Delito/Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Acoso u hostigamiento

11.582

11.201

8.758

8.127

5.387

5.052

2.928

Actos lascivos

1.439

1.017

700

565

473

545

311

Amenaza

16.574

15.177

13.042

9.654

6.549

5.941

3.540

Trata de mujeres

4

29

32

34

36

42

31

Violencia física

28.711

28.490

28.594

27.198

16.797

13.497

7.096

Violencia patrimonial y económica

366

424

371

313

227

190

119

Violencia psicológica

14.667

14.198

14.572

15.385

8.425

7.372

4.904

Violencia sexual

1.276

1.141

877

775

593

517

334

Total

74.619

71.677

66.946

62.051

38.487

33.156

19.263

El MP y el CIPCP dictaron 57.727 medidas de protección y seguridad entre enero de 2014 y septiembre de 2020, por delitos de violencia basada en género. Del total de medidas, 35 % fueron otorgadas por violencia física, 29 % por violencia psicológica, 18 % por amenaza y 13 % por acoso u hostigamiento.

La Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer brinda acompañamiento, asesoría y atención jurídica a las mujeres víctimas de violencia en los procedimientos judiciales y extrajudiciales con especial atención a las más vulnerables. Entre 2014 y 2020 se brindó atención a 133.329 mujeres.

En 2013 el MPPMIG creó el programa de Defensoras Comunales de los Derechos de las Mujeres, cuyo objetivo es impulsar la participación de las comunidades en actividades de prevención, formación, abordaje y acompañamiento de las víctimas de violencia basada en género, logrando incorporar a procesos de sensibilización y formación durante el período 2013-2019 un total de 54.272 mujeres, incluyendo 5.817 defensoras comunales especializadas en casos de violencia obstétrica.

Entre 2015 al 2020 se brindó protección y resguardo a 180 personas (65 mujeres, 61 niñas y 54 niños) en las Casas de Abrigo del MPPMIG, que son establecimientos confidenciales y seguros, destinados a hospedar temporalmente, proteger y brindar atención y apoyo a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia basada en género, sus hijos e hijas menores de 12 años. En 2016 se elaboró la Guía de Actuación para las Casas de Abrigo, que contiene las pautas de actuación en materia de valoración, actuación, resguardo, seguridad, confidencialidad y atención psicológica y jurídica a las víctimas de violencia contra las mujeres en sus formas extremas dentro del programa. Durante este período funcionaron cuatro Casas de Abrigo. Para diciembre de 2020 una Casa de Abrigo se encuentra activa y el resto en proceso de adecuación.

Los servicios de atención psicológica, psiquiátrica y social que se brindan a través del INAMUJER, apoyan a mujeres víctimas a afrontar las consecuencias de la violencia, atendiendo en el período 2015 a agosto 2020 a 10.110 mujeres. Con el apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se publicó la Guía “Mujeres saliendo de la violencia estrategias grupales” dirigida a profesionales de la salud mental y las comunidades, con propósito de proporcionar estrategias para superar la violencia contra las mujeres.

Para fortalecer la atención a las víctimas de la violencia, en 2016 el MP creó el Servicio de Abordaje Integral a las víctimas de delito de violencia de género. Por su parte, en el Convenio Marco de Cooperación entre el MPPRIJP y el MPPMIG en 2017 se incorporaron las siguientes acciones:

a)Ampliación del servicio de atención telefónica a las mujeres víctimas de violencia, mediante la articulación del VEN911 y el 0800MUJERES, así como el diseño y ejecución de un protocolo único de servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de garantizar y optimizar de forma eficiente y eficaz los procesos de atención y acción;

b)Desarrollar y generar indicadores para la medición de delitos de violencia contra las mujeres; desarrollar instrumentos metodológicos y estadísticos, como la Planilla Única de Registro de casos de violencia contra las mujeres; desarrollar líneas de investigación conjunta con enfoque de género, e incorporar a MPPMIG y sus entes adscritos al Comité Nacional de Investigación para la Seguridad Ciudadana, con el fin de desarrollar políticas y estrategias que contribuyan a la disminución de la violencia contra las mujeres.

En febrero de 2021 el MPPRIJP dictó las “Normas de actuación de los funcionarios policiales y de investigación penal para atención temprana y oportuna de víctimas de violencia de género, la recepción de las correspondientes denuncias y la actuación policial en los procesos de investigación”, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de la LOSDMVLV.

La DdP y el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), en colaboración con las oficinas del UNFPA, la OMS y UNICEF, han desarrollado diversos mecanismos para la atención de casos de violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, destacando: a) la Ruta de atención institucional del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (2016) y b) el Protocolo para la atención de casos de violencia sexual.

La Escuela Nacional de Fiscales del MP (ENFMP) implementa de manera permanente actividades de formación en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género, dirigidas tanto a las y los abogados, fiscales y demás profesionales del derecho, así como a las y los funcionarios de los cuerpos policiales y de investigación penal. Desde agosto de 2017 hasta agosto 2020, la ENFMP formó a 95.525 personas (60% hombres y 40% mujeres), de las cuales el 70,8% pertenecen a cuerpos de seguridad ciudadana.

En el período 2014–2020, el MPPRIJP desarrolló ocho programas de formación dirigidos a cuerpos policiales en materia de violencia contra las mujeres y niñas, alcanzando 49.777 funcionarios y funcionarias formadas. Igualmente, se realizaron 21 investigaciones o estudios en materia de violencia contra las mujeres y niñas, junto a 22 campañas de sensibilización en materia de prevención y atención de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. En el mismo periodo, se implementaron diferentes estrategias formativas en el ámbito comunitario a fin de coadyuvar en la prevención de la ocurrencia de delitos contra la mujer y promover la convivencia pacífica, abarcando a 485.000 personas (343.000 mujeres y 142.000 hombres).

En 2015 se generó la instrucción conjunta No. 026 entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) y el MPPMIG, que permitió formar a 8.412 docentes en materia de prevención de la violencia contra la mujer.

En materia de prevención y sensibilización masiva se realizaron las campañas nacionales en medios de comunicación: “Hay palabras que matan, Quien Ama No Maltrata” en el año 2014 y “La Paz comienza en Casa, no más violencia contra las Mujeres” en 2017. Además, se realizaron actos simbólicos en lugares históricos, turísticos y públicos con la acción “Venezuela se pinta de violeta contra la violencia hacia las mujeres”.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, distintas instituciones han aunado esfuerzos en campañas de prevención de la violencia basada en género, a través de su masificación en redes sociales, destacando los esfuerzos conjuntos entre el UNPFA, el MPPMIG y el VEN911; así como las campañas de la DdP y la Comisión Nacional de Justicia de Género del TSJ.

G.Trata y explotación de la prostitución

La LOSDMVLV contempla en su artículo 15.19 la Trata de Mujeres, Niñas y Adolescentes como una de las 21 formas de violencia y, en su artículo 56, establece su tipificación como delito, siendo asumido como una de las formas más aberrantes de violaciones a los derechos humanos. El artículo 41 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOF) consagra una pena mayor a la contemplada en LOSDMVLV.

La Sala Constitucional del TSJ, en su sentencia Nº 1378 de 7 de marzo de 2014, determinó que los jueces y juezas especializados en delitos de violencia contra la mujer conocerán del delito de trata de personas, tipificado en el artículo 41 de la LOCDOFT cuando las víctimas del delito sean mujeres, niñas, niños y adolescentes (ambos sexos), pluralmente o concurriendo ambos sexos. En cambio, cuando la víctima del delito sea solamente varones adultos conocerán del delito de trata de personas los jueces y juezas con competencia en materia penal ordinaria.

Desde MP, MPPRIJP y la DdP se ejecutaron diversos talleres para fortalecer la prevención, atención integral y la investigación penal del delito de trata de personas, dirigidos a funcionarias y funcionarios de los organismos de seguridad, fiscales del MP, jueces y juezas del Poder Judicial y consejeros y consejeras de protección de niños, niñas y adolescentes. Desde el 2014 hasta 2019 se capacitaron a 1.405 servidoras y servidores públicos en la materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

En el marco del convenio entre DdP y ACNUR se distribuyeron 9.000 materiales divulgativos en materia de prevención de la trata de personas, orientados a evitar la captación y engaño a través de las redes sociales, así como a alertar ante posibles ofertas engañosas a las personas que deciden migrar.

En el marco del Convenio entre el MPPMIG y el MPPRIJP (2017), se estableció la creación de una comisión interinstitucional entre la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y el INAMUJER sobre trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes y tráfico ilícito de migrantes, para unificar criterios de prevención, abordaje y actuación, a través del diseño de un protocolo único de atención con enfoque de género y de derechos humanos y la creación de unidades de comando fronterizo.

En 2020 la DdP creó la Defensoría Delegada Especial con competencia a nivel nacional para la Protección de las personas migrantes, refugiadas y víctimas de trata de personas.

Entre 2019 y 2020, la RBV adoptó las siguientes acciones adicionales para prevenir y combatir la trata de mujeres, niñas y adolescentes:

a)Creación del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, que integra y coordina esfuerzos nacionales para la prevención, atención, investigación y sanción del delito;

b)Campaña “Hablemos de Personas, no de mercancía, con la Trata no se negocia”;

c)Mesa de trabajo interinstitucional para la generación de protocolo de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de personas;

d)Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, en coordinación con la DdP, ONAIVV y los Ministerios del Poder Popular para el Trabajo y para Relaciones Exteriores.

En los casos de trata externa, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE) procesa ante la autoridad competente las solicitudes y reportes realizados por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, referidas a los casos de personas venezolanas víctimas de este delito. Desde el mes de marzo de 2017 hasta junio de 2019 se registraron un total de 11 casos. En cinco casos se realizó la repatriación efectiva de las víctimas desde Panamá, Italia, Guinea Ecuatorial y Brasil hacia Venezuela.

