se ha implementado dentro de los cursos, la prevención de la violencia sexual hacia mujeres en sedes policiales.

Otras instancias en contra de la violencia contra las mujeres. Procuraduría de Derechos Humanos (PDH)

La PDH lleva a cabo un proceso de levantamiento de información en el que cruzan datos de todas las instituciones del Estado, para su análisis y seguimiento. A nivel de las Defensorías de la Mujer departamentales, se registran estadísticas sobre violencia contra las mujeres en forma general. Para ello recopilan la información de todas las instituciones y con los propios datos de la PDH departamental, elaboran un informe mensual que lo envía a la Defensoría de la Mujer central donde se sistematizan los datos nacionales.

Durante el 2005 la PDH por medio del Procurador presentó el estudio “Muertes violentas de mujeres”, el cual evidencia las debilidades de los organismos del Estado para atender tales hechos y se plantean acciones a seguir para superar dichas debilidades. El estudio incluye información sobre los países centroamericanos obtenida en coordinación con otras procuradurías.

Pactos Municipales por la Seguridad Integral de las Mujeres Guatemaltecas

En el marco de la descentralización y el empoderamiento de las mujeres a nivel local relacionado con la seguridad, se ha impulsado la construcción, suscripción e implementación de Pactos Municipales por la Seguridad Integral de las Mujeres Guatemaltecas. Estos están concebidos como un acuerdo y un compromiso político social amplio y representativo, resultado de consultas a nivel municipal, que buscan la movilización de apoyos políticos, sociales y financieros para enfrentar las vulnerabilidades que afectan a las mujeres en materia de seguridad, desde una perspectiva de integralidad basada en la promoción y protección de los derechos humanos de hombres y mujeres.

La concepción que da origen a la propuesta del Pacto Nacional de Seguridad de las Mujeres, se fundamenta en incorporar a la noción de seguridad los aspectos de la vida humana, en los cuales las mujeres consideran que se encuentran en algún grado de vulnerabilidad, entre los que se mencionan los de carácter económico y jurídico, seguridad alimentaria y nutricional, atención de la salud, protección social y laboral. Acorde con esta concepción el abordaje de la problemática de seguridad y su impacto en la vida de guatemaltecos y guatemaltecas, ha requerido de un nuevo enfoque desde la óptica multidimensional fundamentada en los derechos humanos, su integralidad y desde la visión de que las amenazas a la integridad de las personas están ligadas a diversos factores de índole social, económica, cultural y política.

El Pacto es el mecanismo para construir alianzas estratégicas y articular esfuerzos entre instancias centrales y descentralizadas del Estado en las que participan las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana, las mujeres representadas mediante el liderazgo de sus organizaciones, así como el resto de organizaciones de la sociedad civil, sector privado, Iglesia y medios de comunicación.

La formulación temática de las áreas de los pactos se sustenta en la Política Nacional de la Promoción de las Mujeres Guatemaltecas y estos son considerados como una expresión de descentralización de la Política. Las acciones propuestas por los gobiernos municipales fortalecen a la vez los procesos de gobernabilidad.

El proceso para la implementación de esta estrategia se inicia en el 2006. A la fecha se han suscrito 29 pactos municipales, en 16 departamentos del país. Los compromisos del pacto han sido asumidos a nivel local por instituciones de gobierno, corporaciones municipales y sociedad civil. Se ha sistematizado la experiencia del proceso de construcción y suscripción de pactos municipales y se han elaborado lineamientos estratégicos para su formulación.

Cuadro 4Pactos Municipales suscritos por la Seguridad Integral de las Mujeres Guatemaltecas

Departamento	Año	Número de pactos	Municipio
Alta Verapaz	2006	3	Tactic San Cristóbal San Miguel Tucurú
Baja Verapaz	2006	3	San Miguel Chicaj Purulhá Rabinal
	2007
Chimaltenango	2006	1	San Pedro Yepocapa
Zacapa	2006	1	Río Hondo
Chiquimula	2006	3	San Juan Ermita Jocotán Olopa
El Progreso	2006	1	San Antonio La Paz
	2007	1	San Agustín Acasaguastlán
Guatemala	2006	1	Palencia
Huehuetenango	2006	1	Santa Bárbara
	2007	2	San Sebastián H.
			Unión Cantinil H.
Izabal	2006	2	Los Amates Puerto Barrios
	2007
Jutiapa	2006	1	Santa Catarina Mita Jerez
Quiché	2006	2	Santa Cruz Uspantán
San Marcos	2007	2	San Marcos Malacatán
	2007
Retalhuleu	2007	1	San Felipe
Quetzaltenango	2007	2	Génova Quetzaltenango
	2007
Escuintla	2007	1	Santa Lucía Cotzumalguapa
Petén	2007	1	Melchor de Mencos
Total		29

Fuente: Dirección de Fortalecimiento, SEPREM. Noviembre de 2007.

Otras acciones de difusión y divulgación de los derechos humanos de las mujeres

•Durante el 2004 y el 2005 se impartió el post grado sobre Derechos Humanos y Género en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos.

•En el año 2005 dio inicio la Maestría de Género, Derechos Humanos de las Mujeres y Acceso a la Justicia en la Escuela de Estudios de Post-Grado de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Medidas pendientes de las recomendaciones del Comité de Expertasde la CEDAW

Tipificación de la violencia intrafamiliar como delito penal, (no solamente como consecuencia de lesiones) y la tipificación del delito de violación, definiendo ésta de manera más amplia a la forma en que actualmente se encuentra tipificada.

Las medidas de protección de testigos, las víctimas y sus familiares, no son suficientes. Así tampoco se han identificado los recursos para ofrecer indemnizaciones a las víctimas de la violencia.

Los recursos asignados por el Estado al PLANOVI son insuficientes, por lo que aún se encuentra financiado en gran medida por la cooperación internacional.

Los casos de investigación y persecución penal de delitos contra mujeres (femicidio) y violencia de género siguen reportando altas tasas de impunidad.

Se requiere dotar de presupuesto suficiente al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para que pueda coadyuvar en el proceso de investigación científica.

Retos y desafíos

El número de crímenes de mujeres en Guatemala ha aumentado en los últimos años. Se requiere fortalecer la prevención, la investigación y la persecución penal con respecto a las muertes violentas de mujeres y la violencia contra las mujeres. Por tanto las debilidades deben ser atendidas por medio de:

•Prevención: fomentando una cultura de derechos, la igualdad entre hombres y mujeres, la resolución no violenta de conflictos; establecer un sistema de alerta temprana para víctimas de violencia; contar con un observatorio de violencia de género.

•Atención a las víctimas y supervivientes de violencia: protección integral a víctimas y testigos, evitar que tengan que hacer frente a los gastos del juicio y la victimización secundaria.

•Persecución/sanción de los victimarios para acabar con la cultura de la impunidad: celeridad de los procesos, medios para la investigación y persecución del delito, concienciación a los medios de comunicación/bomberos/empresas funerarias y población en general para que no alteren la escena del crimen.

Aumento presupuestario a las instituciones del Estado responsables del proceso de atención a las víctimas, de investigación y persecución penal.

El diseño de programas de requisición de armas, teniendo en cuenta que la mayoría de las muertes violentas en el país es por medio del uso de armas de fuego. La regulación legal podría conllevar a una reducción significativa en su número, que tendría a su vez efectos significativos en el número de muertes violentas.

Aplicación, seguimiento y monitoreo institucional de la Estrategia Nacional contra el femicidio y su plan de acción, diseñada por la Comisión para el Abordaje del Femicidio.

Formulación de Políticas Criminal del Estado y de Seguridad Ciudadana.

Sistema Nacional de Estadísticas

Recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

Se pide al Estado Parte que mejore la reunión de datos desglosados por sexo y la utilización de esos datos como indicadores con el fin de hacer un seguimiento más eficaz del progreso en la aplicación de la Convención (6)

Utilizar los datos desglosados por sexo como base para formular programas y políticas eficaces y para evaluar el efec to de las medidas adoptadas (6)

Entre las observaciones del Comité de Expertas de CEDAW a los informes presentados por el Estado de Guatemala se destaca el hecho de que los documentos reflejan una sucesión de las medidas tomadas, planes aprobados, etcétera, pero no reflejan datos estadísticos que permitan visualizar el impacto conseguido a través de los mismos.

Históricamente esto puede relacionarse con una confluencia de una diversidad de factores entre los que se pueden resaltar:

•La mayoría de las oficinas públicas se han informatizado recientemente. Con anterioridad a esto había más dificultad para llevar registros.

•Escasa fiscalización o monitoreo del desempeño de los servidores públicos por medio del impacto obtenido de la acción pública.

Se han encaminado acciones para superar algunos de estos obstáculos. La Secretaría Presidencial de la Mujer, identificó la ausencia de un sistema de información que permitiera conocer la situación de las mujeres con relación a los principales aspectos planteados en la Política de la Mujer y además los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala con relación al avance de las mujeres. Con base en lo anterior coordinó con el ente rector de las estadísticas oficiales, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la elaboración de los indicadores con enfoque de género a escala nacional, que permitan conocer las brechas existentes entre mujeres y hombres. Entre los indicadores destacan los contemplados en el ámbito económico, laboral, tierra y vivienda, salud, educación, violencia contra la mujer y participación política, información fundamental para promover la igualdad.

Los indicadores seleccionados fueron definidos como trazadores, al considerarlos claves para mostrar los avances sobre la situación y condición de las mujeres. Estos se construyeron con información estadística desagregada por sexo y en su mayoría se utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2000 y de la Encuesta Nacional de Ingresos 2002 (Datos oficiales existentes a la fecha de preparación de los indicadores). Este proceso fue coordinado con el personal especializado del INE.

Los indicadores para análisis de género que se construyeron con el INE dan respuesta a compromisos internacionales relacionados con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994), Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995), Metas del Milenio (2000), CEDAW y la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres. Esto con el compromiso de presentar evaluaciones periódicas que puedan mostrar avances con relación a la igualdad entre los géneros.

El producto de este esfuerzo ha sido la publicación en forma conjunta INE/SEPREM/UNFPA del documento sobre “Indicadores para el Análisis de Género” en versión electrónica y física. Este instrumento cuenta con la metodología que permite la construcción de 29 indicadores, agrupados en 6 sectores, a saber: a) económico y laboral (8 indicadores), b) tierra y vivienda (2 indicadores), c) educación (4 indicadores), d) salud (8 indicadores), e) violencia intrafamiliar (3 indicadores), f) participación política (4 indicadores). Estos indicadores permitirán visualizar la posición y condición de las mujeres y hombres, orientados a contribuir a la eliminación de las desigualdades entre ambos y propiciar mejores oportunidades para las mujeres, que redunden en una mejor calidad de vida. Es necesario hacer notar que en esta primera versión la variable étnica aún no es considerada en los cálculos, pues no se cuenta con información estadística al respecto.

En el marco de la estrategia de femicidio, se está trabajando con el Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil las variables armonizadas que permitan que el INE proporcione la información real sobre los casos de femicidio que se registren en Guatemala. Ya que al momento la información se encuentra desarticulada, puesto que la base de datos de información sobre este fenómeno se ha venido trabajando de forma aislada y con criterios distintos por parte de las tres instituciones anteriormente señaladas.

Así también se destaca como un avance en el tema, la política de capacitación y formación institucional con enfoque de género, en el Fondo de Tierras y la de Vigilancia Epidemiológica de Violencia Intrafamiliar y contra las mujeres, del Ministerio de Salud.

A través de CONAPREVI, se elaboró y validó en forma conjunta con el Instituto Nacional de Estadísticas, la boleta única de registro estadístico de violencia intrafamiliar, en el marco de la aplicación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (PLANOVI) 2004-2014, para su aplicación y remisión al ente rector de estadísticas (INE).

Medidas pendientes de las recomendaciones de la CEDAW

Si bien ha habido un avance con respecto a las recomendaciones de CEDAW y se ha establecido por ley la obligación del Instituto Nacional de Estadística de producir estadísticas desagregadas por sexo y a su vez se ha avanzado en la práctica, es poco frecuente aún en la función pública el uso de esta información desglosada para diseñar y monitorear políticas.

Retos y desafíos

La comprensión y manejo por parte de las y los profesionales técnicas y técnicas y políticos del Estado de los indicadores es crucial para poder realizar monitoreo y seguimiento de la eficacia y eficiencia de las políticas para alcanzar sus objetivos y su capacidad para llegar al grupo meta.

El fomento del uso de estadísticas e indicadores de género podría realizarse a través del requerimiento de su uso por parte de todas las instancias del Estado:

•En el diseño de sus políticas y programas

•En la solicitud de fondos presupuestarios públicos para la ejecución de políticas y programas

•En sus informes de balance de gestión, (monitoreo y evaluación de las políticas)

•Evaluaciones periódicas del desempeño de sus funcionarios/as.

Es sumamente importante a su vez, como se ha indicado en las recomendaciones de CEDAW o en el Informe de Desarrollo Humano sobre diversidad étnico-cultural, recoger la situación de la diversidad de grupos de mujeres en el país, y para ello desarrollar estadísticas con desagregación por etnia, que según las fuentes consultadas presentan en la actualidad incluso más deficiencias que aquellas con desagregación por sexo.

Es necesario que la producción de estadística de trabajo no remunerado incluya datos oficiales, recolectados por sexo y que los conceptos y métodos utilizados en la recopilación de los datos y en su presentación reflejen adecuadamente los asuntos de género en la sociedad y tengan en cuenta todos los factores que pueden conducir a la producción de estadísticas sin sesgos.

Artículo 4

Medidas especiales temporales

Recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

Se pide al Estado Parte acelerar el proceso de Reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a fin de aplicar una cuota de participación de las mujeres de 44% (6)

Se pide al Estado parte reforzar el uso de medidas temporales especiales como la aplicación de cuotas, para aumentar el número de mujeres, en particular de mujeres indígenas que participan en la vida política y pública y ocupan cargos decisorios (6)

Propuesta de cuotas para aumentar el número de mujeres que participan en la vida política

Ante la limitada participación política de las mujeres, tanto organizaciones de mujeres de la sociedad civil e instituciones del Estado, como diputadas y diputados del Congreso de la República, han desarrollado esfuerzos por introducir reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para incorporar un sistema de cuotas como mecanismo de acción afirmativa que garantice su representación.

Se ha planteado al Congreso de la República la iniciativa 2027, que reforma la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85). Esta iniciativa fue propuesta en 1998, logró ser aprobada en segunda lectura por la legislatura que finalizó sus funciones en el 2000. Actualmente se encuentra en el Archivo Legislativo.

Esta iniciativa contempla que “las plantillas de postulación a cargos de elección popular deberán incluir mujeres y hombres en porcentajes no menores del cuarenta y cuatro por ciento para uno u otro sexo. El orden de postulación deberá alternarse entre mujer y hombre, de manera que una posición ocupada por una mujer, siga la posición ocupada por un hombre, o viceversa, y así sucesivamente, para que tanto hombres como mujeres participen equitativamente en cuanto a número y posición en las plantillas”.

Educación

En materia de educación desde hace algunos años, el MINEDUC ha realizado acciones orientadas a aumentar y mejorar la educación para las niñas, de tal manera que se reduzcan las brechas que las distancia de los niños. En la actualidad, se pretende unificar todos los esfuerzos a través de la estrategia denominada “Primaria Completa”. En ella participan la Dirección General de Educación Bilingüe (DIGEBI), el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE), la Dirección General de Educación Extraescolar (DIGEEX), la Dirección de Calidad y Desarrollo Educativa (DICADE) y las direcciones departamentales de educación. Este tema se desarrolla de forma amplia en el contenido de respuesta de avances en el artículo 12 del presente Informe.

Artículo 5

Modificación de patrones socio-culturales

Recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

Realizar campañas de sensibilización sobre el significado y el alcance de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la Convención y su Protocolo Facultativo para el público, los legisladores/as, la judicatura y los profesionales del derecho (6)

Insta al Estado Parte a que organice campañas y concienciación dirigida a mujeres y hombres para contribuir a la eliminación de los estereotipos asociados con los papeles tradicionales del hombre y la mujer en la familia y en la sociedad en general y promover el empoderamiento político de la mujer. (6).

El Comité pide que se difundan ampliamente en Guatemala las observaciones finales del Comité para que la población, en particular los funcionarios de la administración pública, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres (3, 4, 5) y derechos humanos, sea consciente de las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de hecho y de derecho de la mujer y algunas otras que es preciso adoptar a ese respecto. (6)

Se insta al Estado Parte a que dé prioridad a la sensibilización de la opinión pública sobre los derechos de las mujeres en su estrategia de promoción de la mujer, aprovechando las campañas existentes en los medios de comunicación e iniciando nuevas campañas de concienciación y educación acerca de distintos temas relativos a los derechos humanos de la mujer, dirigiendo esas campañas tanto a los hombres como a las mujeres de todos los niveles de la sociedad, y sobre todo a los indígenas. (3, 4, 5)

Adoptar medidas para concienciar a las mujeres con respecto a sus derechos legítimos y a los medios de hacerlos valer de manera efectiva (3, 4, 5)

Medidas y acciones adoptadas para contribuir a la eliminación de estereotipos y prejuicios

La Sub-Comisión de Género de la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, ha llevado a cabo una serie de acciones conducentes a la incorporación de la perspectiva de género en la currícula escolar, los materiales educativos y la formación docente durante el período 2004-2006. La Sub-Comisión de Género realizó un análisis del documentos “Lineamientos de Política Educativa 2005-2008”, cuyo resultado fue entregado a la Comisión Consultiva de Reforma Educativa.

En el 2004 se realizó una revisión y análisis de los textos utilizados con los niños y niñas del nivel de educación primaria, a efecto de eliminar los estereotipos sexistas y de etnia, elaborando las observaciones y recomendaciones pertinentes para que el Ministerio de Educación (MINEDUC) las integrara. A los nuevos textos sí les fueron incorporadas las observaciones, sin embargo ediciones anteriores siguen en circulación, lo que ha influido en que no todos y todas las alumnas cuenten con textos con contenidos incluyentes. Durante ese año también se elaboraron las guías metodológicas “si aprendemos conjuntamente y en las mismas condiciones tendremos mejor vida”, que aborda los temas de igualdad y equidad étnica y de género. Este material fue diseñado para el uso del equipo técnico que elabora los textos dentro del MINEDUC y para los docentes del nivel primario.

El Ministerio de Educación, adicionalmente a la incorporación del eje de equidad de género, étnica y social en la currícula de educación primaria, desarrolló una campaña nacional de sensibilización y educación para una convivencia de respeto mutuo, la cual permitió la creación espacios de participación, asesoría y orientación.

También ha elaborado materiales que eliminan los estereotipos culturales y de género, por medio de la Dirección de Calidad, Actualización y Desarrollo Educativo (DICADE) y la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI). En estos materiales se promueve el conocimiento y práctica de los Acuerdos de Paz y del reconocimiento y respeto de los pueblos indígenas del país.

La SEPREM acordó con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) la integración en el 2004 del tema de género en los contenidos del Diplomado de Gerencia Social a cargo de esa entidad. En el 2005 se incluyeron los temas de etnicidad, derechos humanos y políticas públicas.

El Ministerio de Cultura y Deportes ha impulsado, por medio de los Centros de Promoción Deportiva la formación de valores inherentes a la convivencia colectiva en las disciplinas deportivas como el respeto, juego limpio y responsabilidad, dirigida principalmente a la población joven del país, además promueve la realización de eventos culturales tanto en centros educativos y en comunidades. En Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el programa de atención al adulto mayor organizó un seminario enfocado a la importancia que la mujer tiene en la cultura guatemalteca, así como actividades recreativas que cuentan con la participación de hombres y mujeres de la tercera edad.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en el 2004-2005 desarrolló un diplomado con enfoque étnico y de género para mejorar el desempeño y la atención con calidad y calidez en los servicios de salud, especialmente hacia las mujeres indígenas. En el 2006 desarrolló a nivel central el Diplomado de la Paternidad y Maternidad Responsable, en el marco de los derechos humanos, dirigido a diversas instituciones que conforman la Red Nacional de Paternidad y Maternidad Responsable. Además, el MSPAS capacita y trabaja en el proceso de promoción e información de salud a nivel comunitario con hombres y lideres comunitarios, debido a la demanda de involucrar al género masculino en los procesos relacionados con el tema de salud reproductiva y paternidad responsable.

La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) por medio del Programa Creciendo Bien, ha capacitado a padres y madres en el tema de la maternidad y paternidad responsable, en temas ligados con el desarrollo de la autoestima de las mujeres y el empoderamiento.

La Policía Nacional Civil a través de la Unidad de Derechos Humanos realiza acciones de sensibilización sobre derechos humanos, derechos humanos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, interculturalidad, violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar.

El Organismo Judicial realiza programas de capacitación por medio de la Escuela de Estudios Judiciales y por medio del Programa de Modernización del Organismo Judicial, con énfasis en derechos humanos, derechos humanos de las mujeres, derecho consuetudinario, dirigido a jueces y juezas y personal administrativo. Adicionalmente, por medio de la Unidad de la mujer y análisis de género del Organismo Judicial se han llevado a cabo en los dos últimos años acciones de capacitación, sensibilización y divulgación sobre la Convención de la CEDAW entre otros con jueces y juezas.

La CONAPREVI dentro del PLANOVI 2004-2014, en la Matriz de Prevención, Sensibilización y Educación, establece como objetivos específicos:

•generar información para promover cambios sociales a favor de una vida libre de violencia;

•promover acciones de capacitación y educación para lograr cambios de patrones socioculturales, contemplando la realización de campañas de medios orientados a la prevención de la violencia en la casa, en la calle, en la escuela, la comunidad y el trabajo;

•coordinación del desarrollo de contenidos similares de difusión, prevención, educación y sensibilización de la Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra la Mujer;

•promoción de acciones de fortalecimiento de las capacidades de comunicación, información, educación;

•creación de mecanismos para posicionar a CONAPREVI como fuente fidedigna y actualizada de información para los medios;

•realización de mediación pedagógica a las investigaciones para producir material educativo, el diseño, validación e implementación de programa de educación dirigidos específicamente educadoras/es y a madres y a padres de familia (Escuela de madres y padres).

Estudios e investigaciones realizados

La Secretaría Presidencial de la Mujer como integrante el Consejo Asesor del Observatorio Mujer y Medios apoyó el proyecto de observación de medios de prensa, del cuál se conoce como producto un estudio que permitió la discusión de conceptos operativos y productos comunicacionales con el fin de que éste permitiera un asomo al mundo mediático y su concepción sobre las mujeres. Producto de éste se logró el Primer Informe Anual de Monitoreo “Observatorio Mujeres y Medios” 2006-2007.

Este estudio cubrió una serie de temáticas, como la violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, la sexualidad, mortalidad materna, aborto, el VIH, la discriminación entre otros. Permite conocer en el caso del abordaje de la violencia contra la mujer indígena que se hace mención sobre el “castigo maya” (así consignado en los medios) piezas que versan sobre la ejecución de juicios mayas en el departamento de Sololá, ubicado al occidente del país, caracterizado por la mayoría de la población indígena.

Con relación a la violencia intrafamiliar, dicho monitoreo documenta que los medios de comunicación no suelen abordarlo como problemática social, que los reportes no son contextualizados, se apela al sensacionalismo, permite identificar que el tratamiento mediático de las mujeres y los hombres protagonistas de los sucesos fue distinto.

Con relación al tema de la salud sexual y reproductiva de las guatemaltecas, este informe consigna que los sistemas de información pública dan cuenta de problemas de salud relacionados con aspectos reproductivos más poca o ninguna información existente sobre la salud sexual de la mujer en el país. La situación y condición de éstas al respecto siguen atadas a visiones religiosas, mágicas, y de índole económico más no de derechos ciudadanos, con impacto en lo público. Los derechos sexuales y reproductivos no ocupan espacios relevantes dentro de las agendas noticiosas.

Medidas pendientes de las recomendaciones de la CEDAW

Sensibilización eficaz en el Congreso de la República sobre la igualdad y equidad de género.

Retos y desafíos

Si bien se han realizado diversidad de acciones, éstas no han contribuido en la medida necesaria al cambio social y a la creación de un estado de opinión pública, así como sectorial comprometido y activo con la igualdad de género. Esto puede deberse a que muchas de las acciones que se han llevado a cabo han sido puntuales, más que obedecer a una estrategia comprehensiva con objetivos definidos.

A nivel del uso adecuado de medios de comunicación hacia el cambio cultural, también es de destacar la particular necesidad de dar continuidad al proceso de formación en género de los y las profesionales de la comunicación, iniciado por la SEPREM en octubre de 2007, ya que hay coincidencia que en ocasiones los medios presentan noticias relevantes para la igualdad de género, pero lo hacen desde ópticas que son poco funcionales a la igualdad (ej. Preferencia por una óptica que fomenta la alarma pública, -amarillismo-, pero no el cambio social).

Artículo 6

Trata de mujeres y explotación sexual

Recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

El Estado no ha adoptado medidas adecuadas para combatir este fenómeno, incluidas sus causas y alcance, en particular como país de origen, tránsito y destino (a pesar de la ratificación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños) (6)

Existe insuficiente información y concienciación sobre la incidencia de la trata dentro del país. (6)

El Estado Parte precisa tomar medidas para combatir y prevenir la trata de mujeres y niñas y, en su próximo informe periódico, facilitar información detallada sobre el efecto de las medidas. (6)

El fenómeno de trata de personas constituye un delito tipificado por la legislación guatemalteca en el Código Penal. La falta de registros estadísticos sistemáticos y confiables, así como el escaso nivel de denuncia dificultan cuantificar y cualificar la magnitud del problema en el país. No obstante, existen evidencias de la creciente evolución del fenómeno, que cobrando diversos matices expresados en la explotación de las personas, constituye una violación flagrante de los derechos humanos.

Las principales causas que se han reconocido como origen y razones de la trata de personas comprenden factores económicos como la pobreza, el desempleo y el endeudamiento; factores sociales y culturales como la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, discriminación por motivos de género en la familia, la cultura patriarcal y adulto-céntrica; factores políticos y legales como la ausencia de legislación apropiada y aplicación de sanciones punitivas más severas; factores internacionales como la creciente feminización de la migración laboral, por un lado, y el endurecimiento de las políticas de inmigración de los países receptores, por el otro.

También intervienen razones relacionadas con la educación, una limitada capacitación apropiada que facilite el acceso a un empleo digno y las relaciones de poder que evidencian una actitud estigmatizante, un ambiente social caracterizado por la falta de infraestructura y de lugares de resguardo y protección a las víctimas. El nivel de tolerancia social y el grado disminuido de concientización sobre la corresponsabilidad y solidaridad de la sociedad, evidencian la necesidad de estrategias de prevención, atención y protección integral adecuadas. Consecuentemente, estos factores intervienen directamente en la vulnerabilidad de la población víctima de trata y en el carácter expansivo que este delito tiene.

Todo lo anterior, aunado a las diferentes fases por las que pasa la víctima de trata de personas, como son la recepción, captación, transporte, violencia psicológica, privación de libertad, retención de documentos, violación al derecho de identidad e integridad, utilización en ocasiones de documentos falsos, e incluso violencia física, mantienen estrecha relación con otras formas de delincuencia organizada.

En el 2004 el Estado de Guatemala impulsa la actividad del Grupo Interinstitucional contra la Trata de Personas, este Grupo Interinstitucional es coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo integra la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), Procuraduría General de la Nación (PGN), Ministerio Público (MP), Dirección General de Migración, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Fiscalía de la Mujer, Instituto Guatemalteco de Turismo y apoyo de las instancias no gubernamentales como Proyecto Acción SIDA de Centroamérica (PASCA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ECPAT Guatemala.

En el 2004 se inicia el proceso de elaboración de la política pública para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y proteger a las víctimas. En septiembre de 2007 es presentada la Política Pública Contra la Trata de Personas y para la Protección Integral a las Víctimas y el Plan de Acción Estratégico 2007-2017. Esta política tiene como principal objetivo constituirse como principal directriz del Estado de Guatemala para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas en sus diversas manifestaciones, así como para proteger a las víctimas. Ello conlleva a la protección de los derechos humanos, el interés superior de la mujer, del niño, niña y adolescentes, la no discriminación y la protección inmediata e integral a las víctimas.

Este objetivo se pretende alcanzar con la institucionalización de la Política y su Plan de Acción Estratégico, que busca, a través de la firma de un acuerdo gubernativo que las instituciones autorizadas cumplan e implementen el Plan Estratégico 2007- 2017. Para ello se prevé el conocimiento sobre las implicaciones sociales, económicas y culturales de la trata de personas, en todas sus manifestaciones. Se busca por medio de una campaña de comunicación, sensibilizar, prevenir y promover las denuncias contra la trata y alertar a la población por medio de sectores institucionales, educativos, sociales y culturales. Las víctimas recibirán atención integral, tales como ayuda psicológica, mental, física, apoyo legal, todo ello para facilitar su repatriación y reinserción social.

En el 2007 por medio del Acuerdo Gubernativo 246-2007, reformado en el Acuerdo Gubernativo 525-2007 el Grupo Interinstitucional contra la trata de personas, conformado en el 2004 se formaliza y se constituye como la “Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas”, como una instancia interinstitucional de consulta, de gestión y de formulación de iniciativas e impulso de consensos para el combate de la trata de personas en armonía con el derecho internacional y de conformidad con el derecho interno. Esta Comisión está conformada por varias instituciones del Organismo Ejecutivo: 1) Ministerio de Relaciones Exteriores quien preside y coordina, 2) Ministerio de Gobernación, 3) Ministerio de Educación, 4) Ministerio de Cultura y Deportes, 5) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 6) Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 7) Secretaría de Bienestar Social, 8) Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, 9) Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, 10) Secretaría Presidencial de la Mujer, 11) Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, 12) Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), 13) Defensoría de la Mujer Indígena. Participan también en calidad de invitados los Organismos Judicial, Organismo Legislativo y Ministerio Público, así como organizaciones no gubernamentales y organizaciones de cooperación internacional.

Reformas legislativas

En el 2005, se reforma el artículo 194 del Código Penal, en donde se aumenta la pena al delito de trata de personas. Esta reforma responde al instrumento de adhesión del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente mujeres y niños. Actualmente la Comisión Interinstitucional, se encuentra desarrollando el proyecto de Ley Integral para la Protección de la Víctima de Trata.

En diciembre de 2007 se aprueba la Ley de Adopciones, requerida por el Convenio de La Haya, ratificado por el Congreso de la República en mayo de 2007. Se crea un Consejo Nacional, cuya función será asegurar la protección de los niños y niñas y adolescentes que estén en proceso de adopción. Además, prohíbe que las personas involucradas en los procesos de adopción, incluidas las madre y padres o familiares de los menores, reciban cualquier clase de beneficios. La Ley aprobada por el Congreso acorde con el Convenio de La Haya establece normas de transparencia en los procesos de adopción, evita el lucro, la venta y la explotación de menores.

Acciones encaminadas a prevenir y erradicar la trata de mujeres y niñas

En el 2004 fue creada la Unidad de la Niñez y Adolescencia Víctimas, dentro de la Fiscalía de la Mujer en el Ministerio Público. Y la Sección Contra la Trata de Personas dentro de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas de la Policía Nacional Civil (Acuerdo 58-137). Estas instituciones se encargan de investigar y combatir la trata de personas, tráfico de mujeres, niñas, niños y adolescentes para el comercio sexual.

