Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención
Octavo y noveno informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2015
Guatemala*
[Fecha de recepción: 19 de noviembre de 2015]
Nota: el presente documento se distribuye únicamente en español, francés e inglés.
*El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.
Página
Siglas y Acrónimos3
Presentación9
Introducción10
Respuesta a las recomendaciones del Comité al Estado de Guatemala.10
Artículos 1, 2, 3 de la Convención y recomendaciones10
Concerniente a programas de capacitación y procesos educativos sobre la Convención y su Protocolo13
Artículo 4.Medidas especiales de carácter temporal orientadas a la igualdad entre mujeres hombres17
Artículo 5.Cambio de patrones socio-culturales y comprensión adecuada de la maternidad en la familia18
Artículo 6.Trata y explotación sexual de mujeres20
Artículo 7.Medidas apropiadas para eliminar la discriminación en la vida política y pública del país23
Artículo 8.Medidas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres para representar al gobierno en el plano internacional24
Artículo 9.Derechos igualitarios en origen, cambio y adquisición de nacionalidad24
Artículo 10.Medidas para alcanzar la igualdad con el hombre en la esfera de la educación24
Artículo 11.Medidas para alcanzar la igualdad en la esfera del empleo29
Artículo 12.Medidas para alcanzar la igualdad con el hombre a los servicios de atención médica31
Artículo 13.Medidas para alcanzar la igualdad en la esfera de la vida económica y social34
Artículo 14.Medidas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la CEDAW a la mujer en zonas rurales36
Artículo 15.La igualdad de la mujer con el hombre ante la ley39
Artículo 16.Medidas para eliminar la discriminación de la mujer en asuntos relacionados con el matrimonio y la familia40
Siglas y acrónimos
ACNUROficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ADNÁcido Desoxirribonucleico
AGEXPORTAsociación Guatemalteca de Exportadores Tradicionales
AGAcuerdo Gubernativo
ALIANMISARAlianza Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes en Guatemala
ALMAcademia de Lenguas Mayas
AMAcuerdo Ministerial
ANPAgenda Nacional de País
ASÍESAsociación de Investigación y Estudios Sociales
APEHGUAAsociación de Pequeños Hoteleros de Guatemala.
ATRAHDOMAsociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila
BANGUAT Banco de Guatemala
CADERCentros de Aprendizaje para el Desarrollo
CADICentro de Atención y Desarrollo Integral
CAICentro de Atención Integral (Secretaría Bienestar Social)
CAIMUSCentros de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia
CAMTURChamara de Turismo
CDNConvención de los Derechos del Niño
CEMUCAFPrograma de Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana
CEPALComisión Económica Para América Latina
CERIGUACentro de Reportes Informativos sobre Guatemala
CICAMCentro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer
CICIGComisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
CITComisión Interinstitucional contra la Trata
CSJCorte Suprema de Justicia
CNBCurrículo Nacional Base
CNAPConsejo Nacional de Áreas Protegidas
CNNAComisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos
COCODESConsejos Comunitarios de Desarrollo
CODEDESConsejos Departamentales de Desarrollo
CODISRAComisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala
CONALFAComité Nacional de Alfabetización
CONAPREVICoordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres
CONJUVEConsejo Nacional de la Juventud
CONREDComité Nacional de Reducción de Desastres
COPREDEHComisión Presidencial de Derechos Humanos
COSMEConsorcio de Organizaciones Sociales y Sindicales de Mujeres en la Economía
CPCódigo Penal
CPPCódigo Procesal Penal
CPGEClasificador Presupuestario de Género y Étnico
CRGCongreso de La República de Guatemala
DASAVUnidad de Promoción de la Dirección de Área de Salud
DDHHDerechos Humanos
DEMIDEMI, Defensoría de la Mujer Indígena
DGMDirección General de Migración
DIGEBIDirección General de Educación Bilingüe
DPIDocumento Personal de Identificación
DTP (siglas Dirección Técnica del Presupuestoen inglés)
ECPATAsociación para la eliminación de la Prostitución, Pornografía turismo y Tráficosexual de niños, niña y adolescentes.
ENCAEscuela Nacional de Agricultura
ENCOVIEncuesta Nacional de Condiciones de Vida
ENEIEncuesta Nacional de Empleo e Ingreso
FLACSOFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (sede Guatemala)
FIVFideicomiso para la Vivienda
FONTIERRASFondo de Tierras
FOPAVI,Fondo para la Vivienda
FUNGUAT Fundación de hoteleros de Guatemala
GEJGabinete Específico de Juventud
GEMGabinete Especifico de la Mujer
GGMGrupo Guatemalteco de Mujeres
IDIESInstituto de Investigación Económica y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala
IDPPInstituto de la Defensa Pública Penal
IECInformación, Educación y Comunicación
IGSSInstituto Guatemalteco de Seguridad Social
IGT Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo
INACIFInstituto Nacional de Ciencias Forenses
INAPInstituto Nacional de Administración Pública
INEInstituto Nacional de Estadística
INTECAPInstituto Técnico de Capacitación y Productividad
INGUAT Instituto Guatemalteco de Turismo
IPGEInstitucionalización de la Perspectiva de Género y Étnica
ITSInfecciones de transmisión sexual
IUMUSACInstituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala
LAUyESPFLey de Acceso Universal y Equitativa a Servicios de Planificación Familiar
LeyVETLey contra la Violencia Sexual, Tráfico y Trata de Personas
LFOFVMLey contra y Previsión Social
LPGIEELey de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
LPMSLey para Maternidad Saludable
LPSEVILey para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar Decreto 97-1996
LVSETPLey Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009
MAGAMinisterio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MAIModelo de Atención Integral
MARNMinisterio de Ambiente y Recursos Naturales
MEMMinisterio de energía y Minas
MICIVIMinisterio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
MICUDEMinisterio de Cultura y Deportes
MIDESMinisterio de Desarrollo Social
MINECOMinisterio de Economía
MINEDUCMinisterio de Educación Pública
MINDEFMinisterio de la Defensa
MINFINMinisterio de Finanzas
MINGOBMinisterio de Gobernación
MINTRABMinisterio de Trabajo y Juventud
MPMinisterio Público
MREMinisterio de Relaciones Exteriores
MSPASMinisterio de Salud Pública y Asistencia Social
NANiñez y Adolescencia
NNANiñas, Niños y Adolescentes
NAJNiñez, Adolescencia el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, Decreto 22-2008
NUFEDNúcleos Familiares Educativos para el Desarrollo
OACNUDHOficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
ODSObjetivos de Desarrollo sostenibles
ODMObjetivos de Desarrollo del Milenio
OEOrganismo Ejecutivo
OCTEGPOficina Coordinador Transversal de Estadísticas de Género y Pueblos
OITOrganización Internacional del Trabajo
OJOrganismo Judicial
OMM Oficina Municipal de la Mujer
ONAMOficina Nacional de la Mujer
ONG´sOrganizaciones No Gubernamentales
ONSECOficina Nacional de Servicio Civil
OSARObservatorio de Salud Sexual y Reproductiva
PAPEDPrograma Académico de Profesionalización Docente
PEACPrograma de Educación de Adultos por Correspondencia
PDHProcuraduría de los Derechos Humanos
PDERPrograma de Desarrollo Económico desde lo Rural
PNDRIPolítica Nacional de Desarrollo Rural Integral
PEOPlan de Equidad de Oportunidades, 2008-2023
PEPSPrograma de Primaria Acelerada
PNEPolítica Nacional del Empleo
PMH Pastoral de Movilidad Humana de la Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes de Guatemala
PGNProcuraduría General de la Nación
PNEPolítica Nacional de Empleo
PNSRPrograma Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
PRECAPIPrograma de Prevención para las Trabajadoras Domésticas
PLANEAPlan Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes de Guatemala
PLANOVIPlan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres, 2004-2014
PNC Policía Nacional Civil
PNDPlan Nacional de Desarrollo
PNEPolítica Nacional de Empleo 2012 - 2020
PNPDIMPolítica Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres
PROPEVIPrograma de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar
PROEDUSAPromoción y Educación en Salud
PyMRPaternidad y Maternidad Saludable
REMUPAZRed de Mujeres por la Construcción de la Paz
RENAPRegistro Nacional de las Personas
REPREDECPROGRAMA Refuerzo Escolar y Prevención De la Callejización
RIOODRed Iberoamericana de Organizaciones y Organismos que luchan contra la Discriminación
SAASecretaría de Asuntos Agrarios
SAISistema de Atención Integral a la Víctima
SIGSASistema de Información Gerencial de Salud Pública
SBSSecretaría de Bienestar Social
SCSPRSecretaría de Comunicación Social de la Presidencia
SEGEPLANSecretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia
SENSistema Estadístico Nacional
SEPREMSecretaría Presidencial de la Mujer
SICOINSistema de Contabilidad Integrada
SOSEPSecretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
SVETSecretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
TSETribunal Supremo Electoral
TUPTécnica Universitaria en Partería
UEUnión Europea
UNESCOOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFPAFondo de Población de naciones Unidas.
UNICAPUnidad de Capacitación del Ministerio Público
UNICEFFondo para la Infancia de las Naciones Unidas
UNAMGUnión Nacional de Mujeres Guatemaltecas
URLUniversidad Rafael Landívar
USACUniversidad San Carlos de Guatemala
USAIDAgencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo
VCMViolencia Contra la Mujer
VCMIViolencia Contra la Mujer Intrafamiliar
VIHVirus inmunodeficiencia Adquirida
VIFViolencia Intrafamiliar
Presentación
El Estado de Guatemala, en congruencia con los compromisos adquiridos con la ratificación de la CEDAW, ha dado continuidad a las acciones para el respeto, reconocimiento, vigencia, observancia y cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. En tal sentido, se han implementado políticas públicas para el adelanto de las mujeres, se ha promovido la reforma y adopción de leyes así como el fortalecimiento de la institucionalidad, con el objetivo de garantizar el tránsito hacia la equidad y la igualdad real entre mujeres y hombres, atendiendo a la diversidad cultural y lingüística de la población guatemalteca.
Para el Estado guatemalteco, es satisfactorio presentar el avance del cumplimiento y aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), contenido en el 8º y 9º Informe Periódico Combinado. En este contexto, es importante indicar que en la elaboración del informe que corresponde a dos períodos, se contó con la presencia y participación de diferentes sectores, en un ejercicio de consulta y diálogo democrático e incluyente.
Posterior al envío del documento en referencia al Honorable Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se realizará la socialización con actoras y actores que intervinieron en la construcción colectiva y se elaborará un informe complementario. Se enfatiza, que el contexto político del país demandó realizar cambios de forma y fondo en el procedimiento previsto implementado por la institución responsable de sistematizar los datos.
En este informe, se señalan acciones relevantes que tienen como propósito incidir y promover el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, que permita el fortalecimiento del liderazgo de las guatemaltecas mayas, garífunas, xinkas y mestizas en los diferentes espacios de participación política. Es importante indicar que, se realizaron esfuerzos para reconocer y atender las demandas de sectores históricamente marginados y excluidos por su condición de género y étnica, un ejemplo concreto de ello, es la Política Nacional de Comadronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala.
Es importante, indicar que el actual gobierno de transición democrática, ha manifestado a nivel nacional e internacional que: “se requiere justicia para las mujeres a fin de cumplir uno de los objetivos de Desarrollo del Milenio de promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Muy pocas mujeres participan en la toma de decisiones en los organismos públicos.”
El Estado de Guatemala, se congratula con la presentación del presente Informe Periódico 8º. y 9º. Combinado que refleja los avances del Estado y reconoce la existencia de retos pendientes relacionados con la condición y situación actual de las mujeres, la cual está condicionada por factores históricos como la pobreza, la discriminación, el racismo, el patriarcado y el machismo que junto a elementos tales como, el área de residencia, la pertenencia étnica, el estado civil y la edad, siguen condicionando las oportunidades y el ejercicio de la ciudadanía activa.
(Firmado) Lourdes Xitumul Piox
Secretaria Presidencial de la Mujer
Introducción
El documento presentado, responde a las recomendaciones hechas por el Comité de Evaluación de la CEDAW al Estado de Guatemala y constituye el Informe Periódico 8o. y 9º. Combinado correspondiente al período 2009-2014.
Para su elaboración, la Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM, conformó en el 2014 una comisión coordinadora integrada por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos OACNUDH y ONU MUJERES, Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA- y Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM- como mecanismo coordinador y responsable de la sistematización de la información para la formulación del informe.
Las funciones de este Comité fueron: Definir el proceso para elaborar el informe y concretar la metodología específica a implementar en cada institución.
Como resultado de este ejercicio, se decidió que adicional al informe se trabajarían los siguientes productos: i) La elaboración de una línea de base, a partir de las recomendaciones sobre el 7º Informe por parte del Comité. ii) Impulsar la institucionalización de la metodología propuesta por SEPREM, generada en el 7º. Informe Periódico, con la finalidad de readecuarla a las necesidades actuales y en consulta con los diversos actores sociales. iii) Se invitó a otros actores de la sociedad civil, que trabajan articulados con instituciones del Estado, otros que promueven los derechos humanos de las mujeres. Se citan: la academia, intelectuales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de mujeres de los 22 departamentos, sector financiero, sector empresarial; así mismo, periodistas y denominaciones religiosas.
El proceso de capacitación e información prevista, incluyó a todos los actores, con quienes se abordó el contenido de la CEDAW y se discutió sobre la corresponsabilidad social de cada uno para incorporar en sus acciones el contenido de estos artículos y las recomendaciones.
Para el abordaje con el sector institucional, en adición al proceso de capacitación y reflexión, se elaboraron herramientas específicas para responder a las recomendaciones que por mandato les corresponde. En el caso de los otros actores que participaron, se prepararon guías orientadoras para desarrollar los conversatorios. Para la formulación del referido informe, se hizo una amplia convocatoria y finalmente se trabajó con la presencia y participación de 345 personas invitadas.
Para la formulación del informe, se analizó cada uno de los artículos y la incorporación incorporar las recomendaciones hechas por el Comité al Estado de Guatemala. En virtud de las directrices relativas a la forma y extensión del presente informe, que contiene dos periodos, se sistematizó la información más relevante, considerando la posibilidad de elaborar un informe complementario para el Comité.
Respuesta a las recomendaciones del Comité al Estado de Guatemala
Artículos 1, 2,3 de la Convención y recomendaciones
El Estado de Guatemala ha reformado algunas leyes y códigos, ha emitido nueva legislación y normativas específicas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer.
