Artículo 9

73.El párrafo 100 del informe adicional de China sigue vigente.

74.Al 1º de diciembre de 2005, China había firmado tratados de auxilio judicial (en el ámbito civil y penal) con 36 países y 26 de esos tratados ya han entrado en vigor. Dichos instrumentos constituyen el fundamento jurídico para la asistencia entre los Estados signatarios en materia de procesamiento penal por los delitos descritos en el artículo 4 de la Convención. Véase el cuadro siguiente.

Países	Nombre	Fecha de la firma del tratado	Fecha de entrada en vigor del tratado
1	Polonia	5 de junio de 1987	13 de febrero de 1988
2	Mongolia	31 de agosto de 1989	29 de octubre de 1990
3	Rumania	16 de enero de 1991	22 de enero de 1993
4	Federación de Rusia	19 de junio de 1992	14 de noviembre de 1993
5	Turquía	28 de septiembre de 1992	26 de octubre de 1995
6	Ucrania	31 de octubre de 1992	19 de enero de 1994
7	Cuba	24 de noviembre de 1992	26 de marzo de 1994
8	Belarús	11 de enero de 1993	29 de noviembre de 1993
9	Kazajstán	14 de enero de 1993	11 de julio de 1995
10	Egipto	21 de abril de 1994	31 de mayo de 1995
11	Canadá	29 de julio de 1994	1º de julio de 1995
12	Grecia	17 de octubre de 1994	29 de junio de 1996
13	Bulgaria	7 de abril de 1995	27 de mayo de 1996
14	Chipre	25 de abril de 1995	11 de enero de 1996
15	Kirguistán	4 de julio de 1996	26 de septiembre de 1997
16	Tayikistán	16 de septiembre de 1996	2 de septiembre de 1998
17	Uzbekistán	11 de diciembre de 1997	29 de agosto de 1998
18	Viet Nam	19 de octubre de 1998	25 de diciembre de 1999
19	República de Corea	12 de noviembre de 1998	24 de marzo de 2000
20	República Democrática Popular Lao	25 de enero de 1999	15 de diciembre de 2001
21	Colombia	14 de mayo de 1999	27 de mayo de 2004
22	Túnez	30 de noviembre de 1999	30 de diciembre de 2000
23	Lituania	20 de marzo de 2000	--
24	Estados Unidos de América	19 de junio de 2000	8 de marzo de 2001
25	Indonesia	24 de julio de 2000	--
26	Filipinas	16 de octubre de 2000	--
27	Estonia	12 de junio de 2002	--
28	Sudáfrica	20 de enero de 2003	17 de noviembre de 2004
29	Tailandia	21 de junio de 2003	20 de febrero de 2005
30	República Popular Democrática de Corea	19 de noviembre de 2003	--
31	Letonia	15 de abril de 2004	18 de septiembre de 2005
32	Brasil	24 de mayo de 2004	--
33	México	24 de enero de 2005	--
34	Perú	27 de enero de 2005	--
35	Francia	18 de abril de 2005	--
36	España	21 de julio de 2005	--

Artículos 10 y 11

75.Véanse los párrafos 101 y 102 del informe adicional de China, los párrafos 27 a 37 del segundo informe y los párrafos 26 a 35 del tercer informe.

76.El Gobierno de China siempre ha abogado por la prohibición de la tortura. No sólo ha prohibido la tortura por ley sino que ha dado la debida importancia a la educación y la sensibilización acerca de la prohibición de la tortura para los funcionarios públicos, en particular los agentes de la ley de las dependencias de seguridad pública, las fiscalías, los tribunales y las dependencias administrativas de los órganos judiciales.

77.Desde que China presentó su tercer informe en 1999, las dependencias de seguridad pública, las fiscalías, los tribunales y las dependencias de administración judicial del país han adoptado una serie de medidas de sensibilización y educación acerca de la prohibición de la tortura.

78.Desde 1998, el Ministerio de la Seguridad Publica viene realizando una importante labor de formación de la policía popular encargada de la seguridad pública en materia de protección de los derechos humanos.

79.Iniciar las actividades de formación y capacitación, especialmente para los cuadros directivos de todos los niveles. Teniendo en cuenta las normas internacionales de derechos humanos, se capacita sobre la Constitución, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, a fin de mejorar la competencia jurídica de los cuadros directivos y aumentar su capacidad de desempeñar sus funciones conforme a la ley. En 2003, el Ministerio de la Seguridad Pública publicó una circular en la que anunciaba el inicio de la formación rotatoria sobre el modo de pensar acertado con respecto a la aplicación de la ley para miembros de los equipos dirigentes de las dependencias distritales de seguridad pública, formación que consistió en actividades intensivas destinadas a enseñar a pensar correctamente al aplicar la ley, valiéndose de casos reales y ejemplos típicos para impartir una formación en gran escala a los cuadros directivos de base y permitirles comprender el sistema de normas mínimas de justicia propio de la justicia internacional, ahondar el estudio de los contenidos pertinentes en materia de protección de los derechos humanos y concienciar bien de los derechos humanos. En la 12ª Conferencia Nacional sobre Seguridad Pública, celebrada del 20 al 22 de noviembre de 2003, se propuso dar prioridad a la resolución de cuestiones importantes en materia de aplicación de la ley, como la obtención de confesiones mediante la tortura y la salvaguardia de los derechos e intereses legítimos del Estado, los colectivos, los grupos y de cada ciudadano.

80.Se busca incorporar las normas internacionales de derechos humanos en las prácticas de los órganos de represión, mediante la organización y realización de actividades de formación para la totalidad de los efectivos de la policía popular de seguridad pública, en particular los agentes de a pie que actúan en primera línea, a fin de mejorar el desempeño de la labor de la policía popular. Se ha establecido un sistema de formación obligatoria para la policía popular que abarca el reclutamiento, el servicio, la promoción y las operaciones sobre el terreno y en 2003 se formó a más de 1,13 millones de miembros de la policía popular. La formación sobre el ordenamiento jurídico es un componente obligatorio de las enseñanzas impartidas y debe constituir al menos el 30% de la totalidad de los cursos.

