Distr.GENERAL

CCPR/C/CAN/2004/518 de noviembre de 2004

ESPAÑOLOriginal: FRANCÉS/INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOSPARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO

Quinto informe periódico

CANADÁ*

[27 de octubre de 2004]

ÍNDICE

PartePárrafosPágina

INTRODUCCIÓN1-63

I.MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNODEL CANADÁ7-1994

II.MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS DE LASPROVINCIAS*200-69451

TERRANOVA Y LABRADOR200-23351

ISLA PRINCE EDWARD234-24660

NUEVA ESCOCIA247-26663

NUEVA BRUNSWICK267-30167

QUEBEC302-35574

ONTARIO356-43586

MANITOBA436-500100

SASKATCHEWAN501-547114

ALBERTA548-623124

COLUMBIA BRITÁNICA624-694138

III.MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS DE LOSTERRITORIOS*695-785153

NUNAVUT695-719153

TERRITORIOS DEL NOROESTE720-755156

YUKÓN756-785159

Índice de artículos165

INTRODUCCIÓN

1.En el presente informe se esbozan las medidas clave adoptadas en el Canadá entre 1995 y abril de 2004 para mejorar su aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto). El informe se centra principalmente en las cuestiones planteadas por el Comité de Derechos Humanos en sus observaciones finales, publicadas tras el examen del cuarto informe del Canadá en 1999, y en las novedades significativas y la jurisprudencia posteriores a ese examen.

2.Para mejorar la oportunidad y la pertinencia de los informes a los órganos de tratados de las Naciones Unidas, se ha procurado que el informe sea conciso y centrado respecto de las cuestiones clave. Para ello, cuando los artículos con arreglo a este Pacto abarcan derechos incluidos en otros convenios en los que el Canadá es Parte, se hace referencia a la información detallada que figura en los informes con arreglo a esos otros convenios y, salvo pocas excepciones, no se repiten en el presente informe.

3.El Canadá ha tomado nota de las preocupaciones y recomendaciones planteadas por el Comité de Derechos Humanos. Puede consultarse información relativa a estas preocupaciones en el presente informe en la parte correspondiente al artículo pertinente del Pacto.

4.Se facilitaron a todos los departamentos federales y a los gobiernos provinciales y territoriales las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos y los informes anteriores del Canadá. Los informes del Canadá pueden consultarse públicamente en el sitio web del Departamento del Patrimonio Canadiense: http://www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/index_e.cfm.

Consultas con organizaciones no gubernamentales

5.El Gobierno del Canadá invitó a 58 organizaciones no gubernamentales (ONG) a exponer sus opiniones sobre las cuestiones que debían abarcarse en la parte federal del informe. Una de las respuestas recibidas, procedente de Focus on the Family Canada (FFC), fue remitida al Comité de Derechos Humanos.

6.El FFC ha expresado preocupación respecto del cumplimiento del Pacto por parte del Canadá en relación con lo siguiente:

El proyecto de ley C-13, sobre la reproducción humana asistida, en el que, según el FFC, no se tiene en cuenta la dignidad de la persona humana y el derecho inherente a la vida de todas las personas, en particular de las personas con discapacidad;

Una ley de enmienda del Código Penal en cuya virtud se incluye en el delito de incitación al odio la discriminación basada en la "orientación sexual" y que, según el FFC, supone una grave amenaza para la libertad de pensamiento, conciencia y religión y para la libertad de expresión;

La falta de un misterio federal encargado de velar por que las familias canadienses reciban protección y apoyo; y

La formulación de legislación que modifique la definición de matrimonio de modo que cualesquiera dos personas puedan casarse, incluidas las parejas del mismo sexo.

Parte I

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DEL CANADÁ

Artículo 1 - El derecho de libre determinación

7.El Canadá hace suyos los principios enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 1 del Pacto se cumple sin discriminación alguna por motivos de raza, religión u origen étnico. Todos los canadienses tienen acceso significativo al Gobierno para promover su desarrollo político, económico, social y cultural.

8.El Gobierno del Canadá reconoce la petición del Comité de Derechos Humanos de más explicaciones sobre los elementos que constituyen el concepto canadiense de libre determinación, tal como se aplica a los aborígenes. Habida cuenta de que el concepto de libre determinación del Gobierno del Canadá y su aplicación a los aborígenes sigue evolucionando en relación con su participación en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas y en otros foros internacionales, el Gobierno del Canadá presentará información sobre esta cuestión concreta durante la exposición oral del presente informe.

9.En la parte del presente informe relativa al artículo 27 se incluye información sobre el establecimiento por el Gobierno del Canadá de la Real Comisión sobre los pueblos indígenas y sobre la política del Canadá relativa a los derechos inherentes de los aborígenes. En las secciones provinciales y territoriales del presente informe también se incluye información conexa sobre los pueblos aborígenes en relación con el artículo 27.

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

Carta de Derechos y Libertades del Canadá

10.El llamamiento hecho en Doucet-Boudreau c. Nueva Escocia (Ministro de Educación) tenía que ver con la naturaleza de los recursos conforme al párrafo 1 del artículo 24 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá(recursos apropiados y justos teniendo en cuenta las circunstancias) que pueden concederse para asegurar el respeto de los derechos a la educación en los idiomas de las minorías garantizados en la Carta. El Tribunal Supremo del Canadá dictaminó que la interpretación teleológica de los recursos previstos en la Carta exige que se favorezca la realización de los derechos y recursos garantizados. A este respecto, los tribunales deben conceder recursos efectivos y apropiados que protejan plena y significativamente los derechos y libertades garantizados por la Carta. El Tribunal también dictaminó que los tribunales superiores tienen jurisdicción concurrente, permanente y plena para garantizar recursos que consideren justos y apropiados habida cuenta de las circunstancias. El Tribunal afirmó que estos recursos incluían la facultad de conceder recursos de interdicción contra el poder ejecutivo y de vigilar la aplicación de los recursos ordenados.

Preocupaciones específicas del Comité de Derechos Humanos

11.En sus observaciones finales (párr. 9) el Comité recomienda que se enmiende la legislación de derechos humanos para garantizar el acceso a un tribunal competente y un recurso efectivo en todos los casos de discriminación. El Gobierno del Canadá recalca que la Comisión de Derechos Humanos del Canadá goza de un amplio mandato respecto de las denuncias de discriminación. La Ley de derechos humanos del Canadá (CHRA) también pone a disposición del tribunal una gama de recursos.

12.El 8 de abril de 1999 el Ministro de Justicia anunció el establecimiento de un grupo independiente, presidido por el Sr. La Forest, antiguo juez del Tribunal Supremo del Canadá, encargado de efectuar una revisión de la Ley de derechos humanos. El informe, publicado el 21 de junio de 2000, contiene 165 recomendaciones que abarcan diversas cuestiones, desde importantes modificaciones estructurales y procesales hasta la inclusión de nuevos motivos de discriminación. El Gobierno ha hecho un análisis de los costos de los diversos modelos estructurales, ha iniciado el examen de los motivos adicionales recomendados para su inclusión en la ley, y ha consultado tanto con la Comisión de Derechos Humanos del Canadá como con el Tribunal para comprender la necesidad y la repercusión de las posibles modificaciones.

13.A raíz del informe de La Forest, en mayo de 2003 la Comisión de Derechos Humanos del Canadá adoptó nuevas reformas procesales destinadas a reducir su cúmulo crónico de casos pendientes y las dilaciones excesivas de los procesos de reclamación. Estas reformas incluyen:  1) el uso de la Solución Alternativa de Litigios en todas las etapas del proceso de reclamación; y 2) la remisión de algunos casos al Tribunal de Derechos Humanos del Canadá, donde el reclamante se representa a sí mismo sin la asistencia de la Comisión de Derechos Humanos del Canadá.

14.Prosiguen las deliberaciones sobre la derogación del artículo 67 de la Ley de derechos humanos del Canadá -para que todos los aborígenes, en especial las mujeres, reciban la plena protección de la ley- en anticipación de que el Gobierno del Canadá adelante la reforma de dicha ley.

15.El Comité expresó su preocupación de que pudieran existir diferencias entre las disposiciones relativas a la protección de los derechos enunciados en la Carta del Canadá y otras leyes federales y provinciales, y recomendó medidas para garantizar la plena aplicación de los derechos enunciados en el Pacto. El Canadá prosigue sus esfuerzos en esta esfera:

En abril de 2001 se estableció el Comité Permanente de Derechos Humanos del Senado. Se le encargó el mandato amplio de examinar cuestiones relativas a los derechos humanos y, entre otras cosas, el mecanismo gubernamental relativo a las obligaciones internacionales y nacionales del Canadá en materia de derechos humanos. El 13 de diciembre de 2001 el Comité del Senado presentó su primer informe, en que se señalan varias cuestiones que han de someterse a estudios ulteriores y recomendaciones de acción. El informe se ha tenido cuenta en la elaboración de políticas que mejorarán aún más la aplicación de los instrumentos de derechos humanos en el Canadá.

En octubre de 2002 se estableció un Comité Federal de Ministros Adjuntos, encargado de ejercer funciones directivas integradas en materia de derechos humanos y de velar por la coordinación de la comunicación, el diálogo y una mejor gestión e intercambio horizontales para el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Debe celebrarse que algunas provincias también hayan comenzado a establecer comités interdepartamentales adicionales encargados de las cuestiones relativas a los derechos humanos en sus respectivas jurisdicciones.

16.Con respecto a la recomendación más específica del Comité, que sugiere que se plantee la posibilidad de establecer un órgano público encargado de supervisar la aplicación del Pacto y de informar sobre posibles deficiencias, ya se ha debatido la cuestión pero se volverá a examinar en el contexto del seguimiento de la recomendaciones del grupo encargado de la revisión de la Ley de derechos humanos del Canadá.

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

17.El Canadá informa más a fondo sobre su aplicación de este artículo en sus informes sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Los informes cuarto y quinto del Canadá sobre dicha Convención, un documento de actualización y la declaración formulada por el Jefe de Delegación durante la presentación del Canadá ante el órgano creado en virtud de la Convención pueden consultarse en Internet en www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/cedaw_e.cfm. Estos documentos contienen información sobre los esfuerzos del Canadá por lograr la igualdad de derechos y mejorar la situación de las mujeres.

18.Aunque las mujeres canadienses han logrado muchas conquistas conducentes a la igualdad oficial, todavía no se ha logrado la plena igualdad sustantiva. En 2000, el Gobierno del Canadá, tomando como base las medidas adoptadas en el marco del Plan federal para la igualdad entre los géneros (1995-2000), aprobó el Programa para la igualdad entre los géneros, estrategia gubernamental multianual, de varios años de duración, para garantizar que la igualdad entre los sexos se transforme en una realidad para las mujeres canadienses. Entre sus elementos figuran el cumplimiento acelerado de los compromisos en materia de análisis basados en el género; el fomento de la capacidad del sector del voluntariado y la participación de los ciudadanos canadienses en el proceso de elaboración de políticas; y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Canadá así como de sus obligaciones adquiridas en virtud de tratados.

19.Tras un número de causas notorias y prolongadas relativas a la equidad de la remuneración, un grupo de tareas y una secretaría autónomos efectuaron un estudio amplio de la legislación, las reglamentaciones y las directrices pertinentes. El objetivo del estudio era determinar un modo eficaz de elaborar y aplicar políticas efectivas en materia de equidad de remuneración. En mayo de 2004 el Grupo de Tareas sobre la Equidad de Remuneración público su informe, que está siendo estudiado por funcionarios gubernamentales.

20.Desde la adopción de la Ley de derechos humanos del Canadáen 1977, ha mejorado notablemente la condición jurídica y social de la mujer en el Canadá. Sin embargo, más de una de cada cinco quejas recibidas por la Comisión de Derechos Humanos del Canadá en los últimos años ha tenido que ver con la discriminación por motivos de sexo. Muchas quejas tienen que ver con el embarazo, por ejemplo la no contratación o la suspensión de contratos de mujeres calificadas por el hecho de estar embarazadas. El acoso sexual en el lugar de trabajo es otra esfera en la que se precisa de una vigilancia permanente. En el Código del Trabajo del Canadá se exige que cada empleador realice todos los esfuerzos que sean razonablemente necesarios para que ningún empleado sea víctima de acoso sexual. También deben publicar una declaración de política en materia de acoso sexual. Para ayudar a los empleadores a cumplir con los requisitos jurídicos y elaborar políticas de lucha contra el acoso, en 2001 la Comisión de Derechos Humanos del Canadá, en cooperación con la Oficina de Desarrollo de los Recursos Humanos del Canadá y la Oficina de la Mujer del Canadá, elaboró una guía para empleadores, titulada "Anti‑Harassment Policies for the Workplace" (Políticas de lucha contra el acoso en el lugar de trabajo).

Preocupaciones específicas del Comité de Derechos Humanos

21.El Canadá comparte la preocupación del Comité (párrafo 20 de las observaciones finales) de que muchas mujeres sufren en proporciones excesivas el fenómeno de la pobreza. La lucha contra la pobreza, en particular en lo que toca a los niños y las madres solteras, así como las mujeres aborígenes e inmigrantes, sigue suponiendo un desafío y una prioridad para el Gobierno del Canadá. Sin embargo, a juzgar por la mayor parte de los datos recientes de que se dispone, desde 1997 los índices de pobreza en el Canadá han venido disminuyendo continuamente.

22.En los últimos años el Gobierno federal ha adoptado una serie de medidas que han permitido ir incrementando el apoyo a las familias de bajos y medianos ingresos con hijos. Los gobiernos de todo el país han seguido adoptando nuevas o mejores medidas para realzar la situación de las mujeres que realizan un trabajo remunerado, para ayudar a las familias a satisfacer sus necesidades en materia de ingresos y lograr un equilibrio entre el empleo y las obligaciones familiares, y para acceder a otros recursos económicos, en particular a una vivienda asequible. Como parte de su empeño en reducir la pobreza y fomentar la igualdad económica de la mujer, el Gobierno del Canadá está realizando actividades en diversas esferas:

Los subsidios parentales del programa del seguro de empleo se han prorrogado de seis meses a un año;

La cobertura se extiende ahora a los trabajadores a tiempo parcial, en su mayoría mujeres;

El régimen nacional de prestaciones por hijos compromete a todos los niveles de gobierno a reducir la pobreza concediendo deducciones fiscales por hijos a las familias de bajos ingresos así como servicios en favor de la infancia (véase el artículo 24).

23.En 2003 el Gobierno estableció varias iniciativas para fomentar el espíritu empresarial entre las mujeres, en particular la introducción de medidas fiscales para apoyar al sector de la pequeña empresa y la creación de Grupo de Trabajo sobre las mujeres empresarias. El Grupo de Trabajo publicó su informe en octubre de 2003, y formuló recomendaciones en cuatro esferas: el reconocimiento de las dificultades a que se enfrentan las empresarias; la información, la formación y la reorientación profesional; el acceso al capital; y la comercialización de las exportaciones. El Gobierno está examinando actualmente estas recomendaciones y en su próximo informe de conformidad con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer informará acerca de cómo se han abordado.

24.En sus observaciones finales (párr. 20), el Comité también expresó preocupación de que las muchas reducciones de programas de los últimos años hayan empeorado estas situaciones de desigualdad de que padecen las mujeres afectadas por la pobreza. Como se explica también en el cuarto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el decenio de 1990 fue un período de grandes transformaciones en la política pública del Canadá. Durante ese período los canadienses y sus gobiernos se convencieron de que los grandes déficit anuales y la creciente deuda pública eran insostenibles. Era cada vez mayor la preocupación por la sostenibilidad a largo plazo de programas sociales fundamentales. Durante ese período los gobiernos federal, provinciales y territoriales hicieron frente al desafío de la responsabilidad fiscal y el control de sus déficit fiscales. A medida que los gobiernos se reestructuraron y mejoraron sus situaciones fiscales, pudieron reinvertir en distintas iniciativas para apoyar a las familias canadienses con hijos, beneficiando así a la mujer, y se comenzó así a mitigar cualesquiera posibles repercusiones desproporcionadas para la mujer de las reducciones de los programas sociales.

25.Colectivamente, los gobiernos federal, provinciales y territoriales han conseguido con éxito mejorar las condiciones económicas y la situación de la mujer. Por ejemplo, en 2002:

La tasa de participación de la mujer en la población activa aumentó al 59,8%;

El empleo creció más para las mujeres (1,4%) que para los hombres (0,6%);

El crecimiento del empleo a tiempo completo para las mujeres (1,5%) superó al de los hombres (0,4%);

El 7,1% de todas las mujeres de la población activa estaban desempleadas, en comparación con el 8,1% para los hombres;

El 72% de las mujeres con hijos menores de 16 años residentes en el hogar eran parte de la población activa remunerada; y

El 67% de las madres solteras con hijos menores de 16 años residentes en el hogar estaban empleadas (un aumento de 17 puntos porcentuales entre 1995 y 2002).

26.En general, la tasa de mujeres de bajos ingresos ha disminuido desde mediados del decenio de 1990. Según los datos de la Dirección General de Estadísticas del Canadá sobre los umbrales de sueldos bajos netos de impuestos, la tasa de pobreza para las mujeres de 18 a 64 años disminuyó de un máximo del 14,7% en 1996 a un 11,5% en 2001. Asimismo, la tasa de madres solteras de bajos ingresos disminuyó de un máximo del 49% en 1996 al 31,9% en 2001.

27.En 2003-2004 el Gobierno federal incrementó el monto de la Transferencia en Materia de Salud y Programas Sociales del Canadá, mecanismo básico por el que el Gobierno del Canadá transfiere fondos a los gobiernos provinciales y territoriales para la atención de la salud, la enseñanza postsecundaria, la asistencia social y los servicios sociales, en particular para el desarrollo de la primera infancia, a 37.900 millones de dólares (en comparación con 25.800 millones de dólares en 1997-1998).

Mujeres aborígenes

28.En sus observaciones finales (párr. 19), el Comité de Derechos Humanos recomendó que el Estado se ocupara de las cuestiones relativas a la condición jurídica y social de las mujeres y los niños aborígenes aún pendientes después de las enmiendas de 1985 a la Indian Act (Ley sobre los indios).

29. Una de esas cuestiones es el vacío que existe en la ley en relación con los bienes raíces matrimoniales en las reservas, que ha representado una preocupación urgente tanto para las Primeras Naciones como para el Gobierno. Actualmente, los residentes en una reserva tienen menos derechos en relación con su vivienda conyugal al disolverse su matrimonio o unión de facto, que los no residentes en una reserva. Los residentes en una reserva no disponen de la mayoría de los derechos y recursos jurídicos establecidos en las leyes canadienses en relación con la vivienda conyugal, que se aplican fuera de las reservas.

30.En septiembre de 2003 un nuevo informe sobre la investigación de los efectos socioeconómicos de la ruptura del matrimonio sobre las mujeres aborígenes y sus hijos arrojó nuevas luces sobre las cuestiones relativas a los bienes raíces matrimoniales en las reservas. El informe titulado "Urban Aboriginal Women in British Columbia and the Impacts of the Matrimonial Real Property Regime" es un estudio exploratorio basado en entrevistas con mujeres que, tras disolverse su matrimonio, abandonaron sus reservas para residir en zonas urbanas de la Columbia Británica. Este informe es uno de varios proyectos de investigación emprendidos por el Departamento de Asuntos Indios y Desarrollo del Norte del Canadá en su empeño por entender mejor cómo las cuestiones contemporáneas relativas a los bienes raíces matrimoniales han afectado las vidas de los residentes de las reservas, más particularmente las de las mujeres.

31.En noviembre de 2003 el Comité Permanente de Derechos Humanos, que había realizado un estudio sobre la cuestión, presentó un informe provisional titulado "A Hard Bed to Lie In: Matrimonial Real Property on Reserve". En ese informe se recomienda una enmienda a la Ley sobre los indios, que permitiría la aplicación en las reservas de las leyes provinciales y territoriales relativas a la división de los bienes matrimoniales personales y raíces. El Gobierno del Canadá está estudiando actualmente este informe y sus recomendaciones.

32.Con arreglo al Plan de Acción Cobrando Fuerzas, el Canadá añade 500.000 dólares por año al Programa de las Mujeres Aborígenes, que ofrece apoyo a las organizaciones y grupos comunitarios de mujeres aborígenes, permitiéndoles: realizar investigaciones, elaborar estrategias, participar en deliberaciones, distribuir información, participar en iniciativas de autonomía aborigen, y comunicarse con otros canadienses y aborígenes en relación con la situación de las mujeres aborígenes y la autonomía aborigen.

Artículo 6 - Derecho a la vida

33.El 28 de junio de 2002 entró en vigor la Ley de inmigración y protección de los refugiados. Conforme a esta ley, el peligro para la vida constituye un motivo categórico de protección (art. 97).

Carta de Derechos y Libertades del Canadá

34.El Tribunal Supremo del Canadá, en el caso Estados Unidos c. Burns, de extradición, decidió que conforme al artículo 7 de laCarta de Derechos y Libertades del Canadá (la Carta del Canadá), en todos los casos, salvo en algunas excepciones, se exigen garantías de que el Estado solicitante no impondrá la pena de muerte.

Preocupaciones específicas del Comité de Derechos Humanos

35.En sus observaciones finales (párr. 12), el Comité recomendó que el Canadá adoptara medidas para resolver el problema de las personas sin hogar.

36.En 1999 el Gobierno del Canadá puso en marcha una Iniciativa Nacional sobre las Personas sin Hogar, de tres años de duración, para ayudar a reducir e impedir el problema de la carencia de vivienda en todo el país. La iniciativa suponía una financiación de 305 millones de dólares en el marco de la Iniciativa de asociaciones de acción comunitaria, piedra angular de la Iniciativa Nacional para los sin hogar, para ayudar a las comunidades de todo el país, en asociación con todos los niveles de gobierno y entidades sin fines de lucro y privadas, a planificar y aplicar estrategias locales amplias para hacer frente a los problemas de los hombres, mujeres, niños y jóvenes sin hogar. Esta iniciativa ha permitido renovar muchos millares de unidades de viviendas en mal estado destinadas a personas de bajos ingresos. Algunas de estas unidades renovadas sirven de vivienda provisional para víctimas de la violencia en el hogar y de viviendas colectivas para personas muy susceptibles de quedar desamparadas.

37.El 4 de marzo de 2003 el Gobierno del Canadá reiteró su compromiso de luchar contra la carencia de vivienda en todas las comunidades de todo el país, invirtiendo 405 millones de dólares en los tres años siguientes. Se hará más hincapié en actividades provisionales y de apoyo y medidas preventivas de más largo plazo.

38.En noviembre de 2001 el Gobierno del Canadá puso en marcha un Programa de Viviendas Asequibles de 680 millones de dólares para estimular la construcción de viviendas asequibles, incluidas unidades para los sin hogar. Además, en 2003 se hizo una inversión de 320 millones de dólares, con lo que el total invertido ascendió a 1.000 millones de dólares para 2007-2008 (2.000 millones de dólares con aportaciones financieras iguales de los gobiernos provinciales y territoriales). El Gobierno del Canadá también anunció una inversión de 384 millones de dólares en renovación de viviendas. El Programa de Viviendas Asequibles se evaluará dentro de algunos años, cuando se disponga de datos suficientes.

39.En 2002 se evaluó la asistencia del Gobierno del Canadá para la renovación de viviendas. La evaluación confirmó que, en general, la asistencia está destinada principalmente a los hogares de bajos ingresos, en particular a los que están expuestos a quedar sin vivienda. Por ejemplo, en 2002, el 20% de los locales de habitación colectivos renovados estaban ocupados por personas antiguamente desamparadas; más de la tercera parte de los ocupantes de los locales de habitación colectivos renovados y el 10% de los ocupantes de las unidades de alquiler renovadas informaron de que en algún momento de los últimos cinco años habían carecido de vivienda; el 37% de los ocupantes de los locales de habitación colectivos renovados y el 7% de los ocupantes de unidades de alquiler renovadas informaron de que se habían tenido que alojar en refugios en los últimos cinco años; más del 50% de los propietarios de los locales de habitación colectivos y unidades de alquiler renovados dijeron que ya habían alquilado a personas sin hogar; y el 47% dijeron que tenían más arrendatarios que en algún momento fueron personas sin hogar. Estos datos indican que la asistencia del Gobierno del Canadá para la renovación está reduciendo el nivel de la población sin vivienda.

40.También se facilitó una financiación adicional de 161 millones de dólares para hacer frente a las necesidades de los especialmente vulnerables y de los grupos mayoritarios entre la población sin hogar, a saber, los aborígenes (59 millones de dólares), los jóvenes (59 millones de dólares) y las víctimas de la violencia en el hogar (43 millones de dólares).

Artículo 7 - Protección contra la tortura

41.Se proporciona más información en los informes presentados por el Gobierno del Canadá con arreglo a laConvención contra la Tortura.

Experimentación médica o científica

42.En septiembre de 2001 entró en vigor el nuevo Reglamento de Ensayos Clínicos de la Ley de alimentos y fármacos. Entre otras cosas, el Reglamento exige que el patrocinador obtenga la aprobación del protocolo de investigación por un comité de ética de las investigaciones. El mandato principal de esos comités es "velar por la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar" de los participantes en un ensayo clínico u otras personas. El Reglamento también exige que los promotores e inspectores de ensayos clínicos se adhieran a los principios de la buena práctica clínica, uno de cuyos elementos es el consentimiento libre e informado. El comité de ética de las investigaciones se encarga de examinar todas las investigaciones realizadas en personas, financiadas, realizadas y patrocinadas por el Ministerio, y funciona de conformidad con la Declaración de Política de los tres Consejos: Ética de las investigaciones con seres humanos.

Violencia contra la mujer

43.La eliminación de la violencia sistemática contra la mujer es una prioridad del Gobierno del Canadá. El Canadá reconoce que la violencia por razones de género, de cualquier índole, constituye una violación de los derechos humanos fundamentales. El Gobierno ha reafirmado su firme decisión de reducir la violencia en el hogar, en particular la violencia contra las mujeres y los niños, financiando una tercera fase del Plan de Lucha contra la Violencia en el Hogar, en que los formuladores de políticas, los investigadores y grupos comunitarios integran medidas preventivas en sus políticas y programas, lo que les permite luchar más eficazmente contra la violencia en el hogar. Puede consultarse más información sobre el Plan de Lucha contra la Violencia en el Hogar en los informes del Canadá con arreglo al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

44.En diciembre de 2002 los ministros federales, provinciales y territoriales sobre la condición de la mujer publicaron un informe titulado "Assessing Violence Against Women: A Statistical Profile". En ese informe se proporcionan pruebas de que la incidencia y la gravedad de las agresiones contra la mujer parecen haber disminuido un poco durante el último decenio. Sin embargo, en general, la violencia contra la mujer, en particular contra las jóvenes, sigue siendo un problema social y económico persistente. Hace poco también se publicó el documento titulado Family Violence in Canada: A Statistical Profile 2003.

45.En septiembre de 2003 los ministros federales, provinciales y territoriales sobre la condición de la mujer concluyeron su 22ª reunión anual, reafirmando su firme decisión de promover la igualdad de la mujer. Los ministros centraron su atención en las circunstancias de las mujeres aborígenes, tanto dentro como fuera de las reservas, haciendo hincapié en la violencia. En consecuencia, los ministros establecieron un grupo de trabajo para elaborar un plan de acción que oriente su labor en esta importante esfera.

La no devolución

46.De conformidad con el artículo 97 de la Ley de inmigración y protección de los refugiados, el peligro de tortura, en el sentido del artículo 1 de la Convención contra la Tortura y el peligro de ser objeto de tratos o castigos crueles o inusitados son motivos suficientes para acogerse a la protección del Canadá.

Preocupaciones específicas del Comité de Derechos Humanos

47.En sus observaciones finales (párr. 14) el Comité expresó su preocupación por el hecho de que el Estado Parte estimaba que no estaba obligado a cumplir las solicitudes de medidas provisionales de protección. El Canadá opina que las solicitudes de medidas provisionales de protección no son vinculantes. En el párrafo 2 del artículo 39 del Pacto se estipula que el Comité establecerá su propio reglamento. En el artículo 86 del reglamento del Comité se estipula que el Comité podrá informar al Estado de si estima conveniente la adopción de medidas provisionales para evitar un daño irreparable a la víctima de la violación alegada. La terminología del artículo 86 armoniza con el carácter no vinculante de las opiniones del Comité. Ni en el Pacto ni en el Protocolo Facultativo se estipula que las órdenes del Comité han de ser vinculantes para los Estados.

48.Sin embargo, el Gobierno del Canadá siempre examina con atención la solicitudes de medidas provisionales del Comité, y las respetará siempre que sea posible. El Canadá señala que habitualmente actúa de conformidad con las solicitudes de medidas provisionales de los órganos de derechos humanos. Está empeñado en seguir haciéndolo en el futuro, aunque la decisión de actuar o no actuar de conformidad con una solicitud de medidas provisionales deberá adoptarse en función de cada caso. Ello no deberá interpretarse en modo alguno como un menoscabo del compromiso del Canadá respecto de los derechos humanos o de su colaboración actual con el Comité.

Carta de Derechos y Libertades del Canadá

Penas obligatorias mínimas

49.El Tribunal Supremo del Canadá defendió recientemente la constitucionalidad de una pena obligatoria mínima de cuatro años por el uso de un arma de fuego en circunstancias de negligencia dolosa, que provoque la muerte de una persona, pero hizo observaciones sobre los efectos negativos de las penas obligatorias, por la rigidez que introducen en el proceso judicial. Al determinar si una sentencia obligatoria mínima constituye un castigo cruel e inusitado (artículo 12 de la Carta del Canadá), los tribunales canadienses consideran cuidadosamente si la pena efectivamente impuesta es excesivamente desproporcionada en comparación con la que habría sido apropiada para el culpable de que se trata, y si el mínimo reglamentario es excesivamente desproporcionado, teniendo en cuenta "circunstancias hipotéticas razonables".

50.El Código Penal contiene 29 delitos que entrañan penas obligatorias mínimas. Éstas se dividen en ocho categorías -conducir sin estar en el uso de todas sus facultades o con una tasa de alcoholemia superior a 0,08, hacer apuestas o dedicarse al corretaje de apuestas, traición, homicidio en primer y segundo grado (prisión perpetua obligatoria), el uso de un arma de fuego en una agresión, el uso de un arma de fuego en 10 delitos violentos determinados, la posesión, el tráfico, etc., de diversas armas prohibidas, y vivir del producto de la prostitución infantil- pero las armas de fuego y los delitos por conducir sin todas sus facultades representan la mayoría de dichos 29 delitos.

No devolución

51.En el caso Suresh (Ministro de Ciudadanía e Inmigración), el Tribunal Supremo indicó que el Ministro de Inmigración debía en general abstenerse de deportar a refugiados cuando las pruebas indicaran la existencia de un peligro sustancial de tortura, y que sólo en circunstancias excepcionales debía deportarse a una persona a un país donde estaría expuesta a la tortura.

Justificación del recurso de los padres a una fuerza razonable

52.El Tribunal Supremo del Canadá, en el caso Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. el Canadá (Fiscal General), en relación con la justificación del uso de una fuerza razonable por los padres y maestros para corregir a sus hijos o alumnos, se remitió al preámbulo y al artículo 7 del Pacto así como a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Tribunal llegó a la conclusión de que de estas obligaciones internacionales se desprendía que lo que es "razonable en las circunstancias" no debe perjudicar al niño y no incluirá jamás tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Tribunal determinó que ni la Convención sobre los Derechos del Niño ni el Pacto exigen explícitamente que los Estados Partes prohíban todo castigo corporal de los niños. También examinó las opiniones expresadas por el Comité de Derechos Humanos y señaló que en el proceso de vigilar el cumplimiento del Pacto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado la opinión de que el castigo corporal de los niños en las escuelas compromete la prohibición del artículo 7 relativa a los tratos o castigos degradantes. Sin embargo, el Comité no ha opinado lo mismo sobre el uso de castigos corporales leves por parte de los padres.