Reformas al Código Municipal. El Decreto 22-2010, adiciona el Art. 96 bis que crea la Oficina Municipal de la Mujer, OMM, responsable de la atención de las necesidades específicas de las mujeres del municipio y del fomento de su liderazgo comunitario, participación económica, social y política. El Art. 96 Ter, al Código Municipal, define las funciones de las OMM.
El Decreto Número 27-2010 del Congreso de la República deroga el numeral 3, artículo 89, del Decreto 106 “Ley del Jefe de Gobierno Código Civil”, penas relativas al matrimonio, divorcio y presunción de paternidad. Se introducen reformas al Código Civil en los artículos 3, 99, 156, 158, 222 y se deroga el artículo 229 del Decreto número 17-73 del Código Penal. Una de las reformas más notable, se refiere a la admisión de la prueba biológica del Ácido Desoxirribonucleico -ADN-.
El AG Número 463-2013, que reformó el AG 831-2000, Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, estableciendo que la CONAPREVI funcionará en coordinación con el Ministerio de Gobernación, MINGOB, a través del Tercer Viceministerio, encargado de la Prevención de la Violencia y el Delito. También amplió la integración, con la SVET y la DEMI. En proceso de relanzamiento por la relevancia de este ente colegiado al más alto nivel del Estado.
El Congreso de la República está en proceso legislativo para la aprobación del Decreto el cual establezca, que la edad mínima para casarse sea a los 18 años para hombres y mujeres, con una excepción a los 16 años, por razones fundadas y con orden de juez competente. Merece, destacar que no se podrá aceptar la unión de hecho entre persona menores de edad.
Sin embargo, el artículo 173 y 173 bis del Código Penal que tipifica los delitos de agresión sexual y violación, sigue vigente en cuanto a las penas de 8 a 12 años de cárcel, para quienes sostengan relaciones con personas menores de 14 años.
La Presidencia del OJ y CSJ a través del Acuerdo Número 136-012 creó la Dirección de Gestión Laboral, cuyo objetivo es dar seguimiento a los procesos implementados en los Juzgados de Trabajo y Previsión Social para dar cumplimiento a los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala y evitar la discriminación en el ámbito laboral.
A través del Acuerdo No. 31-2011, la CSJ y OJ crearon los Juzgados Primero y Segundo de Trabajo y Previsión Social, responsables de implementar procedimientos que contribuyan a la administración de justicia pronta y cumplida. Dichos Juzgados, son los encargados de recibir la primera demanda de personas trabajadoras que no tienen asesoría profesional y las demandas de las mujeres.
La CSJ y el OJ, durante el período 2011-2012, se coordinó, elaboró y presentó el proyecto “Justicia con Enfoque de Género”, en la XVII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana en seguimiento a la Declaración de Acceso a la Justicia a las Mujeres, (Cancún, México, 2002). En abril de 2014, se desarrolló la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana en Santiago de Chile y se aprobó por unanimidad el “Protocolo de actuación judicial para casos de violencia de género contra las mujeres”. Siendo éste un instrumento importante para las personas operadoras de justicia de toda Iberoamérica, permitiendo un mejor acceso a la justicia a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia.
La Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, en septiembre de 2014, presentó oficialmente la Política Sectorial de Coordinación Interinstitucional para Mejorar el Tratamiento de los Casos de Violencia contra la Mujer, en el Sistema de Justicia de Guatemala, que tiene como objetivo impulsar el fortalecimiento institucional de la justicia penal en el ámbito del tratamiento de los casos de violencia contra las mujeres, mediante acciones coordinadas que tienden a optimizar el servicio en el tratamiento de los casos, atención a la víctima, discriminación y niveles de impunidad. La política cuenta con el Plan Base de Implementación.
El IDPP en el 2008, diseñó la “Política Institucional para la Defensa Técnico Legal con Enfoque Intercultural, Perspectiva de la Mujer Indígena y Enfoque de Género”. Esta Política ha servido de base para la prestación del servicio público de defensa penal para todas las sedes del instituto, especialmente las defensorías indígenas.
El MP, en el año 2012 suscribió Carta de Entendimiento con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, para la realización de un informe situacional de la Trata de Personas en Guatemala en modalidad de Explotación Sexual, con la finalidad de intercambio de información, seguimiento a casos concretos y capacitación.
El MINEDUC durante el período 2011-2012, en el marco de la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de Violencia diseñó, elaboró y validó el Protocolo de identificación, atención y referencia de casos de violencia dentro del sistema educativo nacional; se socializó con 1,483 profesionales del área educativa e instancias vinculadas al tema, quienes han dado acompañamiento a este proceso, entre ellos SEPREM. Los aspectos analizados fueron: Definición de tipologías de violencia y marco legal que las sustenta y el establecimiento de las rutas de atención a los casos de violencia.
El MSPAS, durante el período 2010 al 2013, inició la identificación de casos de desnutrición aguda en las 29 áreas de salud del país; elaboró el Protocolo de Atención de Salud Integral con enfoque intercultural para niñas y niños víctimas de maltrato infantil y capacitó a profesionales de las 29 áreas de salud y la red de pediatría, para estandarizar la atención integral; constituyéndose en una herramienta de educación continua de los equipos que sirven a la población. En el 2013, se evaluó el protocolo y se socializó la 2ª edición. En 2012, se suscribió el “Pacto Hambre Cero” que definió la ruta para mitigar articuladamente la desnutrición crónica y aguda.
El Decreto No. 32-2010 aprobó la Ley Para Maternidad Saludable y su reglamento Acuerdo Gubernativo Número 65-2012, cuyos objetivos son: establecer el marco jurídico para implementar los mecanismos que mejoren la salud y calidad de vida de las mujeres y del recién nacido; promover el desarrollo humano a través de asegurar la maternidad de las mujeres, mediante el acceso universal, oportuno y gratuito a información y servicios de calidad antes y durante el embarazo, parto, posparto, para la prevención y erradicación progresiva de la mortalidad materna-neonatal, con enfoque de género y étnica.
Dicha ley dispuso: i) Reformar el Art. 25 de la Ley del impuesto sobre bebidas alcohólicas, indicando que “del impuesto recaudado, se destinará un mínimo del 15% para programas del MSPAS que atiendan salud sexual y reproductiva, planificación familiar y alcoholismo, del porcentaje indicado, el 30 % del mismo se destinará para la compra de insumos anticonceptivos, adquisición de conformidad al Art. 19 del Decreto 87-2005”. ii) “Art. 28, el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, se sancionará de conformidad a lo establecido en el Código Penal y leyes penales especiales”. iii) Art. 29 Penalización al conviviente, “El conviviente de la mujer deberá permitir, promover y facilitar que ésta tenga acceso a los servicios de salud materna-neonatal. En caso contrario y como consecuencia se produjeren hechos que constituyan delitos, deben ser perseguidos y sancionados de conformidad con las disposiciones penales correspondientes”.
El Art. 21 de esta ley, establece la notificación obligatoria e inmediata de las muertes maternas y neonatales. Dichos eventos deberán registrarse diariamente en el Sistema de Información Gerencial de Salud -SIGSA-. La misma, está reglamentada en el AG Número 65– 2012. Su ámbito de aplicación corresponde a todos los servicios de salud en los tres niveles de atención del MSPAS; obligatoriedad que aplica a los servicios brindados por el IGSS, para sus afiliadas y beneficiarias, así mismo para los servicios prestados por las organizaciones no gubernamentales contratadas en el Programa de Extensión de Cobertura e instituciones privadas lucrativas y no lucrativas.
Se emite la declaratoria de la maternidad saludable como asunto de urgencia nacional para apoyar y promover acciones para reducir las tasas de mortalidad materna y neonatal, especialmente en la población vulnerada, adolescente y joven, población rural, indígena y migrante.
El PROPEVI a través del AG No. 111-2013 fue adscrito a la estructura de SEPREM como un programa que asesora, coordina y realiza acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia intrafamiliar.
Concerniente a programas de capacitación y procesos educativos sobre la Convención y su Protocolo:
La SEPREM en coordinación con COPREDEH y OACNUDH, han desarrollado un proceso de orientación e información a funcionarios-as públicos del Estado, sobre los instrumentos internacionales firmados y ratificados por Guatemala, con énfasis especial en la CEDAW. Lo cual ha incidido, para que las instituciones se apropien del tema, lo adecúen e incorporen a los procesos de capacitación de conformidad a su mandato institucional.
La Escuela de Estudios Judiciales en el período 2009-2014 realizó 25 programas de formación jurídica básica a funcionarios-as y auxiliares judiciales a nivel nacional, y equipos de trabajo del SAI, participaron 52,372 personas, los temas abordados fueron: transversalización de la perspectiva de género, aplicación de estándares internacionales en derechos humanos y administración de justicia, trata de personas y análisis normativo relativo a la violencia contra la mujer. (Ver anexo 1. Artículos 1, 2,3; tabla No. 1).
La DEMI y el IDPP, atienden casos en idiomas qˈeqchiˈ, kakchikel, kˈicheˈ, mam, poqomchiˈ, achi, ixil, qˈanjobaˈl, tzˈutujil, garífuna y chortiˈ. Realizaron acciones permanentes y obligatorias de sensibilización y capacitación a funcionarias y funcionarios que trabajan en el Programa de Asistencia Legal Gratuita a Mujeres Víctimas de Violencia y sus Familiares, sobre temas relativos a los DDHH de las mujeres y las leyes específicas. Actualmente cuenta con intérpretes mayas capacitados-as en 15 de las 36 sedes a nivel nacional.
El IDPP en el año 2009publicó: i)“Marco conceptual sobre discriminación” a fin de proveer a las instituciones públicas y privadas de una herramienta para el análisis del fenómeno de la discriminación y formar promotoras y promotores para combatir este flagelo, especialmente en el servicio público. ii) “La Tipificación del Delito de Discriminación y su Incidencia en Pueblos Indígenas”. Se efectuó un análisis del tipo penal de discriminación contenido en el artículo 202 bis del Código Penal.
El IDPP y CODISRA en el año 2012 suscribieron un convenio sobre la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, cuyo objetivo es establecer las bases de cooperación entre ambas instituciones para el mejor cumplimiento de sus funciones y el impulso a procesos de atención integral en el acceso a la justicia, especialmente, en lo relativo a la eliminación del racismo y la discriminación racial en Guatemala, respetando el ámbito de competencias. Como resultado de este convenio, se han implementado diversas acciones, especialmente los diplomados, donde ha participado personal del IDPP.
La DEMI y CODISRA en el período 2008-2010con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH-, ejecutaron el Proyecto Contribuyendo a la erradicación del racismo y la discriminación étnica y de género, particularmente hacia mujeres indígenas, financiado por la República Federal de Alemania, con dos líneas de acción: i) Sensibilizar a la sociedad y contribuir al cambio de actitudes hacia el respeto a la diversidad cultural, a través de la visibilización de la situación de discriminación hacia las mujeres indígenas, ii) Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos para prevenir y sancionar la discriminación étnica y de género. Durante este período se contrataron profesionales abogadas y notarias, para la dirección, atención y seguimiento de casos de discriminación racial, especialmente en el caso de la DEMI.
En ese contexto, se elaboró un programa de sensibilización y capacitación en el año 2010, dirigido a personal de los Ministerios de Educación, Salud y del OJ con el objetivo de generar conocimiento y desarrollo de capacidades y competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales que contribuyan al cambio de conducta de las y los funcionarios públicos en su trato, decisión y ejercicio de sus funciones y de construir las actitudes racistas y discriminatorias hacia las mujeres indígenas.
Como parte del Plan de Formación Integral para Mujeres Indígenas, en el 2010 se implementó el diplomado “Derechos y Ciudadanía de las Mujeres Indígenas”, cuyo objetivo es fortalecer la ciudadanía de lideresas indígenas mediante un proceso sistemático de educación para la promoción y defensa de sus derechos.
La DEMI diseñó un modelo de intervención de capacitación para mujeres y hombres indígenas en derechos humanos de las mujeres, con la intención de que sea utilizada como herramienta por las distintas Unidades de DEMI para las actividades de formación que se desarrollen a nivel regional y en la sede central. El modelo contiene: a) Enfoques necesarios que deben tomarse en cuenta en la formación, b) Estrategia metodológica, c) Programas de formación sugeridos (talleres de corta, media y larga duración, diálogos para la educación y aprendizaje o conversatorios y actividades de formación interna o círculos de estudio).
SEPREM a través del PROPEVI, brindó asesoría legal por violencia intrafamiliar en 230 casos, mismos que fueron derivados y se les dio acompañamiento ante el MP. Capacitó a 34,667 estudiantes de 80 centros educativos de diferentes niveles y 71 estudiantes de Psicología de la Universidad Panamericana, sobre prevención de la violencia intrafamiliar. Actualmente varios de estos estudiantes brindan apoyo voluntario en el programa.
La SEPREM y RENAP en el 2013, firmaron Carta de Entendimiento para coordinar esfuerzos a nivel nacional en el proceso de documentación del DPI para las mujeres.
Se han implementado las Declaraciones Juradas Administrativas realizando solo la complementación de los datos del documento para evitar a la población gastos de abogados particulares para dicho trámite.
Se implementó un Protocolo a las personas dándole un trato preferencial a las personas de tercera edad, mujeres embarazadas, madres con niños en brazos y personas con capacidades especiales.
El RENAP cuenta con un área para el llenado de formularios e información brindando apoyo por colaboradores específicos al llenado adecuado de la información, esto para las personas que son analfabetas, logrando brindar la información de forma auditiva, utilizando como firma la huella dactilar de las personas.
En cada sede del RENAP se ha implementado como requisito de contratación de los empleados, que pertenezcan a la comunidad lingüística de la región y hablen el idioma para facilitar la comunicación con la población y brindar información de la institución a quienes no dominen el castellano.
El RENAP implementa el Plan Nacional para la Erradicación del Subregistro, que ha tenido como logro contar con 2 departamentos y 142 municipios libres de subregistro.
Se han inaugurado 46 oficinas auxiliares del RENAP en hospitales públicos, seguro social y hospitales privados, garantizando con ello el derecho a la identidad, especialmente de la mujer, resaltando dentro de este logro lo siguiente: de una población con conteo poblacional de 1.403,530 mujeres, se encontró que 4,958 están subregistradas.