El MPPRE creó el Plan Vuelta a la Patria, como parte de las acciones para promover y facilitar el retorno voluntario de las personas venezolanas que se encuentren en condiciones de extrema vulnerabilidad en el extranjero. Para octubre de 2020 se han repatriado un total de 117.088 personas, de las cuales el 48% son mujeres. Por grupos de edad se observa el retorno del 56% de mujeres entre 18 a 59 años y 61% mujeres de 60 años y más.

El desarrollo del Plan Vuelta a la Patria ha sido afectado por la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra la empresa CONVIASA (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A). El 7 de febrero de 2020 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América incluyó a la citada empresa en la lista de Entidades Especialmente Designadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en aplicación de la Orden Ejecutiva 13.884.

Las referidas medidas prohíben a empresas y personas en el mundo realizar operaciones comerciales y prestar servicios a CONVIASA, generando en consecuencia obstáculos para la ejecución del Plan Vuelta a la Patria, tales como la imposibilidad de adquirir combustible y servicios aeroportuarios para las aeronaves en los países donde se encuentran los migrantes venezolanos amparados por el citado plan.

IV.Parte II de la Convención

A.Participación en la vida política y pública

En los procesos electorales realizados en el periodo 2014-2020, el padrón electoral estuvo conformado en su mayoría por mujeres, alcanzando en promedio el 51,22 %. Adicionalmente, se alcanzaron avances en materia de paridad política, como resultado de las resoluciones para la composición paritaria de las postulaciones en los procesos electorales adoptadas por el CNE.

En las postulaciones a las elecciones parlamentarias de 2015 las mujeres se ubicaron en 35,34 %; en las elecciones de Concejos Municipales (2018) se ubicaron en un 46,88 % y en las postulaciones a las elecciones parlamentarias de 2020 representaron el 47,23 %. El establecimiento de medidas de carácter temporal favoreció positivamente la participación política y protagónica de las mujeres en cargos de elección popular.

Durante el periodo parlamentario 2010-2015 la proporción de mujeres electas representó un 17 % (28 mujeres de un total de 165 escaños). En el periodo 2015-2020 de la AN se alcanzó un 20 % (34 mujeres de 167 escaños). En la AN elegida en 2020 el porcentaje de mujeres se incrementó al 31 %.

En el caso de las elecciones de los Consejos Legislativos, las mujeres alcanzaron 35 % de los escaños y en los Concejos Municipales un 46%. Respecto a los cargos unipersonales en el Poder Ejecutivo a escala estadal y municipal, para 2020 el 17% de las gobernaciones están dirigidas por mujeres y 23% de las alcaldías están encabezadas por mujeres.

En el caso del Poder Ejecutivo Nacional, se ha promovido la participación protagónica de las mujeres en la toma de decisiones designando en responsabilidades de alto nivel a Ministras, Viceministras, Presidentas de Instituciones, Directoras y Rectoras de Universidades. En el período 2013-2020, destacan los nombramientos de Delcy Rodríguez, quien se desempeña como Vicepresidenta Ejecutiva de la República desde junio de 2018 y Carmen Meléndez, quien desde octubre de 2020 ejerce el cargo de Ministra del Interior, Justicia y Paz, por segunda vez. En 2020, el 33 % de los cargos de Ministros y Ministras eran ejercidos por mujeres (11 Ministerios): Ministerio de Interior, Justicia y Paz; Economía y Finanzas; Comercio; Ciencia y Tecnología; Mujer e Igualdad de Género; Pueblos Indígenas; Comunas; Agricultura Urbana; Desarrollo Minero Ecológico; Servicios Penitenciarios y Aguas.

Entre los años 2015 a 2019, la presencia de mujeres dentro de la FANB aumentó de 11 % al 15 %, motivado a la política de promoción del ingreso de mujeres en las diferentes escuelas de formación. Desagregado por componente, se observa que el Ejército pasó de 14 % a 21 %; la Aviación de 16 % a 22 %; la Armada de 15% a 26 % y la Guardia Nacional del 6 % al 8 %. Para el año 2020, la FANB cuenta con una Almiranta que ocupa el cargo de Viceministra, así como cinco Vicealmirantas y una General de División, todas ocupando cargos de alto nivel dentro de la institución.

Para 2020, el TSJ, máximo ente del Poder Judicial, cuenta con 15 Magistradas de un total de 32 integrantes, para un 47%.

El CNE, como máximo órgano de dirección del Poder Electoral, ha estado presidido a partir de 2005 por mujeres. En cuanto a la integración del CNE, durante el período 2014-2020 cuatro de los cinco cargos de Rectores y Rectoras principales fueron ejercidos por mujeres. A partir del 2020, la nueva composición del CNE mantiene una integración mayoritaria de 3 mujeres y de 2 hombres.

En lo que respecta a la integración de los órganos subalternos, para la elección de la AN de 2020 las Juntas Electorales Regionales estuvieron integradas en un 67 % por mujeres. Asimismo, el 71 % de las Juntas Electorales fueron presididas por mujeres.

La participación de las mujeres en la esfera pública, especialmente en la gestión directa de asuntos locales, ha sido significativa. Para 2020, se reportaron 2.997.755 mujeres vinculadas a los Consejos Comunales, lo que representa un 56,77 %. Los roles de liderazgo ejercidos por mujeres en este ámbito se evidencian en la conformación de los comités de trabajo donde destacan: Unidad Ejecutiva 56,63 %, Unidad de administración –financiera 56,87 %; Comité de mujer e igualdad de género 96,61 %; Comité de salud 80,31 %; Comité de alimentación 75,96 %; Comité de protección de niñas, niños y adolescentes 79,40 %; entre otros.

En el histórico nacional, el 57,97 % de los proyectos cargados en la plataforma SINCO del Consejo Federal de Gobierno están dirigidos por mujeres, lo que evidencia el protagonismo que tienen en la gestión de los proyectos impulsados por la organización comunitaria. Para el año 2020, se registró un total de 112.748 voceras y voceros de Consejos Comunales, de los cuales el 53,37 % son mujeres.

De un total de 42.145 personas incorporadas a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el 79% son mujeres que asumen responsabilidades en el proceso de distribución de alimentos en los territorios

En la RBV existe un entorno que favorece la participación de las mujeres y las niñas, incluyendo las defensoras de los derechos de las mujeres, en la vida pública. En el país está garantizado constitucionalmente el derecho a la participación política, la libertad de expresión y la manifestación pacífica y sin armas.

B.Educación

La educación como derecho humano es garantizada por el Estado. Para 2018 el Índice de Paridad de Género (IPG) en los tres niveles de la educación es de 0,97 para el nivel Inicial; 0,92 en Primaria y 1,04 Media y Diversificada. El nivel de escolarización es sustancialmente igualitario y equitativo.

Como resultado de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa (2014) se impulsa el Proceso de Transformación Curricular en Educación Media. En 2015, el MPPE incluyó la “igualdad de género” como tema indispensable a incorporar de forma transversal en el proceso educativo.

Para eliminar las desigualdades de género, el Proyecto Canaima Educativo ha desarrollado recursos digitales en temas como la igualdad, derechos sexuales y reproductivos e infecciones de transmisión sexual. Asimismo, en los textos escolares de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Media de la Colección Bicentenario, se han incorporado algunas temáticas intituladas: “No somos personas idénticas, pero tenemos mismos derechos”; “Mi cuerpo un amigo por conocer”; “Esas nuevas sensaciones, Identidad sexual y de Género” y “Tus derechos sexuales y reproductivos”.

La inclusión constante y progresiva de las mujeres al subsistema de Educación Universitaria ha dado resultados positivos. Desde el año 2014 al 2020 se incorporaron 1.280.451 mujeres en diversas áreas y disciplinas académicas. En promedio, en el área de Salud las mujeres representan el 71 %; en Educación 74 %; en Ciencias Sociales 62 %; en Ciencias del Agro y del Mar 62,7 %; en Ciencias Básicas 50 %; en Humanidades, Letras y Artes 58,96 % y en Ingeniería, Arquitectura y Tecnología 44 %. El 57,9 % de las mujeres están incorporadas en centros de educación universitarios de carácter público.

Del total de investigadores e investigadoras de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología, las mujeres representan un 50,47%, para un índice de paridad de género de 1,02.

En el período 2014-2020, 9.070.791 mujeres se beneficiaron de la política cultural editorial, mediante el acceso masivo a libros de diversas temáticas. De igual forma, 147.941 mujeres artistas y creadoras participaron en programas de acreditación, formación, promoción, circulación y distribución de bienes artísticos, culturales y saberes tradicionales, populares y ancestrales.

C.Empleo

En relación con el acceso al empleo por parte de las mujeres, de 6.514.338 mujeres económicamente activas para el año 2018, el 8 % se encuentra desocupadas. Del total de la población ocupada, el 65,5% de las mujeres está en actividad formal y el 34,5 % en actividades informales. Para favorecer el acceso al empleo en el sector formal y reducir el desempleo, se creó la Misión Chamba Juvenil, donde destaca la participación de 1.040.320 mujeres, lo que representa el 57 % del total de beneficiarios.

Para el año 2020, conforme al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, un total de 2.566.192 personas se encuentran afiliadas a organizaciones sindicales, de las cuales 1.223.166 son mujeres (48 %).

A partir del año 2018, entró en vigencia la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores con el objeto de promover la participación protagónica de la clase obrera en la gestión de la actividad productiva. Para 2020 se han constituido 2.236 Consejos Productivos. Las mujeres trabajadoras ejercen el 32,46 % de las vocerías de estas instancias de participación.

El Programa Nacional de Formación a Delegadas y Delegados de Prevención capacitó en el periodo enero 2014 a septiembre de 2020, 52.485 personas, de las cuales 22.974 son mujeres. El Programa Intensivo de Formación Integral formó durante 2019 y 2020 un total de 1.484 participantes, incluyendo 849 mujeres.

El Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) formó en materias relacionadas con la recreación y uso del tiempo libre, entre 2015 y 2020, un total de 15.101 trabajadoras y trabajadores, donde las mujeres representan el 52 % (7.778). De igual manera, entre 2018 y 2020 esta institución atendió a un total de 2.439.714 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 1.250.252 son mujeres.

Los artículos 343 y 344 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) establecen la obligación de mantener en cada entidad de trabajo un Centro de Educación Inicial que cuente con una Sala de Lactancia o el pago de la matrícula y mensualidades en un centro de educación inicial para la educación de las hijas e hijos de las trabajadoras y los trabajadores desde tres meses hasta los seis años de edad. En el periodo 2015 a 2020, el 12 % de las entidades de trabajo cumplieron con el requisito de la Ley. El 17 % tiene Centros de Educación Inicial propios, el 10 % contrató con Centros de Educación Inicial para atender a las hijas e hijos de sus trabajadoras y trabajadores y el 73 % otorgó este beneficio a través de pagos de las facturas correspondientes a los Centros de Educación Inicial donde las niñas y niños están recibiendo atención.

En el periodo 2014 al 2020, las Inspectorías del Trabajo atendieron a 101.384 trabajadoras en el trámite de solicitudes de reenganches (56.941), denuncias de desmejoras (5.283) o traslados no acordados (1.951), reclamos individuales (30.202) y reclamos de protección a la familia (5.590). Además, se procesaron 1.417 procedimientos solicitados por trabajadoras residenciales. Durante el año 2020 se impulsaron procedimientos de estabilidad laboral en el marco de la pandemia del COVID-19, para un total de 258.187 trabajadoras y trabajadores, de los cuales el 40 % de los procedimientos fueron incoados por mujeres.

Adicionalmente, durante el periodo 2014-2020, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) certificó un total de 177.853 accidentes de trabajo, de los cuales el 40 % fueron causados a mujeres. En cuanto a las enfermedades ocupacionales, el porcentaje de mujeres alcanza un 42 % de las 9.063 certificadas. Del total de 162.573 personas que integran los Comités de Seguridad y Salud Laboral, como delegadas y delegados de prevención, el 35 % son mujeres (56.861).

En el periodo 2014-2020, la población de mujeres que reciben prestaciones dinerarias a largo plazo (pensiones) otorgadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), pasó de 1.545.044 mujeres a 2.752.825 de mujeres, representando en su conjunto el 59,9 % del total de la población atendida. De igual forma, con respecto a las prestaciones dinerarias a corto plazo (indemnizaciones y pérdida involuntaria del empleo), en el mismo periodo fueron beneficiadas 724.838 mujeres y 483.224 hombres.

De acuerdo con los datos de Afiliación de Trabajadoras y Trabajadores al Sistema de Seguridad Social, el número de mujeres afiliadas entre 2014 y 2020 fue 1.640.137, lo que representa un 60,1 % del total de la fuerza de trabajo afiliada al Sistema de Seguridad Social.

En relación con el combate a la pobreza y la protección social de las mujeres, en 2014 se creó la Gran Misión Hogares de la Patria, que para 2020 registra 5.466.758 familias beneficiarias a nivel nacional. Del total de jefes y jefas de hogar registrados, las mujeres representan el 78 % (4.272.194) de las personas beneficiadas de los diversos programas que componen la Gran Misión.

Para 2020, un total de 28.638 personas reciben una bonificación de estímulo complementaria al salario del trabajador y trabajadora cultural, de las cuales 17.182 son mujeres. En marco de la pandemia del COVID-19 se realizó la inclusión de 3.000 mujeres al empleo formal en materia de cultura y artes.

En materia de acoso sexual en los ambientes laborales, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo establece el deber de los empleadores y empleadoras de tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier forma de acoso sexual y establecer una política destinada a erradicar el acoso de los lugares de trabajo (artículo 56). Por su parte, la LODMVLV considera el acoso sexual como una forma de violencia contra la mujer, con sanciones que incluyen la indemnización (artículo 63) para las víctimas que lo sufren y prisión y multas para quien o quienes lo ejecutan. La LOTTT incorpora la definición de acoso sexual y concede a la víctima la posibilidad de retirarse justificadamente del puesto de trabajo, así como a la empresa la facultad de despedir justificadamente al victimario, siempre que tuviere prueba de ello. El Reglamento de la LOTTT prohíbe el acoso sexual como discriminación de género en el trabajo.

D.Salud

Como resultado de las políticas de protección social implementadas, se ha mantenido en línea ascendente la esperanza de vida de las mujeres, pasando de 76,58 años en 2014 a 78 años en 2020.

En 2014 se diseñó de forma participativa y democrática el primer Plan Nacional para la Protección de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Mujeres en Venezuela 2014-2019. De este plan se desprenden el Plan Nacional de Parto Humanizado y el Plan Nacional para la Prevención del embarazo a temprana edad y en la adolescencia. Durante el año 2020, se inició una nueva consulta pública a fin de determinar el contenido del plan para los próximos años.

1.Lucha contra la mortalidad materna

La Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva publicada por primera vez en el año 2003 fue actualizada en 2013, asegurando su reproducción, difusión y capacitación al personal desde ese año en adelante. En 2014, se publicaron los Protocolos de atención en cuidados prenatales y atención obstétrica de emergencia, con el objeto de incrementar la educación para la salud obstétrica, identificar el riesgo materno preconcepcional y establecer conductas que lo reviertan o lo aminoren, elevando la calidad de la atención prenatal y perinatal, garantizando la adecuada calificación del talento humano, acorde a las necesidades de cada nivel de atención y de las distintas etapas del proceso terapéutico.

Las medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra el país a partir del año 2014, generaron un impacto negativo sobre la mortalidad materna, modificando al alza la tendencia estable que mantenía este indicador antes de esa fecha. A partir de 2016, la tendencia del indicador de mortalidad materna es de reducción, como resultado de las acciones adoptadas por el Estado, incluyendo a partir de 2018 la adopción de la “Estrategia Concertada para la Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal”donde se ha articulado y coordinado las acciones del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y el MPPMIG con las agencias de cooperación internacional (OPS, UNFPA, UNICEF) y las organizaciones no gubernamentales.

En el análisis de datos se muestra que la prevalencia de los estados hipertensivos, las complicaciones hemorrágicas y cuadros de sepsis que afectan el embarazo, el parto o puerperio, están entre las principales causas de mortalidad materna, que para septiembre de 2020 evidencia una tendencia a la reducción.

Tabla II

Causas de muerte materna

Ministerio del Poder Popular para la Salud

Causa / Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Edema, proteinuria hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio

109

133

231

141

149

145

63

Embarazo terminado en aborto

42

32

78

48

68

41

17

Complicaciones del trabajo de parto y alumbramiento

52

64

123

152

127

84

44

Complicaciones principales relacionadas con el puerperio

43

49

100

131

91

50

28

Otras afectaciones relacionadas con el feto y la cavidad amniótica y a posibles problemas del parto

172

143

184

227

163

239

136

Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y a posibles problemas de parto

28

45

51

35

39

36

18

Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo

14

12

14

22

42

7

13

Total

460

478

781

756

679

602

319

La formación y capacitación del talento humano forma parte de la Estrategia Concertada para la Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal, actualmente en ejecución, atendiendo el enfoque de curso de vida: salud de la mujer, niñez y adolescencia. De manera especial, se ha avanzado en la formación de los equipos que laboran en las denominadas “salas de parto para la atención de embarazos de bajo riesgo”.

De igual forma entre 2016 y 2019, se registró la formación de 25.473 profesionales del sector salud en temas como: manejo de emergencias obstétricas, atención de parto normal, conductas que salvan vidas, control prenatal, actualización en anticoncepción, manejo clínico de violencia sexual, prevención de infecciones de trasmisión sexual, diagnóstico sindromático y tratamiento de infecciones de trasmisión sexual, diagnóstico y manejo de VIH en embarazadas.

De la misma manera, entre 2018 y 2019, se desarrollaron talleres en temas como: lactancia materna, signos de alarma del embarazo y puerperio, derechos sexuales y reproductivos, importancia del control prenatal, prevención de infecciones de trasmisión sexual y VIH, y nutrición; los cuales fueron impartidos a 184.413 liderazgos comunitarios, promotoras de parto humanizado, comités de salud, entre otros.

Entre las medidas adoptadas para optimizar la calidad de atención de las gestantes y puérperas, con el objetivo de lograr atención de calidad y calidez de las mujeres y disminuir la razón de mortalidad materna en el país, se diseñó la propuesta de Ruta Materna 2015 y el programa de Abordaje Integral a los estados con mayor número de muertes maternas 2016-2017.

En el año 2020, con el fin de dar continuidad a la Estrategia Concertada tomando en cuenta los avances realizados, se inició la ejecución de la estrategia “Salud Mujer, niñez y adolescencia 2020” hacia la reducción de la morbilidad materna grave, mortalidad materna y neonatal, cuyo desarrollo se ha visto limitado por situación de la pandemia de COVID-19.

Durante el periodo 2014-2019, el registro acumulado de mujeres atendidas en control prenatal suma 2.209.856 mujeres gestantes. Para septiembre de 2020, se registran 206.888 mujeres gestantes. En el marco de la pandemia del COVID-19 han sido atendidas 17.431 mujeres gestantes en su lugar de residencia.

En 2015 se diseñó con la participación de instituciones, organismos de cooperación internacional, organizaciones sociales y movimientos de mujeres, el programa “Maternidad deseada, segura y feliz”, con una guía de control de embarazo y parto humanizado. En el año 2016 se publicó la “Guía de Orientación para una Maternidad Deseada Segura y Feliz” y se aprobó la Resolución conjunta Nº 378 y 043/2016 entre MPPMIG y el MPPS para proteger a las mujeres en estado de gravidez de los hechos que puedan identificarse como violencia obstétrica.