Artículo 8 - Protección contra la esclavitud y el trabajo forzoso

53.El Gobierno apoya diversos esfuerzos de prevención en el Canadá ideados para impedir la trata de personas y la prostitución forzosa, en particular entre las poblaciones vulnerables. El enfoque canadiense ha consistido en facilitar la libre circulación legítima, y al mismo tiempo fomentar políticas nacionales e internacionales amplias para impedir los tipos de actividades criminales que explotan a las personas y debilitan la integridad de los sistemas de control de fronteras.

54.En febrero de 2004, el Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre la Trata de Personas recibió el mandato de coordinar los esfuerzos federales para luchar contra la trata de personas y elaborar una estrategia general, centrada en la prevención de la trata de personas, la protección de sus víctimas y la represión de los traficantes.

55.En marzo de 2004, el Ministro de Justicia del Canadá anunció una revisión del Código Penal para evaluar la necesidad de cualesquiera nuevas reformas para fortalecer la respuesta del sistema de justicia penal a la trata de personas. Entre otras medidas federales recientes contra la trata de personas se incluyen: el establecimiento por la Real Policía Montada del Canadá de la Dependencia de Investigación sobre la Trata de Personas para coordinar las investigaciones sobre la trata nacional e internacional; un seminario de capacitación sobre la trata de personas para agentes de policía, fiscales, funcionarios de inmigración, de aduanas y consulares, copatrocinado por el Departamento de Justicia y la Organización Internacional para las Migraciones, en marzo de 2004; un foro sobre la trata de personas, auspiciado por el Consejo Etnocultural del Canadá, el Ministro de Justicia y el Secretario de Estado (Condición de la Mujer), en marzo de 2004; la preparación y distribución de carteles contra la trata de personas en las comisarías, los servicios a las víctimas, los centros comunitarios, y los centros para refugiados e inmigrantes en todo el país; y el desarrollo de un sitio web sobre la trata de personas, con información y vínculos conexos.

56.La trata de personas está prohibida conforme a diversos delitos enunciados en el Código Penal del Canadá, en particular el confinamiento obligatorio, el secuestro, la extorsión, la agresión y delitos relacionados con la prostitución. Además, la Ley de inmigración y protección de los refugiados incluye un delito específico contra la trata de personas, para el que se prevén penas rigurosas: multas de hasta 1 millón de dólares, y distintas penas de prisión, hasta la prisión perpetua. En la ley se señalan factores agravantes específicos aplicables tanto a la trata de personas como a los delitos de contrabando de personas. Éstos incluyen el sometimiento de la víctima a tratos humillantes o degradantes, en particular en relación con las condiciones de trabajo o sanitarias o la explotación sexual. La ley contiene también una nueva categoría de personas inadmisibles relativa concretamente a los traficantes de personas. Permite el decomiso del dinero y bienes de los traficantes, un aumento de las penas y nuevas disposiciones contra la posesión y el uso de documentos fraudulentos en los delitos relacionados con la inmigración.

Internacional

57.El Canadá desempeñó un papel destacado en la elaboración del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificados ambos por el Canadá el 13 de mayo de 2002. El Canadá también ratificó el 6 de junio de 2000 el Convenio Nº 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. El 10 de noviembre de 2001 el Canadá firmó el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y adoptó medidas para facilitar su ratificación en un futuro cercano. El Canadá también alienta a otros Estados a que ratifiquen y apliquen pronto estos nuevos instrumentos.

58.El Canadá ocupa también un papel destacado en otros foros internacionales de lucha contra el contrabando de inmigrantes y la trata de personas. Por ejemplo, el Canadá ha ocupado la presidencia del Grupo de los Ocho en 2002 y está trabajando en los grupos de Lyón y de Roma (grupos de trabajo sobre la delincuencia trasnacional organizada y sobre lucha contra el terrorismo, respectivamente) para abordar estas y otras cuestiones relativas a la delincuencia internacional organizada.

59.El Gobierno del Canadá apoya los múltiples esfuerzos de prevención internacionales para hacer frente a las causas fundamentales de la trata de personas en los Estados de procedencia de las víctimas. Por ejemplo, ha comprometido más de 3 millones de dólares para eliminar la trata de niños para el trabajo infantil y para apoyar la rehabilitación de los niños víctimas de la trata de menores. Adicionalmente, el Canadá ha distribuido un folleto multilingüe (14 idiomas) sobre la lucha contra la trata de personas por conducto de sus misiones en el extranjero, y a ONG con acceso a posibles víctimas en los países afectados.

Artículo 9 - Derecho a la libertad y a la seguridad personales

Ley de defensa nacional

60.Varias enmiendas a la Ley de defensa nacional en 1999 tuvieron que ver con la privación de la libertad y la detención arbitraria. Uno de los cambios es que conforme al antiguo régimen legislativo, la liberación de la detención preventiva se tramitaba mediante una petición al Ministro. El proceso solía ser dilatado y redundaba en períodos de detención preventiva más prolongados. Sin embargo, en virtud de las enmiendas a la ley, actualmente un juez militar examina la detención preventiva de manera mucho más expeditiva, y las apelaciones son vistas por el Tribunal de Apelación del Consejo de Guerra.

Ley de lucha contra el terrorismo

61.A raíz de los ataques terroristas contra los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, el Canadá emprendió una revisión exhaustiva de su legislación penal, de seguridad y otra legislación pertinente con miras a hacer frente a la nueva amenaza. La revisión produjo como resultado laLey de lucha contra el terrorismo. La mayor parte de sus disposiciones entraron en vigor el 24 de diciembre de 2001, y, tras la última proclamación el 6 de enero de 2003, está ahora plenamente en vigor. En el preámbulo de la Ley de lucha contra el terrorismo se reconoce que el terrorismo es motivo de preocupación nacional, pero que esta preocupación debe abordarse sin dejar de respetar y promover los valores reflejados en la Carta de Derechos y Libertades del Canadá, y los derechos y libertades garantizados en dicho instrumento.

62.La ley toca varias cuestiones concretas y da cumplimiento a las obligaciones internacionales del Canadá en virtud de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, de 28 de septiembre de 2001. Entre las enmiendas específicas se incluyen una definición de "actividad terrorista", nuevos delitos penales y nuevas penas, modificaciones a la legislación sobre las pruebas, y poderes y procedimientos para combatir la financiación del terrorismo.

63.Las enmiendas contienen nuevas disposiciones sobre la detención y el encarcelamiento de personas para impedir actividades terroristas, sobre la base de los poderes que otorga el derecho penal actual. Los sospechosos de participación en delitos penales son sometidos al proceso normal de investigación y enjuiciamiento. Sin embargo, como medida preventiva, cualquier agente de la fuerza pública que tenga motivos razonablemente fundados para creer que va a perpetrarse un acto terrorista podrá obtener un auto de detención judicial, y los sospechosos de participación en el delito identificados como tales podrán ser detenidos y encarcelados si existen motivos para sospechar que su detención es necesaria para impedir el acto terrorista. Cuando las circunstancias lo exijan, podrá detenerse a los sospechosos sin auto de detención. Cada persona detenida deberá comparecer ante un juez en el plazo de 24 horas cuando haya un juez disponible, o, caso contrario, lo antes posible. Una vez ante el juez, podrá mandarse al sospechoso que cumpla una orden judicial de no alteración del orden público y que cumpla cualesquiera otros requisitos específicos que se le impongan. Si el sospechoso acepta, se le deberá dejar en libertad, quedando expuesto a una nueva detención y enjuiciamiento en caso de incumplimiento de los requisitos impuestos. Si el sospechoso se niega a aceptar los requisitos impuestos, podrá permanecer recluido hasta 12 meses. Al término de este período, se le deberá poner en libertad, con sujeción a la posibilidad de que el Estado le imponga el cumplimiento de algún otro requerimiento. En todos los procedimientos, una vez detenido el sospechoso, incumbe al Estado la responsabilidad de determinar la existencia de las circunstancias necesarias para imponer al sospechoso la aceptación de un requerimiento judicial.

64.En la legislación también se prevé la celebración de audiencias de investigación judicial (artículo 83.28 del Código Penal), en las que es obligatoria la asistencia de toda persona señalada por el juez como poseedora de información directa y sustancial en relación con un delito de terrorismo, y toda persona cuya asistencia se haya ordenado podrá ser detenida y encarcelada en caso de incumplimiento o si existieran razones para creer que está a punto de fugar. La compatibilidad de estas disposiciones con la Carta de Derechos y Libertades del Canadá ha sido examinada por el Tribunal Supremo del Canadá. El 23 de junio de 2004, en una solicitud con arreglo al artículo 83.28 del Código Penal (Re), la mayoría de los jueces afirmaron que el desafío para las democracias en la lucha contra el terrorismo era encontrar un equilibrio entre una respuesta eficaz y los valores democráticos fundamentales que respetan la importancia de la vida humana, la libertad y el imperio de la ley. El Tribunal Supremo del Canadá sostuvo la constitucionalidad de esta disposición y aclaró ciertos aspectos de procedimiento como orientación para futuras vistas.

65.El Tribunal Supremo del Canadá reiteró lo que había expresado en casos anteriores (Suresh c. el Canadá (Ministro de Ciudadanía e Inmigración) y Estados Unidos c. Burns) en relación con la gravedad que atribuye a la deportación o a la extradición a países donde la tortura o la muerte son muy posibles y reafirmó que las pruebas reunidas en una investigación judicial deberían estar sujetas a una orden que impida su ulterior uso, directo o indirecto, en procedimientos de deportación donde exista la posibilidad de tal recurso por parte del Estado.

66. LaLey de lucha contra el terrorismo contiene rigurosas salvaguardias que protegen los derechos y libertades de los afectados por ella. Esas salvaguardias incluyen, con respecto a la detención preventiva y las vistas de investigación: el consentimiento previo del fiscal general donde tengan lugar las actuaciones; una autorización judicial; y la obligación del Fiscal General y del Procurador General del Canadá, de los fiscales generales provinciales y ministros responsables de las actividades policiales de informar anualmente al Parlamento acerca del uso de la detención preventiva y de las disposiciones en materia de audiencias de investigación conforme a la nueva ley. Además, el Parlamento ha ordenado que se haga una revisión a fondo de la legislación en el plazo de los tres años siguientes a su adopción (18 de diciembre de 2001). Las disposiciones que autorizan la celebración de audiencias de investigación y la imposición de la aceptación de ciertos requerimientos por parte del sospechoso (incluida la autoridad de detener sin el auto correspondiente cuando las circunstancias lo exijan) quedarán sin vigor al cabo de cinco años salvo que el Parlamento apruebe una resolución especial para prorrogar su vigencia.

67.Nada de lo relativo a estos nuevos delitos, poderes de investigación u otras disposiciones afecta a ninguna de las salvaguardias ya existentes contra la tortura y actividades conexas. El párrafo 4 de artículo 269.1 del Código Penal, que prohíbe el uso de cualquier declaración obtenida mediante la tortura para todo efecto, salvo a título de prueba de que la declaración fue obtenida efectivamente mediante la tortura, se aplica plenamente a todas las nuevas actuaciones.

68.Además, la Real Policía Montada del Canadá ha elaborado políticas internas que añaden nuevas salvaguardias relativas al uso de estas disposiciones. Por ejemplo, el Comisionado Adjunto de Operaciones de la Real Policía Montada del Canadá debe aprobar personalmente todas las solicitudes de los oficiales de la Real Policía Montada del Canadá que deseen hacer uso de estas disposiciones, antes de solicitarse la aprobación del Fiscal General.

Propósito y principios de las sentencias

69.En el Código Penal se establecen principios para orientar a los tribunales de sentencia y fomentar la flexibilidad en el ejercicio de la discreción judicial. El principio fundamental de las sentencias es que éstas deben ser proporcionales a la gravedad del delito y al grado de responsabilidad del culpable. El Parlamento ha hecho muchísimo hincapié en un enfoque de "medidas menos restrictivas", y ha dispuesto que sólo se recurra al encarcelamiento cuando no se consideren viables otras soluciones adaptadas a la comunidad. Esto armoniza con la preocupación del Parlamento de acabar con el abuso del encarcelamiento como medio de represión del delito en el Canadá.

Condenas condicionales

70.El Gobierno del Canadá alienta el uso de medidas que reduzcan la dependencia del encarcelamiento, dándose prioridad a otras medidas y a la imposición de penas comunitarias para los jóvenes y adultos, por ejemplo la justicia restitutiva. La condena condicional (artículos 742 a 742.7 del Código Penal) prevista en las reformas en materia de penas en vigor desde el 1º de julio de 1999, constituye un mecanismo importante que permite a los tribunales recurrir a sanciones comunitarias en casos en que de otro modo se dispondría el encarcelamiento. Si bien el uso de las condenas condicionales ha aumentado gradualmente en los cinco años desde que entraron en vigor en 1996, todavía se recurre a ellas en relativamente pocos casos, y representan entre el 4 y el 6% de todas las penas.

Revisión de la detención preventiva

71.Atendiendo a la preocupación sobre el hacinamiento en los establecimientos de detención preventiva, y con el ánimo de lograr un sistema de justicia penal más justo y eficaz, los funcionarios de los gobiernos federal, provinciales y territoriales convinieron en abril de 2004 en efectuar una revisión exhaustiva de la libertad bajo fianza, tanto en el contexto de las actuaciones anteriores al juicio como en las de apelación. Se espera para 2005 la publicación de una informe sobre las recomendaciones dimanantes de la revisión.

72.En R. c. Hall, el Tribunal Supremo del Canadá examinó la constitucionalidad de la disposición del Código Penal en que se estipula que la detención preventiva se justifica caso de demostrarse la existencia de "cualquier otra causa justa" (también se autoriza la detención preventiva para garantizar la asistencia a los tribunales y cuando sea necesaria para la protección o la seguridad del público) y cuando la detención sea necesaria para mantener la confianza en la administración de justicia. El Tribunal determinó que la frase "cualquier otra causa justa" era improcedente por cuanto la detención sobre esta base violaría el derecho de la vida, a la libertad y a la seguridad personales de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá y el derecho a la no denegación de una fianza razonable sin causa justificada. Sostuvo el resto de la disposición, afirmando que, al determinar si era necesaria la detención para mantener la confianza en la administración de justicia, la investigación debía centrarse en la percepción comunitaria razonable de la necesidad de denegar la libertad bajo fianza para mantener la confianza del público en la administración de justicia, determinada judicialmente y con objetividad, teniendo presentes todas circunstancias, en particular la solidez del caso, la gravedad del carácter del delito, las circunstancias del delito y la posibilidad de una pena de prisión prolongada.

Carta de Derechos y Libertades del Canadá

73.En R. c. Mann, el Tribunal Supremo del Canadá afirmó que aunque no existía ningún poder general de detención con fines de investigación, los agentes de policía podían detener a una persona si existían motivos razonables para sospechar a la luz de todas las circunstancias que la persona estaba vinculada con determinado delito y que la detención era razonablemente necesaria, tras un examen objetivo de las circunstancias. Estas circunstancias incluyen la medida en que el agente de policía debe restringir una libertad personal para el cumplimiento de sus funciones, la libertad restringida, y la naturaleza y el alcance de la restricción. Como mínimo, las personas detenidas con fines de investigación deberán ser informadas, con un lenguaje claro y sencillo, de las razones de su detención. Las detenciones con fines de investigación realizadas de conformidad con el common law no se contradicen con los derechos del detenido en virtud de la Carta. Deberán ser breves. Las detenciones con fines de investigación no imponen al detenido la obligación de responder a las preguntas formuladas por la policía. Cuando un agente de policía tenga motivos razonables para creer que existe peligro para su propia seguridad o la de otros, podrá someter al detenido a un cacheo preventivo. El poder de detención con fines de investigación y de cacheo preventivo debe distinguirse de la detención y el poder incidental de registrar al detenido.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

74.En un informe publicado el 29 de enero de 2004, titulado "Protecting Their Rights", la Comisión de Derechos Humanos del Canadá determinó que las reas seguían haciendo frente a problemas sistemáticos de derechos humanos en el sistema correccional federal. El informe se centra en la repercusión discriminatoria de algunos programas y políticas, en particular en relación con las mujeres aborígenes, las mujeres pertenecientes a determinadas minorías raciales y las mujeres con discapacidades. La conclusión principal del informe es que el sistema correccional debe adoptar un enfoque de la reclusión, de los programas y de la reintegración de las mujeres delincuentes en que se tenga más adaptado a su sexo. En el informe, la Comisión de Derechos Humanos del Canadá recomienda diversas medidas para hacer frente al número desproporcionado de mujeres aborígenes en las prisiones federales. Estas medidas incluyen: una revaluación de la clasificación de todas las mujeres aborígenes clasificadas actualmente como casos de máxima seguridad, recurriendo a un método de reclasificación en que se tengan en cuenta las cuestiones de género y evaluaciones individuales adecuadas; adjudicaciones independientes respecto de todas las decisiones relacionadas con el aislamiento no solicitado, habida cuenta de que las mujeres aborígenes y otras mujeres pertenecientes a determinadas minorías raciales están más expuestas al aislamiento que las demás reclusas; la consideración de las necesidades y el bajo riesgo que representan las reclusas en establecimientos de seguridad mínima y media en la construcción de instalaciones adicionales para mujeres, como el Aboriginal Healing Lodge; la consideración de las necesidades especiales de las delincuentes aborígenes en la estructura y el contenido de las estrategias de programación, con miras a satisfacer las necesidades de rehabilitación de las mujeres aborígenes que purgan una pena federal. El Servicio Correccional del Canadá estudiará las recomendaciones y preparará una respuesta amplia al informe.

75.La Ley de justicia penal de menores crea un régimen amplio para abordar todos los aspectos del sistema de justicia de menores. La nueva legislación (en vigor desde abril de 2003) respeta los derechos de los jóvenes, y está orientada a incrementar las respuestas comunitarias frente a los delitos perpetrados por jóvenes, a reducir la dependencia excesiva del encarcelamiento, y a incrementar la rehabilitación y la reintegración de los jóvenes. Establece medidas relativas a intervenciones precoces ajenas al proceso judicial oficial; a la celebración de procesos en tribunales de menores tras una denuncia; normas especiales para la condena de jóvenes hallados culpables de un delito; al tratamiento de los jóvenes condenados a privación de libertad, y medidas relativas a su reintegración y rehabilitación; a la protección y el uso de información sobre los jóvenes. Puede encontrarse más información en las respuestas a la lista de cuestiones proporcionadas al Comité de los Derechos del Niño en septiembre de 2003 (http://www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/crc-2003/UNCRC_1BE.pdf).

76.En Quebec (Ministro de Justicia) c. el Canadá (Ministro de Justicia), el Tribunal de Apelación de Quebec determinó que los principios en los que se basa la Ley de justicia penal de menores, así como las disposiciones relativas a las sentencias y a la privación de libertad y la supervisión de los jóvenes (arts. 3, 38, 39 y 83) no violan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni la Convención sobre los Derechos del Niño. El Tribunal también determinó que las disposiciones de la ley relativas a la excepción a la confidencialidad de la información, y la imposición de penas aplicables a adultos a jóvenes por ciertos delitos (arts. 61, 64, 79, 72, 75 y 110 2) b)) no eran incompatibles con esos instrumentos. Además, el Tribunal determinó que las disposiciones en las que se prevía la posibilidad de encarcelar a jóvenes con adultos no violaban el Pacto porque la norma básica establecida por la ley era que a los jóvenes se les tendría separados de los adultos. Con respecto a la compatibilidad de esas mismas disposiciones con la Carta del Canadá, el Tribunal de Apelación de Quebec sostuvo la validez de todas las disposiciones impugnadas, con excepción de las que permitan presagiar la imposición a un joven de penas aplicables a adultos y las que suponen una suspensión a la norma de la confidencialidad, lo que podría redundar en la publicación de información relativa a menores condenados por delitos acompañados de violencia grave. El Tribunal determinó que esas disposiciones eran contrarias al artículo 7 de la Carta del Canadá por imponer una carga demasiado onerosa a los jóvenes en contradicción con los principios fundamentales de justicia, y porque esas violaciones no se justificaban en una sociedad libre y democrática (artículo 1 de la Carta del Canadá). El Tribunal determinó que las antiguas disposiciones, según las cuales en estos casos la carga de la prueba incumbía a la Corona, y no a los jóvenes, representaban una solución menos restrictiva e igualmente eficaz. El fallo del Tribunal de Apelación se basó en parte en su aceptación de los cuatro principios siguientes como principios de justicia fundamental protegidos por el artículo 7 de la Carta del Canadá: el sistema de justicia debe tratar a los jóvenes de modo distinto que a los adultos; la rehabilitación debe ser el objetivo que oriente su tratamiento; el sistema de justicia de menores debe limitar la divulgación de la identidad de los jóvenes para impedir su estigmatización; y el interés superior del niño debe ser el factor preponderante en las decisiones que afecten a los jóvenes.

Carta de Derechos y Libertades del Canadá

77.En R. c. Demers, el Tribunal Supremo del Canadá examinó las disposiciones del Código Penal según las cuales los acusados no aptos para comparecer en juicio no tendrán acceso a la absolución total. La libertad de los acusados permanentemente discapacitados para comparecer está sujeta a diversos niveles de restricción, según lo que dispongan la Junta de Revisión o el Tribunal. Las disposiciones impugnadas no son equitativas respecto de los acusados permanentemente discapacitados para comparecer que no representan una amenaza significativa para la seguridad pública, y atentan contra su libertad. Esto es inaceptable en una sociedad libre y democrática.

78. En Penetanguishene Mental Health Centre c. Ontario (Fiscal General), el Tribunal Supremo del Canadá afirmó que los principios de justicia fundamental (artículo 7 de la Carta) exigían que la libertad de un acusado declarado sin responsabilidad penal por trastornos mentales se tuviese en cuenta en todas las fases de la consideración de la Junta de Revisión. En este proceso, la seguridad pública es el factor determinante. Sin embargo, dentro del ámbito definido por la seguridad pública, el derecho a la libertad del acusado sin responsabilidad penal debía ser un considerando de la Junta de Revisión al adoptar una decisión. Aun cuando se haya establecido que existe un riesgo para la seguridad pública, las condiciones de la decisión de la Junta han de ser "las menos severas y menos restrictivas para el acusado", en armonía con el nivel de riesgo planteado, teniendo en cuenta el estado mental del acusado sin responsabilidad penal, sus demás necesidades, y el objetivo de su reintegración eventual en la sociedad.

Artículo 14 - Derecho a un juicio imparcial

Independencia de los tribunales

79.En 1998, el Parlamento del Canadá modificó la Ley de tribunales para establecer una Comisión de remuneración y prestaciones judiciales "cuadrienal". Esta enmienda tenía por objeto establecer un proceso "independiente, eficaz y objetivo" para determinar la remuneración judicial, como había solicitado el Tribunal Supremo del Canadá en su Dictamen sobre la remuneración de los jueces del Tribunal Provincial de la Isla Prince Edward, en el que se prevé que las provincias establezcan un órgano independiente cuya tarea específica consistirá en presentar a los poderes ejecutivo y legislativo un informe sobre los sueldos y otros emolumentos de los jueces. El Tribunal decidió también que toda modificación o congelación de la remuneración de los jueces efectuada sin recurso previo a este órgano sería anticonstitucional.

80.En Mackin c. Nueva Brunswick (Ministro de Hacienda);Rice c. Nueva Brunswick , el Tribunal Supremo del Canadá dictaminó que la legislación de Nueva Brunswick por la que abolía el cargo de juez supernumerario era contraria a las garantías constitucionales de independencia judicial. Al no solicitar la aprobación de una comisión independiente, el poder legislativo había violado la dimensión institucional de la seguridad financiera de los jueces especificada en el Dictamen sobre la independencia e imparcialidad de los jueces del Tribunal Provincial de la Isla Prince Edward.

81.En Ell c. Alberta, el Tribunal Supremo del Canadá decidió que era necesario garantizar la independencia de los jueces de paz, porque ejercen funciones (como la expedición de órdenes judiciales) que guardan relación directa con la aplicación de la ley y tienen importantes efectos en las libertades y los derechos de los ciudadanos.

82.El Instituto Nacional de la Magistratura, principal órgano nacional dedicado a la formación continua del millar aproximado de jueces federales y de los jueces provinciales de todo el Canadá, ha creado en los últimos años unos programas importantes e innovadores para la magistratura del país. Por ejemplo, un elemento clave del programa de estudios del Instituto Canadiense de la Magistratura es el proyecto de formación en contexto social. Hay también otros programas previstos sobre cuestiones de derecho internacional y concretamente sobre los derechos humanos en el plano internacional.

83.El Consejo Judicial del Canadá, constituido por los presidentes de tribunal y los magistrados y creado para mejorar la calidad de los servicios judiciales en los tribunales superiores y despachar las reclamaciones contra los jueces federales, publicó en 1998 la declaración de ética judicial Principios éticos para jueces. En esta declaración, que tiene carácter consultivo, se da orientación a los jueces en asuntos de independencia, integridad, diligencia, igualdad e imparcialidad judiciales y se informa al público sobre las cuestiones profesionales y éticas que se plantean a la magistratura.

Defensa nacional

84.Para cerciorarse de que los acusados en el sistema de justicia militar por un delito militar gozan de iguales garantías que los demás miembros de la sociedad canadiense, se han introducido enmiendas en la Ley de defensa nacional. Por consiguiente, los servicios de acusación y defensa de las Fuerzas Armadas canadienses han experimentado importantes cambios. Se han creado dos oficinas separadas dependientes una del Director de la Fiscalía Militar y la otra del Director de los Servicios de Defensa. El Director de la Fiscalía Militar asume la acusación en todos los consejos de guerra y decide qué tipo de consejo de guerra se debe celebrar y si debe celebrarse uno. El Director de los Servicios de Defensa asume la defensa a los acusados sujetos al Código de Disciplina Militar. El Director de los Servicios de Defensa es nombrado por el Ministro de Defensa Nacional por cuatro años renovables y goza así de cierta autonomía frente al Auditor General y al fiscal.

85.También se ha establecido una comisión independiente que formula recomendaciones sobre la remuneración de los jueces militares, para velar por el aspecto financiero de la independencia judicial.

Acceso a los tribunales

86.En Bouzari c. Iran, el Tribunal de Apelación de Ontario concluyó que no hay nada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que obligue a conceder acceso a los tribunales cuando se trate de acciones en las que se alegue la tortura por Estados extranjeros cometida fuera de la jurisdicción canadiense. El artículo 14 del Pacto no se ha interpretado hasta la fecha en el sentido de que exija que un Estado dé acceso a sus tribunales a las víctimas de actos soberanos cometidos fuera de su jurisdicción.

87.En Columbia Británica (Ministro de Silvicultura) c. Confederación de Indios Okanagan, el Tribunal Supremo del Canadá declaró que los tribunales superiores tienen el poder facultativo de conceder el reembolso de los gastos judiciales a un litigante antes de la evacuación definitiva de un caso y en cualquier momento del proceso (gastos provisionales). Para que se conceda el reembolso de los gastos provisionales se deben reunir varias condiciones: la parte que lo solicite debe carecer de medios en tal medida que, si no se concede este reembolso, esa parte se verá privada de la oportunidad de continuar la causa; el solicitante debe establecer la existencia de presunciones de hecho suficientes para justificar la continuación de la causa y deben darse circunstancias especiales bastantes para convencer al tribunal de que la causa pertenece al limitado número de casos en que este ejercicio extraordinario de sus facultades es procedente. En los raros casos en que se ha concedido tal reembolso, las razones principales han sido la preocupación por el acceso a la justicia y el deseo de reducir una fuerte desigualdad entre los litigantes.

88.En el Canadá, la población aborigen tiene acceso al sistema judicial a título individual y colectivo. De ahí que numerosas comunidades y muchos miembros y dirigentes de las mismas estén cada vez mejor informados sobre la posibilidad de solicitar la aclaración en los tribunales de sus derechos propios y de los adquiridos en virtud de tratados, que gozan de protección en el artículo 35 de la Ley constitucional de 1982. Para facilitar directamente este proceso, se ha creado el programa experimental de financiación que, durante los últimos 20 años, ha financiado 160 causas (incluidas 47 ante el Tribunal Supremo del Canadá) por un importe aproximado de 20,5 millones de dólares canadienses.

89.La Oficina de Discapacitados concedió fondos a la Asociación de Desarrollo de Kindale en 2001 y 2002 para la elaboración de Legalpix: una explicación gráfica del sistema de justicia civil del Canadá, y concedió asimismo fondos a la Sociedad de Formación Judicial de Columbia Británica en 2003 y 2004 para crear y realizar un programa de formación en el sistema de justicia con objeto de ayudar a los discapacitados con problemas de desarrollo.

Actuaciones públicas y publicidad del procedimiento

90.El 23 de junio de 2004, el Tribunal Supremo del Canadá, en el contexto de una impugnación constitucional de las disposiciones de la Ley contra el terrorismo relativas a las audiencias de investigación (véase el artículo 9 supra), llegó a la conclusión de que el Parlamento prefería las audiencias de investigación de carácter judicial, porque el principio de la audiencia pública es una característica fundamental del procedimiento judicial que no se debe reemplazar a causa de presunciones por un procedimiento a puerta cerrada y que los funcionarios de justicia deben pues rechazar la noción de audiencia secreta. Sólo se debe prescindir de la audiencia pública después de examinar debidamente los intereses en conflicto en cada fase de proceso. Es necesario dar a conocer la existencia de una audiencia y la mayor parte posible de la cuestión examinada a menos que, después de sopesar la perturbación mínima y la proporcionalidad, sea necesario el secreto. En un análisis contextual, los jueces podrán decidir, basándose en pruebas que les convenzan, de que la publicidad perturbaría injustificadamente la buena administración de justicia.

91.La Ley contra el terrorismo modificó la Ley de pruebas del Canadá, estableciendo unos procedimientos para la instrucción, el juicio y la apelación que se aplicarán cuando exista la posibilidad de que se pueda revelar información dañosa para las relaciones internacionales, la defensa nacional o la seguridad nacional. Cuando cualquier participante en un procedimiento haya advertido al Fiscal General del Canadá que prevé la revelación de información sensible, esa revelación se prohibirá, a menos que el Fiscal General del Canadá o el Tribunal Federal lo autoricen. El Tribunal Federal debe sopesar el interés público en la revelación y en la no revelación y, con objeto de satisfacer de la mejor manera posible ambos intereses, puede prever el recurso durante el procedimiento a resúmenes y declaraciones acordadas sobre los hechos. Para cerciorarse de que estos procedimientos son compatibles con el derecho a un juicio justo, la Ley de pruebas del Canadá prevé que la persona que presida un procedimiento penal puede expedir cualquier orden que juzgue adecuada, siempre que no pida que se revele la información. Se podrá, por ejemplo, suspender el procedimiento (si el juez opina que el acusado no conseguirá de otra manera un juicio imparcial), suprimir ciertos cargos o información o juzgar solamente al acusado por un delito de menor cuantía o subsidiario.

Derecho a ser juzgado en un plazo razonable

92.Las enmiendas introducidas en el Código Penal (que entraron en vigor en 2002) contienen disposiciones encaminadas a conseguir que la administración de justicia sea más eficaz y efectiva simplificando el procedimiento penal, modernizando el sistema de justicia penal y mejorando su eficiencia gracias a una utilización mayor de la tecnología. Los cambios comprenden la modificación de algunos de los aspectos procedimentales de la investigación preliminar (creando una audiencia previa a la encuesta preliminar para determinar su alcance o autorizando la admisión de pruebas creíbles o fidedignas), la creación de una obligación de comunicación recíproca limitada de los informes periciales, el establecimiento de un reglamento aplicable a la tramitación de los casos y las investigaciones preliminares, el empleo facilitado de documentos electrónicos, la ampliación de la posibilidad de comparecencia a distancia y la autorización de la selección de jurados y jurados suplentes por un juez distinto del que juzgará la causa.