81.Hacer hincapié en la capacitación y cooperación en materia de derechos humanos en el plano internacional, abordando el tema de la protección de los derechos humanos, e iniciar actividades de cooperación e intercambio con las organizaciones internacionales pertinentes y los cuerpos de policía de otros países. Por ejemplo, en julio de 2001 se organizó junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un simposio internacional sobre "Los derechos humanos y la policía" y, de noviembre a diciembre de 2003, se organizó conjuntamente un curso de capacitación sobre la protección de los derechos humanos destinado a altos oficiales de policía. Además se envió a varios grupos de estudiantes a observar y estudiar en países como Canadá o Francia.

82.Para reforzar la formación impartida a los fiscales, la Fiscalía Suprema Popular elaboró expresamente el Plan de capacitación profesional para fiscales y el Reglamento provisional sobre la capacitación de fiscales, en el que se estableció el contenido y el formato de esa formación, consistente por ejemplo en capacitación para el desempeño de la función de fiscal, capacitación con vistas a la promoción, cursos sobre determinadas cuestiones y otro tipo de formación profesional.

83.El instituto nacional de formación de fiscales de China y sus dependencias provinciales son establecimientos especializados en la formación de fiscales y cada año invitan a expertos en derechos humanos a dictar cursos sobre la protección de los derechos humanos. Las fiscalías encargadas de investigar y tramitar casos de negligencia del deber y violaciones de los derechos relacionadas con actos de tortura organizan cada año cursos especiales adaptados a sus necesidades particulares.

84.En 1998, la Fiscalía Suprema Popular emitió un documento que reflejaba la firme determinación de hacer frente a los incumplimientos de la ley y las faltas disciplinarias vigorosamente denunciadas por la ciudadanía. En el documento se estipulaba claramente que:

a)Está terminantemente prohibido sobrepasar los límites de la competencia al tramitar casos;

b)Está terminante prohibido adoptar medidas de coacción con respecto a un testigo;

c)Antes de la apertura de sumario, no se adoptarán medidas coercitivas con respecto a los sospechosos, y está prohibida la detención prolongada;

d)Las dependencias de la fiscalía o las salas de interrogatorio no se utilizarán como lugares de detención;

e)En general, los interrogatorios se deben realizar en un establecimiento de detención, pero si es preciso hacerlo en la sala de interrogatorio de una fiscalía, se deberá establecer un estricto régimen de detención provisional;

f)Todas las personas que hayan recurrido a la tortura para obtener confesiones al investigar un caso serán enjuiciadas después de haber sido suspendidas de sus funciones;

g)En casos en que la negligencia del deber, la detención ilegal, los tratos ilegales u otros actos hayan causado la muerte de una persona, además de investigar a la persona directamente responsable de conformidad con la ley y la disciplina, si un cuadro directivo da muestras de grave negligencia en el cumplimiento de su deber, será separado de su cargo de conformidad con el procedimiento previsto en la ley;

h)Está terminantemente prohibido retener, malversar o reservar fondos para beneficio personal.

85.En 2003, la Fiscalía Suprema Popular inició actividades educativas en todas las fiscalías del país, con el fin de "reforzar la supervisión legal y garantizar la equidad y la justicia". Las fiscalías de todo nivel vincularon estrechamente esas actividades con su práctica real, participaron con conciencia en ellas y escucharon diligentemente las opiniones de diferentes sectores de la sociedad, de modo que la formación tuvo resultados relativamente buenos. En una ambiciosa labor de resolución e investigación especial de casos desestimados, detenciones no autorizadas, causas no juzgadas, sentencias absolutorias y casos de retención de fondos, se examinó un total de 410.000 causas y se corrigieron 6.643 casos que presentaban deficiencias como procedimientos faltos de rigor o documentos legales no conformes a las normas. Se intentó resolver casos de retención ilegal de fondos, no devolución o retraso en la entrega de fondos, y se entregaron y devolvieron esos dineros como correspondía, de conformidad con la ley. Se investigó minuciosamente a 424 miembros del personal de las fiscalías implicados en actos ilícitos o faltas disciplinarias y 21 de ellos fueron objeto de sanciones penales.

86.El 19 de marzo de 2004, la Fiscalía Suprema Popular organizó una videoconferencia en la que se exigió a los fiscales de todo el país que estudiaran con detenimiento las enmiendas a la Constitución, adquirieran un conocimiento profundo de ésta y salvaguardaran con determinación la autoridad de la Constitución; hicieran del respeto y la protección de los derechos humanos el principio central común de todos los aspectos de la aplicación de la ley y la tramitación de los casos, lucharan vigorosamente contra el delito, investigaran y resolvieran con tenacidad los casos de funcionarios del Estado que hubiesen aprovechado su cargo para vulnerar gravemente los derechos personales y democráticos de los ciudadanos y garantizaran que no se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos que consagra la Constitución.

87.El 18 de octubre de 2001, el Tribunal Supremo Popular promulgó el Código fundamental de ética profesional para los jueces de la República Popular China, en el que se exige que los jueces protejan la equidad judicial, mejoren la eficiencia judicial, defiendan las prácticas limpias, honestas y justas, respeten el protocolo judicial, procuren su desarrollo personal y limiten sus actividades extrajudiciales.

88.El Ministerio de Justicia de China exige que en el sistema penitenciario se forme a todos los funcionarios para que utilicen métodos civilizados de trabajo a fin de prevenir los delitos de crueldad como los malos tratos o el castigo corporal. De conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Justicia, cada provincia utiliza medios convenientes, como la organización de cursos de capacitación o grupos de estudio, para enseñar el derecho penitenciario y las convenciones de derechos humanos a la gran mayoría de los funcionarios. El Ministerio de Justicia ha recogido las disposiciones de la Convención contra la Tortura y las leyes y normas chinas pertinentes en un folleto del que se ha entregado un ejemplar a cada funcionario, pidiéndole que estudie a fondo su contenido y que respete escrupulosamente la ley.

89.En 1999, el Ministerio de Justicia emitió la circular sobre la iniciativa de educación básica para mejorar el nivel de la policía popular en las penitenciarías de todo el país y, luego de tres años de ardua labor, concluyó la capacitación del personal penitenciario de la policía popular de todo el país. En general, la formación abarcó el contenido pertinente de tratados internacionales de derechos humanos como las normas jurídicas y profesionales relacionadas con los centros penitenciarios y las normas internacionales de derechos humanos.

90.En febrero de 2000, el Ministerio de Justicia redactó una nota sobre el cumplimiento riguroso de la ley en el trabajo, que se difundió en toda la administración del sistema judicial nacional, en la que se pedía a todos los agentes de la ley que la estudiaran con detenimiento y la aplicaran escrupulosamente.