De igual forma, en 2016 se estableció el Sistema de Vigilancia Materna Infantil (SIVIGILA) el cual establece el reporte obligatorio de forma inmediata de muertes maternas, su investigación y análisis. A partir de 2017, se crea una metodología que unifica y permite la reclasificación y la clasificación de muertes materna en cada región del país, se consolida la activación del sistema de búsqueda intencionada de muertes maternas (BIRMM), a través de la cual se investigan todas las muertes en mujeres en edad fértil.

Desde 2018 se ha fortalecido el Sistema de Información de Salud (SIS) del MPPS, por medio del registro nominal del usuario, módulo del sistema de captación y seguimiento materno-infantil (SICASMI), que implica la unificación del formato para la captación de gestantes en los territorios, formatos para el registro nominal de usuarias beneficiadas de métodos anticonceptivos, formato para registro de maternas críticas y creación de un módulo específico para el registro en el nuevo sistema.

Entre las medidas adoptadas, destaca la creación en 2018 del Comité de Vigilancia, Análisis y Respuesta para la prevención y control de la Morbilidad grave, Mortalidad Materna y Mortalidad Neonatal, que instruye a los estados el impulso de los comités institucionales (hospitales y maternidades), regionales (autoridades del estado) y locales, que permite la vigilancia de las mujeres gestantes graves y de alto riesgo, así como el análisis de los casos para el desarrollo de estrategias y recomendaciones oportunas. En 2018 se adoptó la Resolución N° 007 que ordena la organización, articulación y georreferencia de las redes de atención materna e infantil de cada estado y la Resolución N° 041 que instruye a los establecimientos públicos y privados la obligatoriedad de atención, evaluación y referencia segura a toda mujer gestante o recién nacido, niña o niño cuando solicite atención, para fortalecer la estrategia de Ruta Materna como sistema de coordinación, articulación y gestión para optimizar la atención materna e infantil.

En el marco de la Ruta Materna se ha logrado identificar el funcionamiento de 16 Casas de Abrigo Materna, espacios para brindar atención de calidez y humanizada a madres, niñas y niños del país. Igualmente resalta la existencia de 497 “salas de parto para la atención de embarazos de bajo riesgo”, incluidas en un plan de capacitación, distribución de insumos y fortalecimiento, lo que ha permitido incrementar la atención de parto eutócico o vaginal disminuyendo el índice de cesáreas del país. Se registra un incremento de atención de parto y embarazos de bajo riesgo (parto vaginal) en la red de atención comunal y ambulatoria especializada en un 25 %, comparando indicadores de ruta materna registrados en el primer semestre del año 2019 y 2020.

La atención de partos eutócicos se ha incrementado en un 31 % tomando solo datos del movimiento obstétrico hospitalario y un 71 % al sumar los nacimientos que se asistieron en la red de atención comunal y ambulatoria especializada, entre el año 2018 y 2019. Entre el año 2019 y 2020, se ha mantenido el porcentaje de partos normales sobre un 70 %, tomando en cuenta la atención de nacimientos en la red de salas de parto para atención de embarazos de bajo riesgo.

En los últimos años se ha desarrollado una política de distribución de equipos de alta tecnología a centros hospitalarios. Al 2020, se han distribuido 998 equipos (monitores fetales, ecosonógrafos, instrumental quirúrgico para atención de parto y cesáreas, balanzas monitores multiparámetros) para el fortalecimiento de 75 servicios obstétricos en el país, hospitales y red de atención comunal y ambulatoria. Las medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra el país han impedido o dificultado la adquisición y reparación de equipos especializados, afectando negativamente los servicios prestados a la población.

Desde el 2014 hasta el 2019, se atendieron 4.867.386 mujeres en edad fértil en consulta de planificación familiar. De esta población, el 60 % recibió gratuitamente métodos anticonceptivos, 51 % de los cuales fueron métodos orales. Estos métodos se están distribuyendo a través de dos planes: 1. Red de atención comunal y ambulatoria especializada, priorizando territorios y población vulnerable; 2. Plan de anticoncepción inmediata post evento obstétrico (AIPE) que se activó en principales maternidades y centros obstétricos del país.

Como efecto de las medidas coercitivas unilaterales contra el país, en los años 2015-2016 se generó una disminución importante en la disponibilidad de métodos anticonceptivos con un impacto en la natalidad registrada para el año 2016. Como resultado de las medidas adoptadas para contrarrestar la agresión económica contra el país, en el año 2020 se logró incrementar la distribución e indicación de anticonceptivos, pasando de 174.966 en el primer semestre de 2019 a 439.002 en primer semestre 2020.

Para los años 2018 y 2019, como parte de la línea estratégica de anticoncepción segura y oportuna de la Estrategia Concertada para la Reducción de la Mortalidad Materna, se logró brindar protección en el sistema público a 1.532.243 mujeres en edad fértil por un año.

Entre 2018 y 2019 se activó en 14 estados priorizados y 35 establecimientos del país, el plan de Anticoncepción Inmediata Post Evento Obstétrico (AIPE) y Aspiración Manual Endo Uterina (AMEU), con la realización de 52 réplicas del taller de formación con un total de 1.476 profesionales capacitados, logrando monitorear la anticoncepción libre e informada a 25.362 mujeres en puerperio inmediato.

Entre 2019-2020, gracias al Plan activado en la Red de Atención comunal y ambulatoria especializada, se registró la dispensarización y protección a 1.105.702 mujeres, actividad monitoreada por las coordinadoras y coordinadores regionales de la ruta materna.

El Plan Nacional de Parto Humanizado fue aprobado el 11 de julio de 2017 como estrategia articulada del MPPS, el MPPMIG y el INAMUJER, a fin de promover el acompañamiento comunitario a las mujeres y sus familias durante su proceso de gestación, proximidad del parto, post-parto, lactancia materna y crianza respetuosa.

Desde el año 2017 a agosto de 2020, se formaron un total de 18.101 Promotoras Comunales de Parto Humanizado que acompañan a las gestantes y madres en proceso de lactancia en 54 % de las parroquias y en 77 % de los municipios del territorio nacional. Asimismo, se crearon los “Círculos de apoyo gestacional y lactancia materna” donde la Promotora Comunal de Parto Humanizado actúa como educadora popular, acompañando a las gestantes y facilitando procesos de aprendizaje en lo relativo a una maternidad sana, responsable y una crianza respetuosa.

Como parte del Plan Nacional de Parto Humanizado se ha entregado a 10.848 Promotoras activas del país, la siguiente dotación:

a)Set de materiales bibliográficos contentivos de: “Bitácora de la Promotora Comunal de Parto Humanizado”, “ABC de la Promotora” y guías con el contenido programático del Plan Nacional de Parto Humanizado para su formación;

b)Tabletas electrónicas, como un instrumento que facilitará la elaboración del reporte y rendición por parte de las Promotoras del proceso de acompañamiento de las gestantes y madres en proceso de lactancia atendidas en sus comunidades.

En el año 2019 se crea el Órgano Superior del Plan Nacional del Parto Humanizado y Lactancia Materna, como instancia para la coordinación y articulación de las políticas públicas de atención integral y protección a las mujeres gestantes, en proceso de lactancia y puerperio para garantizar sus derechos humanos.

Dentro de las estrategias adoptadas para combatir la mortalidad materna y promover la lactancia materna, a través del Sistema Patria se otorgan asignaciones dinerarias mensuales a mujeres gestantes y mujeres en periodo de lactancia. Para el 2019 se registraron 600.822 mujeres gestantes y 342.119 mujeres en periodo de lactancia protegidas con asignaciones dinerarias mensuales. Aunado a ello, para el primer semestre del 2020, el “Plan de protección nutricional a mujeres gestantes y lactantes” del Instituto Nacional de Nutrición, brinda protección nutricional a 126.553 mujeres gestantes y lactantes.

Para 2020 existen 13Unidades de Atención Integral a las Mujeres (UAIM), espacios que permiten garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con énfasis en el parto y nacimiento humanizado, lactancia materna y la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, en coordinación efectiva con los centros hospitalarios. Desde el año 2018, en estas unidades se brindó atención y acompañamiento a 18.755 personas (17.745 mujeres y 1.010 hombres).

2.Acceso a servicios de atención médica

Las políticas adoptadas para asegurar el acceso de las mujeres a la atención médica se han visto afectadas por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra el país, dadas las dificultades que generan para adquirir equipos especializados y medicamentos, así como para asegurar el mantenimiento de la infraestructura y la disponibilidad de personal de salud.

El total de atenciones médicas brindadas a mujeres por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) pasó de 11.953.339 atenciones médicas en 2014 (antes de la adopción de las medidas coercitivas unilaterales) a 3.700.097 atenciones médicas en 2020 (luego de las medidas coercitivas unilaterales).

Un área que sufrió especial impacto es el programa de “Medicamentos de Alto Costo” del IVSS, que entrega estos medicamentos totalmente gratuitos a personas con enfermedades crónicas o de tratamiento prolongado, incluyendo los tratamientos del cáncer de mama y cuello uterino. El programa alcanzó en el período 2014-2020, un total de 1.926.466 mujeres atendidas. Sin embargo, antes de la adopción de las medidas coercitivas unilaterales, el referido programa distribuyó 515.660 medicamentos en 2013 y 535.075 medicamentos en 2014. Luego del inicio de las “sanciones” contra la RBV, la distribución se redujo a 370.928 en 2016, 243.250 en 2017 y 72.413 en 2018, presentando un leve repunte en 2019, para luego caer al mínimo en la segunda década siglo XXI con 64.078 medicamentos entregados.