El Proyecto USAID Prevención de la Violencia (VPP) y la SEPREM, durante el período 2012-2013, firmaron un Convenio para impulsar en 11 departamentos priorizados, la firma de “Pactos Municipales de Seguridad con Equidad”, siendo éstos un acuerdo político e interinstitucional entre diferentes actores que incluye a la sociedad civil, iniciativa privada, instituciones gubernamentales, comisiones, municipalidades y población en general de los municipios, quienes se comprometen a desarrollar acciones de prevención y atención de la violencia, especialmente contra las mujeres. Se inició con un proyecto piloto, logrando la firma de 24 pactos, en igual número de municipios.
SEPREM continuó trabajando con todos los actores que participan en la firma de un pacto municipal con equidad, y en el año 2014, se firmaron 25 pactos municipales de Seguridad con Equidad, acumulando en el periodo 2012 a 2014 un total de 49 pactos firmados y 88 en gestión, en coordinación con las OMMs a nivel nacional.
Por la importancia que las OMM desempeñan en el ámbito rural, la SEPREM asesoró y dio acompañamiento a 251 OMM en la elaboración de 37 planes estratégicos, 11 acuerdos de comadronas, 9 agendas municipales, 40 diagnósticos municipales, 210 planes operativos anuales, 56 manuales de funciones, 94 perfiles de proyectos, 46 políticas municipales, 46 proyectos, 31 reglamentos y 100 seguimientos a POAs.
La SEGEPLAN formuló una estrategia de información sobre derechos de las mujeres, desarrollando el concepto de “Discriminación contra la mujer”, difundida en cápsulas informativas.
El MAGA implementa la Política Institucional para la Igualdad de Género y Marco Estratégico 2013-2018 y sostiene alianza estratégica con el Comité Institucional Bilateral MAGA-Mujeres Rurales.
La SEPREM como mecanismo nacional, ha enfocado esfuerzos en su fortalecimiento y en el de las Unidades de Género de las distintas instituciones, que a su vez se constituyen en los mecanismos de género en el ámbito institucional.
Es a través de estas unidades conjuntamente con el equipo impulsor, que la SEPREM asesora técnica y metodológicamente, la institucionalización de la perspectiva de género, para implementar la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023. Además, informa sobre el uso de la herramienta del Clasificador Temático de Género, para que se visibilice la asignación presupuestaria a mujeres en los programas, proyectos y acciones institucionales.
La SEPREM durante el período 2012 – 2014, asesoró la implementación de la PNPDIM en 291 entidades gubernamentales, que incluyen a las OMM e informó sobre las áreas de intervención de esta política a 642 organizaciones de mujeres, quienes canalizan su demanda de servicios ante las instituciones gubernamentales.
Referida a la asignación presupuestaria del Estado para la SEPREM, se informa que los recursos provienen de fuente nacional y donaciones externas. La asignación presupuestaria de fuente nacional, se ha incrementado paulatinamente; sólo en el presupuesto 2012 hubo una leve disminución, en razón a la normativa interna relacionada con el porcentaje de ejecución de la administración anterior. En 2013 y 2014, se incrementa el presupuesto de la fuente nacional. Los fondos externos regulados presentaron una disminución constante y sustantiva; para el año 2014, se consigna 0.0 % de fondos de cooperación externa. (Ver anexo 1. Artículos 1,2,3, tabla No. 2).
En el periodo comprendido del año 2012-2014, la SEPREM contó con el apoyo de 4 agencias internacionales, (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-, Embajada de Suecia, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Guatemala USAID, Fondo de Población de Naciones Unidas – UNFPA-, quienes facilitaron asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento institucional e incidencia a nivel territorial. (Ver anexo 1, Artículos 1, 2, 3, tabla No 3.)
En referencia a la recomendación al Estado de Guatemala por el Comité de Evaluación sobre el fortalecimiento de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, el OJ informó que en el período 2009-2014 creó juzgados de primera instancia y tribunales de sentencia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en 11 departamentos del país. Se han creado 26 tribunales especializados de femicidio.
Así mismo, crea el Centro de Justicia de delitos de femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, en complemento a la creación de los juzgados y tribunales arriba indicados, el O.J. estimó necesario brindar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia, por su condición de mujer, por ello adecuó la infraestructura para evitar la revictimización y el contacto directo con su agresor. También se acondicionaron los órganos jurisdiccionales para realizar audiencias bajo el modelo de la oralidad y la posibilidad de realizar video conferencias para evitar el contacto directo entre las personas agresoras y las agredidas.
En el Centro de Justicia funcionan dos juzgados, dos tribunales de sentencia penal y una sala de Corte de Apelaciones de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Además, se cuenta con una Unidad de Atención Integral que brinda a la víctima el soporte adecuado y gestiona con diversas instituciones |requerimientos médicos, psicológicos, o según requiera cada caso. Los espacios se han diseñado para que la víctima y el victimario ingresen a la sala de audiencias por rutas distintas para no verse confrontados antes o después de ser escuchados por un Juez o Jueza. Además, se cuenta con una Cámara de Gesell. El área de construcción del centro abarca 3,952 metros cuadrados.
La Unidad de control, seguimiento y evaluación de los Órganos Especializados en Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer del OJ, cuenta con 68 jueces y juezas que conocen delitos contenidos en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, representando un 41% del total de jueces y magistrados especializados en esta materia, en el país. (Ver anexo 1, Artículos 1, 2, 3, tabla 4 y gráficas de la 1 a la 8).
Se creó la Secretaría de la Mujer y Análisis de Género del O.J., por medio de Acuerdo 69/2012 de Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de definir e implementar la Política Institucional de Equidad de Género y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres del OJ, así como el monitoreo de su cumplimiento.
El OJ, cuenta con el Centro de Interpretación y Traducción Indígena, a partir de 2013, para facilitar el acceso a la justicia en su propio idioma; específicamente a mujeres y niñez indígena.
Además cuenta con la Red de Intérpretes y Traductores Jurídicos con cobertura nacional en los 22 idiomas mayas.
Por su parte, el MP cuenta con 17 Fiscalías de la Mujer a nivel nacional, de las cuales 14 funcionan con el Modelo de Atención Integral, el cual dependiendo del caso y de la víctima, proporciona el servicio requerido: crisis, primeros auxilios, administración del Kit de Emergencia para delitos sexuales, que incluye antirretrovirales y anticoncepción en casos de violación sexual, atención psicológica y trabajo social.
Sobre la divulgación de las observaciones finales, el Estado de Guatemala a través de la COPREDEH, en el 2010 crea el “Sistema Nacional de Seguimiento a las Recomendaciones emitidas al Estado de Guatemala por los Órganos de Supervisión del Sistema de Naciones Unidas”.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue ratificada según Decreto No. 59-2008 y entró en vigor en abril de 2009.
A pesar de los avances en el marco legislativo a favor de las mujeres, es preciso reconocer que está pendiente divulgar masivamente el mismo, a fin de que las mujeres se empoderen y tengan fundamentos para exigir el cumplimiento de los mismos, paralelo a ello es preciso fortalecer financieramente el sistema de justicia para la ampliación de la cobertura geográfica especializada y atender la demanda de las mujeres para la aplicación de las leyes en el ámbito nacional.
En relación al cumplimiento de los compromisos internacionales, es necesario ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, por parte del Congreso de la república
Artículo 4. Medidas especiales de carácter temporal, orientadas a la igualdad entre mujeres y hombres.
Una medida política de carácter temporal a favor de la mujer al más alto nivel del Ejecutivo, fue la creación del GEM para definir en las estructuras institucionales, el compromiso de los niveles político y financiero la institucionalización de la perspectiva de género y étnica, con la asesoría técnica y metodológica de la SEPREM.
Otra de las acciones afirmativas, impulsadas por la SEPREM, lo constituye el Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género, el cual se institucionaliza a través del Decreto 13-2013 que reformó el Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, adiciona el Artículo 17 Quáter. Ejecución Presupuestaria del Clasificador Temático. El MINFIN, a través de la DTP debe incluir en el SICOIN, los clasificadores temáticos: de género, pueblos indígenas, seguridad y justicia, educación, reducción de la desnutrición, recursos hídricos y saneamiento, niñez y juventud y los demás que establezca el reglamento de la ley. Los responsables de la ejecución presupuestaria de los sujetos obligados a las disposiciones de la ley, deberán reportar las categorías presupuestarias indicadas en el párrafo anterior al Ministerio de Finanzas Públicas, quien a través de la DTP, presentará al Congreso de la República informes cuatrimestrales de ejecución de los recursos asignados y orientados a dichas categorías presupuestarias. El AG. No. 540-2013 contiene el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
La SEPREM de conformidad con su mandato, asesora y capacita a las áreas de planificación y de Presupuestos Públicos, en el uso del Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género, durante la formulación del Plan Operativo Anual Institucional.
La SEPREM, tiene convenios establecidos con el INE a partir del 2008 con el objetivo de impulsar la incorporación por medio del SEN,de las variables que visualicen la situación, condición y posición de las mujeres en la producción de estadística oficial que produce el INE, lo cual permite a ambas instituciones generar diversos productos y/o servicios de conformidad a su mandato institucional”.
Producto de este convenio, se crea la OCTEGP con el apoyo de SEPREM, INE y UNFPA, dicha oficina cuenta con un Consejo Coordinador integrado por SEPREM, DEMI, CODISRA y SEGEPLAN, su objetivo es “Coordinar a las unidades que generan y/o analizan estadísticas de las instituciones que integran el SEN”.
Como una acción afirmativa en este marco se cuenta con la publicación “Indicadores de Género en 2013”, como referencia para los objetivos de la PNPDIM, a éstos indicadores se les agregaron variables, especialmente sobre violencia y empleo.
Se está desarrollando la teoría del Sistema Nacional de Información de Violencia contra la Mujer, coordinado por el INE, dentro del SEN.
El INE desarrolló y en coordinación con SEPREM se analizaron los indicadores de género, los cuales se publicaron oficialmente en el año 2013, “Guatemala: Indicadores de Género”, los cuales se actualizan, con las fuentes de información disponibles que genera el INE , dentro del SEN. En 2014 el INE elaboró los perfiles de género y pueblos, los cuales fueron revisados por SEPREM.
La asesoría técnica que SEPREM, ha brindado para medir el trabajo no remunerado de los hogares a través de la solicitud presentada ante la CEPAL, permitió concretar: i) la elaboración de la Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado de los Hogares en Guatemala 2011 y 2014; y ii) Módulo del uso del tiempo en una Encuesta de Empleo e Ingresos.
El Estado de Guatemala como medidas temporales a través del MINEDUC, desarrolló programas de capacitación para fomentar las oportunidades de enseñanza extra escolar a niñas y mujeres con la disponibilidad de formación profesional.
La DIGEBI implementa el Programa de Educación Primaria para Niñas y Niños con sobre edad. Del 2009 al 2013 atendió de un total de 316,068 personas de las cuales 179,773 fueron mujeres.
El Decreto No. 9-2009, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en el Título IV aborda “Las penas relativas a los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas” a partir del artículo 20 al 57, introduce modificaciones y derogatorias al marco jurídico relacionado con este tema, incluyendo al Código Civil, Código Penal y leyes conexas, las cuales fueron aprobadas por el Congreso. La mayoría de ellas incrementan las penas y modificaron los tipos de delitos sexuales, muchos de los cuales eran considerados faltas antes de la tipificación de esta ley.
Hace falta el fortalecimiento técnico financiero del INE para la realización del censo nacional de población con enfoque de género y pueblos y otras acciones en la generación de estadísticas oficiales. Asimismo, la generación de indicadores de forma sistemática y confiable para monitorear el avance o retroceso de la situación, condición y posición de las mujeres.
Artículo 5. Cambio de patrones socio – culturales y comprensión adecuada de la maternidad en la familia.
En el marco de la igualdad de género para modificar los patrones tradicionales en la sociedad guatemalteca, el MINECO implementó: i) El Proyecto “Mujeres Emprendedoras Rurales”, facilitando la inserción de las mujeres al desarrollo económico de Guatemala. Este programa busca crear capacidades de gestión empresarial que permita a las mujeres eliminar las brechas que tradicionalmente las excluyen de las oportunidades para acceder a nuevos mercados, servicios financieros, asistencia técnica, capacitación y con ello mejoren su desarrollo económico y social. ii) Implementación de procesos de capacitación en Desarrollo, asistencia técnica y gestión empresarial para fortalecer la productividad y competitividad de las mujeres emprendedoras y empresarias del sector MIPYME a través de diversas modalidades de capacitación y formación, con una metodología participativa, como guía para incorporar la equidad de género en cada uno de los temas desarrollados. En los últimos 6 años han participado 22,822 mujeres, quienes participan en condiciones de igualdad en el acceso a los Servicios de Desarrollo Empresarial.
El Gabinete Económico, convocado por la vicepresidencia, en respuesta a la función que le atribuye la Constitución Política en el artículo 191, literal G, de coordinar la labor de los ministros de Estado para definir las políticas económicas del país y tomar las decisiones de conformidad a las recomendaciones de la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y el mismo Ministerio de Economía, aprobó la Estrategia de Empleo Formal enfocada a adolescentes, jóvenes y mujeres.
El MSPAS prioriza el acceso de todas las mujeres a servicios de salud, los cuales se brindan con calidad, calidez y pertinencia cultural, tomando en cuenta la diversidad étnica, etaria y ubicación geográfica para la resolución de su embarazo, para lo cual elaboró el Plan de Acción para la Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal y Mejoramiento de la Salud Reproductiva 2010-2015, que incluye dentro de sus estrategias: i. Fortalecer las competencias y actualizar el recurso humano en el cumplimiento de las prácticas de medicina basada en la evidencia en temas de atención materna y neonatal en los niveles de atención; ii. Garantizar y monitorear el cumplimiento de las prácticas de medicina basada en la evidencia con enfoque de género e interculturalidad, aplicando la normativa nacional; iii. Fortalecer la logística de abastecimiento de equipo, medicamentos, materiales e insumos para atención en los tres primeros niveles de atención, con enfoque de género e interculturalidad; iv. Promover el acceso a los métodos de planificación familiar; v. Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia; vi. Fortalecer la Red de Paternidad y Maternidad Responsable mediante el Programa Nacional de Salud Reproductiva, que tiene como objetivo promover: a) Derechos Sexuales y Reproductivos, b) Paternidad y maternidad responsable y c) Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de género. Por medio de formación, capacitación, sensibilización, talleres, diplomados, conferencias, foros, asambleas comunitarias, caminatas, ferias de la salud entre otros.