91.Para atender las exigencias de las actividades de mantenimiento del orden en las cárceles, a partir de 2002 el Ministerio de Justicia ha capacitado a alrededor de 2.000 alcaides de casi 700 prisiones. Entre los docentes que tuvieron a su cargo esos cursos de formación se contaban expertos y especialistas de renombre y los jefes de las dependencias del ramo de la China continental, junto con funcionarios del Departamento de Servicios Penitenciarios de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. La capacitación de los alcaides abarcaba el ordenamiento jurídico, la honestidad en la administración y conocimientos generales conexos, lo cual permitió que en los niveles superiores del sistema penitenciario se tomara conciencia de la importancia y urgencia de reformar las prisiones; también se corrigieron las ideas con respecto al trabajo y se reforzaron los conceptos en relación con el cumplimiento de la ley y la disciplina.

92.En 2002, la Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia, el Departamento de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo y el centro chino de certificación para el empleo publicaron un documento conjunto sobre la formación de consejeros penitenciarios cualificados en el país. La función de estos consejeros consiste en prevenir y suprimir los actos de tortura contra los reclusos y, dentro de lo que permiten las condiciones de detención, prestarles ayuda en asuntos conexos como la educación en materia de salud mental, consultas sobre barreras psicológicas y el tratamiento de trastornos psicológicos. Se ha capacitado a casi 1.000 consejeros penitenciarios, con lo cual se cuenta con los recursos humanos necesarios para emprender la labor de tratamiento psicológico de los delincuentes. A nivel nacional, alrededor del 90% de las cárceles han iniciado este trabajo.

93.En 2004, el Ministerio de Justicia organizó un simposio en conmemoración del décimo aniversario de la promulgación de la Ley penitenciaria, haciendo hincapié en que esta ley debe aplicarse al pie de la letra y que la justicia en el mantenimiento del orden, los métodos civilizados, el estricto control de la policía, la protección de los derechos e intereses legítimos de los delincuentes y una conciencia arraigada en los corazones de las personas deben ser los principios rectores de toda la policía popular. En mayo de 2005, el Ministerio de Justicia dio inicio a medio año de actividades especiales de reforma y consolidación del sistema penitenciario, encaminadas a "normalizar las prácticas de mantenimiento del orden, promoviendo la equidad". El objetivo era ante todo iniciar las labores en cuatro esferas principales: la normalización de las prácticas de aplicación de la ley, la erradicación definitiva de "los tres males" (a saber, el problema de las golpizas, el castigo corporal, la degradación y los malos tratos; el problema del sometimiento de los delincuentes a períodos excesivos de trabajo demasiado extenuante, y el problema de los cobros indiscriminados en las cárceles), fortalecer la administración de las prisiones y promover la apertura en el ámbito penitenciario. En el marco de esta iniciativa, el sistema penitenciario organizó 2.846 programas de capacitación a distintos niveles sobre las normas y reglamentos jurídicos pertinentes que los funcionarios deben comprender perfectamente. Alrededor de 280.000 agentes de la policía popular empleados en las prisiones de todo el país, entre ellos personal de la Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia, participaron en un examen unificado.

Artículo 12

94.Siguen siendo válidos los párrafos 113 y 114 del informe adicional.

95.Según la Constitución y las leyes pertinentes, los órganos fiscales tienen la responsabilidad de investigar y procesar a los funcionarios estatales que incumplan su deber, que abusen de su poder para obtener confesiones de sospechosos o acusados mediante la tortura, o que empleen la fuerza para conseguir que los testigos declaren (artículo 247 del Código Penal) o que maltraten físicamente a reclusos que están bajo su supervisión (artículo 248 del Código Penal) por violar los derechos humanos y democráticos de los ciudadanos. Las fiscalías de los distintos niveles han establecido más de 3.000 órganos fiscales especiales en todo el país, que cuentan con aproximadamente 13.000 funcionarios de dedicación exclusiva, en un intento de garantizar la investigación pronta e imparcial de los actos de tortura.

96.Los órganos fiscales de China siguen los siguientes procedimientos para investigar y procesar los delitos de tortura.

97.Aceptación de un caso. Según el artículo 120 del Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular sobre el proceso penal para las fiscalías populares, éstas aceptan directamente denuncias, quejas, acusaciones y confesiones de los sospechosos.

98.Investigación preliminar. Según el artículo 129 del Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular sobre el proceso penal para las fiscalías populares, los departamentos de investigación se encargarán de los casos denunciados y llevarán a cabo investigaciones preliminares. Deberán elaborar un informe de investigación y proponer recomendaciones para su examen y aprobación por el Fiscal Jefe. En los casos en que se deslinde la responsabilidad por actos delictivos y proceda formular cargos penales, se debería recomendar la apertura de la investigación oficial del caso. Cuando no existan pruebas penales o éstas sean confusas o insuficientes o cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal, se debería recomendar la desestimación del caso. Cuando se trate claramente de delitos menores que sólo hayan provocado daños moderados, sin justificar la formulación de cargos penales, pero constituyan violaciones de las leyes y las normas de disciplina, se debería recomendar que el órgano fiscal competente informe al supervisor del infractor para que le imponga sanciones disciplinarias.

99.Apertura de la investigación. Cuando se inicie la investigación de un caso, se activará el procedimiento penal para que se lleve a cabo la investigación y se reúnan pruebas y para que, cuando sea necesario y previa aprobación de las autoridades competentes, los órganos de seguridad pública detengan o arresten al presunto culpable.

100.Terminación de la investigación. Tras investigar todos los hechos pertinentes de los casos, los departamentos de investigación transferirán el expediente a los departamentos judiciales para que decidan si se inicia el proceso.

101.Acción judicial. Los departamentos judiciales examinarán el expediente de los casos presentado por los departamentos de investigación. Cuando los resultados de la investigación confirmen que se ha cometido un delito y existan pruebas contrastadas y suficientes para incoar un procedimiento ante un tribunal, los departamentos judiciales iniciarán el proceso de conformidad con la ley y sustentarán la acusación ante los tribunales. Cuando se trate de infracciones leves no punibles por la ley penal, los departamentos judiciales pueden decidir no procesar.

102.Los órganos fiscales ejercen los derechos de la acusación previstos por la ley de forma independiente, sin la injerencia de órganos administrativos, organizaciones sociales o particulares. Durante los períodos de investigación y examen de la acción judicial en los órganos fiscales, todos los imputados tienen acceso a asistencia letrada.