Los tamizajes y los controles periódicos en el grupo etario de 39 a 60 años del programa para control y prevención de cáncer de cuello uterino dirigido por el MPPS, a cargo de los 24 coordinadores estadales e incluyendo 21 centros con diagnósticos avanzados por colposcopia en todos los establecimientos de la Red de Atención Primaria y la Red Ambulatoria Especializada a nivel nacional, permitió hasta el año 2018 una disminución significativa de cáncer de cuello uterino y un incremento en la detección de lesiones precancerosas y carcinomas in situ; procurándose a través del Convenio Cuba-Venezuela el suministro de los kits para la toma de citología.

La radioterapia externa complementaria en el tratamiento de cáncer de mama y la braquiterapia o radioterapia interna para cáncer de cuello uterino, se realizan con un parque tecnológico de 52 equipos (24 aceleradores lineales, 9 cobaltos, 19 braquiterapias) distribuidos en las diferentes regiones del país. El MPPS está trabajando en la modernización de los equipos de mamografía para garantizar diagnósticos por imágenes digitalizados, que sustituyan la precariedad de los diagnósticos de los viejos equipos. Sin embargo, las medidas coercitivas unilaterales han obstaculizado los planes para la adquisición de mamógrafos de tecnología avanzada, restringiendo los equipos oncológicos a una menor cobertura poblacional y aumentando el riesgo de falsos negativos y la incidencia de cáncer de mama en estadíos avanzados.

Las medidas coercitivas unilaterales han incidido seriamente en la carencia de reactivos e insumos para citología en los centros de atención, produciendo una reducción del 70 % de la meta de pruebas citológicas durante el periodo 2018-2019, por lo cual aumentó el riesgo de detección de cáncer de cuello uterino y disminuyó la expectativa de vida que se había alcanzado con esta patología. En el año 2020 se registraron 1.550 fallecimientos por cáncer de cuello uterino y solo se pudo alcanzar el 5 % de la meta citológica de 100.000 pruebas en el primer semestre.

En el año 2015 el MPPMIG creó el programa “La Patria es una mujer”, dirigido a mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, ofreciendo apoyo con insumos especiales, terapias alternativas de salud integral, apoyo en procesos de quimioterapia y radioterapia, entrega de implementos y medicamentos, y atención psicológica en su proceso de recuperación; beneficiando a 10.879 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y cuello uterino.

3.Prevención del embarazo en población adolescente

Entre 2014 y 2017, la Tasa de Fecundidad Adolescente disminuyó de 95,1 a 85,8 por cada mil; con una incidencia que se concentra en la población de 17 a 19 años. Esta disminución es el resultado del inicio de intervenciones específicas en esta población, como la adquisición y distribución de implantes subdérmicos, en especial a adolescentes con antecedentes obstétricos en el año 2016-2017, todo ello como parte del Programa Nacional de Salud Sexual Reproductiva. Este plan consistió en la selección de estados con mayor número de embarazos en adolescentes, selección de adolescentes con antecedente obstétrico y colocación inmediata de implantes, previa realización de consejería, firma de consentimiento y evaluación médica general. En total se colocaron 24.637 implantes, desde julio del 2016 hasta marzo del 2017.

En 2014 se realizaron las campañas de la “Sexualidad si se habla” y “Háblame claro”, en los planteles de educación básica, media y técnica, a nivel nacional, orientadas a la prevención del embarazo a temprana edad y en adolescentes.

En el año 2015, el MPPMIG impulsó la creación de la Red Interinstitucional de Protección a la Maternidad y la Prevención del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia, del cual se derivó la Mesa Técnica Intersectorial de Prevención del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia, permitiendo la coordinación entre diferentes ministerios y entes públicos, a fin de diseñar las estrategias y actividades. De esta forma se construyó el Plan Nacional de Prevención y Reducción de Embarazo a temprana edad y Adolescencia 2017-2021 (PRETA), el cual tiene como propósito impulsar un conjunto de acciones y medidas por parte del Estado, para reducir los altos índices de embarazo adolescente y los casos de embarazo a temprana edad.

Como parte del PRETA se diseñó el Programa de Educación Integral de la Sexualidad fuera de la Escuela y se actualizaron las orientaciones pedagógicas y currículos dentro del marco de educación integral para la sexualidad y salud sexual y reproductiva, desde la educación inicial hasta la universitaria. De igual forma, se activó el Sub Comité de Estadísticas de Embarazo a Edad Temprana y en Adolescentes, con el objeto de producir boletines sobre estadísticas de embarazo en adolescentes para la toma de decisiones. Asimismo, se diseñó una campaña dirigida a sensibilizar a adolescentes y sus familias, sobre el embarazo en la adolescencia. La campaña está compuesta de 10 piezas para televisión, 10 piezas para radio y 10 piezas para redes sociales.

En el período de este noveno informe se actualizó la Norma Oficial para la atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva (2013) y se aprobaron los Protocolos Clínicos de Atención Integral a las y los Adolescentes (2014).

Desde el 2014 hasta el 2019 la base de datos del Sistema de Información de Salud del MPPS registró la atención de 4.167.791 de adolescentes. El sistema público nacional de salud cuenta con 79 espacios para la atención diferenciadas de las y los adolescentes. Desde el año 2014, se han generado planes específicos para la priorización de distribución de métodos anticonceptivos de larga duración (implantes subdérmicos) a la población.

En el 2018, junto a las agencias de cooperación internacional, se ejecutó el Plan de Anticoncepción inmediata post evento obstétrico (AMEU), en las maternidades y hospitales y el Plan de Anticoncepción en la red comunal y ambulatoria, para la dispensarización de métodos anticonceptivos de larga duración (implantes y dispositivos intrauterinos), destinados a la población adolescente, a través de consultas diferenciadas, instituciones de educación media e instituciones universitarias. Estos planes son acompañados de consejería en planificación familiar, el uso de consentimiento informado y la orientación para la prevención de las infecciones de transmisión sexual.

Entre otras medidas adoptadas durante el período del presente informe para la prevención del embarazo en la población adolescente se incluyen:

a)Capacitación y orientación a 121.402 estudiantes universitarios en materia de salud sexual y reproductiva, durante el año 2019;

b)La dispensarización de anticonceptivos, incorporando cinco de sus unidades de atención al concepto de atención diferenciada, garantizando la entrega gratuita, universal y directa de anticonceptivos a un total de 289.362 estudiantes;

c)La formación de 1.269 nuevos profesionales de la salud en las “Estrategias de Atención para Servicios Amigables de adolescentes” (2016-2019);

d)El fortalecimiento de 239 centros centinelas para la planificación familiar;

e)La cooperación técnica del Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) en la elaboración, implementación y monitoreo del Plan Andino de prevención de embarazos en adolescentes.

4.Lucha contra el VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS)

En la RBV el 78,5 % de los casos de VIH corresponden a la población de 20 a 49 años, y de esta, las mujeres representan el 32,3 %.

El Programa Nacional de Sida/ITS (PNSIDA/ITS) del MPPS es la instancia responsable de planificar, ejecutar y coordinar las acciones conjuntas para la respuesta al VIH/Sida y las ITS en el territorio nacional. El programa dispone de 24 coordinaciones regionales.

La RBV cuenta con laboratorios en centros de salud públicos y laboratorios o Bancos de Sangre, distribuidos en todas las entidades federales, para la detección de anticuerpos para el VIH. En ellos, se realiza la prueba de forma gratuita, con consentimiento informado a todas las personas que la solicitan, garantizando la confidencialidad. En algunos de los centros se realiza consejería pre y post prueba, por el personal de salud de los centros y por integrantes de los movimientos sociales y comunidades organizadas.

La capacidad de realizar diagnósticos de VIH se ha visto afectada significativamente a partir de 2016 debido a las medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra el país, que han entorpecido la compra sistemática y suficiente de los reactivos necesarios para las pruebas.

En relación con la terapia antirretroviral (TARV), el programa nacional ha establecido una norma obligatoria a nivel nacional y adaptada desde 2015 a los estándares mundiales de tratamiento establecidos por la OMS, de “tratamiento para todos” independientemente de los valores de CD4.

La distribución gratuita universal de la TARV ha sido una prioridad para el Estado. La adquisición de la mayoría de la TARV se realiza a través del fondo para insumos estratégicos de salud pública o Fondo Estratégico de la OPS/OMS. Sin embargo, desde el año 2017, producto de las medidas coercitivas unilaterales se generaron dificultades para su adquisición, situación que se agravó en el año 2018. Para superar esta situación, en junio de 2018 se elaboró el “Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria desde una perspectiva de salud pública”, que permitió obtener recursos del Fondo Global para sida, tuberculosis y malaria (FGSTM), los cuales se destinaron en su totalidad para la compra de TARV. Este plan conlleva el trabajo de monitoreo conjunto con la sociedad civil en la distribución de ARV. Se adquirió la formulación de Tenofovir/Lamivudina/Dolutegravir (TLD) para satisfacer durante 2019 la demanda de al menos el 85 % de la población activa registrada en el PNSIDA/ITS.

En relación con la supresión de la carga viral, la realización de estas pruebas forma parte de la política nacional de monitoreo de la TARV, la cual debe realizarse al menos dos veces al año en todos los pacientes, tanto en personas adultas como en niñas y niños. Sin embargo, el cumplimiento de esta política se ha visto restringido en los últimos años, dadas las dificultades para la adquisición de reactivos necesarios para la realización de las pruebas, como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales. Durante el año 2019, ningún laboratorio nacional del sistema público de salud, incluido el Instituto Nacional de Higiene, pudo realizar pruebas de carga viral.

En los años 2018-2019 se iniciaron estudios de prevalencia a poblaciones de riesgo, conjuntamente con ONUSIDA, donde se incluyó incidencia en mujeres trans y trabajadoras sexuales. Con la implementación del “Manual de Manejo Clínico de Violencia Sexual” se permite el abordaje preventivo a las víctimas de violencia, con la realización de despistaje de infecciones de trasmisión sexual y la indicación de tratamiento oportuno.