Asistencia jurídica

93.En noviembre de 2002, los diferentes niveles de la administración acordaron colaborar en una estrategia de renovación (estrategia de renovación de la asistencia letrada) que garantizase la satisfacción justa y equitativa de las necesidades de asistencia jurídica de los canadienses económicamente desfavorecidos. Esta estrategia abordaría la cuestión de una atribución justa y equitativa de los recursos de asistencia letrada para asuntos penales y buscaría medios innovadores para la prestación de esta clase de servicios. A estos efectos, se emprendieron negociaciones que terminaron con un acuerdo de principio en junio de 2003. A continuación se redactaron acuerdos que preveían una mayor contribución a la asistencia letrada para delincuentes adultos y juveniles, inmigrantes y refugiados.

94.El Canadá presentó una descripción de su apoyo a la asistencia letrada hasta principios de 2003 en su informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

95.En Nueva Brunswick (Ministro de Salud y Servicios Comunitarios) c. G. (J.),el Tribunal Supremo del Canadá consideró que la Carta del Canadá (derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad) se aplica fuera del contexto del derecho penal. En esa causa, se concedió al Ministro de Salud y Servicios Comunitarios de Nueva Brunswick la custodia de los tres hijos del apelante por un período de seis meses. El Ministro solicitó luego una prórroga de la custodia por otro período de hasta seis meses. El Tribunal entendió que, cuando un acto del Gobierno desencadena una acción judicial que ponga en peligro la integridad física o psicológica de la persona, el Gobierno tiene la obligación de hacer todo lo necesario para cerciorarse de que el juicio sea imparcial. En algunos casos, según la gravedad de los intereses en juego, la complejidad del procedimiento y la capacidad de la parte, el Gobierno puede tener que proporcionar a la parte indigente un abogado financiado por el Estado.

96.En Winters c. Sociedad de Servicios Jurídicos, el Tribunal Supremo del Canadá sostuvo que la posibilidad de reclusión en celda solitaria después de una audiencia disciplinaria de un recluso condenado a cadena perpetua daba derecho al solicitante a obtener servicios de asistencia de oficio. El nivel de servicio que una persona razonable de medios modestos esperaría obtener podría sin embargo no incluir la representación letrada en la audiencia y su determinación incumbía a la entidad que prestase esos servicios jurídicos.

97.En R. C. Howell, el Tribunal Supremo del Canadá afirmó que "el acusado no tiene derecho a que el Estado pague a un abogado de su elección, sino al mejor abogado competente financiado por el Estado".

Revisión de la declaración de culpabilidad y de la condena

98.Anteriormente, el Código Penal permitía que las personas que pensaban haber sido erróneamente declaradas culpables de un delito o condenadas a reclusión preventiva en virtud de la parte del Código aplicable a los delincuentes peligrosos y multirreincidentes a solicitar la revisión de su condena por el Ministro de Justicia. El Código Penal contiene nuevos artículos (párrafos 1 a 6 del artículo 696) en los que se precisan claramente los casos en que una persona tiene derecho a que se revise su caso; se especifican los criterios con arreglo a los cuales se puede autorizar el recurso; se prevé la posibilidad de elaborar un reglamento que explique el proceso de revisión y la manera en que se aplica; se amplían las facultades del Ministro para incluir la revisión de las condenas sumarias; y se da poder a quienes investigan los casos en nombre del Ministro para que obliguen a los testigos a facilitar información y documentos.

99.Para que el proceso de revisión de la condena sea más abierto y transparente, el Ministro de Justicia presentará además un informe anual al Parlamento y creará un sitio en la Red para dar información a los solicitantes sobre el proceso. Se nombrará a una personalidad ajena al Departamento de Justicia que se encargará de asesorar directamente al Ministro y de supervisar el examen de las solicitudes. Ello mejorará la oportunidad y la transparencia del proceso de revisión y ofrecerá una independencia mayor en relación con el Departamento.

Consideraciones que se han de tener en cuenta cuando se dicte sentencia contra delincuentes aborígenes

100.Como parte de la declaración de fines y principios de la condena (incluida en la reforma del procedimiento de condena de 1999), los jueces deben estudiar todas las variantes del encarcelamiento que sean razonables en las circunstancias del caso, con atención particular a las circunstancias de los delincuentes aborígenes.

101.En el caso R. c. Gladue, el Tribunal Supremo del Canadá llegó a la conclusión de que no se da con ello un trato preferencial a los delincuentes aborígenes sino más bien un trato justo al reconocer que sus circunstancias son distintas. Los jueces deben determinar la medida en que los antecedentes y los factores sistémicos propios de los aborígenes han contribuido a su presencia ante el Tribunal y buscar medios de reparación que tengan en cuenta su herencia o conexión aborigen.

Derecho a indemnización por un error judicial

102.En otoño de 2002, como reacción a una serie de errores judiciales en todo el país y a los diversos informes de encuesta que generaron, se estableció un grupo de trabajo sobre la prevención de los errores judiciales. El mandato del grupo es doble: elaborar una lista de las mejores prácticas para ayudar a los fiscales y a la policía a comprender mejor las causas de los errores judiciales y recomendar políticas, protocolos y procesos educativos dinámicos para evitar en el futuro esta clase de errores. El informe está ya casi terminado.

Artículo 17 - Derecho a la intimidad

103.En 2002, el Tribunal Supremo del Canadá reconoció el rango cuasiconstitucional de la ley de protección de la vida privada en Lavigne c. el Canadá(Oficina del Comisionado de Idiomas Oficiales). Ello demuestra la importancia fundamental que la sociedad canadiense atribuye al respecto de la vida privada.

104.Los canadienses están protegidos, no sólo por la Ley de protección de la vida privada, sino también por la Ley de documentación electrónica y protección de la información personal, que rige la obtención, el empleo y la revelación de información personal en las actividades comerciales. Esta ley se aplica desde enero de 2001 a la información personal de los clientes y empleados del sector privado en la jurisdicción federal, desde enero del 2002 a la información sobre la salud personal y desde enero de 2004 a la información personal reunida, utilizada o revelada en el curso de actividades comerciales por cualquier organización, se halle o no en la jurisdicción federal.

105.En 1998, la promulgación de la Ley de identificación del ADN autorizó el establecimiento de un banco nacional de datos sobre el ADN para conservar el perfil ADN de los delincuentes condenados por delitos "especificados", así como el perfil ADN de sustancias biológicas halladas en el lugar de un delito que no se haya esclarecido. Esta ley modificó también el Código Penal para introducir en él disposiciones que autorizan a los jueces ordenar la toma de muestras de ADN de un delincuente condenado por un delito especificado a efectos del Banco Nacional de Datos sobre el ADN. El Gobierno se comprometió a someter la ley a un reexamen parlamentario quinquenal a crear un comité consultivo independiente (que comprenderá un representante de la Oficina del Comisionado de la Vida Privada) para supervisar la aplicación de la ley y la administración del Banco de Datos, y a ordenar que el Comisionado de la Real Policía Montada del Canadá incluya un informe sobre el funcionamiento de este Banco de Datos en el informe anual que presenta al Parlamento. En el caso R. c. S. A. B., el Tribunal Supremo declaró que, en general, las disposiciones relativas al ADN equilibran debidamente el interés público en la aplicación de la ley y el derecho personal a la dignidad, la integridad física y el control de la revelación de información personal propia.

106.En 2001, la Ley contra el terrorismo modificó el Código Penal para velar por que se dispusiese de la tecnología del ADN en la investigación de los delitos cometidos por terroristas y para la introducción en el Banco de Datos del perfil ADN de las personas condenadas por delitos de terrorismo. Muchos de estos delitos estaban ya tipificados en el derecho existente.

107.La Ley de seguridad pública de 2002 (que entró en vigor en mayo de 2004) enmienda varias leyes federales (incluida la Ley de navegación aérea y la Ley de inmigración y protección de los refugiados) para facilitar la obtención y el empleo de información sobre ciertas personas de alto riesgo o sobre los pasajeros de compañías aéreas. El empleo de la información está limitado a los fines indicados en cada ley, por ejemplo, la seguridad del transporte, la seguridad nacional, la defensa del país, etc. Las salvaguardias contenidas en la Ley de navegación aérea comprenden la limitación de la revelación a determinados funcionarios, la destrucción de la información después de siete días, a menos que sea necesario conservarla por razones de seguridad del transporte o de amenaza contra la seguridad del Canadá, el mantenimiento de ficheros sobre la conservación y la revelación y el reexamen anual de la información conservada. Las enmiendas de la Ley de inmigración y protección de los refugiados permite reglamentar el tipo de datos reunidos y su revelación, conservación y destrucción. La Ley de seguridad publica permite también al Ministro de Defensa Nacional interceptar comunicaciones privadas, cuando ello sea necesario para identificar o prevenir daños o injerencias en los sistemas informáticos militares o sus datos y siempre que existan medidas que protejan la intimidad de los canadienses en la utilización y conservación de esas informaciones.

108.En noviembre de 2003 se publicaron unas directrices relativas a la utilización, el acceso y la revelación de información aduanera. Estas directrices contienen orientación sobre la manera de proteger debidamente la información personal privada y se centran especialmente en la necesidad de evaluar cuidadosamente las solicitudes de acceso a información privada que se considere información biográfica básica o a información sobre el modo de vida y las preferencias personales de alguien.

109.El Registro Federal de Delincuentes Sexuales empezó a funcionar el 1º de abril de 2004 con la entrada en vigor de la Ley de registro de información sobre los delincuentes sexuales. Esta ley contiene medidas enérgicas para garantizar el pleno respeto de la intimidad y de los derechos fundamentales de los delincuentes que puedan ser objeto de una orden de inscripción en el registro. Los delincuentes pueden también pedir a un juez que rehúse la orden de inscripción en el registro o apelar contra la inscripción ya efectuada. El delincuente puede también pedir al juez que se suprima permanentemente su nombre del registro. Los datos reunidos en virtud de la ley sólo pueden ser utilizados por los miembros autorizados de la policía y sólo cuando estén investigando un delito sexual preciso. Todo acceso no autorizado a la información contenida en el registro o la filtración de esa información es un delito.

110.En el período determinado, el Tribunal Supremo del Canadá tomó diversas decisiones sobre la cuestión de la vida privada según se indica seguidamente.

Carta de Derechos y Libertades del Canadá

111.En R. c. Javis y R. c. Ling, el Tribunal Supremo del Canadá examinó la medida en que los investigadores del fisco podían utilizar las facultades de inspección que les confiere la Ley del impuesto sobre la renta para efectuar investigaciones penales. Se trataba en este caso de la distinción entre las facultades de auditoria y las facultades de investigación en virtud de la Ley del impuesto sobre la renta. El Tribunal llegó a la conclusión de que, cuando la finalidad predominante de una investigación sea la determinación de la responsabilidad penal, se debe dar toda la protección prevista en la Carta (derecho a la libertad, derecho a la intimidad) que proceda en el contexto penal, incluida la oportuna advertencia al contribuyente y la necesidad de obtener un mandamiento de registro para continuar la investigación.

112.El Gobierno ha respondido a la decisión del Tribunal exigiendo mandamientos de registro para obtener información de terceros cuando la finalidad predominante de la investigación sea la determinación de la responsabilidad penal.

113.En R. c. Law se había denunciado el robo de un cofre cerrado con llave perteneciente al acusado, que se recuperó luego abierto en el campo. En el curso de la investigación del robo del cofre, un policía que no participaba en la investigación fotocopió algunos documentos financieros que había en el cofre y los transmitió al fisco canadiense. La Corona incoó un procedimiento contra el propietario del cofre por violación de las exigencias de comunicación en virtud de la Ley del impuesto sobre el consumo. El Tribunal dictaminó que la incautación del cofre por la policía se limitaba a la finalidad de esa incautación, a saber, la investigación del robo y no la investigación de un presentimiento sin relación alguna. Se estimó que el registro del cofre no había sido razonable y se excluyeron las pruebas del juicio. Este caso es importante porque versa sobre la "confidencialidad de la información" en los documentos comerciales.

114.En R. c. Feeney, el Tribunal Supremo del Canadá reconoció el interés de intimidad superior que se atribuye a una vivienda en relación con otros locales. El Código Penal ha sido modificado para prever las llamadas "órdenes Feeney" que autorizan a la policía a entrar en una vivienda para proceder a una detención. Estas órdenes se pueden dictar como parte de una orden de detención (cuando la policía sepa al solicitar la orden de detención que la persona buscada estará en una vivienda) o se pueden dictar separadamente, una vez que la policía haya localizado a la persona y ésta se halle efectivamente en una vivienda.

115.En R. c. Mann (caso mencionado cuando se examinó el artículo 9), el Tribunal Supremo del Canadá declaró que se puede detener brevemente a una persona con fines de investigación. Cuando un agente de policía tenga motivos fundados para pensar que su seguridad o la seguridad de terceros está en peligro, podrá proceder a un cacheo preventivo de la persona detenida. En este caso, los agentes tenían motivos fundados para detener a M y para proceder a un cacheo preventivo, pero no para meter la mano en el bolsillo de M. Esta parte más intrusiva del cacheo constituyó una violación infundada de la expectativa razonable de intimidad de M en relación con el contenido de sus bolsillos.

116.En R. c. Golden, el Tribunal Supremo del Canadá dictaminó que, en vista de la grave violación de la vida privada y de la dignidad personal que es consecuencia inevitable de un registro en el que se hace desnudar al sospechoso, esta clase de registro sólo es constitucionalmente válido en common law cuando se efectúe como parte de una detención lícita para descubrir armas en posesión del detenido, para garantizar la seguridad de la policía, del detenido y de otras personas o para descubrir pruebas relacionadas con el motivo del arresto con objeto de preservarlas y de impedir que el detenido se deshaga de ellas. Además de motivos fundados y probables que justifiquen el arresto, la policía debe establecer la existencia de motivos fundados y probables que justifiquen esta clase de registro corporal. Cumplidas estas condiciones previas para efectuar un registro en el que se desnude al sospechoso como parte de un arresto, será además necesario que este tipo de registro se efectúe de tal modo que no viole la protección contra un registro o una confiscación infundados (artículo 8 de la Carta).

117.En Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., el Tribunal Supremo del Canadá llegó a la conclusión de que la expresión artística de la fotografía (de la Sra. Aubry, que tenía 17 años en el momento de la fotografía tomada en un lugar público y publicada sin su consentimiento) no puede justificar la trasgresión resultante del derecho a la intimidad. El derecho a la imagen forma parte del derecho a la intimidad en virtud del artículo 5 de la Carta de Derechos Humanos y Libertades de Quebec. Si la finalidad del derecho a la intimidad es proteger la esfera de autonomía individual, debe comprender la capacidad de controlar la utilización que se hace de la propia imagen.

Artículo 18 - Libertad de pensamiento, conciencia y religión

Carta de Derechos y Libertades del Canadá

118.En Syndicat Northcrest c. Amselem, el Tribunal Supremo del Canadá estimó que las disposiciones impugnadas de la declaración de copropiedad que prohibían la construcción de una "succah" en el balcón de los demandantes, todos judíos ortodoxos, violaba su libertad de religión. Una característica importante de nuestra democracia constitucional es el respeto de las minorías, lo que comprende el respeto de las minorías religiosas. La expresión obligatoria y voluntaria de la fe se debe proteger con arreglo a la Carta de Derechos y Libertades de Quebec y del Canadá. Lo que exige protección es la esencia religiosa o espiritual de un acto y no su carácter obligatorio o percibido como obligatorio de su observancia. Para que se infrinja el derecho a la libertad religiosa, la injerencia en este derecho debe ser algo más que trivial o superficial. El perjuicio causado a la libertad religiosa de los demandantes a causa de la negativa de la comunidad de propietarios a permitir la construcción de succahs en los balcones es grave. Como consecuencia se ha perturbado considerablemente el goce de su derecho a la libertad religiosa. La oferta de la comunidad de propietarios de autorizar a los demandantes a construir una succah comunal en los jardines del edificio no remedia ni aborda siquiera dicha perturbación.

Artículo 19 - Libertad de opinión y expresión

119.La definición contenida en la Ley contra el terrorismo del concepto fundamental de "actividad terrorista" exige que se reúnan diversos elementos de intención y finalidad y la definición protege la acción democrática excluyendo expresamente de su cobertura "la defensa, la protesta, la disensión o la interrupción del trabajo" (cuando no tengan por objeto causar un tipo grave de daño especificado).

Carta de Derechos y Libertades del Canadá

120.En Libman c. Quebec (Fiscal General), el Tribunal Supremo del Canadá se ocupó de la Ley del referéndum. Esta ley rige los referéndums organizados en Quebec y prevé que los grupos que desean participar en una campaña en favor o en contra de un referéndum pueden participar directamente en el Comité Nacional que defienda la opción o afiliarse a él. También prevé la financiación de los comités nacionales y limita sus gastos y los de los grupos afiliados. El Sr. Libman deseaba expresar su opinión sobre la cuestión de referéndum y pronunciarse independientemente de los comités nacionales. El Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que la ley imponía restricciones a las personas que, a diferencia de los comités nacionales, no pueden incurrir en gastos reglamentados durante el período de referéndum para expresar sus puntos de vista. Por razones análogas, las disposiciones impugnadas también infringían la libertad de asociación.

121.En Harper c. el Canadá (A.G.), el Tribunal Supremo del Canadá abordó las disposiciones de la Ley de elecciones del Canadá que limita el gasto de terceros en publicidad durante la campaña de una elección federal. El Tribunal concluyó que estos límites infringen al derecho a la libertad de expresión política, pero se justifican en una sociedad libre y democrática. Al promover la igual difusión de los puntos de vista limitando la publicidad electoral de terceros que sean participantes influyentes en el proceso electoral, el objetivo superior de la limitación del gasto es la equidad electoral. Este modelo electoral igualitario trata de crear una igualdad de condiciones para quienes desean participar en el discurso electoral y ofrecer así una mejor información a los votantes.

122.En Thomson Newspapers Co. c. el Canadá (Fiscal General), el Tribunal Supremo del Canadá llegó a la conclusión de que la disposición de la Ley de elecciones del Canadá que prohíbe la radiodifusión, publicación o difusión de los resultados de las encuestas de opinión en los últimos tres días de la campaña de una elección federal viola la libertad de expresión y el derecho de voto garantizados en la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. El Tribunal llegó a la conclusión de que esta limitación es injustificable en una sociedad libre y democrática (artículo 1 de la Carta del Canadá). Las disposiciones de la actual Ley de elecciones del Canadá que restringen la transmisión al público de los últimos resultados de las encuestas se aplican exclusivamente al día de las elecciones.

123.En R. c. Sharpe, el Tribunal Supremo del Canadá se ocupó de la cuestión del equilibrio adecuado entre la libertad de expresión y la prohibición de la pornografía cuando el sujeto son niños. El Tribunal llegó a la conclusión de que la prohibición de esta clase de pornografía es constitucional, con excepción de dos aplicaciones periféricas relacionadas con el material expresivo creado y conservado privadamente por el acusado, para el que existen en la legislación dos excepciones. Las excepciones no se aplicarán si la persona tiene cualquier intención que no sea la mera posesión privada.

124.En R. c. Guignard, el Tribunal Supremo del Canadá declaró que los consumidores tienen también libertad de expresión y que esta libertad toma a veces la forma de una "publicidad contradictoria" en la que se critica un producto o se formulan comentarios negativos sobre los servicios prestados. A este respecto los medios de expresión sencillos, como los carteles, son la forma óptica de comunicación para estos consumidores. Dada la tremenda importancia de la actividad económica en nuestra sociedad, la publicidad contradictoria de los consumidores contribuye a distribuir la información y a proteger los intereses de la sociedad en la misma medida que la publicidad o ciertas formas de expresión política. Este tipo de comunicación puede tener una importancia social considerable y trascender incluso la esfera puramente comercial.

125.En R. W. D. S. U., Local 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., el sindicato había desplegado diversas actividades de protesta y formado piquetes durante una huelga y cierre patronal legales en una de las fábricas de Pepsi-Cola. Estas actividades acabaron extendiéndose a lugares "secundarios", donde los miembros del sindicato y los simpatizantes formaron piquetes en el exterior de los puntos de venta al detalle para impedir la entrega de los productos del apelante y disuadir al personal del almacén de aceptar dicha entrega y se libraron a una conducta intimidante en el exterior de las viviendas del personal directivo del apelante. El Tribunal decidió que la formación de piquetes en otros lugares es generalmente lícita, a menos que la conducta de los participantes sea ilícita o delictiva.

126.En U. F. C. W., Local 1518, c. KMart Canada Ltd. y en Allsco Building Products Ltd. c. U. F. C. W., Local 1288P, el Tribunal Supremo del Canadá explicó la importancia fundamental de la libertad de expresión en el contexto de las relaciones laborales. La distribución de panfletos a los consumidores tiene por objeto persuadir a los miembros del público de que se comporten de una manera determinada a través de un discurso informado y racional, que es la esencia misma de la libertad de expresión. La distribución pacífica de panfletos es aceptable si los consumidores pueden decidir libremente lo que desean hacer sin sentirse excesivamente perturbados por el mensaje contenido en los panfletos o por la manera en que se los distribuyó.

127.En Little Sisters Book and Art Emporium c. el Canadá (Ministro de Justicia), el Tribunal Supremo del Canadá afirmó que, como reconoce la Corona, la legislación aduanera infringe la libertad de expresión. Sin embargo, con excepción de la disposición que prevé la inversión de la carga de la prueba, la legislación constituye un límite razonable en una sociedad libre y democrática (párrafo 1 de la Carta del Canadá). El Tribunal destacó que el personal de aduanas no está facultado para denegar la entrada en el país de material sexualmente explícito a menos que pertenezca a la limitada categoría de pornografía que el Parlamento ha tipificado válidamente como delito a causa de su obscenidad. Los recurrentes tenían derecho a que se les aplicase en igualdad de condiciones un procedimiento aduanero equitativo y sin restricción pero, como importaban material erótico homosexual femenino y masculino, que era y es perfectamente lícito, estaban en inferioridad de condiciones en comparación con otras personas que importaban publicaciones comparables de carácter heterosexual. La carga de demostrar la obscenidad recae en la Corona. A raíz de este fallo, se publicaron unas directrices que se pueden consultar en: http://www.cbsa.gc.ca/Epub/cm/d9-1-1/d9-1-1-e-html.

128.En R. c. Lucas, el Tribunal Supremo del Canadá examinó las disposiciones sobre libelo difamatorio del Código Penal. El Tribunal llegó a la conclusión de que las disposiciones impugnadas contravienen la garantía de la libertad de expresión, porque la finalidad de estos artículos es prohibir un tipo determinado de expresión. Sin embargo, a reserva de la supresión de una parte de una de las condiciones necesarias para la existencia del delito, el Tribunal defendió esas disposiciones porque las consideró un límite justificable en una sociedad libre y democrática (artículo 1 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá). El Tribunal se refirió al artículo 17 del Pacto y a la protección frente a los ataques contra la reputación. El Tribunal indicó que el libelo difamatorio se aleja tanto de los valores fundamentales de la libertad de expresión que apenas merece protección.

Artículo 20 - Prohibición de la propaganda bélica y la incitación al odio

129.Entre 1997 y 2001, el Tribunal canadiense de Derechos Humanos examinó la alegación de que material incorporado a Internet por E. Z. podía exponer a los judíos al odio o el desprecio a causa de su raza, religión y origen étnico (el procedimiento se retrasó a causa de diversas impugnaciones legales entabladas por el demandado). En enero de 2002, el Tribunal de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que el odio no tiene cabida en Canadá. En su decisión, el Tribunal ordenó que se suprimiesen los mensajes de odio del sitio y llegó a la conclusión de que dicho sitio creaba condiciones que permitían florecer el odio. A su juicio, el "tono y expresión de esos mensajes describe a los judíos de una manera tan malévola que los consideramos mensajes de odio en el sentido de la ley". (Citron c. Zündel, D. T. 1/02 2002/01/18).

130.En diciembre de 2001 entraron en vigor unas enmiendas a la Ley de derechos Humanos del Canadá que aclaran la aplicación de esta ley a los mensajes de odio en Internet. En diciembre de 2001 se modificaron también las disposiciones del Código Penal sobre la propaganda del odio para permitir la supresión de esta clase de propaganda en Internet (nuevo art. 320.1).

131.Desde 1970, el Código Penal prohíbe: a) defender o promover el genocidio contra un "grupo identificable"; b) incitar al odio contra un "grupo identificable", formulando en un lugar público declaraciones que probablemente conduzcan a una alteración del orden público; y  c) la comunicación de declaraciones, salvo en conversación privada, en las que se promueva deliberadamente el odio contra un "grupo identificable" (arts. 318 y 319). El 29 de abril de 2004, se modificó la definición de "grupo identificable" que era "cualquier parte del público que se distinga por el color, la raza, la religión o el origen étnico" mediante la adición de la "orientación sexual" a los factores distintivos.

132.La Ley contra el terrorismo contiene también disposiciones específica que tienen por objeto enviar un enérgico mensaje contra los actos de odio y discriminación. El primero es una enmienda del Código Penal que autoriza a los tribunales a que, dentro de su jurisdicción, ordenen la supresión de la propaganda en favor del odio públicamente disponible en línea y almacenada en un servidor informático. La segunda tipifica en el Código Penal el delito específico de acto ilícito contra los lugares de culto religioso o los objetos relacionados con el culto religioso si ese acto ilícito está motivado por el odio fundado en la religión, la raza, el color o el origen nacional o étnico.

Artículo 21 - Derecho de reunión pacífica y

Artículo 22 - Libertad de asociación

133.El informe presentado por el Canadá en relación con la Convención contra la Tortura (artículos 12 y 13 - investigación pronta e imparcial y alegaciones de tortura o abuso a manos de las autoridades) contiene información pertinente relativa a la libertad de reunión pacífica.

134.La Ley de modernización de la administración pública (aprobada en noviembre de 2003 y que entrará en vigor por etapas) prevé actualmente que todos los empleados representados por un sindicato tienen derecho de voto cuando se vota una huelga. Anteriormente se preveía que sólo los miembros del sindicato podían ejercer su derecho de voto para votar la huelga. Las restricciones impuestas se aplican solamente a los funcionarios públicos federales que ocupan cargos directivos superiores y a ciertos funcionarios no representados.

Carta de Derechos y Libertades del Canadá

135.En R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., que versa sobre el sistema de seguridad sindical, el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que la libertad de asociación incluye el derecho a no afiliarse a un sindicato.

136.En Dunmore c. Ontario (Fiscal General), el Tribunal Supremo del Canadá concluyó que la exclusión de los trabajadores agrícolas de la aplicación del régimen de relaciones laborales de Ontario viola la libertad de asociación. Aunque el derecho constitucional a una legislación que proteja las relaciones laborales no existe per se, la exclusión de un grupo de esa legislación puede repercutir considerablemente en el ejercicio de la libertad de asociación. Dada la realidad histórica de las relaciones laborales en la agricultura, el efecto de la exclusión es que los trabajadores agrícolas son fundamentalmente incapaces de ejercer su libertad fundamental de sindicación. La exclusión total de los trabajadores agrícolas de todos los sectores de la industria y de todos los aspectos del régimen previsto en la ley no se justifica en una sociedad libre y democrática (artículo 1 de la Carta del Canadá).

137.En Delisle c. el Canadá (Fiscal General Adjunto), el Tribunal Supremo del Canadá decidió que la libertad de asociación no comprende el derecho a establecer un tipo determinado de asociación definido en una ley determinada. Sólo se protege el establecimiento de una asociación independiente de empleados y el ejercicio conjunto de los derechos lícitos de sus miembros. El respeto de la libertad de asociación no requiere pues en este caso que el recurrente (un miembro de la Real Policía Montada del Canadá) participe en el sistema previsto en la Ley de relaciones laborales de la administración pública ni en cualquier otro sistema, puesto que la Carta protege a los miembros de la Real Policía Montada del Canadá contra toda ingerencia de la administración que tenga por objeto desalentar el establecimiento de una asociación de empleados.

Artículo 23 - Protección de la familia, derecho al matrimonio e igualdad de los cónyuges

138.El censo de 2001 permite observar que el matrimonio sigue siendo la estructura familiar predominante en el Canadá, aunque la organización interna de las familias canadienses en el siglo XXI se sigue diversificando y sus miembros pasarán más probablemente por múltiples transiciones. La Dirección General de Estadística del Canadá define ahora la familia a efectos del censo como la pareja casada o no del mismo sexo o de sexos opuestos, con o sin hijos de uno o ambos cónyuges o concubinos, o un progenitor sin pareja -independientemente de su situación marital- que conviva por lo menos con un niño.

Ley de inmigración y protección de los refugiados

139.En la Ley de inmigración y protección de los refugiados (IRPA), que refuerza el objetivo expreso de la inmigración que es obtener la reunificación de las familias en el Canadá, se ha modernizado la noción de "familia" a efectos de inmigración en el Canadá y se ha extendido esta noción de los cónyuges a los concubinos y parejas de hecho del mismo sexo o de sexos opuestos. Además, los cónyuges y las parejas pueden en ciertos casos solicitar la residencia permanente desde el territorio canadiense, pero no desde el extranjero. La prohibición de admisión a causa de una carga excesiva para los servicios sociales y sanitarios no se aplica a los cónyuges, a las parejas y sus hijos a cargo, ni a los refugiados. Los padres pueden ahora pedir la residencia permanente de sus hijos hasta la edad de 22 años, aunque no estén efectuando estudios.

140.Existe además una medida para promover mejor la reunificación de la familia en el contexto de la IRPA consistente en autorizar la tramitación de la residencia permanente en el Canadá de los miembros de la familia que viven en el extranjero al mismo tiempo que la de las personas protegidas que viven en el Canadá. Los miembros de la familia pueden ahora presentar también una solicitud, como parte de la solicitud original, durante un período de un año después de la concesión de la residencia permanente al primer miembro de la familia. La tramitación simultánea tiene por objeto acelerar la reunificación de la persona a la que se haya concedido la condición de persona protegida en el Canadá con sus familiares a cargo.

141.La IRPA sigue autorizando al Ministro de Ciudadanía e Inmigración del Canadá a que conceda la residencia permanente o exima del cumplimiento de las exigencias de la ley a una persona por razones humanitarias, incluido el interés superior de un niño directamente afectado por la decisión. El efecto de la separación de los miembros de la familia es un factor que se tiene en cuenta en la solicitud de residencia por razones humanitarias.

Carta de Derechos y Libertades del Canadá

142.Tres provincias (Ontario, Quebec y Columbia Británica) y un territorio (Yukón) ofrecen ahora el acceso en igualdad de condiciones al matrimonio civil a las parejas del mismo sexo como resultado de una jurisprudencia en ese sentido fundada en la garantía de igualdad de trato (artículo 15 de la Carta del Canadá). El Gobierno adhiere plenamente a los dos derechos fundamentales identificados por los tribunales en estos casos que están garantizados por la Carta: la igualdad de trato y la libertad de religión. Como consecuencia, el Gobierno ha sometido cuatro preguntas al Tribunal Supremo del Canadá para averiguar si el proyecto de ley que ofrecería el acceso en igualdad de condiciones al matrimonio civil a parejas del mismo sexo en todo el Canadá sería constitucional desde el punto de vista de la igualdad de trato y de la libertad de religión garantizadas en la Carta, por cuanto respetaría las creencias religiosas de quienes tendrían que celebrar el matrimonio en la jurisdicción provincial. Se pregunta también al Tribunal Supremo si es constitucional exigir para el matrimonio que la pareja sea de sexo opuesto.

Preocupación específica del Comité de Derechos Humanos

143.En relación con el párrafo 15 de las observaciones finales del Comité, la prioridad del Canadá en la deportación es la conducta delictiva del interesado y la amenaza que supone contra la seguridad, en particular la que constituyen un peligro para la seguridad o para la población del Canadá. Al elaborar el informe sobre la expulsión de un residente permanente se tiene en cuenta la siguiente lista no exhaustiva de factores, tanto en los casos penales como en los no penales: la edad en el momento de su establecimiento (si el residente permanente reside en el Canadá desde la infancia); la duración de su residencia en el Canadá después de la fecha de admisión; la medida en que los miembros de la familia residentes en el Canadá dependen del residente permanente; toda condición adversa en el país de origen del residente permanente que haría problemática su deportación al mismo; el grado en que el residente permanente está arraigado en el Canadá; sus antecedentes penales; y su actitud en ese momento y el grado en que colabora con las autoridades canadienses.