103.Según la Constitución y otras leyes pertinentes, las fiscalías populares son órganos de supervisión jurídica del Estado que tienen competencia para supervisar las investigaciones, los juicios y la ejecución de las penas. Las fiscalías supervisan y preservan la legalidad de las investigaciones que realizan los órganos de seguridad pública de las siguientes formas.

104.En los casos cuya investigación se debería iniciar pero que no han sido registrados por la policía, las fiscalías tienen derecho a pedir que los órganos de seguridad pública expliquen las razones por las que no han registrado el caso. Si las razones se consideran insostenibles, las fiscalías ordenarán a los órganos de seguridad pública que registren los casos para investigarlos.

105.Las fiscalías velan por la legalidad de las investigaciones llevadas a cabo por los órganos de seguridad pública como parte del proceso penal. Vigilan determinados aspectos de las investigaciones como el interrogatorio de los sospechosos, la toma de declaración a testigos y los registros, así como medidas coercitivas como la detención y el arresto.

106.En el caso de infracciones leves cometidas durante la investigación, las fiscalías pueden pronunciar una advertencia o emitir una nota para la rectificación de acciones ilegales con el fin de que la autoridad policial de supervisión imponga una sanción disciplinaria al agente correspondiente. En el caso de que las violaciones constituyan delito, los departamentos fiscales encargados de los actos de incumplimiento del deber o de abuso de poder someterán el caso a investigación y formularán cargos penales.

107.Las fiscalías populares de todos los niveles han establecido organismos fiscales especiales en los establecimientos de internamiento. En julio de 1987, estos organismos especiales abrieron oficinas permanentes en las cárceles bajo su autoridad respectiva. Los fiscales permanentes ejercen los derechos de la acusación de forma independiente y rinden cuentas directamente a las fiscalías. No dependen del director de la cárcel y sus oficinas no son dependencias de la cárcel en que están ubicadas. Aceptan denuncias, quejas y acusaciones directamente de los reclusos e investigan los casos de castigo corporal, apaleamiento y maltrato de los reclusos a medida que tienen conocimiento de ellos.

108.Desde 1999, año en que China presentó el tercer informe, las fiscalías han investigado y tramitado numerosos casos penales en que funcionarios públicos han abusado de su poder y violado los derechos humanos y democráticos de los ciudadanos, por ejemplo utilizando la tortura para obtener confesiones, empleando la violencia para que los testigos rindan declaración y maltratando a reclusos. El número total de casos de este tipo está disminuyendo, según indican las estadísticas siguientes:

a)1999:

Número de cargos penales por torturar para obtener confesiones: 143

Número de cargos penales por maltratar a reclusos: 42

b)2000:

Número de cargos penales por torturar para obtener confesiones: 137

Número de cargos penales por maltratar a reclusos: 52

c)2001:

Número de cargos penales por torturar para obtener confesiones: 101

Número de cargos penales por maltratar a reclusos: 38

d)2002:

Número de cargos penales por torturar para obtener confesiones: 55

Número de cargos penales por maltratar a reclusos: 30

e)2003:

Número de cargos penales por torturar para obtener confesiones: 52

Número de cargos penales por maltratar a reclusos: 32

Número de cargos penales por emplear la violencia para obtener declaraciones de testigos: 7

f)2004:

Número de cargos penales por torturar para obtener confesiones: 53

Número de cargos penales por maltratar a reclusos: 40

Número de cargos penales por emplear la violencia para obtener declaraciones de testigos: 4

109.Para preservar el principio constitucional de que "el Estado respeta y protege los derechos humanos", la Fiscalía Suprema Popular decidió, el 11 de mayo de 2004, iniciar una campaña nacional de un año de duración para investigar y enjuiciar a los funcionarios estatales que abusaran de su poder y violasen los derechos humanos. Se instó a todo el ministerio público a actuar con rapidez y sensibilizar a la opinión pública. Todos los círculos sociales y la población respondieron de forma positiva a la campaña y presentaron denuncias y quejas por delitos de violación de los derechos humanos. Los órganos fiscales juntaron sus recursos para investigar y tramitar una serie de casos, como delitos relacionados con el uso de la tortura para obtener confesiones, el empleo de la violencia para obtener declaraciones de testigos y el maltrato de reclusos. La campaña logró resultados notables durante el período en que estuvo vigente.

Artículo 13

110.Los párrafos 42 a 48 del tercer informe de China siguen siendo válidos.

111.La Constitución de China salvaguarda el derecho de las víctimas de tortura a presentar denuncias ante las autoridades estatales competentes, al tiempo que protege a las propias víctimas o a los testigos contra amenazas o represalias. El párrafo 2 del artículo 41 de la Constitución dice así: "Los organismos correspondientes del Estado deben verificar los hechos alegados en las quejas, acusaciones o denuncias que hagan los ciudadanos y responsabilizarse de atenderlas. Nadie debe reprimir o tomar represalias contra los ciudadanos que las formulen".

112.El artículo 46 de la Ley de la policía popular de la República Popular China dice así: "Todo ciudadano u organización tendrá derecho a denunciar o acusar a los agentes de la policía popular que infrinjan la ley o las normas de disciplina ante un órgano de la policía popular, una fiscalía popular o un órgano de supervisión administrativa. El órgano que acepte la denuncia o acusación investigará y tramitará el caso sin demora y notificará a la persona u organización que formuló la denuncia o acusación la conclusión del caso. Nadie deberá reprimir o tomar represalias contra los ciudadanos o las organizaciones que formulen una denuncia o acusación conforme a la ley".

113.La Ley penitenciaria dice así:

a)Artículo 21: "Si un preso no está satisfecho con un fallo efectivo, puede presentar un recurso. Los recursos presentados por los presos serán tramitados sin demora por una fiscalía popular o un tribunal popular".

b)Artículo 22: "Las cárceles tramitarán sin demora las quejas o acusaciones formuladas por los presos o las transferirán a un órgano de seguridad pública o a una fiscalía popular. El órgano de seguridad pública o la fiscalía popular comunicarán el resultado a la cárcel".

c)Artículo 23: "Las cárceles transferirán sin demora las demandas, quejas y acusaciones formuladas por los presos y no las retendrán".

d)El artículo 46 del Reglamento sobre los establecimientos de detención dice así: "Los establecimientos de detención deberían remitir sin demora los recursos de apelación de los reclusos y no deberían obstaculizar su presentación ni retenerlos. Las acusaciones por escrito y las denuncias de actos ilícitos de funcionarios judiciales preparados por los reclusos deberían remitirse a las fiscalías populares sin demora".