En lo relativo al cumplimiento de las Metas 90-90-90, un 62 % de personas conocen su estado serológico, un 64 % recibe tratamiento y solo 1 % conoce su carga viral, evidenciándose la brecha generada por las medidas coercitivas unilaterales que han afectado al país, asumiendo el compromiso de la búsqueda activa de los casos, desde los territorios.

La prueba para VIH es gratuita y obligatoria para todas las mujeres embarazadas y se realiza la primera prueba al primer contacto con el sistema de salud, con la finalidad de detectar de forma oportuna a las embarazadas positivas para iniciar su tratamiento y atender adecuadamente su embarazo antes de las 36 semanas de gestación.

Desde el año 2018, en coordinación con las agencias de cooperación internacional (UNFPA, UNICEF y ONUSIDA), se activó una estrategia de abordaje y acompañamiento a la Ruta Materna para el diagnóstico oportuno y tratamiento inmediato de las mujeres gestantes, iniciando con las principales maternidades y extendiendo formación y distribución de pruebas y tratamientos hasta la red comunal y ambulatoria para finales del 2019 y 2020.

En la RBV se suministra TARV a todas las mujeres embarazadas infectadas a partir de la 14° semana de gestación, independientemente del resultado de las pruebas inmunológicas y virológicas. En el año 2019, por la dificultad para la realización de carga viral, se consideró incluir en esquema de tratamiento según pautas de tratamiento nacionales a todas las gestantes con pruebas VIH positivo, validada con segunda prueba rápida o del laboratorio de salud pública. De igual manera, se efectuó la distribución de 167.910 pruebas rápidas diagnósticas en 2019 y 101.050 hasta septiembre de 2020. Estas acciones han permitido el control y eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH y sífilis.

En el período de este noveno informe se elaboró el “Manual para diagnóstico y tratamiento sindrómico de las Infecciones de Transmisión Sexual/VIH” y se realizó la capacitación al personal de salud, priorizando las maternidades en el año 2019 y en 2020 la red comunal y ambulatoria.

E.Empoderamiento económico de la mujer

Durante el periodo 2014-2020 se impulsó una democratización del acceso del crédito a las mujeres, tanto por parte de la banca privada como por parte de la banca pública. A partir de 2017 se establece como mínimo el 45% de los créditos de la banca pública para mujeres emprendedoras. Como resultado de las políticas adoptadas las mujeres se convierten en la mayoría de las beneficiarias de los créditos a la pequeña y mediana industria por parte de la banca pública. Las medidas coercitivas unilaterales han afectado el desempeño del sistema crediticio, generando una disminución en el volumen absoluto de los créditos a partir de 2018, con mayor impacto en la Banca Privada.

Tabla III

Evolución de la cantidad de créditos según sexo por año

Banca Privada

Año

Mujeres

%

Hombres

%

2014

6.609.436

44,82%

8.135.812

55,18%

2015

8.381.419

46,02%

9.831.587

53,98%

2016

8.894.010

44,95%

10.891.124

55,05%

2017

8.514.404

44,72%

10.525.257

55,28%

2018

7.299.732

45,18%

8.857.585

54,82%

2019

2.525.953

48,24%

2.710.389

51,76%

2020

1.688.505

48,40%

1.800.430

51,60%

Tabla IV

Evolución de la cantidad de créditos según sexo por año

Banca Pública

Año

Mujeres

%

Hombres

%

2014

2.094.339

51,72%

1.954.846

48,28%

2015

3.026.254

53,03%

2.680.338

46,97%

2016

3.744.679

54,56%

3.118.575

45,44%

2017

4.013.049

55,89%

3.166.706

44,11%

2018

4.115.746

50,60%

4.017.786

49,40%

2019

2.707.632

44,81%

3.334.424

55,19%

2020

1.790.473

38,32%

2.881.992

61,68%

Tabla V

Evolución de la cantidad de créditos a la pequeña y mediana industria según sexo por año

Banca Privada

Año

Mujeres

%

Hombres

%

2014

67.077

45,14%

81.535

54,86%

2015

65.836

45,14%

80.020

54,86%

2016

53.598

43,89%

68.529

56,11%

2017

35.080

37,70%

57.967

62,30%

2018

11.039

26,92%

29.965

73,08%

2019

747

25,62%

2.169

74,38%

2020

212

28,08%

543

71,92%

Tabla VI

Evolución de la cantidad de créditos a la pequeña y mediana industria

según sexo por año

Banca Pública

Año

Mujeres

%

Hombres

%

2014

9.566

42,41%

12.990

57,59%

2015

7.367

44,64%

9.136

55,36%

2016

12.915

57,58%

9.514

42,42%

2017

9.777

53,85%

8.378

46,15%

2018

9.214

59,18%

6.356

40,82%

2019

8.605

60,91%

5.522

39,09%

2020

4.845

64,57%

2.659

35,43%

En 2016 se creó el programa “Soy Mujer” para incluir a las mujeres en los procesos de producción nacional, mediante el financiamiento de proyectos socio productivos, formación y acompañamiento integral a las mujeres. Para mayo de 2019 un total de 24.046 mujeres habían sido financiadas, con tasas de interés entre 1 % y 8 %, sin la exigencia de garantías.

Otra iniciativa fue el programa financiamiento del MPPMIG a mujeres beneficiarias del programa “Madres del Barrio” . Esta iniciativa se ejecutó entre el 2014-2016 y financió a 1.569 mujeres, organizadas en empresas de producción social y organizaciones productivas. Igualmente, se creó la “Red de Establecimientos Turísticos de Formación y Capacitación Mamá Rosa”, contemplando turismo, gastronomía y economía con enfoque de género como ejes centrales. El proyecto inició con tres posadas y una inversión de financiamiento para el momento de su ejecución de 15.873.015 USD.

A través del programa “Mujeres Emprendedoras Profesionales”, se brindó apoyo económico a mujeres emprendedoras como persona natural y mujeres emprendedoras organizadas en empresas de producción social (EPS), unidades de producción familiar (UPF) y cooperativas, mediante créditos otorgados por la banca pública a un plazo de 8 años, con una tasa de interés desde 0 % a 12 % y con período de gracia hasta un año.

Para septiembre de 2020, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (MPPCMS) registró un total de 122.814 personas incorporadas a organizaciones socio-productivas comunales, de las cuales el 52,76 % son mujeres.

De igual forma, durante el periodo del presente informe, el MPPMIG estableció los siguientes convenios para favorecer el empoderamiento económico de las mujeres:

a)Convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) para diseñar y ejecutar programas de formación y capacitación a las mujeres en el sector turismo, gastronomía y textil, alcanzando la certificación de cursos y talleres;

b)Convenio de cooperación con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), para ejecutar programas de formación, capacitación y certificación en las áreas de turismo, comercio y servicios;

c)Convenio de cooperación con el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES) para el financiamiento de proyectos socio-productivos;

d)Convenio de cooperación con el MPPCMS para fortalecer el abordaje de los proyectos socio-productivos.

e)Convenio entre el Centro Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV) y la posada Cabañas Mamá Rosa para la formación y capacitación en materia turística.

Desde el MPPPST se desarrollaron diferentes programas de formación y capacitación técnica y productiva dirigidos a mujeres, logrando impactar en 150.000 mujeres aproximadamente en todo el territorio nacional.

En 2020 se creó el proyecto “Marca Parto Humanizado”, con el propósito de enlazar a las mujeres vinculadas a la economía productiva comunitaria con el Plan Parto Humanizado. Este proyecto se fundamenta en la acción participativa y protagónica de las mujeres productoras quienes tienen la responsabilidad de desarrollar una economía sustentable direccionada a productos de confección, aseo personal, medicina natural, y alimentos.

F.Mujeres de las zonas rurales

En el período de este noveno informe la RBV adoptó diversas medidas para ofrecer una respuesta adecuada a la situación y las necesidades de las mujeres y las niñas de las zonas rurales, incluyendo el acceso a los servicios básicos, la justicia, las oportunidades económicas, la tenencia de la tierra, los créditos y la participación política.

De acuerdo con los datos aportados por el Consejo Federal de Gobierno, el 50,07 % de los proyectos ejecutados en el sistema de producción agrícola son encabezados por mujeres. Por su parte, desde el BANMUJER se ha financiado el desarrollo del trabajo productivo de las mujeres en el área rural, mediante la aprobación de 11.696 créditos destinados al sector agrario.

Como parte de las iniciativas adoptadas para generar oportunidades económicas, el MPPMIG en convenio con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), Café Venezuela y Cacao Oderí estableció mecanismos para la inducción, capacitación, asistencia técnica formativa y de acompañamiento, para las organizaciones socio-productivas promovidas por el MPPMIG en el área agrícola. De igual forma destaca, el Convenio de Cooperación entre Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) y MPPMIG, para ejecutar programas de formación, capacitación y certificación en el área de la agroecología. Asimismo, se diseñaron y se pusieron en marcha en todo el país, tres Escuelas de Producción Agro ecológica Eva de Pernalete con una inversión de 1.269.841 USD para el equipamiento e insumos para la producción agroecológica.

En aras de fortalecer la implementación del Programa de Cooperación Técnica entre la RBV y la FAO, en el año 2020 se inició el proyecto de “Reducción de la vulnerabilidad a efectos del cambio climático y aumento de resiliencia de mujeres campesinas”.

En 2020 se creó el programa “Mujeres Conuqueras” que busca incluir a las mujeres en el sector productivo agroalimentario, teniendo como visión el desarrollo de la actividad agropecuaria sustentable, mediante el empoderamiento de la mujer campesina y el reconocimiento de sus saberes ancestrales.

V.Parte IV de la Convención

En el periodo de este noveno informe la RBV adoptó medidas para garantizar la igualdad de la mujer, incluyendo los grupos más desfavorecidos, y para eliminar la discriminación en el matrimonio y las relaciones familiares, teniendo presente las Observaciones Generales del Comité.