La formulación de la Política Nacional de Comadronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala, inicia a partir del 2009 en el marco de la Ley para la Maternidad Saludable, Decreto Número 32-2010. Esta política está orientada a reconocer las prácticas y contribuciones a la población, principalmente a la maternidad saludable. En este contexto, y para respetar el acompañamiento que brindan las comadronas a sus pacientes, se ha reconocido la atención del parto natural vertical, regulado en un protocolo de salud; uso de bebidas medicinales antes, durante y después del parto; el ministerio capacitó a 23,321 comadronas de 29 áreas de salud. Dicha política fue aprobada en el 2015.
La “Ventana de los 1,000 días”, se promueve e implementa en el 2012, la cual fue incluida en el Plan del Pacto Hambre Cero, cuyo grupo objetivo son niños y niñas menores de 2 años, las mujeres embarazadas, madres lactantes y mujeres en edad fértil. El objetivo de este programa es trabajar con los 1,000 días de oportunidad de desarrollo físico y mental, iniciando desde la concepción hasta que el niño o niña tenga 2 años de edad.
El MINEDUC en 2012, en el marco de la Estrategia de Prevención de la Violencia y Construcción de Ciudadanía, diseñó e implementó el “Modelo de Prevención de la Violencia y Convivencia, en Armonía en el Aula y Centro Educativo.” Para la definición de dicho modelo se contó con representantes de las direcciones generales, instituciones y organizaciones aliadas, quienes aportaron aspectos conceptuales y metodológicos de la propuesta. Este modelo se socializó y se analizaron los aspectos: a) Definición de las tipologías de violencia y marco legal que las sustenta y b) Rutas de atención de los casos de violencia. Participaron 1,483 profesionales de DIDEDUC.
En el marco de la línea estratégica “Acompañar a los maestros y profesores en la implementación del CNB”, en 2014 se inició el proyecto piloto Modelo de Institucionalización de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia en Centros Educativos. Dentro de los logros y avances alcanzados con el CNB, puede indicarse la socialización, oficialización y publicación para el ciclo básico del nivel medio. El CNB cuenta con competencias que dan continuidad a la formación ciudadana en la primaria y a la eliminación de estereotipos en el área de ciencias sociales y formación ciudadana. La mayoría de los ejes del currículo están orientados a hacer más vivencial la equidad en la educación.
El CNB para todos los niveles educativos, está basado en un fuerte enfoque y manejo de derechos humanos, lo cual puede apreciarse desde los enunciados de sus 15 competencias marco, hasta los enunciados de las competencias por área y sub- área curricular.
Las políticas del currículo actual están dirigidas a mejorar la equidad que incluyen los principios. i) Equidad, ii) Pertinencia, iii) Sostenibilidad, iv) Participación y compromiso social, v) Pluralismo. Sus características. i) Flexible, ii) Perfectible, iii) Participativo, iv) Integral; y sus niveles de concreción: nacional, regional y local.
El MINEDUC distribuyó cuadernos “Hagamos un viaje por el mundo de mis derechos”, ejemplares de “Fortaleciendo el liderazgo de las niñas mayas, xinkas, garífunas y ladinas” en los 4 idiomas mayas mayoritarios; guías sobre el liderazgo de las niñas indígenas y del área rural. Así mismo entregó textos denominados “Si aprendemos conjuntamente y en las mismas condiciones tendremos mejor vida” en los idiomas mam y kˈicheˈ.
Se imprimieron los textos anteriormente citados, durante el 2014, para conocimiento de padres y madres de familia con el objetivo de fortalecer la participación de los mismos, en los procesos de formación académica de las niñas, y motivar a las estudiantes a empoderarse de sus derechos, distribuidos en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango y Alta Verapaz.
Se coordinó con el CONALFA, la elaboración de la Cartilla “Vivamos mejor”, para la fase inicial de alfabetización.
Se validó la cartilla “Nuestra Vida”, en el 2011, en español, como fase inicial y posteriormente en cuatro idiomas mayas con el propósito de promover conjuntamente con la alfabetización, tuvo cobertura en 24 municipios; 66 grupos organizados y 1,309 jóvenes y adultas.
A pesar que existen textos y material educativo en cuatro idiomas mayas, aún es insuficiente, en razón que no están traducidos a los otros idiomas nacionales. En el sistema de Salud Nacional, hace falta incorporar y adoptar prácticas comunitarias de los diversos pueblos, relacionados con la maternidad saludable, considerando que ésta es prioridad nacional.
Artículo 6. Trata y Explotación Sexual de las Mujeres.
El Estado de Guatemala emitió el Decreto 9-2009, “Ley contra la Violencia Sexual, Tráfico y Trata de Personas”, Ley VET cuyo objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la atención y protección de sus víctimas así como resarcir los daños y perjuicios ocasionados.
Esta Ley en el Título IV dice: “De las penas relativas a los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas” introduce al Código Penal (Decreto No. 17-73), adiciones y modificaciones, a los artículos 51, 107, 108, 150 bis, 156; se reforma el Art. 151, relativo a contagio de enfermedades de trasmisión sexual; se reforma el Art. 173, donde se tipifica la violación agravando la pena, siempre cuando la víctima sea una persona menor de catorce años o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica.
En cumplimiento a la Ley VET, en el 2012 se implementó la ruta de atención a niñas y adolescentes embarazadas, con la participación de SVET MIDES MSPAS Y OSAR. En seguimiento a la Carta de Entendimiento, se reprodujo en formato de afiche la Ruta, antes indicada.
Derivado de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala, relacionados con instrumentos internacionales por medio de la SVET y en coordinación con el INGUAT, las gremiales de la industria de turismo tales como CAMTUR, FUNGUAT, Buró de Convenciones de Guatemala, APEHGUA y cooperantes internacionales como ECPAT Guatemala y UNICEF Guatemala, se formuló un Plan Nacional para la Prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes en contra de la explotación sexual en el sector de viajes y turismo.
Como resultado del Plan, se estableció la “Mesa Nacional para la Prevención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra la Explotación Sexual en las Actividades Relacionadas con Viajes y Turismo”, cuyo objetivo es crear una Política, los instrumentos necesarios para implementarla, impulsar la adhesión al Código de Conducta por parte de personas individuales y jurídicas relacionadas con viajes y turismo, impulsar campañas de sensibilización a nivel nacional.
Se cuenta con un marco normativo: i) la Política Pública contra la Trata de Personas y Protección Integral a Víctimas 2014-2024; ii) Plan Nacional contra la explotación sexual, comercial de niñas, niños y adolescentes en Guatemala iii) Protocolo de coordinación interinstitucional para la protección y atención a víctimas, instrumento marco que orienta el actuar de todas las instituciones en materia de atención y protección a víctimas de los delitos de violencia sexual y trata de personas, iv) Protocolo de Coordinación Interinstitucional, para la Repatriación de Víctimas de Trata de Personas. v) Protocolo de actuación interinstitucional para la respuesta inmediata frente a casos de explotación sexual contra niñez y adolescencia en los viajes de turismo.
En razón de la falta de centros específicos para albergar mujeres víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas se diseñó, implementó, coordinó y dio seguimiento a “Programas de Albergues Temporales Especializados” encaminados a brindar atención integral a las víctimas de violencia y delitos sexuales. Se cuenta con 3 albergues específicos para atender violencia sexual y trata de personas los cuales son administrados por la SVET.
En ese marco se establecieron 23 Redes Departamentales contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, implementadas en 11 departamentos, para el diseño de lineamientos, procesos, contenidos y actividades para la prevención, sensibilización y combate a la violencia sexual, explotación y trata de personas.
La CONRED implementó el Protocolo de Protección a personas menores de edad para evitar la violencia sexual y trata de personas durante las emergencias y catástrofes naturales.
Se cuenta con un Programa Nacional de sensibilización y capacitación en prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas, el cual se implementó en coordinación con diversas instituciones, a nivel nacional, beneficiándose a 568 establecimientos educativos, con una cobertura de 121,623 alumnos, 1,628 maestros y supervisores educativos, 51 hospitales, capacitando a 5,868 médicos, auxiliares, técnicos y administrativos.
Dentro del Plan de Sensibilización se realizaron las siguientes acciones: i) Mediación de la Ley VET, en dos versiones, la primera dirigida a público escolarizado y la segunda a público no escolarizado, ii) Implementación de la campaña “No Permito” y iii) Edición del video educativo “Con los ojos abiertos”, sensibilizando a más de 2,000 personas, iv) Elaboración de material didáctico diseñado y reproducido específicamente, denominado “No me Dejo Engañar”.
El MINEDUC incorporó el contenido de trata de personas en el pensum de estudios y en los programas oficiales de la educación nacional, en el 2014, capacitando a 5,350 docentes a través de los módulos “Aprender a vivir”, coordinación realizada con SVET, UNFPA YUNESCO.
Se implementaron 20 clínicas especializadas para la atención a víctimas de violencia sexual al finalizar el año 2013, en 16 departamentos a nivel nacional, en el Hospital Roosevelt (2), Hospital San Juan de Dios (3) y en los Hospitales Regionales de Escuintla, Cuilapa, Cobán, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, Zacapa, El Quiché, El Petén, Jalapa, Salamá, Sololá, San Marcos, Sacatepéquez e Izabal.
Por su parte la SBS, realizó 20 talleres de formación y prevención en temas de educación sexual a niños, niñas y adolescentes, también se brindó terapias especializadas a sobrevivientes de abuso sexual; formación y preparación sobre trata de personas a un grupo de adolescentes embarazadas.
El MP según Acuerdo No. 01-2012, creó la fiscalía de Sección Contra la Trata de Personas, ese mismo año la Fiscal General y Jefa del MP emitió el Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía de Sección Contra la Trata de Personas, el cual establece que la Fiscalía cuenta con cuatro unidades: i) Contra la Venta de Personas y Adopciones Irregulares, ii) Contra la Explotación Sexual, iii) Contra la Explotación Laboral y otras modalidades de Trata de Personas y iv) Atención Integral.
La Vicepresidencia de la República, el OJ, MINGOB y UNICEF firmaron una Carta de Entendimiento para el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas, con el propósito de aumentar las capacidades técnicas de las unidades de cada institución para realizar acciones en materia de combate a la criminalidad de trata de personas.
Existe una carta de entendimiento entre el MP, CICIG y UNICEF para realizar un Informe Situacional de Trata de Personas en Guatemala en la modalidad de Explotación Sexual, con la finalidad de intercambio de información, seguimiento a casos concretos y capacitación.
El MP, a través de UNICAP, desarrolló 126 eventos de capacitación dirigidos a 3,154 funcionarios de dicho ministerio, abordando específicamente: victimología, derechos humanos, violencia contra la mujer, maltrato, protocolo de atención a víctimas. Estas acciones constituyen procesos permanentes de formación y capacitación del personal.
El OJ cuenta con órganos jurisdiccionales de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer: 13 juzgados de Primera Instancia Penal, de los cuales 6 conocen los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas. También fueron creados 12 tribunales de sentencia penal de los cuales 5 conocen los delitos de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas. Además los órganos jurisdiccionales en delitos de femicidio cuentan con un Sistema de Atención Integral a la Víctima que tiene como objetivo brindar atención personalizada a las víctimas. En el 2012, se contabilizan un total de 2,338 víctimas por el delito de violencia sexual explotación y trata de personas. (Ver anexo 1, Arts. 1, 2, 3, gráficas de la 1 a la 8 y ver anexo 2 Art. 6, tabla 5).
A pesar de los avances estatales, se necesitan acciones tendientes a prevenir la violencia sexual y trata de personas, desde el ámbito regional, razón por la cual hace falta fortalecer las acciones regionales en el marco del SICA, para abordar éstos y otros temas que obstaculizan el desarrollo integral de las mujeres con énfasis en las áreas fronterizas del país. Asimismo, incluir en el pénsum de las carreras universitarias y técnicas, temas relacionados a delitos de violencia en general, violencia sexual y trata de personas. .
Artículo 7. Medidas apropiadas para eliminar la discriminación en la vida política y pública del país.
El Tribunal Supremo Electoral -TSE- según Acuerdo 154-2010, aprobó la ejecución del Proyecto “Promoción para elevar la participación de las Mujeres en el Ejercicio de la Ciudadanía”, desarrollando diversos talleres para informar a las mujeres sobre deberes y derechos ciudadanos, las cuales reprodujeron la información recibida a nivel de sus comunidades.
Se suscribió el convenio con el Proyecto Gobernabilidad Local -AID-USAID- y TSE, cuyo resultados se reflejan en el padrón electoral de las elecciones generales del 2011, cerrando con 7, 340,841 inscritos y aptos para votar, de los cuales 3,736,169 eran mujeres, representando el 51% del padrón electoral. Teniendo un incremento del 4% comparado con el de las elecciones del 2007. Derivado de este convenio se llevó a cabo el Proyecto denominado “Red Multiplicadora para la Incidencia y Participación Cívica, Política y Electoral de las Mujeres en el Ejercicio de su Ciudadanía.”, de sus resultados se puede mencionar: i. Creación de una Red de mujeres en cada uno de los departamentos y sus municipios; ii. Conformación de dicha Red con 63 lideresas coordinadoras en los departamentos del corredor seco; y iii. Participación de 1,586 mujeres informadas y capacitadas que aglutinaron las coordinadoras de la Red Multiplicadora.
El TSE, creó el Departamento de Promoción Política de la Mujer en el año 2013 (Acuerdo No. 38-2013), con la finalidad de generar programas de educación cívica política y electoral dirigidos a la ciudadanía de las mujeres. En ese marco se realizaron talleres a organizaciones de mujeres, a establecimientos educativos; se ejecutó el Diplomado en género y equidad con enfoque de inclusión de las organizaciones políticas, dirigido a la interno y externo de la institución con respaldo de la Escuela de Ciencia Política de la USAC.
Cabe mencionar que en el mismo año, el TSE firmó Carta de Entendimiento con la Organización de Mujeres Junajil, para la implementación de talleres de capacitación en la Escuela de Liderazgo Juvenil, en el departamento de Izabal.
En cuanto a ocupar cargos de decisión, las cifras revelan escasa participación de las mujeres en todos los espacios en el período 2009-2012. Hasta 2012 se observó la presencia de mujeres; en 14 ministerios se dio equidad 50% hombres y 50% mujeres, en el caso de 42 vice ministerios únicamente 12 mujeres sustentaron dicho cargo y en las secretarías, 3 mujeres ocupan dichos cargos en relación a 17 hombres que ocupan los mismos.