114.Para facilitar la formulación de acusaciones y la presentación de recursos por el público en general y aumentar la responsabilidad y la eficiencia del personal de las fiscalías, la Fiscalía Suprema Popular emitió el 1º de julio de 2003 el Reglamento (experimental) de la Fiscalía Popular sobre la aplicación de un sistema de responsabilidad de primera instancia. Según este Reglamento, el sistema de responsabilidad de primera instancia consiste en que las fiscalías populares deben tramitar las acusaciones y los recursos de apelación en el marco de su mandato de forma oportuna y con una clara división interna del trabajo y de las responsabilidades. El propósito de este sistema es que las acusaciones y los recursos de apelación sean resueltos por la primera instancia que los acepte y tramite, incluso en los casos de uso de la tortura para obtener confesiones o de empleo de la violencia para obtener declaraciones de testigos.

115.Los criterios aplicables a los casos graves y especialmente graves contienen disposiciones relativas a los casos de violación de los derechos humanos y democráticos de los ciudadanos por los funcionarios estatales, incluidos los relativos al uso de la tortura para obtener confesiones, al empleo de la violencia para obtener declaraciones de testigos y al maltrato de reclusos. Estas disposiciones constituyen una de las bases en que se fundamentan la investigación y la tramitación de los casos de tortura (véanse también los párrafos 14 y 57).

116.Los tribunales populares enjuician los casos de tortura de forma rápida e imparcial, previo inicio de la correspondiente acción judicial por las fiscalías populares. El proceso judicial en su conjunto se rige por los siguientes principios: los juicios han de ser públicos, los procedimientos deben ser vinculantes y las sentencias han de ser justas.

117.Desde 1999, año en que China presentó su tercer informe, las fiscalías han investigado y tramitado varias causas penales por violación de los derechos humanos mediante el uso de la tortura cometidas por funcionarios del Estado. En general, el total de este tipo de casos está disminuyendo, como indican las estadísticas siguientes:

a)1999:

i)Número de personas condenadas por torturar para obtener confesiones:  178

ii)Número de personas condenadas por emplear la violencia para obtener declaraciones de testigos: 3

iii)Número de personas condenadas en causas penales por maltratar a reclusos:  0

b)2000:

i)Número de personas condenadas por torturar para obtener confesiones: 121

ii)Número de personas condenadas por emplear la violencia para obtener declaraciones de testigos: 1

iii)Número de personas condenadas en causas penales por maltratar a reclusos:  3

c)2001:

i)Número de personas condenadas por torturar para obtener confesiones:  81

ii)Número de personas condenadas por emplear la violencia para obtener declaraciones de testigos:  3

iii)Número de personas condenadas en causas penales por maltratar a reclusos:  34

d)2002:

i)Número de personas condenadas por torturar para obtener confesiones:  44

ii)Número de personas condenadas por emplear la violencia para obtener declaraciones de testigos: 2

iii)Número de personas condenadas en causas penales por maltratar a reclusos:  18

e)2003:

i)Número de personas condenadas por torturar para obtener confesiones: 60

ii)Número de personas condenadas por emplear la violencia para obtener declaraciones de testigos: 2

iii)Número de personas condenadas en causas penales por maltratar a reclusos:  27

f)2004:

i)Número de personas condenadas por torturar para obtener confesiones: 82

ii)Número de personas condenadas por emplear la violencia para obtener declaraciones de testigos: 2

iii)Número de personas condenadas en causas penales por maltratar a reclusos:  40

Artículo 14

118.Los párrafos 45 a 53 del segundo informe y el párrafo 50 del tercer informe de China siguen siendo válidos.

119.Tras la conclusión de las causas por violación de los derechos humanos de los ciudadanos cometidas por funcionarios estatales que abusan de su poder, todas las víctimas que se ajustan a lo dispuesto en la Ley de indemnizaciones del Estado han sido indemnizadas por el Estado.

120.El artículo 5 de las Medidas relativas a las indemnizaciones administrativas y penales concedidas por las autoridades judiciales y penales establece que la indemnización penal se concederá en los siguientes casos de violación de los derechos humanos de los ciudadanos cometidas por los funcionarios de las instituciones penitenciarias en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de su poder: usar la tortura para obtener confesiones o recurrir al castigo físico, maltratar a reclusos lesionando o matándolos; apalear a reclusos o incitar a terceros o consentir que éstos lo hagan, con consecuencias graves; humillar a reclusos con consecuencias graves; rechazar injustificadamente la puesta en libertad de reclusos que hayan cumplido íntegramente sus penas; utilizar ilegalmente armas e instrumentos y mecanismos policiales de forma que se lesione a ciudadanos o se provoque su muerte; realizar otros actos ilegales que lesionen a los reclusos o les provoquen la muerte.

Artículo 15

121.Los párrafos 120 a 122 del informe adicional, el párrafo 55 del segundo informe y el párrafo 52 del tercer informe de China siguen siendo válidos.

122.Según el derecho chino, en los procesos judiciales no se podrá utilizar ninguna declaración que se demuestre que se ha obtenido mediante coacción. Tampoco se utilizará ninguna prueba obtenida de forma ilegal para sustentar una sentencia condenatoria. El artículo 43 del Código de Procedimiento Penal dice así: "Los jueces, los fiscales y los investigadores deberán, de conformidad con el proceso legalmente establecido, reunir varios tipos de pruebas para demostrar la culpabilidad o la inocencia de los sospechosos o acusados y la gravedad del delito cometido. Estará estrictamente prohibido torturar para obtener confesiones o recurrir a la amenaza, la incitación, el engaño u otros medios ilícitos para reunir pruebas. Se deben garantizar las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos relacionados con una causa o que tengan información sobre las circunstancias de una causa puedan proporcionar pruebas de forma objetiva y exhaustiva y, salvo en circunstancias especiales, ser convocados para ayudar en la investigación".