Para dar un seguimiento efectivo y una investigación especializada a este tipo de delitos, el Ministerio Público a partir de octubre de 2007, conforma la Unidad contra la Trata de Personas y Adopciones Irregulares, dentro de la estructura de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado. Este avance significativo en el combate a la trata de personas, está motivado por el diseño de una política de persecución penal mucho más adecuada a los fenómenos criminales, ya que se busca que los grupos dedicados a la explotación sexual comercial, adopción irregular, mendicidad, matrimonios forzados y las demás formas de esclavitud contempladas por el artículo 194 del Código Penal, reformado en el 2005, sean sometidos a un análisis integral mucho más completo sobre la participación, constitución y métodos de operación de estas redes criminales. Además, con la creación de esta Unidad se busca la persecución penal de estos delitos aún y cuando no sean cometidos contra menores de edad, a diferencia del enfoque de la Unidad de la Niñez y la Adolescencia Víctima, antigua encargada del tema. El Ministerio Público a dos años de la reforma del delito de trata de personas, ha tenido avances significativos en el combate de este fenómeno, pues plantea con la Unidad Contra la Trata de Personas, una manera mucho más adecuada de manejar el tema, con el fin de desmantelar estos grupos delictivos.

Existe un mecanismo de coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación y la organización social Casa Alianza, entre quienes realizan operativos de trata de mujeres y niñas en prostíbulos y han logrado rescatar menores de edad en los mismos.

Se desarrolló el programa “Juntos contra el tráfico”, proyecto que fue ejecutado por la Asociación Pro niña y niño Centroamericanos (PRONICE) en coordinación con el Programa de Acción (PAMI). Dicho proyecto se desarrolló con adolescentes en algunos departamentos del sur y nororiente del país, (Malacatán, Mazatenango, Puerto Barrios y Asunción Mita). El objetivo fue establecer los riesgos en puntos fronterizos y dar a conocer la magnitud de la problemática. Cuyas actividades se centraron en recolectar textos sobre el tráfico para las adopciones, explotación laboral y explotación sexual; elaboración de materiales publicitarios (afiches, volantes y vallas publicitarias); además se organizaron redes juveniles para impulsar la prevención del tráfico. Dichas redes organizaron actividades artísticas y obras de teatro, con el objetivo de dar a conocer la problemática; asimismo el desarrollo de conferencias que fueron dirigidas a estudiantes de secundaria.

A partir de 2006 el Estado ha impulsado la campaña promocional de prevención contra la trata de personas, la cual consiste en cuñas radiales y televisivas, trifoliares, afiches, historietas, vallas y banners, los cuales están siendo distribuidos a nivel nacional por medio de instituciones del Estado, así como representaciones de la sociedad civil involucradas en la problemática y a nivel internacional mediante las Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas en el exterior.

En el 2006, se publicó el Protocolo Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata, el cual contiene normas y reglas básicas de fácil comprensión y aplicabilidad para todos aquellos funcionarios que tienen contactos primarios con víctimas de trata. También se ha dado un trabajo coordinado entre la Cancillería guatemalteca y la Organización Internacional para las Migraciones/Guatemala, contándose con el apoyo de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales, vinculadas a la temática. Se elaboró la ruta crítica para la aplicación del protocolo a nivel de las fronteras de México, EE.UU., El Salvador y Honduras. Además se capacitó a los Cónsules de los países en mención, impartiendo los temas sobre trata, tráfico ilícito de migrantes y la trata desde la perspectiva de género.

El Consejo de Ministras de Centro América (COMMCA), del cual forma parte la Secretaría Presidencial de la Mujer, dentro de su Plan Estratégico 2006 -2009 y Plan de Acción para el mismo período, incluyó como áreas de intervención regional: i) fortalecimiento de la capacidad de incidencia del COMMCA en el proceso de integración regional, y de los mecanismos nacionales para la igualdad en sus respectivos países, como entes rectores en el diseño e implementación de políticas públicas, y ii) mejorar la respuesta regional ante la violencia contra las mujeres, y específicamente en temáticas como violencia y migración, trata, tráfico de personas y femicidio. Asimismo centró su trabajo en dar seguimiento al tema de la violencia contra las mujeres, particularmente el de trata de mujeres. Dentro de ese marco se realizó a finales de 2006, el Primer Encuentro Centroamericano sobre Trata de Mujeres, cuyo objetivo principal fue abrir un espacio para el análisis y reflexión sobre trata de personas en la región centroamericana, con especial énfasis en la situación de las mujeres. Como resultado del Encuentro se elaboró un Plan de Acción Regional a ser implementado en cada uno de los países en coordinación con el capítulo país de la Red Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres.

Considerando que la trata de personas incluye el trabajo forzoso, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha realizado esfuerzos por erradicar el trabajo infantil en sus peores formas, habiéndose promulgado el Acuerdo Gubernativo No. 250-2006 que regula las peores formas de trabajo infantil en concordancia con el convenio 182 de la OIT que incluye la explotación sexual comercial y de conformidad con el Convenio de Palermo, como una modalidad de trata.

Instrumentos Nacionales e Internacionales suscritos

Instrumentos Nacionales

Aprobación y publicación del Protocolo Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata, el cual contiene normas y reglas básicas de fácil comprensión y aplicabilidad para todos aquellos funcionarios que tienen contacto primario con víctimas de Trata.

Instrumentos Regionales

Aprobación de los “Lineamientos Regionales para la Protección Especial en casos de Retorno de Niños, Niñas y Adolescentes —NNA— Víctimas de Trata”, en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM).

Instrumentos Bilaterales

Se suscribió el Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Protección de las Mujeres y de los Menores de Edad Víctimas de la Trata y Tráfico de Personas en la Frontera Guatemala-México, 23 de marzo de 2004. Además, se estableció la Comisión Técnica y Aprobación del Programa Anual de Trabajo para el seguimiento y evaluación de las acciones de coordinación y cooperación derivadas del Memorando.

También se firmó el Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de Estados Unidos de América para establecer el Marco de Cooperación en Materia de Prevención, Control y Sanción de las Actividades Relativas a la Trata de Personas, el 2 de noviembre de 2004. Finalmente, se estableció el Memorandum de Entendimiento entre la República de Guatemala y la República de El Salvador para la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, 18 de Agosto de 2005. Como parte del mismo se elaboró y aprobó el Programa Anual de Trabajo 2007-2008 para la implementación del Memorando.

Denuncias de trata de personas, prostitución u otros delitosen contra de mujeres

El Organismo Judicial por medio del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, reporta que durante el 2006, ingresaron en los diferentes órganos jurisdiccionales de la República los siguientes delitos en contra de mujeres:

Cuadro 5Denuncias ingresadas en el 2006 al Organismo Judicial

Delito	Cantidad
Corrupción de menores de edad	37
Corrupción Agravada	6
Proxenetismo	8
Proxenetismo Agravado	8
Rufianería	1
Trata de Personas	10

Fuente: Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y sus Delitos Conexos.

La Unidad de la Niñez y Adolescencia de Víctimas y Trata de Personas de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, implementada en el 2004, indica que en el 2006 se reportaron los siguientes procesos:

Cuadro 6Procesos en la Fiscalía de la Mujer

Delito	Cantidad	Sentencia
Corrupción de menores	3	Condenatoria
Contrataciones de ilegales	2	Condenatoria
Contratación de ilegales	2	Absolutoria

Fuente:Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y sus Delitos Conexos

Cuadro 7Estadísticas trata de personas y migración ilegal.Primer trimestre 2007

Situación	Cantidad
Denuncias recibidas por trata de personas	27
Denuncias por adopción ilegal presentadas ante el Ministerio Público	22
Niños Migrantes provenientes de Estados Unidos recibidos por la Procuraduría General de la Nación	233
Niños migrantes provenientes de México recibidos por la Procuraduría General de la Nación	1 189

Fuente: Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y sus Delitos Conexos

Mujeres migrantes

Por las características que engloban el fenómeno migratorio guatemalteco y las migraciones tanto dentro del país como internacional, por constituir grupos vulnerables de ser víctimas de trata de personas y de tráfico ilegal de migrantes, el Estado ha puesto énfasis en este problema social.

El Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de Migración, en el tema de migración y modernización, firmó un documento para la repatriación digna y segura de inmigrantes ilegales de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, detectados en México y se dirigen a los Estados Unidos. Se asignaron supervisores en el Aeropuerto Internacional La Aurora, encargados de prevenir o denunciar toda clase de anomalías y atropellos. En general, se inició la modernización institucional, con la compra de un lote de 142 computadoras y con la mejora integral de las delegaciones migratorias en todo el país, instalándose el Sistema Integrado de Operación Migratoria (SIOM), donado por el Gobierno México.

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS)

La SBS es la encargada de la administración y ejecución de las políticas públicas en materia de protección para la niñez y adolescencia guatemalteca, principalmente de aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, riesgo social, discapacidad y conflicto con la ley penal. Estos objetivos fueron modificados en octubre de 2004, y fue incluida la atención y apoyo a la niñez migrante. Por lo anterior, la SBS es la encargada de velar para que las y los menores migrantes deportados tengan acceso a los servicios básicos entre los que destacan salud, educación, alimentación, vivienda, seguridad y procuración de la extensión de la documentación apropiada.

La SBS trabaja coordinadamente con diversas instituciones del Estado para restituir los derechos de la niñez migrante. Como parte de la Comisión Interinstitucional de combate a la trata de personas, la SBS, ha incorporado dentro de sus políticas el cumplimiento de convenios bilaterales con México y el Salvador, así como protocolos nacionales e internacionales, Convención de los Derechos del Niño, Protocolo para la repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, memorandum de entendimiento para una repatriación, ordenada y segura de migrantes, protocolo para la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas, y el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo.

Dentro del Programa de Atención a Niñez y Adolescencia en Riesgo Social de la SBS, funciona la Unidad contra la Explotación Sexual Comercial y la Unidad de Niñez y Adolescencia en Situación de Calle. El 29 de agosto de 2005, fue inaugurado en el departamento de Quetzaltenango un albergue para migrantes “Casa Nuestras Raíces”. Este albergue inició la recepción de niños, niñas y adolescentes migrantes y los casos en que el Cónsul de Guatemala detecta alguna amenaza y son coordinados con la Procuraduría de la Nación. Dentro de las actividades que se realizan en el albergue está la sensibilización a jóvenes para darles a conocer los peligros que afrontan en los viajes.

La Unidad contra la Explotación Sexual Comercial, atiende a un promedio diario de 25 niñas, niños y adolescentes, mediante clases de teatro y arte. Ha logrado la coordinación del Grupo Articulador contra la Explotación Sexual, de tal forma que ahora este grupo forma parte de la Comisión Nacional de la Niñez y Juventud.

Medidas pendientes de las recomendaciones de la CEDAW

Si bien se han adoptado algunas medidas para combatir la trata de personas, no se ha avanzado suficiente en el combate de las causas, entre ellas la situación de pobreza y desprotección de los derechos humanos en que vive un porcentaje importante de guatemaltecos y guatemaltecas y con respecto a la trata de mujeres y niñas además la naturalización de la desigualdad de género y del uso sexual de las mismas.

Continúa habiendo una desproporción importante entre el delito de explotación sexual y su sanción, pendiente por tanto de reforma legal.

Diseño y ejecución de un programa integral contra la adopción irregular y el desarrollo de un negocio lucrativo en torno a ella.

Retos y desafíos

Considerar el presupuesto necesario para cada una de las instancias y acciones para garantizar la viabilidad de la política de trata.

Artículo 7

Vida política y pública

Recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

Se sugiere al Estado Parte poner en marcha programas de capacitación de liderazgo dirigidos a las mujeres, con el fin de ayudarles a ocupar puestos directivos y decisorios en la sociedad. (6)

El Comité recomienda al Estado Parte que fomente la participación de las mujeres en la vida pública y política de Guatemala, en particular (3, 4, 5):

– Ofrecer o respaldar programas de capacitación para las dirigentes a c tuales o futuras

– Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de la participación femenina en la adopción de decisiones para quienes ostentan facultades dec i sorias en los sectores público y privado.

Derecho a elegir y ser electa

Para la participación electoral importa tanto la posibilidad de elegir como ser electa. Las desigualdades entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos políticos se cristalizan en ambas dimensiones, aunque en la segunda —participar como candidata en las elecciones para cargos públicos— la brecha de género es aún más pronunciada.

En la práctica, esta participación se realiza a través de los partidos políticos que, en el marco de un régimen democrático y representativo, en su mayoría se caracterizan por ser entidades poco consolidadas y con una institucionalidad bastante precaria. Esto como resultado, entre otros factores, de que la sociedad guatemalteca se ha desenvuelto políticamente, durante la mayor parte de su historia republicana, bajo regímenes autoritarios y patriarcales. Esta situación no ha permitido el desarrollo de una clase política con tradición democrática en el país. En la toma de decisiones de los partidos predomina el centralismo, y sus estructuras organizativas no tienen suficiente representatividad, tanto en el ámbito nacional como local, lo cual se refleja en el incipiente desarrollo de sus filiales. Generalmente, los partidos políticos son dirigidos por cúpulas masculinas cerradas que limitan el desarrollo de nuevos liderazgos, incluyendo el femenino.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral, el número de mujeres empadronadas que podían ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de 2007, ha aumentado en 1,26% con respecto al número de mujeres empadronadas en las elecciones de 2003.

Cuadro 8Número de Mujeres empadronadas en las elecciones de 2003 y de 2007

Número de empadronados y empadronadas	2007	Cifras absolutas 2007 (*)	Cifras absolutas 2003
Mujeres
Alfabetas	1 913 939	2 809 124	2 252 545
Analfabetas	895 185
Hombres
Alfabetos	2 418 217	3 180 910	2 820 737
Analfabetos	762 693
Total		5 990 034	5 073 282

Fuente: Tribunal Supremo Electoral.

*Estadísticas del padrón electoral al 9 de junio de 2007.

El Estado de Guatemala, se encuentra en el ejercicio democrático de elegir sus nuevas autoridades para el período 2008-2011. El 9 de septiembre de 2007, se celebraron a nivel nacional las elecciones para autoridades legislativas, municipales y presidenciables y el 4 de noviembre la segunda vuelta para elegir Presidente y Vicepresidente.

En este proceso electoral aumentaron las candidaturas de mujeres a cargos públicos, con la presencia de la Doctora Rigoberta Menchú, candidata a Presidenta de la República por el partido político Encuentro por Guatemala, y la Licenciada Walda Barrios, candidata a Vice Presidenta de la República por el partido político Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Movimiento Amplio de Izquierda (URNG-MAIZ).

Para estas elecciones generales de 2007, 16 partidos políticos inscribieron a 29.821 candidaturas para las categorías de presidente, diputaciones por lista nacional, diputaciones distritales y corporaciones municipales. Del total de candidaturas inscritas, 3.762 candidatas fueron mujeres lo que corresponde al 12,6%. Esto representa un avance con respecto a las inscripciones de candidaturas en las elecciones generales de 2003. En dicha elección 17 partidos políticos presentaron 23.705 candidaturas, de las cuales el 9,5% fueron mujeres. La participación entonces sigue siendo incipiente en un país en donde las mujeres son más del 51% de la población total.

Cuadro 9Candidaturas inscritas en el Tribunal Supremo Electoral en 2007

Candidatura	Hombres	Mujeres	Total
Presidente y Vice-presidente	26	2	28
Diputaciones Lista Nacional	221	82	303
Diputaciones Distritales	1 193	320	1 513
Corporaciones Municipales	24 619	3 358	27 977
Total	26 059	3 762	29 821

Fuente: Tribunal Supremo Electoral.

Las oportunidades para la participación de las mujeres se ven sustantivamente obstaculizadas y reducidas. Son contadas las mujeres que han logrado situarse en una posición de liderazgo y posicionarse en cargos de elección popular. De los 16 partidos políticos que participaron en las elecciones son pocos los que han aumentado el número de mujeres en sus listados de diputaciones, sobre todo en la primera casilla, donde hay más posibilidades de ganar.

Cuadro 10Número de mujeres en listas de diputaciones por partido político

Partido Político	Candidatas a Legi s ladoras	Ocupan primera casilla	Candidatas a Alcaldesas
Encuentro por Guatemala	36	10	13
Unidad Nacional de la Esperanza	22	15	–
Partido Patriota	8	2	7
Gran Alianza Nacional	29	3	3
Frente Republicano de Guatemala	49	14

Fuente:Tribunal Supremo Electoral.

En el 2003 de 158 diputaciones 14 mujeres fueron electas, y 8 mujeres resultaron al frente de las 331 alcaldías del país. En las elecciones generales llevadas a cabo en septiembre de 2007, veintisiete mujeres ganaron un cargo público de elección popular. Diecinueve de ellas elegidas para una diputación y ocho para alcaldías.

Cuadro 11Número de mujeres electas a cargos de elección popular en 2003 y 2007

Cargo		Elecciones 2007		Elecciones 2003
Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Diputadas	19	139	158	14	144	158
Alcaldías	8	324	332	8	323	331

Fuente:Tribunal Supremo Electoral.

A pesar del incremento de mujeres que se han incorporado a la política y fundamentalmente en el ámbito municipal, de los 332 municipios que conforman Guatemala, solo el 5% está siendo dirigido por mujeres, frente al 95% de hombres que ocupan alcaldías. Estos datos revelan que la participación política de las mujeres debe ser potenciada para lograr una mayor representatividad, una visión integral de desarrollo y en coherencia con las convenciones y tratados internacionales en materia de participación política de las mujeres.

No obstante a los diversos instrumentos jurídicos aprobados que favorecen la participación política en los niveles comunitario, municipal, departamental, regional y nacional como son la Ley de Desarrollo Social, que contiene principios de igualdad de derechos para mujeres y hombres; el Código Municipal, que crea dentro del Consejo Municipal la Comisión de la Familia, la Mujer y Niñez, con carácter de obligatoriedad; la Ley de Consejos de Desarrollo, que promueve la participación de las mujeres dentro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural y Consejos Departamentales de Desarrollo y la Ley Nacional de Descentralización, entre otras aún falta la institucionalización de acciones, tales como la Oficina Municipal de la Mujer, así como la formulación e implementación de políticas, programas y proyectos municipales integrales, de acuerdo a las necesidades y demandas de las mujeres, y principalmente es necesario continuar promoviendo la implementación de medidas de acción positiva como el sistema de cuotas en los partidos políticos y comités cívicos, lo cual debe ser incorporado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y su reglamento.

Participación en cargos públicos

Organismo Ejecutivo

El actual Gobierno se encuentra integrado por trece Ministerios de Estado, de los cuales tres cargos son ocupados por mujeres y de los veintinueve Vice‑Ministerios de Estado ocho mujeres ocupan el cargo de Vice-Ministras.

Cuadro 12Cargos ministeriales ocupados por mujeres

Ministro	Ministra	Vice-Ministra	Vice-Ministro
Relaciones Exteriores		Relaciones Exteriores	Relaciones Exteriores
		Relaciones Exteriores
	Gobernación		Gobernación
			Gobernación
			Gobernación
			Gobernación
Defensa Nacional			Defensa Nacional
Finanzas Públicas			Finanzas Públicas
			Finanzas Públicas
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda		Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
			Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
	Educación	Educación	Educación
		Educación
Agricultura, Ganadería y Alimentación			Agricultura, Ganadería y Alimentación
			Agricultura, Ganadería y Alimentación
Economía			Economía
			Economía
Salud Pública y Asistencia Social		Salud Pública y Asistencia Social	Salud Pública y Asistencia Social
			Salud Pública y Asistencia Social
Trabajo y Previsión Social		Trabajo y Previsión Social	Trabajo y Previsión Social
			Trabajo y Previsión Social
	Energía y Minas		Energía y Minas
Cultura y Deportes			Cultura y Deportes
Ambientes y Recursos Naturales		Ambiente y Recursos Naturales	Ambiente y Recursos Naturales
10	3	8	22

De las trece Secretarías de la Presidencia de la República, ocho mujeres ocupan el cargo de Secretarías. Seis mujeres están a cargo de las Sub-Secretarías.

Cuadro 13Cargos de Secretarías ocupadas por mujeres

Secretario	Secretaria	Sub-Secretario	Sub-Secretaria
General de la Presidencia			General de la Presidencia
Privado de la Presidencia		Privado de la Presidencia
Comunicación Social
Asuntos Administrativos y de Seguridad
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia		Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
		Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
	Análisis Estratégico	Análisis Estratégico
	Planificación y Programación	Planificación y Programación	Planificación y Programación
			Planificación y Programación
	Bienestar Social		Bienestar Social
	De la Paz	De la Paz
	Obras Sociales	Obras Sociales
	Asuntos Agrarios		Asuntos Agrarios
			Asuntos Agrarios
	Seguridad Alimentaria y Nutricional		Seguridad Alimentaria y Nutricional
	De la Mujer		De la Mujer
5	8	7	8

Así también, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Presidencia del Banco de Guatemala, en este último por primera vez en la historia, se encuentran a cargo de mujeres.

Organismo Judicial

El Organismo Judicial está compuesto por trece Magistrados y Magistradas, que permanecen en el cargo por cuatro años. En el período 2005-2006 por primera vez en la historia del Organismo Judicial, una mujer fue electa para presidir la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial, la Licenciada Beatriz de León de Barreda.

Cuadro 14Personal que labora en el Organismo Judicial (2007)

Cargo	Hombres	Mujeres	Total
Auxiliares Órganos Jurisdiccionales	1 692	1 376	3 068
Auxiliares Órganos Jurisdiccionales que hablan algún idioma maya	227	60	287
Magistrados y Jueces	512	253	765
Magistrados y Jueces que hablan algún idioma maya	100	13	113
Personal administrativo	1 784	890	2 674
Personal administrativo que habla algún idioma maya	227	60	287
Total	4 542	2 652	7 194

Fuente:Unidad de Planificación, Organismo Judicial.

Organismo Legislativo

Ciento cincuenta y ocho son las Diputaciones dentro del Organismo Legislativo. En el último proceso electoral de septiembre de 2007 fueron electas popularmente diecinueve mujeres. Comparado con catorce mujeres que ejercieron como diputadas en el período 2004-2008.

El Congreso de la República está integrado por cuarenta y tres Comisiones (treinta y tres comisiones ordinarias, cuatro específicas y seis extraordinarias). En los años 2005, 2006 y 2007, han sido presididas por 3, 7, y 4 mujeres respectivamente. Un mil quinientas cincuenta y ocho personas laboran como personal administrativo en el Organismo Legislativo, seiscientas doce plazas son cubiertas por personal femenino.

Participación de las mujeres en el Sistema de Consejos de Desarrollo de Guatemala

Los Acuerdos de Paz (1996) y la trilogía de leyes de descentralización (Ley de Descentralización, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y Código Municipal, 2002), determinan en las municipalidades guatemaltecas, la responsabilidad de los procesos simultáneos de descentralización del Estado y de desarrollo económico del país. En efecto, la Ley General de Descentralización establece que las municipalidades son las principales destinatarias de las delegaciones de competencias por descentralización del Organismo Ejecutivo ya sea individualmente, asociadas en mancomunidades o en apoyo a comunidades legalmente organizadas (artículo 6 del Reglamento de la Ley).

El Código Municipal define al municipio como “el espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos” (artículo 2). En esta línea, la Ley crea en cada municipio los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODEs), como instancias de participación ciudadana directa de la población. El reto de la democratización y la descentralización descansa así, aunque no exclusivamente en los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDEs), porque actúan como bisagra del Sistema de Consejos de Desarrollo entre lo comunitario (COCODEs), los departamentales, (CODEDEs), regionales (COREDEs) y el nivel nacional (CONADUR). El Sistema de Consejos, concebido como instrumento de concertación social y como mecanismo fundamental de participación ciudadana, posibilita al conjunto de la sociedad, intervenir en todas las funciones de la gestión pública: consultiva, resolutiva, ejecutiva y contralora.

El Sistema de Consejos de Desarrollo comprende cinco niveles: comunitario, municipal, departamental, regional y nacional. La Ley de los Consejos de Desarrollo (Decreto 11-2002), les asigna el objetivo de organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada. Si bien dicha Ley no establece cuotas, es novedosa estableciendo la participación de las mujeres:

•En el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR): Dos representantes de las organizaciones de mujeres y un/a representante de la Secretaría Presidencial de la Mujer;

•En los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural (COREDURs): Dos representantes de las organizaciones de mujeres que operen en la región y un/a representante de la Secretaría Presidencial de la Mujer;

•En los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES): Una representante de las organizaciones de mujeres que operen en el departamento.

Entre las funciones de los Consejos se explicita la promoción de políticas que fomenten la participación activa y efectiva de la mujer en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como regional, departamental, municipal y comunitario, así como promover la concientización de las comunidades respecto de la equidad de género y la identidad y derecho de los pueblos indígenas.

El Sistema pretende lograr la inclusión de las mujeres mediante medidas específicas, dada la situación de discriminación y exclusión de las mujeres, especialmente hacia las mujeres indígenas en la esfera pública. En esta dirección, algunas municipalidades han creado Oficinas Municipales de la Mujer y Comisiones de la Familia, la Mujer y la Niñez, como apoyo al fortalecimiento de las capacidades organizativas y propositivas de las mujeres para elaborar propuestas en su beneficio y para que estas propuestas tengan mayor posibilidad de aprobación.

La alta cifra de COCODEs resulta especialmente relevante para la participación de las alcaldías y comunidades indígenas, ya que son instancias conformadas por toda la comunidad, en Asamblea General, donde ciudadanos y ciudadanas pueden participar individualmente o como representantes de grupos o sectores organizados. De manera que los COCODEs representan en la actualidad una oportunidad tangible para que la población de numerosas comunidades, históricamente aisladas de lo público, tengan posibilidades de vincularse a la toma de decisiones a nivel local. Además, en los últimos años han sido un importante espacio de empoderamiento de las mujeres en la gestión comunitaria y en los procesos de desarrollo económico y social.

La SEPREM tal como lo establece el artículo 9 del Reglamento de las Ley de Consejos de Desarrollo, tiene el mandato de convocar a las organizaciones de mujeres para que éstas integren a sus representantes ante los CODEDES. Esta función la realiza desde el 2003 en los 22 CODEDEs, por lo que a la fecha se han hecho las convocatorias para las designaciones respectivas por 2 períodos en algunos departamentos y por 3 períodos en otros. Ello obedece a que las representaciones tiene una duración de dos años prorrogables o revocables, por esta razón el país tiene activas las 44 representaciones, de las cuales 22 fungen como titulares y 22 como suplentes. Asimismo, la SEPREM cuenta con 10 representantes a nivel regional, quienes asesoran y acompañan a las mujeres, a fin de fortalecer su participación ciudadana.

De acuerdo al Diagnóstico realizado por el Foro Nacional de la Mujer, la presencia masculina promedio supera el 81% en todo el país. En el caso de los COCODEs, el universo muestral fue de 34, 000 integrantes, de los cuales sólo el 13% eran mujeres. En el caso de los COMUDEs, el universo muestral fue de 4,197 integrantes, con sólo 16% de mujeres. Esta baja presencia femenina se reproduce en toda la estructura de representación y coordinación de los COMUDEs, siendo más pronunciada a nivel de la coordinación y representación de las autoridades municipales. De un universo muestral de 1,403 autoridades y representantes de Corporaciones Municipales que participan en los COMUDEs, sólo el 7% eran mujeres. La mayor presencia relativa de mujeres se encontró en la representación de entidades públicas, de 795 representantes, 257 eran mujeres (32%), lo cual puede ser considerado un resultado positivo de los procesos de capacitación y sensibilización de género promovidos en las instancias del gobierno central.

Cuadro 15

A pesar de la existencia de una normativa favorable a la integración de las mujeres en condiciones de equidad en los Consejos de Desarrollo, prevalece una falta de voluntad política para hacerla efectiva, no sólo en las autoridades locales que coordinan los COMUDEs, sino también en las organizaciones locales que representan a la sociedad civil en los Consejos.

El proceso de cerrar las brechas de género en los Consejos de Desarrollo a nivel local, ha arrancado en todas las regiones y departamentos del país. Sin embargo, la baja participación femenina en COCODEs y COMUDEs, obliga a revisar las estrategias de sensibilización e inducción de la voluntad política de las poblaciones comunales y municipales, para superar la masculinización de los Consejos a nivel local.

Medidas pendientes de las recomendaciones de la CEDAW

En este apartado el Estado de Guatemala ostenta una notable falta de avance. La representación y participación de las mujeres en la toma de decisiones en la vida pública a nivel nacional y municipal siguen siendo mínimas, tanto en referencia a los objetivos de igualdad de la CEDAW como incluso en comparación con otros países de la región. La participación de las mujeres como votantes también es muy limitada, y menor con respecto a la participación realizada por los hombres en las elecciones.

En este contexto de lento avance es crucial, de acuerdo a las recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW fomentar medidas de acción afirmativa, ya reconocidas por la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer para la representación política de mujeres, en particular para mujeres indígenas, -reformando para ello la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Es asimismo fundamental continuar programas sistemáticos de capacitación para mujeres y sus organizaciones y avanzar en la desarticulación e incluso sanción de actitudes machistas que fomenten estereotipos de género contrarios a la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones.

Retos y Desafíos

El Organismo Legislativo, a través de la Comisión de la Mujer, consciente de la reducida participación de las mujeres en el Congreso elaboró una propuesta de programa de partida con múltiples recomendaciones que podrían ser apoyadas para favorecer un escenario de igualdad y paridad. Este programa puede ser considerado como punto de partida para consensuar con diferentes instituciones públicas y sociedad civil una acción coordinada y comprehensiva hacia la superación de la gran desigualdad de género existente en la participación política. El texto recoge las siguientes recomendaciones para hacer frente a esa realidad:

•Estimular la participación de la mujer en la arena pública para que comprenda la importancia de tener voz en todos los espacios nacionales, especialmente en el Congreso.

•Apoyar reformas de fondo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que permitan la presencia de la mujer en la vida política. Esto implica la adopción de cuotas temporales de participación política, que permitan la presencia de la mujer y obliguen a los partidos a incluirlas en las listas por ley.

•Generar acercamiento de las mujeres organizadas a los partidos políticos para apoyar el incremento de mujeres en cargos de elección.

•Generar condiciones para crear un bloque de parlamentarias, con una agenda común a favor de reformar todas aquellas leyes que discriminen a la mujer: Código Civil, Penal, Laboral, Procesal Penal, y Ley Electoral y de Partidos Políticos.

•Ratificar convenios y tratados internacionales relacionados con el tema de género, ya que es necesario equiparar a la mujer en el ámbito legal y propiciar un verdadero Estado de Derecho.

•Propiciar la educación cívica y política de la ciudadana. La cultura democrática no está arraigada en la población, la cual sólo ejerce parcialmente su ciudadanía cuando vota, pero no controla ni fiscaliza los actos de sus gobernantes.

•Impulsar campañas masivas de documentación y empadronamiento para las mujeres, especialmente en el campo y para las mujeres indígenas quienes muchas veces no están registradas como ciudadanas y menos aún empadronadas.

•Propiciar desde el Estado las herramientas necesarias para incentivar la democracia interna del hogar, en la motivación a las tareas conjuntas del hogar y del cuidado de los hijos, alejando estereotipos que ubican y reducen a la mujer en la esfera del hogar.