El MP ha tomado medidas en contra de la discriminación por sexo dentro de la misma institución, al evidenciar la contratación como empleadas y funcionarias de la institución a 11,285 mujeres durante el período 2008-2014, ocupando cargos que van desde el nivel más alto, que es la Fiscal General hasta puestos técnicos. Se han desarrollado proceso de capacitación sobre las implicaciones del principio de igualdad y respeto a las víctimas. (Ver anexo 3, Artículo 7, gráfica No. 9).
La CSJ período 2014-2019, está integrada por 13 magistrados, de los cuales, 5 son Magistradas y 8 Magistrados, electos por el Congreso de la República.
Los eventos electorales se caracterizan por la prevalencia de la postulación masculina, para los cargos de elección popular y por lo tanto, la elección favorece a los hombres. En 2011, una mujer asumió el cargo de Vicepresidente de la República de Guatemala.
En otros espacios de la sociedad en 2013, las mujeres se encontraban en: 1 en la Junta Directiva de Cámara de Comercio; 1 en la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala en Consejo Consultivo; 1 en la Cámara de Comercio Guatemalteca Americana; 2 en la Junta Directiva del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Administradores de Empresas; 1 en la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros; 2 en la Coordinadora de ONG´s y Cooperativas de Guatemala; la Comisión Política y Técnica de la Mujer, Niñez y Adolescencia estuvo integrada en su mayoría por mujeres.
Pese a las acciones realizadas y medidas tomadas, para que mujeres guatemaltecas capacitadas ocupen puestos de decisión tanto en el servicio diplomático como ante la comunidad internacional, es débil y poco visible haciéndose necesario incrementar de forma equitativa la incorporación de las mujeres en la carrera diplomática, para ello es preciso fortalecer al MINEX para que su política exterior visibilice concretamente la perspectiva de género y multiculturalidad.
Artículo 8. Medidas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres para representar al gobierno en el plano internacional.
Sobre la representación en el plano internacional, el Estado ha implementado la Política Exterior de Guatemala, 2012-2016 iniciando acciones para incorporar el enfoque de género y multi y pluricultural que caracteriza al país. Actualmente se tiene 38 representaciones en Embajadas en otros países, de las cuales para el 2014 estaban nombradas 6 mujeres.
Incrementar de forma equitativa la incorporación de las mujeres al servicio diplomático y fortalecer en el MINEX que la política exterior con perspectiva de género y multiculturalidad.
Artículo 9. Derechos igualitarios en origen, cambio y adquisición de nacionalidad.
El derecho y protección de la nacionalidad se encuentra en el Título III, Capítulo II, de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 339 establece que: “A ningún guatemalteco de origen, puede privársele de su nacionalidad”.
El Estado de Guatemala tomando en cuenta que la nacionalidad es un principio de la jurisdicción interna, que igualmente debe cumplir con sus obligaciones frente a otros Estados, así como, los compromisos adquiridos a través de los instrumentos internacionales de carácter universal y regional, ha normado los procedimientos para optar a la nacionalidad guatemalteca, ya sea en condiciones de residentes o apátridas viviendo en Guatemala, dentro de la Ley de Nacionalidad Decreto 1613.
La Ley de Nacionalidad, Decreto 1613 en el artículo 45, asegura a la guatemalteca casada con extranjero la conservación de su nacionalidad, salvo que adopte la de su esposo. También la conserva si adquiere la nacionalidad de éste por el sólo efecto de la legislación extranjera. La adopción se presumirá si la mujer usare pasaporte correspondiente a la nacionalidad de su esposo, ya sea conjunta o separadamente. Esta presunción no admite prueba en contrario, pero cesará si el pasaporte fuere usado exclusivamente para viajar al país de aquél. Esto significa para la mujer, la oportunidad de obtener una doble nacionalidad y aplicarla de acuerdo a sus intereses.
En el artículo 79 de la ley citada, se establece que a las hijas e hijos de guatemaltecos nacidos fuera del territorio nacional, aunque no estuviere determinada en ellos la nacionalidad guatemalteca, se extenderá licencia para ingresar a Guatemala o se incluirá en el pasaporte de sus padres. Si una mujer extranjera se casa con guatemalteco fuera de la República, y por ello perdiere su nacionalidad, se le extenderá dicha licencia a cuyo efecto bastará su declaración en tal sentido.
Artículo 10. Medidas para alcanzar la igualdad con el hombre en la esfera de la educación.
El MINEDUC cuenta con ocho políticas educativas; cinco generales que atienden las dimensiones fundamentales de la reforma educativa en las aulas, y 3 transversales orientadas al apoyo integral de este esfuerzo, incluyendo mecanismos para asistir a las familias en condiciones de pobreza y atender a las niñas y los niños, con programas de nutrición, que les ayude a desarrollar capacidades de rendimiento y permanencia en las aulas.
En cuanto a las medidas adoptadas para garantizar la enseñanza gratuita, se aprobó el AG No. 226-2008 y el AM No. 381-2010, que prohíben a los centros educativos públicos de los niveles de preprimaria, primaria y media, el cobro y venta de uniformes, libros de texto y materiales diversos; para el efecto en todas las Direcciones Departamentales se creó el puesto de Delegado Departamental de Gratuidad, responsable de atender denuncias y realizar la devolución de cobros no autorizados.
El MINEDUC reporta un nivel de deserción a nivel nacional del 2011 al 2013, entre el 5% y 6%. Los niveles de deserción para niñas en los niveles educativos básico en establecimientos oficiales (atendidos por el Estado) de 2011 (7.47%) se redujo para el 2013 a (6.97%). Mientras que para el nivel diversificado se reporta la disminución del (5.05%) del año 2011 a (3.41%) durante el 2013. (Ver anexo 4, Artículo 10, tabla 6).
El MINEDUC implementa 13 programas para reducir la tasa de deserción, en la educación secundaria y entre las niñas, siendo los siguientes: a) Alimentación Escolar; b) Útiles Escolares; c) Gratuidad; d) Becas para Pago de Alimentos; e) Bolsas de Estudio; f) Becas a la Excelencia g) Transferencias Monetarias Condicionadas; h) Subsidio al Transporte Escolar; i) Becas a estudiantes con discapacidad; j) Contrataciones de docentes, k) Dotación de materiales y recursos de apoyo. l) Procesos de sensibilización y socialización con actores de la comunidad educativa.
Durante el período 2009-2014, MINEDUC entregó 81,381 Bolsas de Estudios y 10,553 Becas de alimentos a estudiantes de ambos sexos del nivel básico y diversificado a nivel nacional.
Se desarrolló en el 2010 la modalidad de Telesecundaria, educación formal que corresponde al ciclo básico, dirigida a la juventud que vive en comunidades rurales e indígenas, se atendió a 92,770 estudiantes de los 22 departamentos del país. Así mismo, los Programas de Educación de Adultos por Correspondencia y Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo, orientados a la formación académica y técnica para la planificación de carrera profesional. También, los Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana, Programa de Primaria Acelerada y programas radiales; programas no convencionales que permiten el acceso a los servicios educativos en poblaciones del área rural y sobre edad.
Dentro del Programa de Formación Docente, en el 2012 se presentó la “Estrategia para una Educación de Calidad para la Niñez y Juventud Guatemalteca”, que declaró como prioridad nacional la cobertura en preprimaria en todo el territorio del país.
Para la construcción y ejercicio pleno de la ciudadanía en el proceso educativo en 2013, se incluyó en el Currículum Nacional Base -CNB- el documento técnico que contiene ejes básicos de la equidad, DDHH, género y etnia; y la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia, vigente desde 2010, que fortalece la promoción del marco de los DDHH y la ejecución de los ejes transversales establecidos en el CNB, sumado a la institucionalización de la PNPDIM que coincide con el Marco Estratégico de Educación 2012-2016.
Con la finalidad de adecuar el CNB a las características y necesidades de niñas, adolescentes y mujeres de los diferentes pueblos, se elaboraron los documentos: “Concreción Curricular por Pueblos”, para los pueblos xinca y garífuna para el nivel primario; y para los pueblos ladinos y maya para los niveles de primaria y ciclo básico.
Para fortalecer la implementación del CNB en el aula y facilitar el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas para la lectura, la escritura, la comunicación, el análisis y los valores que desarrollan los niñas y niños de 4 a 6 años del Nivel de preprimaria, fueron entregados 2,773,554 de cuadernos de trabajo durante los años 2012-2014 a un total de 1,386,777 estudiantes. Igualmente se entregaron 9,996,892 textos a 3,525,362 estudiantes del nivel primaria, distribuidos a nivel nacional, con lenguaje sencillo, claro e incluyente. (Ver anexo 4, Artículo 10, tabla 7).
El “Programa Saquilaj’Bé”, se lanzó en el año 2014, en el mismo se ofrecen servicios educativos de primaria completa, como una estrategia de prevención de embarazo temprano y oportunidad para un desarrollo integral. También se entregó a docentes del nivel primario, el manual: “Mis derechos son importantes” y materiales didácticos relacionados con el trabajo infantil, derechos de la niñez y juventud.
El MINEDUC en coordinación con la USAC implementa el PAPED/D con cobertura en 21 departamentos, que es un programa de formación universitaria para el personal docente en servicio, con el propósito de elevar el nivel académico y mejorar su desempeño laboral, en los diferentes niveles y modalidades educativas; el programa busca fortalecer en los niveles preprimaria y primaria, las competencias profesionales que se requieren para ofrecer una educación de calidad en el aula y mejorar los aprendizajes de niñas y niños. A octubre de 2014 culminaron su proceso de profesionalización 421 docentes del nivel preprimaria bilingüe intercultural y 1,823 docentes del nivel primario bilingüe intercultural. 8,475 docentes se encuentran en proceso de profesionalización.
El Programa de Equidad Educativa del MINEDUC imprimió y distribuyó 1,044 guías sobre el liderazgo de las niñas indígenas y del área rural, con enfoque de equidad de género desde la cultura maya, para docentes de primero a sexto primaria de 3 escuelas por cada uno de los 58 municipios priorizados por el programa equidad educativa.
El Programa de Becas para Estudiantes con Discapacidad en Escuelas Públicas, busca que éstos tengan acceso al sistema educativo nacional, permanezcan y logren egresar de los diferentes niveles educativos, a través de un aporte económico anual (de mil quetzales) con el que puedan sufragar gastos relacionados a su discapacidad y que se encaminen a fortalecer su proceso educativo. (Ver Anexo 8, Artículo 10, Tabla 9).
En cuanto al nivel de educación superior, de acuerdo a los datos de la USAC, durante el período 2005-2012 del total de las personas graduadas, el 57% son mujeres y el 43% son hombres. Las mujeres escogen mayoritariamente carreras con orientación social y pedagógica, mientras que los hombres carreras de las ciencias exactas. (Ver anexo 4, Artículo 10, gráfica 10).
El Comité Nacional de Alfabetización -CONALFA-, ente ejecutor del proceso de alfabetización de la población mayor de 15 años de edad, que no ha tenido oportunidades de estudio, en el contenido curricular ha incluido temas de Seguridad Alimentaria, Paz, Seguridad, Justicia, Equidad de Género, Fortalecimiento Cultural y Prevención de Desastres dentro de sus programas de alfabetización.
En el 2009, CONALFA realizó el plan piloto denominado “Yo, Sí Puedo”; que para el 2010 lo implementó en los 22 departamentos de país, al cierre del 2013 se beneficiaron 60,389 personas, de las cuales el 76% fueron mujeres. A través de método cubano se han alfabetizado 106,940 guatemaltecas y guatemaltecos.
La pertinencia étnica del proceso de alfabetización, se evidencia en la atención a poblaciones indígenas con idiomas distintos al español, con materiales disponibles para atender en 17 idiomas mayas y garífuna, recomendando el uso de la lengua materna de cada participante.
CONALFA reportó del 2010 al 2014, un total de 24 municipios declarados Libres de Analfabetismo, en los que se ha alcanzado un nivel inferior al 4% considerado un índice internacional aceptado, ya que hay grupos de población, que por razones de edad, salud o discapacidad no pueden integrarse al proceso educativo. (Ver anexo 4, Artículo 10, tabla 8).
La población indígena que recibe educación del CONALFA, está conformada por hombres y mujeres mayores de 15 años de edad. En Guatemala existe una población indígena estimada en un 44% de la población total del país en donde cada departamento, municipio, aldea, caserío y paraje se visualiza a la población con sus trajes, idiomas y culturas que enriquecen al país; ciertamente se ha incrementado la población alfabeta en un 85.54%; a la fecha según las estadísticas el analfabetismo es del 14.46 % a nivel nacional. Por diversas razones institucionales en estos últimos años se ha estado dando más atención y cobertura a la alfabetización en español.
El Programa de Alfabetización Bilingüe, contrató 50 supervisores de grupos de alfabetización, que fueron ubicados en los municipios priorizados por el Pacto Hambre Cero.
Se suscribieron 292 convenios con alcaldías municipales y más de 15 CODEDES en el año 2013, éstos han permitido iniciar alianzas estratégicas que generan procesos de desarrollo con orientaciones específicas. como es el caso de los convenios firmados para iniciar un proyecto de alfabetización llamado “AlfaSan”, que busca erradicar la desnutrición en los municipios, a través de la vinculación de las madres de familia con sus hijas e hijos, a procesos de educación sistemática y continua.
Como resultado de los programas impulsados por CONALFA, se refleja una tendencia descendente en cuanto a los índices de analfabetismo, se ha logrado la reducción de un 5.02% entre los años 2009 y 2014.
Respecto al proceso de alfabetización, durante los años 2009-2014, los datos muestran que la población ladina y maya, fue la que principalmente se alfabetizó, siendo un total de 954,858 personas promovidas, 711,147 mujeres, que representa un 75% del total de promovidas. (Ver anexo 4, Artículo 10 tablas 9, 9a, 9b, 9c, 9d y 9e).
Se contextualizaron, elaboraron, reprodujeron y validaron las cartillas de “Nuestra Vida” en los idiomas: Español, Qˈeqchiˈ, Mam, Kˈicheˈ y Kaqchikel, en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Guatemala y Jalapa con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, en los años 2010 y 2011.