144.Los residentes permanentes, cuando reciben una orden de expulsión, tienen el derecho administrativo de apelación y pueden recurrir también al Tribunal federal, con ciertas excepciones.

Artículo 24 - Derechos del niño

145.El Canadá proporciona información completa sobre la manera en que aplica los derechos del niño en sus informes relativos a la Convención sobre los Derechos del Niño y en sus respuestas a la lista de cuestiones del Comité de los Derechos del Niño. Estos documentos están disponibles en http://www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/crc_e.cfm.

Preocupación específica del Comité de Derechos Humanos

146.En el párrafo 18 de sus observaciones finales, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por las diferencias en la manera en que algunas provincias aplican el suplemento de la prestación nacional por hijos a las familias de bajos ingresos.

147.La prestación nacional por hijos federal, provincial y territorial es la principal iniciativa del Gobierno del Canadá para combatir la pobreza infantil. Con esta prestación, el Gobierno proporciona ayuda para los hijos, ya vivan sus padres de la asistencia social o trabajen, a través del componente de la deducción fiscal por hijos (CCTB) que corresponde al suplemento de la prestación nacional por hijos (NCB). Desde 1998, el Gobierno ha aumentado sistemáticamente su inversión en los niños y en sus familias por medio de la prestación de base de la CCTB y el suplemento de la NCB. En los mencionados informes se dan más detalles al respecto.

148.Una de las virtudes de la NCB es su flexibilidad que permite a las provincias y a los territorios satisfacer las necesidades de su población y alcanzar al mismo tiempo los objetivos de la iniciativa. De hecho, además de los servicios y las prestaciones en especie, muchas jurisdicciones han preferido aumentar el sostenimiento de la renta con suplementos salariales, mientras que otras han seguido aportando el sostenimiento de la renta a los niños de familias de bajos ingresos que viven de la asistencia social. Además, los programas que ofrecen las provincias y los territorios están concebidos de manera que las familias de bajos ingresos con hijos a cargo no pierdan el acceso a servicios como la ayuda para la guarda de los hijos, los servicios para la primera infancia y la prestación suplementaria para servicios médicos cuando los padres aceptan un empleo.

149.El aumento de la contribución federal está permitiendo a las provincias y a los territorios reorientar una parte de sus recursos de asistencia social con objeto de mejorar las prestaciones y los servicios ofrecidos a las familias de bajos ingresos con hijos a cargo. Además, la mayoría de las jurisdicciones están añadiendo nuevos fondos, que se suman a sus economías en asistencia social, de modo que las inversiones federales en el NCBS se completan con inversiones adicionales provinciales o territoriales. Globalmente, las provincias y los territorios aportan 777 millones de dólares canadienses al año para servicios y sostenimiento de la renta. En los informes antes mencionados se dan detalles sobre el gasto federal en este sector.

150.La administración federal y las administraciones provinciales y territoriales adhieren a los principios de responsabilidad y transparencia. En el marco del rendimiento de cuentas y la buena gestión de la NCB, las administraciones han acordado presentar un informe anual al público sobre el funcionamiento de esta iniciativa. Hasta la fecha, se han publicado cuatro informes sobre la marcha de las actividades de la NCB preparados conjuntamente y la publicación del quinto informe está prevista más tarde en el curso del año 2004. Además, se ha efectuado una evaluación completa de la NCB y se prevé otra evaluación.

151.La NCB está progresando hacia la consecución de todos sus objetivos y ofrece al mismo tiempo a las provincias y territorios y a las Primeras Naciones la flexibilidad necesaria para satisfacer sus necesidades particulares. Por ejemplo, en 2000, el número de familias de bajos ingresos se redujo en un 5,1%. Estas familias con hijos a cargo vieron aumentar sus ingresos medios disponibles en 7,5%. La NCB hace ahora que el trabajo sea financieramente más atractivo que la asistencia social. Esta mejora vino acompañada de una dependencia menor de la asistencia social en las familias con hijos a cargo. La flexibilidad de la NCB permite a muchas jurisdicciones combinar el suplemento de la NCB con las prestaciones provinciales y territoriales por hijos a cargo en un solo pago integrado.

152.Para informar a los canadienses sobre los progresos realizados, las administraciones territoriales y provinciales y la administración federal colaboran en la producción de un informe anual. El informe sobre la marcha de las actividades en relación con la prestación nacional por hijos a cargo: 2002, que se publicó en julio de 2003, demuestra que, por cuarto año consecutivo, la tendencia a la disminución del número de familias de bajos ingresos con hijos a cargo ha continuado (ingresos netos una vez pagados los impuestos).

Niños aborígenes

153.En julio de 1998 se concedió la prestación nacional por hijos a las Primeras Naciones para resolver el problema de la pobreza de los niños aborígenes en el Canadá. Ello permite a las Primeras Naciones crear programas innovadores para adaptar a sus comunidades esta prestación. En total, se han asignado a este programa 48,76 millones de dólares canadienses.

154.La reinversión de la prestación nacional por hijos permite a las Primeras Naciones hacer frente a las prioridades del desarrollo social comunitario de las familias de bajos ingresos con hijos a cargo. Se proporcionan fondos para nutrición infantil, guarda de niños, transición entre el hogar y el trabajo, fomento de la aptitud para la paternidad o la maternidad y enriquecimiento cultural con objeto de reducir la magnitud y la incidencia de la pobreza de los niños y promover al mismo tiempo la permanencia de los padres en la vida activa. Esta actividad de reinversión se financió en el bienio 2002-2003 con 51,8 millones de dólares canadienses.

Otras medidas

155.En abril de 2004, el Gobierno del Canadá presentó a las Naciones Unidas un plan de acción en pro de la infancia llamado Un Canadá adaptado a los niños en seguimiento del período extraordinario de sesiones sobre la infancia de las Naciones Unidas. El Plan Nacional de Acción es un marco multisectorial, a largo plazo y centrado en la infancia y la juventud en el que se identifican los objetivos, las estrategias y la acción para el próximo decenio. El Plan Nacional de Acción, que se guía por la Convención sobre los Derechos del Niño, refuerza el compromiso permanente del Canadá para con los niños y sus familias. El Plan de Acción se puede consultar en: http://www11.sdc.gc.ca/en/cs/sp/socpol/publications/2002-002483/page00.shtml.

156.El Gobierno del Canadá ha tomado diversas iniciativas de orden legislativo, administrativo y de política para mejorar la vida de los niños. Además, la Ley de inmigración y protección de los refugiados contiene a lo largo de su texto referencias al interés superior del niño. Las iniciativas mencionadas se detallan en las respuestas del Canadá a la lista de cuestiones del Comité de los Derechos del Niño (septiembre de 2003) y en la respuesta del Canadá al cuestionario de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños (septiembre de 2004).

Artículo 25 - Responsabilidad cívica y participación política

Apartados a) y b) del artículo 25 - Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y derecho de voto

157.En septiembre de 2000, una nueva Ley de elecciones del Canadá vino a sustituir la precedente, muchas de cuyas disposiciones conservó o revisó. Las disposiciones más importantes son las que modifican el sistema de control de la publicidad de terceros en favor o en contra de la elección y establece un límite para los gastos de publicidad de 150.000 dólares canadienses para todo el país y de 3.000 dólares canadienses para un distrito electoral determinado. En la legislación se establecen también las condiciones de inscripción de terceros y comunicación.

158.El 1º de enero de 2004 entraron en vigor las enmiendas a la Ley de elecciones del Canadá, que ahora amplía las condiciones de revelación y la inscripción de las entidades políticas, introduce nuevos límites a las contribuciones políticas y prohíbe las contribuciones de los sindicatos y las corporaciones a los partidos políticos y a los candidatos. En las enmiendas de la ley se prevé también el pago de una asignación trimestral a los partidos políticos registrados, sobre la base del porcentaje de votos obtenidos en la elección general precedente.

159.La Ley de modernización de la administración pública (PSMA) aprobada el 7 de noviembre de 2003, introducirá, cuando entre en vigor, diversos cambios en las disposiciones relativas a las actividades políticas de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos federales, con excepción de los jefes adjuntos de los departamentos y organismos, podrán participar en cualquier actividad política siempre que ello no perturbe o no se piense que perturba la capacidad del funcionario para cumplir sus funciones de una manera políticamente imparcial. Se establecerá un nuevo plan para la aprobación de las actividades políticas de los funcionarios públicos federales. Los funcionarios públicos federales que deseen presentar su candidatura a una elección provincial, territorial o federal deberán obtener primero la autorización de la Comisión de Administración Pública. Para pronunciarse, la Comisión podrá tener en cuenta el carácter de la elección de que se trate, las funciones del empleado y el rango y la visibilidad del cargo que ocupa. Si un funcionario público es elegido a un cargo federal, provincial o territorial, dejará de ser funcionario público en la fecha en que se le declara electo. Hay disposiciones análogas, pero menos restrictivas, aplicables a los funcionarios que deseen participar en elecciones municipales (artículo 115 de la nueva Ley de empleo en la administración pública). Estas disposiciones tienen por objeto defender el principio de la imparcialidad política en la administración pública.

Carta de Derechos y Libertades del Canadá

160.El Tribunal Supremo del Canadá sostuvo en Figueroa c. el Canadá (Fiscal General) que la exigencia en la Ley de elecciones del Canadá de que un partido político designe candidatos en lo por lo menos 50 distritos electorales para poder obtener y conservar la condición de partido registrado y ciertas ventajas legales especificadas infringe el artículo 3 de la Carta del Canadá. Esta infracción no se justifica en una sociedad libre y democrática (artículo 1 de la Carta del Canadá). El Tribunal entendió que la finalidad del derecho de votar y de presentarse como candidato a un cargo especificado en el artículo 3 es una representación efectiva, incluido el derecho a participar significativamente en el proceso electoral. Para los partidos que no lleguen al umbral de los 50 candidatos, la denegación resultante del derecho a extender recibos fiscales, a conservar los fondos no utilizados en la elección de los candidatos y a consignar la afiliación al partido en las papeletas de voto disminuye el derecho de los ciudadanos a una participación significativa en el proceso electoral. El texto impugnado figuraba en la ley antes de las enmiendas introducidas en 2000 y 2001.

161.En Sauvé c. el Canadá (Fiscal General), el Tribunal Supremo del Canadá suprimió la inhabilitación para el voto de todos los presos, que existía en la Ley de elecciones del Canadá. En Sauvé c. el Canadá (Director General de las Elecciones), se impugnó asimismo la ulterior enmienda de la ley para inhabilitar solamente a los presos que cumpliesen sentencias de dos años o más y el Tribunal Supremo del Canadá sostuvo, en 2002, que este hecho constituía también una infracción injustificable del derecho de voto garantizado en el artículo 3 de la Carta. Como resultado de estas decisiones, los delincuentes recluidos en cárceles federales tienen ahora derecho a votar en las elecciones federales y provinciales.

162.En Harper c. el Canadá (Fiscal General), el Tribunal Supremo del Canadá examinó diversas disposiciones de la Ley de elecciones del Canadá que regulaban la intervención de terceros en el proceso electoral, así como la prohibición de la publicidad el día de la elección. El Tribunal decidió que la limitación de los gastos publicitarios de terceros en las elecciones establecida en la ley infringía el derecho a la libertad de expresión política, pero no el derecho de voto protegido por el artículo 3 de la Carta. En virtud del artículo 3, el derecho a una participación significativa en el proceso electoral no se limita a la selección de los representantes elegidos y comprende el derecho cívico a ejercer el voto con conocimiento de causa. Si no se limitasen los gastos, sería posible que personas acomodadas o una serie de personas pusiesen en común sus recursos y actuasen de consuno para dominar el discurso político, privando así a sus opositores de una oportunidad razonable de hablar y ser oído y privando también a los votantes de la capacidad de estar debidamente informado de todas las opiniones. La igualdad en el discurso político es pues necesaria para una participación significativa en el proceso electoral y da en definitiva realce al derecho de voto. Por lo tanto, este derecho no garantizar la expresión o el debate electoral ilimitado y sin trabas. Los límites que se impongan a los gastos se deberán, sin embargo, determinar con gran cuidado para velar por que los candidatos, los partidos políticos y los terceros puedan transmitir su información al votante. Si son excesivamente restrictivos, esos límites pueden comprometer el elemento informativo del derecho de voto. En este caso, la disposición impugnada no obsta al derecho de cada ciudadano a desempeñar una función significativa en el proceso electoral. Véase también Libman c. Quebec (Fiscal General) y Thomson Newspapers Co. c. el Canadá (Fiscal General) en la parte correspondiente al artículo 19 del Pacto.

Apartado c) del artículo 25 - Acceso a funciones públicas sin discriminación

163.El empleo en la administración pública se sigue fundando en el mérito y sigue previniendo el partidismo político. La nueva Ley de modernización de la administración pública tiene por objeto ampliar el ámbito de las iniciativas en favor de la equidad en materia de empleo en la administración pública federal permitiendo expresamente a los empleadores que establezcan la pertenencia a un grupo designado como criterio para la contratación a un puesto determinado.

Política en materia de administración pública

164.El Gobierno del Canadá se ha propuesto establecer una administración pública representativa e integradora que sea el empleador preferido por las actuales y futuras generaciones de canadienses. Como empleador, la administración pública federal reconoce que tiene la obligación de dar cabida a las necesidades de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. La finalidad de la política sobre el deber de acoger a las personas discapacitadas en la administración pública federal (http://www.tbs‑sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tb‑852/ ppaed_e.asp) es suprimir los obstáculos que impiden la plena participación de los futuros empleados y de los funcionarios existentes en la administración pública del Canadá. Como ejemplo de impedimento cabe citar los obstáculos físicos, las exigencias innecesarias para el empleo y la desigualdad de acceso a la formación y al desarrollo.

165.El Gobierno del Canadá está también decidido a conseguir que la administración pública sea un lugar de trabajo representativo, que refleje la diversidad de la población canadiense, mediante programas como "Abrazar el cambio", que incita a los departamentos a cumplir los criterios establecidos para la contratación, la formación y la promoción de las minorías visibles.

Carta de Derechos y Libertades del Canadá

166.En Lavoie c. el Canadá, el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que la preferencia por los ciudadanos canadienses en los concursos abiertos en virtud de la Ley de empleo en la administración pública es contraria a la igualdad de derechos, pero se justifica en una sociedad libre y democrática (artículo 1 de la Carta del Canadá).

Artículo 26 - Igualdad ante la ley

167.En 2000, el Gobierno del Canadá promulgó la Ley de modernización de ventajas y obligaciones por la que se hacían extensivas 68 leyes federales a las parejas de hecho de sexo opuesto o del mismo sexo. Como consecuencia, la mayoría de los efectos legales del matrimonio en el derecho federal se aplican ahora también a todas las parejas que hayan vivido maritalmente durante por lo menos un año. Las prestaciones y obligaciones federales disponibles para los hijos de las parejas casadas se hicieron también extensivas en virtud de esta ley a los hijos de las parejas de hecho, tanto del mismo sexo como de sexos opuestos.

168.En virtud de la Ley de inmigración y protección de los refugiados, tanto las parejas casadas como las personas que conviven maritalmente (del mismo sexo o de sexos opuestos) tienen derecho a ventajas en relación con la inmigración, por ejemplo, a patrocinar a su pareja para la emigración al Canadá. Se ha enmendado la Ley de ciudadanía para añadir la definición de "cónyuge de hecho" y para hacer extensivos a los cónyuges de hecho ciertos derechos en relación con la condición de residencia para adquirir la ciudadanía canadiense.

Carta de derechos y libertades del Canadá

169.En la decisión que pronunció en Law c. Canada (Ministro de Empleo e Inmigración),que hizo historia, el Tribunal Supremo del Canadá especificó la manera adecuada de determinar la igualdad de derechos (artículo 15 de la Carta del Canadá). El párrafo 1 del artículo 15 exige tres amplias averiguaciones: en primer lugar, si existe desigualdad, lo que se determina averiguando si la ley establece una distinción formal entre el demandante y otras personas sobre la base de una o más características personales o no tiene en cuenta la posición ya desventajosa del reclamante en la sociedad canadiense, que resulta en un trato considerablemente distinto entre el demandante y otras personas a causa de una o más características personales. En segundo lugar, averiguando si el trato diferente se funda en una o más de las razones enumeradas en el artículo 15 o en razones análogas. En tercer lugar, averiguando si el trato distinto discrimina esencialmente en relación con los fines del artículo 15. Aunque la lista no es exhaustiva, el Tribunal especificó algunos de los factores más importantes que se han de tener en cuenta:

Desventaja preexistente, estereotipos, prejuicios o vulnerabilidad del individuo o del grupo de que se trate;

Correspondencia o falta de correspondencia entre la razón o las razones en que se funda la pretensión y las necesidades, los méritos, la capacidad o las circunstancias reales del demandante y de otras personas;

Finalidad o efectos paliativos de la ley impugnada en una persona o en un grupo desfavorecido de la sociedad;

Naturaleza y alcance de los intereses afectados por la ley impugnada.

170.El caso el Canada (Cámara de los Comunes) c. Vaid se centraba en si la ley de derechos humanos del Canadá se aplicaba a los empleados de la Cámara de los Comunes. Se trataba de una queja de discriminación racial formulada por uno de esos empleados contra el entonces Presidente de la Cámara. El Tribunal Federal de Apelación llegó a la conclusión de que el privilegio parlamentario reivindicado en este caso no se aplicaba. El poder que se pretendía ejercer en este caso no era necesario y, por consiguiente, no entraba en el privilegio delimitado por la doctrina de la necesidad. Además, el Parlamento no tiene la clara intención, explícita o implícita, de impedir la aplicación de la Ley de derechos humanos del Canadá a sus actividades de dirección. El Tribunal Supremo del Canadá se pronunciará al respecto en otoño de 2004.

171.Dos decisiones de 1999 del Tribunal Supremo del Canadá ampliaron el alcance de la protección contra la discriminación ofrecida a los particulares por la legislación de derechos humanos en el país. En Columbia Británica (Comisión de relaciones labores en la administración pública) c. Asociación de Funcionarios Públicos de Columbia Británica, el Tribunal sostuvo que la defensa del empleador frente a una queja de discriminación en el empleo, que consistía en las exigencias laborales bona fide, exigía la demostración, no sólo de un interés importante del empleador, sino también de que el empleador había tratado de contentar al empleado hasta un punto de excesiva dificultad. El Tribunal dijo que los empleadores tenían que insertar la noción de igualdad en las normas aplicables en el lugar de trabajo. El Tribunal aplicó el mismo principio en otro caso que entrañaba la prestación de servicios protegidos por la legislación de derechos humanos, más precisamente la denegación de un permiso de conducir sobre la base de la discapacidad física del interesado (Columbia Británica (Superintendente de Vehículos de Motor) c. Columbia Británica (Consejo de Derechos Humanos)), La Ley de derechos humanos del Canadá había previsto esta situación en las enmiendas que había introducido un año antes.

172.En Quebec (Comisión de derechos humanos y de derechos de la juventud) c. Montréal (Municipio); Quebec (Comisión de derechos humanos y de derechos de la juventud) c. Boisbriand (Municipio), el Tribunal Supremo del Canadá declaró que una interpretación razonada y liberal y un criterio contextual militan a favor de una definición amplia de la palabra "discapacidad", que no exige la existencia de limitaciones funcionales y que reconoce el elemento subjetivo de toda discriminación fundada en este motivo. Los tribunales deben adoptar un criterio multidimensional que tenga en cuenta la dimensión sociopolítica de la "discapacidad". Una discapacidad puede ser real o imaginaria y una persona puede no tener ninguna limitación para las actividades cotidianas, salvo las creadas por los prejuicios y los estereotipos.

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

173.El Comité encontrará información adicional sobre los informes periódicos del Canadá presentados de conformidad con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

174.En Reference re Secesión de Quebec, el Tribunal Supremo del Canadá afirmó que la protección de la minorías era un principio fundamental de la Constitución. El principio del respeto y la protección de los derechos de la minorías sigue influyendo en el funcionamiento y la interpretación de nuestra Constitución. El Tribunal Supremo del Canadá afirmó recientemente que un aspecto importante de la democracia constitucional canadiense era el respeto de las minorías, que incluye, desde luego, a las minorías religiosas. El Tribunal añadió que, de hecho, el respeto y la tolerancia de los derechos de las minorías era una de las características principales de una democracia ilustrada. El Tribunal añadió que el respeto de los derechos de las minorías debía también coexistir con valores de la sociedad que son esenciales para la estructura y el funcionamiento de una sociedad libre y democrática.

Idiomas oficiales (francés e inglés)

175.El Gobierno del Canadá, por conducto de acuerdos plurianuales con todas las provincias y todos los territorios, financia parte de los gastos adicionales asociados con la enseñanza del inglés y del francés como idiomas minoritarios y segundos idiomas. Además, todas las provincias y los territorios también tengan acceso a un programa incentivo de costos compartidos destinado a mejorar los servicios públicos a la minorías de idioma oficial en sus respectivas jurisdicciones.

176.En marzo de 2003 el Gobierno federal anunció el Plan de Acción para los idiomas oficiales. En virtud de este Plan de Acción, que incluye una estructura de responsabilidad y coordinación, se invierten más de 750 millones de dólares en un período de cinco años en tres esferas prioritarias: la educación, el desarrollo de comunidades y la administración pública.

177.En R. c. Beaulac, el Tribunal Supremo estableció un nuevo principio de interpretación de los derechos lingüísticos e indicó que debían interpretarse de manera coherente con la preservación y el desarrollo de las comunidades lingüísticas oficiales del Canadá. El Tribunal también señaló la naturaleza positiva de los derechos lingüísticos, estableciendo un vínculo con la noción prevalente en la esfera del derecho internacional de que la libertad de elección carece de sentido sin la obligación del Estado de adoptar medidas positivas para aplicar las garantías lingüísticas. En el mismo caso, el Tribunal Supremo del Canadá dispuso que las disposiciones relativas al idioma del juicio en el Código Penal (el derecho de todo acusado a ser juzgado ante un juez, un jurado y un fiscal que hablen el idioma oficial (inglés o francés) del acusado, el derecho del acusado a un fallo por escrito en su idioma oficial, y el derecho del acusado, de los testigos y del abogado del acusado a contar con los servicios de un intérprete) crean un derecho absoluto, a condición de que se presente la solicitud pertinente dentro del plazo previsto. El Tribunal confirmó que esos derechos lingüísticos eran distintos del derecho a un proceso equitativo y, en consecuencia, no estaban subordinados a la capacidad del solicitante de los servicios de interpretación de comprender el otro idioma oficial en que se celebra el proceso. Sin embargo, varios Tribunales han establecido que las disposiciones lingüísticas del Código Penal no crean exigencias lingüísticas que rijan la divulgación de elementos de pruebas, pruebas documentales e información.

178.En Arsenault‑Cameron c. Isla Prince Edward, el Tribunal Supremo del Canadá determinó el alcance de los poderes de gestión de la minoría lingüística oficial e indicó que los titulares de derechos eran los únicos capacitados para decidir cómo habían de prestarse los servicios de instrucción en el idioma de la minoría. Además, el Tribunal añadió que el análisis textual fundado en el objeto del artículo 23 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá indicaba que la enseñanza debería dispensarse en un establecimiento situado en la comunidad de residencia de los alumnos. Por último, el Tribunal indicó que el artículo 23 de la Carta se basaba en la premisa de que la igualdad real exigía que la minorías de idioma oficial fueran tratadas de modo diferente, de ser necesario, según su situación y sus necesidades particulares, para ofrecerles un nivel de educación por lo menos equivalente al de la mayoría.

Población aborigen

179.Desde hace algunos años, un elemento de los discursos del Trono y de los presupuestos federales es la forma de estrechar las diferencias entre las posibilidades a que tienen acceso los canadienses aborígenes y los no aborígenes. En el presupuesto federal de 2003 se prevén más de 2.000 millones de dólares de fondos adicionales para los programas y servicios destinados a los aborígenes en materia de salud, de educación, de atención a la niñez, infraestructuras, servicios de mantenimiento del orden, cultura e idiomas, desarrollo empresarial y sostenibilidad del medio ambiente. Tras su nombramiento en diciembre de 2003, el Primer Ministro reiteró la importancia que el Gobierno atribuye a las cuestiones aborígenes. Para intensificar los esfuerzos del Gobierno, se han efectuado cambios en sus estructuras, y se ha creado la Oficina de Asuntos de los Aborígenes, presidida por el Primer Ministro.

Preocupaciones específicas del Comité de Derechos Humanos

180.En sus Observaciones finales (párr. 8), el Comité preguntó qué se había hecho para aplicar las recomendaciones de la Real Comisión sobre los Pueblos Aborígenes.

181.El Canadá respondió a la Real Comisión sobre los Pueblos Aborígenes en 1998 con Cobrando Fuerzas: el Plan de Acción del Canadá para los aborígenes. La visión propuesta en Cobrando Fuerzas es muy sencilla: una nueva asociación entre la población aborigen y los demás canadienses que refleje nuestra interdependencia y nos permita trabajar juntos en el empeño de construir un futuro más próspero; gobiernos aborígenes económicamente viables y capaces de generar sus propios ingresos y de funcionar con transferencias gubernamentales seguras y predecibles; gobiernos aborígenes que reflejen las necesidades y los valores de sus comunidades locales y que sean sensibles a ellos; y la misma calidad de vida para los aborígenes que para los demás canadienses.

182.En el marco de Cobrando Fuerzas, el Gobierno del Canadá presentó una declaración de reconciliación, en la que reconoce su papel en el establecimiento y la administración de los pensionados para aborígenes. En la misma declaración, el Gobierno expresó su pesar a las personas que han sufrido abusos físicos y sexuales en esas escuelas. Asimismo, el Gobierno ha asignado 350 millones de dólares para la elaboración de la estrategia comunitaria de recuperación para ayudar a las personas, familias y comunidades a restablecerse de las heridas atribuibles a los abusos físicos y sexuales sufridos en los pensionados.

183.En las mismas Observaciones finales (párr. 8) el Comité planteó la cuestión de "la práctica de abrogar los derechos inherentes a las poblaciones autóctonas".

184.La certidumbre en cuanto a la propiedad y a la utilización de las tierras y de los recursos es uno de los principales objetivos de la negociación de una reivindicación territorial. Para todos los aspectos del proceso de reivindicaciones territoriales globales, incluidas las disposiciones del Acuerdo Final, hay que definir claramente los derechos y obligaciones que incumben respectivamente a los grupos aborígenes y a los demás ciudadanos.

185.Antiguamente, el Gobierno del Canadá exigía que los grupos aborígenes renunciaran a sus derechos ancestrales no definidos a cambio de una serie de derechos definidos, dimanantes de tratados. Ese enfoque exigía que los grupos aborígenes renunciaran a todos sus derechos aborígenes, lo que muchos grupos estiman inaceptable actualmente.

186.Desde hace algunos años, la negociación de reivindicaciones territoriales globales ha dado lugar a nuevos enfoques con miras al logro de la certidumbre. Hay que señalar, por ejemplo, el "modelo de derechos modificados", producto de las negociaciones con los nisga'a, y el "modelo de no afirmación". El modelo de derechos modificados no suspende los derechos ancestrales, sino que los adapta para integrarlos en los derechos enunciados y definidos en el tratado. El modelo de no afirmación no anula los derechos ancestrales, sino que confirma que el grupo aborigen acepta ejercer únicamente los derechos enunciados y definidos en el tratado, sin invocar ningún derecho ancestral.

Reivindicaciones territoriales

Reivindicaciones globales

187.Desde que el Gobierno del Canadá anunció su política federal sobre las reivindicaciones en 1973, se han solucionado 16 reivindicaciones globales en el Canadá. Las más recientes son las concluidas con 8 Primeras Naciones de Yukón, el Acuerdo Final Nisga’a y el Acuerdo Tlicho.

188.El propósito principal de las reivindicaciones territoriales globales es la conclusión de acuerdos con las poblaciones aborígenes para aclarar las ambigüedades de orden jurídico vinculadas con el principio de derechos ancestrales del common law. Se trata de negociar tratados modernos que confieran certidumbre y claridad a los derechos de todas las partes a la propiedad y a la utilización de las tierras y recursos. El propósito del proceso es llegar a un acuerdo sobre los derechos que ejercerán en el futuro sobre las tierras y recursos. Mediante las negociaciones la parte aborigen obtiene una serie de derechos y ventajas claramente enunciados y codificados en acuerdos de solución protegidos en virtud de la Constitución.

189.En los acuerdos globales sobre reivindicaciones territoriales se define una gama amplia de derechos, de responsabilidades y de ventajas, incluida la propiedad de la tierra, los derechos de pesca y explotación de la fauna, la participación en la gestión de las tierras y de los recursos, la indemnización, la distribución de los ingresos procedentes de la explotación de los recursos y el desarrollo económico. En las soluciones se vela por que se reconozcan los intereses de los grupos aborígenes en la gestión de los recursos y la protección del medio ambiente, y por que los reclamantes participen en los beneficios de la explotación.

Proceso de la Comisión de Tratados de la Columbia Británica

190.Según el informe anual de 2004 de la Comisión de Tratados de la Columbia Británica, 55 Primeras Naciones participan actualmente en el proceso de tratados de la Columbia Británica (www.bctreaty.net). Como algunas Primeras Naciones están en negociaciones en una mesa común, hay 44 conjuntos de negociaciones en curso. Cuarenta y un Primeras Naciones están en la cuarta etapa, que es la del acuerdo de principio. Cinco Primeras Naciones están en la quinta etapa de las negociaciones para la conclusión de un tratado, a saber, las confederaciones de los maa‑nulth, de los lheidli t’enneh, de los sechelt, de les sliammon y de los tsawwassen. El proceso de tratados es voluntario y está abierto a todas las Primeras Naciones de la Columbia Británica.

Solución de reivindicaciones específicas

191.En noviembre de 2003 recibió Sanción Real la Ley sobre la solución de reivindicaciones específicas. Esta importante ley conducirá a la creación de un nuevo organismo independiente encargado de las reivindicaciones, denominado Centro Canadiense para la Solución Independiente de Reivindicaciones Específicas de las Primeras Naciones (el Centro). El Centro ayudará a las Primeras Naciones y al Canadá a negociar la solución de las reivindicaciones específicas y a impartir más transparencia, eficacia e imparcialidad al proceso actual.

Ley sobre la gestión de las tierras de la Primeras Naciones

192.En 1996 la Ley sobre la gestión de las tierras de las Primeras Naciones ofreció a 14 Primeras Naciones participantes la opción de trabajar conforme a sus propios códigos en materia de tierras, no con arreglo a la Ley sobre los indios, y reestableció el poder sobre la gestión de las tierras. El Gobierno del Canadá acoge con arreglo a la ley a 30 Primeras Naciones cada 2 años. Más de 50 Primeras Naciones han adoptado ya las resoluciones del Consejo de la Confederación de Indios, indicando que desean trabajar dentro de este marco. La medida relativa a la gestión de las tierras de las Primeras Naciones ofrece a las Primeras Naciones participantes la oportunidad de elaborar sus propios instrumentos modernos o tradicionales de gestión y de protección de las tierras y de los recursos de sus reservas.

Comisiones de tratados

193.El Gobierno federal ha concertado recientemente un acuerdo con las Primeras Naciones para establecer una oficina de la Comisión de Relaciones Dimanantes de Tratados en la provincia de Manitoba. De la misma manera que la oficina del Comisionado para los tratados de Saskatchewan, la Comisión de Manitoba emprenderá actividades de sensibilización del público, efectuará investigaciones y facilitará las deliberaciones sobre cuestiones vinculadas con los tratados históricos. Ya se ha iniciado el proceso de creación de una oficina de la Comisión de Relaciones dimanantes de Tratados para Alberta.