•Vigilar por la correcta distribución de los recursos del Estado para educación primaria, secundaria y universitaria, propiciando que el elemento género esté presente en forma cuantitativa y cualitativa. La educación contribuye al desarrollo integral de las personas y determina oportunidades productivas, laborales y políticas.

•Estimular las empresas privadas y públicas para que apoyen a la mujer con el objeto de que se organice y participe, propiciando para ello el ambiente necesario a través de redes sociales que incluyan: guarderías, casas cuna, centros de apoyo femenino, entre otros.

Artículo 8

Representación

A lo largo de las últimas décadas la existencia del concurso de oposición y méritos para el ingreso a la carrera diplomática ha significado una igualdad de oportunidades de acceso a los cargos de “Secretarios” para mujeres y hombres, dicha igualdad no se ve reflejada en los cargos superiores como el de Embajador.

La actual administración ha promovido la implementación de todas las Convenciones relativas a los derechos de la mujer a nivel nacional y en ese sentido se observa un inicio positivo –aunque incipiente- de cambio en la tendencia marcada históricamente. La presencia de mujeres en el Ministerio de Relaciones Exteriores, manifiesta un aumento progresivo en la última década. En la actualidad y considerando los datos que se aprecian en los cuadros siguientes, dentro del personal que labora en embajadas, consulados y misiones diplomáticas, inscritos e incorporados a la carrera diplomática, treinta y ocho son mujeres, o sea un 51% del total (setenta y cinco). Asimismo, de todo el personal que labora en el extranjero ciento tres son mujeres y ciento veintiuno son hombres, 46% y 54% respectivamente.

Sin embargo, cuando se hace un análisis de la estructura del personal de carrera de la Institución por niveles de rango laboral, podemos observar que en el primer nivel (secretarías y consejerías) la mayoría son mujeres (56%), pero en el segundo nivel (ministros consejeros y embajadores) el 73% son hombres. Representan al Estado de Guatemala ante organismos internacionales un total de quince mujeres las cuales representan el 71% de este personal. Esta situación puede considerarse debido a diferentes motivos, principalmente por cuestiones sociológicas, la mujer en la actualidad busca un espacio de valorización, se especializa en áreas que históricamente estuvieron reservadas a los hombres y encuentra su lugar en los distintos ámbitos de actuación como por ejemplo el diplomático. Este avance de la inserción de la mujer en el campo de las relaciones internaciones se traduce en porcentajes de ingreso de mujeres en el servicio exterior a través de la carrera diplomática durante los últimos gobiernos.

Artículo 9

Nacionalidad

El derecho y protección de la nacionalidad se encuentran protegidos en el Título III de la Constitución de la República de Guatemala: “a ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad”. Hasta la fecha prevalecen estas disposiciones que fueron reportadas en los anteriores informes presentados por el Estado ante el Comité de la CEDAW.

Artículo 10

Educación

Recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

Preocupa al Comité la persistencia de altos niveles de pobreza entre las mujeres, en particular las mujeres del medio rural, y su falta de acceso a los servicios sociales básicos. Ello evidenciado en (6)

–La elevada tasa de analfabetismo, baja tasa de escolarización y finalización de los estudios

–La falta de oportunidades de capacitación

Recomienda al Estado Parte que intensifique sus esfuerzos por ejecutar programas educativos y sanitarios eficaces en todo el país, particularmente en alfabetización funcional. (6)

Se insta al Estado Parte a asegurar el pleno acceso de las mujeres indígenas a una educación bilingüe (6)

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que la educación es una obligación del Estado, que debe ser proporcionada y facilitada sin discriminación alguna y que tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal (artículos 71 al 81).

En el año 1994, cuando la cobertura educativa era del 69% de la población en edad escolar, las inscripciones de niños representaban el 63% contra el 37% de niñas. Al año 2005 la cobertura educativa es del 93.5% y la inscripción de niñas representa el 48.5% del total de inscritos. Aún quedan brechas por cubrir y cambiar, especialmente en algunos municipios del país. En el Ministerio de Educación se ha creado la Unidad Especial d Proyectos de Cobertura Educativa (marzo de 2007) para remediar puntualmente estas brechas y alcanzar 100% de cobertura en nivel primario, con equidad de género.

Desde hace algunos años, el MINEDUC ha estado realizando acciones orientadas a aumentar y mejorar la educación para las niñas, de tal manera que se reduzcan las brechas que las distancia de los niños. En la actualidad, se pretende unificar todos los esfuerzos por medio de la estrategia denominada Primaria Completa que impulsa el MINEDUC. En ella participan la Dirección General de Educación Bilingüe (DIGEBI), el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE), la Dirección General de Educación Extraescolar (DIGEEX), la Dirección de Calidad y Desarrollo Educativo (DICADE) y las direcciones departamentales de educación.

Por medio del Plan Nacional de Educación 2004-2008, se establecen las medidas orientadas a la atención a la diversidad de la población a mediano y largo plazo:

•La universalización de la educación monolingüe, bilingüe e intercultural en los niveles pre primario, primario y ciclo básico con calidad, equidad y pertinencia,

•El fortalecimiento de un Sistema Nacional de Educación que responde a estándares nacionales e internacionales de calidad educativa.

•La de modernización, desconcentración y descentralización del sistema administrativo y del currículo tomando en cuenta aspectos lingüísticos y culturales.

Cómo objetivos estratégicos, esboza la incorporación a la mayor parte de la población monolingüe y bilingüe en edad escolar al sistema educativo, procurando que complete el nivel de educación primaria y se reduzcan los índices de deserción y repitencia, implementación de la reforma educativa en el aula, con calidad, equidad y pertinencia, y la aplicación de contenidos del currículo nacional en todos los niveles educativos.

Cuadro 16Cobertura educativa 2004-2005

Año	2004	2005	2006
Niveles	Total	Hombres	%	Mujeres	%	Total	Hombres	%	Mujeres	%	Total	Hombres	%	Mujeres	%
Total	3 439 579	1 798 236	52%	1 641 343	48%	3 565 429	1 860 422	52%	1 705 007	48%	3 738 655	1 946 667	52%	1 791 988	48%
Preprimaria	425 825	214 798	50%	211 027	50%	436 154	220 770	51%	215 384	49%	451 744	228 721	51%	223 023	49%
Primaria	2 315 193	1 215 886	53%	1 099 307	47%	2 374 779	1 244 036	52%	1 130 743	48%	2 475 231	1 293 275	52%	1 181 956	48%
Básico	474 585	257 244	54%	217 341	46%	507 633	273 035	54%	234 598	46%	543 214	290 979	54%	252 235	46%
Diversificado	223 976	110 308	49%	113 668	51%	246 863	122 581	50%	124 292	50%	267 467	132 693	50%	134 774	50%

Fuente: Dirección General de Planificación Educativa.

Reforma educativa

En el marco de la Reforma Educativa, se crea la Subcomisión de Género de la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa. El nuevo currículo que el MINEDUC está impulsando es producto de un proceso de transformación curricular desarrollado por el Ministerio a partir de los Acuerdos de Paz y está definido por el diseño de la Reforma Educativa. En dicho proceso se identificó como ejes que son tratados en forma transversal en todas las áreas curriculares:

•Equidad de género, de etnia y social. Este eje se descompone en equidad e igualdad; género y autoestima; educación sexual y el VIH/SIDA.

•Vida ciudadana, comprende educación en población, educación en derechos humanos, democracia y cultura de paz, y formación cívica.

El área curricular que de forma más directa aborda como competencia y contenido la sexualidad humana es la de “medio social y natural” (ciclo I, de primero a tercer grado) y “ciencias naturales y tecnología” (ciclo II, del cuarto al sexto grado). El tema de salud reproductiva es tratado como parte de la sexualidad humana.

Programas de ampliación de cobertura y calidad educativa

Programa Nacional de Becas para la Educación

El propósito de este programa es incrementar la cobertura, lograr la retención de los y las alumnas, aumentar la promoción y evitar la repitencia y deserción tanto a nivel primario como del nivel medio. Tiene las siguientes modalidades: 1) Becas de la Niña, 2) Becas de la Paz, 3) Bolsas de Estudio, 4) Beca para el pago de alimentos, 5) Becas de la Excelencia y 6) Becas para la erradicación del trabajo infantil (este programa fue absorbido en 2006 por el Programa de Becas de la Paz).

Programa de Becas para la niña rural

Este es un programa regional, descentralizado que otorga becas a niñas del área rural para que cursen la primaria. Su objetivo principal es elevar los índices de retención y promoción de las niñas del área rural en el nivel primario, especialmente de las niñas indígenas.

Cuadro 17 Becas otorgadas

Año	Becas	Tipo de escuela	Monto total
2004	32 030	en escuelas regulares	Q. 9 609,000.00
2005	49 700	en escuelas regulares	Q. 14 910,000.00
2006	96 216	escuelas regulares y escuelas PRONADE	Q. 28 864,800.00
2007	96 666 (*)	escuelas regulares y escuelas PRONADE	Q. 28 999,800.00
Total	274 612		Q. 82 383,600.00

Tipo de cambio Q.7.5/USD 1.00

Cuadro 18 Ampliación de la cobertura de educación por medio de los diferentes programas de becas y bolsas de estudio

Tipos de becas de nivel primaria	Características de la población beneficiada	Años de escolaridad y edades	Actividad que comprende la acción becaria
Becas de la Niña	Niñas de áreas rurales. 96,666 niñas inscritas en 4,012 escuelas oficiales regulares.	Entre 7 y 14 años de 1° a 4° Grados	Otorgar Q 300.00* a la familia de las niñas seleccionadas, en dos pagos: agosto (Q150) y noviembre (Q150).
Becas de la Paz	Se otorgan a las escuelas donde la población se encuentra en mayores condiciones de pobreza, para elevar los índices de inscripción, retención y promoción de niños y niñas en centros educativos oficiales del nivel primario en las áreas rural y urbano-marginal. Se otorgaron 235,361 becas a niños y niñas. 93,886 ( 2005), 58,142 (2006) 83,333 (2007)	Atender principalmente a los niños y niñas de 1° Grado. Como la mayoría de estas escuelas son multigrado o unitarias, apoyar a toda la escuela.	Adquirir material educativo para alumnos y docentes. Dotar con ropa y calzado a los niños y niñas de 1er. Grado. Mejorar la infraestructura del aula Organizar escuela de padres
Becas de la Paz IPEC/OIT	Niñas y niños trabajadores A través de Convenio entre el MINEDUC y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para llevar a cabo el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil en lugares donde los niños y niñas son obligados (por necesidad) a trabajar, abandonando su proceso de escolarización. Beneficiados 185,224 (2006-2007) niños y niñas.	Escuelas ubicadas en zonas donde hay trabajo infantil	Apoyar a niños y niñas de las escuelas beneficiadas. Definir en asamblea de padres, el destino de los fondos becarios para cada escuela.
Becas Becatón	Niños y niñas de escuelas regulares en condiciones de pobreza y escuelas de PRONADE. 196 escuelas regulares beneficiadas(2006) 4875 niñas atendidas/4607 niños atendidos Becas de la Niña Escuelas de Autogestión/1230 escuelas beneficiadas (2006) 22,983 niñas atendidas (1-4 Grado Primaria)	Niños y niñas entre 8 y 14 años que NO ESTÉN inscritos en ningún grado.	Identificación de niños y niñas. Entrega de fondos.
Becas para Discapacitados (en def i nición)	Niños y niñas con alguna discapacidad 2,014,067 (2004)/2,200,000 (2006)	Alumnos de escuelas oficiales de nivel primario	Otorgar Q500 a las familias con niños o niñas con alguna discapacidad.
Bolsas de Estudio	Jóvenes de básicos y diversificado que estudian en institutos oficiales. 13,494 jóv e nes de todo el país	Entre 13 y 18 años	Otorgar Q900 a la familia de los jóv e nes seleccionados, en nueve pagos: Q100 mensuales de febrero a octubre del 2006
Becas en establecimientos oficiales que tienen inte r nado	Jóvenes internados en: Instituto Técnico George Kerchesteiner, Mazat e nango, – Escuela Normal Pedro Molina, Chimaltenango, – Escuela Normal Cleme n te Marroquín Rojas, Monjas, Jalapa y – Escuela Regional Rural de Occidente. 1,784 jóvenes	Entre 15 y 18 años	Alojamiento y alimentación en los establecimientos indicados para estudiar carreras técnicas en Mazatenango y Magisterio en las otras 3 escuelas normales. Se otorgan Q400 mensuales por 9 meses a cada estudiante. En total se entregan Q3, 600 anuales a cada e s tudiante que recibe beca de internado.
Becas de la Exc e lencia	Jóvenes de diversificado con alto rendimiento académico en los básicos: 176 jóvenes para el año 2005. Los jóvenes estudian en 6 establ e cimientos privados, que calificaron alto en la prueba diagnóstica de graduando de 2004: Colegio San Benito (Esquip u las), Colegio Tecnológico en I n formática, Colegio Cobán, Instituto Tecnológico UVG (Sololá). 15,454 becarios (2005)	Jóvenes entre 15 y 18 años (se han atendido también jóvenes hasta 20 años). Los jóvenes pasan por un proceso de selección. Hay 3,000 candidatos para 300 cupos para el año 2006. Colegio La Sallé ( La Antigua ) e Instituto Kinal (Ciudad Capital).	Matrícula de estudio en el e s tablecimiento. Gastos de materiales educ a tivos. Gastos de alojamiento y al i mentación Gastos de transporte Seguro Médico colectivo Se otorgan Q15, 000 anuales por est u diante en promedio. 474,585 en básicos oficial y privado 223,976 en diversificado oficial y pr i vado
			698,561 en nivel medio (2004)

Fuente: Departamento de Becas, MINEDUC, 2007.

*Tipo de cambio Q.7.5/USD1.00.

Educación bilingüe e intercultural

El Acuerdo Gubernativo No. 22-2004, establece para la Dirección General Bilingüe Intercultural (DIGEBI) del Ministerio de Educación, la generalización del bilingüismo y la obligatoriedad de idiomas nacionales como política lingüística nacional, dándole prioridad al idioma materno, el segundo idioma otro nacional y el tercer idioma el extranjero. Se establece la obligatoriedad de la enseñanza y práctica de la multiculturalidad e interculturalidad en el aula en los idiomas: maya, garífuna o xinka y/o español.

El MINEDUC cuenta con 12 Escuelas Normales Bilingües Interculturales, en donde se forman docentes bilingües, quienes imparten clases en otros idiomas del país. Por medio de la educación bilingüe intercultural se tiene como objetivo primordial el desarrollo de las habilidades cognitivas y socio-afectivas de las y los educandos (particularmente indígenas), que les capacite para interactuar competentemente en contextos multiculturales, utilizando su idioma materno (indígena) y/o su segundo idioma. La currícula de la educación bilingüe tiene entre sus características básicas, el propiciar un diálogo entre las culturas de los diferentes contextos, y privilegiar el idioma materno, junto con el segundo idioma, como medio y como contenido de aprendizaje.

El MINEDUC ha revitalizado la Educación Bilingüe Intercultural (EBI), se crearon 1,844 plazas docentes bilingües. Se publicaron 432 plazas bilingües a oposición. Las 293,300 guías de auto aprendizaje y módulos docentes fueron contextualizados en cuatro idiomas mayas mayoritarios y distribuidos en dos mayoritarios (Mam y K’iche’), en 1,170 escuelas EBI. Se reprodujeron 1.7 millones de textos y guías de primaria en idiomas mayas (K’iche’, Kaqchikel, Mam y Q’eqchi’) en las áreas de comunicación y lenguajes, matemáticas y castellano como segundo idioma.

Se capacitó a 2,400 docentes en el uso de la metodología activa. Para garantizar la aplicación de la educación bilingüe en el aula, se dio acompañamiento técnico pedagógico a 5,474 docentes bilingües y fueron visitadas 2,737 escuelas en cuatro oportunidades durante el 2006.

El Vice Ministerio de Educación Bilingüe Intercultural del MINEDUC y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) han diseñado y elaborado una “Guía Metodológica para el Desarrollo de los Ejes Curriculares de Multiculturalidad, Interculturalidad, Equidad y Valores”, para docentes en servicio, con un tiraje de 6,000 ejemplares, mismos que fueron distribuidos a nivel de las escuelas involucradas en el proyecto.

Alfabetización

Cuadro 19 Comportamiento del analfabetismo en Guatemala durante los años de 1996 al 2006

Fuente: Datos obtenidos del informe estadístico, elaborado por el Centro de Cómputo, sección de estadística, CONALFA 2007.

Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA)

En marzo de 2004 el Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA) retoma el papel rector de la alfabetización y se le da continuidad a la política de atención prioritaria de la mujer en el proceso de alfabetización, con el propósito de contribuir a satisfacer sus necesidades y demandas. La propuesta actual de CONALFA se recoge en la Estrategia Nacional de Alfabetización Integral para el período 2004-2008. Durante los años transcurridos, la estrategia ha encaminado sus acciones principalmente a cubrir las necesidades puntuales de sus macro componentes que son: 1) la etapa inicial de alfabetización y 2) la post alfabetización; donde se desarrollan los programas tanto en idioma español como en 17 idiomas mayas.

La reducción del índice de analfabetismo en los últimos tres años es de 3.42%; en una constante promedio de 1.20% por año ejecutado. Los resultados alcanzados anualmente, se registran en el siguiente cuadro.

Cuadro 20Reducción del índice de analfabetismo,período de 2004 al 2006

Año	Meta	Inscritos	Promovidos	Reducción del índice de Analfabetismo (%)
2003	–	–	–	27.49*
2004	202,928	171,139	64,871	26.28
2005	202,928	171,139	108,027	24.51
2006	180,440	152,410	111,478	23.97

Fuente: Proyecciones de Población, censo año 2002. INE, Comportamiento de la cobertura de atención del proceso 2004 y redefinición de estrategia CONALFA 2005-2007. Elaboración del Área de estadística de la Unidad de Informática y Estadística, CONALFA (18-01-2006).

A partir del año 2004, se ha registrado un importante crecimiento en el índice de la participación de las mujeres en los procesos de alfabetización. Cabe señalar que además de la participación, se ha logrado la retención en los grupos y por lo mismo la promoción en mujeres ha crecido anualmente. Los datos comparativos de la población alfabetizada por género se presentan en la gráfica siguiente:

Gráfica 2

42,94871,40342,19773,13146,15085,7740100002000030000400005000060000700008000090000POBLACIÓN ALFABETIZADA SEGÚN SEXO PERIODO 2004-2006 HOMBRESMUJERES200420062005

Fuente: Centro de Cómputo -CONALFA-2007.

Actualmente, CONALFA cuenta dentro de sus iniciativas, metodologías que se consideran importantes, principalmente por la promoción de diferentes modalidades de atención que involucra la participación y promueve acciones que favorecen a las mujeres. Tal es el caso de metodologías integrales de alfabetización:

• “bi-alfa” que resalta el valor del aprendizaje en el idioma materno y el segundo idioma. En el 2006 se alfabetizó en los idiomas español y mam, en cinco municipios del departamento de Huehuetenango. Esta modalidad contempló el desarrollo de cinco ejes: Producción, Medio Ambiente, Género, Organización Comunitaria y Derechos Humanos.

• “Toma mi mano”, esta modalidad está dirigida a las madres de los niños y las niñas que asisten a la escuela formal en el nivel inicial. Dentro de los contenidos de aprendizaje se incluyen actividades sobre nutrición, higiene, motricidad, comunicación y desarrollo de buenos hábitos. Las madres a su vez estimulan a sus pequeños hijos e hijas sobre los nuevos aprendizajes. Esta metodología se ha implementado en grupos de comunidades del área rural de los departamentos de Suchitepéquez, Totonicapán y Quetzaltenango. Los alfabetizadores y alfabetizadoras que atienden estos grupos reciben una dotación de materiales didácticos y de trabajo para desarrollar sus actividades con las madres y sus respectivos hijos e hijas.

• “Alfabetización integral intrafamiliar” donde los hijos e hijas alfabetizan a sus mamás y ocurre el proceso de aprendizaje dentro del hogar permitiendo una mejor comunicación intrafamiliar.

• “Alfabetización integral para el trabajo” (AIT). Se desarrolla en coordinación con organizaciones no gubernamentales que, dentro de sus componentes se localizan proyectos relacionados con la capacitación en una rama laboral, por ejemplo: crianza de animales, tejido, bordado, corte y confección, entre otros.

• “Alfabetización con orientación en computación”. Ésta se desarrolla principalmente en grupos de post-alfabetización donde la mayoría de participantes son jóvenes comprendidos y comprendidas entre los 15 y 24 años de edad.

Estas metodologías se han aplicado tanto en el programa de idioma español como en los idiomas mayas en los que se desarrolla el proceso. En esta línea de trabajo se han atendido las comunidades más lejanas del área rural, se implementó un sistema de supervisión permanente; se aplicó una estrategia de atención conprogramas que respetan las creencias, las formas de expresión cultural y religiosa.

A continuación se presenta en gráficas, resultados de la atención al Programa de Alfabetización Bilingüe:

Gráfica 3Población atendida según programa bilingüe

POBLACIÓN ATENDIDA SEGÚN PROGRAMA BILINGÜE PERIODO 2004-200676,41163,85161,10038,89335,23336,28232,90435,19735,935010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000200420052006InscritosEvaluadosPromovidos

Fuente: Centro de Cómputo -CONALFA- 2007

Educación extraescolar

El subsistema de educación extraescolar o paralela es una forma de realizar el proceso educativo, que el Estado y las instituciones proporcionan a la población que ha estado excluida o no ha tenido acceso a la educación escolar y a las que habiéndolas tenido desean ampliarla.

Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF)

Son centros de capacitación técnica que funcionan en un local específico dentro de las instalaciones de las municipalidades. Los programas de capacitación se orientan a tres elementos básicos: 1) aprovechamiento de los recursos locales, 2) uso de metodología innovadora y 3) respuesta al sector productivo. La Dirección General de Educación Extraescolar facilita la formación integral y técnico - ocupacional de mano de obra semi-calificada, y certifica los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas egresadas.

Estos centros de capacitación responden a las necesidades socioculturales, económicas y productivas locales para impulsar y fortalecer la pequeña y mediana empresa, contribuyendo al desarrollo de la población beneficiaria y su comunidad. Capacitan a padres, madres, adolescentes y jóvenes en los aspectos humanos y para el trabajo, dando énfasis en el respeto y la apropiación de los derechos de la niñez y la mujer.

El Programa CEMUCAF tiene presencia en los 22 departamentos del país, cuenta con 470 centros y 201 técnicos. Atendió a 4,495 hombres y 7,779 mujeres, para un total de 18,793 personas (2006). En el 2005 atendió a 11,785 personas en 250 centros de todo el país.

Programa de Educación Primaria Acelerada (PEAC)

A través de este programa se da continuidad a los procesos de alfabetización. Se ejecuta de manera flexible y adecuada a las características de los y las usuarias. Este programa brinda oportunidad a todas aquellas personas que saben leer y escribir y que desean continuar o completar su educación primaria, de forma gratuita. El Programa está dirigido a niños y niñas en sobre edad escolar, jóvenes y adultos que no han tenido acceso a la educación y brinda a niños, niñas, jóvenes y adultos la oportunidad de continuar y completar la educación primaria, utilizando un modelo propio de “auto instrucción” con una educación equivalente a la impartida en el sistema escolar, con una inversión menor en tiempo.

El PEAC en sus etapas I, III y IV promueve el respeto a los derechos humanos, así como la convivencia y la interculturalidad. El Programa PEAC tiene cobertura en los 22 departamentos, a marzo de 2007, se encontraban 2,114 hombres inscritos en la etapa I y 3,643 mujeres; en la etapa II, hombres 983 y mujeres 1,507; estos datos dan un total de 2,490 alumnos.

Núcleos Educativos Familiares para el Desarrollo (NUFED)

Por medio de este programa de educación secundaria se atiende de séptimo a noveno grados, con la metodología alternancia a adolescentes y jóvenes entre catorce y veinte años de edad, del área rural en todo el país. En el 2005 atendió a 10,605 alumnos y alumnas en 370 centros. En el 2006 atendió a una población de 16,985 personas, con 550 centros. A marzo de 2007, el programa amplió su cobertura a los 22 departamentos teniendo un total de 609 centros funcionando a nivel nacional. Atendiendo a 185 municipios, 11,338 hombres y 8,836 mujeres, siendo un total de 20,174 en los tres grados.

Promotores Juveniles Comunitarios (PJC)

Este proyecto es dirigido a grupos de adolescentes y jóvenes comprendidos entre 14 y 24 años de edad. Promueve y facilita la organización juvenil en el ámbito comunitario, municipal y departamental, dando capacitación y formación en temas de autoestima, liderazgo, educación en salud sexual, reproductiva e ITS/VIH/SIDA, educación para la paz, participación ciudadana, valores, derechos humanos, derechos de la niñez y derechos de la mujer, dando énfasis a la equidad de género y a la participación ciudadana. En el 2005 atendió a 21,451 jóvenes de los 22 departamentos del país.

Programas educativos complementarios

Educadores en prevención del VIH/SIDA

A través de la Coordinación de Educadores de Prevención del VIH/SIDA (COEPSIDA), se ha capacitado y distribuido material didáctico tanto a docentes como a estudiantes del nivel medio de todos los sectores educativos, de 18 departamentos del país, atendiendo a 10,657 participantes (2005). Los materiales distribuidos corresponden a la temática específica de las capacitaciones siendo éstas “Dile si a la vida … protégete del SIDA”, “informémonos y prevengamos el SIDA”, y “Practiquemos la empatía con las personas afectadas por el VIH-SIDA”. Los participantes realizaron la réplica de estos talleres en sus comunidades, tanto en español, como en Q’eqchi’, Mam, K’iche’ y Kaqchikel.

En el 2006 se orientó en el uso de los módulos educativos del VIH/SIDA a 2,220 estudiantes de las escuelas e institutos normales del ciclo diversificado, quienes realizaron su práctica docente en escuelas de aplicación del nivel primario de diez departamentos. Estos futuros maestros y maestras orientaron a 37,485 niños y niñas del nivel primario de 128 escuelas de aplicación.

Educación Inclusiva

Con esta modalidad se impulsó la Educación Especial. A través de este programa se brinda educación formal en los distintos niveles educativos por medio de programas y servicios educativos, así como atención a la población con necesidades educativas especiales. Algunos de los programas son: Aula integrada, Aula recurso de problemas de aprendizaje y de lenguaje, Programa Escuela de Educación Especial. Con este programa se asistió a 5,150 alumnos, 2350 niñas y 2800 niños, con el apoyo de 222 docentes, en 22 centros de educación especial y 128 centros educativos en los 22 departamentos del país.

Educación Física

El MINEDUC formó a 1,936 alumnos, 1,312 hombres y 624 mujeres, en las 22 Escuelas Normales de Educación Física, en igual número de departamentos. En las Escuelas de Iniciación Deportiva, las niñas y los niños en edad escolar reciben los fundamentos técnicos de las diferentes disciplinas deportivas, después de su horario normal de clases. Este programa tiene tres fases: masificación, selectividad y talentos. Se atendió a 55,187 alumnos de 47 escuelas, 29,995 hombres y 25,192 mujeres.

3,522 Juntas Escolares de escuelas primarias del sector oficial recibieron un aporte para la compra de implementos deportivos para la práctica de deporte escolar y recreación en los centros educativos beneficiados. Del 2004 al 2007 se celebraron los Juegos Olímpicos Escolares Nacionales de los Niveles Primario y Medio. En esta actividad se involucra a todos los alumnos y alumnas de los establecimientos educativos del país.

Sistema de Gestión de calidad

La Certificación ISO 9001:200 fue otorgada al MINEDUC por la ejecución del Sistema de la Gestión de Calidad implementado en la Sede Central y en las Direcciones Departamentales de Guatemala, Quetzaltenango y Baja Verapaz, de planificación de recursos, reclutamiento, selección, nombramiento/contratación y gestión de personal administrativo y docente. A través de este sistema se fomenta y desarrolla la autodisciplina en la institución. Se fortalecieron los principios de la Norma ISO 9001:200 para mejorar la calidad de los servicios que presta el MINEDUC y consolidar una cultura de calidad en el servicio público.

Educación superior

Instituto Universitario de la Mujer (IMUSAC)

El 11 de noviembre de 2004 se crea el Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IMUSAC), como el ente rector de políticas y acciones universitarias a favor de las mujeres. La presentación pública de este ente fue el 8 de marzo de año 2005, en el marco de la conmemoración del Día internacional de la Mujer. Su creación es el resultado de casi diez años de cabildeo y movilización de diversos sectores de mujeres universitarias. El Consejo Superior Universitario, institucionalizó al IUMUSAC en el punto 7º. Inciso 7.2, acta No. 16-2006 de fecha 21 de junio de 2006. Su misión es asesorar, dirigir, promover, coordinar, articular y ejecutar programas y proyectos de investigación, docencia y extensión universitaria, relacionados con el desarrollo, adelanto y mejoramiento de la condición de las mujeres en el país; promover una cultura y equidad de género, respeto a la diversidad sociocultural y acceso al desarrollo.

Dentro de las principales acciones de carácter divulgativo, se produce la “Revista Mujeres Universidad” como parte de fortalecer el proceso histórico-cultural, por medio de la formación del pensamiento constructor de la memoria histórica de la sociedad y las mujeres, ligándolas al análisis crítico del presente y sus tendencias, visibilizando sus aportes como sujetas históricas sociales. “La Revista Mujeres y Universidad” es un espacio académico plural, para el estudio, diálogo y análisis de la realidad de las mujeres y la equidad de género en la sociedad, particularmente en la educación superior.

Participación de las mujeres en la educación superior

El indicador de inscripción estudiantil confirma que a lo largo del período 2005-2007 en la Universidad Estatal de Guatemala, Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), la presencia de las mujeres ha sido en menor cantidad comparada con la presencia de los hombres, a pesar del leve aumento en el porcentaje de mujeres del 2004 al 2007.

Cuadro 21Matrícula Estudiantil de primer ingreso por sexo,Universidad San Carlos de Guatemala 2004-2007

Año	Total	Mujeres	%	Hombres	%
2004	123,901	55,866	45.0	68,035	55.0
2005	112,968	52,185	46.0	60,783	54.0
2006	112,257	52,74	47.0	59,517	53.0
2007	117,35	56,499	48.0	60,35	52.0

Fuente: Tendencias de las femoestadísticas políticas y sociales. IUMUSAC.

Cuadro 22Carreras con alta graduación de mujeres, Universidad San Carlos de Guatemala, ciclo académico 2004

Unidad Académica	Mujeres %	Hombres %
Trabajo Social	98.47	1.53
Psicología	84.70	15.30
Humanidades	76.23	23.77
EFPEM	69.82	30.18
Química y Farmacia	66.22	33.78
Historia	66.67	33.33
Medicina	56.96	43.04

Fuente: Tendencias de las femoestadísticas políticas y sociales. IUMUSAC.

Cuadro 23Personal docente por sexo, Universidad de San Carlos de GuatemalaSegún ciclos académicos 2004-2005

		Femenino		Masculino
Año	Total	N°	%	N°	%
2004	4,228	1,755	32.0	2,879	68.0
2005	3,837	1,235	32.0	2,602	68.0

Fuente: Tendencias de las femoestadísticas políticas y sociales. IUMUSAC.