A.Grupos desfavorecidos de mujeres

La RBV implementó acciones para asegurar la igualdad de mujeres afrodescendientes e indígenas, adultas mayores, mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales y mujeres privadas de libertad.

1.Mujeres afrodescendientes e indígenas

Venezuela cuenta con el Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas (MPPPI), el cual desde su creación ha sido encabezado en todo momento por una mujer. De igual forma, el país cuenta con el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial (Incodir), como ente adscrito al MPPRIJP cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de las políticas públicas, destinadas a la prevención y sanción de la discriminación racial y la defensa de los derechos humanos de la población afrodescendientes, indígenas e inmigrantes. Estas instancias han incorporado un enfoque diferenciado de género.

El MPPMIG incorporó en su estructura institucional la Coordinación de Mujeres Afrodescendientes y la Coordinación de Mujeres Indígenas. En el año 2014, creó dos (2) defensorías multiétnicas y pluriculturales de los derechos de la mujer en Kumarakapay, sector indígena de la Gran Sabana y Santa Elena de Uairén, estado Bolívar para contribuir a la garantía de la aplicación de justicia con enfoque de género y la protección integral de la mujer víctima de violencia. En este sentido, resalta los esfuerzos interinstitucionales realizados entre este mismo ministerio y el MPPPI, mediante la capacitación de las mujeres indígenas en la defensa de sus derechos específicos.

En 2015 se publicó la traducción de la LOSDMVLV a los idiomas Jivi, Yekuana y Yanomami. De igual forma, se diseñó en 2017 desde el INAMUJER el Programa Apacuana, para la atención integral de las mujeres indígenas desde una perspectiva étnica y de género.

Otra medida adicional adoptada para garantizar los derechos de las mujeres indígenas fue la aprobación de las Normas Básicas de Actuación de los Servidores y Servidoras Públicas en materia de Derechos Humanos (2017). Según estas Normas, la actuación de los servidores públicos y servidoras públicas dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas debe fundamentarse y orientarse por el reconocimiento de su existencia, organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. En virtud de ello, los servidores públicos y servidoras públicas deben garantizar el derecho a expresarse y comunicarse en su propio idioma indígena en todas las solicitudes, peticiones y procedimientos administrativos.

El 23 de octubre de 2015 se incorporaron los restos simbólicos de Juana Ramírez “La Avanzadora” al Panteón Nacional. Posteriormente, el 8 de marzo de 2017, en el marco del Día Internacional de la Mujer, los restos simbólicos de Hipólita, Matea y Apacuana fueron ingresados al Panteón Nacional, como homenaje a las mujeres indígenas, afrodescendientes y de los sectores populares en la construcción de la identidad venezolana.

Por otro lado, debe destacarse el “Encuentro de Mujeres Negras”, realizado en mayo de 2016, así como la creación, en el año 2017, de la línea de trabajo sobre mujeres afrodescendientes.

Durante el 2018 se realizaron encuentros de participación referente la línea sectorial de trabajo mujer afrodescendiente, con acuerdos realizados con el MPPRE, en el marco del Decenio Afrodescendiente, así como en el ámbito de estudio del continente africano. Ese mismo año, se realizó la jornada mundial por los derechos de los Pueblos Afrodescendientes.

El Plan de la Patria 2019 -2025, Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, incorporó el enfoque étnico.

2.Mujeres adultas mayores

En el periodo 2014-2020, el IVSS registró un incremento de 1.545.044 a 2.752.825 las mujeres beneficiarias de prestaciones dinerarias a largo plazo (pensiones), representando el 59,9 % del total de personas pensionadas en el país.

Otra política destacada es la Misión Chamba Mayor, creada el 22 de enero 2019, para ofrecer la oportunidad a los adultos y adultas mayores de sumarse al aparato productivo, brindándoles una ocupación laboral y productiva en el marco de los planes de desarrollo económico, social y cultural del país. Para el año 2020, se cuenta con un registro de más de 700 mil adultos y adultas mayores. El 51,5 % son hombres y 48,5 % son mujeres).

3.Mujeres con algún tipo de discapacidad

La población de mujeres con discapacidad certificada y registrada en el sistema del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en todo el territorio nacional, es de 38,82 % en relación con total, lo que representa 243.629 mujeres con alguna condición de discapacidad. Del universo de mujeres registradas, el 90 % es mayor a 18 años y un 10 % tiene entre 0 a 17 años.

La mayor población de mujeres certificadas corresponde a la condición de discapacidad Neuromusculoesquelética con 38,06 % y a la condición de discapacidad múltiple con 35,24 %. En cuanto a la causa de la discapacidad de las mujeres, un 62,89 % fue adquirido, 16,27 % congénita, 19,44 % genética y 1,39% hereditaria; representando un 99,99% de la población mujeres con discapacidad en todo el país.

De acuerdo con el registro y declaración ante CONAPDIS, realizada por parte del sector empleador en todo el territorio nacional, la población con discapacidad incorporada al trabajo formal es de un total de 63,21 % de mujeres.

En 2015 se creó en el MPPMIG, el programa “Heroínas sin Barreras”, dirigido a la atención integral de las mujeres con algún tipo de discapacidad.

De la población con discapacidad, se han incorporado en el programa “Soy Capaz” desarrollado por el CONAPDISun 44,17 % de mujeres en todo el territorio nacional; principalmente en los estados Bolívar y Zulia, con edades comprendidas entre 18 a 60 años. Del total de mujeres incorporadas al programa, el 70,38 % con condición de discapacidad musculoesquelética, el 8,30 % con discapacidad visual y el 7,31 % con discapacidad auditiva.

El programa Servicio Nacional de Comunicación Accesible (SENACOA) tiene como finalidad facilitar el acceso a las personas con discapacidad auditiva, personas sordas, sordociegas, a la información y comunicación mediante mecanismos acordes a las diferentes discapacidades, tales como Lengua de Señas, Sistema Braille y ayudas audiovisuales, entre otras. A partir del año 2017 hasta septiembre de 2020, se logró formar en Lengua de Señas Venezolana un total de 3.297 mujeres.

Por otro lado, el programa de Orientación y Familia (POF), ofrece servicios de atención biopsicosocial (técnicas, legales y emocionales) en materia de relaciones personales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, como a sus familiares y representantes, valorando sus potencialidades y permitiéndole desarrollar al máximo sus habilidades. En el período 2015-2020, el 67 % de las personas atendidas en el POF fueron mujeres con discapacidad.

En el período de este noveno informe un total de 56.812 mujeres con discapacidad visual fueron atendidas por la Misión José Gregorio Hernández.

4.Mujeres y diversidad sexual

En el año 2013 el MPPMIG diseñó el curso básico “Diversidad Sexual: Luchas y Disputas” para la erradicación de la discriminación y la incitación al odio contra las personas de la diversidad sexual, formando 2.439 personas; y en 2014, en el marco del Día Mundial de la Diversidad Sexual, realizó el lanzamiento del Programa de Formación “Somos Diversidad”.

En 2015 fue conformado el Consejo Consultivo de la Diversidad Sexual y de Género, que luego se convertiría en el Consejo Presidencial de la Sexo-Diversidad (2018). Es un espacio de encuentro de las organizaciones LGBTI con el Poder Ejecutivo, con el fin de elaborar participativamente políticas públicas e iniciativas institucionales en favor de la igualdad de género y el adelanto de la población sexodiversa.

En el ámbito legislativo, la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017) prohíbe mensajes de apología a la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género o expresión de género; consagra el delito de promoción o incitación al odio (artículo 20), incluyendo dentro de la conducta punible la promoción o incitación a la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género; e incorpora como un agravante de todo hecho punible, que sea ejecutado o incrementado por motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima (artículo 21).

En 2017 se aprobaron las Normas Básicas de Actuación de los Servidores y Servidoras Públicas en materia de Derechos Humanos con el objeto de establecer principios y criterios de obligatorio cumplimiento en la actuación de los servidores y servidoras públicas, a los fines de fortalecer el respeto, garantía y protección de los derechos humanos en el país. Conforme a estas normas, la actuación de todos los servidores públicos y servidoras públicas del Estado siempre debe estar dirigida a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, igualdad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad, irrenunciabilidad, interculturalidad y corresponsabilidad de los derechos humanos. En virtud de ello, los servidores públicos y servidoras públicas deben abstenerse de realizar cualquier tipo de acto o actuación de discriminación basada en el origen étnico, religioso, condición social, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, edad, posición económica, discapacidad, condición de salud o cualquier otra circunstancia personal, jurídico o social, que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos.

Como parte de los avances jurídicos más significativos, en 2016 la sentencia Nº 1187 de la Sala Constitucional del TSJ declaró el reconocimiento de la familia homoparental, interpretando el artículo 75 de la Constitución de la RBV en el sentido de que la jefatura de las familias pueden ejercerlas las familias homoparentales, y los niños, niñas y adolescentes nacidos en estas familias tienen la protección del Estado al igual que cualquier otro niño que haya nacido dentro de una familia tradicional.

En el ámbito de las jurisdicciones regionales, el Gobierno del Distrito Capital aprobó el decreto número 006 del 17 de mayo de 2016, mediante el cual se prohíbe de cualquier acto de discriminación por orientación sexual real o percibida, para luchar contra la homofobia en la ciudad de Caracas. En cumplimiento de este decreto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Defensa Pública iniciaron la colocación de carteles informativos en sus instalaciones en los cuales se indica que se prohíbe la discriminación contra personas de la comunidad LGBTI. En 2018, la Alcaldía del Municipio Libertador (Caracas) creó la Oficina para la Diversidad Sexual, que lleva a cabo acciones de acompañamiento jurídico, planes formativos y atención social. Adicionalmente, los concejos legislativos de los estados Bolívar y Carabobo han dictado actos de rechazo hacia todo tipo de discriminación que vulnere la identidad de las personas LGBTI, en los municipios y comunidades de su territorio y también diversos concejos municipales han dictado actos específicamente dirigidos a luchar contra la discriminación de las personas LGBTI.