194.Las Comisiones de Relaciones dimanantes de Tratados son organismos independientes e imparciales, cuyo mandato consiste en ayudar al público en general a comprender mejor las relaciones dimanantes de los tratados y las cuestiones vinculadas con ellos, facilitar las deliberaciones sobre cuestiones relacionadas con tratados y realizar investigaciones independientes.

Los mestizos

195.En R.c.Powley,   la decisión adoptada en septiembre de 2003 constituyó el primer fallo del Tribunal Supremo del Canadá en abordar la cuestión de si los grupos mestizos podían acogerse o no a los derechos ancestrales en virtud del apartado 1) del párrafo 35 de la Ley constitucional de 1982. El Tribunal Supremo decidió que la comunidad mestiza de Sault Ste. Marie poseía el derecho ancestral a la caza de subsistencia. El Tribunal Supremo estableció criterios para determinar si otras comunidades mestizas poseían derechos ancestrales en las otras regiones del Canadá y para identificar claramente a las comunidades que podrían ejercer esos derechos.

196.En reacción a la decisión del Tribunal Supremo, uno de los elementos principales de la respuesta federal tendrá que ver con la participación del Gobierno en conversaciones multilaterales con las provincias, territorios y organizaciones de mestizos. Estas conversaciones multilaterales tratarán sobre las cosechas y otras cuestiones conexas (por ejemplo, la gestión de cooperativas), de conformidad con la decisión del Tribunal Supremo. Los preparativos para estas conversaciones están bien adelantados. Se esperan mejores relaciones con las organizaciones de mestizos y las provincias, como resultado de las conversaciones e investigaciones multilaterales, puesto que todo régimen de explotación que se establezca mediante este proceso se logrará mediante esfuerzos de asociación y cooperación entre todas las partes. El Gobierno federal también ha emprendido análisis jurídicos y de política para entender mejor la decisión y sus repercusiones. Estos análisis permitirán llenar vacíos importantes en los conocimientos relativos a la población mestiza del Canadá. Por ejemplo, informará al Gobierno respecto de los lugares donde viven las comunidades mestizas, lo que, a su vez, les informará sobre la identidad de los explotadores mestizos: prioridad definida en la decisión del Tribunal Supremo y factor determinante para el establecimiento de una explotación responsable y ordenada.

Culturas e idiomas aborígenes

197.La iniciativa en materia de idiomas aborígenes, que desde 1998 apoya actividades de promoción de la protección, la renovación y la divulgación de los idiomas aborígenes en las comunidades y hogares aborígenes, tocará a su fin en marzo de 2005, y la sucederá el Centro de Idiomas y Culturas Aborígenes. En diciembre de 2003 se estableció un Grupo de Tareas integrado por diez poblaciones aborígenes, encargado de formular recomendaciones sobre una estrategia nacional sostenible para la preservación, la revitalización y la promoción de los idiomas y las culturas aborígenes, uno de cuyos elementos clave es la creación de un centro de idiomas y culturas aborígenes. Estas recomendaciones, que se esperan para fines de 2004, se basarán en las conclusiones de las consultas, en las investigaciones conexas y en las exposiciones de expertos, de grupos aborígenes, así como de personas y organizaciones interesadas. También se basarán en los conocimientos colectivos, las habilidades y la experiencia de cada uno de los miembros del Grupo de Tareas.

198.El Canadá apoya incesantemente los acuerdos sobre idiomas aborígenes que ha celebrado en concertación con los gobiernos de los Territorios del Noroeste y de Yukón. En virtud del Acuerdo respectivo, ambos gobiernos convinieron en que la preservación, el desarrollo y la divulgación de los idiomas aborígenes de estos territorios era un objetivo mutuamente importante. El gobierno de Nunavut se sumó al Acuerdo en 1999. Tanto Nunavut como Yukón reciben 1,1 millones de dólares anualmente y los Territorios del Noroeste 1,9 millones de dólares anualmente para apoyar las actividades territoriales convenidas en virtud de las disposiciones de los acuerdos de financiación celebrados con cada uno de los gobiernos territoriales. Mediante esos acuerdos, los gobiernos territoriales han venido haciendo hincapié en el apoyo a proyectos comunitarios aborígenes y han trabajado en estrecha colaboración con lo grupos lingüísticos aborígenes de sus respectivos territorios.

199.En los informes del Canadá con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se encontrará información adicional sobre otras iniciativas para abordar las cuestiones relativas a la cultura y a los idiomas aborígenes, como la iniciativa de los centros urbanos polivalentes para jóvenes aborígenes, la estrategia para los aborígenes residentes en zonas urbanas, el programa de acceso de los aborígenes del norte a la radio y teledifusión y el programa de los centros de amistad aborígenes.

Parte II

MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS DE LAS PROVINCIAS

TERRANOVA Y LABRADOR

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

200.Para garantizar igual acceso a los tribunales el Tribunal Provincial ha completado dos planes estratégicos, el primero en 1997 y el segundo en 2000, que se vienen aplicando con éxito. La elaboración de los planes fue facilitada por la participación de 33 interesados externos del ámbito provincial, incluidos algunos grupos aborígenes, la John Howard Society y la Elizabeth Fry Society.

201.El Tribunal Provincial de Terranova y Labrador cuenta con un comité de gestión de los expedientes judiciales activo que colabora con todos los protagonistas de la justicia penal para reducir las dilaciones judiciales y mejorar los plazos de tramitación de las causas.

202.La Comisión de Derechos Humanos de Terranova y Labrador ha recibido varias quejas relativas a derechos protegidos directa o indirectamente por el Pacto. Se indica a continuación, a guisa de ilustración, el número de quejas recibidas por la Comisión para el ejercicio 2002-2003:

2002 - Quejas entabladas

Motivo	Número de quejas
Sexo	20
Situación matrimonial	5
Deficiencia física	39
Deficiencia mental	18
Edad	4
Orientación sexual	2
Solicitación sexual	2
Discriminación salarial	9
Represalias	1
Total de quejas	100

2003 - Quejas entabladas

Motivo	Número de quejas
Sexo	10
Situación matrimonial	12
Deficiencia física	48
Deficiencia mental	17
Edad	3
Orientación sexual	6
Acoso sexual	6
Opinión política	1
Sexo/embarazo	3
Raza	6
Total de quejas	112

203.El nuevo Programa de justicia aborigen en vigor en Happy Valley‑Goosebay permitirá ayudar a los aborígenes que tengan que ver con el sistema de justicia penal y facilitará también un centro de formación para abogados que representan a aborígenes acusados de delitos. El Gobierno federal apoya esta iniciativa en el marco de la financiación de los proyectos de asistencia jurídica.

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

204.Los partidos provinciales han realizado un esfuerzo concertado para incrementar el número de candidatas y de mujeres entre los miembros del Gabinete, que representan actualmente el 29% de éste. El Gobierno también aplica una política activa de equilibrio de sexos respecto de las dotaciones de los organismos, los consejos y las comisiones de mujeres, donde éstas representan actualmente el 34% del total.

205.En 1998 el Gobierno de Terranova-y Labrador comenzó a financiar siete centros de mujeres, y en 2003 se inauguró un octavo centro. En 2001-2002 aumentó en 66% la ayuda financiera a estos servicios. El trabajo de estos centros contribuye a garantizar a las mujeres la igualdad de derechos gracias a la prestación de servicios individuales de defensa y a la sensibilización del sector público, del sector privado y las comunidades respecto de los problemas sistémicos.

206.En 2002-2003 la administración provincial incrementó la financiación asignada al Consejo Asesor provincial sobre la Condición de la Mujer (Advisory Council on the Status of Women). Este organismo representa activamente a las mujeres e incita al Gobierno a rendir cuentas sobre los derechos de las mujeres.

207.En la elaboración de nuevas leyes se ha aplicado una estrategia de igualdad entre los sexos, y las leyes actuales han sido revisadas para eliminar todo vocabulario de carácter sexualmente discriminatorio.

Representación de mujeres en la administración públicade Terranova y Labrador, 2002-2003 (no se incluyenlos sectores de la educación y de la salud)

Representación de mujeres en el sector de la educación, 2003

Categoría de empleo	Porcentaje de mujeres 2003
Ejecutivo	23,0
Administrativo	36,0
Profesional	54,0
Docente	69,0
Preceptor	94,0

Representación de mujeres en el sector de la salud

Categoría de empleo	Porcentaje de mujeres 2003
Oficios afines (trabajo social, patología del habla)	76,0
Oficios auxiliares clínicos (técnicos, asistentes de laboratorio)	79,0
Oficios auxiliares generales (trabajos del hogar, lavandería y sistemas de información)	72,0
Diagnóstico (laboratorio, rayos X)	73,0
Gestión	71,0
Enfermería (enfermeros titulados)	93,0

Artículo 6 - Derecho a la vida

208.El problema del síndrome fetal alcohólico/efecto fetal alcohólico ha sido reconocido como prioridad provincial. Los Healthy Baby Clubs ("clubes de bebés sanos") creados en el marco del programa de desarrollo de la primera infancia, abordan en particular la cuestión de la reducción del consumo de drogas y de alcohol durante el embarazo en varias comunidades muy afectadas de la provincia. Los centros de recursos familiares y los Healthy Baby Clubs ofrecen programas a las mujeres embarazadas en situación de riesgo para ayudarlas a mejorar su salud y la del recién nacido. La educación en materia de nutrición, los suplementos alimentarios y un medio favorable son elementos fundamentales de estos programas.

209. Desde hace tres años existe una estrategia global de rehabilitación de los innus, que se aplica en concertación con el Gobierno federal, para mejorar la situación sanitaria y socioeconómica actual de los innus en Labrador. Entre otras cosas, la estrategia tiene por objeto ayudar a los innus a solucionar sus graves problemas de salud.

210.Entre 2000 y 2002 la Iniciativa Nacional sobre las Personas sin Hogar invirtió 4,2 millones de dólares en proyectos comunitarios en St. John’s por conducto de un plan comunitario multipartita. Este plan también recibe financiación del Gobierno federal, del gobierno municipal y de organismos comunitarios. En el plan de acción para 2002-2003 se prevé la construcción de un refugio para aborígenes, la aprobación de la construcción de un refugio para hombres jóvenes situado en el mismo lugar que una oficina de servicios interinstitucionales para jóvenes y vinculado a nuevos alojamientos o servicios de apoyo para jóvenes, nuevos alojamientos provisionales para mujeres y niños que huyen de la violencia, mejores alojamientos provisionales para hombres y mujeres con antecedentes de trastornos mentales, de consumo de drogas y encarcelamientos, así como un nuevo refugio para hombres y mujeres en Labrador City. Se ha renovado la Iniciativa Nacional sobre las Personas sin Hogar para 2003-2005, y se ha asignado un presupuesto suplementario de 2,1 millones de dólares para St. John’s, en el marco de un nuevo plan comunitario, y un presupuesto de 1,6 millones de dólares adicionales para comunidades ubicadas fuera de St. John’s, en el marco del Fondo Regional para las Personas sin Hogar.

211.En 2000-2003 el Programa de Asistencia para la Rehabilitación de Viviendas contribuyó a la habilitación de viviendas asequibles para familias de escasos ingresos, financiando la conversión de propiedades no residenciales en unidades de vivienda autónomas asequibles.

212.El Programa de Mejoramiento de Alojamientos ofrece financiación para ayudar a renovar y habilitar alojamientos de emergencia y viviendas provisionales.

213.El Programa de Viviendas de Alquiler Asequibles, acuerdo bilateral entre el Canadá y Terranova y Labrador, proporcionará 30 millones de dólares para la creación de viviendas de alquiler asequibles en el marco de un acuerdo de distribución de los gastos en partes iguales entre la Sociedad Canadiense de Crédito Hipotecario y Vivienda y la Sociedad de Vivienda de Terranova y Labrador (Newfoundland and Labrador Housing Corporation).

Artículo 7 - Protección contra la tortura

214.A raíz de una queja presentada por un recluso, de que se le había mantenido inmovilizado en una silla de contención, en violación de la política de la División de Establecimientos Penitenciarios, se inició una investigación, cuya conclusión fue que había que revisar la política oficial para lograr un mayor grado de transparencia y responsabilidad. Se invitó a la John Howard Society a participar en el examen, que permitió formular una nueva política sobre el uso de la silla de contención. La política limita ahora el uso de este dispositivo a situaciones muy concretas, con sujeción a la autorización previa de un miembro del personal directivo, y a una vigilancia audiovisual permanente, y obliga al Superintendente de Prisiones a examinar las circunstancias cada vez que se emplea dicho dispositivo.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

215.Trátese de la detención de jóvenes o de la detención de adultos, los programas y medidas de readaptación se consideran sumamente prioritarios. Cada detenido, adulto o adolescente, es evaluado en el momento de su ingreso, para determinar los programas de que necesita, en particular, si cabe su inscripción en programas criminogénicos, que han resultado de probada eficacia para reducir la reincidencia. Los programas fundamentales de esta categoría abarcan el razonamiento y la readaptación (reflexión cognitiva social), el abuso del alcohol y otras sustancias, la violencia en el hogar, los delitos sexuales y la gestión de la ira. Se ofrecen programas de educación básica de adultos en todos los establecimientos de detención para adultos y adolescentes.

216.La División de Servicios Correccionales y Comunitarios ha concluido un examen exhaustivo del protocolo sobre el uso de la fuerza. Se ha elaborado una nueva versión actualizada de la política y de los procedimientos relativos al uso de la fuerza, que incluye secciones relativas al poder legislativo, a los principios directrices, a las etapas del uso de la fuerza, al modelo conceptual de gestión de la situación, al seguimiento de los incidentes y a la realización de investigaciones. Por otra parte, algunos miembros del personal han recibido una formación intensiva al respecto, que transmitirán a todos los demás miembros del personal correccional.

Artículo 14 - Derecho a un juicio imparcial

217.La directiva de política divisional relativa a los tribunales disciplinarios internos del sector de la detención de adultos ha sido objeto de una revisión a fondo, con la incorporación de varias garantías suplementarias para los adultos sometidos a detención policial:

·Aclaración de los tipos de delitos contra la disciplina de que puede acusarse a los detenidos;

·Clasificación de las infracciones por orden de gravedad y limitaciones conexas sobre las sanciones posibles;

·Divulgación completa de la información, salvo cuando ello pondría en peligro la seguridad personal o institucional;

·Estrictas limitaciones sobre el uso de la detención preventiva;

·Integración de nuevas salvaguardias y garantías para los detenidos durante el proceso disciplinario; y

·Un proceso de apelación.

218.La jurisprudencia reciente ha dado lugar a la elaboración de nuevas directivas relativas al mantenimiento de la independencia judicial mediante la seguridad financiera. El hecho de que el Gobierno deba proporcionar razones lógicas al incumplir las recomendaciones salariales de una comisión independiente garantiza un equilibrio entre la necesidad de que los jueces sean económicamente independientes y la necesidad del Gobierno de adoptar decisiones financieras prudentes y realistas. Esta perspectiva, arraigada en un racionalismo sencillo, consolida la independencia del poder judicial.

Artículo 17 - Derecho a la intimidad

219.La Ley sobre los ingresos y el apoyo al empleo (Income and Employment Support Act), SNL (2002), ch. I‑0.1 (que todavía no ha entrado en vigor) permitirá consolidar el principio de la equidad en la administración de todos los programas departamentales para todas las personas consideradas admisibles en función de sus necesidades. Garantiza la protección y la confidencialidad de la información, pero, con el consentimiento del interesado, permite intercambio de información útil para la determinación de la admisibilidad. En el artículo 4 de la Ley se propone el acceso rápido a los servicios y se exige que todos los candidatos y beneficiarios sean tratados con la misma dignidad y el mismo respeto, de conformidad con las nuevas normas del servicio elaboradas por el departamento. La reglamentación correspondiente a la ley es de carácter práctico y transparente.

220.La Ley de acceso a la información y protección de la vida privada (Access to Information and Protection of Privacy Act) (ATIPP), SNL (2002), ch. A‑1.1 (que todavía no ha entrado en vigor) fue promulgada el 14 de marzo de 2002. Una vez que entre en vigor, esta ley reglamentará la reunión, el uso y la divulgación de la información personal confiada a los poderes públicos. La ley confiere a los interesados el derecho a solicitar la corrección de sus datos personales, y se exige que todo órgano público no escatime los esfuerzos que sean razonables para velar por que la información sea exacta y completa. Las disposiciones relativas a la vida privada enunciadas en la parte IV de la Ley homologan a Terranova y Labrador con las demás jurisdicciones canadienses que han promulgado leyes sobre el acceso a la información y sobre la protección de los datos personales. En la parte IV de la Ley se refuerza la protección de los datos personales, se alienta a una mejor gestión de la información personal y se ofrece más transparencia a quienes quieran verificar su propia información personal.

Artículo 22 - Libertad de asociación

221.En 2001 la Presidencia del Consejo de Relaciones Laborales fue transformada en un cargo de cinco años de duración a tiempo completo. Ello permite al Consejo solucionar las cuestiones con más rapidez y en particular acelera el procedimiento de certificación de los sindicatos.

Artículo 24 - Derechos del niño

222.La División de Servicios Correccionales y Comunitarios (Division of Corrections and Community Services) ha puesto en marcha varios nuevos programas para facilitar la reintegración de los jóvenes delincuentes en la sociedad:

·La iniciativa más significativa es la aplicación de un programa de servicios anteriores a la instrucción y de vigilancia de la libertad bajo caución en espera de juicio. En lugar de recluir al joven delincuente, el tribunal de menores dispone ahora a discreción de la posibilidad de remitir al joven delincuente al programa de servicios anteriores a la instrucción, que es un sistema de apoyo y de vigilancia comunitario en cuya virtud el joven delincuente y su familia tienen acceso al apoyo y a la ayuda de que necesitan, mientras el joven sigue residiendo en su hogar en espera de la instrucción del caso.

·Se ha creado un nuevo cargo de terapeuta de la familia, en que un terapeuta altamente calificado aborda activamente los casos de disolución familiar y procura mejorar la dinámica de la familia en el marco de una estrategia destinada a reintegrar al joven en la comunidad.

·La División ha organizado un marco estratégico amplio para facilitar la reinserción de los jóvenes delincuentes detenidos en establecimientos de guarda seguros. Se ha elaborado un plan detallado de gestión de los casos en consulta con los diversos organismos comunitarios con la intención de evaluar las necesidades criminogénicas y la aplicación del plan de reintegración en la comunidad de manera cooperativa y bien coordinada.

223.La tasa de mortalidad infantil sigue disminuyendo en Terranova y Labrador. Las cuestiones relativas a la salud infantil se abordan mediante programas de salud pública universales, incluidos Healthy Beginnings y las clínicas para niños. Enfermeros del sector público identifican a los niños con problemas de salud y los remiten a los servicios apropiados.

224.La tasa de encarcelamiento de jóvenes delincuentes ha disminuido considerablemente durante el último año, y ha mejorado la cadena de servicios comunitarios para facilitar la readaptación y la reinserción social de los jóvenes, gracias a las repercusiones de la nueva Ley federal de la justicia penal de menores y a la reorientación de los recursos financieros, del sistema de detención a sistemas y programas comunitarios que ofrecen una solución distinta de la reclusión.

225.Las siguientes leyes han permitido mejorar los derechos de los niños en los últimos años:

·La Ley sobre los abogados de menores (Child and Youth Advocate Act), SNL (2001), ch. C‑12.01, en que se prevé la creación de una oficina de defensa de los niños y jóvenes, encargada de velar por la protección y el adelanto de los derechos e intereses de los niños y jóvenes y por que se escuchen sus opiniones;

·La Ley de adopciones (Adoptions Act), SNL (1999), ch. A‑2.1, que permite colocar directamente a los niños con padres adoptivos y la creación de un sistema de registro abierto para ofrecer los adoptados adultos y a sus padres biológicos la posibilidad de reanudar la comunicación;

·La Ley de servicios a la infancia (Child Care Services Act), SNL (1998), ch. C‑11.1, que reglamenta los servicios de guardia y garantiza su conveniencia.

226.En la Ley sobre los servicios a los niños, los jóvenes y a la familia (Child, Youth and Family Services Act), SNL (1998), ch. C‑12.1, se reconoce el derecho del niño a la seguridad personal, a la salud y al bienestar y se prevén mecanismos que permiten intervenir para proteger a los niños y sostener las familias en caso de necesidad. La ley permite ofrecer servicios a los jóvenes de 16 a 18 años, grupo anteriormente no previsto en el ámbito de aplicación de las leyes provinciales de bienestar de la infancia.

Artículo 26 - Igualdad ante la ley

227.Desde hace algunos años el Gobierno negocia de entendimiento con los diversos sindicatos en materia de la equidad salarial. Esos protocolos memorandos representan el fin del Acuerdo original sobre equidad salarial firmado en 1988. En el marco del acuerdo inicial, todas las categorías (unos 11.000 empleados) que recibirán ajustes salariales han sido niveladas, lográndose la plena equidad, que se ha integrado en todas las escalas de sueldos. Con ello se pone fin al problema de la equidad salarial para los grupos siguientes: el sector estatal, que abarca a los empleadores siguientes: los departamentos gubernamentales, las juntas escolares, el personal de apoyo del College of the North Atlantic, el Consejo de Dirección de las bibliotecas públicas y la Terranova Liquor Corporation (abril de 1999); la Parte I del sector de la salud (marzo de 2000), las enfermeras (enero de 2002) y el AAHP (enero de 2002). El único grupo cuya situación todavía no se ha solucionado y que todavía recibe ajustes salariales es el grupo NAPE LX. Esta situación es atribuible a una decisión arbitral que el sindicato intenta hacer anular en los tribunales, y afecta a unos 80 empleados.

228.En 2003 el Departamento de Salud Pública y Servicios Comunitarios patrocinó un taller sobre la colaboración intercultural y el apoyo a las familias inmigrantes de Terranova y Labrador. En el taller se determinaron las dificultades y las preocupaciones de los inmigrantes y de los refugiados y se analizaron las soluciones posibles.

229.Uno de los medios por los cuales el Gobierno, a título de empleador, promociona la diversidad y los derechos humanos en el lugar de trabajo es el Respectful Workplace Program. Esta iniciativa se basa en el principio de que todos los empleados tienen derecho a un lugar de trabajo respetuoso y tolerante de la diversidad y la diferencia, de la autoestima y de la productividad de cada uno, y exento de acoso. Este proyecto patronal-sindical propicia la diversidad , aclara las expectativas de un comportamiento respetuoso en el lugar de trabajo, y prevé mecanismos de solución de conflictos. También procura apoyar e informar a los empleados que estimen haber sido víctimas de acoso. Uno de los elementos principales del programa es la sensibilización y la formación de los administradores públicos sobre su papel en la creación de un lugar de trabajo respetuoso para todos los empleados. Ello incluye la administración de la diversidad en el lugar de trabajo, y la prevención del acoso.

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

230.A raíz del informe de la Real Comisión sobre los Pueblos Aborígenes, la administración provincial ha seguido colaborando con el Gobierno del Canadá y los grupos aborígenes de Terranova y Labrador para realizar objetivos comunes, entre ellos:

·La firma en 2002 de acuerdos con la Inco/Voisey’s Bay Nickel Company (VBNC), la Nación innus y la Asociación de los inuits de Labrador para que la explotación de minerales de la Bahía Voisey proceda en armonía con los objetivos de todas las partes, con un máximo de ventajas para los innus, los inuits y demás habitantes de la provincia;

·Las enmiendas de 2003 al Código de Derechos Humanos de la provincia para proteger las preferencias de empleo estipuladas en los acuerdos sobre repercusiones y ventajas concertados entre los innus y los inuits, por una parte, y por otra parte, la Inco/VBNC;

·La rubricación del Acuerdo Final sobre las reivindicaciones territoriales de los inuits de Labrador el 29 de agosto de 2003;

·La celebración de negociaciones tripartitas con miras a la concertación de un acuerdo de principio sobre las reivindicaciones territoriales de los innus;

·La participación permanente con el Canadá y los innus en la aplicación de la Estrategia Global de Recuperación de los innus, incluida la inscripción de los innus con arreglo a la Ley de indios el 21 de noviembre de 2002, y la creación de reservas en Natuashish (prevista para diciembre de 2003) y en Sheshatshiu (prevista para 2004);

·Las enmiendas realizadas en 2003 a la Ley provincial sobre las expropiaciones (Expropriation Act) para que la administración provincial pueda expropiar tierras para que el Gobierno federal establezca en ellas una reserva de las Primeras Naciones;

·Las negociaciones, anunciadas el 21 de noviembre de 2003, con el Canadá y la Federación de Indios de Terranova sobre la instauración de un concepto de confederación sin territorio para que los micmac no residentes en reservas tengan derecho a los programas y servicios del Gobierno federal reservados a los indios inscritos; y

·El compromiso de participar en las deliberaciones sobre autonomía entre el Gobierno del Canadá y la Primera Nación miawpukek.

231.La provincia de Terranova y Labrador y el Gobierno del Canadá participan en negociaciones sobre las reivindicaciones territoriales de la Nación innu y de la Asociación de los Inuits de Labrador. Los tratados que resulten de estas negociaciones ayudarán a los inuits y a los innus a proteger y mantener su idioma y cultura.

232.El Gobierno federal financia programas de promoción de los idiomas y de las culturas aborígenes, pero la administración provincial adopta medidas para velar por que en el programa de enseñanza desde la escuela maternal hasta el 12º grado se tengan en cuenta las cuestiones culturales. El Gobierno de Terranova y Labrador está a favor de la introducción de programas de enseñanza para los aborígenes en las escuelas de las comunidades aborígenes y, más en general, de la integración de la historia y de la cultura de los aborígenes en el programa de enseñanza de todas las escuelas de la provincia. La administración provincial ha apoyado la introducción de los idiomas y culturas de los micmacs, los innus y los inuits en los programas de enseñanza de Conne River y de las comunidades innus e inuits, respectivamente. Actualmente está en conversaciones con la Federación de Indios de Terranova sobre medios que permitan reflejar mejor en el programa de enseñanza de las escuelas provinciales la historia y la cultura de los micmacs. En 2003 el Departamento de Educación introdujo un nuevo programa de enseñanza religiosa en los niveles elemental e intermedio que incorporaba más información sobre la espiritualidad aborigen. El contenido está adaptado a los grupos aborígenes de Terranova y Labrador, y los aborígenes han participado en la redacción de los textos pertinentes. Se les ha consultado asimismo respecto de la redacción de un nuevo texto de estudios sociales para el octavo grado, sobre la historia de Terranova y Labrador. La Historic Sites Association of Newfoundland and Labrador ha preparado una serie de carteles sobre el tema de los aborígenes de Terranova y Labrador, que se distribuirá a las escuelas de toda la provincia. Esta serie está destinada a sensibilizar a los alumnos sobre los pueblos aborígenes de Terranova y Labrador, y a lograr que los alumnos aborígenes se reconozcan a sí mismos y reconozcan su cultura en el programa de enseñanza escolar.

233.El Departamento de Turismo, Cultura y Recreación ha invitado a diversos grupos aborígenes a participar en la elaboración de exposiciones sobre sus propios relatos en The Rooms, nuevo museo y centro de archivo, y en el Centro de Interpretación de Labrador.

ISLA PRINCE EDWARD

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

34.La Ley de derechos humanos de la Isla Prince Edward fue modificada en diciembre de 1997 para cambiar el proceso de instrucción de las quejas, para pasar de un sistema de Comisión de Investigaciones a un sistema de Comité de Derechos Humanos. El Director Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos puede ahora investigar las quejas, solucionarlas, rechazarlas, suspenderlas, remitirlas para su examen a un comité interno integrado por uno o más comisionados de los derechos humanos. Los reclamantes pueden pedir al Presidente de la Comisión que revise las decisiones de rechazo de quejas del Director Ejecutivo. La decisión del Comité es definitiva y vincula a ambas partes, pero cualquiera de ellas puede solicitar una revisión judicial por parte del Tribunal Supremo de la Isla Prince Edward. El Comité puede obtener para sus ordenanzas el exequatur de la sección competente del Tribunal Supremo, por lo que adquieren carácter vinculante, del mismo modo que las ordenanzas de la sección de primera instancia del Tribunal Supremo de la Isla Prince Edward. Gracias a esta modificación, el Ministro responsable de la Ley de derechos humanos no interviene más en la tramitación de las quejas.

235.También se ha enmendado la ley para que cualquier persona, distinta de la Comisión o un empleado de la Comisión, que tenga motivos razonables para creer que una persona ha violado la ley, pueda presentar una queja ante la Comisión; anteriormente sólo podía hacerlo la persona afectada. Esta modificación ha abierto a los familiares o amigos de personas vulnerables la posibilidad de presentar en su nombre quejas por violaciones de los derechos humanos.

236.En 1998, el estatuto familiar, la orientación sexual y la fuente de ingresos se añadieron a los motivos prohibidos de discriminación en todas las esferas enumeradas por la Ley de derechos humanos de la Isla Prince Edward. La prohibición de discriminar fundada en el estatuto familiar garantiza la protección de las mujeres y los hombres que tienen obligaciones familiares, en particular en relación con hijos o padres a cargo; la prohibición fundada en la orientación sexual incluye la protección de los homosexuales, las lesbianas y las personas bisexuales, y la fundada en las fuentes de ingresos ofrece protección a quienes reciben prestaciones de ayuda social. Las condenas penales también se añadieron a los motivos prohibidos de discriminación en la esfera del empleo. Las personas con antecedentes judiciales por infracciones no relacionadas con el puesto a que postulan, o que ocupan, están ahora protegidas por la ley. Se considera que la Ley de derechos humanos prima sobre todas las demás leyes de la provincia.

237.Durante el ejercicio 2001-2002, se presentaron ante la Comisión 68 nuevas quejas, aparte de las 39 arrastradas del ejercicio 2000-2001, lo que representa un total de 107 quejas activas para el ejercicio 2001-2002. Las incapacidades físicas y mentales constituyeron el motivo de la mayor parte de las quejas recibidas por la Comisión.

238.Durante el ejercicio 2002-2003 se presentaron ante la Comisión 65 nuevas quejas, y 55 fueron arrastradas del ejercicio 2001-2002, lo que representa un ligero aumento del número de quejas por todos los motivos de discriminación. Las discapacidades constituyen siempre el motivo detrás del mayor número de quejas recibidas por la Comisión. Puede consultarse más información sobre la Comisión, sus programas y su proceso de solución de quejas en http://www.gov.pe.ca/humanrights/.

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

239.La inclusión del estatuto familiar entre los motivos de discriminación prohibidos por la Ley de derechos humanos de la Isla Prince Edward ha repercutido sobre las mujeres, y en particular sobre las que son vulnerables a esta índole de discriminación, sobre todo en las esferas del empleo y del alquiler de viviendas.

Artículo 6 - El derecho a la vida

240.La fiduciaria Bedford MacDonald Trust administra la iniciativa federal para las personas sin hogar en la Isla Prince Edward. Estos fondos se han utilizado sobre todo para financiar alojamientos en Charlottetown y Summerside (Isla Prince Edward). La iniciativa incluye una segunda fase, ya iniciada.

241.La Isla Prince Edward también ha firmado con el Gobierno federal un Acuerdo en materia de vivienda asequible. Tiene por objeto apoyar la construcción de viviendas asequibles para los isleños de ingresos bajos o moderados. Actualmente se están financiando dos proyectos, y algunos otros están en diferentes fases de desarrollo.

Artículo 17 - Derecho a la intimidad

242.Los párrafos 1 y 2 del artículo 6 de la Ley de asistencia social tienen que ver con la protección de la vida privada de los prestatarios de la ayuda social:

6.1)El Ministro, los Directores y los organismos de ayuda social pueden conservar expedientes que contengan información reunida en el marco de la administración de la presente ley.

2)Con sujeción a las demás disposiciones del presente artículo y de las reglamentaciones, podrá divulgarse la información contenida en un expediente si:

a)La persona interesada así lo autoriza por escrito;

b)La divulgación se hace para los fines de una investigación o de actuaciones penales;

c)La divulgación se hace para los fines de una investigación o de una instancia efectuada en virtud de la presente ley;

d)La comunicación se hace a una persona u organización que brinda servicios de asistencia social en esta provincia o en otra jurisdicción del Canadá;

e)La información se proporciona a una persona o a un organismo para los fines de mantenerla en sistemas de información destinados a servir para la administración de la presente ley;

f)La comunicación consiste en un conjunto de información en que no se identifica a particulares; o

g)La comunicación, a juicio del Ministro, es esencial para la administración de la presente ley [...]