Otras instancias que apoyan la educación

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)

Programa Promujer. La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), implementa el programa PROMUJER, en el cual se otorgan becas escolares a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes adultas en pobreza y pobreza extrema. Además, SOSEP, a través del Programa de Hogares Comunitarios monitorea y vigila más de 13,000 niños y niñas de 0 a 5 años de edad. En estos hogares se les inicia en los primeros pasos de estimulación temprana, así como educación preescolar. El objetivo de este programa es convertir los hogares comunitarios en centros de atención integral, los cuales tienen como meta ser el puente para el inicio al primer grado.

Artículo 11

Trabajo y empleo

Recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

Preocupa la falta de disposiciones sobre el acoso sexual (6)

Es un tema de preocupación las violaciones de los derechos laborales de las mujeres en las industrias maquiladoras, en particular el derecho de asociación, al salario mínimo y a licencia por maternidad. Se insta al Estado a adoptar medidas eficaces para prevenir y castigar las violaciones de los derechos de las mujeres que trabajan en las industrias maquiladoras, remediar la falta de seguridad y de normas sanitarias en esas industrias y mejorar el acceso de las mujeres trabajadoras a la justicia. (6). Algunos empleadores de esa industria exigen prueba de embarazo a las mujeres que buscan empleo (3 ,4, 5)

Preocupa la ausencia de medidas legislativas y normativas para proteger los derechos de las empleadas domésticas y se insta al Estado Parte a que establezca un calendario concreto para la adopción de medidas legislativas y normativas para proteger los derechos de las empleadas domésticas. Se pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, facilite información sobre las medidas que hayan adoptado y en particular, sobre sus efectos (6)

Si bien ha habido medidas de protección y de derechos en materia de seguridad social, incluso para las empleadas domésticas y las que trabajan en las industrias maquiladoras, esta legislación no se ha cumplido ni se hace cumplir. El Comité exhorta al Estado a (3, 4, 5):

– Adoptar medidas para hacer cumplir las leyes de las autoridades responsables de la inspección laboral.

– Promover códigos de conducta más estrictos para el sector privado, a fin de aplicar la legislación actual.

Se sugiere hacer un estudio para determinar el efecto de los acuerdos de libre comercio en las condiciones de vida y trabajo de las mujeres guatemaltecas y que estudie la posibilidad de adoptar medidas compensatorias teniendo en cuenta los derechos humanos de las mujeres (6)

El Comité observa con preocupación la elevada incidencia del trabajo infantil en Guatemala, especialmente entre las niñas, así como sus consecuencias para el desarrollo personal de aquel ejercicio de su derecho a la educación y a la atención sanitaria (3 ,4, 5)

La incorporación de las mujeres en la economía ha cobrado una mayor relevancia en los últimos años, como efecto de los Programas de Ajuste Estructural que han obligado a la mujer a contribuir a la generación de ingresos, así como al autoempleo, constituyendo un soporte importante para las actividades del comercio y los servicios, así como en la industria maquiladora y labores agrícolas.

Cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estiman que al menos un dos por ciento de la población económicamente activa de Guatemala participa en el trabajo de casa particular. Así mismo estima esta misma fuente que actualmente alcanza los 300,000 en todo el país.

A fin de facilitar alternativas laborales y orientación a los sectores de mayor demanda, el Ministerio de Trabajo ha realizado actividades de intermediación laboral que han incluido la organización de “kioscos de empleo”, tanto en el área rural y como en la Ciudad de Guatemala. Como resultado de estas iniciativas en el 2006 se inscribieron 29,276 personas en los eventos mencionados y se logró colocar en las plazas vacantes disponibles a 13,666 trabajadores y trabajadoras de los cuales 5,823 son mujeres.

En atención a las trabajadoras discapacitadas, desde el 2004 el Ministerio de Trabajo cuenta con la Oficina de Discapacitados. Esta oficina cuenta con un componente de facilitación de créditos para iniciar y fortalecer la pequeña y mediana empresa, con énfasis en el área rural y con las características siguientes: ser mujer maya, del área rural, víctima del conflicto armado y ser Jefas de Hogar. Los resultados muestran un promedio anual de 250 créditos otorgados a mujeres.

Promoción y Protección de los derechos laborales

Departamento de Promoción de la Mujer Trabajadora delMinisterio de Trabajo

Por medio del Departamento de Promoción de la Mujer Trabajadora se elaboraron y distribuyeron “Guías de buenas prácticas de contratación, terminación, procedimientos disciplinarios y solución de quejas”, la cual contiene políticas, procedimientos y anuncios de contratación, que instan a los empleadores a no anunciar puestos vacantes con discriminación en cuanto a sexo, raza, religión, nacionalidad o edad de aspirantes.

Se han elaborado y distribuido 6 ediciones de cartillas promocionales sobre derechos laborales, con el propósito de que las mujeres trabajadoras y empresarios conozcan los mismos y se dé más estabilidad en la contratación laboral, se han beneficiado 13,340 personas. Se han capacitado 585 trabajadoras en materia de derechos y obligaciones laborales, principalmente en las áreas de Adolescencia y Mujer Trabajadora e Higiene y Seguridad.

Así también realiza diferentes actividades de divulgación sobre derechos laborales dirigidas al sector laboral y empresarial de las diferentes ramas de la actividad productiva y a nivel nacional. Para estos procesos se coordina interinstitucionalmente con organizaciones de defensa y educación hacia las mujeres.

Con apoyo del fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se ejecutó el proyecto “Promoción y Defensa de los Derechos Laborales de las Adolescentes y Mujeres Trabajadoras”, el cual se inició en el 2001 y terminó en el 2006. Dentro de los principales logros se puede destacar: a) talleres informativos sobre derechos laborales dirigidos a adolescentes estudiantes graduandos de establecimientos públicos. b) talleres informativos sobre derechos laborales dirigidos a organizaciones de apoyo a las mujeres, c) atención y acompañamiento a usuarios que acuden al Departamento en búsqueda de orientación laboral.

Oficina Nacional de la Mujer (ONAM)

La ONAM ha realizado una desconcentración de sus acciones a nivel central, al establecer coordinadoras departamentales en los 22 departamentos del país, para dar atención directa y oportuna a las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres a nivel rural. Esta desconcentración se realiza a través de los mismos delegados o delegadas del Ministerio de Trabajo en todo el país, a quienes se les asignan funciones de coordinación, seguimiento y atención para las mujeres trabajadoras.

La ONAM, como uno de los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres ha promovido la organización y participación política de las mujeres de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en los 22 departamentos de Guatemala, por medio de la celebración de asambleas mensuales de trabajo y reuniones de Junta Directiva de la ONAM a nivel departamental, quienes se organizan democráticamente en elecciones participativas cada dos años.

Dentro de las actividades de investigación ha realizado los siguientes estudios:

•“Participación de las Mujeres Trabajadoras a través de la historia”, que contiene además el “Estudio de la Situación específica de las Trabajadoras Guatemaltecas y posibles repercusiones derivadas de los Acuerdos y Tratados en materia comercial”. Documento validado en tres departamentos de Guatemala, elaborado, impreso y distribuido en el 2005 apoyado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA/BID.

•“Diagnóstico situacional sobre las propuestas de Reformas a 10 leyes: Ley de Creación del Instituto Nacional de la Mujer INAM, reformas al Código Civil, Código de Salud, Ley de Educación, Ley de creación del Fondo de Tierras, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley contra el Acoso Sexual, Ley orgánica del IGSS, Código de Trabajo y Ley reguladora del trabajo en casa particular, todas presentadas ante el Congreso de la República de Guatemala durante los años 1996-2006.

Así también se ha apoyado el proyecto de reforma de 32 artículos discriminatorios del Código de Trabajo, en coordinación con la Comisión de la Mujer del Congreso de la República de Guatemala, SEPREM, DEMI, organizaciones de mujeres como Convergencia Cívico Política de Mujeres, CENTRACAP. Esta propuesta ha sido presentada ante el Congreso de la República y está en consulta con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para su análisis.

Se realizó el estudio y análisis de la Ley de Servicio Civil, y de la Ley del Femicidio en coordinación con otras organizaciones de mujeres, haciendo propuestas concretas para su reformulación y aprobación ante el Congreso de la República de Guatemala.

En materia de capacitación la ONAM mantiene una capacitación constante con las 35 delegadas que asisten a las asambleas locales mensuales, sobre temas de interés nacional: delitos contra mujeres, violencia intrafamiliar, equidad de género, diversidad cultural, autoestima, salud reproductiva, acoso sexual y derechos laborales y humanos, acuerdos de paz, legislación nacional e internacional de protección de las mujeres.

Anualmente se han realizado concursos para dar reconocimiento a mujeres destacadas en la política nacional, académicas, funcionarias públicas, magisterio, científicas, mujeres rurales, otorgándose la Medalla Oficina Nacional de la Mujer, Honor al Mérito Julia Urrutia, cambio de Rosa por la Paz, izada de la bandera del Banco Industrial, con el objetivo de visibilizar y valorar su trabajo, el cual no ha sido reconocido, ni valorado por la sociedad guatemalteca.

Se ha promovido anualmente el cumplimiento de los derechos de las mujeres y la equidad de género, por medio de la conmemoración de fechas alusivas a las mujeres en los 22 departamentos del país: Día de la Mujer de las Américas, Día Internacional de la Mujer, Día por la salud integral de las mujeres, Día de la no Violencia hacia las Mujeres. Se han realizado actos, conferencias, concursos, ferias, comunicados, boletines, marchas, carteles y programas promocionales a través de la radio, prensa y televisión, logrando aumentar la participación de la población en las actividades.

Para promover la sensibilización y el conocimiento teórico de la población, se mantiene información actualizada en los Centros de Documentación instalados en las delegaciones de la ONAM en los 22 departamentos, en temas actualizados y especializados de la mujer, equidad de género, diversidad cultural, derechos laborales y humanos, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, políticas públicas, gobernabilidad, investigaciones y estudios especiales, etc.

Para el fortalecimiento de la Oficina Nacional de la Mujer y para el desarrollo de las mujeres, con el apoyo financiero y técnico de cooperación internacional se han elaborado y presentado los siguientes proyectos: 1) Fortalecimiento del área de Capacitación y Formación de la Oficina Nacional de las Mujeres. 2) Mujeres jóvenes adolescentes, invirtiendo las remesas enviadas del exterior, en actividades productivas. 3) Estudio sobre: las mujeres y su participación en las Ferias del Empleo, organizadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el año 2006. 4) Reducción de la discriminación Laboral contra las mujeres. 5) Políticas de Equidad de Género y Multiculturalidad en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 6) Desconcentración de la Oficina Nacional de la Mujer. 7) Fortalecimiento de la Participación Cívico Política de las Mujeres Guatemaltecas.

Cada trimestre se elabora un boletín informativo de la ONAM, para mantener informada y actualizada a las autoridades y al personal del Ministerio de Trabajo, Asamblea General de Delegadas y a otras personas interesadas en temas de interés para la igualdad y equidad de género.

Protección de las mujeres trabajadoras de maquilas

En el 2004 derivado de la situación de violación de derechos laborales dentro de las empresas maquiladoras en el país, se crea la Instancia de Prevención de conflictos laborales de la maquila, impulsada por la Instancia Coordinadora de la Maquila. Así también, se integró la Unidad de Inspectores que fueron asignados específicamente para atender los casos de denuncias de trabajadoras de maquila (incluido acoso) en el departamento de Guatemala, y que también atienden casos de despidos masivos de hombres y mujeres. Esta Unidad está a cargo de la Inspección General de Trabajo (IGT), ente encargado de velar por los derechos de los y las trabajadoras.

En el marco de la protección social, en el 2004 se realizó el estudio de caso “Una Mirada sobre Problemas de Salud en las Mujeres Asociados a la Industria Maquiladora Guatemalteca y Agroindustria-Chimaltenango” como parte del Proyecto de la Agenda Económica de las Mujeres. Este estudio estuvo dirigido a identificar los problemas de salud más frecuentes que presentan las mujeres que trabajan en las empresas maquiladoras de Villa Nueva, Mixco, Amatitlán y ciudad de Guatemala y en las empresas agro exportadoras no tradicionales de Chimaltenango. Se abordó el contexto de la mujer trabajadora de maquila en Guatemala, reflejándose condiciones de desventaja para las mismas, pues trabajan horarios extenuantes, sin acceso al seguro social, con altas tasas de fecundidad, revelando las relaciones de inequidad, inseguridad y falta de justicia en el trabajo. Concluye que las maquilas han traído beneficio al país pero a cambio de la salud e integridad de las mujeres.

Como parte del plan estratégico de la Instancia de la Instancia de prevención de conflictos laborales de la maquila se estableció como prioridad lograr la ratificación por parte del Gobierno de Guatemala del Convenio 155 de la OIT. Aún no ha sido ratificado y dado que las condiciones laborales actuales se manifiestan regularmente precarias, principalmente en las maquillas, organizaciones sociales de Guatemala continúan en la demanda de la ratificación.

Erradicación del trabajo infantil

Mediante el Acuerdo Gubernativo 250-2006, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social estableció el Reglamento para la aplicación del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación. Este reglamento, determina y prohíbe los trabajos que puedan dañar la salud, la seguridad o la moralidad de las personas menores de dieciocho años de edad, y define los tipos de trabajos considerados como peores formas de trabajo infantil, así como de aquellos que por su condición se consideran trabajos peligrosos e insalubres y que podrían causar daño de modo grave a la salud física o mental, al desarrollo integral e inclusive la muerte de la persona menor de dieciocho años, sin que necesariamente la naturaleza de la actividad sea insalubre o peligrosa.

Actualmente se está preparando la ruta de implementación intra e interinstitucional para la aplicación de este reglamento, promoviéndose la capacitación y la elaboración de protocolos que le permitirá a la Inspección General de Trabajo contar con las herramientas necesarias para la atención. Por medio del Acuerdo Ministerial No. 24-2005 se crea el Comité Técnico para la Erradicación del Trabajo Infantil que realizan niños y niñas adolescentes. En noviembre de 2007 se hizo el lanzamiento de la campaña para disminuir y erradicar el trabajo infantil como respuesta al Convenio 182 de la OIT. Dicha campaña se transmitirá en los diferentes medios de comunicación social (radio, televisión y prensa escrita. En la iniciativa 2630 para reforma del Código Penal que se encuentra pendiente en el Congreso de la República, se tipifican las peores formas de trabajo infantil.

Mediante la Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora se está desarrollando el proyecto de Prevención del Trabajo Infantil Doméstico en Poblaciones Indígenas en el Municipio de Comitancillo, Departamento de San Marcos, donde se está beneficiando a 110 niñas y niños. Se les brinda apoyo en la educación favoreciendo así su permanencia en la escuela, evitando la migración y de esta manera previniendo la trata de niñas y niños. Por otro lado, se les apoya con suplemento nutricional. También se les ha proveído de vestuario maya (güipil, faja, corte y zapatos) y reforzamiento escolar en las áreas con mayor dificultad. Además, se les han suministrado implementos deportivos que facilitarán las actividades culturales potencializando su cultura.

En cuanto a la producción de fuegos pirotécnicos en los que trabajan gran número de niños y niñas menores de edad, se han hecho esfuerzos por tecnificar los procesos de elaboración de artículos pirotécnicos, a pesar de la resistencia al cambio en los hábitos productivos, lo que se traduce en seguridad ocupacional para los trabajadores, de los cuales la gran mayoría son menores de edad. Así mismo, se han hecho esfuerzos interinstitucionales para brindar otras opciones de actividades productivas y se han impartido cursos de capacitación.

Cuadro 24 Acciones desarrolladas para la erradicación del trabajo infantil 2004-2006

Acciones ejecutadas	Total
Asesoría a 11 fábricas de productos pirotécnicos	11
Capacitación a trabajadores de la actividad pirotécnica (San Raymundo, San Juan Sacatepéquez, Mixco)	202
Trabajadores Certificados Actividad Pirotécnica	52
Cursos de capacitación a jóvenes por INTECAP (erradicar el trabajo pirotécnico)	30

Fuente: Informe de Gestión 2004-2006 “Misión Cumplida” Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Trabajadoras de casa particular

El trabajo remunerado en casa particular, que en muchos casos realizan las mujeres, niñas y adolescentes, se da más en contextos urbanos que rurales, donde las niñas y adolescentes de áreas rurales migran para desarrollar este tipo de actividad. Gran mayoría de estas trabajadoras son indígenas procedentes principalmente de los departamentos del occidente del país. Estas niñas y adolescentes son enviadas por sus familiares como una estrategia de sobrevivencia, por razones de orfandad o porque proceden de familias muy numerosas pobres o en extrema pobreza, situación que las obliga a inmigrar hacia centros urbanos para percibir un salario mensual, alojamiento y alimentación seguros.

El salario que percibe la trabajadora en casa particular es, en promedio, inferior al salario mínimo, aunque varía según región geográfica. En su mayoría no perciben ningún tipo de prestación laboral, seguridad social o atención médica por parte de sus patrones. Contrario a lo establecido por las leyes laborales, pueden ser despedidas sin previo aviso, sin ninguna retribución por el tiempo trabajado y, en muchos casos, incumpliendo con los compromisos salariales y prestaciones de ley.

Las condiciones de trabajo en general son de alto riesgo ya que su trabajo lo realizan a “puertas cerradas”, expuestas a riesgos psicológicos y sociales ya que viven fuera de su entorno familiar y sociocultural, prácticamente privadas de todo afecto, del contacto con sus familiares y amigos, independientemente de los malos tratos físicos, psicológicos, acoso y abuso sexual de que pueden ser víctimas por parte de sus empleadores.

En cuanto a la coordinación con organizaciones de la sociedad civil, en agosto de 2005 se suscribió una carta de entendimiento entre el Ministerio de Trabajo (MINTRAB) y la Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular (CENTRACAP), con el propósito de facilitar 11 talleres sobre derechos y obligaciones laborales dirigidos a trabajadoras de casa particular y los mecanismos de denuncia, así como también el desarrollo de 11 talleres para el fortalecimiento de la normativa internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, dirigidos a Inspectores y Inspectoras de Trabajo de 11 departamentos del interior del país.

La Procuraduría de los Derechos Humanos organiza talleres para dar a conocer los derechos de las mujeres a nivel central y de todas las auxiliaturas del país, y atienden aquellos casos de violaciones a sus derechos de manera individual o colectiva.

En el 2004 CENTRACAP publicó el estudio sobre la Situación Sociopolítica de las Trabajadoras de Casa Particular en Guatemala. Discriminación Laboral, de Género y Étnica. El estudio incluyó cuatro aspectos de mayor relevancia, entre ellos las edades, estado civil, identidad étnica y las religiones. Entre las conclusiones del estudio destacan la necesidad de reformar la legislación y aprobar las leyes que se encuentran pendientes en el Congreso de la República: 1) Ley Reguladora de la Trabajadora de Casa Particular y 2) Ley contra el Acoso Sexual y Hostigamiento. Reconocimiento de la vulnerabilidad de las trabajadoras de casa particular sobre la base de todas sus condiciones de género, etnia y clase, algo que no es tomado en cuenta por los operadores de justicia ni los empleadores (incluyendo tanto a hombres como mujeres).

Propuestas de reformas legislativas a favor de las trabajadoras de casa particular

Con relación al Código de Trabajo éste regula el trabajo de empleadas de casa particular como aquel que realizan trabajadoras que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el patrono. Dicha norma refiere al trabajo en casa particular remunerado en virtud a que dicho código establece que salvo pacto en contrario, la retribución de las trabajadoras de casa particular comprende además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. En este sentido el Código de Trabajo no incorpora en su estructura el trabajo doméstico no remunerado. Cabe resaltar que el trabajo de casa particular remunerado regulado en el Código de Trabajo, no cuenta con protección del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

En el Congreso de la República se encuentra la iniciativa 3467, correspondiente a la ley de protección específica a trabajadoras de casa particular. Dicha iniciativa pretende regular el régimen del trabajo doméstico remunerado con relación a la jornada de trabajo, salario, seguro social, horas extras, licencias para educación, derecho pre y post natal y el pago de la bonificación incentivo. Se encuentra pendiente de dictamen.

Trabajo doméstico no remunerado

En Guatemala, los estudios sobre la dinámica familiar son escasos y los registros estadísticos no reflejan las contribuciones de las mujeres a la economía y por lo tanto no se ven reflejadas en la contabilidad nacional. Se considera que el trabajo que se realizan en los hogares y que históricamente se ha confiado a las mujeres, no tiene valor.

Se considera que el origen de los ingresos de las mujeres y de sus familias, depende de los siguientes elementos: 1) La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, sea como asalariadas, como empresarias generadoras de empleo, en el mercado de bienes o como trabajadora por cuenta propia con capacidades de acumulación sostenible. 2) Actividades de autoproducción o de subsistencia, en bienes para el consumo doméstico (cultivos, crianzas, costuras, pequeños comercios) que implica pequeñas producciones para la venta. 3) Ayudas monetarias y en especie que provengan de transferencias de remesas familiares, la colaboración de vecinos y la acción asistencial de instituciones y personas. 4) Rentas y otros ingresos como alquiler parcial de la vivienda, venta esporádica de algún bien material.

Las contribuciones de las mujeres por el lado de los ingresos se complementan con sus formas de actuación por el lado de la gerencia del gasto, ya que a partir de esta segunda función, se evitan, atenúan o se hacen gastos más eficientes para el hogar. En otras palabras, su papel de administradora del hogar es fundamental para maximizar los ingresos propios y de los integrantes del grupo doméstico.

Cobra importancia la existencia de un alto contingente de mujeres que por la falta de oportunidades y por su posición social, se ven obligadas a realizar las tareas del hogar y/o el cuidado de los niños y niñas, ancianos y ancianas, sin ninguna remuneración económica, dedicando un número considerable de horas a las mismas.

El trabajo doméstico constituye el trabajo oculto, que pasa desapercibido de las Cuentas Nacionales y de lo que significa para la sociedad en cuanto a reproducción de la fuerza de trabajo de ella y de su familia. De aquí la necesidad de establecer una Cuenta Satélite de Género cuyo objetivo principal es la cuantificación y valoración económica del trabajo doméstico y productivo no remunerado. Para hacerlo es necesario usar como insumos: a) Las Encuestas de Uso del Tiempo. En Guatemala un módulo incorporado a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. b) Por ejemplo encuestas en donde se tenga la clasificación de actividades y salarios promedio. La Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo podría ser la más indicada por el nivel de cobertura geográfica y periodicidad.

A finales de 2007 se desarrollará la primera Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENED) la cual tiene una cobertura a nivel departamental –urbano metropolitano, resto urbano y rural nacional- y cuyo plan de ejecución y seguimiento se contempla para el 2008 en forma semestral y los años subsiguientes trimestralmente.

Medidas Adoptadas

Producto de la firma de un Convenio de Cooperación Técnica entre la SEPREM y la Universidad Rafael Landívar (URL) se implementa a partir de 2007 el Proyecto Cuente con Ambiente, con un período de ejecución de mayo de 2007 a diciembre de 2009. Como parte de este proyecto se realizará la propuesta metodológica y su implementación para incorporar el enfoque de equidad de género en el Instituto Nacional de Estadística –INE- y el Sistema Estadístico Nacional –SEN- (realizar el diagnóstico de las estadística y la viabilidad de la incorporación del enfoque de equidad de género en el SEN, así como implementar la propuesta metodológica para su incorporación) y la elaboración e implementación de la cuenta satélite de género (CSG) incorporada al sistema de Cuentas Nacionales de Guatemala -SCN- (elaboración de un diagnóstico de información disponible para la implementación de la CSG en el SCN; desarrollar y poner en marcha la metodología para la elaboración de la Cuenta, así como dar seguimiento y acompañamiento técnico a su proceso de cálculo).

Acoso sexual

Actualmente se encuentra en el Congreso de la República la iniciativa 3525 que pretende reformar el Código de Trabajo en cuanto a licencias, protección al derecho a la maternidad, licencia de paternidad cuando la madre da a luz por cesárea o fallece en el parto, acoso y hostigamiento sexual en el trabajo. Ya fue sometida en primera lectura, se encuentra pendiente de dictamen por las Comisiones de la Mujer y Trabajo.

Las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales del Congreso de la República, incluyeron dentro de su Plan de Trabajo 2006 el impulso de la propuesta de ley sobre el acoso sexual. A la fecha del presente informe no se ha realizado ninguna acción concreta.

Retos y desafíos

Diseño de un programa pro-igualdad de género en el sector laboral que incluya, entre otros, los siguientes ejes:

•Medidas de estímulo y sanción hacia la igualdad de género en el sector público y el privado (porcentajes de ocupación, salarios, horarios),

•Fomento de medidas para la conciliación entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado (en especial el cuidado de dependientes como niños/as y adulto/as mayores),

•Revisión de los códigos y prácticas discriminatorias en las profesiones y ocupaciones más feminizadas, como las maquiladoras, y en particular, como sugiere el Comité, las trabajadoras de casa particular.

La Inspección General de Trabajo, como ente rector la protección de los derechos de las y los trabajadores, necesita ser fortalecida técnica, humana y presupuestariamente para dar respuesta a las múltiples denuncias y obligaciones que se encuentran a su cargo como son promover códigos de conducta estrictos para el sector privado, visitadurías a las empresas para establecer las jornadas de trabajo, medidas de seguridad y sanitarias, contratación de menores de edad, cumplimiento de obligaciones de las empresas, etc.

Artículo 12

Salud

Recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

Preocupa al Comité la persistencia de altos niveles de pobreza entre las mujeres, en particular las mujeres del medio rural, y su falta de acceso a los servicios sociales básicos. Ello evidenciado en (6)

– Deficiente acceso a los servicios de atención en salud, en particular de la salud sexual y reproductiva

– Alto índice de mortalidad materna

Se insta al Estado Parte a asegurar el pleno acceso de las mujeres indígenas a servicios de atención de la salud (6)

El Comité observa con inquietud que el sistema de atención médica de Guatemala no dispone de ningún programa de salud mental específicamente destinado a las mujeres y recomienda al Estado Parte que adopte medidas para establecer un programa de salud mental femenina, especialmente en vista de los traumas concretos que padecen las mujeres en situaciones de conflicto como la registrada en Guatemala durante más de 30 años. (3, 4, 5)

Se insta al Estado Parte a mejorar sus políticas y programas de planificación familiar y salud reproductiva, entre otras cosas mediante la amplia distribución de medios anticonceptivos accesibles tanto para hombres como para mujeres, especialmente en las zonas rurales. (3, 4, 5)

Constitucionalmente se consigna el derecho universal a la salud, lo que obliga al Estado a velar por el mismo. En la Ley del Organismo Ejecutivo se le otorga al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) el carácter rector en materia de salud.

Actualmente, el MSPAS orienta su accionar basado en los Lineamientos Básicos y Políticas de Salud 2004-2008, que contempla ocho políticas generales, de las que se desprenden 17 prioridades de salud para todo el ciclo de vida, desagregado en tres fases de la niñez, una para la adolescencia, una para el adulto y una más para el adulto mayor.

El Plan Nacional de Salud, demanda dar atención con equidad étnica, cultural y de género. Se han hecho varios esfuerzos porque el personal que ha sido contratado en las regiones de mayor población maya pueda comunicarse en su idioma materno. Se ha contratado personal bilingüe y se puede observar en los programas de extensión de cobertura, voluntariado, equipos básicos de salud, por ejemplo en programas de promoción de la seguridad alimentaria en idiomas mayas por la radio en forma conjunta con UNICEF, servicios adaptados culturalmente como son las maternidades con temascales (baño de vapor tradicional). En Totonicapán se observan también cuatro maternidades coordinadas con los Consejos de Desarrollo que establecen diálogos para mejorar las condiciones étnico-culturales comprometidas con la Comisión de la Mujer para fortalecer su liderazgo y apoyar a las comadronas.

Se han realizado dos estudios de accesibilidad a los servicios de salud y las plantas medicinales. Por lo que se ha fortalecido el Programa de Medicina Tradicional, que ha desarrollado un Vademécum que da seguridad en la utilización de las plantas tradicionales.

Dentro del trabajo que realiza el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se han considerado como prioritarios los siguientes ejes: a) El protocolo de atención a Víctimas de Violencia Sexual, y su implementación dentro del proyecto piloto en el marco de la emergencia provocada por la Tormenta Stan. Comprendió la organización de 1,190 comités de emergencia comunitarios. b) El fortalecimiento de la Red Nacional de Paternidad y Maternidad Responsable (PR y MR) y cinco redes departamentales multisectoriales de promoción, educación e información funcionando. c) La capacitación y entrega de materiales e insumos a comadronas tradicionales. d) Capacitación de proveedores institucionales en el manejo de la atención prenatal, parto, post parto y emergencias obstétricas. e) Desarrollo de pruebas piloto de implementación del Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna, y d) Propuesta de implementación del Programa Nacional de Cáncer de Cérvix. Los instrumentos de política previstos para alcanzar esos objetivos son: a) Programa Nacional de Salud Reproductiva y b) Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA.

Programa Nacional de Salud Reproductiva (PNSR)

En el marco del consenso social que significó en el 2001 la emisión de la Ley de Desarrollo Social y Población, la salud reproductiva se definió en el artículo 25 como un “…estado general de bienestar físico, psíquico, personal y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad humana, con las funciones y procesos del sistema reproductivo, con una vida sexual coherente con la propia dignidad personal y las propias opciones de vida que conduzcan a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como la libertad de procrear o no, y de decidir cuándo y con qué frecuenta, de una forma responsable”.

Al PNSR se le fijaron cinco objetivos específicos: 1) Fortalecer el acceso a servicios de salud reproductiva; 2) Mejorar la información en cuanto a salud reproductiva; 3) Aumentar el personal calificado en salud reproductiva; 4) Informar y educar a la población en el tema de salud reproductiva: y 5) Fortalecer el MSPAS y en especial al PNSR.

Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud reproductiva

En mayo de 2006 después de haber sido sometida a un largo proceso de aprobación legislativa, cobró vigencia el Decreto 87-2005 del Congreso de la República, que contiene la “Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva”. Esta ley establece un marco normativo que fortalece las acciones de información, educación y provisión de los métodos de planificación familiar implementados por el PNSR.

La Ley se ha presentado en cada área de salud dentro del marco legal de salud reproductiva. También se avanzó en la elaboración del Reglamento de la Ley, la conformación de la Comisión Nacional de aseguramiento de insumos, la descentralización de la provisión de métodos de planificación familiar. La logística de distribución es manejada por cada una de las áreas de salud. Se cuenta con 29 mujeres que asesoran y capacitan en métodos de planificación familiar al público y al personal de salud en los programas de actualización periódica una vez al mes, a solicitud de cada área.

Mortalidad Materna (MM)

La mortalidad materna es un indicador de la disparidad y desigualdad existente entre hombres y mujeres de diferentes áreas geográficas y sociales de un mismo país. La magnitud del problema refleja la posición y condición de las mujeres en la sociedad, su limitado acceso a los servicios sociales, sanitarios, nutricionales y las condiciones económicas precarias. La importancia y gravedad del problema quedaron establecidas en los resultados de la Línea Basal de la Mortalidad Materna 2000, que es el último estudio oficial realizado en la materia.