En el 2017 se creó en el MPPMIG la línea de trabajo de la Sexodiversidad, con enfoque de género feminista y de derechos humanos para la atención integral, formación, participación protagónica e investigación, conjuntamente con la población sexodiversa.

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, incorporó la creación de mecanismos especializados en la DdP y el MP para la promoción y protección del derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. El Plan de la Patria 2019-2025 contempla la protección integral de la comunidad LGBTI.

En noviembre de 2020, la DdP creó la Defensoría Delegada Especial con competencia a nivel nacional para la protección de las personas de la sexodiversidad, adscrita a la Dirección de Materias de Especial Atención.

5.Mujeres privadas de libertad

En el período de este noveno informe se implementó el nuevo Régimen Penitenciario en el 100 % de los establecimientos de privación de libertad para mujeres bajo la administración del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), favoreciendo la transformación social de las mujeres privadas de libertad, a través de planes, proyectos y políticas integrales dirigidas a su desarrollo en áreas educativas, laborales, culturales y deportivas, entre otras.

Para 2020, la población penitenciaria femenina alcanza 2.153 mujeres, distribuidas en 16 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. En estos establecimientos el personal directivo, de régimen y custodia está conformado exclusivamente por mujeres y se encuentran debidamente separados de los establecimientos masculinos. Los centros cuentan con una capacidad instalada suficiente para albergar a la población de mujeres privadas de libertad, cumpliendo con lo establecido en las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las reclusas (Reglas de Bangkok) y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de reclusos (Reglas Mandela).

Entre las políticas más destacadas que se han impulsado debe señalarse elplan “Llegó la Chamba”, con el propósito de fortalecer la ocupación laboral de las y los privados de libertad y masificar la producción de algunos rubros agropecuarios a través de la instalación de fábricas y unidades de producción. De igual forma, se ejecutó el programa “Luisa Cáceres de Arismendi”, el cual tiene como objetivo brindar estímulos al trabajo para que las privadas de libertad desarrollen unidades socio-productivas, en las que se involucren sus familias y puedan de esta manera, contar con un trabajo productivo cuando egresen de los centros penitenciarios. Con este programa se logró financiar 513 proyectos dotados con materia prima textil.

El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP) posee más de 50 unidades de producción dentro de los establecimientos penitenciarios femeninos, entre los que destaca las áreas de panadería, textil, agrícola, cerámica, herrería, carpintería, servicios generales, mantenimiento, jabones artesanales, guardería, serigrafía, peluquería, entre otras. En el periodo 2014-2020 se han beneficiado más de 2.500 privadas de libertad, tomándose en cuenta las horas de desempeño laboral en su propio beneficio, respecto a la redención de la pena, en el caso de tratarse de una privada o privado de libertad en condición de penada o penado. Desde el año 2015 al 2020 el IACTP ha atendido a una población a nivel nacional de 2.576 privadas de libertad.

En garantía del derecho a la educación, el MPPSP promueve el desarrollo académico de las mujeres privadas de libertad mediante las Misiones Educativas (Robinson, Ribas y Sucre), en los niveles comprendidos en primaria, secundaria y universitaria, respectivamente. En el área de educación no formal, se imparten diferentes talleres y cursos, así como cursos de capacitación orientados a labores productivas. Desde el año 2015 al 2020, se alcanzó la participación de 1.985 privadas de libertad en la educación formal a nivel nacional.

La Red de Orquestas y Coros en los establecimientos penitenciarios del país y entidades de atención para adolescentes en conflicto con la ley penal, emplea la música académica como medio de transformación social de los privados y privadas de libertad, mediante el aprendizaje, la práctica y el disfrute de la música. Para 2020 se cuenta con 15 núcleos de la Orquesta Sinfónica para adultos. Más del 50% de los integrantes de los distintos núcleos son mujeres.

En materia de salud, resalta la realización constante de jornadas médicas ginecológicas, despistaje de cáncer de mama y cuello uterino. Asimismo, el MPPSP presta especial atención a las mujeres embarazadas y madres con niñas y niños en período de lactancia, por lo cual tiene destinado el Instituto Nacional de Orientación Femenina como único recinto penitenciario para albergar a privadas de libertad en estas condiciones y circunstancias, ya que el mismo cuenta con todos los espacios necesarios para el desarrollo de su gestación y atención a niñas y niños menores de 3 años.

B.Matrimonio y relaciones familiares

Mediante la Sentencia 738 de 2016 la Sala Constitucional del TSJ anuló los artículos 394 y 395 del Código Penal, por resultar discriminatorias respecto de la mujer y atentar contra los valores y los principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana, consagrados en los artículos 2, 3 y 21 de la Constitución de la RBV.

Para 2020, del total de 3.178.000 viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, 2.555.512 han sido adjudicadas a mujeres jefas de unidades familiares, es decir, el 80,46 %. El 81,5 % de los créditos de esta misión han sido otorgados a mujeres.

VI.Otras recomendaciones del Comité

En atención a las observaciones finales del Comité CEDAW/C/VEN/CO/7-8, la RBV implementó diversas medidas relacionadas con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (PAB), los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la difusión de las Observaciones Finales y la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos.

A.Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

La RBV ratifica su compromiso con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y además de los aspectos señalados sobre la Convención, desarrolla acciones que responden a Recomendaciones Generales del Comité y a las 12 áreas críticas de especial preocupación establecidas en la PAB, tales como:

1.Las mujeres y los conflictos armados y la recomendación general Nº 30

En 2013 el MPPMIG creó el “Movimiento de mujeres por la paz y la vida”, logrando la incorporación de 12.000 mujeres en acciones de prevención y sensibilización. En 2014 se convocaron a diálogos por la paz y la vida a mujeres de todos los sectores de la vida nacional. En 2017 se creó el plan estratégico y el plan de acción del movimiento. Entre 2017 y 2018 se realizaron el I y el II Congreso Binacional de Mujeres de Colombia y Venezuela con el objetivo de fortalecer el mantenimiento de la paz desde el protagonismo de las mujeres, con la participación de organizaciones no gubernamentales de ambos países en aras de abordar la agenda conjunta por la paz y la erradicación de las brechas de desigualdad en el territorio común, con un enfoque intercultural y el protagonismo de las mujeres wayúu. Participaron 1200 mujeres de ambos países y se acordó una ruta de acciones por la paz con enfoque de género.

2.Las mujeres y el medio ambiente y la recomendación general Nº 37

En los últimos 5 años ha crecido el liderazgo de la mujer en la industria eléctrica nacional, con acceso a cargos de alto nivel en un área tradicionalmente masculina, alcanzando para 2018 un 69 % de liderazgo femenino.

En el área de Energía Atómica, las mujeres son protagonistas de los programas de Cooperación Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), participando en WINArcal, donde se desarrolla el capítulo Win Venezuela. Igualmente, se desarrolla el proyecto de “Transversalización de Género”, cuyo producto es un Manual para la incorporación de la perspectiva de género durante las fases de diagnóstico, diseño e implementación y monitoreo de los proyectos de energías alternativas. De igual forma, destacan el “Programa Sembrando Luz” y el “Programa de Mesas de Energías”, que influyen directamente en la disminución de la feminización de la pobreza, con la dotación de sistemas fotovoltaicos gratuitos, permitiendo el acceso a la energía eléctrica en las comunidades aisladas, indígenas y fronterizas.

B.Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Contraloría General de la República, en conjunto con la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), realizó en 2018 una “Auditoría de Desempeño de la Preparación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para la implementación de la Agenda 2030 y los ODS, con énfasis en el ODS 5: Igualdad de Género y empoderamiento de mujeres y niñas”, evidenciando un Índice de eficacia óptimo de la RBV para la implementación de la Agenda 2030 con énfasis en el ODS 5.

Los ODS están incorporados expresamente en el Plan de la Patria 2019 -2025, y la igualdad de género (ODS 5) está planteada un total de 29 objetivos nacionales, generales y específicos que contemplan diversas áreas, dimensiones y temáticas para erradicar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer.

C.Difusión

El PNDH dispuso de un eje estructurante dedicado a la relación con los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo como acciones programáticas: (i) Concientizar sobre el contenido de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos y la posibilidad de invocarlos ante los tribunales, especialmente entre los integrantes del sistema de justicia y otros actores encargados de su aplicación; y (ii) Difundir ampliamente los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos por la RBV y las recomendaciones surgidas del Sistema de Naciones Unidas, incluyendo su publicación en formatos accesibles, como braille y discos de audio.

Las observaciones finales fueron difundidas de manera oportuna entre las instituciones pertinentes a todos los niveles (nacional, regional y local). Igualmente fueron difundidas entre las comunidades, mediante su publicación en las páginas de internet de los organismos públicos encargados de las políticas de derechos humanos.

D.Asistencia técnica

En septiembre de 2019 la RBV y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos suscribieron una Carta de Entendimiento, a los fines de establecer los términos de la cooperación y asistencia técnica en materia de derechos humanos. En aplicación de la Carta, se elaboró un plan de trabajo contentivo de las actividades de asistencia técnica a las diversas instituciones del Estado que se ejecutan cada año. De igual forma, se acordó la presencia de oficiales de derechos humanos de la OACNUDH en la RBV para el cumplimiento de su mandato. La Carta de Entendimiento fue renovada y ampliada en septiembre de 2020.

La Carta de Entendimiento y el Plan de Trabajo incorporan el enfoque de género de manera transversal. En el marco de la cooperación y asistencia técnica, se inició el proceso para el establecimiento de un mecanismo nacional de seguimiento a las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluyendo los órganos de tratado.

E.Ratificación de otros tratados

En mayo de 2014 la AN sancionó la Ley Aprobatoria de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. El 25 de octubre de 2016 fue depositado el instrumento de ratificación.