123.El artículo 181 de las Disposiciones procesales para la tramitación de las causas penales por los órganos de seguridad pública dice así: "Durante los interrogatorios, se deben escuchar con atención las declaraciones y las explicaciones de los sospechosos. Se prohíbe tajantemente el recurso a la tortura o las amenazas, la incitación, el engaño u otros medios ilegales para obtener confesiones". El artículo 26 de las Disposiciones procesales para la tramitación de las causas administrativas por los órganos de seguridad pública dice: "Los órganos de seguridad pública deben cumplir estrictamente los procedimientos legales al reunir las pruebas necesarias para demostrar si un sospechoso ha violado la ley y determinar la gravedad de la violación. También se prohíbe tajantemente torturar para obtener confesiones o el recurso a amenazas, la incitación, el engaño y otros medios ilegales para recurrir pruebas.

124.El artículo 265 del Reglamento del procedimiento penal para las fiscalías populares dice claramente que las confesiones de sospechosos y las declaraciones de víctimas y testigos obtenidas mediante torturas o amenazas, la incitación, el engaño u otros medios ilegales no pueden utilizarse para sustentar acusaciones. El 2 de enero de 2001, la Fiscalía Suprema Popular emitió la circular sobre la prohibición estricta del uso de confesiones de sospechosos obtenidas mediante la tortura para sustentar el enjuiciamiento de delitos. La circular requiere que las fiscalías populares de todos los niveles cumplan y apliquen escrupulosamente las disposiciones legislativas sobre la prohibición estricta de la utilización de la tortura para obtener confesiones y aclaren las normas relativas a la exclusión de pruebas ilegales. La Fiscalía Suprema Popular insta a las fiscalías populares de todos los niveles a cumplir estrictamente las disposiciones legislativas y a excluir con firmeza las confesiones de sospechosos y las declaraciones de víctimas y testigos que se determine que fueran obtenidas por medios ilegales. No se debería permitir margen alguno en lo que respecta al uso de la tortura para obtener confesiones o al empleo de otros medios ilegales para reunir pruebas.

Artículo 16

125.Los párrafos 57 a 62 del segundo informe y los párrafos 54 a 57 del tercer informe de China siguen siendo válidos.

126.Según el derecho chino, las medidas de prohibición de la tortura se aplican igualmente a la protección de la dignidad personal de los ciudadanos. El artículo 39 de la Constitución de China dice así: "La dignidad personal de los ciudadanos de la Republica Popular China es inviolable. Se prohíbe ofenderlos, denigrarlos o lanzarles acusaciones infundadas e imputaciones insidiosas por cualquier medio".

127.En 1998, El Ministerio de la Seguridad Pública inició un plan nacional para crear establecimientos de detención en los que prevaleciese la "aplicación estricta de la ley y una gestión civilizada", comprometiéndose ante la sociedad a que los sospechosos y acusados fueran tratados de forma civilizada y no sufrieran palizas, castigos corporales o agresiones contra su dignidad. Se garantizarían las condiciones básicas de vida de los sospechosos y acusados, quienes serían tratados con prontitud en caso de caer enfermos.

128.En 2000, el Ministerio de la Seguridad Pública llevó a cabo un plan especial de mejora de las condiciones y del orden de los establecimientos de detención de todo el país, mejorando en gran medida las condiciones de las instituciones de internamiento y creando un buen entorno de vida para los sospechosos y acusados.

129.En 2001, el Ministerio de la Seguridad Pública publicó el Reglamento sobre el comportamiento de la policía popular en los establecimientos de detención, en el que se establece explícitamente que la policía popular no debe recurrir a la tortura para obtener confesiones ni utilizar castigos corporales o un trato cruel o degradante contra los detenidos. Tampoco debe golpear a los detenidos ni incitar a otros a que lo hagan. Debe respetar la dignidad personal y humana de los detenidos, así como las costumbres de los miembros de las minorías étnicas y de los extranjeros detenidos. No puede dirigirse a los detenidos con motes o con un lenguaje degradante o sesgado. Los detenidos que caigan enfermos deberán recibir rápidamente tratamiento y una atención apropiada.

130.En 2003, el Ministerio de la Seguridad Pública emprendió una investigación de gran envergadura de la aplicación de la ley en los establecimientos de detención de todo el país, en particular si se propinaban palizas, castigos corporales o un trato cruel a los sospechosos o acusados o si se cometían actos que violasen los derechos e intereses legítimos de ellos.

131.En marzo de 2004, el Ministerio de la Seguridad Pública y la Fiscalía Suprema Popular prepararon y pusieron en marcha conjuntamente, en los establecimientos de detención y en las oficinas permanentes de la fiscalía de todo el país, un plan cuyo objetivo era establecer "unidades modelo en las que se pusiesen en práctica los ideales del fortalecimiento de la supervisión de la aplicación de la ley, del refuerzo de la supervisión legal, de la garantía de la tramitación ágil de las causas penales y de la protección de los derechos e intereses legítimos de los detenidos". En el marco de este plan se requirió a los establecimientos de detención de todas las zonas que difundiesen los conceptos relativos a la aplicación de la ley y que crearan una conciencia sólida de la protección de los derechos e intereses legítimos de los detenidos de conformidad con la ley, con el fin de respetar y garantizar de forma más consciente los derechos de los detenidos, como la dignidad personal y la integridad, condiciones básicas de vida, atención a la salud y el derecho a recibir visitas y mantener correspondencia, a formular críticas y recomendaciones a los órganos estatales y a su personal y a denunciar o acusar a dichos órganos o a presentar recursos de apelación contra ellos. Este plan debía redundar en una normalización rigurosa de los procedimientos de aplicación de la ley y servicio, la supresión tajante de las prácticas del sistema de supervisión que contravienen la garantía de los derechos humanos, el establecimiento y perfeccionamiento de un mecanismo para garantizar los derechos e intereses legítimos de los detenidos, la erradicación firme de la práctica de torturas para obtener confesiones en los establecimientos de detención, el uso de instrumentos policiales conforme a la ley y la erradicación resuelta de la práctica del apaleamiento, del castigo físico o de trato cruel de los detenidos.