En 1989 la razón de mortalidad materna (RMM) se estimó en 219 defunciones asociadas a los embarazos, partos o puerperio por cada 100,000 nacidos vivos. El Estudio denominado “Línea Basal de Mortalidad Materna del 2000”, encontró una RMM de 153 por cada 100,000 nacidos vivos, estimándose, sin embargo que existía un subregistro nacional de muertes maternas de 44 por ciento para ese año. Para el 2005 esa razón corregida sería de 121, según proyecciones con base a la ENSMI.

Es necesario señalar que las cifras anteriores de la RMM se refieren al promedio nacional pero que existen diferencias importantes en algunas regiones del país, en las cuales el indicador es todavía más insatisfactorio. En los departamentos de Alta Verapaz, Sololá, Huehuetenango, Izabal, Totonicapán y El Quiché, la RMM supera las 175 muertes por 100,000 nacidos vivos. En Alta Verapaz que es el departamento que registra el índice más elevado la RMM llega a ser de 266. En los departamentos citados la mayor proporción de la población es rural e indígena, y en el caso de Huehuetenango y Totonicapán la tasa de analfabetismo es de alrededor del cuarenta por ciento.

Cuadro 25Tasas de mortalidad materna (mm) a nivel nacional

Código	Áreas de salud		Tasa de mortalidad	Mortalidad mujeres 10-59 años	Razón mortalidad materna
Neonatal	Post-neonatal	Infantil
20	Guatemala Central	39,99	14,08	54,06	8,86	31,55
21	Guatemala Nor Occidente	4,08	8,48	12,56	2,15	39,45
22	Guatemala Nor Oriente	8,59	23,22	31,81	8,47	96,76
23	Guatemala Sur	6,46	12,32	18,78	3,73	39,13
24	El Progreso	9,62	14,29	23,91	7,33	54,96
25	Sacatepéquez	9,77	15,01	24,77	5,95	99,09
26	Chimaltenango	12,30	19,68	31,98	5,62	129,49
27	Escuintla	14,93	15,67	30,60	6,34	43,36
28	Santa Rosa	6,95	12,11	19,06	6,24	67,26
29	Huehuetenango	11,08	15,90	26,98	2,15	109,01
30	El Quiché	16,03	26,61	42,65	4,83	100,74
31	Totonicapán	10,86	15,77	26,63	10,38	45,48
32	Sololá	10,79	14,35	25,14	8,78	24,95
33	Quetzaltenango	9,93	13,71	23,64	2,29	52,24
34	San Marcos	6,93	17,47	24,40	5,93	100,84
35	Retalhuleu	5,19	12,13	17,32	16,81	174,13
36	Suchitepéquez	7,07	16,89	23,95	8,19	142,30
37	Jalapa	14,29	17,73	32,01	5,38	39,69
38	Jutiapa	8,96	20,61	29,57	14,24	171,47
39	Izabal	9,02	7,92	16,94	1,74	109,29
40	Zacapa	4,48	13,24	17,72	3,08	106,75
41	Chiquimula	4,00	12,39	16,38	1,52	99,88
42	Alta Verapaz	6,45	14,35	20,80	2,38	115,54
43	Baja Verapaz	7,45	15,61	23,07	7,32	70,97
44	Petén Norte	7,35	16,33	23,68	16,05	72,57
45	Petén Sur Oriente	4,89	20,00	24,88	11,40	68,17
46	Petén Sur Occidente	5,45	11,97	17,42	17,96	107,33
47	Ixcán	6,14	18,78	24,92	4,62	144,46
48	Ixil	4,16	17,12	21,28	5,38	122,31
Total país	10,68	15,90	26,59	6,03	148,88

Fuente: Cálculos Centro Nacional de Epidemiología/ MSPAS / INE: Estadísticas Vitales 2005

–Tasas de Mortalidad Neonatal, Post-Neonatal e Infantil X 1000 N. V.

–Tasa de Mortalidad Mujeres 10-59 años X 1000 mujeres de 10-59 años.

–RMM X 100,000 N. V.

Según informaciones recopiladas en los últimos años, en términos generales las diferencias respecto al promedio nacional de los departamentos que presentan el mayor índice se ha mantenido sin cambios, como lo evidencia la siguiente gráfica que muestra la evolución de 2000 a 2005, donde los departamentos en rojo y amarillo registran las razones de mortalidad más elevada de manera constante, Así también se evidencia que hay un mayor número de departamentos que se encuentran en dentro de la línea de baja mortalidad materna.

Gráfic a 4Evolución de la Mortalidad Materna por DepartamentoPeríodo 2000, 2003-2005

Conforme a los estudios realizados, entre las características más frecuentes de las mujeres que han fallecido por una causa asociada a la condición de maternidad y que propicia que aumente el riesgo de mortalidad materna están: a) pertenecer a un grupo indígena, b) ser menor de dieciocho o mayor de cuarenta años al momento de embarazarse, y c) tener bajo nivel de escolaridad. Asimismo, en la medida que aumenta la edad en las mujeres se incrementa el riesgo de morir por causas asociadas a su vida sexual activa. Por cada mujer que al morir tiene de 20 a 24 años mueren casi cuatro mujeres con edad de 40 a 49 años. Las desigualdades en la pertenencia étnica se reflejan en el hecho de que mueren tres mujeres indígenas por cada mujer ladina que fallece.

Cuadro 26Cinco primeras causas de mortalidad materna

Causas	Femenino
Retención placentaria	52
Sepsis puerperal	46
Eclampsia	67
Atonía Uterina	17
Ruptura de arteria uterina	12
Resto de causas	173
Total de causas	367

Datos totales del país, Memoria Anual de Informática y Epidemiología 2005

En Guatemala, las muertes maternas todavía se deben a las mismas causas históricas. El noventa por ciento de las muertes maternas se debieron a “causas obstétricas directas”, siendo la hemorragia la responsable de la mitad de estas muertes. La infección, la hipertensión inducida por el embarazo y las complicaciones asociadas al aborto ocasionaron el resto de las muertes maternas.

Las muertes maternas ocurrieron generalmente en un plazo de 24 horas después de la resolución del embarazo. Más de la mitad murieron en el hogar, cuatro de cada diez murieron en un servicio hospitalario. Al momento del parto, seis de cada diez madres que fallecieron fueron atendidas por comadrona, por un familiar o por ellas mismas y cuatro de cada diez recibieron atención por un proveedor o proveedora de salud.

Ante esta aguda problemática, el MSPAS, con el apoyo interagencial de reducción de la mortalidad materna, definió algunos lineamientos estratégicos de reducción de la mortalidad materna, los cuales para el 2004 se transformaron en el Plan Estratégico para Reducir la Mortalidad Materna. En 2006 el MSPAS implementó el plan en tres municipios prioritarios del país: El Estor, Izabal, Ixchiguán, San Marcos y en Cuilco, Huehuetenango.

Dentro del cumplimiento del Plan, se contemplan las acciones de información, educación y comunicación, y promoción de la salud como un derecho, fortaleciendo la participación social, la organización comunitaria, trabajo de articulación de los servicios tradicionales con los institucionales, desarrollo de modelos de capacitación y equipamiento de comadronas (12,000), y un proceso de capacitación y seguimiento a nivel institucional (80% del personal de centros de salud conocen las normas de atención). Adicionalmente se ha desarrollado un modelo de capacitación a proveedores de salud.

El gran reto es implementar el modelo a nivel nacional, en la formulación participativa de los planes departamentales de reducción de la mortalidad materna. Actualmente veintidós departamentos del país cuentan con una mesa conformada. Otra acción directa destinada a reducir la mortalidad materna la constituye el Programa Nacional de Atención Post-Aborto, que funciona desde el 2004 en 37 servicios con atención obstétrica y se prevé extender el programa a partir de 2008 a centros de salud tipo A con condiciones apropiadas.

Atención pre-natal

Según las encuestas nacionales de salud materno infantil (ENSMI) de 1987, 1997, y 1998-1999, la cobertura de atención prenatal brindada por personal de salud institucional se ha incrementado desde el 34% en 1987 hasta 60% en 1998; sin embargo, los registros del MSPAS revelan que en los años del inicio del nuevo siglo la tendencia de esta cobertura se ha estacionado en 45%. Para el 2004 se realizó un análisis de estas coberturas y se decidió cambiar la metodología de cálculo, sustituyéndose el denominador del indicador por el de recién nacidos, al considerar que éste es un acercamiento más real que el de embarazos en una población. Debido a este cambio de comportamiento del indicador muestra la siguiente tendencia:

Gráfic a 5Tendencia de la Cobertura de Atención Prenatal

2000-2005

Fuente: SIGSA. 2006 e=estimado.

Como se muestra en la gráfico anterior, la cobertura de la atención prenatal ha mejorado ligeramente, lo que se debe a la intervención de los procesos desarrollados por la extensión de cobertura del MSPAS, que ha permitido una búsqueda activa de las mujeres embarazadas.

Atención del parto

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, los datos de atención al último parto son:

Cuadro 27Cobertura de atención al último parto (en porcentajes)

	Total	Área		Grupo étnico
Características		Urbana	Rural	Indígena	No Indígena
Total Nacional	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Médico o ginecólogo	50.2	71.8	32.1	24.3	67.8
Comadrona o partera tradicional	39.5	22.7	53.5	62.9	23.5
Enfermera o Auxiliar de Enfermería	4.1	4.2	4.0	3.8	4.3
Padres o miembros del hogar	4.8	0.3	8.6	7.0	3.4
Otros	1.4	1.0	1.8	2.1	1.0

Fuente: ENCOVI 2006, INE.

Cuadro 28Lugar de atención del último parto (en porcentajes)

Características	Total	Área	Grupo étnico
Urbana	Rural	Indígena	No Indígena
Total Nacional	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Hospital público	32.2	38.4	27.0	19.7	40.7
IGSS	10.1	17.2	4.2	2.7	15.2
Hospital/clínica privada	7.7	13.7	2.6	2.5	11.2
Centro de salud	3.1	4.8	1.7	1.9	3.9
En casa de la comadrona	2.3	2.6	2.1	2.8	2.0
En su casa	43.9	22.4	62.0	70.1	26.1
En otro lugar	0.6	0.8	0.5	0.4	0.8

Fuente: ENCOVI 2006, INE.

El comportamiento del tipo de asistencia del parto según los datos del MSPAS entre los años 2000 y 2005 es el siguiente:

Gráfico 6Tipo de Asistencia durante el parto en porcentajes

2000-2005

Fuente: SIGSA.

Aumentar el acceso de la atención del parto a un centro asistencial es uno de los principales retos del sistema de salud. Para ello es importante el desarrollo de un modelo de atención que contemple las distintas realidades culturales del país, así como poder garantizar la capacidad de resolución de los problemas. Con tal objetivo, el MSPAS ha iniciado un proceso de reforma del segundo nivel de atención, sobre la base de diferenciar los servicios de salud desde la perspectiva de su capacidad resolutiva, que contempla desde la ampliación de horario hasta aumentar su capacidad para resolver emergencias.

Planificación Familiar

La totalidad de las áreas de salud del MSPAS provee servicios de planificación familiar y cuenta con abastecimiento de anticonceptivos. Según los registros, a septiembre de 2005 el 80% de los servicios regulares estaban abastecidos. Esta disponibilidad permitió cubrir a 317,060 usuarias nuevas, que contribuyen en 350,796 años protección pareja (APP) y la cobertura de 349,157 parejas protegidas. De acuerdo con la evaluación que se realizó del inventario a nivel nacional de anticonceptivos en todos los servicios de la red, se evidenció desabastecimiento de solamente 6% hasta septiembre de 2006 (ver cuadro 8). En el año 2005 se logró mejorar el abastecimiento de anticonceptivos en los servicios de salud y ONGs a nivel nacional. En el año 2002 se cubrió el 81.2% mientras que en el año 2005 se cubrió el 92.3% y en el 2006 se cubrió el 91.7%.

En forma similar a lo que se observa en otros servicios para la salud materna, los valores varían según las características del área de residencia, escolaridad y condición étnica. Así en el 2002 la tasa de prevalencia de uso de mecanismos anticonceptivos (MAC) en todo el país fue 43%, pero en mujeres que residían en el área rural era de sólo 35%, en mujeres indígenas de 24% y en mujeres in escolaridad de 25%; en tanto que en las mujeres que residían en el área urbana la tasa de prevalencia de uso de MAC fue de 57%, en las ladinas de 53% y en las que tenían secundaria o mayor nivel de escolaridad fue de 68%.

El porcentaje de mujeres en edad reproductiva y en unión que no estaban utilizando ningún MAC y que no deseaban tener un hijo en el corto tiempo (demanda insatisfecha de MAC), fue en promedio de 28%, en tanto entre las mujeres del área rural era de 32%, entre las indígenas de 39% y en las que no tenían ningún nivel de escolaridad fue de 38%.

En la actualidad la oferta de los servicios de planificación familiar se divide entre las entidades privadas y públicas, notándose un importante cambio a partir de 2001, cuando los servicios públicos sobrepasaron a los privados debido al inicio de la implementación del PNSR, en respuesta al marco legal establecido por la Ley de Desarrollo Social. En ese año el MSPAS asignó recursos específicos para la compra de insumos anticonceptivos, la promoción, información y educación sobre el tema y el desarrollo del modelo de provisión de servicios de planificación familiar.

Gráfico 7Indicador de años protección anticonceptiva (en miles)

1992-2005

Fuente: Informe Anual de Proveedores, 2005. MSPAS.

Gráfico 8Porcentaje de desabastecimiento de los métodos de planificación familiar

2001–Marzo de 2006

Fuente: Informe PNSR Inventarios Nivel Nacional. Marzo 2006.

En la gráfico anterior se puede visualizar el desabastecimiento de uno o más anticonceptivos en el momento de la visita en los puntos de entrega de servicios. El principal reto para prestar el servicio de planificación familiar es disminuir de manera significativa la demanda insatisfecha. Para el 2006 el costo total de los métodos anticonceptivos representan una erogación total de Q. 7.289,629, de la cual el aporte del Gobierno a través del MSPAS ascendió a Q. 3.280,333 y el resto ha sido cubierto con recursos de la cooperación de los Gobiernos de Canadá y Holanda.

Cuadro 29Métodos Anticonceptivos más usados según tipo

Método	Total
Inyectable	67,783
DIU	820
Condón	18,826
Píldora	15,408
MELA	14,720
MDF	298
Operaciones AQV	2,105
Otros métodos naturales	222
Total	120,182

Fuente: Ministerio de Salud, julio de 2007.

Mejoras de la información en cuanto a salud reproductiva

Entre las acciones previstas en el Plan Estratégico para Reducir la Mortalidad Materna en el 2007 se desarrolló un sistema de vigilancia epidemiológica rutinario que permita cada año disponer de un análisis del indicador de RMM. Para ello se elaboraron manuales, protocolos y se capacitó a epidemiólogos de las diferentes regiones de salud. Su implementación se ha iniciado en los departamentos de Sololá y Alta Verapaz, previendo el seguimiento de la implementación en el 2008 en las áreas e mayor mortalidad materna. En forma paralela, el MSPAS con el apoyo del grupo interagencial realizó un análisis de la mortalidad en mujeres en edad fértil (10 a 49 años) con los datos recolectados en el 2006. Este estudio se ha terminado en diciembre de 2007 y se tiene prevista su presentación para enero de 2008.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) incluye entre sus principales logros la publicación de las estadísticas hospitalarias y estadísticas vitales. Las estadísticas hospitalarias están orientadas a los servicios internos, como por ejemplo los pacientes que causan ingreso hospitalario; y los externos que se refieren a los pacientes ambulatorios. Las estadísticas vitales dan a conocer información sobre nacimientos, defunciones, mortinatos, matrimonios y divorcios.

En esa misma dirección se aprobó el diseño de una boleta de tipo digital, de acuerdo a las boletas rediseñadas de estadísticas hospitalarias. Este nuevo sistema permitirá obtener la información con mayor rapidez y oportunidad pues será generada mensualmente. El sistema contará con la asignación digital de códigos de la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), que hará posible identificar con una mayor exactitud el código correspondiente a cada causa médica de morbilidad en las distintas fuentes de información. Este programa digital está actualmente en proceso de ejecución y se espera ponerlo en funcionamiento a finales de 2007.

Asimismo, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Estadístico (ENDE) y el Sistema Estadístico Nacional, el INE logró la conformación de la oficina Coordinadora Sectorial de Estadísticas de Salud, integrada por el MSPAS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la participación como ente observador de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). A través de este proceso de coordinación se logró la aprobación del Nuevo Certificado Médico de Defunción, el cual incluye la captura de defunciones fetales y aspectos específicos para facilitar la obtención de información relacionada con la mortalidad materna.

Se capacitó mediante talleres a coordinadores y coordinadoras de promoción de las 26 áreas de salud, comadronas y líderes comunitarios, sobre el uso de materiales nuevos tales como video testimonial de planificación familiar, trifoliares de cuidados prenatales y el dispositivo intrauterino DIU. Se capacitó y trabajó (2005) en el proceso de promoción e información de salud a nivel comunitario con 4,363 hombres y lideres comunitarios, para involucrar al género masculino en los procesos relacionados con el tema de salud reproductiva. Asimismo se hizo entrega de 3,380 maletines para las comadronas tradicionales que incluyen un “kit básico” para la atención de madres e hijos e hijas.

Aumento del personal calificado en salud reproductiva

El PNSR ha desarrollado las siguientes acciones para fortalecer a su personal en la temática de salud reproductiva:

•Organización de talleres de capacitación sobre las guías de atención prenatal, parto, post parto, atención del recién nacido o nacida y emergencias obstétricas (325 proveedores capacitados)

•Capacitación en atención post aborto a personal de salud de 37 centros de la red hospitalaria.

•Capacitación en la técnica de inspección visual con ácido acético y colposcopia, biopsia, crioterapia y lletz (10 médicos ginecólogos).

•Capacitación en cáncer de cerviz e inspección visual con ácido acético (150 médicas y médicos, directores y directoras, enfermeras y auxiliares de enfermería) de los tres niveles de atención.

•Tres talleres regionales sobre la Ley de Desarrollo Social a jefes de los departamentos de obstetricia (personal médico de 37 hospitales nacionales sensibilizados).

•Capacitación en tecnología anticonceptiva (530 prestados de salud).

•Consejería balanceada de planificación familiar (160 prestadores de nuevo ingreso de salud).

•Logística de métodos anticonceptivos y socialización del inventario a 258 prestadores de salud de las 29 áreas de salud del país.

•Capacitación en estrategias para adolescentes a 19 promotores juveniles municipales, tres técnicos regionales y 19 proveedores de servicios de salud.

•Capacitación en salud reproductiva (200 facilitadores institucionales comunitarios).

•Capacitación sobre paternidad y maternidad responsable (25 representantes de instituciones de nivel central y 100 departamentales).

Por otra parte, entre los programas que desarrolló el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), se encuentra el denominado Utzilal Winaq (en español Salud Integral). Dentro de este programa se incluyeron diez proyectos que contaban con una asignación total de Q. 1.899,647, de los cuales hasta septiembre se habían dictaminado y probado nueve. El Programa de Salud Integral es de naturaleza preventiva y se basa en la coordinación con comadronas provenientes de las mismas comunidades, a fin de lograr eficiencia y eficacia en el trabajo que se desarrolla con grupos de mujeres, hombres, niños y niñas. El programa está orientado a comunidades pobres, habitadas por personas indígenas de los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Baja Verapaz, Quetzaltenango y Quiché. Las beneficiarias de este programa son hasta el momento 1,078 mujeres, especialmente comadronas.

Informar y educar a la población en el tema de salud reproductiva

El PGSR ha desarrollado materiales de información, educación y comunicación (IEC); ha prestado apoyo a la campaña de información en salud reproductiva en asociación con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP); ha diseñado cuñas radiales y materiales como trifoliares y afiches en los cuatro idiomas mayas; y ha otorgado apoyo a la instalación de la “Línea de Salud para Adolescentes”, que es un esfuerzo conjunto realizado por el MSPAS, Municipalidades de Guatemala y la ONG Génesis, que se inicio en septiembre de 2006.

Se han elaborado y difundido los siguientes documentos:

•Guías de atención del embarazo, parto, post-parto y emergencias obstétricas.

•Manual de capacitación sobre cáncer de cuello uterino y colposcopia.

•Mini guía de planificación familiar.

•Manual de capacitación para adolescentes.

•Protocolo de víctimas de violencia sexual.

El Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) ha apoyado acciones de información y educación en el tema de salud reproductiva dentro del Plan Nacional de Formación y Capacitación, específicamente en el proyecto “Liderazgo Juvenil, como herramienta para combatir el VIH-SIDA”. Para el efecto en el 2006 se realizaron 84 talleres informativos a los que acudieron alrededor de 230 jóvenes por taller. Se realizaron dieciocho Ferias de Salud, las cuales se llevan a cabo en las cabeceras departamentales, en donde se hace un esfuerzo interinstitucional y se proporciona información a los adolescentes en diferentes temas de salud reproductiva. A estas ferias asisten aproximadamente 12,000 jóvenes que hacen un recorrido por los stands en donde se tienen preparadas charlas, dinámicas y material impreso.

En el 2006 se capacitó a las trabajadoras sociales de las 26 direcciones de las áreas de salud, en el módulo de salud reproductiva para adolescentes, para que ellas puedan replicar estos conocimientos ya que por la función que realizan pueden incidir en mejor forma en los jóvenes.

En el 2007 el Ministro de Salud integró la Comisión Nacional para la Maternidad Saludable. Este esfuerzo trata de implementar acciones integrales de salud, que persiguen reducir la mortalidad materna.

El Departamento de Promoción y Educación en Salud conduce la Subcomisión de Promoción de la Maternidad Saludable, de la Comisión Nacional para la Maternidad Saludable, integrará y coordinará con instituciones, organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación y otras interesadas en aportar para este objeto. Uno de los primeros departamentos donde se implementará este proceso es Alta Verapaz, por ser uno de los que muestran mayor índice al respecto, pero se espera ir implementando el mismo en otros departamentos que presentan la misma problemática.

Se crearon Espacios Amigables, que dirigen su atención a mujeres y hombres adolescentes, en materia de salud reproductiva, en ese contexto se fortalecieron los espacios de 13 municipios seleccionados, de las regiones del país. Se capacitó a las trabajadoras sociales de las 23 áreas de salud del MSP, en el módulo de Salud Reproductiva para Adolescentes. Se han capacitado a pastores evangélicos para que contribuyan como facilitadores del tema a nivel local en las áreas donde tienen representación.

Fortalecimiento del Programa Nacional de Salud Reproductiva

Como resultado de las gestiones realizadas por el PNSR ante la Comisión de Salud del Congreso de la República, en el presupuesto de 2006 el MSPAS se contempló una asignación específica de Q. 32.5 millones destinada a ejecutar un ambicioso proyecto de fortalecimiento de los servicios de salud reproductiva que contempla seis ejes esenciales. Esta asignación presupuestaria es financiada con el porcentaje que fija el artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre distribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, Cervezas y otras Bebidas Fermentadas (Decreto No. 21-2004), que dispone que los recursos recaudados por la aplicación del impuesto, se destinará un mínimo de quince (15%) para programas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar y alcoholismo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Según esa ley tales recursos no podrán asignarse o transferirse a otros destinos.

Para dar seguimiento a las acciones de prevención y diagnóstico temprano del cáncer cérvico uterino, se otorgó equipo y material a las clínicas ginecológicas de cuatro distritos de salud, entre ellos Usumatlán y San Jorge en el departamento de Zacapa; y de la Gomera y Puerto de San José, en el departamento de Escuintla. Además se fortaleció la vigilancia epidemiológica a través de un proceso de cambio en el sistema de información.

Mortalidad Infantil

Es importante destacar que en el caso de la mortalidad infantil las intervenciones se concentran más en procesos de educación, información y comunicación respecto a hábitos alimenticios, como por ejemplo, la lactancia materna exclusiva, a prácticas de higiene, al reconocimiento de signos y señales de peligro, y a la atención inmediata de complicaciones con énfasis en infecciones respiratorias agudas y la enfermedad diarreica. Estos servicios se prestan tanto dentro de los programas regulares como en los servicios de extensión de cobertura con el apoyo de organizaciones no gubernamentales.

Además el MSPAS se encuentra desarrollando un proceso de capacitación de personal institucional, en cuanto a normas de atención nacional con énfasis en el binomio niño y mujer, cubriendo el 85 por ciento de los proveedores.

Paternidad y Maternidad Responsable

El MSPAS coordina la Red Nacional de Paternidad y Maternidad Responsable, integrada por instituciones gubernamentales, no gubernamentales, sectores de la Iglesia y académicos, que realiza acciones tendientes a promover la paternidad y maternidad responsable y la corresponsabilidad en el cuidado de las hijas e hijos. Además, se han implementado las redes departamentales en donde se está fortaleciendo la creación de escuelas para padres y madres, a quienes se capacita en auto cuidado, en derechos sexuales y reproductivos, y equidad de género en el marco de los derechos humanos de las mujeres.

Con el fin de lograr la sostenibilidad de la Red Nacional de Paternidad y Maternidad Responsable, se está impulsando la formalización de esta instancia mediante la emisión de un acuerdo gubernativo. Para el personal del nivel central se desarrolló el Diplomado de la Paternidad y Maternidad Responsable en el marco de los derechos humanos, con un número aproximado de 25 participantes de diversas instituciones que conforman la Red Nacional de Paternidad y Maternidad Responsable.

Se capacitó en atención post aborto al personal de salud de las áreas de gerencia y atención en los departamentos de ginecología y obstetricia de 22 hospitales.

La SOSEP por medio del Programa Creciendo Bien ha capacitado a padres y madres en el tema de la maternidad y paternidad responsable. También ha socializado las guías protocolos del PNSR.

Programa Nacional de Prevención del VIH/SIDA

La vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA se inició en Guatemala en 1984. Este proceso se desarrolla con dos modalidades: la vigilancia pasiva, acorde a la demanda de cada servicio de salud y vigilancia de sitio centinela, dirigida a mujeres embarazadas. El sistema de vigilancia epidemiológica se modernizó en el 2002, desarrollándose una base de datos en formato EPI-INFO 2002 la cual fue implementada en todas las áreas de salud a partir de junio de 2003. La notificación de casos VIH/SIDA es obligatoria y confidencial.

Desde 1984 hasta diciembre de 2005 se habían notificado un total de 9,199 casos de SIDA, existiendo una tendencia ascendente. El 70 por ciento de los casos notificados son de género masculino y afectan a la población de 20 a 49 años de edad. Lo alarmante es que la epidemia del VIH/SIDA se manifiesta en mayores proporciones entre la población joven y productiva de la sociedad guatemalteca, en el rango de 15 a 49 años de edad y que dicha situación se convierte en una amenaza para el futuro. La tasa promedio de prevalencia del período (1984-2005) en todo el país es de 87.8 por 100,000 habitantes. Los departamentos más afectados por la epidemia que muestran las tasas más altas en orden descendente son Suchitepéquez (156.2), Guatemala (155.9), Escuintla (141.0), Izabal (138.7), Retalhuleu (135.1) y Quetzaltenango (113.3), correspondiendo a estos departamentos el 71 por ciento de todos los casos.

En cuanto al VIH, su vigilancia se inició a partir de 2003 y al mes de agosto de 2006 se habían notificado un total de 2,104 casos. Según el Programa Nacional del SIDA (PNS), en 2005 se estimaba que había 44,473 personas de 15 a 44 años de edad viviendo con VIH, con una prevalencia de 0.9 por ciento, de las cuales el 31.8 por ciento eran mujeres.

Se ha evidenciado que la alta prevalencia de esta enfermedad se manifiesta principalmente, entre grupos de personas que tienen relaciones homosexuales; las y los trabajadores del sexo; la población privada de libertad en centros de detención preventiva y penal; los jóvenes en riego social y la niñez de la calle; y en personas afectadas por la tuberculosis. Sin embargo, el contagio del VIH/SIDA ha ido en aumento entre las mujeres y en especial entre las mujeres amas de casa, quienes en términos generales han sido contagiadas por su pareja.

Pese a la limitada información disponible, hay evidencia de que en Guatemala está ocurriendo un proceso de feminización de la epidemia, lo que se refleja en la reducción de la razón hombre/mujer en el contagio del VIH/SIDA. Si bien en Guatemala, al inicio de la epidemia, ésta afectaba más a los varones (por cada mujer había cinco hombres contagiados), ha crecido el número de mujeres contagiadas (alcanzándose casi la paridad entre hombre y mujer).

Las mujeres enfrentan mayor riesgo de contagio, debido a su posición subordinada, la que se manifiesta en el limitado control sobre su vida sexual, el poco conocimiento sobre las prácticas sexuales de su pareja y su reducida capacidad para negociar el uso del preservativo. Aunque el conocimiento sobre el VIH/SIDA aparece bastante generalizado entre las mujeres en edad reproductiva, el uso del preservativo es una práctica poco frecuente entre aquellas sexualmente activas, aún entre las de mayor nivel educativo, las residentes en áreas urbanas y las no indígenas. En otras palabras, existen ciertos factores –como las creencias erradas sobre la sexualidad y el ejercicio desigual del poder en las relaciones de pareja- que están obstaculizando la prevención de la enfermedad.

Tratamiento preventivo a mujeres embarazadas

A fin de prevenir la transmisión de la infección de la madre al hijo o hija, el MSPAS lleva a cabo pruebas voluntarias con consejería y proporciona tratamientos preventivos en los casos de mujeres embarazadas que han dado resultado positivo en los diagnósticos (tamizajes). En el 2006 se tamizaron a 31,534 mujeres embarazadas y se proporcionó tratamiento para la prevención de la transmisión de madre-hijo/hija con medicamentos antirretrovirales (ARV), a 92 mujeres embarazadas que habían resultado VIH positivo.

En la siguiente gráfico se observa el aumento que ha experimentado la cobertura del tamizaje del VIH en mujeres embarazadas en el período de 2003 al 2006. Como se puede observar el número de mujeres tamizadas se ha incrementado en el año 2006 en 7,136 con relación al total de 2005.

Gráfic a 9Número de Mujeres Embarazadas Tamizadas y VIH Positivas

MSPAS y Programa Nacional de SIDA

2003-2006*

Fuente: PNS, 2006.

ME = mujeres embarazadas.

*Hasta septiembre de 2006.

El considerable aumento en el servicio de tamizaje es el resultado de tres factores: a) la aplicación de normas para el manejo clínico de mujeres embarazadas VIH positivo o con SIDA; b) la elaboración de un diagnóstico situacional de siete áreas de salud priorizadas pero cero prevalencia; y c) la aplicación de pruebas rápidas para el diagnóstico del VIH en ocho áreas de salud en las cuales están implementados 39 servicios. Asimismo, se ha capacitado al personal de las áreas de salud (250 personas) para la atención y orientación de mujeres embarazadas VIH positivas.

Debido a la tendencia creciente antes indicada para el 2005, se han realizado gestiones para que los recién nacidos de mujeres VIH positivas tengan acceso a la profilaxis ARV proporcionada por el PNS en más del 70 por ciento actual. También es importante señalar que se ha dado seguimiento y evaluación a las mujeres pacientes viviendo con sida (PVVS) en post parto y sus recién nacidos en unidades de atención integral. El costo de estas actividades ha significado la erogación de un total de USD 980,000, que han sido cubiertos por USD 600,00 del Fondo Mundial, USD 300,000 por UNICEF y USD 80,000 por el MSPAS.