La Ley fue promulgada el 4 de agosto de 2003.

243.La Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Ley de libertad de información y protección de la vida privada ) entró en vigor en noviembre de 2002 para el Departamento y en noviembre de 2003 para las regiones sanitarias. La ley establece nuevas directrices para la utilización de los datos personales por parte del Gobierno. Contiene varias disposiciones importantes, a saber:

·Los organismos públicos sólo podrán recabar y utilizar datos personales para los fines autorizados por alguna ley; para los fines de la represión de infracciones o para la administración de programas o actividades;

·Deberá informarse obligatoriamente a las personas interesadas, en el momento de la recabación de información, acerca de la autorización para recabar dicha información, y sobre el uso que se le dará;

·En general, la información deberá recabarse directamente de la persona a quien se refiera;

·Podrá pedirse a una persona que consienta en la utilización de la información que le concierne para otros fines.

En esta ley también se abordan cuestiones relativas al intercambio de información y a la protección de la vida privada.

244.En relación con los procedimientos de identificación de los beneficiarios de la ayuda social, la Isla Prince Edward ni recurre al uso de las huellas dactilares o al scan retinal, ni tiene previsto hacerlo en un futuro cercano.

Artículo 24 - Derechos del niño

245.En junio de 1998 se puso en marcha la iniciativa de las comunidades más seguras, administrada por el Centro Nacional de Prevención del Delito, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Comunitaria y Prevención del Delito del Gobierno federal. Esta Estrategia está destinada a elaborar soluciones comunitarias para la delincuencia, con hincapié especial en los niños y los adolescentes, los aborígenes y las mujeres. La iniciativa de las comunidades más seguras consta de cuatro programas de financiación: el Fondo de Inversión para la prevención del delito, el Programa de Alianza para la prevención del delito, el Programa de movilización de las comunidades, y el Programa de Acción empresarial para la prevención del delito. En el marco del Programa de movilización de las comunidades, el Centro Nacional de Prevención del Delito ha depositado 345.280 dólares a título de contribución para la financiación de 27 proyectos de prevención del delito en la Isla Prince Edward.

Artículo 25 - Responsabilidad cívica y participación política

246.Los nuevos motivos prohibidos de discriminación que se añadieron a la Ley de derechos humanos de la Isla Prince Edward en 1998 abarcan el voluntariado, en particular en el marco de organizaciones políticas, y la calidad en miembro de organizaciones profesionales, comerciales, empresariales o sindicales.

NUEVA ESCOCIA

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

247.En 2003 se creó la Oficina de asuntos afroneoescoceses (Office of African Nova Scotian Affairs), en atención al informe final sobre las consultas realizadas en el seno de la comunidad afroneoescocesa (Final Report on Consultations with the African Nova Scotian Community), presentado en julio de 2001. En noviembre de 2003 se nombró a un Director Ejecutivo interino. El propósito de la Oficina es proporcionar servicios consultivos a los departamentos gubernamentales con el fin de ayudar a desarrollar y aplicar medidas legislativas, de política y programas que favorezcan la igualdad de oportunidades de los negros de Nueva Escocia. La Oficina ejerce al mismo tiempo las funciones de consejo consultivo y organismo público.

248.Nueva Escocia ha proporcionado fondos adicionales para la asistencia jurídica y ha negociado nuevos acuerdos para la financiación de dicha asistencia con el Gobierno federal.

249.El proyecto relativo a los litigantes que se representan a sí mismos (Self‑Represented Litigants Project) es una iniciativa importante de la División de Servicios Judiciales del Departamento de Justicia (Court Services Division, Department of Justice). El objetivo consiste en proporcionar a los litigantes que se representan a sí mismos servicios coordinados y accesibles que sean abordables y comprensibles. El programa desarrolla programas e instrumentos realistas para ayudar a los litigantes que se representan a sí mismos ante los tribunales administrados por la provincia. El programa mejorará los servicios judiciales actuales en materia de prácticas y los protocolos relativos a los litigantes y al personal que se representan a sí mismos, a fin de incrementar la eficacia de la administración y de las actuaciones judiciales en todos los tribunales administrados por la provincia.

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

250.En Nueva Escocia la proporción de mujeres que ocupan cargos electos sigue siendo muy baja. Para hacer frente a este problema, el Consejo Asesor de Nueva Escocia sobre la Condición de la Mujer ha organizado talleres para interesar a más mujeres por la vida política. Setenta y seis participantes de cinco regiones de la provincia evaluaron muy favorablemente estos talleres. Los planes de actividad de las mujeres aumentaron en cuatro ámbitos políticos: comunitario (aumento del 38%) municipal (aumento del 54%), provincial (aumento del 37%) y federal (37%). Como medida complementaria, el Consejo Asesor establecerá una escuela de campañas femeninas por medio de su popular publicación, recientemente revisada, Votos para la mujer: un manual político para la mujer de Nueva Escocia, que se publicará en el año fiscal 2003-2004.

251.En noviembre de 2001 se promulgó la Ley sobre la violencia en el hogar, que permite a las víctimas solicitar de los jueces de paz mandamientos provisionales que protejan su seguridad y su bienestar económico. Pueden imponerse mandamientos con efecto inmediato para garantizar la protección de la víctima. En los primeros 3 meses, 78 víctimas solicitaron tales mandamientos de los tribunales.

Artículo 6 - Derecho a la vida

252.En septiembre de 2002 los Gobiernos del Canadá y Nueva Escocia anunciaron un acuerdo para un Programa de vivienda asequible por valor de 37.260.000 dólares. En los próximos cinco años se crearán o renovarán 1.500 viviendas económicas en Nueva Escocia, con lo que más personas podrán acceder a esta clase de viviendas. Los fondos previstos en este acuerdo se emplearán en programas creados en la provincia para la construcción de viviendas de alquiler y de propiedad. Los fondos servirán también para la rehabilitación o conversión de viviendas ya existentes que corran peligro de desaparecer del fondo de vivienda.

253.En 1999 la Sociedad Metro Turning Point construyó un nuevo albergue para hombres sin hogar en la zona de Halifax. La Sociedad da refugio de noche, apoyo diurno y servicios de tutela a los hombres sin hogar. En las nuevas instalaciones hay espacio para diversas actividades y programas, que comprenden asesoramiento y apoyo, intervención en caso de crisis, una zona de recursos y servicios diurnos, servicios de extensión en la calle, control de medicación, gestión tutelada del dinero y apoyo en materia de vivienda, salud y cuestiones jurídicas. Apoyan y financian esta iniciativa el Departamento de servicios a la comunidad y la Municipalidad regional de Halifax.

254.La Ley de asistencia en materia de empleo e ingresos entró en vigor en agosto de 2001 para reemplazar un complejo sistema municipal y provincial de apoyo por un único sistema provincial que diera más apoyo para que las personas sean autosuficientes dentro de sus posibilidades. Se han mejorado el apoyo al empleo y la ayuda en los ingresos con más asignaciones para transportes y cuidado de los niños. El Programa de fomento del empleo y los ingresos es transparente y accesible.

Artículo 9 - Derecho a la libertad y a la seguridad personales

255.Se ha construido un nuevo centro de tratamiento en internación para niños y jóvenes con problemas emocionales y de comportamiento que precisen permanecer fuera del hogar. El tratamiento en internación es un programa que contribuye a estabilizar a los niños con problemas de comportamiento y emocionales para que puedan volver a sus comunidades de origen y familias. Se trata de una medida provisional, ya que los niños permanecen en el centro como máximo 90 días. El centro se construyó para que los niños y jóvenes estuvieran cerca de sus familias y comunidades de origen y no tuvieran que salir de la provincia. El centro pasará a ser parte de una serie de programas para niños y jóvenes que comprenden el tratamiento en internación, hogares de guarda, hogares para grupos, centros de tratamiento residencial y un programa de asesoramiento a los padres.

256.En abril de 2003 entró en vigor una nueva Ley federal de justicia penal de menores y de justicia provincial de menores por la que se modifica el trato de los delincuentes menores tanto en detención como bajo supervisión de la comunidad. También en abril de 2003, entraron en vigor en la provincia una nueva política, y procedimientos y programas para aplicar los requisitos de estos nuevos marcos legislativos. Habitualmente, en Nueva Escocia se someten cada año a los tribunales unos 3.000 casos que conciernan a menores de edad. La nueva legislación se basa en el principio de separar a los delincuentes menores de los adultos.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

257.En 2001 comenzó a funcionar un nuevo Centro correccional de Nueva Escocia, en el mismo emplazamiento del Hospital psiquiátrico forense de la costa oriental. El Centro correccional de 272 plazas, puede albergar a 48 mujeres recluidas en una dependencia distinta. Los elementos de alta seguridad comprenden patios de ejercicio cerrados, líneas de visión mejoradas y una estructura unicelular, lo cual proporciona un entorno más seguro y protegido.

258.El Hospital psiquiátrico forense de la costa oriental será un lugar de investigación y enseñanza, así como de tratamiento de personas con graves trastornos psiquiátricos. El hospital tendrá de dos dependencias de rehabilitación de 30 camas; una dependencia para delincuentes con desequilibrios mentales con 12 camas para tratamiento y 12 para peritajes judiciales; y 2 dependencias de tránsito de 7 camas. Asimismo, el Hospital llevará a cabo un programa comunitario de orientación y supervisión rigurosas para los pacientes reintegrados en la comunidad.

Programa de justicia restitutiva

259.El Programa de justicia restitutiva es una asociación entre el Gobierno y las comunidades para crear capacidades de justicia restitutiva en Nueva Escocia. El Programa se vale de los organismos de justicia de menores existentes para la aplicación de programas de justicia restitutiva. En septiembre de 2001, tras un período de prueba, el Programa se amplió a toda la provincia.

260.La justicia restitutiva da a los miembros de la comunidad una oportunidad de expresar sus sentimientos e inquietudes y rechazar el comportamiento del delincuente sin marginarlo. Permite también participar activamente en un proceso en el que los delincuentes deben responder por el daño causado a la víctima y a la comunidad y resarcirles por ello. Los programas restitutivos otorgan gran importancia al contacto directo entre víctimas, delincuentes y comunidad. Durante las entrevistas cada parte tiene ocasión de narrar el delito desde su punto de vista y expresar sus inquietudes y sentimientos. La entrevista ayuda a las partes a comprender el delito, a las otras partes y las medidas necesarias para subsanar el delito. La entrevista concluye con un acuerdo en el que se indica qué reparación va a dar el responsable, ya sea en forma de dinero, servicios a la víctima, servicios a la comunidad o cualquier otra cosa acordada en el proceso. Los términos del acuerdo se pueden personalizar según las circunstancias individuales del delincuente.

Artículo 14 - Derecho a un juicio imparcial

261.La Ley de reforma judicial y administrativa de 1996 establece en su artículo 23 que el cumplimiento de determinadas órdenes de una junta, tribunal o comisión puede imponerse del mismo modo que un fallo del Tribunal Supremo de Nueva Escocia.

Artículo 17 - Derecho a la intimidad

262.En octubre de 2002 el Consejo Asesor de Nueva Escocia sobre la condición de la mujer presentó un informe por solicitud del Departamento de Justicia del Canadá acerca de la tipificación del voyeurismo como delito en el Código Penal. Actualmente se usan nuevas tecnologías de exhibición, registro y distribución de material explícito para crear imágenes pornográficas sin consentimiento o ni siquiera conocimiento de la mujer afectada. El voyeurismo es también causa de preocupación porque se calcula que el 20% de quienes incurren en él cometen después agresiones sexuales. Por consiguiente, la recomendación del Consejo de que se tipifique el voyeurismo como delito en el Código Penal tiene, por objeto proteger a las víctimas de toda invasión que humille y explote su intimidad y prevenir otros actos delictivos como las agresiones sexuales.

Artículo 24 - Derechos del niño

263.Nueva Escocia ofrece a las familias de bajos ingresos una prestación por hijos integrada en la que se combinan en un solo pago mensual la prestación por hijos de Nueva Escocia y la deducción fiscal por hijos independientemente de que ya se perciba ayuda en los ingresos o un salario. Los habitantes de Nueva Escocia reciben en toda su cuantía la prestación nacional por hijos a que tienen derecho. El suplemento de la prestación nacional por hijos y la prestación por hijos de Nueva Escocia se introdujeron en 1998. En 2001 Nueva Escocia dejó de deducir el suplemento de la prestación nacional por hijos de los pagos de ayuda en los ingresos a las familias. Todas las familias con derecho a ello que presenten la declaración de ingresos perciben las prestaciones por hijos. Se han eliminado del Programa de ayuda en los ingresos las prestaciones por hijos, que se han sustituido por su combinación con la prestación nacional por hijos y los programas de prestaciones por hijos de Nueva Escocia. Actualmente las personas que reciben asistencia no deben preocuparse por la posibilidad de perder las prestaciones por hijos si dejan de estar amparados por el sistema tras haber entrado en el mercado de trabajo. Estas modificaciones se aplican también a los niños de familias trabajadoras de bajos ingresos, pues en el programa de prestación por hijos de Nueva Escocia quedan incluidas todas las familias con ingresos anuales de 20.921 dólares o menos.

264.Desde 2000, Nueva Escocia ha creado 190 plazas móviles de atención infantil subvencionadas. El sistema de plazas móviles permite a las familias elegir cualquier centro de atención infantil autorizado que proporcione servicios diurnos completos y que haya concertado un acuerdo con el Departamento de Servicios Comunitarios de Nueva Escocia. Las plazas se asignan a niños de hasta 12 años. Como las plazas de atención infantil móviles subsidiadas se asignan al niño y no al centro de atención infantil, si la familia se traslada dentro de la provincia el niño sigue teniendo derecho a esa plaza y al subsidio. La movilidad permite a los padres buscar trabajo fuera de su comunidad de origen sin perder su plaza de atención infantil subvencionada.

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

265.En 1991 se encargó al entonces Ministro de Educación, un francófono, que informara al Gabinete sobre las cuestiones relativas a los asuntos de Acadia. Desde entonces ha ocupado siempre el cargo un miembro francófono del Consejo Ejecutivo. En 1993 se nombró a un coordinador de los asuntos de Acadia cuyo mandato consiste en contribuir a prever, estimular y apoyar el desarrollo socioeconómico de la población acadia de Nueva Escocia. Sus principales funciones son consultar con los departamentos y organismos federales y provinciales, consultar con las instituciones, organizaciones y grupos comunitarios acadios, asesorar sobre políticas e iniciativas en el plano intergubernamental y facilitar servicios de apoyo.

266.En 1999, el Ministro de Justicia pasó a ser Ministro responsable de la Oficina de Asuntos de los Aborígenes. En 2000 el Viceministro encargado de esta Oficina fue sustituido por un Director General. El propósito y objetivo de la Oficina de Asuntos de los Aborígenes es facilitar y fomentar la coordinación del Gobierno en las cuestiones relativas a las poblaciones aborígenes, representar los intereses de Nueva Escocia en las iniciativas intergubernamentales, bilaterales y trilaterales y facilitar análisis en forma de investigaciones y asesoramiento normativo sobre los asuntos de los aborígenes.

NUEVA BRUNSWICK

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

267.La Ley de derechos humanos de Nueva Brunswick se enmendó por última vez en 1996 en aplicación de algunas de las recomendaciones de reforma procesal de la ley formulada en el estudio encargado por el Gobierno en 1989 bajo el título: Hacia una familia mundial: informe y recomendaciones sobre derechos humanos en Nueva Brunswick (el informe Ferris). Las recomendaciones se referían a tres cuestiones importantes:

·Se añadió un artículo a la ley por el que se permitía delegar las decisiones sobre denuncias sometidas a la Comisión de Derechos Humanos en su Director;

·Se introdujeron enmiendas por las que las juntas de investigación de derechos humanos podían solicitar el arbitraje de la Junta de trabajo y empleo;

·Se dio competencia a la Comisión de Derechos Humanos en las denuncias sometidas a las Juntas de Investigación.

268.La primera enmienda permite que las denuncias que queden solucionadas, que se retiren, que se abandonen o que claramente no recaigan en la jurisdicción de la Comisión sigan un trámite abreviado a nivel del Director. Las decisiones a este nivel están sujetas a revisión por la Comisión. En 1997 la Comisión adoptó una directriz pública sobre requisitos procesales en el ejercicio de la delegación de funciones. En noviembre de 2001 se enmendó la directriz para delegar también en el Director la facultad de desestimar denuncias claramente infundadas.

269.La segunda enmienda ha facilitado el nombramiento de juntas de investigación. Si a principios del decenio de 1990 hubo varios años en que no se sometieron denunciar una Junta de Investigación, desde las enmiendas de 1996 el número de asuntos sometidos a las juntas ha aumentado constantemente. Estas dos primeras enmiendas y las prácticas administrativas con ellas relacionadas han reducido enormemente el tiempo necesario para tramitar las denuncias y han mejorado el acceso al mecanismo supervisor de la Comisión.

270.La última enmienda, introducida en 1996, otorga competencia a la Comisión en las denuncias sometidas a las juntas y confirma la posición independiente de la Comisión como defensora del interés público al velar por que no se viole la ley. Aunque la Comisión no tiene competencia para presentar denuncias por propia iniciativa, su condición privilegiada como parte de las juntas competentes en un caso subraya el compromiso de los poderes públicos ante la defensa de los derechos humanos. Por otra parte, dado que la Comisión suele participar como parte de pleno derecho en los procedimientos de una Junta por mediación de su consejero, a menudo los demandantes confían su caso al consejero de la Comisión. Al carecer los demandantes de asistencia jurídica, la función reforzada de la Comisión en las juntas es también un elemento importante que garantiza el acceso a la justicia.

271.La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Brunswick se estableció también con el objetivo de educar a la opinión pública sobre sus derechos, fomentar el principio de la igualdad y tramitar e intentar resolver las denuncias de discriminación en varios sectores: empleo, servicios, alojamiento e instalaciones, compra o alquiler de bienes inmuebles, publicación de letreros, símbolos o representaciones o afiliación a asociaciones mercantiles, empresariales o profesionales. Aproximadamente el 75% de las denuncias recibidas provienen del sector del empleo. En los últimos diez años, las denuncias relacionadas con discapacidades físicas y mentales han reemplazado a las relativas a discriminación por género o acoso sexual como causa más frecuente de las denuncias sometidas a la Comisión.

272.La Comisión de Derechos Humanos tiene entre su personal tres funcionarios de educación encargados de informar y educar a la opinión pública de Nueva Brunswick sobre la Ley de derechos humanos y los derechos humanos en general. La estrategia adoptada por la Comisión es concentrarse cada año en esferas prioritarias de sensibilización. Las prioridades más recientes son el deber de los empleadores de contratar a personas discapacitadas y el interés de las empresas en promover los derechos humanos en general. La Comisión facilita también información a las escuelas y los maestros de toda la provincia. Quienes acuden a la Comisión con quejas o preguntas obtienen información sobre sus derechos con arreglo a la ley y sobre el procedimiento oficial de denuncia.

273.Además de los cambios legislativos reseñados anteriormente, la Comisión ha modificado también su práctica en lo relativo a las cuantías recomendadas para indemnizar por los daños morales o generales causados por casos de discriminación. Hasta 2001 las indemnizaciones por daños generales que pedía la Comisión en casos de discriminación con arreglo a su directriz interna sobre recursos fluctuaban entre los 2.000 y los 10.000 dólares. Aunque en Nueva Brunswick nunca haya habido un límite máximo para las indemnizaciones monetarias de esta naturaleza en otras jurisdicciones mayores del Canadá, sí existe, lo que ha tenido un efecto moderador en la jurisprudencia. Las indemnizaciones otorgadas por tribunales de derechos humanos en jurisdicciones en las que la legislación no establecía un límite tendían a aplicar la jurisprudencia, bien establecida, de jurisdicciones en que sí se limitaban las indemnizaciones. Aunque en el último decenio estos límites legislativos se han suprimido o bien se han hecho considerablemente más amplios, ya por vía legislativa o mediante interpretación judicial, las indemnizaciones recientemente otorgadas aún no reflejan plenamente esta evolución de la legislación y la jurisprudencia.

274.En Nueva Brunswick todos pueden acceder a los tribunales en pie de igualdad. Todos los ciudadanos e inmigrantes desembarcados cualificados pueden acceder a la asistencia letrada, sin que se tenga en cuenta su raza, su etnia o su cultura.

275.Los cadetes de policía reciben cierta formación en derechos humanos durante su programa básico de capacitación de seis meses. Los agentes de policía en servicio pueden recibir una formación similar en cursos de perfeccionamiento a lo largo de su carrera.

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

276.En Nueva Brunswick, en 2003, todas las mujeres que eran miembros electos del Gobierno (5) ocupaban carteras en el Gabinete: Oficina de recursos humanos; Departamentos de capacitación y desarrollo del empleo (encargado también de la Condición de la mujer); Enseñanza; Medio ambiente y administración local; turismo y parques. Las mujeres representan ahora el 28% del Gabinete de la provincia.

277.En la actualidad el 31% de los abogados de Nueva Brunswick son mujeres. Sin embargo, esta situación está cambiando, puesto que cada vez hay más mujeres que optan por los estudios y las carreras de derecho. Los abogados de más experiencia son hombres en su mayoría: tan sólo el 6% de abogados con más de 25 años de experiencia son mujeres, y sólo son mujeres el 18% de los abogados con 20 a 25 años de experiencia. El 37% de los abogados con 10 a 20 años de experiencia son mujeres y el 38% en el caso de los abogados con 5 a 10 años de experiencia. Sin embargo, exactamente el 50% de los abogados con menos de 5 años de experiencia son mujeres.

278.Estas estadísticas se reflejan en los nombramientos judiciales. Pueden solicitar un nombramiento todos los abogados que hayan ejercido más de diez años. En la actualidad, sólo el 23% de los aspirantes son mujeres. Es significativo que aunque los abogados puedan solicitar un nombramiento tras 10 años de práctica, muy pocos presenten una solicitud antes de haber completado 20 años de práctica (el 38% de las candidatas y el 18,6% de los candidatos tienen menos de 20% de experiencia), y, como se ha señalado, el grupo de abogados con más de 20 años de experiencia está compuesto mayoritariamente por hombres.

279.No obstante, tres de los nueve últimos jueces nombrados al tribunal provincial (el 33%) son mujeres, con lo que se supera la proporción de posibles candidatas. En 2003 la provincia nombró por primera vez a una mujer al cargo de Vicepresidente del Tribunal. En la actualidad, de los 27 jueces, 4 son mujeres (14,8%).

280.En 2002 el Gobierno de Nueva Brunswick estableció una Dependencia de asuntos de la mujer en la Oficina del Consejo Ejecutivo. La Dependencia asesora al Ministro responsable de la condición de la mujer, coordina el Plan de acción trienal del Gobierno sobre la violencia contra la mujer, apoya la mesa redonda sobre las diferencias salariales y lleva a cabo análisis desde una perspectiva de género de cualquier programa, política o cambio legislativo sometido al Gobierno.

281.En 2002 Nueva Brunswick organizó una mesa redonda sobre las diferencias salariales, que presentó su informe final al Gobierno en diciembre de 2003. El informe muestra la complejidad de las diferencias salariales y la necesidad de adoptar soluciones interactivas. Por otra parte, el informe no consideraba demostrado que el problema de las diferencias salariales pudiera resolverse mediante legislación y prácticas de igualdad salarial, por lo que pedía al Gobierno que se ocupara de las causas subyacentes y de los factores que contribuían al problema. El Gobierno tiene previsto tomar medidas en relación con este informe.

282.La legislación en materia de normas de empleo de Nueva Brunswick reconoce el derecho a igual remuneración por igual trabajo. La Ley de derechos humanos de Nueva Brunswick contiene disposiciones sobre la discriminación de género en el empleo que permiten la presentación de denuncias de particulares sobre igualdad de remuneración. Sin embargo, se han elevado relativamente pocas quejas de esta clase a la Comisión de Derechos Humanos.

283.La Comisión ha recibido e investigado varias denuncias de discriminación de género en relación con el embarazo desde que se ampliaron las prestaciones por maternidad y licencia para los padres previstas en la legislación federal del seguro de empleo. La Comisión, preocupada por la persistencia de la discriminación de género en esta esfera, está preparando actualmente unas directrices para la sensibilización de la opinión pública y el fomento de los derechos humanos en este ámbito. Puede obtenerse información más detallada sobre las iniciativas adoptadas en Nueva Brunswick para proteger la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el quinto informe periódico presentado por el Canadá en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que puede consultarse en este sitio de Internet: www.canadianheritage.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/cedaw5/cedaw5part2_e.pdf.

284.Desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Brunswick no ha recibido denuncias de discriminación contra mujeres de origen árabe o musulmán por razón del género o sus prácticas religiosas. En general, tampoco han aumentado las denuncias por cuestiones raciales desde esa fecha.

Artículo 4 - Disposiciones de suspensión de derechos

285.Con arreglo a la Ley de medidas de emergencia de Nueva Brunswick, el Ministro de Seguridad Pública puede declarar el estado de emergencia. Del mismo modo, un municipio puede declarar un estado de emergencia local. Al declarar el estado de emergencia o de emergencia local, el Ministro o el municipio, según proceda, puede hacer todo cuanto sea necesario para proteger los bienes, el medio ambiente y la salud o seguridad de las personas. El reglamento de asistencia a los municipios en caso de catástrofe, previsto en la ley, reglamenta la asistencia, gratuita o no, de la provincia a los municipios. La ley detalla claramente qué puede ocurrir cuando se declara el estado de emergencia y prevé medidas de control para el mantenimiento y la supresión del estado de emergencia.

286.Aunque una declaración del estado de emergencia pueda incidir simultáneamente en diversos derechos, hay que enumerar cada uno de ellos e informar al respeto a la población afectada. Asimismo, la declaración de un estado de emergencia tiene límites geográficos y espaciales, y queda revocada automáticamente si no se prorroga.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

287.En cumplimiento del artículo 84 de la Ley federal de justicia penal de menores, la política de la División de servicios comunitarios y penitenciarios del Departamento de Seguridad Pública consiste en recluir a los jóvenes separados de los adultos detenidos o que cumplan condena. Los procedimientos que deben seguirse se enumeran en la Política y procedimientos institucionales para jóvenes (2002) y en la Política y procedimientos de los servicios institucionales (2001) de la División.

Programas de reinserción y educación para personas detenidas

288.Los programas de reinserción y educación dependen de la condena, de la cárcel, de la clasificación del recluso y de sus preferencias. Los reos pueden optar por distintos programas según el centro penitenciario y la duración de la condena. La planificación de los programas es una responsabilidad compartida entre el recluso y el comité de clasificación. La mayoría de centros penitenciarios ofrecen programas educativos de perfeccionamiento, de equiparación con los estudios secundarios y cursos por correspondencia, así como pequeños programas sobre el uso de bibliotecas y actividades recreativas. Hay también visitas periódicas de grupos religiosos y de otros organismos de apoyo comunitario como Alcohólicos Anónimos, la Sociedad John Howard, la Sociedad Elizabeth Fry y el Centro Coverdale.

	Saint John	Moncton	Madawaska	Dalhousie
Alcohólicos Anónimos	X	X	X	X
Toxicómanos Anónimos	X	X	X	X
Jugadores Anónimos
Enseñanza general	X	X	X	X
Alfabetización	X		X
Informática			X
OSAP (Programa para presos toxicómanos)				X
ADAPT (Corrección de comportamientos destructivos)	X		X
Control de la agresividad	X	X	X
Cocina	X	X	X	X
Carpintería	X		X
Mantenimiento			X	X
Actividades recreativas	X	X	X	X
Arte	X
Servicios religiosos	X	X	X	X
Estudio de la Biblia	X		X
Programa de trabajo comunitario	X		X

Medidas específicas para las mujeres

289.El Gobierno de Nueva Brunswick ofrece a las reclusas programas de autoestima, formación para la vida cotidiana, control de la agresividad y desintoxicación.

Artículo 18 - Libertad de pensamiento, conciencia y religión

290.La Ley de educación, aprobada el 28 de febrero de 1997, establece un único sistema educativo público desde el jardín de infancia hasta el grado 12.

291.El párrafo 2 del artículo 2 de la Ley de educación establece que todas las escuelas creadas con arreglo a esta ley serán aconfesionales.

292.El inciso c) del párrafo 1 del artículo 16 de la Ley establece que no se impondrá medida alguna al alumno que no asista a la escuela en un día considerado sagrado por la iglesia o denominación religiosa a que pertenezca el niño o sus padres.

293.En julio de 2001 se revisó la política de licencia por motivos religiosos o étnicos. El Departamento de Educación respeta las diferencias entre sus empleados y sus creencias, y reconoce el principio fundamental de que todas las personas son iguales en su dignidad y derechos humanos. Previa solicitud, se puede otorgar a un empleado una licencia por razones religiosas o étnicas, incluso para observar fiestas religiosas. El Departamento de Educación procura crear un entorno laboral y pedagógico positivo y sin discriminación de clase alguna para todos sus empleados y los alumnos.

Artículo 26 - Igualdad ante la ley

294.La Ley de derechos humanos de Nueva Brunswick prohíbe expresamente la discriminación por 12 razones, a saber, la raza, el color, la religión, el origen nacional, la ascendencia, el lugar de origen, la edad, la discapacidad física, la discapacidad mental, el estado civil, la orientación sexual o el género.

295.En 1998, el Tribunal Supremo del Canadá dictaminó que la legislación en materia de derechos humanos está sujeta a la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. Dado que la lista de motivos de discriminación enumerada en la Carta no es exhaustiva, los códigos legislativos de derechos humanos para el logro de la igualdad de oportunidades deberán interpretarse teniendo en cuenta su intención y de manera no restrictiva.

296.En el último decenio, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Brunswick ha seguido siendo el principal mecanismo de que disponen los habitantes de la provincia para la defensa de la igualdad de derechos amparada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Más recientemente, y en particular tras la adopción de un criterio similar de interpretación según la intención de los derechos de igualdad consagrados en la Carta de Derechos y Libertades del Canadá, la Comisión ha procurado desempeñar su labor de defensa de la igualdad de oportunidades en Nueva Brunswick de manera compatible con todos los derechos protegidos por el Pacto y su instrumento paralelo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

297.La Comisión sigue aprobando las propuestas de programas especiales para reducir los obstáculos al empleo en sectores en que tradicionalmente hay una presencia insuficiente de varios segmentos de la fuerza de trabajo. La experiencia de la Comisión ha demostrado que los empleadores del sector público recurren con más frecuencia que los del sector privado al proceso de aprobación de programas especiales previsto en el artículo 13 de la Ley. Recientemente, la Comisión ha renunciado a su práctica de insistir en la aprobación de todos estos programas. A la luz del párrafo 2 del artículo 15 de la Carta, una interpretación según la intención de la ley indica que esta disposición debe entenderse como posibilidad más que obligación, por lo que los recursos para examinar la aprobación de planes pueden destinarse ahora a fomentar la adopción voluntaria de esos programas en el sector privado.

298.Desde el último informe presentado por el Canadá en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Brunswick ha adoptado una interpretación por la que puede entenderse que los motivos de discriminación por ascendencia y origen nacional comprenden también el idioma. Por consiguiente, la Comisión ha investigado y aceptado o desestimado tales quejas. Sin embargo, por el momento no ha habido fallo judicial alguno respecto de la reclamación de jurisdicción de la Comisión en estas cuestiones.