CONALFA desarrolló un taller técnico metodológico para validar el eje transversal de educación sexual y reproductiva de la cartilla Nuestra Vida en idioma español, la cual se elaboró en los idiomas Qˈeqchiˈ, Mam, Kˈicheˈ; asimismo se elaboraron folletos de educación sexual y reproductiva en los idiomas Qˈanjobˈal y Akateko.
SEPREM, entregó a CONALFA en el año 2014, una reproducción de cartillas de “Nuestra Vida” en idioma español, para ser utilizadas en 20 grupos de alfabetización en los departamentos de Alta Verapaz, Jalapa y Guatemala. En este año, se entregaron algunas cartillas en español con la incorporación del tema de Educación Sexual y Salud Reproductiva para ser utilizada en el proceso de alfabetización 2015 en los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché.
El Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- fue creado a través del Decreto Número 1-2012, como ente rector encargado de diseñar, regular y ejecutar las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de los individuos y grupos sociales en situación de pobreza y extrema pobreza. En ese mismo año se institucionaliza dentro del ministerio el programa de becas, por medio del Acuerdo Ministerial No. 04-2012 (y sus reformas) el cual modifica a Mi Beca Segura, que es implementado por medio de cuatro becas distintas: educación media, educación superior, primer empleo y artesano.
El MSPAS emitió el Acuerdo Ministerial No. 450-2014, donde involucra a las y los jóvenes como promotores de la salud y nutrición, salud sexual y reproductiva, para que contribuyan con la población de sus comunidades principalmente con las mujeres, como parte de un servicio cívico social al país, mediante el cambio de comportamiento por medio del arte, la cultura y el deporte.
La SBS ha coordinado con SEPREM y el INAP el desarrollo de 2 diplomados y 7 talleres, teniendo como principal contenido los DDHH de las mujeres, niñez, adolescencia y pueblos indígenas, con 368 participantes del personal directivo, técnico y administrativo de la SBS, de éstos 281 fueron mujeres. Igualmente, desarrolló capacitación sobre DDHH de las mujeres y pueblos indígenas con personal técnico y administrativo de 10 municipalidades en 8 departamentos priorizados por el GEM, en el que participaron 317 personas, de las cuales 240 fueron mujeres.
Asimismo, en los CAI brindan educación, alimentación y cuidado diario a 2,445 niñas y 2,403 niños, entre ladinos, mayas, xinkas y garífunas. Los centros cuentan con 188 docentes del MINEDUC en las áreas de nororiente, suroccidente y el área metropolitana, quienes laboran únicamente en la jornada matutina.
Dentro de los beneficios que reciben las madres y padres de familia de escasos recursos económicos se encuentran: cuidado diario y gratuito de los niños y niñas; cuatro tiempos de alimentación por niños y niñas; educación inicial a niños de 8 meses a 3 años, avalada por el MINEDUC; refuerzo escolar y prevención de la situación de calle por medio del programa REPREDEC para niños de 7 a 12 años. Así como, programa permanente de recreación con el MICUDE, que tiene cobertura en 19 departamentos.
El Centro de Atención y Desarrollo Infantil -CADI-, tiene como finalidad el desarrollo integral de la niñez de 0 a 7 años, funcionando como guarderías infantiles que beneficia a más de 30 niños de escasos recursos, por medio de estimulación temprana. A través del MINEDUC se proporciona educación inicial y preprimaria, alimentación balanceada distribuida en cuatro tiempos de comida, recreación, formación en valores y salud preventiva. Se cuenta con 232 CADIS en 224 municipios, los cuales forman parte del Programa Hogares Comunitarios que impulsa la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, con el apoyo de las municipalidades beneficiadas.
A pesar de los avances que existen en el país en materia de educación extra escolar, CONALFA tiene limitantes para la cobertura de alfabetización, especialmente en reproducir textos y materiales educativos, con pertinencia cultural, por la escasez de recursos financieros. Mientras que el MINEDUC, presenta dificultades financieras para la cobertura nacional especialmente para garantizar la permanencia de niñas y adolescentes en el sistema; deberá incentivar el estudio de carreras científicas, e impulsar la educación bilingüe intercultural.
Asimismo, posibilitar la inclusión niñez y adolescencia discapacitada en el sistema educativo nacional, contar con infraestructura y herramientas de trabajo pertinentes. En todos los casos, incentivar el uso de la tecnología, información y comunicación (TICs), en el Sistema Educativo Nacional.
Artículo 11.Medidas para alcanzar la igualdad en la esfera del empleo.
El Estado de Guatemala, en 2012 presentó la Política Nacional de Empleo “Generación de Empleo Seguro, Decente y de Calidad” 2012-2021, la cual se fundamenta en siete estrategias: i. Garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en las empresas; ii. Aumentar la posibilidad de empleo a 47 mil trabajos anuales y la productividad de los trabajadores y trabajadoras; iii. Impulsar la inversión local y extranjera; iv. Mejorar la calidad, eficiencia y vanguardismo de la producción nacional; v. Garantizar la certeza jurídica; vi. Proyectar la actualización de la normativa laboral; vii. Prepararse ante recurrentes crisis. Además se creó el Gabinete de Empleo, conformado por los Ministerios de Trabajo, Economía, Agricultura, Educación, Comunicaciones y el Programa Nacional de Competitividad.
En el marco de la PNE, en 2014 el MINTRAB planteó el fortalecimiento de las municipalidades. Para ello, crearon las ventanillas únicas de empleo, capacitación para el empleo y el emprendimiento. (Ver anexo 5, Artículo 11, tablas 10 y 11).
De la ENEI realizada en el año 2012 y la realizada en el primer semestre de 2013, el subempleo sufrió un decremento del 1%, también cabe mencionar que para las mujeres en el año 2012, era de 41.2% y disminuyó en el 2013 a 35.3%. Al evaluar el subempleo de las mujeres, se observa que la reducción de la tasa de mujeres subempleadas en relación al total de mujeres ocupadas es más notoria, tal como se evidencia. Por ejemplo, en el año 2012 las mujeres subempleadas representaban el 20.6% de las mujeres ocupadas, mientras que en 2013 dicha tasa se redujo al 17.4%, mostrando una reducción del 3.2%. De la segunda encuesta de 2013 a la primera encuesta de 2014, dicha tasa sufrió un ligero incremento, que se atribuye a la temporalidad de dichas encuestas y algunos efectos de la estacionalidad del empleo. (Ver anexo 5, Artículo 11, tabla 12).
El decrecimiento del subempleo evidenciado de 2012 a 2013 de más de 5 puntos porcentuales, puede indicar que si bien la tasa general de informalidad ha disminuido, esto no necesariamente significa una disminución de la participación de las mujeres dentro de la informalidad. Si se toma en cuenta únicamente a las mujeres en informalidad en el sector, vemos que hasta el primer semestre de 2013 la mayoría se concentraban en el área rural, esta participación ha disminuido hasta llegar a un 40.8% en 2014, pero a su vez también se ha demostrado un incremento de la informalidad en mujeres en las áreas urbanas; este fenómeno puede deberse a la migración a los cascos urbanos del país, tanto de la población como de las unidades productivas, y no necesariamente al incremento de oportunidades de empleo formal en las áreas rurales.
Al tomar en cuenta la etnia como otro criterio de evaluación para las mujeres en informalidad del sector, se observa que la participación de las mujeres mayas ha tenido una reducción constante y por otra parte la participación de mujeres ladinas ha incrementado de un 17.2% en 2012 a un 38.9% en 2014.
En los años 2009 a 2012, la IGT del MINTRAB, realizó 2,014 inspecciones preventivas, de donde surgieron 20,663 denuncias, fundamentalmente de mujeres, especialmente en las edades de 18 a 21 años (68.33%), y de 22 a 41años (58.97%); las denuncias de mujeres indígenas constituyen el 82.52%. En relación a las juntas conciliatorias en los mismos años, fueron superiores los arreglos conciliatorios de los hombres, en los rangos de 18 a 21 años (65.71%), de 22 a 41 años (67.74%) y en el caso de los hombres indígenas 79.89%; lo anterior permite afirmar que existe una desigualdad en los procesos conciliatorios en desventaja para las mujeres. (Ver anexo 5, Artículo 11, tablas 13 a la 21).
El MINTRAB en coordinación con INTECAP, impulsó el Programa de Formación y Capacitación para el Trabajo beneficiando a 1,718 personas (44% mujeres y 56% hombres). En 2014 realizó 6 ferias de empleo, 3 en el área metropolitana y las restantes en regiones del interior del país. Participaron un total de 270 empresas privadas y emplearon a más de 6,681 personas.(Ver anexo 5, Artículo 11, tabla 22).
La Sección de la Mujer Trabajadora de la Dirección General de Previsión Social del MINTRAB, en 2013 capacitó a 6,862 personas, (3,930 fueron mujeres); En las maquilas capacitaron a 92 trabajadores, (65 fueron mujeres) y en el 2014 capacitaron a 1,589 personas (926 fueron mujeres).
El MINTRAB en cumplimiento a lo establecido en el convenio 144, creó la “Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo”, conformado por empleador, trabajador y gobierno, donde se discute el cumplimiento de las obligaciones a nivel internacional en materia laboral. Dicha comisión tiene reuniones mensuales que abordan el tema sobre el convenio 189 sobre los trabajadores y trabajadora domésticas. Los sectores se encuentran en proceso de elaboración de estudios para presentar propuestas de abordaje.
La IPG creó un protocolo, estableciendo los mecanismos apropiados para la detección y referencia de casos de trabajo forzoso y explotación laboral con la finalidad de abolir la trata de personas. Asimismo, implementa el Plan Anual de Inspecciones focalizadas y regionalizadas por sector productivo a fin de verificar el cumplimiento del protocolo ya mencionado.
La -ONAM- adscrita al MINTRAB, en el 2013 capacitó a 6,000 mujeres en temas de derechos humanos, En 2014 capacitó a 2,994 mujeres sobre derechos humanos, derecho a la igualdad al salario y otros derechos laborales.
El departamento de Asuntos Jurídicos-Laborales de la ONSEC desarrolló capacitaciones en todas las dependencias del Organismo Ejecutivo para dar a conocer los derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, así como el plan de retiro con fondos del Estado. Divulgó en su página web las Leyes de Servicio Civil y de Clases Pasivas con sus Reglamentos, en los idiomas español, kˈicheˈ, kaqchikel, mam y qˈeqchiˈ, lo cual permite que mujeres y hombres, gocen de la misma condición para ejercer sus derechos y potenciar sus capacidades.
El PRECAPIfue autorizado por AG 236-2009, de la Junta Directiva del IGSS. Dicho programa considera el trabajo doméstico dentro del régimen especial del IGSS, el cual cubre beneficios de: maternidad, control niñas y niños sanos menores de cinco años, y accidentes. El aporte patronal es de Q.40.00, el del trabajador y trabajadora Q.20.00 y el Estado Q.40.00. A los 6 meses de aportar al PRECAPI, la empleada puede solicitar el beneficio. De 10,900 trabajadoras domésticas sólo el 0.8% de esta población cuenta con cobertura.
La Presidencia del OJ y CSJ a través del Acuerdo No. 136-012, crea la Dirección de Gestión Laboral, con el objetivo de dar seguimiento a los procesos implementados en los Juzgados de Trabajo y Previsión Social, en aras de dar cumplimiento a los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala.
La CSJ y el OJ a través del Acuerdo 31-2011, crea los Juzgados Primero y Segundo de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas. Los juzgados son los encargados de realizar la primera demanda de trabajadores que no tienen asesoría profesional.
El OJ dotó de equipo de videograbación a los Juzgados de Trabajo y Previsión Social y a las Salas de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, durante los años 2011-2012, modificación que potenció la oralidad, reduciendo hasta el 50% del tiempo de celebración de las audiencias laborales, además de generar un ahorro de costos.
El OJ con el Sistema de Gestión de Tribunales implementó varios procesos de modernización en materia laboral, tales como la notificación electrónica a los sujetos procesales que se quieran adherir al casillero, escaneo de actuaciones judiciales; con esto logró la digitalización del expediente laboral en un 85%, uno de los mejores sistemas de América Latina. A la fecha el 75% de las notificaciones en materia laboral se practican de forma electrónica.
En cuanto al seguimiento y actualización de conocimientos, el OJ a la fecha ha logrado proporcionar un “Diplomado de Especialización de Normas de la Organización Internacional del Trabajo”, el cual contó con la participación de todos los Magistrados y Jueces de Trabajo y Previsión Social de la República. El mismo fue impartido por expertos Internacionales de la OIT.
Aún cuando se citan avances, hace falta cumplir con las demandas sociales de los colectivos de mujeres para que se brinde mejor cobertura, enfocada a la prevención de la salud de las trabajadoras de casa particular y de maquilas. Hace falta acompañar la búsqueda de la ratificación del Convenio 189, a favor del trabajo decente para esta población laboral; fortalecer acciones para que las mujeres tengan acceso a empleo digno que reduzca la tasa de informalidad y subempleo.
Asimismo, se necesita impulsar el cumplimiento de la estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil, Impulsar el cumplimiento del Código de trabajo, referido a la creación de guarderías. Que el Estado posibilite la existencia de guarderías en colonias, barrios y comunidades que permita a las mujeres estudiar o trabajar, buscando su desarrollo integral.
Artículo 12. Medidas para alcanzar la igualdad con el hombre a los servicios de atención médica.
El MSPAS, ente rector de las acciones de Promoción y Prevención del VIH-Sida, en el 2010 estableció de conformidad al AG. 827-2010, la campaña nacional “Hazte la Prueba” y en el período 2011-2013, realizó la prueba en 21 departamentos del país. (Ver anexo 6, Artículo 12, tabla 23).
Se reportaron 1,842 casos de VIH en el 2013; 1,254 corresponden a casos de VIH y 588 a casos de VIH avanzado, lo cual representa una tasa acumulada de 53 casos de VIH y VIH avanzado por cada 100,000 habitantes. Se estima un sub registro del 50%.
El país cuenta con un Plan Estratégico Nacional para la prevención, atención y control de ITS, VIH y Sida 2011-2015, el cual contempla dentro de sus principios rectores la pertinencia cultural.
El MSPAS impulsa la estrategia de Espacios Amigables coordinado por PROEDUSA. Proporcionando atención integral y diferenciada para adolescentes de ambos sexos, con acciones de promoción y educación en salud con énfasis en modos de vida saludable, abordando temáticas como prevención de embarazos en adolescentes, así también se implementó un sistema de monitoreo y evaluación de atención a adolescentes en los servicios de salud en los municipios; reportándose 1,008,918 de beneficiarios jóvenes y adolescentes.