132.El 15 de noviembre de 2000, el Tribunal Supremo Popular aprobó la interpretación judicial del Reglamento del Tribunal Supremo Popular para el enjuiciamiento de menores delincuentes. La interpretación judicial dice claramente que, al enjuiciar a menores delincuentes, se deben respetar los principios de "que la amplitud de miras será el factor dominante y el castigo será secundario, y de la amplitud de miras, la persuasión y la reforma". Al enjuiciar a delincuentes juveniles, se deberían respetar las disposiciones del Código de Procedimiento Penal relativas a las vistas a puerta cerrada. Se habría de garantizar el acceso de los acusados menores de edad a los servicios de un abogado defensor de conformidad con la ley y que, si un acusado de menos de 18 años no ha designado abogado defensor al iniciarse el juicio, el Tribunal Popular nombre un letrado para que lo defienda. Antes de comenzar el juicio, se debería requerir al representante legal del menor acusado que esté presente en el juicio, y también se pueden adoptar las medidas necesarias para que un representante legal u otro adulto (como un pariente cercano o un profesor) visite al menor acusado. En la sala del tribunal, no está permitido utilizar instrumentos policiales contra un menor acusado y éste podrá permanecer sentado cuando se le interrogue y pregunte, y sólo deberá ponerse en pie para responder a las preguntas y escuchar la sentencia del juez. Cuando se descubra que se han empleado métodos como el engaño para obtener una confesión, la reprensión, la ridiculización o la amenaza en contra de un menor acusado, el juez deberá poner fin inmediatamente a la utilización de esos métodos. En cuanto a los menores delincuentes que ya hayan sido internados en un reformatorio o en otro centro de detención de menores, el tribunal de menores puede ponerse en contacto por diversos medios con esos establecimientos para conocer el estado de la rehabilitación del delincuente, así como prestar asistencia en las labores de apoyo, educación y reforma. También puede realizar visitas e investigaciones adicionales de los menores delincuentes que están cumpliendo sus condenas. Dichas interpretaciones judiciales tienen consecuencias positivas en lo que respecta a la prevención eficaz del uso de la tortura contra menores durante los juicios y a la protección de los derechos e intereses legítimos de los menores.

Parte II

INFORMACIÓN ADICIONAL PROPORCIONADA EN RESPUESTA A LAS "CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES" DEL COMITÉ TRAS EXAMINAR EL TERCER INFORME

Relativa a la incorporación a la legislación nacional de China de una definición de la tortura que se ajuste enteramente a la definición que figura en la Convención.

133.En los párrafos 59 a 64 del tercer informe de China ya se han dado explicaciones a este respecto.

134.El Gobierno de China cree firmemente que, de conformidad con el Código Penal del país, se pueden aplicar las sanciones correspondientes por actos de tortura -incluido el maltrato psicológico- en función de la gravedad del delito.

135.El Código Penal de China contiene disposiciones diferentes para distintas situaciones relativas a actos de tortura. Por ejemplo:

a)El artículo 247 establece que "Todo funcionario judicial que obtenga una confesión de un sospechoso o acusado mediante torturas o utilice la violencia para hacer declarar a un testigo será condenado a una pena máxima de tres años de prisión firme o de detención penal. Si la víctima queda lesionada, discapacitada o muerta, será condenado y castigado con una pena más severa de conformidad con lo previsto en el artículo 234 ó 232 de esta ley".

b)El artículo 248 establece que "Todo agente de policía o funcionario de una institución de internamiento como una cárcel o un centro o establecimiento de detención que golpee a un preso o lo maltrate con castigos corporales, si las circunstancias son graves, será condenado a una pena máxima de tres años de prisión firme o de detención penal; si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a una pena de tres a diez años de prisión firme. Si la víctima queda lesionada, discapacitada o muerta, será condenado y castigado con una pena más severa de conformidad con lo previsto en el artículo 234 ó 232 de esta ley. Todo agente de policía u otro funcionario que instigue a un detenido a golpear o maltratar a otro sometiéndolo a castigos corporales será castigado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo precedente".

136.Con arreglo a las interpretaciones judiciales pertinentes, los actos mencionados más arriba incluyen aquellos con los que se provoca intencionadamente un grave daño o malestar físico o mental a la víctima. Además, según el Código Penal de China, cometen delitos como el registro ilegal, la detención ilícita y el trato degradante no sólo empleados públicos, sino también trabajadores no pertenecientes al sector público, si bien, cuando se trate de funcionarios públicos, la pena será más severa.

137.De esto se desprende que las leyes y las normas jurídicas pertinentes de China abarcan todos los aspectos de la definición de tortura contenidas en la Convención. Todos los actos de tortura previstos en la Convención están prohibidos en el derecho chino, y quienes cometen dichos actos son objeto de penas severas de conformidad con la ley.

Relativa a continuar el proceso de reforma, velar por que las nuevas leyes y prácticas se apliquen de manera uniforme y efectiva y adoptar otras medidas procedentes para tal fin.

138.En lo que respecta a la aplicación de la Convención, China ha adoptado desde 1999 varias medidas legislativas, judiciales y administrativas con el fin de garantizar la aplicación uniforme y efectiva del ordenamiento jurídico y evitar los problemas relacionados con la inobservancia o la aplicación injusta de las leyes.

139.Cuando China modificó su Constitución, incorporó en ella por primera vez la expresión "derechos humanos", diciendo explícitamente que "el Estado respeta y protege los derechos humanos". Se trata de un acontecimiento de primer orden para la construcción del gobierno constitucional democrático de China y de una cultura política civilizada, y constituye un hito importante en la historia del desarrollo de los derechos humanos en el país. La inclusión de los derechos humanos en la Constitución requiere que los órganos judiciales den al principio del respeto y la protección de los derechos humanos un papel preponderante en el conjunto del proceso judicial con el fin de garantizar que no se violen los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a los ciudadanos.

140.El Código Penal enmendado y el Código de Procedimiento Penal de China estipulan expresamente los siguientes principios de derecho penal: "el delito y la pena están determinados por la ley", "todas las personas son iguales ante la ley", "la pena debe ser proporcional al delito" y nadie será considerado culpable mientras un tribunal de justicia no pronuncie su veredicto de conformidad con la ley.

141.China se ha dotado de la Ley de extradición, que constituye la base jurídica para la normalización del proceso de extradición, la intensificación de la cooperación internacional en la lucha contra el delito y la protección de los derechos e intereses legítimos de las personas y las organizaciones. Además, China también ha promulgado otras leyes conexas como el Reglamento sobre la asistencia jurídica, las medidas de ayuda a vagabundos y mendigos sin fuentes de subsistencia garantizadas en las ciudades y la Ley de prevención de la delincuencia juvenil.

142.A través de una serie de reglamentaciones departamentales e interpretaciones judiciales, los órganos judiciales de China han reforzado los mecanismos de supervisión interna y aumentado la severidad de las penas impuestas a los cuadros directivos que infringen las normas de disciplina o la ley, lo que ha redundado en una mayor normalización de las actividades de represión.