A partir de enero de 2006 se inició el estudio denominado “sífilis en mujeres embarazadas” en cuatro maternidades periféricas de la capital, con el objetivo de caracterizar epidemiológicamente este problema, así como analizar el proceso de esta vigilancia.

Programa de Salud Mental

Este programa que forma parte del Plan Nacional de Salud 2004-2020 tiene como objetivo iniciar el reconocimiento y registro de los problemas de salud mental más comunes en atención primaria. Dentro de los principales ejes de intervención: violencia (intrafamiliar, política, basada en género, patrimonial, infanto juvenil y sexual), alcoholismo y adicciones, desastres y emergencias, trastornos mentales más frecuentes, trastornos comportamentales de la niñez y adolescencia.

Dentro de las acciones prioritarias de cada eje se ejecuta la promoción, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y atención al daño, así como rehabilitación y recuperación psicosocial. Entre los principales logros del programa se encuentran:

•Elaboración, socialización e inicio de implementación de: 1) protocolo de atención a personas afectadas por violencia, violencia sexual basada en género, violencia por el conflicto armado interno, 2) protocolo de atención en desastres, 3) protocolo de atención de los principales problemas mentales más frecuentes.

•Política de Salud Mental para la atención integral 2007-2015, y el Plan Estratégico para el Fomento de la Salud Mental 2007-2020.

•Se trabajó en la Investigación de la Situación de Salud Mental del país, en el Marco de la reforma de los Servicios de Salud Mental y también se trabajó en la Investigación de la Situación de los Servicios de Salud Mental a Nivel Nacional.

•Se inició el Proceso de descentralización de Psiquiatras de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Salud Mental, a dos clínicas Periféricas, zona 18 y 19.

•Se contrataron psicólogos para los Distritos Municipales de Salud ubicados en Rabinal, Baja Verapaz y en La Libertad, Petén. Ello como parte de la implementación del Modelo de Atención Integral con énfasis en Salud Mental, en respuesta a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

•Se elaboró e implementó el Plan Integral con énfasis en Salud Mental, en respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violación de los derechos humanos en la aldea Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz, durante el conflicto armado interno, beneficiando a 41 mil 500 habitantes del distrito municipal de salud del citado municipio.

•Implementación del Plan Integral con énfasis en salud mental, en respuesta al acercamiento amistoso del Gobierno, garantizando atención psicosocial a la población de Dos Erres, contribuyendo a evitar la condena por violación de los derechos humanos, beneficiando a 60 mil habitantes del distrito municipal de La Libertad, Petén Suroccidental, Sayaxché.

•Elaboración y validación del protocolo de atención a víctimas de violencia política, experiencia única en Guatemala dentro del sector público, fortaleciendo el rol rector del Ministerio de Salud Pública en materia de recuperación psicosocial, a beneficio nacional.

•Se dio atención psicosocial a 90 mil personas afectadas por la tormenta Stan, durante un año (2005-2006), con personal especializado en salud mental, en los primeros seis meses, atención garantizada por un equipo multidisciplinario en los departamentos afectados de Sololá, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla.

•Se capacitó a 35 Psicólogos de áreas de salud y del proyecto Pos tormenta Stan, sobre promoción de la salud mental, beneficiando a dos millones 500 mil habitantes en 12 áreas de salud afectadas por la tormenta Stan y post-Stan, con financiamiento parcial de USAID/URC/Calidad en Salud.

Violencia Intrafamiliar

El Estado de Guatemala cuenta con instituciones que por mandato legal atienden la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres, para responder a esta problemática, siendo las principales la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (CONAPREVI) y el Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (PROPEVI).

El trabajo que ha desarrollado CONAPREVI, como instancia asesora, coordinadora e impulsora de políticas públicas dirigidas a prevenir, atender y erradicar la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, se desarrolló en la parte de Mecanismos Especializados de la Mujer.

Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (PROPEVI)

A partir de 2007 PROPEVI se encuentra ubicada en la estructura programática y presupuestaria de la Secretaría de Bienestar Social, con el objetivo de brindar atención integral a víctima de violencia intrafamiliar a nivel departamental. PROPEVI brinda orientación social, legal y terapia psicológica a las personas víctimas de violencia intrafamiliar, en su mayoría mujeres. PROPEVI brinda sus servicios a nivel central y nacional, cuenta con un delegado o una delegada en los 21 departamentos restantes del país.

Cuadro 30Casos atendidos por PROPEVI 2004-2007

Población que atiende	2004	2005	2006	2007(*)
Casos atendidos VIF	6,550	4, 707	2,625	1,576
Sensibilización y concientización en VIF	43,184	73, 526	76,611	40,696

Fuente: PROPEVI, julio de 2007.

*A marzo.

En materia de comunicación y divulgación PROPEVI ha diseñado y reproducido material didáctico para desarrollar la Campaña de Prevención y erradicación de la violencia doméstica en toda la República. Se elaboró el manual de auto cuidado con énfasis en equidad de género. En el 2006 se implementó el Teléfono de Ayuda Familiar (TAF) que funciona las 24 horas, por medio del cual se orienta y se ofrece información a las víctimas de violencia intrafamiliar, sobre los pasos a seguir para la denuncia y la obtención de las medidas de protección.

PROPEVI cuenta con dos refugios temporales dirigidos a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar ubicados en el departamento de Guatemala. De estos dos refugios, uno fue creado a iniciativa de la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) de la Policía Nacional Civil (PNC), ya que ésta al recibir las denuncias durante la noche y madrugada no contaba con un lugar para albergar y proteger a las mujeres. Este esfuerzo fue coordinado entre la OAV de la PNC, PROPEVI y la Municipalidad de Villa Nueva, a través del Alcalde Municipal.

Para acceder a los refugios, las víctimas deben llevar la copia de la denuncia recibida por cualquiera de las instituciones correspondientes. Los refugios son temporales o de emergencia, funcionan al momento de la crisis que las mujeres enfrentan cuando son agredidas y suelen ser expulsadas de su lugar de residencia, acompañadas de las y los niños. En este contexto, los refugios las albergan mientras procede la denuncia y se dictan las medidas de seguridad, lo que regularmente se hace retirando al agresor de la vivienda en común. En el mes de enero de 2007 se instauró un refugio en el departamento de Huehuetenango, por considerarse uno de los departamentos más afectados por la violencia intrafamiliar, lo cual ayudará a brindar una mejor atención y seguimiento a las víctimas de la violencia intrafamiliar.

Sistema de Justicia

En la respuesta generalizada al problema de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres tanto en las instituciones gubernamentales como en la mayoría de las instituciones no gubernamentales, prevalece una concepción que equipara violencia intrafamiliar con violencia contra las mujeres. Esta confusión conceptual trae consecuencias para el abordaje y la atención de esta problemática, porque al tratarlas como un mismo problema se invisibiliza el contenido político diferenciado de ambas dimensiones de las relaciones violentas; ocultando en el caso de la violencia contra las mujeres las relaciones de poder opresivas entre los sexos que pueden ocurrir en diferentes ámbitos o espacios sociales, atravesando otras determinaciones estructurales, como la jurídica o legal.

En términos operativos, los altos niveles de silencio y secreto que rodean el problema de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar limitan la posibilidad de identificarla, como un problema de seguridad ciudadana. Esa lógica está asociada con la legitimación social del uso de la violencia en cualquiera o en todas sus expresiones, lo cual pone en peligro la reproducción de la misma sociedad.

Organismo Judicial

El Organismo Judicial forma parte de la Asamblea de Delegadas y de la Junta Coordinadora de la Coordinadora Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de las Mujeres (CONAPREVI). A la fecha se está realizando un análisis a la iniciativa de Ley 3626 que dispone aprobar la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, así como la propuesta estratégica de la “Comisión para Análisis de Iniciativas Legislativas sobre el Femicidio en Guatemala”. El propósito de la Comisión es que ante la asamblea de organizaciones e instituciones públicas y de la sociedad civil, se trabaje por alcanzar un mismo objetivo general para lograr que el Congreso de la República de Guatemala, apruebe la legislación idónea para prevenir sancionar y erradicar la violencia extrema en contra de las mujeres.

En materia de prevención, erradicación y sanción de la VIF, el Organismo Judicial ha logrado:

•La atención y servicios institucionales con la cobertura nacional de los Juzgados del Organismo Judicial, principalmente por medio de los Juzgados de Paz que se encuentran en el interior del país.

•Implementación de la boleta Única de Registro de Violencia Intrafamiliar que marca el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar.

•Profundización del conocimiento acerca de la problemática y la respuesta institucional, así como el mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios de atención y el fortalecimiento de procesos de sensibilización y educación.

•Fijar directrices políticas y acciones concertadas, con el fin de prevenir, atender, sancionar y reducir la violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres. Esta área estratégica ha promovido acciones encaminadas a prevenir la problemática, así como a sensibilizar y capacitar a operadores y operadoras de justicia y personal involucrado en la atención de los Juzgados respectivos y unidades vinculantes, involucradas en la atención, así como educar a la población en general. Para esto, se ha valido de técnicas de comunicación social, desarrolladas con base a varias líneas generales: 1) Información (para promover cambios sociales); 2) Capacitación y educación (para iniciar el cambio en patrones socioculturales) y 3) Apertura de espacios y mecanismo de interlocución con la sociedad civil (para apoyar la prevención desde el ámbito local).

Medidas y acciones del Organismo Judicial para la protección de víctimas de Violencia Intrafamiliar

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto 97-96, regula la aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. Asimismo, tiene como objetivo brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas, tomando en consideración las situaciones específicas de cada caso.

Esta ley no contempla delitos ni faltas dentro de su cuerpo normativo, además de las contenidas en el artículo 88 del Código Penal. Sin embargo, es un recurso legal valioso que utilizan las y los operadores de justicia, para dictar medidas de seguridad a las víctimasde violencia intrafamiliar, para proteger la vida y seguridad (especialmente mujeres sobrevivientes de esta problemática).

Para el seguimiento y apoyo en los casos de violencia intrafamiliar, se han llevado a cabo diferentes acciones de acuerdo a las matrices que contiene el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de las Mujeres PLANOVI 2004-2014:

Matriz de Investigación, Análisis y Estadística. Se ha propiciado la realización de estudios de investigación para identificar las desigualdades de género en la prestación de los servicios jurisdiccionales del país, cuyos resultados permitirán realizar acciones a incorporar en los planes de trabajo:

•“La Respuesta Institucional del Organismo Judicial ante la Denuncia de las Mujeres Sobrevivientes de Violencia Intrafamiliar (Ruta Crítica y Registro de Casos)”, por medio de la Unidad de Modernización del Organismo Judicial. Este estudio se realizó en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Alta Verapaz y Zacapa, abarcando en cada uno de ellos la cabecera departamental y dos municipios, (pendiente de publicación y presentación pública). Entre los resultados del estudio se pudo establecer que hay Juzgados en donde las mujeres reciben atención oportuna y eficaz y se le da seguimiento a los casos, por medio de los Consejos de Desarrollo Comunitario y autoridades locales. Como resultado de la revisión de expedientes se logró determinar que existe un subregistro de casos, lo que evidenció la necesidad de incorporar al software de Gestión del Organismo Judicial, la Boleta Única de Registro de Violencia Intrafamiliar a efecto de contar con la información de los órganos jurisdiccionales mediante este sistema. Proceso que actualmente se encuentra en fase de instalación.

•“Mejoramiento de la Interpretación y Aplicación de Las Leyes de Violencia Intrafamiliar en América Central y República Dominicana, en el Marco del Organismo Judicial de Guatemala”, elaborado en coordinación con la Fundación Justicia y Género de Costa Rica con apoyo de ILANUD y UNIFEM. Esta incluye la presentación de dos productos: “Diagnóstico de la aplicación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar en Guatemala” y “Protocolo de Aplicación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar en Guatemala. Actualmente ambos documentos se encuentran en fase de revisión para su aprobación y presentación pública.

Se ha promovido un sistema interinstitucional de registro de las denuncias y atención de la violencia intrafamiliar y en contra de la mujer, con la coordinación de la Sección de Documentación y Estadística Judicial del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, CENADOJ del Organismo Judicial.

Matriz de Atención Integral. La mayoría de Juzgados de Familia y de la Niñez y la Adolescencia, cuentan con profesionales de Psicología y de Trabajo Social, con el objeto de brindar una atención integral de atención de la violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres. Se ha creado un sistema de Redes de Apoyo para la derivación y seguimiento de casos para sobrevivientes de Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer, coordinación que se ha realizado con instituciones del Estado y especialmente con instancias de la sociedad civil.

Para mejorar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas, se ha promovido:

•La actualización de normas y procedimientos institucionales para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres.

•Accionado e impulsado coordinaciones al más alto nivel interinstitucional para el seguimiento de las tareas correspondientes al sistema de justicia y otros.

•Fortalecimiento de la descentralización.

•Diseño e implementación de un programa de formación de aspirantes a Jueces y Juezas de Paz.

•Implementación de reformas educativas que garanticen la inclusión del enfoque de género en las capacitaciones al personal jurisdiccional a nivel nacional.

•Currícula reformada y adecuada que incluya el problema de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de las mujeres en el sistema de capacitación y formación de candidatos y candidatas a Jueces y Juezas, así como al personal jurisdiccional.

•Se han organizado talleres, conferencias, charlas, foros de reflexión y análisis crítico sobre Violencia Intrafamiliar y en Contra de las Mujer, dirigido a grupos objetivo como funcionarias y funcionarios, comunicadores y comunicadoras, sobrevivientes, líderes y lideresas.

Matriz de Prevención, Sensibilización y Educación. Se ha generado información para promover cambios sociales a favor de una vida libre de violencia, con actividades de capacitación y educación para lograr cambios de patrones culturales con estrategias como capacitaciones, material informativo, prensa, televisión – medios de comunicación a nivel nacional. Especialmente con el Departamento de Comunicación Social y la Unidad de Capacitación Institucional del Organismo Judicial.

En el Organismo Judicial existen programas de divulgación para la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar, por medio de la Unidad de Capacitación Institucional y del Departamento de Comunicación Social. En su oportunidad por medio del Departamento de Psicología se crearon algunas herramientas psicopedagógicas que permitieron visibilizar la problemática, las cuales se incluyeron en agenda interna de trabajo. Además, se desarrollaron materiales de información, educación y sensibilización en la problemática de violencia intrafamiliar, violencia en contra de las mujeres, abuso y hostigamiento sexual a niñas y niños y otros temas vinculantes.

Estas acciones las ha retomado la Unidad de la Mujer y Análisis de Género a nivel nacional, con la reproducción y distribución de materiales gratuitos a las unidades jurisdiccionales y otras que lo soliciten. Con esto se da cumplimiento al Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres PLANOVI 2004-2014, en la matriz B (prevención, sensibilización y educación), con los objetivos específicos: “Generar información para promover cambios sociales a favor de una vida libre de violencia”.

Cuadro 31Cantidad de denuncias recibidas en el Organismo Judicial Violencia Intrafamiliar

Año	Mujeres*	Hombres**
2005	32 439	5 165
2006	34 270	4 868
2007***	7 312	1 498

Fuente: Unidad de la Mujer. Organismo Judicial, julio de 2007.

*Incluye niñas en las cifras correspondientes a mujeres.

**Incluye niños en los datos de hombres.

**Cifras de enero a marzo de 2007.

Formación de operadores del Organismo Judicial

Como parte del programa de formación inicial de aspirantes a jueces de paz, el tema de violencia intrafamiliar es uno de los que más se aborda, ya que generalmente son de los casos que más se conocen en dichas judicaturas. El Organismo Judicial a través de la formación continua, dirigido a funcionarios y funcionarias y empleadas y empleadas que forman parte del Organismo Judicial, desarrolló las siguientes capacitaciones:

•En el 2004 se realizaron dos eventos de capacitación con 51 funcionarios y funcionarias judiciales capacitados (10 hombres y 41 mujeres).

•En el 2005 se realizaron tres eventos con participación de 215 funcionarias y funcionarios judiciales, quienes fueron capacitados en el tema de violencia intrafamiliar siendo 28 hombres y 187 mujeres.

•En el 2006 se desarrollaron 24 talleres, en donde se difundió la aplicación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, así como capacitación sobre los instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres. En total se capacitó a 280 funcionarias y funcionarios judiciales (137 hombres y 143 mujeres). En dichos talleres participaron además psicólogos y psicólogas así como trabajadoras sociales que laboran en los juzgados del país.

•A junio 2007 se han efectuado dos eventos de capacitación donde se ha abordado el tema de violencia en contra de las mujeres, habiendo participado un total de 18 funcionarias y funcionarios judiciales (6 hombres y 12 mujeres).

•La formación continua se desarrolla con recursos del Organismo Judicial en su mayoría, la Unidad de Modernización de este Organismo y otras instituciones cooperantes.

•En el nivel de Especialización, en el 2005 participaron 9 mujeres en el Diplomado de Estudios de Actualización de Estudios de Derechos de las Mujeres y Género y En el 2006 fueron 7 las funcionarias judiciales que participaron en el mismo.

•En el 2006 participaron 9 funcionarios y funcionarias en la Maestría de Derechos de las Mujeres y Acceso a la Justicia (3 hombres y 6 mujeres). Estos funcionarios y funcionarias participantes fueron becadas con el apoyo financiero del Proyecto Iniciativa para los Derechos de las Mujeres, ejecutado por Chemonics, con apoyo de USAID.

•En el 2007 están participando 5 Juezas en la Maestría de Derechos de las Mujeres y Acceso a la Justicia, con apoyo del Programa de Acceso a la Justicia de la Unión Europea.

•El nivel de especialización cuenta con el aval académico del Programa de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

•En marzo de 2006, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por iniciativa de la Presidenta del Organismo Judicial, la Unidad de Modernización del Organismo Judicial conjuntamente con instituciones del Sector Justicia, desarrolló el Programa de Derechos Humanos de las Mujeres y Violencia Intrafamiliar.

La temática desarrollada en los talleres fue sobre normas nacionales e internacionales relativas a los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia y la caracterización de la violencia intrafamiliar, desde la perspectiva de género. Este Programa se desarrolló a nivel nacional y fue trabajado estratégicamente por medio de cinco regiones del país, con la finalidad de lograr la sensibilización y capacitación de las personas operadoras del Sector Justicia de Guatemala.

Ministerio Público (MP)

Actualmente en el país la violencia intrafamiliar no se encuentra tipificada como delito dentro de la legislación penal. A pesar de que la violencia intrafamiliar no es perseguible penalmente, el Ministerio Público recibe las denuncias y les da trámite. Se cita a la víctima, se le toma su declaración, se solicitan y tramitan ante el Juzgado de Familia medidas de seguridad.

Las medidas de seguridad, las juntas conciliatorias y la posibilidad de elevar la violencia a lesiones (dependiendo del tipo de lesión y del tiempo de incapacidad de la víctima) son los mecanismos para dar respuesta a las víctimas, en virtud de que la violencia intrafamiliar no se encuentra regulada como delito dentro de la legislación penal.

La Unidad de Capacitación del MP (UNICAP), a través del apoyo del BID elaboró un nuevo diseño de currícula, la cual incluye temas de sensibilización, especialización y actualización en temas relacionados con la equidad de género. Los cursos están dirigidos a Fiscales Distritales, Agentes Fiscales, Auxiliares Fiscales, personal de la Oficina de Atención a la Víctima y Atención Permanente. En el 2005 se realizó un taller sobre violencia intrafamiliar y niños y niñas víctimas.

En el 2006 se realizaron los siguientes talleres de capacitación y sensibilización:

•Derechos de las mujeres y violencia intrafamiliar;

•Violencia intrafamiliar y género;

•Masculinidad y género, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Guatemala;

•Las y los operadores de justicia y su quehacer frente al femicidio en Guatemala;

•Importancia del manejo de la Ley de Protección integral del menor y la Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia intrafamiliar;

•Conciencia pública con enfoque de género.

En el 2007 se han realizado las siguientes capacitaciones:

•Los obstáculos en la persecución penal de los delitos de explotación sexual y comercial;

•Los delitos de explotación sexual y comercial con énfasis en la trata de menores de edad.

•Procedimiento para el llenado de boleta de registro estadístico de los casos de violencia intrafamiliar.

En el Departamento Médico Forense del MP y por iniciativa propia se ha impulsado el programa de educación médica continua, que aunque no está plenamente estructurado ni es sistemático, intenta cada 15 días llevar a cabo espacios de discusión y capacitación sobre medicina forense. La metodología consiste en utilizar ejemplos ilustrativos sobre lesiones y a partir de ello, elaborar e implementar formas de atención especializada. El 10% de los temas los dedican al enfoque de género, dentro de lo cual enfatizan el rompimiento de estereotipos sobre perfil de mujeres que pueden ser víctimas de violación y formas de evitar la re-victimización de las mujeres violentadas.

Oficina de Atención a la Víctima (OAV) del Ministerio Público

En el 2005 formuló cuatro módulos de formación y capacitación que cuentan con el enfoque de género como eje transversal: 1) trabajo en red para la víctima; 2) visión general sobre victimología; 3) trabajo de las OAVs y 4) sensibilización. Durante el 2006 los módulos fueron implementados por la UNICAP para asegurar que los contenidos lleguen a todo el personal del MP.

La Oficina de Atención a la Víctima del MP del departamento de Guatemala cuenta con 6 psicólogas y 2 psicólogos para ayudar a las víctimas de delitos. Brindan atención urgente y necesaria, a la vez que se realiza un abordaje primario para estabilizarlas y puedan continuar con la denuncia. En el interior del país se cuenta con una Oficina de Atención a la Víctima en todas las Fiscalías Distritales y Fiscalías Municipales a cargo de una Psicóloga o Psicólogo.

Policía Nacional Civil (PNC)

La División contra Lesiones y Delitos Sexuales trabaja con su personal de investigadores en turnos rotativos las 24 horas del día brindando apoyo a la División de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil. Las personas víctimas de violación, violencia intrafamiliar, abusos deshonestos violentos y lesiones son trasladadas por elementos de esta sección a la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, para que se les brinde el apoyo psicológico necesario debido al estado de crisis en que se encuentran.

Las diferentes investigaciones que han realizado varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, han ayudado a poner mayor interés en las cuestiones de género e ir creando mecanismos de sensibilización a la población en general para que se otorguen las mismas oportunidades de igualdad tanto para hombres como para mujeres.

Siendo la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional Civil, integrante de la red de apoyo conformada para la coordinación de esfuerzos multidisciplinarios a favor de las víctimas de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial, ha organizado foros de reflexión, charlas, paneles, conferencias, seminarios de capacitación constante al personal policial que labora en la División de Atención Ciudadana y que atiende denuncias de violencia intrafamiliar. Ello con el objeto de concientizar y sensibilizar al personal policial sobre la solidaridad, comprensión y respeto a las mujeres, niños, niñas, víctimas para evitar que sean doblemente victimizadas. Así como la celeridad del trámite para preservar la seguridad de las mismas.

El personal de la PNC ha sido capacitado en temas de equidad de género y de violencia intrafamiliar, logrando tener una mayor respuesta a las llamadas de auxilio que se realizan por el número telefónico de emergencias de la PNC 110, donde se reportan llamadas constantes por problemas de violencia intrafamiliar. El personal que atiende las líneas de teléfono han recibido los cursos de: 1) Intervención en Crisis, 2) Derechos de las Víctimas de Delitos, 3) Autoestima, relaciones interpersonales y 4) mediación en conflictos. La División de Atención a la Víctima de la PNC, elaboró un “Manual de Procedimiento en Atención a Víctimas de Delitos”, donde se tiene un apartado especial de abordaje en los casos de mujeres que han sido víctimas de un hecho delictivo.

Mediante la Oficina de Carácter Multiétnico de la Policía Nacional Civil se fomentan los valores de confianza y respeto entre las comunidades y la Policía Nacional Civil. Esto con el propósito de la generar la participación activa entre las mismas, para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la legitimidad institucional. Para ello, la División de Carácter Multiétnico desarrolla distintas actividades dentro de las cuales están las denominadas de Apoyo Comunitario, espacio por medio del cual realiza en coordinación con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales especialistas en el tema.

Se han desarrollado programas orientados a prevenir la violencia contra la mujer, el maltrato infantil y promover el tema de género en comunidades rurales mayoritariamente indígenas de los departamentos de Quetzaltenango, Santa Cruz del Quiché y Alta Verapaz a través de exposiciones en el idioma de cada región. Como resultado de este proceso se ha desarrollado un total de 288 jornadas de capacitación y sensibilización, en los cuales han participado un total de 11,590 personas.

El Vice Ministerio de Apoyo Comunitario del Ministerio de Gobernación ha permitido trabajar en forma ordenada y coordinada con todos los programas que son destinados a apoyar a mujeres de las diferentes regiones del país y la protección y seguridad de nuestra niñez. Se han conformado varios comités de vecinos, esto con el fin de conocer a fondo los problemas de seguridad que los aquejan e ir creando estrategias conjuntas para que vivan en armonía en sus comunidades y tengan confianza en sus autoridades para denunciar los diferentes hechos delictivos.

La PNC tiene una mayor participación en las mesas de justicia de las comunidades donde periódicamente se reúnen líderes comunitarios, jueces, fiscales, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y otras instancias con el fin de dar una mejor respuesta a las demandas de la población. La PNC ha realizado campañas de promoción y divulgación de los derechos de la mujer, mediante capacitaciones a lo interno con alumnos y alumnas de la Academia de la PNC, con especificidad a la unidad que serán asignados o asignadas a las oficinas de seguridad ciudadana, así como las que trabajan operativamente resguardando la seguridad ciudadana. A lo externo de la institución, las mismas han sido llevadas con adolescentes (alumnas de establecimientos educativos) y con adultas mayores (club de jubilados/as de la PNC, y del Instituto de Previsión Militar) quienes han recibido entre otros, los siguientes seminarios- talleres:

•Autoestima

•Un día más conociendo de Derechos Humanos

•Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

•Anticoncepción de emergencia (una oportunidad para las mujeres víctimas de violencia sexual)

•Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, (Decreto 97-96 del Congreso de la República de Guatemala)

•Allanamiento y sus excepciones

•Envejecer con dignidad

•Derechos Humanos y el adulto mayor

•Mitos y estereotipos en la edad adulta mayor

•Medidas de seguridad en el hogar, y en la calle

•Derechos, obligaciones y virtudes de los niños/as

•Incesto

•Maltrato Infantil

La Policía Nacional Civil recibe apoyo de radiodifusoras y de empresas de cable por televisión de algunas comunidades en el interior del país, donde le conceden de forma gratuita una hora de programación a la semana para dar a conocer los diferentes derechos que tiene la población, en especial la población vulnerable, entre ellas las mujeres. Este tipo de estrategia de comunicación y divulgación ha sido bien recibida, ya que por lo regular el personal especializado en la atención a víctimas domina idiomas mayas de las diferentes regiones donde se encuentran de servicio, dando como resultado que las estadísticas institucionales obtuvieran en este año (2007) un elevado índice de denuncias por parte de la población indígena.

La Oficina de Atención a la Víctima de la PNC ha coordinado con el Instituto de la Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) la elaboración de 7 módulos de capacitación sobre temas de derechos humanos, violencia, ciudadanía, derechos humanos en la acción policial, entre otros. Además se están formando a 12 policías a nivel de la capital para ser facilitadores en las comisarías y puedan replicar la experiencia a otros miembros de la oficina.

Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)

La Dirección del IDPP desde el 2003 se encuentra a cargo de una mujer. El IDPP en el marco de su Política Institucional trabaja con 4 Ejes transversales: a) Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, b) Enfoque de Género, c) Interculturalidad y d) Transparencia. A partir del mes de agosto del año 2005, operó la transición de la Unidad de la Mujer hacia su transformación en Coordinación de Enfoque de Género, cuya función principal es analizar todos aquellos casos en los cuales una mujer es sindicada de cometer un delito, para determinar si procede establecer una estrategia de defensa, en la cual se demuestre al tribunal la incidencia en desigualdades de género, en la comisión del hecho imputado.

Se suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la DEMI y la CONAPREVI, cuyo objetivo es establecer las bases para el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional que permita generar condiciones de acceso a la justicia de mujeres ofendidas, mediante asistencia jurídica integral.

El Consejo del IDPP aprobó la implementación de un Proyecto Piloto de Asistencia Jurídica a mujeres víctimas de violencia y en temas de familia. Por medio de este proyecto se brinda apoyo en la obtención de medidas de seguridad y derivación para atención médica, psicológica, o derivación hacia la institución que corresponda. Este proyecto se desarrollará en las cabeceras departamentales de: 1) Guatemala, 2) Escuintla, 3) Quetzaltenango, 4) Alta Verapaz, 5) Jutiapa y 6) El Progreso. Este proyecto inició en octubre de 2007.

En el ámbito de la capacitación y formación de los y las funcionarias del IDDP se incorporó al diseño curricular de formación de los y las Defensoras Públicas y Asistentes, el aprendizaje horizontal y transversal del enfoque de género:

•4 actividades de capacitación sobre Estrategias de Defensa con Perspectiva de Género, dirigido a Capacitadores. Con la participación de 210 personas.

•La Coordinación de Enfoque de Género, con el apoyo de la Unidad de Formación y Capacitación del Instituto, realizó 33 talleres de sensibilización en el tema de género, el cual fue dirigido a Defensores Públicos y Personal Técnico y Administrativo. Se contó con 1,112 participantes.

•Con la cooperación de la Unidad de Modernización del Organismo Judicial se desarrolló un taller de Capacitación relativo al Programa de Violencia Intrafamiliar y Género, al cual asistieron 66 participantes.

•Durante el 2007, la Unidad de Formación y Capacitación del IDPP, conjuntamente con la Coordinación de Enfoque de Género realizaron 10 cursos prácticos, dirigidos a Defensores y Defensoras Públicas y Asistentes, relativos a estrategias de litigio con enfoque de género. Se contó con 183 participantes.

•Con financiamiento de USAID, durante los años 2006 y 2007 se otorgaron 7 becas a personal del Instituto, para participar en la Maestría en Derechos Humanos de las Mujeres, Género y Acceso a la Justicia,la cual es impartida por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

•Con financiamiento de la Unión Europea (UE), por medio del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Justicia (PARJ), durante los años 2007 y 2008 se otorgarán 8 becas a personal del Instituto, para participar en la Maestría en Derechos Humanos de las Mujeres, Género y Acceso a la Justicia,la cual es impartida por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI)

Las mujeres indígenas viven una situación de violencia física, psicológica y patrimonial que limita su desarrollo humano. Ante esta situación, la DEMI brinda atención integral a las mujeres indígenas violentadas en sus derechos, a través de asesoría jurídica, social y psicológica gratuita en su idioma materno. Información más desarrollada se encuentra en el artículo 3.

Coordinación del sistema de justicia PNC, MP, OJ e IDPP

Durante el 2006 se instalaron los Juzgados de Primera Instancia de turno de 24 horas en el departamento de Guatemala. En el 2007 se amplió a los municipios de Villa Nueva y Mixco, del departamento de Guatemala. Estos juzgados brindan atención inmediata a las denuncias, y detenciones en el perímetro del departamento y cuentan con la participación conjunta de las instituciones del sistema de justicia en un mismo espacio que permite garantizar un acceso inmediato a las denuncias y medidas de protección de forma inmediata y eficaz.