Por AG-279-2009, se aprobó el Reglamento de la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva.
Se creó el Programa Nacional de Salud Reproductiva -PNSR- por medio del Componente de Paternidad y Maternidad Responsable -PyMR-, que aborda la salud reproductiva con enfoque social, proyectándose a mujeres y hombres de los diferentes grupos de edad, haciendo énfasis en la promoción y la prevención para contribuir a contrarrestar algunas de las causas y efectos de la irresponsabilidad paterna o materna.
Dentro de los objetivos del PNSR están la prevención y atención integral de embarazos de niñas y adolescentes con énfasis en menores de 14 años de edad, promover las nuevas masculinidades con enfoque de paternidad y maternidad responsable, para estimular el involucramiento de los hombres en pro de la salud reproductiva y la promoción e implementación de la “Ventana de los 1,000 días” del Plan del Pacto Hambre Cero.
La Unidad de Promoción de la Dirección de Área de Salud en coordinación con la Red Departamental de Protección de la Niñez y Adolescencia, capacitó a educadoras y educadores en Salud de los Distritos Municipales donde se registra mayor incidencia de embarazos en adolescentes, sobre la Prevención de la Violencia, para contribuir a reducir la mortalidad materna.
Se realizaron tres encuentros regionales de Redes Departamentales de PyMR con la participación de 150 profesionales de 21 Áreas de Salud, se compartió la Ruta de Atención y Derivación de Embarazos en niñas menores de 14 años de edad.
Se revisó y actualizó para su aplicación el Protocolo de Atención a Víctimas/sobrevivientes de Violencia Sexual, durante el 2009. En el 2010 se inició el proceso de sensibilización y socialización del mismo y en el 2011, para su implementación se suscribió un Convenio entre MSPAS, INACIF, MP y PDH.
El MSPAS instaló la Mesa de Paternidad y Maternidad Responsable, para impulsar la promoción de espacios de educación que incluye información, sensibilización, capacitación y habilitación para conocer, legitimar y defender los derechos humanos que favorezcan el ejercicio de la PyMR a fin de contribuir a disminuir la mortalidad materna y neonatal.
Se cuenta con estrategias para fortalecer la responsabilidad Paterna y Materna: a) Estableciendo redes de PyMR con participación multidisciplinaria y multisectorial; b) Promoviendo escuelas para la PyMR; c) Realizando diplomados de PyMR en el marco de los DDHH, dirigido a integrantes de las redes y d) Eventos de educación dirigidos a grupos familiares y comunitarios, para la disminución de la tasa de embarazos tempranos, la mortalidad materna y neonatal.
Se capacitó a 900 jóvenes de ambos sexos, sobre atención prenatal, lactancia materna, salud sexual y reproductiva para prevención de embarazos en adolescentes en el año 2009. Durante el año 2014 se sensibilizó y capacitó a 4,500 jóvenes (ubicados geográficamente en los municipios priorizados por el Pacto Hambre Cero) con las embarazadas y madres lactantes, se abordó información básica sobre higiene y cuidados básicos de sus hijos e hijas.
Con el objetivo de mejorar la salud materna neonatal, a partir del reconocimiento y la contribución de los conocimientos y prácticas de las comadronas de los cuatro pueblos de Guatemala, y con base en un relacionamientoefectivo y respetuosode los derechos culturales de las poblaciones indígenas con el andamiaje gubernamental, el MSPAS oficializó la “Política Nacional de Comadronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala, 2015-2025”, por medio del AG 102-2015.
El MSPAS y el MINEDUC implementaron la Mesa Técnica Biministerial de Salud “Prevenir con Educación”, para promover la salud sexual y reproductiva, prevenir el VIH-Sida, los embarazos en adolescentes y la violencia sexual.
A efecto de reducir la morbilidad y mortalidad de la niñez y la mujer, así como la desnutrición crónica en las personas menores de edad, el MSPAS presentó la Guía de la Estrategia de Atención Integrada a la Niñez y a la Mujer en la Comunidad, como una herramienta operacional a nivel comunitario en la prevención, promoción y atención de las madre y la niñez y menores de 5 años, aplicada en los puestos de salud y centros de convergencia en todo el país.
El AM 538-2013 creó la Carrera de Formación de Técnicas Universitarias en Partería, que tiene como fin garantizar el acceso universal, oportuno y de calidad a servicios materno-neonatales, respetando la pertinencia cultural y la ubicación geográfica de las mujeres guatemaltecas.
El MSPAS elaboró una Guía de Indicadores de Salud con Enfoque y Pertinencia Cultural, con el objetivo de sensibilizar al personal de salud, y contribuir a mejorar estos servicios.
En el AG 302-2009, se aprobó la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, formulados por la SEPREM, cuyo objetivo es promover el desarrollo integral de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas en todas las esferas de la vida económica, social, política y cultural.
El convenio entre SEPREM y el MINEDUC, en 2010 permitió la adecuación de la Currícula Educativa sobre Educación Sexual, para sensibilizar a estudiantes de ambos sexos, en los diversos niveles escolares, sobre el riesgo de embarazos y propagación de infecciones de transmisión sexual.
El MINEDUC en coordinación con SEPREM, en el 2011, creó la Unidad de Equidad de Género con Pertinencia Étnica, adscrita a DIPLAN. Una de las responsabilidades de esta Unidad, es operativizar dos de los ejes de la PNPDIM.
En este contexto, se diseñó la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de Violencia, con base en el análisis de las cifras correspondientes a muertes maternas, embarazos en niñas y adolescentes, extensión de la epidemia del VIH-Sida en mujeres y en jóvenes, así como los índices de violencia contra las mujeres y femicidio.
Con la aprobación de la PNJ 2012-2020 a través del AG 173-2012 y la creación del Gabinete Específico de la Juventud – GEJ - por medio del AG 163-2012, el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, impulsa desde el más alto nivel político una respuesta estratégica a las principales problemáticas que afectan a la juventud guatemalteca.
En ese contexto, el GEJ, bajo la Secretaría Técnica del CONJUVE, formuló el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes de Guatemala PLANEA 2013-2017, que incluye los derechos sexuales y reproductivos. Para su implementación, suscribió Carta de Entendimiento con; i) MSPAS, para el acceso a métodos anticonceptivos, especialmente en el área rural. ii) OSAR, para la realización de campañas informativas “¿Estás Lista”? “¿Estás Listo?”.
Por otro lado, el INE en cumplimiento a su mandato, implementó la Oficina Coordinadora Sectorial de Estadísticas de Salud, integrada por las instituciones que proveen los servicios públicos de salud y seguro social; como resultado se construyeron indicadores sobre salud sexual y reproductiva. En este proceso, ha participado la Oficina Coordinadora Transversal de Estadísticas de Género y Pueblos.
La Comisión de la Mujer del Congreso de la República brindó acompañamiento en la sensibilización a diputadas y diputados sobre los derechos a la salud con pertinencia cultural; realizó encuentros entre lideresas indígenas y equipos de salud, para abordar los beneficios de la planificación familiar, la salud reproductiva y la maternidad saludable; acompañó a la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, en la sensibilización a autoridades para que sus demandas urgentes relacionadas con salud sexual y reproductiva sean incluidas en las políticas nacionales.
Es importante indicar que en referencia al acceso de salud equitativa para mujeres y hombres, las mujeres tienen mayor cobertura que los hombres. Los hombres acuden a los servicios públicos, pero en el caso del IGSS, si la mujer es la afiliada, ella y sus hijos, hasta los 7 años, tienen los derechos de la atención médica, no así la pareja, quien no recibe ningún beneficio si la esposa muere. En tanto, si el hombre es el afiliado, sus hijos tienen derecho a los servicios médicos, hasta los 7 años, en tanto la esposa y los hijos con discapacidad, lo tiene de forma permanente. En caso de fallecimiento del afiliado hombre, los beneficios de los servicios incluyendo el fondo de retiro, son para la pareja mujer.
Hace falta evaluar el sistema nacional de salud incluida la seguridad social, para garantizar la pertinencia cultural y enfoque de género; impulsar mayores acciones de carácter preventivo; fortalecer estrategias para erradicar embarazos tempranos, VIH SIDA y enfermedades infecto contagiosas. Garantizar el impulso de programas que erradique la desnutrición crónica y aguda, con pertinencia cultural y de género.
Artículo 13. Medidas para alcanzar la igualdad en la esfera de la vida económica y social.
El Plan Nacional de Desarrollo: Kˈatun, Nuestra Guatemala 2032 se ha formulado en el seno del CONADUR, entidad que asume, de esta manera, el rol que le corresponde en cumplimiento del mandato constitucional de organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios, y mediante el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada.
Con tales fines, el CONADUR integró la Comisión de Formulación y Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo: Kˈatun, Nuestra Guatemala 2032, e instruyó a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- para brindar asesoría y acompañamiento técnico al proceso.
El Kˈatun establece “un modelo tradicional de planificación del desarrollo, hacia un modelo basado en procesos, que armoniza las dimensiones socioculturales, económicas, territoriales, ambientales y políticas con el objeto de avanzar en la socialización de la gestión pública. El Plan, en tanto Política Nacional de Desarrollo, es un instrumento que orienta y organiza el quehacer del sector público a todo nivel, con una perspectiva de gradualidad que define prioridades, metas, resultados y lineamientos. Al mismo tiempo, constituye una oportunidad de armonización de las acciones de desarrollo en las que están involucrados actores de la sociedad civil y la cooperación internacional”.
Por la importancia que tiene la mujer rural de incorporarse de forma equitativa a los procesos y acceso a los medios de producción, FONTIERRAS, creó según AG 435-2013, del Reglamento Orgánico Interno del Fondo de Tierras, la “Coordinación de Políticas y Estrategias, Equidad, Pueblos Indígenas y Medio Ambiente”, ente responsable de velar por la inclusión del enfoque de Género en los programas y acciones del Fondo de Tierras, como un eje transversal de la institución agraria. Uno de los principales resultados de la aplicación de la Agenda Estratégica Institucional 2012-2025, es que en el año 2014 se actualizó la Política de Equidad de Género del Fondo de Tierras.
En el AG 196-2009, se aprobó la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral - PNDRI-, Sus objetivos son: “Lograr un avance progresivo y permanente en la calidad de vida de los habitantes, mujeres y hombres, de los territorios rurales, a través del acceso equitativo y uso sostenible de los recursos productivos, medios de producción, bienes naturales y servicios ambientales, para alcanzar el desarrollo humano integral sostenible en el área rural; fortalecer el estado democrático, descentralizado, de derecho y multicultural, que permita la superación del racismo, la discriminación étnica, de género, etaria y cultural, a través de la participación social, activa y organizada; y promover un modelo económico y socio ambiental, en el ámbito rural, que implique la democratización de la presente Política”.
El AG 372-2014 creó la Política Agraria para generar condiciones equitativas a los campesinos en situación de infra subsistencia y subsistencia y pasen a ser productoras y productores sosteniblemente excedentarios, de tal manera que se incorporen a los mercados, dinamicen las economías locales y se logre viabilizar la preservación de la cultura propia, del modo de vida campesino e indígena y en general, alcanzar una condición de vida digna para los habitantes de los territorios rurales.
El derecho humano a la vivienda ha sido atendido a través del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, creado mediante Decreto Número 9-2012, como una institución financiera de segundo nivel, cuyo objetivo es otorgar subsidios directos y facilitar el acceso al crédito a familias en situación de pobreza y pobreza extrema.
El Fideicomiso para la Vivienda FIV, creado en el año 2013, instancia que realiza: i) Desembolso de los subsidios para la adquisición de lote con servicios, ha beneficiado a 2,358 familias, de las cuales un 60% (1,415 casos) corresponden a mujeres y un 40% (943 casos) a hombres según la jefatura del hogar. ii) Durante los años 2013 y 2014 a nivel nacional, se entregaron 20,711 subsidios para la construcción o adquisición de vivienda, de los cuales 12,427 soluciones habitacionales fueron entregadas a mujeres jefas de hogar (60%) y 8,284 soluciones a hombres jefes de hogar (40%).
El Pacto Hambre Cero se estableció en el período 2012-2015, como una estrategia para el abordaje de la pobreza y pobreza extrema. El Pacto cuenta con 4 resultados estratégicos: 1) Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en un 10% del 2012 al 2015 lo cual será la base para logar una reducción del 24 % en los próximos 10 años; 2) Disminuir la mortalidad materna y neonatal; 3) Incrementar el consumo proteico calórico en las familias; 4) Incrementar los ingresos familiares.
Para su operativización, se formuló el “Plan del Pacto Hambre 0”, el cual integra a nivel de varios componentes directos e indirectos, las distintas intervenciones de las instituciones vinculadas al mismo. Prioriza en una primera etapa los municipios más afectados por la desnutrición crónica y aguda, para cubrir gradualmente todos los municipios del país.
A fin de garantizar el funcionamiento, la coordinación e institucionalización de dicho plan, se creó de urgencia nacional el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- por medio del Decreto Número 1-2012 del Congreso de la República, que modifica la Ley del Organismo Ejecutivo. Junto a otras instituciones gubernamentales, apunta a los resultados estratégicos 1, 3 y 4 indicados en el párrafo anterior, a través de la implementación de programas sociales.
Hace falta ampliar la cobertura de las políticas que facilitan el acceso a hombres y mujeres con jefatura de familia, para optar a vivienda digna, propia, y acorde a su capacidad de pago. Asimismo, cobertura de los programas de subsidio para vivienda. Se necesita fortalecer la estrategia para el abordaje de la pobreza y pobreza extrema con énfasis en la erradicación de la desnutrición crónica y aguda y la mal nutrición.
Artículo 14.Medidas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la CEDAW a la mujer en zonas rurales.
El MSPAS, en el 2013 aprobó la Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento, mediante el AG 418-2013, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, bienestar individual y social de los habitantes.
El MSPAS a través del -PEC- en el año 2014 suscribió 385 convenios para la prestación de servicios básicos de salud en igual número de jurisdicciones, atendiendo una población total de 4,652,085 habitantes, de la cual 1,767,069 pertenecen a la población materno infantil y 1,645,014 son mujeres en edad fértil, comprendidas entre 10 y 54 años.