299.Desde 1995 hasta la fecha, la Comisión ha formulado también varias directrices oficiales para asesorar a los empleadores y proveedores de servicios sobre sus obligaciones con arreglo a la ley y la interpretación que hace la Comisión de tales obligaciones, así como para estructurar de manera clara y facilitar a todas las partes interesadas el proceso de denuncia. Las directrices comprenden:

·Directrices sobre la divulgación de información en procesos penales;

·Directriz sobre privilegios y la Comisión de Derechos Humanos;

·Criterios generales para la investigación de denuncias por discriminación en relación con el VIH/SIDA;

·Directriz sobre la prórroga de plazos para la presentación de denuncias;

·Directriz sobre las funciones de delegación con arreglo a la Ley de derechos humanos;

·Directriz sobre el otorgamiento de recursos con arreglo a la Ley de derechos humanos de Nueva Brunswick;

·Directriz sobre la cualificación profesional bona fide y la cualificación bona fide y el deber de dar empleo;

·Directriz sobre pruebas de toxicomanía y alcoholismo en el lugar de trabajo.

300.Otras directrices que actualmente se están formulando o existen en forma de borrador se ocupan de aspectos más sustantivos de la aplicación de la ley:

·Discriminación en el sector de la vivienda;

·Aceptación de las discapacidades físicas y mentales en el lugar de trabajo;

·Discriminación relacionada con el embarazo;

·Discriminación e idioma;

·Códigos de aseo y vestimenta;

·Discriminación y jubilación obligatoria;

·Discriminación por orientación sexual.

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

301.La provincia de Nueva Brunswick es una jurisdicción oficialmente bilingüe con una considerable minoría francófona y una mayoría anglófona. En los dos últimos años la provincia también ha iniciado una importante reforma de la Ley de idiomas oficiales, por la que se ha establecido el cargo de Comisionado para los idiomas oficiales y se ha ampliado el ámbito de la ley a los gobiernos municipales y terceros a quienes se encarguen servicios públicos. Las reformas legislativas garantizan de manera más convincente el derecho a ser escuchado por un tribunal en el idioma oficial que se prefiera siempre que éste pueda entender a las partes sin necesidad de intérpretes.

QUEBEC

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

302.En 1995 se enmendó la Carta de Derechos Humanos y Libertades (la Carta) (R.S.Q., c. C‑12), de manera que la Comisión de Derechos Humanos, denominada ahora Comisión de Derechos Humanos y de la Juventud quedaba también facultada para proteger los intereses del niño reconocidos en la Ley de protección de la juventud (R.S.Q., c. P‑34.1). En 2000, se pidió también a la Comisión que aplicara la Ley de igualdad de empleo en los organismos públicos (R.S.Q., c. A‑2.01).

303.Entre el 1º de enero de 1995 y el 30 de septiembre de 2003, la Comisión instruyó 8.127 causas indagatorias como parte de su mandato de investigación con arreglo a la Carta. De estas causas, 96 fueron abiertas por iniciativa de la Comisión, que intervino también en varios casos relacionados con los derechos del niño. En esta capacidad, entre enero de 1996 y el 30 de septiembre de 2003, autorizó 1.233 investigaciones, 98 de las cuales se habían abierto por iniciativa suya.

304.En cuanto a los litigios, entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de marzo de 2003, la Comisión presentó 384 demandas, 364 de las cuales guardaban relación con la aplicación de la Carta y 20 eran peticiones con arreglo a la Ley de protección de los jóvenes. En el mismo período, se emitieron 284 dictámenes con arreglo a la Carta, 21 de los cuales estaban relacionados con la aplicación de la Ley de protección de los jóvenes.

305.En cuanto a la educación y la información sobre los derechos amparados por la Carta y los derechos del niño, cabe señalar que la Comisión ha publicado varios documentos, entre otros, La explotación de los ancianos: hacia una red de seguridad mejor, publicado en 2001, y Los pueblos aborígenes: mitos y realidades, un material didáctico publicado en 2002. En 2003, la Comisión publicó una revisión de los primeros 25 años de aplicación de la Carta de Derechos Humanos y Libertades. En el documento se formulan 25 recomendaciones para modificar la Carta y aumentar su importancia y repercusión, así como mejorar la función de las instituciones relacionadas con ella.

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

306.En 1997 Quebec comenzó a aplicar un método integrado de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Estas iniciativas, de las que son responsables conjuntamente el Ministerio del Consejo Ejecutivo, la Secretaría del Consejo del Tesoro y la Secretaría de la condición de la mujer, están concebidas para introducir gradualmente en el Gobierno de Quebec un proceso para revisar sistemáticamente cómo se distingue entre hombres y mujeres al crear legislación, políticas, planes y programas.

307.En 1995, la Asamblea aprobó la Ley para facilitar el pago de la manutención (R.S.Q. c. P‑2.2). Esta ley establece los procedimientos para el pago de manutención, otorgada generalmente a las mujeres, y prevé medidas para su cumplimiento. Desde que entró en vigor la ley, ha aumentado del 45 al 79%, el porcentaje de pensiones de manutención pagadas en su totalidad y puntualmente.

308.En 2002, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de lucha contra la pobreza y la exclusión social (R. S. Q. c. L‑7), cuyo objetivo es orientar al Gobierno y a la sociedad de Quebec en un proceso de planificación y aplicación para luchar contra la pobreza, prevenir sus causas, reducir sus efectos en las personas y las familias, hacer frente a la exclusión social y trabajar por un Quebec sin pobreza. Para ello, la ley establece la obligación de presentar un plan de acción y crea una estrategia nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión social, así como un Fondo de Quebec para financiar iniciativas sociales. Este fondo sustituye al Fondo de lucha contra la pobreza mediante la reinserción laboral que se había establecido en 1997.

309.La Asamblea Nacional aprobó en 1996 la Ley de equidad de remuneración (R. S. Q. c. E‑12.001), cuyo objetivo es corregir las diferencias salariales que causa la discriminación de género sistémica y afectan a personas con puestos de trabajo en categorías laborales predominantemente femeninas.

310.En 1997, se adoptaron medidas legislativas para alentar la mediación en las causas familiares (Ley para la institución en el marco del Código de Procedimiento Civil de la mediación prejudicial en casos de Derecho de la familia e introducir enmiendas en otras disposiciones del Código (S.Q. 1997 c. 42)).

311.La Asamblea Nacional adoptó en 2000 la Ley de igualdad de empleo en los organismos públicos (R.S.Q. c. A‑2.01), por la que se establece un marco especial de fomento de la igualdad de empleo para las mujeres, la población aborigen, las personas que pertenecen a minorías visibles y personas cuyo idioma materno no sea ni el francés ni el inglés y pertenezcan a grupos que no constituyan poblaciones aborígenes o grupos de minorías visibles.

Artículo 6 - Derecho a la vida

312.En 2001, el Ministerio de Salud y Servicios Sociales publicó el documento titulado Por un enfoque pragmático de la prevención de la toxicomanía - Orientaciones, ejes de intervención y medidas y la aplicación de ese enfoque sigue en curso. En el documento se propone, entre otras cosas, equipar mejor a los profesionales de la salud para mejorar la detección y el tratamiento en las diferentes situaciones relacionadas con el uso indebido de sustancias psicotrópicas, en particular el síndrome de alcoholismo fetal y los efectos del alcohol sobre el feto. En el caso del síndrome de alcoholismo fetal, se han introducido medidas especiales en las regiones con comunidades aborígenes. Se ha creado recientemente un nuevo programa de información y prevención destinado a la población escolar del pueblo cree, en Quebec septentrional. Esa iniciativa se financia conjuntamente con el Gobierno Federal.

313.En 1998, Quebec aprobó la Estrategia para prevenir el suicido: una ayuda a la vida. Desde su puesta en marcha, la tasa de suicidios parece haberse estabilizado. Actualmente se está procurando actualizar esa estrategia, especialmente para definir nuevos objetivos, cuyos resultados se podrán medir en 2008. En cuanto a la tasa de suicidios de la nación cree, cabe señalar que es comparable a la observada en el resto del país. En esa región, la prevención del suicidio forma parte de los programas periódicos de prevención ofrecidos por las 9 clínicas de las aldeas del territorio cree de James Bay. El suicidio es una gran preocupación en Nunavik, cuya tasa es la más elevada de todo el Canadá. Con fondos especiales del Ministerio de Salud y Servicios Sociales de Quebec, se está creando en el territorio una red de 14 centros juveniles para luchar contra la angustia social y el suicidio entre la juventud inuit.

314.En cuanto a la prevención de los embarazos no deseados, en 1996 se publicaron las directrices departamentales sobre la planificación de la familia. En todo Quebec se ofrecen servicios de planificación de la familia para el público. Algunos de esos servicios se prestan en centros de servicios comunitarios locales, mientras que otros se prestan en hospitales. Desde 2002, el acceso de las mujeres de Quebec a los anticonceptivos orales de emergencia ha mejorado como consecuencia de una decisión del Ministerio de Salud y Servicios Sociales. Esa medida de salud pública se introdujo principalmente para reducir los embarazos no deseados en el grupo de edad de 15 a 24 años.

Artículo 7 - Protección contra la tortura

315.En 2000, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de la policía (R.S.Q., c. P-13.1). Esa ley permite, en particular, exigir responsabilidades a la policía por las denuncias de prácticas corruptas, ya sean violaciones del Código Ético, la disciplina interna o el Código Penal.

316.El empeño conjunto del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y las fuerzas del orden público para controlar estrictamente las actividades de la policía relacionadas con el público se expresa en la Guía de prácticas policiales. En 1995, el MSP examinó la capacitación prestada a los empleados de los centros de detención con respecto a las técnicas de intervención física. El propósito de esa capacitación es proteger al personal y a los reclusos mediante las técnicas de intervención adecuadas.

317.En cuanto a las actividades de investigación, con arreglo a las disposiciones del Código Civil, el Ministerio de Salud y Servicios Sociales publicó en 1998 el Plan de acción ministerial sobre la ética en la investigación y la integridad científica. Ese plan de acción se basa en el concepto de que cumplir normas rigurosas de integridad y ética en la investigación es beneficioso para esa actividad. Por ejemplo, todos los proyectos de investigación relacionados con personas deben ser aprobados previamente por una junta ética de investigación.

318.En 1998, el poder legislativo de Quebec modificó el artículo 21 del Código Civil de Quebec con respecto a la investigación médica (S.Q. 1998, c. 32). Esa modificación permite que, si una persona mayor de edad pierde repentinamente la capacidad para dar su consentimiento, su cónyuge o, en los casos en que éste no pueda, un pariente cercano o una persona con un interés específico en esa persona pueden consentir un experimento que, en la medida en que tenga que llevarse a cabo rápidamente, no permita, por falta de tiempo, la designación de un representante jurídico. Además, ningún menor de edad ni ningún adulto que no sea capaz de dar su consentimiento pueden ser objeto de un experimento que entrañe un peligro grave para su salud o si el interesado, comprendiendo el carácter y las consecuencias del experimento, se niega.

319.Entre enero de 1995 y septiembre de 2003, la Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud (CDPDJ) recibió 236 llamadas en relación con medidas disciplinarias adoptadas contra niños detenidos en relación con la Ley de protección de los jóvenes o la Ley de la justicia penal de menores. Se adoptaron conclusiones sobre la investigación de 134 de esos casos.

320.Además, en 1998, la CDPDJ emitió un dictamen sobre la supervisión intensiva de los niños colocados en centros de rehabilitación con arreglo a la Ley de protección de los jóvenes.

Artículo 8 - Protección contra la esclavitud y el trabajo forzoso

321.El 10 de octubre de 2001, el Gobierno de Quebec emitió un Decreto‑ley por el que consentía en obligarse por el Convenio Nº29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso, de 1930. Con anterioridad se habían preparado estudios de conformidad y oportunidad con todos los departamentos y organismos de Quebec. De ese modo, Quebec demostró su claro deseo de obligarse por los instrumentos internacionales relativos a la protección de la infancia, la mujer, los inmigrantes y los refugiados contra la esclavitud y el trabajo forzoso.

Artículo 9 - Derecho a la libertad y a la seguridad personales

322.A finales de 1997 se aprobó la Ley de protección de las personas cuyo estado mental presenta un peligro para sí mismas o para otras personas(R.S.Q., c. P-38.001), una reforma de la anterior Ley de protección de las personas con enfermedades mentales. La ley, cuyo propósito principal es la protección y el respeto de los derechos, garantiza, entre otras cosas, que la persona afectada y su familia reciban información completa sobre el ingreso en una institución.

323.La nueva ley establece las normas que rigen la reclusión de las personas cuyo estado mental presenta un peligro para sí mismas o para otras personas. Se ocupa también de la reclusión temporal ordenada por los tribunales con el fin de realizar un examen psiquiátrico y establece, en los casos urgentes, que una persona puede ser recluida sin la autorización de los tribunales si existe un peligro grave e inminente para su salud o la de otras personas.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

324.En 2002, la Asamblea Nacional de Quebec aprobó la Ley del sistema penitenciario de Quebec(R.S.Q., c. S-40.1). Esa ley, cuya fecha de entrada en vigor no ha sido fijada, reafirma claramente que la reintegración social es el principio fundamental de las medidas adoptadas por los participantes en el sistema penitenciario. Además, la ley define las funciones de los participantes y establece las diversas responsabilidades del sistema penitenciario para con los reclusos.

325.Desde noviembre de 2002, el MSP viene preparando procedimientos para realizar comparecencias telefónicas durante los fines de semana y días feriados. Esos procedimientos permitirían que las personas detenidas comparecieran lo antes posible ante un juez de paz, quien decidiría sobre su puesta en libertad provisional o su ingreso en prisión preventiva en espera de juicio. Así, la decisión de poner en prisión preventiva a una persona tras ser detenida sería adoptada por un juez.

326.Además, desde 1995, el MSP viene ejecutando un programa de orientación y capacitación para los nuevos funcionarios de los servicios penitenciarios. Ese programa obligatorio aumenta la sensibilización de los funcionarios hacia los derechos de los reclusos y se suministra antes de que los funcionarios se incorporen al servicio.

Artículo 12 - Derechos de libre circulación

327.Antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre el Comercio Interno en diciembre de 1994, el Gobierno de Quebec confirmó su intención de respetar los compromisos y obligaciones contraídos en los acuerdos comerciales del Canadá. Desde entonces, el Gobierno ha velado por el cumplimiento de sus obligaciones adoptando las modificaciones normativas necesarias. La Ley de aplicación del Acuerdo sobre el Comercio Interno (R.S.Q., c. M-35.1.1) fue aprobada en 1997. El Acuerdo sobre el Comercio Interno define en primer lugar los principios generales de los mercados abiertos, que se basan en la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales.

328.Asimismo, con respecto a la movilidad de los trabajadores, se derogaron los requisitos residenciales de la legislación laboral para permitir que los trabajadores procedentes de otras provincias pudieran pertenecer a los colegios profesionales de Quebec.

Artículo 14 - Derecho a un juicio imparcial

329.El 16 de diciembre de 1996 se aprobó la Ley de la justicia administrativa (R.S.Q., c. J-3). El propósito de la ley es afirmar el carácter específico de la justicia administrativa, velar por su calidad, rapidez y accesibilidad y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La ley establece las normas generales de procedimiento aplicables a todas las decisiones adoptadas con respecto a un ciudadano. Esas normas de procedimiento difieren en función de si la decisión pertinente se adopta en el ejercicio de una función administrativa o decisoria, y, de ser necesario, se complementan con normas especiales establecidas por la ley o bajo su autoridad. La ley instituye también el Tribunal Administrativo de Quebec y el Consejo de la Justicia Administrativa y establece disposiciones sobre los miembros del Tribunal Administrativo con respecto a su selección y nombramiento, la duración y la renovación de sus mandatos, su remuneración y otras condiciones laborales y el cese prematuro de sus funciones.

330.La Ley de aplicación de la Ley de la justicia administrativa (S.Q. 1997, c. 43), aprobada el 19 de junio de 1997, introduce modificaciones a la Ley de la Comisión de la Viviendapara que las normas que rigen la contratación, selección, nombramiento, renovación y revocación y las normas éticas comprendidas en la Ley de la justicia administrativa y aplicables a los miembros del Tribunal Administrativo de Quebec sean aplicables también a los miembros de la Comisión de la Vivienda. La ley establece también el principio transitorio de que la nueva ley se aplicará inmediatamente y prevé normas transitorias para los miembros de los órganos incorporados en el Tribunal Administrativo, así como los miembros de la Comisión de Vivienda y de la Comisión de Lesiones Profesionales. La ley fue modificada en 2002 para otorgar más independencia a los miembros del Tribunal Administrativo de Quebec, la Comisión de Lesiones Profesionales, la Comisión de la Vivienda y la Comisión de Relaciones Laborales, en particular con respecto a la renovación de sus mandatos y su remuneración (S.Q. 2002, c. 22).

331.La Ley de los tribunales municipales (R.S.Q., c. C-72.01) fue modificada tres veces durante el período de que se ocupa este informe, a saber:

·La primera vez fue en 1998 con el fin de crear el cargo de Juez Principal de los tribunales municipales, cuyas funciones incluían formular, en colaboración con los jueces municipales, políticas generales aplicables a los jueces municipales y garantizar la observancia de la ética judicial (L.Q.1998, c. 30). Esa función fue creada para aumentar la coherencia en la administración de los tribunales municipales.

·En 2000, la Ley de reforma de la organización territorial municipal de las regiones metropolitanas de Montreal, Quebec y Outaouais mantuvo el estatuto de los tribunales municipales y sus jueces, aunque algunos de los tribunales fueron suprimidos cuando los municipios a los que correspondían se fusionaron con otros (S.Q. 2000, c. 56, arts. 234 a 246).

·Por último, en 2002, la Ley de reforma de la Ley de los tribunales municipales, de la Ley de los tribunales de justicia y de otras disposiciones legislativas (S.Q. 2002, c. 21) sometió todos los tribunales municipales de Quebec a la Ley de los tribunales municipales y examinó la estructura de las funciones administrativas en los tribunales. La ley establece el propósito de la Ley de los tribunales municipales, a saber, administrar justicia en todas las comunidades de Quebec, facilitando así el acceso de los ciudadanos al sistema de justicia.

332.En 2002, para facilitar el acceso a los tribunales y reducir el número de casos atrasados del sistema judicial, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de reforma del Código de Procedimiento Civil (S.Q. 2002, c. 7). La ley establece lo siguiente:

·Un procedimiento único y simplificado con un plazo perentorio de 180 días para la inscripción de una causa para su instrucción y audiencia;

·La introducción de la tramitación de las causas en las causas más complejas;

·Conversaciones de arreglo en las causas civiles y mercantiles en los niveles de juicio y apelación;

·La introducción de la mediación en el tribunal de pequeñas demandas;

·La asistencia del secretario judicial en la ejecución de las pequeñas demandas;

·La simplificación de los procedimientos en las acciones representativas;

·El aumento de la función del tribunal en la tramitación de los casos;

·Las partes pueden convenir el calendario del proceso.

333.El Tribunal de Apelación de Quebec falló en Quebec (Ministro de Justicia) c. Canadá (Ministro de Justicia), [2003] R.J.Q. 1118 (C.A.) que algunas disposiciones de la Ley de la justicia penal de menores violaban injustamente los derechos de los menores recogidos en los artículos 1 y 7 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. De hecho, algunos artículos imponían a los menores la carga de justificar el mantenimiento de la prohibición de publicar su identidad después de un delito en lugar de imponer al fiscal la carga de justificar la retirada de la prohibición. El Tribunal de Apelación afirmó que el principio de confidencialidad era el eje fundamental del sistema de justicia penal de menores porque aumentaba al máximo las probabilidades de rehabilitación de los menores declarados culpables de algún delito.

334.Además, el Tribunal de Apelación estimó que la presunción de una pena de adultos para los menores de 14 o más años de edad por la comisión de determinados delitos era contraria al artículo 7 y no se podía justificar con arreglo al artículo 1 de la Carta del Canadá. Esa presunción imponía a los menores la carga de demostrar que se les debía aplicar una pena determinada en lugar de la pena aplicada a los adultos y no imponía al fiscal la carga de justificar la aplicación de una pena para adultos por circunstancias excepcionales. Así, el Tribunal confirmó el principio de que a los menores de edad sólo se les podía aplicar la misma pena que a los adultos en circunstancias excepcionales y de que el fiscal tenía la carga de convencer al tribunal de la justificación de esa pena.

Artículo 17 - Derecho a la intimidad

335.En mayo de 1999, el Gobierno de Quebec aprobó un plan de acción sobre la protección de la información personal. Su objetivo era fortalecer la protección de la información personal en todos los departamentos y organismos. El plan de acción llevó a la aprobación de diversos instrumentos para reforzar la protección de la información personal, como el Marco de gestión relativo a la realización de estudios o investigaciones para los que sea necesario reunir, utilizar, comunicar y conservar información personal mediante encuestas o métodos cualitativos.

336.En 2001 se aprobó la Ley de reforma de diversas disposiciones legislativas en relación con la revelación de información confidencial para proteger a las personas (S.Q. 2001, c. 78). La ley otorga precedencia a la protección de la vida sobre la protección de la información personal en los casos en que exista un peligro inminente de muerte, incluido el suicidio, o de lesiones corporales graves.

337.Además, el artículo 45 de la Ley sobre la creación de un marco jurídico para la tecnología de la información (R.S.Q., c. C‑1.1), en vigor desde el 1º de noviembre de 2001, establece que la creación de una base de datos de características y medidas biométricas, esté funcionando o no, debe ser comunicada con antelación a la Comisión de Acceso a la Información. La Comisión puede dictar órdenes para determinar cómo se deben configurar, utilizar, consultar, notificar y retener esas bases de datos y cómo se deben archivar o destruir las medidas o características registradas a efectos de identificación personal. Asimismo, la Comisión puede suspender o prohibir la puesta en funcionamiento u ordenar la destrucción de dicha base de datos si ésta no se ajusta a las órdenes dictadas por la Comisión o constituye una intromisión en la vida privada. Todo departamento u organismo que desee utilizar medidas biométricas debe demostrar que la reunión de información personal es necesaria para llevar a cabo su misión, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de acceso a los documentos en poder de los órganos públicos y de protección de la información personal (R.S.Q., c. A-2.1).

338.Durante el período que se examina, la Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud (CDPDJ) emitió numerosos dictámenes sobre la vida privada en relación con los temas siguientes: el acceso a la información y la protección de la información personal, los exámenes médicos anteriores a la contratación de un empleado, los exámenes psicológicos y psicométricos, las pruebas de consumo de estupefacientes, la revelación de la identidad de los condenados por delitos sexuales, las obligaciones residenciales como condición de contratación y la vigilancia mediante cámaras de vídeo en diversos contextos. Algunas de las posturas manifestadas por la CDPDJ fueron reiteradas en el derecho consuetudinario.

Artículo 18 - Libertad de pensamiento, conciencia y religión

339.La Carta de Derechos Humanos y Libertades de Quebec protege las creencias y prácticas religiosas de las personas. Cuando algunas prácticas de instituciones o empresas en relación con los horarios de trabajo, las normas de vestuario o los servicios de alimentación infringen determinadas creencias o prácticas religiosas, la Carta obliga a la institución o empresa a llegar a un acuerdo con las personas afectadas a menos que ello imponga a la institución o empresa una carga excesiva. Ese concepto se conoce como "adaptación razonable". La jurisprudencia establecida con el paso de los años ha definido las directrices.

340.Además del proceso de denuncia y de los servicios de capacitación y mediación ofrecidos por la Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud (CDPDJ), existen otras medidas para promover la sensibilización sobre los derechos y la lucha contra el racismo y la discriminación, a saber:

·Actividades informativas sobre la Carta y actividades de lucha contra el racismo y la discriminación mediante el Programa de Apoyo a la Participación Cívica, un programa de financiación de las organizaciones sin ánimo de lucro;

·La distribución de mensajes que alientan la tolerancia, la solidaridad y el respeto de la diversidad, fortaleciendo los vínculos con varias comunidades etnicoculturales y religiosas, y la aplicación de una red de vigilancia del Gobierno a raíz de los sucesos del 11 de septiembre de 2001;

·La distribución de una guía sobre las negociaciones en situaciones interculturales que ofrece puntos de referencia para gestionar la diversidad cultural y religiosa;

·El simposio titulado "La diversidad religiosa: inclusión o exclusión", organizado por el Ministerio de Relaciones con los Ciudadanos y la Inmigración (MRCI) en colaboración con el Consejo de Relaciones Interculturales (CRI) para la Semana de Acción contra el Racismo de 2003, que reunió a más de 100 representantes de grupos religiosos, ponentes y expertos;

·Los preparativos del MRCI para la creación de un centro especializado en la gestión de la diversidad.

341.En 1995, la Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud (CDPDJ) publicó el documento titulado El pluralismo religioso en Quebec: un desafío de ética social.

342.En 1999, la CDPDJ tramitó denuncias por la recitación de oraciones en público durante la apertura de las reuniones de los consejos municipales y emitió un dictamen certificado sobre la presencia de símbolos y rituales religiosos en las instituciones públicas. Además de las disposiciones de la Carta de Derechos Humanos y Libertades, ese dictamen se basa en el derecho comparado, el derecho constitucional y las disposiciones del Pacto que garantizan las libertades fundamentales de conciencia y de religión. La Comisión no encontró ningún impedimento a la expresión en público de la fe o la afiliación religiosa, acto perfectamente legítimo en una sociedad plural, a no ser, no obstante, que se obligue a las personas a comportarse de una forma determinada. Toda presión que obliga a las personas a participar contra su voluntad en rituales religiosos como la oración, o a revelar sus creencias o ausencia de ellas, atenta contra las libertades fundamentales. La Comisión observó que la aprobación de símbolos y rituales religiosos por las instituciones públicas era también un problema de ética política. Según la Comisión, las instituciones públicas que han suprimido esos símbolos y rituales o los han sustituido por fórmulas más neutrales como un momento de silencio o contemplación son modelos que se deberían seguir.

343.En 2000, la Asamblea Nacional de Quebec aprobó la Ley de reforma de diversas disposiciones legislativas sobre la educación en relación con las cuestiones de confesión(R.S.Q., 2000, c. 24). La ley mantiene el derecho de los alumnos de enseñanza primaria y del primer ciclo de enseñanza secundaria a elegir entre la instrucción religiosa y la instrucción moral. Entre otras cosas, la ley suprime el estatuto confesional, católico o protestante, de las escuelas.

344.En la causa Ville de Blainville c. Beauchemin, J.E. 2003-1657 (C.A.), el Tribunal de Apelación de Quebec dejó sin efecto un reglamento sobre la venta a domicilio que obligaba a los testigos de Jehová y a cualquier otra persona que quisiera comunicar un mensaje religioso o político a pagar 100 dólares para obtener una licencia que únicamente era válida por dos meses y no se podía renovar durante los 10 meses siguientes. Además, el reglamento no permitía a esas personas reunirse con los ciudadanos por la noche o los fines de semana. El Tribunal falló que existía una violación grave e injustificada del derecho a la libertad de religión de los testigos de Jehová.

Artículo 19 - Libertad de opinión y expresión

345.En 2001, la Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de la Juventud (CDPDJ) emitió un dictamen certificado sobre la conformidad de algunas disposiciones legislativas y normativas relativas a los anuncios comerciales con los principios de la Carta de Derechos Humanos y Libertades. En ese dictamen, la Comisión reafirma que la utilización de un idioma en un contexto comercial es un ejercicio de la libertad fundamental de expresión, garantizada por la Carta y el Pacto. Sin embargo, la CDPDJ señaló que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Canadá y las decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el predominio del francés en el contexto específico de Quebec es un límite razonable al ejercicio de esa libertad. La Comisión estimó también que, en la medida en que la legislación lingüística de Quebec tenía por objeto otorgar al francés una presencia que respondiera a los criterios jurisprudenciales de perjuicio mínimo y proporcionalidad, dicha legislación no se podía considerar discriminatoria en sí misma.

Artículo 22 - Libertad de asociación

346.En cuanto a las relaciones laborales colectivas, el Código del Trabajo (R.S.Q., c. C-27) es el principal ejemplo práctico de los principios que figuran en los artículos 21 y 22 del Pacto. Desde 1995 se han realizado modificaciones legislativas para mejorar su aplicación y funcionalidad con el objeto de garantizar la libertad de reunión y asociación de los trabajadores. En 2001, la Asamblea Nacional de Quebec aprobó la Ley de reforma del Código del Trabajo (S.Q. 2001, c. 26) y la Ley de creación de la Comisión de Relaciones Laborales y modificación de otras disposiciones legislativas (S.Q. 2001, c. 49).

347.Algunas de esas disposiciones están relacionadas con la aplicación del Convenio Nº 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, de 1948. Las nuevas responsabilidades otorgadas a los agentes de relaciones laborales favorecen una tramitación más rápida de las solicitudes de reconocimiento sindical (R.S.Q., c. C-27, art. 28). Ahora, un agente de relaciones laborales puede acreditar una asociación de empleados, aunque el empleador se oponga a la descripción de la unidad de certificación, si considera que la asociación tendría carácter representativo independientemente de la decisión que la Comisión de Relaciones Laborales pudiera adoptar sobre la descripción de la unidad de certificación. La Comisión de Relaciones Laborales comenzó sus actividades el 25 de noviembre de 2002, en sustitución de la Oficina del Comisario General del Trabajo y del Tribunal Laboral.

Artículo 23 - Protección de la familia, derecho al matrimonio e igualdad de los cónyuges

348.El 10 de junio de 1999, la Asamblea Nacional de Quebec aprobó la Ley de reforma de diversas disposiciones legislativas sobre las parejas de hecho (S.Q. 1999, c. 14). Con arreglo a esa ley, todas las leyes y reglamentos proporcionan las mismas ventajas a las parejas de hecho homosexuales que a las heterosexuales.

349.En junio de 2001, la Asamblea Nacional de Quebec aprobó la Ley de institución de las uniones civiles y de establecimiento de nuevas normas en materia de filiación (S.Q. 2002, c. 6), con la que se creó una nueva institución, la unión civil. Ésta se fundó para las parejas homosexuales o heterosexuales que desearan comprometerse públicamente a compartir su vida respetando las leyes y obligaciones que ello entrañaba. Desde entonces, la legislación de Quebec reconoce tres tipos de vida conyugal: los esposos unidos en matrimonio, las parejas de hecho y los esposos unidos civilmente. Además, la Ley de institución de las uniones civiles y de establecimiento de nuevas normas en materia de filiación estableció un vínculo de filiación entre los esposos unidos civilmente y sus hijos que proporcionaba los mismos derechos y obligaciones que los vínculos de sangre.

350.El debate en Quebec sobre el matrimonio homosexual propició un proceso judicial. El 2 de septiembre de 2002, el Tribunal Superior declaró nulas las disposiciones legislativas que impedían el matrimonio homosexual. El fallo de nulidad del Tribunal Superior quedó en suspenso durante dos años. El Fiscal General de Quebec no interpuso ningún recurso contra ese fallo. El Fiscal General del Canadá, que sí interpuso un recurso de apelación, lo retiró y convino en levantar la suspensión del fallo de nulidad. La Liga Católica de Derechos Civiles interpuso un recurso de apelación y no lo retiró. Sin embargo, el Tribunal de Apelación examinó recientemente el interés jurídico de la Liga Católica de Derechos Civiles para mantener su recurso. El Tribunal estimó que el recurso de apelación se había vuelto teórico y que ya no era pertinente oírlo. Desde el 19 de marzo de 2004, fecha del fallo del Tribunal de Apelación, las parejas homosexuales pueden contraer matrimonio en Quebec (Liga Católica de Derechos Civiles c. Hendricks y Leboeuf et al.).

Artículo 24 - Derechos del niño

351.El Acuerdo multisectorial sobre los niños víctimas de abuso sexual, malos tratos o descuido que pongan en peligro su integridad física, publicado el 1º de marzo de 2001, es uno de los mayores logros de Quebec. El procedimiento de intervención sociojudicial establecido en el Acuerdo tiene por objeto mejorar la protección de la infancia y prestar a ésta la ayuda necesaria alentando la colaboración entre el Director de Protección de la Juventud, el Fiscal General Adjunto, la policía y otras partes interesadas, como las escuelas o los centros de cuidado de la primera infancia, según proceda. El Ministerio de Justicia ha decidido que todos los casos de agresión a menores de edad sean adjudicados a fiscales especializados en la materia. Se está preparando una nueva Guía del fiscal: delitos sexuales y casos de malos tratos, que se entregará a todos los fiscales encargados de ese tipo de casos en 2004.