Unidad de Protección a los Derechos de la Mujer y la Familia,Procuraduría General de la Nación (PGN)

Es la Unidad encargada de brindar asesoría legal con base a las denuncias presentadas por las victimas de violencia intrafamiliar y de género, actuando interinstitucionalmente, con métodos alternativos para la resolución de conflictos de violencia intrafamiliar y de género, así como diversos problemas que se presentan en la vida cotidiana y familiar, pronunciándose con temas de actualidad referentes a los derechos de la mujer.

La Unidad brinda asesoría legal a las víctimas de violencia intrafamiliar. Promociona y divulga los derechos de la mujer mediante charlas a lo interno de la institución como a los usuarios quienes requieren del servicio, así como en instituciones educativas. Se concientiza sobre lo negativo de la violencia intrafamiliar, así como en lo positivo de la paternidad y maternidad responsables.

Conjuntamente con la Unidad de Psicología de la Procuraduría General de la Nación se presta ayuda psicológica integral a las mujeres victimas de violencia intrafamiliar y de género, con el objetivo de que salgan del círculo de la violencia y recobren su autoestima. Igualmente se atiende a las parejas que acuden con el ánimo de recibir apoyo para solucionar la violencia intrafamiliar y doméstica. Entre los servicios que presta la Unidad de Psicología se encuentra la entrevista, evaluación, análisis de datos y orientación. Se ha impulsado un programa de rescate a las víctimas de violencia intrafamiliar que se encuentran imposibilitadas física y psicológicamente para efectuar su denuncia.

La Unidad de la Mujer, ha obtenido los siguientes logros:

•Amplias y nuevas instalaciones, así como con personal altamente sensibilizado en la materia de violencia intrafamiliar y de género, con el objeto de brindar un mejor servicio a los usuarios y fortalecer su capacidad de respuesta.

•Se ha fortalecido el sistema de recepción de denuncias de violencia intrafamiliar y de género, las que se incrementaron considerablemente en un aproximado de 55% en el 2007.

•Atención de hombres víctimas de violencia intrafamiliar, mientras que en años anteriores oscila la recepción de denuncias de hombres entre 3 y 7 en este año de enero a octubre de 2007 se han atendido 68 denuncias efectuadas por hombres.

•Derivado de la concientización y asesoría que las personas reciben en esta Unidad especialmente los hombres se ha logrado el reconocimiento de 14 menores sin trámites largos y engorrosos, evitando así pérdida de tiempo y gastos innecesarios y se fortalece la paternidad responsable.

•Recepción de denuncias remitidas por otras instituciones: SOSEP, PROPEVI, Ministerio Público, Grupo Guatemalteco de Mujeres, Juzgados de Paz, Juzgados de Familia, Arzobispado, Mujer Vamos Adelante, REMUPAZ, Derechos Humanos, Centros de Salud y otras. Dando más realce, credibilidad y confiabilidad a la labor de la Unidad de la Mujer de la Procuraduría General de la Nación.

•Coordinación Interinstitucional con los bufetes populares, juzgados familiares, Instituciones miembros de la Red de Maternidad y Paternidad Responsable, miembros de la Comisión de Femicidio para coadyuvar y coordinar canales de apoyo en pro de la mujer víctima de Violencia Intrafamiliar.

Cuadro 32Casos atendidos en la Unidad de la MujerProcuraduría General de la Nación2008

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Violencia física	10	10	9	6	8	3	10	2	8	3	3	7	79
Violencia psicológica	18	36	39	21	54	51	60	50	55	68	53	67	572
Violencia económica	98	103	113	76	120	146	143	101	129	177	136	71	1 413
Violencia sexual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	6	3		4	4	7	5	10	10	7	3	3	62
Total	132	152	61	107	186	207	218	163	202	255	195	148	2 126

Cuadro 33Casos atendidos en la Unidad de la MujerProcuraduría General de la Nación2007

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Violencia física	10	7	12	8	9	9	8	13	9	14
Violencia psicológica	53	68	68	58	53	48	63	66	36	104
Violencia económica	111	168	159	131	155	128	80	107	104	310
Violencia sexual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	6	7	0	4	12	7	2	10	3	6
Total	180	250	239	201	229	192	153	196	152	434

Artículo 13

Desarrollo Económico y Social

Políticas y programas para la erradicación de la pobreza

La estrategia Guate Solidaria Rural es el principal mecanismo para la reducción de la pobreza, impulsado por el actual Gobierno de la República. Se orienta al área rural y se enfoca, en un principio, en la atención de 41 municipios priorizados por el Gabinete Social, bajo criterios de pobreza y vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria para luego ampliarse al resto de municipios del país. La intervención pretende, por medio de la participación social y la articulación de la oferta pública existente, mejorar el capital humano y ampliar las oportunidades de los más pobres, para que el abandono de la pobreza extrema se realice de manera sostenible.

Los objetivos intermedios son: 1) reducir la desnutrición infantil; 2) mejorar los ingresos de las familias más pobres por medio de incentivos para la formación de capacidades; 3) que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de terminar la educación primaria; 4) ampliar los accesos a la educación secundaria básica; 5) erradicar el analfabetismo; 6) mejorar la salud materna; 7) reducir la mortandad infantil; 8) fomentar la participación comunitaria para el desarrollo. 9) mejorar la infraestructura vial y la competitividad local. 10) que las familias cuenten con viviendas adecuadas que les permitan conservar una buena salud; 11) Que las comunidades reviertan la pérdida de recursos naturales.

Para cumplir con el objetivo final de la estrategia, así como los objetivos intermedios, se establecieron 37 condiciones mínimas, que son metas o lineamientos de acción. Estas últimas han sido identificadas como áreas de intervención de la política pública, cuya relación costo efectividad es más favorable para el logro de los objetivos intermedios y el objetivo final de la Estrategia. Las condiciones mínimas deberán lograrse en cada comunidad que sea incorporada a la Estrategia, en un período de intervención de dos años, para avanzar de forma focalizada y gradual en toda el área rural del país en el período 2006-2015.

Fomento y participación de las mujeres en la micro, mediana y pequeña empresa

Por medio de la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial, del Vice Ministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) del Ministerio de Economía se viabiliza el acceso a los servicios de desarrollo empresarial para incrementar la competitividad en el sector MIPYME, estimulando y apoyando las demandas locales para fortalecer la actividad empresarial. Se promueve la capacitación y asistencia técnica a la mujer empresaria, se realizan actividades de sensibilización a los gobiernos municipales y trabajo para elevar el nivel cultural y la alfabetización de la mujer empresaria con orientación en la gestión empresarial y administrativa. Se divulgan casos exitosos por medio de la Federación Interamericana Empresarial o la Comunidad electrónica de mujeres de negocios. Se realizan diagnósticos para la identificación de sectores de mujeres con mayor potencial de crecimiento y desarrollo, para orientar los servicios, el acceso de la mujer empresaria a los servicios que brinda.

Como fortalecimiento al Programa de Desarrollo de la MIPYME, en el 2005 se aprueba la Política Nacional para el Desarrollo de la MIPYME, la cual incluye como uno de sus ejes transversales, la equidad de género, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para el desarrollo empresarial a hombres y mujeres. Esta política incluye la creación del Consejo Nacional de Productividad Empresarial (CONAPE).

Dentro de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006, el Ministerio de Economía a través del Vice Ministerio de la MIPYME, fue designado como el responsable de la implementación de las acciones del eje económico transversal de género.

Para el logro los objetivos de trabajo, el Vice Ministerio de Desarrollo de la MIPYME ha firmado alianzas, convenios o cartas de entendimientos con diversas organizaciones no gubernamentales, privadas y públicas, incluyendo a la SEPREM:

•Con el apoyo del MYDEL/UNIFEM/UNOPS, se crearon dos “Centros de Servicios de Desarrollo Empresarial con equidad de género” ambos en el área rural. Los Centros buscan promover el desarrollo de emprendedoras y emprendedores y de empresas competitivas que contribuyan a generar condiciones propicias para el crecimiento de las mismas y la generación de empleo, en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

•La Asociación Internacional DEVNET, Winner (Women into the New Network for Entrepreneurial Renforcement Latin American Network), que tiene como objetivo, promover la equidad de género, generando oportunidades de participación más equitativas para la mujer emprendedora y brindarles oportunidades de crecimiento y expansión. Asimismo, proporcionarles a las empresarias de este sector, servicios de desarrollo empresarial, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TLC’s).

•Convenio con el Programa Mujeres y Desarrollo Económico Local (MYDEL), la Coordinadora Nacional de Microempresarios de Guatemala (CONMIGUAT) y la Agencia de Desarrollo Económico Local de Chiquimula (ASEDECHI), para procesos de formación y el impulso de la empresarialidad femenina, por medio de los programas “Inicie su Negocio” (ISUN), “Mejore su Negocio” (MESUN), así como el empoderamiento económico en el marco de la competitividad y gobernanza local en el área rural.

•Convenio entre la Agencia de Desarrollo Económico Local del departamento de Chiquimula, el Proyecto de Mujeres y Adolescentes en Riesgo Social (MARS), UNIFEM/UNOPS y el Vice Ministerio de la MIPYME, dirigido a brindar capacitación a 175 mujeres del Proyecto MARS en el tema “Inicie su Negocio” (ISUN), en los municipio de Esquipulas y Concepción Las Minas, departamento de Chiquimula. Las capacitaciones buscan contribuir a la ampliación de opciones económicas o autonomía personal a mujeres por medio del apoyo en la formación vocacional y/o desarrollo económico (crédito), con enfoque en la prevención y reducción de la violencia contra la mujer.

•Con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) para desarrollar un proceso de fortalecimiento en materia de capacitación en gestión empresarial, técnica productiva, y asistencia técnica que contribuyan al desarrollo del sector de la MIPYME en Guatemala, mediante el mejoramiento de sus capacidades empresariales y de esa forma promover el desarrollo de emprendedores y emprendedoras y de empresas competitivas.

•Convenio con PRONACOM, para la difusión del proyecto educativo “el potencial competitivo de Guatemala”, en el impulso del cambio de actitud y competitividad en los guatemaltecos, para la formación de jóvenes emprendedores y emprendedoras y fomentar el cambio de actitud respecto al sector empresarial, contribuyendo así con el desarrollo de una actitud emprendedora en la juventud y empresarios del sector MIPYME, por medio de cursos de competitividad, dirigido hacia el empresarialismo y el conocimiento del potencial competitivo de Guatemala.

•Convenio con la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales, AGEXPORT, para fortalecer procesos en materia de capacitación gerencial, técnica productiva, y asistencia técnica, orientadas a mejorar las capacidades empresariales y la calidad en el diseño de productos artesanales. Asimismo, orientar procesos de innovación en los productos que realiza el sector artesanal y coordinar acciones para desarrollar estrategias de comercialización.

•Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Economía y la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), con el fin de apoyar actividades para la aplicación, legislación, desarrollo e investigación de TLCs en los ámbitos de gobierno y comercio electrónico y estrechar la buena relación entre ambas instituciones en beneficio del sector MIPYME del país en general.

•Carta de entendimiento entre el Ministerio de Economía y la Secretaría Presidencial de la Mujer, para implementar de manera progresiva y sistemática acciones específicas en el marco de una estrategia que efectivamente permita avanzar en el cumplimiento de las metas de equidad económica de la Política de la Mujer.

En el Ministerio de Economía, el Programa de la Unión Europea tiene un componente de mujer empresaria, desde el 2005 a la fecha. El Proyecto “Promoción de Inversiones e Intercambios Comerciales – Apoyo al Sector de la Micro y Pequeña Empresa en Guatemala tiene como objetivos 1) reforzar la situación de la mujer jefe de empresa y de su acceso a los servicios; 2) reforzar la coordinación interinstitucional y la capacidad organizativa del sector de las Pymes; 3) mejorar la calidad, la sostenibilidad y la cobertura de los SDE y los Servicios Financieros; 4) mejorar los niveles de competitividad, de acceso a los mercados y de los ciclos de calidad de las Pymes y sus productos; 5) mejorar la capacidad de integración de la economía en los espacios internacionales y regionales.

Cuadro 34Beneficiarios de Servicios de Desarrollo EmpresarialInversión realizada y distribución por sexo2004 – abril 2006 (Cifras en Quetzales)

	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Totales
Total Inversión				Q3 010 113.00
No. de Beneficiarios	2 372	12 830	6 944	22 146
Hombres	1 212	5 448	3 526	10 186
Mujeres	1 160	7 383	3 418	11 961

Fuente: Vice Ministerio de Desarrollo de la MIPYME, Ministerio de Economía

Cuadro 35Montos de crédito, créditos otorgados y distribución por sexo2004 – abril 2006 (Cifras en Quetzales)

Información crediticia	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Totales
Total Financiamiento	Q83 500 000	Q130 525 000	Q24 620 000	Q238 645 000
Mujeres	Q50 100 000	Q71 788 750	Q16 825 000	Q138 713 750
Hombres	Q33 400 000	Q58 736 250	Q7 795 000	Q99 931 250
No. De créditos	22 983	41 941	1 842	66 766
Hombres	9 193	25 165	780	35 138
Mujeres	13 790	16 776	1 062	31 628

Fuente: Vice Ministerio de Desarrollo de la MIPYME, Ministerio de Economía

Acceso al crédito

La relación de las mujeres con el crédito se inicia a partir del influjo de los proyectos de desarrollo rural, bajo la modalidad de bancos comunales o microcréditos individuales, ejecutados a través de Cooperativas Federadas, Cooperativas No Federadas y Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF), en donde los requisitos de acceso a un crédito, son más accesibles que en la banca formal. Sin embargo las tasas de interés son mayores que la tasa de interés bancaria, la cual se encuentra regulada por la banca central.

A nivel nacional en el 2005 se registraron 35 instituciones que proporcionan microcréditos, y 38 en el 2004. La mayoría son organizaciones privadas de desarrollo financiero y cooperativas federadas, con 205,281 préstamos equivalentes al 76.56% de microcréditos registrados. Aún cuando las tasas de interés suelen ser más altas que en la banca formal, con tasas de interés que van de 20% al 36%, mientras que en la banca formal es del 20% anual sobre saldos.

Cuadro 36Tasas promedio de Interés cobrada en créditos según el tipo de Institución, Año 2004 y 2005

Tipo de Institución	Tasa de interés cobrada
Bancos	20,3%
Cooperativas Federadas	20,1%
Cooperativas no Federadas	18% – 30%
OPDF’s	28%

Fuente: Elaboración con base a datos del Boletín Financiero y Estadístico Microfinanzas 2004

Dentro del sistema crediticio formal todavía no se considera a las mujeres de escasos recursos como sujetas de crédito. Para los años 2004-2005 dos bancos otorgaban microcréditos, Banco del Café (BANCAFE) y el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL). El primero cerró operaciones en el 2006 y actualmente sólo se tiene la cartera de BANRURAL, el que ha hecho posible la participación de mujeres organizadas en el Consejo de Administración del Banco y como accionistas. El grupo de mujeres accionistas articula a 22 organizaciones representadas por la Federación de Organizaciones Rurales de Desarrollo Integral de la Mujer, Mujeres en Acción, ADIGMIA de Aguacatán, DIGUA en la Costa Sur, entre otras.

De acuerdo con los informes del Ministerio de Economía se registra que los créditos a través de la modalidad de Bancos Comunales en cualquiera de las instituciones que se dedican a esta actividad mantienen una cartera muy pequeña con relación al total de los créditos concedidos, registrándose en los Bancos un 3.05% en los bancos del sistema, 0.24% en cooperativas federadas, 11.09% en cooperativas no federadas y un 21.10% en Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero.

La SOSEP en el 2007 ha firmado un convenio con el Grammen Bank y el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) para otorgar microcréditos a mujeres del área rural principalmente. La SOSEP facilitará través de sus diferentes programas en el interior del país el apoyo necesario para que grupos organizados de mujeres (mínimo cinco mujeres) puedan cumplir con las condiciones y requisitos necesarios para ser sujetas de crédito.

Otros programas de fortalecimiento

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través del Programa de Desarrollo Comunitario, en el 2006 ejecutó 90 proyectos que beneficiaron a 3.462 mujeres y se distribuyeron Q 68.865,00 como capital semilla y con la ejecución de proyectos productivos, tales como crianza de animales de corral, huertos familiares, invernaderos y reforestación, corte y confección, elaboración de alimentos, panaderías, embutidos.

El Ministerio de Trabajo con la cooperación de la ONG Trickle Up, han financiado en el 2005 un total de 405 empresas en los departamentos de Quiché (167), Alta Verapaz (157) y Guatemala (8). Principalmente se ha beneficiado a mujeres jefas de familia en situación de extrema pobreza, víctimas del conflicto armado y en su totalidad indígenas, y en el departamento de Guatemala a portadoras del VIH.

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)

Por medio del eje de Fortalecimiento de la Autogestión Comunitaria se promueve la participación de la mujer como promotora de cambio, por medio de proyectos productivos generadores de ingresos adicionales al presupuesto familiar. En este marco se ejecutan los siguientes programas:

Programa Desarrollo Comunitario funciona desde el 2005. Su objetivo principal es promover el desarrollo de las comunidades en situación de pobreza, en el área urbana y rural del país por medio de la participación de las mujeres, en actividades productivas. El programa atiende a 164 grupos a nivel nacional beneficiando a 6.980 mujeres.

El Programa de Desarrollo Comunitario dota a las promotoras rurales de metodologías de extensión y transferencia de tecnología a través de capacitaciones impartidas por el Instituto de Gobernanza en temas específicos como organización, Trilogía de Leyes de Descentralización, sistemas de producción y mercadeo, administración/Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Trabaja con los grupos de mujeres para la identificación de sus destrezas, habilidades y potencialidades y con ello establecer aquella actividad productiva, ya sea un bien o un servicio que garantice el éxito y su sostenibilidad, a través de una organización comunitaria fortalecida (participación en los COMUDES y en los COCODES).

De los 164 grupos de mujeres 106 ya iniciaron actividades productivas: 1) En su mayoría productos comerciales para la venta en mercados locales, actividades como viveros de árboles para reforestar la cuenca del río Chixoy. En octubre de 2006 vendieron las primeras 13.000 plantas al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y firmaron convenio con dicho Ministerio para producir 56 mil árboles para el primer semestre del año 2007. 2) Realización de una alianza con la empresa Kiej de los Bosques, que produce y vende en mercados locales e internacionales manualidades, bisutería y bolsas de empaque, cerdos de engorde, producción de embutidos.

Programa Hogares Comunitarios comprende centros de cuidado diurno donde niños y niñas reciben atención personalizada mientras sus madres trabajan, con presencia en 193 municipios de los 22 departamentos del país con 1.173 hogares, atendiendo a una población de 12,524 niños y niñas. A la vez, se brinda la oportunidad a 7.500 madres beneficiadas para que realicen actividades generadoras de ingresos para apoyar la economía de sus familias y/o sostenerlas. Durante el año 2006 se abrieron 74 nuevos Centros de Atención Integral, con el fin de atender a 1.942 niños y niñas más, a nivel nacional.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA)

Por medio del MAGA se ejecutan procesos de capacitación y asistencia técnica para la implementación de proyectos productivos rurales para facilitar la autonomía económica:

•Proyecto Zacapa-Chiquimula en su Fase II contribuye mediante el fomento de actividades de desarrollo pecuario en pequeña escala a mejorar, diversificar y racionalizar las actividades productivas de la mujer campesina.

•Proyecto de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en la Sierra de los Cuchumatanes se ha propuesto realizar un estudio para ampliar y modificar los sistemas de producción agro ecológicos y de género en los 9 municipios del área de influencia del Proyecto. Con ello se espera que se beneficien empresas operadas por mujeres atendidas con los servicios de 3 organizaciones de productores del área de influencia.

•Proyecto Promoción de Inversiones e Intercambios Comerciales, por medio de la activación de los servicios financieros y no financieros conocidos como Servicios de Desarrollo Empresarial. Reporta capacitaciones y asistencias técnicas, donde las mujeres son el 54.93% del total de participantes.

•Proyecto de Protección de Bosques en Petén -PROBOPETEN- incluye como actividad para el desarrollo de la mujer rural, el acceso de grupos organizados de amas de casa a fondos sociales, que propician la autogestión familiar con iniciativas como los bancos comunales.

Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES)

El acuerdo gubernativo 448-2006, da vida al Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES) para ejecutar las obras que quedaron pendientes debido al cierre del Fondo de Inversión Social (FIS).

En el marco de los Bancos Comunales se propician acciones en materia de mujer y género. Se impulsan y fortalecen procesos organizativos dirigidos a las mujeres, exigiendo su participación en las asambleas comunitarias con derecho a voz y voto, durante procesos de identificación y priorización de proyectos.

Fondo de Tierras

A partir de 2004 con la Política de Equidad de Género del Fondo de Tierras se coordina la asistencia técnica para facilitar la asesoría y acompañamiento a las y los beneficiarios del Fondo de Tierras, tanto en los programas como en los proyectos productivos. Se coordinó con el área de Asistencia Técnica la contratación de Técnicas de Género para asesorar y acompañar la participación de las mujeres a nivel comunitario. Se crea la Unidad de la Mujer Campesina que se integra al Consejo Consultivo de la Secretaría Presidencial de la Mujer.

El Plan Operativo 2006 de la Unidad de la Mujer Campesina, “Transversalización de la Política de Equidad de Género del Fondo de Tierras” contiene 3 estrategias:

•Institucionalización de la Política de Equidad de Género respecto a campesinos y campesinas en la estructura política, programática y operativa del Fondo de Tierras para garantizar el acceso, uso y tenencia de la tierra en forma equitativa, promover la propiedad y copropiedad en la mujer campesina, garantizar el desarrollo integral entre hombres y mujeres en igualdad de condiciones y oportunidades.

•Promoción y participación activa de hombres y mujeres en la estructura organizativa comunitaria y agropecuaria para garantizar la posición y decisión de hombres y mujeres en la estructura organizativa de la finca en igualdad de condiciones; propiciar el desarrollo económico social y educativo en equidad de oportunidades; fortalecer el trabajo comunitario con equidad de género sin afectar la convivencia entre hombres y mujeres de todas las edades; estimular a la superación de situaciones que afectan la participación de las mujeres.

•Articulación y fortalecimiento de alianzas interinstitucionales que contribuyan a llevar a la práctica la Política de Equidad de Género del Fondo de Tierras. Abordaje de equidad de género desde el marco del Fondo de Tierras, mayor incidencia en las diferentes unidades y áreas de trabajo, mayor coordinación interna y externa.

Por medio del Fondo de Tierras se ejecuta varios programas: el Programa Acceso a la Tierra, que otorga crédito para la compra o arrendamiento de fincas, en forma colectiva o individual a campesinas y campesinos sin tierra o con tierra insuficientes. En el período 2004-2007 se benefició directamente a 356 mujeres jefas de familia, integradas en un total de 44 grupos, quienes adquirieron 13.367,66 hectáreas, en las cuales se desarrollan diversas actividades productivas en las que participan las mujeres en carácter de copropietarias.

El siguiente cuadro refleja las fincas adjudicadas en el período 2004-2007, a mujeres y hombres jefes de familia. Es importante considerar que por cada jefe de familia al cónyuge se le adjudica la copropiedad de la finca.

Cuadro 37Fincas adjudicadas por el Fondo de Tierras 2004-2007

Año	Número de fincas	Familias	Jefa de familia Mujer	Jefe de familia hombre
2004	29	2 103	245	1 358
2005	12	764	83	681
2006	2	247	19	228
2007	1	90	9	81*
Totales	44	3 204	356	2 848

*Datos parciales

Fuente: Fondo de Tierras, julio de 2007.

Programa Regularización de la Tenencia de la Tierra. El objetivo de este Programa es que cumpliendo con los requisitos legales, los beneficiarios y beneficiarias de los programas derivados de dichas leyes puedan formalizar su adjudicación y disponer en propiedad de las tierras adquiridas. El Programa de Regularización de Tierras, en el período comprendido entre los años 2004 y 2007, agilizó la adjudicación de las tierras a bajo costo y condiciones blandas de financiamiento. Brindando también servicios notariales de elaboración de escrituras (individuales y colectivas) sin costo alguno para los beneficiarios y beneficiarias. Asimismo, por medio de Convenios de Cooperación Técnica y Administrativa con entidades no gubernamentales se da un seguimiento y asesoría a las y los beneficiarios para la auto sostenibilidad de las familias y la amortización del crédito otorgado.

Contabilizando las regularizaciones y adquisición de tierras, en el período indicado se ha beneficiado a 10.362 mujeres, tanto en forma individual como integradas en comunidades, entregando 2,429 escrituras individuales y 168 comunitarias, correspondientes a un poco más de 206 mil hectáreas, en las cuales se desarrollaron diversas actividades productivas.

Gráfica 10

Beneficiarias y beneficiarios de los programas del Fondo de Tierras, año 2004-20062 84812 05834 04535610 35227 30805 00010 00015 00020 00025 00030 0003500040 000Acceso a la TierraRegularizaciónArrendamiento deTierras Personas beneficiadasHombresMujeres

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Fondo de Tierras.

Integrado al POA institucional, se cuenta con un POA de las regionales de Cobán y Quetzaltenango para la implementación de la política de género, bajo la supervisión de la Unidad de la Mujer Campesina.

Artículo 14

Mujeres en el área rural

Recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW

El Comité insta al Estado parte a que procure que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza incorporen una perspectiva de género y aborden explícitamente el carácter estructural y las diferentes dimensiones de la pobreza que afrontan las mujeres, en particular las que viven en el medio rural. Recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos por ejecutar programas educativos y sanitarios eficaces en todo el país, particularmente en las esferas de la alfabetización funcional, el fomento de las empresas, la capacitación y la micro financiación, como medio de atenuar la pobreza, y adopte medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra.

El Comité alienta al Estado parte a que adopte medidas concretas y específicas para acelerar el mejoramiento de las condiciones de las mujeres indígenas en todas las esferas de la vida. Pide al Estado parte que asegure el pleno acceso de las mujeres indígenas a una educación bilingüe, servicios de atención de la salud e instituciones de crédito y su plena participación en los procesos de adopción de decisiones. Pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, incluya información y datos sobre la situación de las mujeres indígenas y sobre el efecto de las medidas que haya adoptado para superar las múltiples formas de discriminación de que son objeto.

Guatemala es un país multilingüe, pluricultural y multiétnico con 22 grupos indígenas. Cuenta con un 43% de población indígena y con alta biodiversidad en un territorio relativamente pequeño (108.889 km2). Alberga aproximadamente a 12,7 millones de habitantes, de los cuales 6.5 millones son mujeres. La mayoría de la población vive en zonas rurales (cerca de 54%) y es predominantemente joven (alrededor del 66% de los habitantes son menores de 25 años).

Participación de la mujer rural en la PEA y PEI

De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006, la población económicamente activa (PEA) se compone de 61,7% hombres y 38,3 % mujeres, de la PEA total 52,1% son del área urbana y 47,9% del área rural. La población económicamente inactiva (PEI) se compone de 25,3% hombres y 74,7% mujeres, del total de la PEI 49% es urbana y 51% rural.

Cuadro 38Participación de la Mujer Rural en la PEA y el PEI

Características seleccionadas	Población ocupada	Desocupados	Subempleados visibles	Población económicamente activa (PEA)	Población económicamente inactiva (PEI)	Tasa de desempleo abierto	Tasa de subempleo visible
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1,8	15,4
Sexo
Hombre	61,9	50,5	60,0	61,7	25,3	1,5	14,9
Mujer	38,1	49,5	40,0	38,3	74,7	2,4	16,1
Área
Urbana	51,7	75,3	53,6	52,1	49,0	2,6	15,8
Rural	48,3	24,7	46,4	47,9	51,0	0,9	14,9
Grupo étnico
Indígena	39,3	17,3	30,8	38,9	34,6	0,8	12,2
No indígena	60,7	82,7	69,2	61,1	65,4	2,5	17,4

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006.

Educación y mujer rural

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006, establece el nivel de instrucción de las mujeres en edad fértil, por área y grupo étnico, resultando en porcentajes que el 33.3% de las mujeres en el área rural no tienen ningún nivel de instrucción (no saben leer ni escribir), comparada con el 11.1% de las mujeres del área urbana, que el 39.8 % no han complementado la escuela primaria (6 grados) y solamente el 0.1 completo la educación superior.

Cuadro 39Nivel de instrucción de las mujeres en edad fértil por área y grupo étnico

Características	Total	Área		Grupo étnico
Urbana	Rural	Indígena	No indígena
Total Nacional	100,0	100,00	100,0	100,0	100,0
Sabe leer y escribir	Si	78,1	88,9	66,7	62,0	87,6
No	21,9	11,1	33,3	38,0	12,4
Nivel de escolaridad	Ninguno	23,0	12,3	34,4	38,8	13,7
Primaria incompleta	32,3	25,1	39,8	36,3	29,9
Primaria completa	16,4	18,3	14,4	11,3	19,3
Secundaria incompleta	14,3	20,3	8,1	8,6	17,7
Secundaria completa	9,5	15,8	3,0	3,7	13,0
Superior incompleta	2,9	5,5	0,3	1,1	4,0
Superior completa	1,5	2,8	0,1	0,1	2,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Acciones en materia de educación en el área rural

Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA)

Como se indicó y desarrolló en el apartado de educación, las acciones que ejecuta CONALFA tienen cobertura nacional. Dentro de las estrategias que se implementaron para alcanzar la meta de reducción del índice de analfabetismo, CONALFA ha fortalecido las acciones descentralizadas que se realizan en cada Coordinación Departamental de Alfabetización (CODA). En estas instancias se generan y desarrollan procesos de coordinación interinstitucional para el logro de los indicadores de eficacia y eficiencia.

Se cuenta con estructura organizativa a nivel departamental y municipal. Actualmente atiende un promedio de 9,450 comunidades. Se desarrolla tanto en español como en 17 idiomas mayas. La mayor cobertura de los idiomas mayas se sitúa en los mayoritarios: K’iché, Kakchiquel, Mam y Q’eqchí. Una de las acciones se encamina hacia la atención prioritaria del área rural, la gráfica que se presenta a continuación, registra la cobertura en ese ámbito.

Gráfica 11Población atendida por CONALFA en el área rural

POBLACIÓN ATENDIDA SEGÚN ÁREA RURAL PERIODO 2004-200690,386100,445202,75794,909106,505104,004108,604177,624186,086050,000100,000150,000200,000250,000200620052004InscritosEvaluadosPromovidos

Fuente: Centro de Cómputo -CONALFA-2007

En el período que se reporta, cada CODA ha producido una meta de población neoalfabeta (Promoción Anual) con la que han contribuido para que del 27.49 % que se reportara como índice de analfabetismo en el 2003, a la fecha se registre en el 23.97%. La cobertura para atender a la población maya-hablante es y sigue siendo prioridad para CONALFA. En esta línea de trabajo se han atendido las comunidades más lejanas del área rural, se implementó un sistema de supervisión permanente; se aplicó una estrategia de atención con programas que respetan las creencias, las formas de expresión cultural y religiosa. A continuación se presenta en gráficas, resultados de la atención al Programa de Alfabetización Bilingüe.