La cobertura de los servicios básicos de salud, se realizó en 178 municipios ubicados en 24 Áreas de Salud, de los cuales 125 tienen categoría de “municipio priorizado”, cubriendo 5,441,253 intervenciones, dentro de los sub programas “Prevención de la desnutrición crónica, de población atendida con servicios de Extensión de Cobertura” y “Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal”. La población beneficiada pertenece a la diversidad de grupos étnicos, todos del área rural y en condiciones de pobreza.
La recomendación del Comité de Evaluación referida a “adoptar medidas eficaces, en particular revisando la legislación que tipifica el aborto como delito, con objeto de prevenir abortos practicados en condiciones peligrosas y su repercusión en la salud de las mujeres y mortalidad materna”; a pesar que en el Estado de Guatemala la normativa sigue vigente, un logro significativo es que existe un protocolo para atender el aborto terapéutico, a fin de garantizar la vida y salud de las mujeres. En caso del aborto inducido, provocado o forzado, el sistema de salud nacional está en la obligación de atender a las mujeres que así lo requieran. Además, existe la Ruta de Atención a Niñas y Adolescentes embarazadas, el Protocolo de Atención a Víctimas sobrevivientes de Violencia Sexual, el Programa Nacional de Salud Reproductiva, la Estrategia de Atención Integrada a la niñez y a la mujer en la comunidad y una política para trabajar de manera coordinada con las comadronas de Guatemala, entre otras acciones relevantes.
En el período 2009-2014, el MSPAS socializó la CEDAW y el cumplimiento de los ODM a personal del nivel central, 29 áreas de salud y la red hospitalaria a nivel nacional, con el fin de sensibilizar, formar y capacitar acerca de los compromisos ratificados por el Estado de Guatemala.
El FONTIERRAS y el MAGA, suscribieron un Convenio Interinstitucional, aprobado mediante AM 67-2012, con el objeto de crear el Programa Extraordinario “Triángulo de la Dignidad” y establecer las condiciones para su implementación, en apoyo a pequeños productores y a beneficiarios de FONTIERRAS que produzcan granos básicos, contribuyendo así al incremento de la producción nacional y al abastecimiento de los mercados. Este programa ha beneficiado con crédito a 29,249 mujeres entre los años 2012 al 2014 (35% del total de beneficiarios), y 54,298 hombres (65%). El monto de inversión para las mujeres asciende a la cantidad de Q.87,747,000.00, con cobertura en los 22 departamentos de la República de Guatemala y en 292 municipios.
El FONTIERRAS a través del Programa Especial de Arrendamiento de Tierras, trabaja con dos modalidades: i) Otorgamiento de crédito para arrendamiento de tierras que en el período 2004 al 2014, ha otorgado 530,151 créditos que representan una inversión de Q.1,229,227,780.00, de los cuales el 55% de los beneficiarios son mujeres, considerándose un programa incluyente y con equidad de género. ii) Otorgamiento de subsidios para el arrendamiento de tierras. (Ver anexo 7, Art. 14, tabla No. 24).
Por su parte, el Programa de Regularización de Tierras del Estado, del año 2000 al 2014 ha entregado 23,395 escrituras públicas beneficiando a 66,295 familias, de las cuales se les ha otorgado certeza jurídica de la propiedad de la tierra a 29,269 mujeres (48 %), y a favor de hombres 31,460 (52%) del total de las personas beneficiadas. Esto se ha logrado a través de la aplicación de tablas de precios de la tierra accesibles, lo cual ha permitido una reducción del valor de la tierra adjudicada y por consiguiente, la disminución en el pago de los impuestos respectivos. (Ver anexo 7, Art. 14, tabla 25).
Para el acceso a la compra de tierra y desarrollo productivo, el FONTIERRAS benefició a la totalidad de seis grupos organizados, conformados por 1,721 personas, de las cuales 840 fueron hombres (48.81%) y 881 mujeres (51.19%).
Los seis grupos atendidos en el año 2014 son pueblos indígenas, de ellos 5 pertenecen a la comunidad lingüística qˈeqchiˈ con algunos miembros ladinos y un grupo de la comunidad lingüística kaqchikel y ladinos.
El número de hombres beneficiados con crédito y subsidio fue de 325 (90.28%) y el número de mujeres fue de 35 (9.72%).
La inversión realizada en crédito para la compra de 6 fincas fue de Q.20,095,455.72 (66%) del presupuesto programado para el año 2014. La inversión realizada en subsidios asciende a la cantidad de Q.28,818,748.24 (84%) de lo programado para el año 2014. El total está desglosado en subsidio a capital para la compra de las fincas por la cantidad de Q.13,611,263.35 y subsidio a capital de trabajo para la ejecución y operación de los proyectos productivos por la cantidad de Q.15,207,484.89.
El total de la inversión en crédito y subsidio para las 360 familias fue de Q.48,914,203.96.
El total de hectáreas adquiridas en el 2014 para beneficiar a 360 familias fue de 1,406.04, presentando un promedio de 3.91 hectáreas por familia.
Es importante señalar que FONTIERRAS desarrolló una serie de proyectos destinados a mujeres en las fincas adquiridas por la institución, la inversión realizada fue de Q.8,369,967.09. (Ver anexo 7, Art. 14. Tabla 26).
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- en 2014 firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, a fin de establecer un marco de acción y capacitación orientada a la protección, conservación, manejo, captación y aprovechamiento de los recursos naturales, por considerar estas acciones fundamentales en cualquier proceso de desarrollo socioeconómico y sustentable, donde la mujer juega un papel preponderante.
El MARN en 2012-2014 capacitó a 21,584 personas, atendiendo a organizaciones de mujeres en temas ambientales como, residuos sólidos, importancia de los recursos hídricos, reforestación y cambio climático; la capacitación fue abordada con enfoque de género y multiculturalidad, con el propósito de incorporarlas a procesos de protección de los recursos naturales y construir ambientes libres de contaminación. El resultado de esta acción fue certificar a 2,632 mujeres como “Educadoras Ambientales” formadas en Plataformas Curriculares de Educación Ambiental.
El MARN ha conformado Mesas Departamentales de Cambio Climático, para elaborar planes de adaptación, mitigación con pertinencia cultural y equidad de género desde lo local, dando prioridad a la población más vulnerada, entre ellos, las mujeres.
El MAGA en el 2014, a través de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, benefició a 7,000 mujeres de 47 municipios priorizados por el GEM. Otorgándoles variedad de especies de hortalizas para elaborar huertos para autoconsumo que garantice disponibilidad de alimento saludable y aumentar sus capacidades en la producción alimentaria.
Para promover la productividad y la generación de empleos, el MAGA implementó el Programa de “Desarrollo Económico desde lo Rural”, cuyo propósito es potenciar la participación de la población rural e indígena en la economía nacional, especialmente de las mujeres mediante proyectos productivos, acceso a créditos, asistencia técnica y otros.
El MAGA impulsó acciones orientadas a incorporar a la mujer rural de manera activa en los mismos, entre ellos destacan: Sistema Casa Hogar Saludable capacitó a 21,947 mujeres rurales para la implementación de prácticas para mejorar sus sistemas: además se brindó asesoría técnica a 66,739 mujeres de los 4 pueblos; entregó insumos a 729 mujeres de los 4 pueblos; Capacitó a 26,344 productores y productoras rurales en temas de mejoramiento en sistemas productivos familiares de autoconsumo de los cuales 16,809 son mujeres y 9,535 hombres; dio asistencia técnica a 108,007 productores y productoras rurales en temas de mejoramiento en los sistemas de producción de alimentos para el autoconsumo, de los cuales 52,325 son mujeres y 55,682 hombres; entregó insumos a 7,655 productores y productoras rurales para mejorar sus sistemas de producción de alimentos para autoconsumo de los cuales 97 son mujeres y 7,558 hombres.
El MAGA benefició con bienes y servicios a más de 100,000 familias organizadas en los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural, para mejorar sus capacidades productivas.
La actividad presupuestaria Incentivos Económicos para la Producción, creada a partir del año 2014, benefició a 613 mujeres de 5 organizaciones con desembolsos por un monto de Q.2,655,375.14 en recursos no reembolsables.
Para conocer los logros obtenidos a favor de los derechos de las mujeres, mujeres indígenas y de áreas rurales, se realizó un taller de consulta con las representantes en los CODEDES, se destacan los principales avances y obstáculos mencionados por las mismas: Alta Verapaz, en 2012 la implementación del Programa denominado “El Reto”, que priorizó áreas denominadas zonas rojas; se visitaron escuelas para concientizar a padres y madres de familia y alumnas y alumnos; Donación de la UE para la construcción de un refugio de mujeres víctimas de violencia, guardería infantil, centro de capacitación de mujeres y centro de promoción y desarrollo integral para mujeres y donación al OJ para instalar un Juzgado de Femicidio en el departamento;
B aja Verapaz, recibió apoyo financiero de la UE a través del GIZ para la prevención de la violencia contra las mujeres; El Progreso realizó el Diplomado dirigido a promotoras jurídicas de 8 municipios; Sacatepéquez, Jalapa y Santa Rosa, se aprobaron Q3 millones para la construcción del CAIMUS; Jalapa, construcción del Centro Integral de Formación de la Mujer; Quetzaltenango, implementación de dos centros de capacitación para mujeres; El Quiché, construcción de una casa materna.
Se consultó con las representantes de las OMM, quienes señalaron sus principales logros: San Miguel Tucurú Alta Verapaz, se han conformado y acreditado directivas de mujeres y la Red de OMM del departamento; Esquipulas, Chiquimula, se han conformado Redes de Mujeres Comunitarias para la prevención de la VCM y coordinan con ONU Mujeres el Proyecto de Mujeres Emprendedoras; Camotán, Chiquimula, elaboración de la Política Municipal de Participación y Desarrollo Integral de las Mujeres Camotecas; Panzós, Alta Verapaz, realizaron una radio novela enfocada a la prevención de la violencia contra las mujeres; San José Pínula, Guatemala, creación de servicios de salud y clínica de psicología para mujeres víctimas de violencia.
Las representantes de los CODEDES coinciden en la necesidad que no se Politicen las decisiones, para que la conformación de los COCODES y COMUDES no sea una selección discrecional de alcaldes, sino un proceso democrático; se necesita fortalecer la articulación, coordinación y acompañamiento de las instancias departamentales y locales con CODEDES, OMMs y gobierno departamental. Es necesaria la ampliación del presupuesto para avanzar en los DDHH de las mujeres, para desarrollar proyectos autosostenibles de carácter social, productivos y de infraestructura, en beneficio de las mujeres, así como implementar la PNDRI.
Es preciso el fortalecimiento de la SEPREM, para mejorar la comunicación y asesoría a los CODEDES.
Artículo 15. La igualdad de la mujer con el hombre ante la ley.
La Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza la igualdad en dignidad y derechos, a todos los seres humanos, hombres y mujeres, entre ellos la libertad, igualdad de oportunidades y responsabilidades, cualquiera que sea su estado civil. Establece que ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. El marco jurídico internacional ratificado por Guatemala y las leyes específicas nacionales, efectivizan los derechos humanos de las mujeres.
En ese marco FONTIERRAS determinó en el período 2012 al 2025, que las mujeres pueden ser beneficiarias en las escrituras constitutivas de la Persona Jurídica, como se establece el Art. 3, objetivo b y c, y Art. 20, “Serán beneficiarios, los campesinos y campesinas guatemaltecas, individualmente considerados u organizados para el acceso a la tierra y la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica. En el marco de sus proyectos, deberá estimular la participación de la mujer campesina en forma individual u organizada”. De tal manera que ha facilitado el acceso a la tierra a través de los Programas: Acceso a la Compra de Tierra y Desarrollo Productivo y Regularización de Tierras. Comparecen ambos cónyuges en la escritura.
FONTIERRAS, a partir de la reestructuración institucional a través de AG No. 435-2013 y la aplicación de la Agenda Estratégica Institucional 2012-2025, en el año 2014, actualizó la Política de Equidad de Género en los programas de arrendamiento de tierras y de acceso a la compra de tierra y desarrollo productivo.
El MINTRAB implementa el Programa de Inserción Laboral para Personas con Capacidades Especiales.
Se necesita fortalecer la aplicación del marco jurídico a favor del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, haciéndose necesario divulgar en versiones mediadas los programas y medidas afirmativas que promueven el acceso a los medios de producción a favor de las mujeres.
Artículo 16. Medidas para eliminar la discriminación de la mujer en asuntos relacionados con el matrimonio y la familia.
En función de aplicar la igualdad en todas sus dimensiones, el marco legal establecido por el Congreso de la República en el año 2010, reformó el Código Civil, que contenía artículos aprobados por los jefes de Estado en las décadas anteriores. De esta manera, se reformó el Art. 222, que se refiere a la presunción de paternidad, por el cual se presumen hijos de los padres que han vivido maridablemente: los nacidos después de ciento ochenta días contados desde que iniciaron sus relaciones de hecho; y, los nacidos dentro de los trescientos días siguientes al día en que cesó la vida común. Admitiendo la prueba biológica del ADN, contra toda presunción, lo cual garantiza el derecho a identidad, derivada de madres y padres.
Se derogó el numeral 3º del Art. 89 del Decreto Ley 106 del Jefe de Gobierno, Código Civil, por el cual no se autorizaba el matrimonio de la mujer antes de que transcurran trescientos días contados desde la disolución del anterior matrimonio o de la unión de hecho o desde que se declarara nulo el matrimonio, a menos que hubiere habido parto dentro de este término o que uno de los cónyuges haya estado materialmente separado del otro o ausente por el término indicado. Si la nulidad del matrimonio hubiere sido declarada por impotencia del marido, la mujer podía contraer nuevo matrimonio sin espera de término alguno.
El Art. 6 del Decreto 27-2010 deroga el Art. 229, del Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal por el cual la mujer viuda tenía un plazo establecido en el Código Civil en el cual no podría contraer matrimonio, así como la divorciada, lo cual no aplicaba al viudo o al divorciado de manera discriminatoria hacia la mujer.
El Estado de Guatemala se complace en informar que el Congreso de la República emitió con carácter de urgencia nacional, el Decreto 8-2015 el cual establece, que la edad mínima para casarse es a los 18 años para hombre y mujeres, con una excepción a los 16 años, por razones fundadas y con orden de juez competente. Merece, destacar que no se podrá aceptar la unión de hecho entre persona menores de edad. Pendiente de publicación en Diario Oficial.