143.Los órganos fiscales y de seguridad pública de China también han establecido mecanismos de supervisión externa para someterse al escrutinio del público en general, y prevenir y corregir con determinación el problema de la injusticia del personal de seguridad pública y de las fiscalías.

144.La imparcialidad y la eficiencia "se han convertido en un tema principal de los tribunales populares en el siglo XXI. Todas las actividades de los tribunales populares deben ajustarse a lo siguiente: los juicios deben ser públicos, los procedimientos legales, los plazos legales rigurosamente respetados, las sentencias justas y su cumplimiento conforme a la ley. En esto consisten precisamente "la imparcialidad y la eficiencia".

145.China seguirá intensificando sus reformas, perfeccionando su legislación, normalizando el cumplimiento de la ley y cumpliendo honestamente las obligaciones dimanantes de la Convención.

Relativa a la abolición de la obligación de solicitar permiso, cualquiera sea la causa, para que el sospechoso pueda ponerse en contacto con un abogado mientras está detenido.

146.Con arreglo a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal de China, salvo los casos relacionados con secretos de Estado, los sospechosos y acusados que estén detenidos no tienen que solicitar permiso para obtener asistencia letrada. El artículo 96 del Código de Procedimiento Penal de China establece que: "El sospechoso puede, tras ser interrogado por primera vez por el órgano de instrucción o desde el día de la adopción de las medidas coercitivas, contratar a un abogado para que lo asesore o para que presente en su nombre peticiones o quejas. El abogado contratado por el sospechoso detenido podrá solicitar su libertad bajo fianza.

147.En el caso de secretos de Estado, la contratación de un abogado por el sospechoso deberá someterse a la aprobación del órgano de instrucción. Esto se hace principalmente para garantizar que el procedimiento penal se desarrolle sin obstáculos, para que los secretos de Estado en cuestión no se divulguen y para proteger la seguridad nacional. La legislación establece con claridad el alcance de los casos relacionados con secretos de Estado, que se controla estrictamente de conformidad con la ley. En la práctica, estos casos son poco frecuentes; tras obtener la aprobación correspondiente, el sospechoso podrá contratar a un abogado, y este último puede reunirse con el sospechoso detenido. Así pues, el derecho de los sospechosos a asistencia letrada no está sujeto a ninguna restricción sustantiva.

Relativa a la abolición de todas las formas de detención administrativa de conformidad con las normas internacionales pertinentes.

148.En el derecho penal de muchos países existen disposiciones relativas no sólo a los delitos graves y a las faltas, sino también a un gran número de delitos cometidos por los miembros de la policía. No obstante, debido a las diferencias en materia de cultura y tradiciones jurídicas, el derecho penal chino no contiene disposiciones relativas a delitos de la policía. En el derecho chino, las infracciones que en la legislación penal de otros países están tipificadas como delitos policiales se consideran actos administrativos ilegales, que se castigan mediante sanciones administrativas como amonestaciones, multas o detención administrativa.

149.El derecho chino contiene disposiciones estrictas sobre los procedimientos de aplicación de las sanciones administrativas. El artículo 8 de la Ley sobre la legislación dice que las medidas coercitivas y sanciones que restringen la libertad personal sólo pueden normalizarse mediante la promulgación de leyes y no mediante reglamentos o normas jurídicas. El artículo 9 de la Ley de sanciones administrativas dice así: "Las sanciones administrativas que conlleven la restricción de la libertad personal sólo se establecerán por ley". El artículo 16 dice así: "Las sanciones administrativas que conlleven la restricción de la libertad personal sólo podrán ser aplicadas por los órganos de seguridad pública". El artículo 30 dice así: "Cuando un ciudadano, persona jurídica u otra organización viole una orden administrativa y deba ser objeto de una sanción administrativa de acuerdo con la ley, los órganos administrativos deberán verificar los hechos y, si los hechos relativos a la violación no están claros, no deberá imponerse sanción administrativa alguna". El artículo 31 dice así: "Antes de decidir imponer sanciones administrativas, los órganos administrativos notificarán a las partes los hechos, los motivos y los fundamentos en función de los cuales se van a dictar las sanciones administrativas, y les notificarán los derechos que las asisten de conformidad con la ley". El artículo 32 dice así: "Las partes tendrán derecho a exponer su caso y a defenderse. Los órganos administrativos deberán tener plenamente en cuenta las opiniones de las partes y reexaminar los hechos, los motivos y las pruebas presentados por éstas; si los hechos, los motivos y las pruebas presentados por las partes quedan establecidos, los órganos administrativos los aceptarán. Los órganos administrativos no impondrán penas más severas a las partes sólo porque hayan intentado defenderse". El artículo 38 dice así: "Tras concluir una investigación, los dirigentes de un órgano administrativo examinarán los resultados de la investigación y adoptarán las decisiones siguientes a la luz de las diferentes circunstancias:

a)Imponer una sanción administrativa cuando se haya cometido realmente un acto ilegal punible que merezca una sanción administrativa en función de la gravedad y de las circunstancias específicas del caso;

b)No imponer ninguna sanción administrativa cuando el acto ilegal sea leve y pueda quedar exento de sanción administrativa de acuerdo con la ley;

c)No imponer ninguna sanción administrativa cuando no se establezcan los hechos relativos a un acto ilegal; o

d)Remitir el caso a un órgano judicial cuando el acto ilegal constituya delito. Antes de imponer una sanción administrativa más severa por un acto ilegal de naturaleza complicada o grave, los dirigentes de un órgano administrativo adoptarán una decisión colectiva previa discusión".

Si la decisión sobre la sanción administrativa no se acepta, podrá incoarse una acción administrativa.

Relativa a velar por que todas las alegaciones de tortura se investiguen de manera rápida, minuciosa, efectiva e imparcial.

150.Véanse los párrafos 86 a 101 del presente informe para información sobre la situación con respecto al artículo 12 de la Convención.

Relativa a la continuación e intensificación de los esfuerzos para dictar cursos de capacitación sobre las normas internacionales de derechos humanos a las fuerzas del orden.

151.Véanse los párrafos 86 a 101 del presente informe para información sobre la situación con respecto a los artículos 10 y 11 de la Convención.

Anexos

Constitución de la República Popular China, artículo 33

Código Penal de la República Popular China

Código de Procedimiento Penal de la República Popular China

Ley de extradición de la República Popular China

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