Gráfica 12

POBLACIÓN ATENDIDA SEGÚN PROGRAMA BILINGÜE PERIODO 2004-200676,41163,85161,10038,89335,23336,28232,90435,19735,935010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000200420052006InscritosEvaluadosPromovidos

Fuente: Centro de Cómputo -CONALFA- 2007

Programa de Becas de la Niña Rural del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación a través del Programa Becas para la Niña Rural, especialmente indígenas, tiene como objetivo incrementar la inscripción escolar de niñas de zonas rurales, con énfasis en las poblaciones y comunidades que presentan menor índice de cobertura educativa y mayores índices de deserción en el nivel primario. La población meta son niñas entre 7 y 12 años, inscritas en los primeros cuatro grados de educación primaria. Se otorga una asistencia económica de Q. 300.00 anuales a las familias rurales que inscriben a sus hijas en los establecimientos oficiales de la localidad. Las becas para la niña rural se pagan en 18 de los 22 departamentos del país, y principalmente en cinco departamentos con mayor población indígena.

En el período de tiempo que tiene el programa se ha logrado reducir la brecha de inscripción entre niños y niñas. En el año 1994, cuando la cobertura educativa era del 69% de la población en edad escolar, las inscripciones de niños representaban el 63% contra el 37% de niñas. Al año 2005 la cobertura educativa es del 93.5% y la inscripción de niñas representa el 48.5 del total de inscritos.

Cuadro 40Becas otorgadas por el Programa “Becas de la Niña Rural”

Departamento	Población (7–12 años	Inscriptos (7–12 años)	Tasa neta de cobertura	Beca de primaria otorgadas	Beca de la niña rural
Alta Verapaz	166.284	125.944	75.74%	17.616	11.119
Huehuetenango	173 320	150 992	87,12%	20 456	9 084
Quiché	142 578	125 125	87,76%	26 322	11 284
Petén	83 696	78 406	93,68%	12 568	8 041
San Marcos	156 518	153 079	97,80%	19 290	8 789
Suman				96 252	48 317
Total de becas				139 999	73 333
% de estos departamentos			68,75%	65,89%

Fuente: MINEDUC. Agosto 2007.

Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE)

Tanto los Acuerdos de Paz como los planteamientos de la Reforma Educativa indican la necesidad de crear mecanismos que faciliten el acceso de las comunidades en el área rural a la educación, la promoción de modalidades que faciliten dicho acceso, la descentralización y la participación protagónica de las comunidades. El Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE) se inició en 1996 por medio del Acuerdo Gubernativo 457-96 y presta atención a comunidades rurales, en su mayoría de difícil acceso. En la actualidad PRONADE atiende más de 3,400 escuelas en todo el país. PRONADE opera en las poblaciones a través de Comités Educativos locales (COEDUCAs) que se organizan legalmente para administrar la Escuela de Autogestión Comunitaria (EAC) en forma descentralizada y con financiamiento del Ministerio de Educación (MINEDUC).

Este programa tiene como objetivo promover la participación de padres y madres de familia como responsables de la educación de sus hijos e hijas; fortalecer la organización local, para lograr el desarrollo de las comunidades; descentralizar el servicio educativo y distribuir las funciones y compartir responsabilidades con los COEDUCAS y otras dependencias del MINEDUC. El Programa se sustenta en los principios de solidaridad, participación ciudadana, eficiencia administrativa y fortalecimiento de la democracia.

A través de PRONADE, se han obtenido los siguientes logros: 1) El empoderamiento de 3,433 comités a nivel nacional; 2) El aumento de la cobertura a casi la totalidad de los departamentos del país, 21 de los 22 departamentos; 3) El incremento del éxito escolar y la permanencia de los niños y de las niñas en la escuela. 4) El cumplimiento de las metas de cobertura, un año antes. 5) El incremento de horas efectivas de clase. 6) El incremento días de clase al año; 7) La asignación de maestros que hablan el mismo idioma que sus alumnos y alumnas.

Servicios de salud

Los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006, muestran el lugar de atención y la demanda de servicios básicos de salud de todas las personas del hogar, por área, sexo y grupo étnico:

Cuadro 41Demanda y acceso a los servicios de salud

Características	Total	Área		Sexo		Grupo étnico
Urbana	Rural	Hombre	Mujer	Indígena	No indígena
Total Nacional	100,0	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Demanda de servicios de salud	Demandaron	51,0	57,5	44,1	49,1	52,3	42,5	55,4
No demandaron	49,0	42,5	55,9	50,1	47,7	57,5	44,6
Lugar de atención	Público	43,2	36,0	53,0	43,6	42,9	49,6	40,7
Privado	56,8	64,0	47,0	56,4	57,1	50,4	59,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, INE. ENCOVI 2006

Los servicios de salud a la población son prestados, principalmente, de tres formas, por medio del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el sector privado. El primero cubre al 70 por ciento de la población del país y el segundo, al 8.2 por ciento.

La provisión de servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) contempla tres niveles de atención de acuerdo a la complejidad de los servicios, y entrelazados a través del sistema de referencia-respuesta:

•El primer nivel está integrado por servicios institucionales (Puestos de Salud y Centros de Atención Primaria), así como la prestación por medio de la contratación de administradoras y prestadoras de servicios no gubernamentales. Esto ha permitido la extensión de cobertura a la población identificada como mayormente postergada. Los servicios prestados en el primer nivel están definidos como canasta básica que cuenta con 26 servicios:

–Ocho dirigidos a la atención de la mujer

–Ocho a niños y niñas

–Seis a urgencias y enfermedades prevalentes

–Cuatro al medio ambiente.

• Los servicios del segundo nivel de atención son proporcionados de forma institucional por Centros de Salud y Centros de Atención Integral Materno-Infantil (CAIMI).

•El tercer nivel lo constituyen los servicios prestados por los centros hospitalarios distritales, departamentales, regionales y de referencia nacional.

De acuerdo al informe de la Situación de la Salud y su Financiamiento 2005, el MSPAS cuenta en el primer nivel de atención 1244 centros de convergencia, 926 puestos de salud, 300 unidades mínimas ubicadas en áreas rurales. En el segundo nivel de atención hay 3 centros de atención integral materno infantil (CAIMI), 32 centros de salud tipo A, 249 tipo B, 16 maternidades cantorales, 3 clínicas periféricas y 32 centros integrados. El tercer nivel lo constituyen 43 hospitales, de los cuales 2 son de referencia nacional, 7 considerados especializados, 8 hospitales regionales, 16 departamentales, 5 distritales y 5 de contingencia. En total se cuenta con 6,030 camas hospitalarias de los hospitales del Ministerio de Salud.

Para dar seguimiento a las Políticas de Salud 2004-2008 del MSPAS de 1) Satisfacción de las necesidades de salud de la población guatemalteca mediante la entrega de servicios de salud con calidad, calidez, equidad y con enfoque intercultural y de género en los diferentes niveles de atención. Y 2) Fortalecimiento del proceso de desconcentración y descentralización de las competencias, responsabilidades, recursos y poder de decisión a las áreas de salud y hospitales. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realizó las siguientes acciones:

Para el fortalecimiento del proceso de modernización, desconcentración y descentralización de los servicios de salud, se suscribieron convenios con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) para incorporar esta política de desconcentración y descentralización. Como producto, se puso en marcha un plan piloto en conjunto con la municipalidad de Santa Catarina Pinula, para el traslado de competencias en materia de salud.

Se elaboró el proyecto “Comunidades y Escuelas Saludables” presentado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habiéndose obtenido financiamiento por $150,000 a ejecutarse a través de la mancomunidad Chortí. Se firmaron convenios para descentralizar el primer nivel de atención mediante el proyecto el medico en tu casa, en las municipalidades de Santa Catarina Pinula, Chinautla y Villa Nueva.

Se destaca en el mismo orden la implementación en el 2005 de un nuevo concepto de servicio para atender la demanda de atención médica materno infantil en áreas geográficas con altas tasas de mortalidad materna, neonatal e infantil, para lo cual se han implementado los Centros de Atención Materno Infantil (CAIMI) que son centros ubicados en lugares de difícil acceso, desarrollando acciones de atención ambulatoria extramuros vinculados con los hogares maternos.

Durante el 2005 se trabajó en la implementación de los siguientes Centros de Atención Integral Materno Infantil (CAIMIS):

•Cuilco, Huehuetenango. Este CAIMI cuenta con resolución quirúrgica.

•El Estor, Izabal.

•Ixichiguán, San Marcos.

Así también se implementaron los Centros de Salud de 24 horas con Atención Materno Infantil en los municipios de Tacaná y San Pedro Sacatepéquez, ambos del departamento de San Marcos. Se validaron dos planes de emergencia comunitaria, para evitar la muerte materna y tener parto seguro en casa, beneficiando a la población de Huehuetenango y Totonicapán.

Se vacunó a 659,411 (2005), 960,806 (2006) mujeres en edad reproductiva de toxoide diftérico (Td). Esta asistencia se proporcionó por medio de los puestos de salud formal y ambulante de los 332 municipios del país, con especial atención a los municipios priorizados por Guate Solidaria, que presentan altos índices de desnutrición. Estas acciones fueron difundidas en idioma Español, Mayas, Garífuna y Xinka.

Se realizó la revisión y reproducción de 1,000 ejemplares de las Normas de Promoción de Lactancia Materna en los servicios hospitalarios, con beneficio para 201 personas que se encuentran en 23 hospitales y cinco maternidades cantonales. Se participó en el proyecto Reducción de mortalidad materna, con apoyo financiero de Cooperación Española, en el departamento de Sololá, beneficiando a una población de 600 mil habitantes.

Se realizaron capacitaciones en Guías de manejo de la atención prenatal, parto, posparto y emergencias obstétricas, beneficiando a 102 proveedores de centros de atención de parto en las de áreas de salud de los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y Petén. Se formaron, en coordinación con la Escuela de Educación Continua y Proyecto Calidad en Salud/AID, 54 auxiliares de Enfermería calificada en atención materno neonatal en cada jurisdicción, beneficiando a 540 mil habitantes en Alta Verapaz, Sololá, Quiché, Totonicapán, Chimaltenango, Sacatepéquez y Huehuetenango.

Se suministró ácido fólico, vitamina A y hierro a 211,395 niños y niñas menores de un año de edad. También se suministró ácido fólico, vitamina A y hierro a 84,686 niños y niñas de 6 a 59 meses y a 86,735 mujeres de 15 a 19 años, embarazadas y de 6 meses postparto. Se validaron dos planes de emergencia comunitaria, para evitar la muerte materna y tener parto seguro en casa, beneficiando a la población de los departamentos de Huehuetenango y Totonicapán.

Se divulgó la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar en todas las áreas de salud. Dentro de las dificultades que tienen las mujeres para acceder a este servicio se tienen: las distancias, y falta de dinero para pagar el transporte; existen obstáculos como las prácticas culturales; idioma, son monolingües y la mayoría son analfabetas; no tienen poder en la toma de decisión sobre sus propios cuerpos y, que los ancianos, maridos o suegras deciden sobre la salud de las mujeres y su asistencia a los servicios de salud. Algunos de estos obstáculos se han logrado solventar por medio de los procesos de capacitación y sensibilización que se presentan en el artículo 12 del presente informe.

Derivado de los desastres ocasionados por la Tormenta Stan en 2005, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social elaboró el plan de acción para la emergencia y la reconstrucción de la infraestructura afectada por la tormenta. Ello con el objetivo de reducir la morbi-mortalidad por medio de acciones preventivas, curativas y rehabilitación a la población afectada, según requerimientos en cada lugar desde el inicio de la emergencia.

Elaboración y ejecución del Proyecto “Vigilancia Alimentaria Nutricional de Población Guatemalteca Afectada por la Tormenta Tropical Stan con Énfasis en la Mujer y Niñez para la Prevención de la Desnutrición y Desarrollo de Acciones para su Atención” y proyecto de “Atención a la Salud de la Mujer”, en albergues y servicios institucionales, en respuesta a la emergencia sanitaria ocasionada.

En el marco de seguimiento ayuda por la Tormenta Stan, las acciones realizadas en salud mental por parte del MSPAS, fueron 1) Evaluación del daño, 2) Plan de acción, 3) Contratación por 6 meses de 21 personas, a partir del 12 de diciembre, (psicólogos, psiquiatras y trabajadora social) para las áreas de salud de Sololá, San Marcos, Huehuetenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla y Quetzaltenango.

En salud de la mujer se obtuvo cooperación por valor de USD 200,000 de UNFPA para las áreas de San Marcos, Sololá, Escuintla y cooperación con valor de USD 70,000 por OPS para las áreas de salud de Suchitepéquez y Retalhuleu. Se coordinó el tema de violencia sexual con el Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PROPEVI) y la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM). Con OPS se desarrolla los temas de Información, Educación y Capacitación (IEC).

Seguridad social

Los programas de seguridad social de accidentes, enfermedad, maternidad e invalidez, vejez y sobrevivencia en Guatemala son proporcionados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2003, el 85% de las mujeres ocupadas en el área rural no se encuentran aseguradas por el IGSS y dentro de los hombres ocupados el 80%. Prácticamente el área rural de Guatemala se encuentra desatendida por la seguridad social, como consecuencia de que la mayoría de trabajadoras laboran por cuenta propia y ejercen labores familiares no remuneradas, por lo que no se encuentran afiliadas y cubiertas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Acceso a la tierra

La Política de Equidad de Género del Fondo de Tierras, con enfoque étnico promueve y garantiza la igualdad de oportunidades a campesinas y campesinos en el acceso, uso y tenencia de la tierra. Además, genera las condiciones para que las campesinas y campesinos obtengan la propiedad y/o copropiedad de la tierra. Los programas que desarrolla el Fondo de Tierras, se enumeran en el artículo 13 de este informe en el marco del desarrollo económico y social.

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)

En el marco del programa de reactivación económica y social del Gobierno, la SOSEP realiza acciones en áreas de protección social, educación y generación de capacidades, en el fomento de la gestión productiva en el área rural y el impulso a la participación social. La SOSEP ha implementado y beneficiado a través de los siguientes Programas:

El Programa Creciendo Bien es un modelo de autogestión comunitaria que promueve la seguridad alimentaria nutricional de los más pequeños, partiendo del hecho que la mujer en edad reproductiva puede ser un agente de cambio y un actor fundamental cuando es capacitada para incidir en el mejoramiento de la salud y el estado nutricional de sus hijos, en especial a los menores de cinco años. Creciendo Bien capacita a las madres para propiciar mejores condiciones en el logro de la seguridad alimentaria nutricional y el desarrollo humano sostenible, mediante el fortalecimiento de la autogestión individual, familiar y comunitaria. El Programa Creciendo Bien, fue ganador del premio Nacional de Gerencia Social 2005 auspiciado por el INDES/BID en Guatemala.

El Programa Hogares Comunitarios, promueve el desarrollo integral del niño y la niña en situación de extrema pobreza, desde su concepción hasta los 6 años de edad, a través del cuidado y atención diurna personalizada, alimentación y nutrición, educación inicial, salud preventiva, formación de valores y hábitos. Hogares Comunitarios cuenta con dos modalidades de atención: 1) Hogares simples, que funcionan en viviendas particulares con madres que cuidan y atienden a 10 o 12 menores, y 2) los Centros de Atención Integral (CAI), que mantienen la modalidad anterior, pero involucrando directamente a la comunidad y a las autoridades locales. Se atienden de 20 a 80 niños, a razón de una madre por cada 10 niños.

El Programa Amigos de la Escuela surge en el 2004, para la promoción del desarrollo integral de la escuela y la comunidad, con el fin de lograr ambientes educativos seguros, saludables e inclusivos, que ofrezcan a las niñas y niños mejores condiciones de aprendizaje y de salud. Las escuelas identificadas y priorizadas en el censo se concentran principalmente en el nivel de pre-primaria y primaria. Se ubican principalmente en áreas rurales o urbano-marginales, entre ellas Escuelas Oficiales y aquellas de Autogestión Comunitaria del PRONADE.

El Programa Desarrollo Comunitario inició sus labores en enero de 2005, para impulsar la participación ciudadana, socioeconómica y sociopolítica de las mujeres del área rural y urbana a través de procesos de formación integral. Con este plan se ha incentivado la inscripción en los registros municipales de población femenina que no solía ser inscrita, se organizan diversos proyectos de trabajo que puedan generar un ingreso decente fomentando la formación de bancos comunales. La idea es que las mujeres no sólo mejoren su calidad de vida y la de su familia, sino que desarrollen una habilidad empresarial.

El Programa de Becas contribuye a elevar la calidad de vida de la mujer rural en situación de pobreza y pobreza extrema. A través de la promoción, inclusión, revalorización y la equidad de género, con miras a crear oportunidades de participación social, económica y política. Una parte importante del programa ha sido la sensibilización en torno al grave problema de la falta de educación en la niña guatemalteca, especialmente en el área rural. Es por ello que el programa persigue el acceso a becas educativas para niñas y adolescentes.

Seguridad Alimentaria

Programa de Reducción de la Desnutrición Crónica (PRDC)

En el 2005 se aprueba la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto Ley 32-2005, que regula la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). En esta Ley se prohíbe la discriminación en el acceso a los alimentos y al disfrute o ejercicio del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, por motivos entre otros de sexo.

La SESAN por medio del PRDC atiende niños y niñas menores de 3 años, mujeres embarazadas y en lactancia hasta seis meses. Este programa inició su ejecución en 508 comunidades de 18 municipios ubicados en el área rural donde se espera beneficiar a más de 42 mil personas. Por medio del Programa Creciendo Bien, dirige su atención a la capacitación de mujeres de diversas edades en las comunidades priorizadas, principalmente en temas de nutrición, preparación de alimentos y huertos familiares. Entre los principales avances que se pueden mencionar en materia de seguridad alimentaria se tiene:

•Integración de 81 comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional (COMUSAN) y 17 comisiones departamentales (CODESAN), estas últimas fueron objeto de fortalecimiento institucional.

•La determinación de la fórmula a utilizar como alimento complementario (vitacereal) apropiado para las necesidades nutricionales de los grupos meta.

•El inicio en agosto de 2004 de la Mesa Interinstitucional en Información, Educación y Comunicación (IEC), cuyo propósito es estandarizar los contenidos de mensajes divulgados por diferentes instituciones sobre el tema de seguridad alimentaria.

•El inicio de un diplomado a distancia sobre seguridad alimentaria para fortalecer las capacidades del personal operativo del primero y segundo nivel de atención en salud.

•La formulación de la Estrategia de Atención a Familias en Riesgo de Inseguridad Alimentaria y Nutricional (EAR).

•La unificación de indicadores de monitoreo y alerta temprana a nivel comunitario consensuados entre el gobierno y la cooperación internacional que trabajan el tema.

•La implementación del Programa de Distribución de Asistencia Alimentaria, a personas en riesgo por la inseguridad alimentaria y nutricional, por medio de donaciones alimentarias, con la participación del MAGA, MINEDUC, FONAPAZ, la SOSEP.

•Asistencia alimentaria de emergencia en respuesta a la catástrofe causada por el Huracán Stan.

•Realización de la Conferencia Latinoamericana sobre Hambre Crónica en el marco de las Metas del Milenio, realizada en septiembre de 2005, en la cual se presentó la iniciativa de una “Latinoamérica sin Hambre” que pretende reducir a un nivel que no sobrepase el cinco por ciento la subnutrición en la región, para el año 2025, a través de políticas públicas de los países de la región que promuevan la erradicación del hambre.

•Cuenta con un Plan Estratégico.

Red Nacional de Mujeres Agricultoras

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en su Política Agropecuaria y Sectorial 2004-2007 “Cimentando el Desarrollo de la Agricultura y del Área Rural”, sustenta los principios de subsidiaridad, equidad, descentralización, sostenibilidad y corresponsabilidad, en el área prioritaria de fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada del sector agrícola.

La Política Agropecuaria desarrolla la acción estratégica de fortalecer la interacción entre el MAGA y las organizaciones del sector agrícola no gubernamental. Incluye dentro del Marco Legal e institucional del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario –CONADEA- a los Comités Institucionales Bilaterales, donde el Comité Institucional Bilateral MAGA-Mujeres Rurales –CIBMMUR- el cual tuvo vigencia mediante el Acuerdo Gubernativo No.650-94 del 30 de septiembre de 1994.

Con el propósito de integrar a las mujeres de las diferentes áreas del país, que se dedican a actividades en toda las cadenas agro productivo-comerciales, se consolida la RED NACIONAL DE AGRICULTORAS, para crear un canal de interlocución con el MAGA, que permita abrir un espacio de intercambio de experiencias, el compartir lecciones aprendidas, metodologías de éxito, entre otras que contribuyan efectivamente a abrir las posibilidades de representación y valoración social, económica, cultural y política del 53.2% de mujeres rurales del país, que en su mayoría se dedican a actividades relacionadas con la agricultura.

Uno de los principales objetivos de la Red es potenciar las capacidades de los grupos de mujeres agricultoras desde su territorio y empoderarlas mediante la vinculación efectiva de los grupos entre sí y con fuentes de cooperación técnica y financiera para lograr un mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas de las mujeres. Se ha logrado identificar 667 organizaciones de mujeres que se dedican a diferentes actividades agrícolas. Actualmente 305 organizaciones de mujeres participan en el proceso de constitución de la Red Nacional de Mujeres Agricultoras haciendo un total de 66,046 integrantes, y un grupo de 40 delegadas a nivel nacional, que representan a los 22 departamentos del país, quienes posteriormente conformarán la junta directiva. Se cuenta con una base de datos de las 305 organizaciones y su ficha de caracterización.

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA)

FODIGUA cuenta con proyectos de ayuda a las comunidades indígenas con escasos recursos y se dividen en los siguientes programas:

Programa: Kemb´al Tz´ib´. Dentro de este programa se facilita el acceso de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades rurales indígenas, al conocimiento y uso de programas de informática, fortaleciendo su identidad mediante el aprendizaje de simbología, terminología y contenidos propios de su cultura ancestral.

Este programa financia, apoya y desarrollan laboratorios de informática en las comunidades indígenas, en coordinación con centros educativos públicos y organizaciones civiles, a efecto que se genere un impacto sostenible en la identidad étnico cultural, en las nuevas generaciones, capaces de recrear la cultura sobre la base de lo ancestral y lo moderno.

Programa Ri Chak Winaq, el trabajo de la gente. Dentro de este programa se brinda apoyo técnico y financiero al trabajo de la gente, expresado en grupos de mujeres y hombres que se dedican a las actividades productivas en el sector agropecuario y artesanal. Implica el uso de fondos revolventes, capital semilla y micro créditos encaminados a ser fuente de ingresos sostenibles y el apalancamiento de actividades comerciales locales, regionales y extra regionales. En el largo plazo, implica desarrollar acciones estratégicas productivas que permitan elevar el nivel de vida de personas de escasos recursos del área rural indígena mediante la innovación y el impulso de iniciativas novedosas que generen riqueza.

Programa Utzilal Winaq, bienestar de la Gente. Se conforma de proyectos que contribuyen a lograr que las condiciones de salud preventiva y curativa se traduzcan en un estado de bienestar físico, mental y social, facilitando el uso alternativo de los sistemas preventivos y curativos tradicionales y modernos. En este programa se propone revalorar el papel de las comadronas, que además de asistir a la madre en el parto, constituyen fuente de conocimientos ancestrales y portadoras de una autoridad moral en la consejería de la familia y la maternidad. El programa se propone elevar el perfil de las comadronas mediante capacitaciones técnicas de buena calidad y el reforzamiento e investigación de formas tradicionales de tratamiento a los problemas de salud.

Programa Uchuq ’ ab ’ Tinamit. El Poder del Pueblo. Este programa consiste en impulsar acciones tendientes a fortalecer espacios estratégicos de los pueblos indígenas. Estos espacios pueden encontrarse en la sociedad civil o dentro de la institucionalidad del Estado, mediante la formación de recurso humano y social. El programa incluye la capacitación política del personal vinculados a los proyectos financiados por el Fondo para estar al día con los avances del movimiento indígena nacional e internacional y fortalecer sus prácticas culturales, como el idioma, el uso del calendario maya, el vestuario, su cotidianidad y la espiritualidad.

Cuadro 42FODIGUABeneficiarios por programa en 2006

Programa	Beneficiarios	Total
Hombres	Mujeres
Utzilal Winaq		1 078	1 078
Ri Chak Winaq	959	701	1 660
Kemb ’ al Tz ’ ib ’	2 292	2 281	4 573
Ri Uchuq ’ ab ’ Winaq	300	440	740
	3 351	4 500	8 051

Fuente: FODIGUA, octubre 2007.

Cuadro 43FODIGUABeneficiarios por programa en 2007

Programa	Número de proyectos	Beneficiarios
Hombres	Mujeres
Uchuq ’ ab ’ Tinamit	8	438	486
Utzilal Winaq	3	47	221
Kemb ’ al Tz ’ ib ’	16	2 060	1 981
Ri Chak Winaq	21	507	910
Total	48	3 052	3 598

Fuente: FODIGUA, octubre de 2007.

Retos y desafíos

La Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) facilitó en septiembre 2006 un Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. Derivado de este Congreso se formuló la Agenda Articulada de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas, la cual fue un insumo importante para la actualización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023. El propósito fundamental es reconocer y valorar la aportación de las mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas a la preservación de la cultura, a la construcción de la paz, la democracia y el desarrollo integral del país, por medio de la integración de los ejes temáticos que desarrolla la Agenda Articulada, dentro de las políticas públicas locales y de Estado.

Artículo 15

Igualdad ante la Ley

Como se ha reportado en anteriores informes, la legislación guatemalteca en materia civil y capacidad jurídica, consagra la igualdad jurídica de la mujer y del hombre que se establece en la ley suprema del país, la Constitución de la República, en el artículo 4º dispone que “todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”. La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer y la Ley de Desarrollo Social reconocen formalmente la igualdad de derechos de la mujer y del hombre en el hogar, trabajo, producción, vida social y política. La legislación civil guatemalteca establece que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere con la mayoría de edad. Adquiriendo así la plena capacidad para actuar y contratarse, en igualdad condiciones con el varón, teniendo los mismos derechos y obligaciones.

Una problemática que enfrentan las mujeres en Guatemala, principalmente a nivel rural, es la falta de documentación y en Guatemala como en otras partes del mundo, sin documento de identidad no hay existencia jurídica. Las “personas”, muchas de ellas mujeres o niñas no pueden ejercer sus derechos, por ejemplo acceso a la educación, trabajo o salud. Así también, existir jurídicamente está intrínsecamente ligado con los requisitos para poder ser titular de propiedad o para poder acceder al crédito. El documento de identidad es también requisito esencial para ejercer la ciudadanía para las mujeres.

Para lograr la participación en condiciones de igualdad se han adoptado normas de carácter transitorio que contribuye a promover la igualdad entre hombres y mujeres para el ejercicio de la ciudadanía las mujeres afectadas por el conflicto armado, en el 2000 (decreto 67-2000) aprobó la primera Ley Temporal Especial para la Documentación de Personas, cuya vigencia fue de dos años. Pese a las múltiples prórrogas realizadas aún hay población desarraigada indocumentada, especialmente la población femenina y menores de edad, por lo que en abril de 2006 por medio del decreto 9-2006 se aprueba nuevamente la Ley Temporal Especial para la Documentación de Personas, con una vigencia de seis meses. Este proceso fue divulgado durante los dos primeros meses por medio de los medios de comunicación en los idiomas maya, xinka y garífuna.

Actualmente se encuentran varias propuestas de reformas legislativas ante el Congreso de la República, para adecuar el marco normativo que responda a la igualdad jurídica, que permita a las mujeres en condiciones de igualdad su desarrollo profesional, político, económico y social, en los diversos ámbitos en que se desempeña. Derivado del proceso electoral que atraviesa el país y de las nuevas autoridades electas por voto popular que asumirán sus funciones en enero de 2008, será importante fomentar la adquisición de conocimientos jurídicos elementales para incorporar la perspectiva de género en las iniciativas de ley y recalcar la importancia de tomar como base del trabajo legislativo a todos aquellos instrumentos de derechos humanos como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

Artículo 16

Matrimonio y Familia

El Estado de Guatemala cuenta con legislación interna positiva en materia de igualdad en el matrimonio y relaciones familiares, como lo es la Constitución de la República, la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer.

La Constitución de la República, por su parte, establece normas generales de no discriminación e igual protección (artículo 4º). El artículo 47 dispone que el Estado deberá proteger a la familia y deberá promover su organización sobre la base del matrimonio, la igualdad de los derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho a decidir libremente sobre el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos. El artículo 52 dispone que el Estado deberá proteger la maternidad y garantizar el más estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan de ella.

En esta misma línea, la Ley de Desarrollo Social (2001), en sus considerandos establece que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Así también en el artículo 6 define “la organización de la familia es la unidad básica de la sociedad, la que considera sobre la base legal del matrimonio. Constituye también núcleo familiar con los mismos derechos, la unión de hecho, las madres y padres solteros, en atención al artículo 48 de la Constitución de la República y el artículo 173 del Código Civil.

Las condiciones que protege la legislación civil, continúan siendo las mismas presentadas en el anterior Informe presentado al Comité de Expertas de la CEDAW. A pesar de esto, en esta materia persisten ciertas disposiciones que mantienen distinciones injustificadas basadas en el género. En el Código Civil, los artículos 89 y 299 continúan creando distinciones basadas en el género que parecen estar en conflicto directo con la obligación del Estado de no discriminar y de otorgar igual protección. El artículo 89 regula la autorización para el matrimonio y establece una edad mínima, con consentimiento de los padres, de 14 años para las niñas y de 16 años para los niños. Dispone, además, que las mujeres deberán esperar 300 días después de la disolución de un matrimonio o unión para establecer otro, sin una disposición correspondiente aplicable a los hombres. El artículo 299 trata sobre la tutela de menores y dispone que se dé preferencia al abuelo paterno.

La SEPREM realizó un análisis de la legislación civil en materia de relaciones familiares y el matrimonio. Se elaboró una propuesta de reformas al Código Civil y la Ley de Tribunales. Esta propuesta fue enviada al Congreso de la República en el 2002, y no fue considerada. Posteriormente fue incluida en la agenda legislativa de los Parlamentarios en el 2004 y debido al cambio de período legislativo, y sin contar con un dictamen favorable ésta fue archivada.

Así también, CLADEM Guatemala junto con otras organizaciones de mujeres, al no encontrar respuestas sobre la modificación de artículos contenidos en el Código Civil, que son discriminatorios contra las mujeres, presentó ante la Corte de Constitucionalidad una acción de inconstitucionalidad impugnando varios artículos del cuerpo legal en mención. Esta acción se identifica con el número de expediente 541-2006, presentado el 7 de marzo de 2006. Los artículos impugnados se refieren a la edad mínima para contraer matrimonio, el ejercicio de la tutela legítima que da prioridad a los abuelos paternos dejando en último lugar a las abuelas maternas; el derecho que tiene la mujer inculpable (en caso de separación o divorcio) de percibir pensión alimenticia mientras observe “buena conducta”; el plazo que debe esperar la mujer para contraer nuevas nupcias, no teniendo el hombre esa condicionante; entre otros artículos con disposiciones subjetivas y discriminatorias.

La acción de inconstitucionalidad presentada fue aceptada para su trámite, estando pendiente que sean suspendidos provisionalmente los artículos impugnados, previo a ser emitido el fallo que declare ha lugar o no ha lugar la acción de inconstitucionalidad en definitiva por la y los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. A la fecha de entrega del presente Informe no se ha resuelto esta acción de inconstitucionalidad.

*Nota de la Secretaría: Los anexos del informe estarán a disposición de los miembros del Comité en el idioma en que fueron presentados.