352.Respetando los principios y objetivos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la política de Quebec en materia de familia, aprobada en 1997, reconoce que la función de los padres es fundamental para el desarrollo de sus hijos y que la función del Estado es de apoyo. Para actualizar esos principios, la política de Quebec en materia de familia tiene el objetivo de igualar las oportunidades de la infancia además de fomentar su desarrollo. La voluntad del Gobierno de fomentar el pleno desarrollo del niño se refleja en la aplicación de varias medidas, como, en particular, la creación de centros de educación de la primera infancia en todo Quebec. Puede obtenerse más información al respecto en el segundo informe periódico del Canadá en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

353.Sobre la base de los 15 principios adoptados por la Asamblea Nacional en 1983 para orientar las relaciones de Quebec con los pueblos aborígenes y de las mociones de 1985 y 1989, en que se reconocían las 11 naciones aborígenes de Quebec, el Gobierno de Quebec aprobó en 1997 directrices tituladas "Asociación, desarrollo y logros" (Partnership, Development, Achievement) para orientar las relaciones con las naciones aborígenes.

354.Desde la introducción de las nuevas directrices, el Gobierno de Quebec ha firmado varios acuerdos con las comunidades o naciones aborígenes, como puede observarse en el sitio Internet de la Secretaría de Asuntos Autóctonos de Quebec (http://www.cex.gouv.qc.ca/w/html/w1305002.html). Estos acuerdos han adoptado varias formas: acuerdos marcos, declaraciones de entendimiento y respeto mutuo, acuerdos especiales o acuerdos basados en sectores. El Gobierno de Quebec está llevando a cabo también negociaciones con las naciones aborígenes con miras a formalizar acuerdos territoriales amplios.

355.Cabe mencionar en particular los dos acuerdos siguientes formalizados por el Gobierno de Quebec durante el período que se examina:

El Acuerdo sobre nuevas relaciones entre el Gobierno de Quebec y los crees de Quebec, denominado "La paz de los bravos" por el Gran Jefe del Gran Consejo de los crees y firmado en 2002, se refiere en particular a la cooperación entre los crees y Quebec en el aprovechamiento de los recursos energéticos, forestales y mineros.

El Acuerdo de asociación sobre desarrollo económico y de la comunidad en Nunavik se formalizó en 2002 con los inuit. Se refiere fundamentalmente al desarrollo económico (energía hidroeléctrica, minería y turismo) y de la comunidad.

Apéndice 1

Tasa de natalidad en Quebec

-En 1996:11,7%

-En 1998:10,3%

-Proyectada para 2000:9,7%

-Proyectada para 2002:9,7%

Mortalidad materna

-Tasa media anual (5 años) en 1996: 2,6/100.000 personas.

Tasa de mortalidad infantil por sexo (por 1.000)

Año	Varones	Mujeres	Combinada
1996	5,0	4,2	4,6
Proyectada para 2000	5,6	3,6	4,6
Proyectada para 2002	4,9	4,3	4,6

Tasa de mortalidad según la edad y el sexo

-Los hombres de todos los grupos de edad entre 20 y 49 años tienen tasas por debajo de 40‰ para el período 1997-1999. Esto equivale por lo menos al doble de la tasa media en Quebec. Excepto en el grupo de 0 a 14 años, los niños y los hombres tienen tasas que equivalen entre 3 y 6 superiores a las de las mujeres. El suicidio es la principal causa de mortalidad en el grupo de menos de 45 años y causa el doble de muertes que los accidentes de tráfico.

ONTARIO

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

Comisión de Derechos Humanos de Ontario

356.De las 1.941 denuncias tramitadas durante el año fiscal 2000-2001, 1.219 se resolvieron a través de mediación o arreglos entre las partes o se retiraron, y la Comisión adoptó decisiones sobre 722. El uso creciente de la medición por las dos partes es la principal razón por la cual la Comisión ha reducido considerablemente el número de casos ante sí. Los mediadores especialmente capacitados ofrecen a las partes la opción de la mediación voluntaria en una etapa temprana del proceso. El procedimiento de mediación se finaliza generalmente entre tres y seis meses después de la presentación de la denuncia. Este año, el 51% de los casos ante la Comisión se resolvieron a través de servicios de mediación, así como de técnicas de solución más tradicionales, como la conciliación.

357.Durante el año fiscal 2000-2001, la Comisión logró avances importantes en varias esferas, entre ellas la gestión de los casos y la puntualidad en la tramitación de las denuncias. La Comisión resolvió más casos que los que inició. En 2000-2001, se abrieron 1.775 y se resolvieron 1.941 casos. Al 31 de marzo de 2001, el número de casos activos ante la Comisión ascendía a 1.781. Una comparación con las cifras anteriores, a saber, 2.745 al 31 de marzo de 1998, 2.386 al 31 de marzo de 1999 y 1.952 al 31 de marzo de 2000, demuestra los progresos constantes que sigue haciendo la Comisión en esta esfera.

358.En el año fiscal 2001-2002, se presentaron 2.438 nuevas denuncias a la Comisión, lo que representaba un aumento general en las denuncias basadas en las distintas causas de discriminación. Esto equivale a un aumento de 663 casos (37%) sobre el total de 1.775 denuncias presentadas el año fiscal anterior 2000-2001. La discapacidad y la orientación sexual eran las causas de la mayor parte del aumento de las denuncias recibidas por la Comisión.

359.En el año fiscal 2002-2003, se presentaron a la Comisión 1.776 nuevas denuncias. La Comisión finalizó 1.954 casos, casi el mismo número que el año anterior (1.932). Los casos activos al 31 de marzo de 2003 ascendían a 2.137. La Comisión siguió manteniendo al día el examen de los casos, y la antigüedad media de los casos es de menos de 12 meses. Para el año fiscal 2002-2003, la antigüedad media de los casos era 11,5 meses, lo que equivale a un pequeño aumento sobre los 11 meses del año anterior.

Iniciativas familiares

360.En 1999, Ontario amplió el Tribunal de la Familia unificado de modo que ahora cubre aproximadamente el 38% de la población. El Tribunal de la Familia asegura un punto de entrada único al sistema de justicia para los clientes con asuntos de familia porque tiene jurisdicción para escuchar todas las cuestiones relacionadas con la familia. Todos los Tribunales de la Familia proporcionan servicios de mediación voluntarios y sesiones de información para los padres abiertas al público y tienen centros de información sobre derecho de familia. Los centros proporcionan a los clientes información y asesoramiento general para ayudarle a resolver de manera rápida y no contradictoria las diferencias familiares. En 2003, Ontario empezó a considerar una propuesta de ampliación de los tribunales de familia en la provincia para su presentación al Gobierno Federal. Se hicieron también planes para establecer centros de información sobre derecho de la familia en los sitios restantes donde hay tribunales de familia.

361.En 1999 empezaron a aplicarse también las normas de Derecho de Familia en dos de los tribunales que escuchan casos de familia, incluido el Tribunal de la Familia unificado. Se hace hincapié en ellas en la resolución pronta y no contradictoria de los casos, utilizando un lenguaje claro y formularios para facilitar el acceso al sistema de tribunales de la familia. En 2003, el Comité sobre normas sobre asuntos de la familia de Ontario empezó a trabajar para hacer extensiva la aplicación de las normas de Derecho de la Familia a los restantes tribunales en el verano de 2004.

362.En 2002, Ontario estableció un Comité de orientación para los casos atrasados relativos a la protección de los niños para examinar las prácticas óptimas en los casos de protección del niño y responder a las preocupaciones sobre las demoras en la tramitación de estos casos en el sistema de tribunales de familia. Se espera que el Comité presente su informe final a la Cumbre de Justicia de Ontario en 2004.

Carta de Derechos de las Víctimas

363.En 1996 entró en vigor la Carta de Derechos de las Víctimas. Se establecen en ella los principios aplicables al trato de las víctimas de delitos, y se enmiendan también algunas de las disposiciones de la Ley de pruebas de Ontario para hacer más fácil que los niños y los testigos vulnerables presten testimonio en los tribunales civiles:

·Se modificaron las reglas relacionadas con la competencia de los testigos menores de edad;

·Se eliminó la necesidad de corroboración del testimonio de un niño;

·Se permitió el uso de medidas tales como pantallas y televisión de circuito cerrado; y

·Se establecieron opciones para el examen de la admisibilidad de las pruebas basadas en testimonios de oídas para los testigos menores de edad.

364.La Carta de Derechos de las Víctimas requiere que se dé a las víctimas acceso a la información sobre:

·Los servicios y recursos a disposición de las víctimas de delitos;

·Las disposiciones de la ley y de la Ley de indemnización de las víctimas de delitos;

·La protección al alcance de las víctimas para impedir la intimidación ilegal;

·Los progresos de las investigaciones relacionadas con el delito, las acusaciones formuladas con respecto al delito y, si no ha habido acusaciones formales, las razones para ello;

·El papel de las víctimas en el enjuiciamiento, los procedimientos en los tribunales que guardan relación con el enjuiciamiento, los lugares y fechas de todas las actuaciones importantes relacionadas con el enjuiciamiento;

·Los resultados de todas las actuaciones importantes, incluidas las apelaciones, los arreglos anteriores al juicio formalizados en relación con un acuerdo de reducción de la pena aceptado por el acusado en el juicio, la libertad provisional; y

·En caso de condena, la sentencia del acusado, las disposiciones tomadas con arreglo al artículo 672.54 ó 672.58 del Código Penal con respecto a un acusado que se considera incapaz o que se determina que no es responsable desde el punto de vista penal en razón de una enfermedad mental, y el derecho de las víctimas con arreglo al Código Penal (Canadá) de hacer declaraciones ante el tribunal para esclarecer el impacto en la víctima.

365.La Carta de Derechos de las Víctimas se enmendó en 2001 con la creación de la Oficina para las víctimas de delitos, un organismo permanente que proporciona asesoramiento al Fiscal General sobre cuestiones pertinentes para la protección de las víctimas de delitos.

Carta de Derechos Ambientales

366.La Carta de Derechos Ambientales permite un mayor acceso del público al Tribunal de examen de cuestiones ambientales para apelar contra la promulgación o la enmienda de instrumentos importantes para el medio ambiente. El artículo 38 permite a los residentes de Ontario apelar contra una decisión de aplicar un instrumento respecto del cual ya se dio aviso previsto con arreglo a la Carta de Derechos Ambientales. Por ejemplo, en 2001, un grupo de ciudadanos utilizó el artículo 38 para cuestionar un permiso de toma de agua.

367.El artículo 84 de la Carta de Derechos Ambientales permite a los residentes de Ontario iniciar juicios en los tribunales, en algunas circunstancias prescritas, contra las personas o las partes cuando una contravención real o inminente ha causado o causará inminentemente un daño importante a los recursos públicos de Ontario.

Ley de declaración de defunción

368.Después del 11 de septiembre de 2001, Ontario aprobó la Ley de declaraciones de defunción de 2002, que permite que los parientes de las personas desaparecidas en desastres soliciten una declaración de defunción a los tribunales.

Enmiendas de la Ley de la administración pública

369.Las enmiendas de la Ley de la administración pública promulgada en junio de 2001 prevén una mejor protección de las personas vulnerables residentes en instituciones administradas por las provincias. Las enmiendas limitan la facultad que tienen los vicepresidentes en las audiencias de arbitraje de las Juntas de reclamaciones sobre la administración pública para reincorporar a los empleados despedidos por haber maltratado física o sexualmente a un residente en una institución provincial. Las enmiendas no impiden que un vicepresidente reincorpore a un empleado, pero impiden que se reincorpore a un empleado en un puesto que le dé oportunidad de estar en contacto con los residentes de una institución si el vicepresidente determina que el empleado maltrató de hecho física o sexualmente a un residente de la institución.

370.Las enmiendas preservan el derecho de los empleados, con arreglo a la Ley de la administración pública, de ser reincorporados si el vicepresidente determina que el despido no era la medida apropiada en las circunstancias. Al mismo tiempo, prevén una protección adicional y más seguridad para las personas vulnerables residentes en instituciones administradas por las provincias.

Decisión adoptada en Ontario contra el Sindicato de Empleados de la Administración Pública

371.Ontario defendió con éxito una apelación planteada ante el Tribunal Supremo del Canadá por un negociador de los empleados del Gobierno provincial en 2003. En ese caso, Ontario c. el Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Ontario, el Tribunal Supremo del Canadá determinó que en algunas circunstancias constituye un uso indebido del procedimiento que una persona condenada por un delito vuelva a plantear la cuestión que fue el elemento central de la condena penal en una actuación civil posterior. La decisión del Tribunal Supremo protege en este caso a los participantes en los juicios penales, especialmente a las víctimas de actividades delictivas, para que no se vean obligadas a participar o a prestar testimonio en una audiencia posterior cuando no hay ningún fundamento para dudar del fondo de la condena penal.

Perfiles raciales

372.En diciembre de 2002, en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Ontario anunció que realizaría una investigación sobre los efectos de los perfiles raciales en las personas, las familias, las comunidades y la sociedad en general. La Comisión de Derechos Humanos definió los perfiles raciales como toda medida tomada por razones de seguridad o protección del público que se basa en estereotipos sobre la raza, la etnicidad, el color, la ascendencia, la religión o el lugar de origen y no en sospechas razonables, para seleccionar una persona con el fin de examinarla más detenidamente o darle un trato diferente. Los perfiles se aplican en muchos contextos, incluidos el cumplimiento de la ley y las actuaciones penales, la aplicación de políticas de tolerancia cero en las escuelas y la actuación de los guardas de seguridad privados. Se recibieron comunicaciones por teléfono, por correo y a través de un cuestionario en línea del sitio web de la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión recibió aproximadamente 400 respuestas relacionadas con perfiles raciales. El informe de la Comisión incluye recomendaciones tituladas Paying the Price, the Human Cost of Racial Profiling, que se publicó en diciembre de 2003.

Salud mental en la comunidad y servicios de tratamiento de las adicciones

373.Los servicios de salud mental en la comunidad y tratamiento de adicciones han firmado acuerdos de transferencia de pagos con el Ministerio de Salud y Atención a Largo Plazo que contienen el compromiso de actuar de acuerdo con el manual. Esto incluye:

·El cumplimiento del Código de Derechos Humanos y otras leyes;

·El suministro a los clientes de información sobre sus derechos;

·La garantía de que los clientes tengan conciencia de su derecho de presentar reclamaciones o apelar contra una decisión del organismo; y

·El despliegue por los organismos de un código de conducta visible en lugares accesibles a los clientes.

374.Los organismos deben establecer procedimientos para demostrar que proporcionan un acceso equitativo y justo a toda la comunidad.

Ley sobre Ontario Works

375.Con arreglo a la recomendación Nº 35 del jurado en la Investigación Hadley, todos los organismos encargados de prestar los servicios de asistencia social con arreglo a la Ley sobre Ontario Works deben establecer una respuesta local para hacer una entrevista inicial inmediata de los solicitantes que huyen de situaciones de violencia doméstica. En cumplimiento de las recomendaciones del jurado, el Gobierno se comprometió a dar capacitación a los encargados de la aplicación de Ontario Works sobre cuestiones relacionadas con el maltrato de las mujeres y los servicios de apoyo conexos. El Ministerio de Servicios Comunitarios y Sociales se comprometió a trabajar con sus asociados de las municipalidades para aumentar la conciencia del personal y fortalecer el apoyo dado a las personas que huyen de situaciones de violencia doméstica.

376.Actualmente, existen políticas de Ontario Works para ayudar a las mujeres maltratadas que solicitan o reciben ya asistencia financiera. El Ministerio está elaborando un módulo de aprendizaje para el personal de Ontario Works sobre cuestiones relacionadas con el maltrato de las mujeres. Este módulo tiene por fin mejorar esas medidas proporcionando a las personas encargadas de la aplicación de instrumentos y capacitación para promover prácticas óptimas y servicios mejorados en apoyo de las mujeres maltratadas y sus hijos.

Artículo 6 - Derecho a la vida

Tribunal de la vivienda de alquiler de Ontario

377.La Ley de protección del inquilino de 1996 rige las cuestiones entre los propietarios y los inquilinos en Ontario. Contiene una cláusula legislativa que determina que un juez del Tribunal de la vivienda de alquiler de Ontario puede ejercer su discreción cuando ordena que se ponga fin a un alquiler si hay razones de compasión o de otro tipo para mantenerlo. Los jueces utilizan con frecuencia esta cláusula cuando la única alternativa es crear una situación de carencia de vivienda y puede haber otros recursos al alcance del propietario, por ejemplo, la mediación, el establecimiento de un plan de pago, etc.

Vivienda asistida para las personas con enfermedades mentales

378.En marzo de 1999 el Gobierno de Ontario anunció una estrategia provincial para las personas sin hogar que incluía 45 millones de dólares cada uno de los tres años siguientes para que el Ministerio de Salud y Atención a Largo Plazo proporcionara vivienda asistida para las personas con enfermedades mentales graves. La iniciativa se ha denominado Iniciativa de salud mental para las personas sin hogar, Fase I y Fase 2.

379.En octubre de 1999 se asignaron 24 millones de dólares para la Fase I para financiar 962 unidades de vivienda asistida en Toronto, Hamilton y Ottawa. Se seleccionaron estas tres ciudades para la Fase I en razón de que tenían los gastos más elevados en alojamiento provisional de emergencia en 1998.

380.De las 962 unidades de vivienda, 762 están en Toronto, 100 en Ottawa y 100 en Hamilton. Hay 739 unidades en régimen de alquiler (apartamentos) y 223 en régimen de propiedad y renovaciones.

381.La Fase II de la iniciativa se ocupa de las necesidades de vivienda asistida de las personas sin hogar con enfermedades mentales graves en todas las regiones de la provincia, incluidas las necesidades relacionadas con la reestructuración del Hospital Psiquiátrico Provincial. Se anunció una financiación de 67,6 millones de dólares en abril de 2001 para 2.600 unidades en la Fase II.

382.Hay actualmente alrededor de 3.400 unidades, y otras 200 se están construyendo y se completarán este año. Al final de la etapa de ejecución, esta iniciativa (Fase I y Fase II) creará 3.600 unidades de vivienda asistida en toda la provincia.

383.Se ha completado un estudio transversal de la Fase I que ha demostrado resultados muy positivos en cuanto a la selección correcta de la población sin hogar y al movimiento relativamente bajo, lo que refuerza la idea de que la vivienda asistida puede estabilizar a esas poblaciones muy difíciles de alojar. Un proyecto de investigación independiente ha estudiado también la Fase I y ha dado resultados muy favorables para la iniciativa.

El incidente de Ipperwash

384.El 6 de septiembre de 1995, Dudley George fue herido de bala por un miembro de la Policía Provincial de Ontario durante una protesta en el parque provincial de Ipperwash y murió posteriormente. Se plantearon a raíz de esto varios procedimientos penales, y fueron condenados un oficial de la Policía Provincial de Ontario y un ocupante.

385.Se inició una acción civil contra la Corona y otros, que se resolvió fuera de los tribunales el 1º de octubre de 2003.

386.El 12 de noviembre de 2003, el Fiscal General de Ontario anunció el nombramiento del magistrado Sidney Linden para encabezar una investigación pública independiente de los acontecimientos relacionados con la muerte de Dudley George.

387.En la realización de la investigación, establecida con arreglo al artículo 2 de la Ley de investigaciones públicas, el magistrado Linden tiene un mandado amplio de:

investigar los acontecimientos relacionados con la muerte de Dudley George e informar al respecto; y

formular recomendaciones encaminadas a evitar la violencia en situaciones similares.

388.El Gobierno ha indicado que estudiaría el informe con miras a tomar nuevas medidas para hacer frente a los incidentes relacionados con perfiles raciales.

El suicidio en las comunidades aborígenes

389.En Ontario, la cuestión de la elevada tasa de suicidios de los jóvenes aborígenes se está encarando a través del Comité Intergubernamental sobre el Suicidio de los Jóvenes, integrado por el Gobierno federal y los gobiernos provinciales juntamente con los líderes de la Primera Nación. El Comité se estableció en la primavera de 2000 para promover cambios positivos en las comunidades septentrionales de las Primeras Naciones de modo que se conviertan en lugares más seguros y más sanos para los niños, los jóvenes y las familias. Las estrategias incluyen el apoyo de la creación de capacidad en la comunidad, la mejora de los sistemas de respuesta y de la coordinación, la promoción de las innovaciones, la evaluación de la eficacia y las lecciones compartidas.

390.Hubo 204 suicidios en las comunidades nishnawbe-aski entre 1986 y agosto de 2000, y en la mayoría de los casos se trataba de personas de menos de 25 años. El número anual de suicidios ha disminuido en los últimos tres años en casi un 50%.

Artículo 7 - Protección contra la tortura

Ley sobre la reducción al mínimo del uso de medios de coerción con los pacientes

391.El 27 de junio de 2001 se aprobó la Ley sobre la reducción al mínimo del uso de medios de coerción con los pacientes, que recibió sanción real el 29 de junio de 2001.

392.El objetivo de la ley es reducir al mínimo el uso de medios de coerción y alentar a los hospitales y a los demás centros de atención de la salud a que empleen otros métodos para impedir que un paciente se inflija daños corporales graves a sí mismo o a otros pacientes. Con arreglo a la ley, está prohibido que un hospital o un centro autorizado emplee medios de coerción físicos, mecánicos o químicos contra un paciente, lo recluya o le aplique un dispositivo de vigilancia a menos que ello sea necesario para impedir que se inflija daños corporales graves a sí mismo o a otra persona. El uso de medios de coerción debe satisfacer otros criterios previstos en los reglamentos y debe ser autorizado por un médico u otra persona prevista en los reglamentos. La ley requiere que los hospitales y los demás centros autorizados establezcan y respeten las políticas que los reglamentos exigen en cuanto a los medios de coerción.

393.El 1º de abril de 2003 entraron en vigor reglamentaciones relativas al uso de coerción física en las residencias para niños con arreglo a la Ley de servicios para el niño y la familia y las residencias financiadas con arreglo a la Ley de servicios de desarrollo, que proporcionan viviendas colectivas para los adultos con deficiencias de desarrollo.

Sistema de atención a largo plazo

394.En 2004 el Gobierno inició un amplio plan de reforma del sistema de atención a largo plazo de la provincia. En diciembre de 2003, el Ministro de Salud y Atención a Largo Plazo asignó a su asistente parlamentario la tarea de realizar un examen a fondo del sector de atención a largo plazo y recomendar medidas prácticas para fortalecer esos servicios.

395.El Ministerio de Salud y Atención a Largo Plazo tomó medidas inmediatas para elevar las normas relativas a la atención y protección de los residentes en instituciones de atención a largo plazo. A partir del 1º de enero de 2004, todas las inspecciones de las instalaciones de atención a largo plazo se hacen sin anuncio previo, de modo que el Ministerio pueda identificar los incidentes de atención deficiente, negligencia o malos tratos y tomar medidas al respecto de manera eficiente. Las investigaciones de las reclamaciones ya se hacen sin anuncio previo.

396.El Ministerio estableció también un número gratuito de modo que los residentes de las instituciones de atención a largo plazo y sus familiares tengan acceso a un centro de información y puedan presentar reclamaciones sobre las instituciones de atención a largo plazo.

397.Los funcionarios del Ministerio están tomando varias medidas a mediano y largo plazo para mejorar constantemente la seguridad y la calidad de los servicios de atención a largo plazo. Esas medidas se concentran en cuatro esferas principales:

·Mejora de la protección de los residentes, mejora de la inspección ministerial y del cumplimiento;

·Mejora de la responsabilidad y la gestión del desempeño;

·Mejora de la información pública y aumento de la transparencia; y

·Estrategias a largo plazo para mejorar la capacidad del sistema de prestar atención de buena calidad.

Cambios en la Ley de servicios de desarrollo

398.En noviembre de 2001, como parte del Plan Multianual de Servicios de Desarrollo del Ministerio de Servicios Comunitarios y Sociales, se aprobó la ley por la cual se deroga la Ley relativa a hogares para personas retardadas y se actualizaron la Ley de servicios de desarrollo y sus reglamentaciones para eliminar el lenguaje anticuado o poco sensible y mantener las importantes disposiciones sobre salud y seguridad anteriormente contenidas en la Ley de hogares para personas retardadas. Se introdujeron también enmiendas en más de 30 disposiciones para reflejar la derogación y los cambios resultantes en la redacción.

Ley de decisiones de terceros

399.La Ley de decisiones de terceros de 1992 protege a las personas mentalmente incapaces contra los tratos degradantes prohibiendo el uso del electroshock como terapia. No permite tampoco que el encargado de adoptar decisiones de terceros consienta en la esterilización innecesaria desde el punto de vista médico.

Artículo 9 - Derecho a la libertad y a la seguridad personales

400.El artículo 84.1 de la Ley del tránsito por carretera constituye un ejemplo de la forma en que el Ministerio de Transporte asegura que la ley no viole el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas protegido por el artículo 7 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. El artículo 84.1, que se añadió a la Ley del tránsito por carretera con arreglo a la Ley amplia de seguridad en la carretera, entró en vigor el 3 de julio de 1997. El artículo 84.1 (1) dispone que el operador de un vehículo comercial del que se desprenden las ruedas mientras está en la carretera es culpable de un delito. Con arreglo al artículo 84.1 (2), la diligencia debida no es una defensa contra esta acusación, de modo que esto pasa a ser un delito de "responsabilidad absoluta". Para asegurar que la disposición sobre responsabilidad absoluta no viole la libertad del infractor, sólo se imponen multas en caso de condena. El artículo 84.1 (4) prohíbe que los infractores sean sujetos a penas de cárcel o de libertad bajo palabra.

401.Varios transportistas cuestionaron la constitucionalidad de determinar que el delito previsto en el artículo 84.1 sea una "responsabilidad absoluta" sobre la base de que atrae penas posiblemente más graves y estigma social y deniega el derecho a un juicio imparcial. El 14 de noviembre de 2003, el Tribunal de Apelaciones de Ontario determinó que el artículo 84.1 no viola la Carta.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

Delincuentes adultos institucionalizados

402.El Ministerio del Seguridad Comunitaria y Servicios Penitenciarios ha iniciado un examen del proceso de determinación de mala conducta para asegurar que los castigos que eliminan una reducción merecida de la pena sean justos y que se sigan los procedimientos correctos.

403.En 2003, los administradores de los servicios penitenciarios recibieron formación amplia sobre los procesos de determinación de mala conducta para asegurar que las decisiones que tienen un impacto en la libertad de las personas detenidas se tomen de manera justa y equitativa.

404.Los delincuentes tienen derecho a solicitar a los tribunales un examen de su detención. Los delincuentes sentenciados tienen también derecho a apelar contra su sentencia. Los delincuentes acusados de mala conducta interna tienen derecho a apelar contra toda sentencia que afecte la reducción merecida de sus penas.

405.Los delincuentes pueden también dirigirse a la Oficina del Ombudsman de Ontario o a la Comisión de Derechos Humanos de Ontario para que investigue sus preocupaciones. No se dispone actualmente de datos para determinar la frecuencia con que se utilizan estos recursos.

Menores

406.Ontario no tiene actualmente arreglos con residencias de transición. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Penitenciarios tiene arreglos con residencias de detención y de custodia abiertas y con instalaciones seguras de detención y custodia. Existen políticas y procedimientos para garantizar que no se violen los derechos de los jóvenes en esas instalaciones.

407.Se distribuye un folleto titulado "Derechos y responsabilidades" a los jóvenes bajo supervisión comunitaria o bajo custodia. Este folleto les ayuda a entender sus derechos y responsabilidades con arreglo a la Ley de la justicia penal de menores, la legislación federal que entró en vigor el 1º de abril de 2003, en lo que se relaciona con el sistema de justicia penal para los menores.

408.La capacitación del personal de los servicios penitenciarios incluye actualmente una introducción y un panorama general de los derechos de los niños tal como constan en la Convención sobre los Derechos del Niño.

409.Los menores tienen derecho a solicitar a los tribunales la reconsideración de su detención. Los menores sentenciados tenían también derecho a apelar contra su sentencia y a pedir una revisión de su sentencia por un grupo independiente denominado la Junta de Revisión de la Custodia.

410.Los menores pueden dirigirse también a la Oficina del Ombudsman de Ontario, la Oficina de Servicios de Protección del Niño y la Familia de Ontario o la Comisión de Derechos Humanos de Ontario para que investigue sus problemas. Además, la Oficina del Ombudsman y la Oficina del Defensor de los Niños tienen acceso a las instalaciones en que hay menores recluidos y también a los documentos relacionados con un menor en el curso de la realización de una investigación. Los menores bajo supervisión comunitaria o bajo custodia tienen también derecho a iniciar contactos con esos organismos. Los menores están protegidos con arreglo a la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. No se dispone actualmente de datos para determinar la frecuencia con que se utilizan estos recursos.

411.En los informes anuales del Ombudsman se describen todas las denuncias e investigaciones recibidas por la Oficina y se resumen los resultados de las investigaciones del Ombudsman. Los informes anuales del Ombudsman de Ontario están disponibles en línea en http://www.ombudsman.on.ca/ann_reports.asp.

Servicios comunitarios para adultos

412.En Ontario, corresponde a los tribunales determinar qué delincuentes deben ser sometidos a supervisión comunitaria (es decir, libertad vigilada o condena condicional) y en qué condiciones.

413.La Junta de libertad condicional y puesta en libertad merecida de Ontario tiene con arreglo a la ley competencia para determinar quién tiene derecho a la libertad condicional y a permisos de salida por períodos superiores a 72 horas y en qué condiciones.

414.Corresponde a los Servicios de libertad vigilada y libertad condicional velar por que los delincuentes bajo supervisión comunitaria sean objeto de una evaluación inicial en cuanto al riesgo que representan y a sus necesidades, y que la supervisión a que se los someta se ajuste al nivel de riesgo que se les haya asignado de conformidad con el modelo de prestación de servicios del Ministerio.

415.Si un delincuente cree que no puede cumplir las condiciones o que no se le está brindando un trato imparcial, puede interponer un recurso ante los tribunales, la Junta o el Administrador General de la Oficina de Supervisión de la Libertad Vigilada a fin de obtener la modificación de la decisión que le atañe. Puede también dirigirse a la Oficina del Ombudsman de Ontario o a la Comisión de Derechos Humanos de Ontario para que estudien su caso.

Artículo 14 - Derecho a un juicio imparcial

Justicia penal de menores

416.En 1999, empezaron a funcionar Comités de Justicia Penal de Menores en cinco localidades de Ontario, y en agosto de 2001 se instalaron en otros 22 sitios. Estos Comités constituyen una modalidad alternativa y tienen el mandato de ocuparse de las contravenciones de poca monta cometidas por menores. Los Comités, en los que participan representantes de organizaciones comunitarias y colaboradores del sector de justicia penal, se concentran en la rehabilitación y reintegración al tiempo que establecen la responsabilidad de los jóvenes por sus delitos. Permiten una respuesta eficaz y oportuna tanto para el delincuente como para la comunidad, ofrecen una participación directa en la resolución a las víctimas del delito y contribuyen al funcionamiento eficiente de los tribunales.

417.Desde la proclamación de la Ley de la justicia penal de menores, la legislación federal que rige los procedimientos aplicables contra los delincuentes menores, Ontario ha elaborado materiales de capacitación y sobre políticas para el Procurador General Consejero de la Corona. Antes de la entrada en vigor de la Ley en abril de 2003, Ontario ofrecía un programa educacional intensivo de dos días para la Oficina del Procurador General.

Tribunal de la vivienda de alquiler de Ontario

418.El establecimiento del Tribunal de la vivienda de alquiler de Ontario (sitio web: http://www.orht.gov.on.ca) mediante la aprobación de la Ley de protección del inquilino en 1996 ha permitido un mayor acceso a la justicia tanto a los propietarios como a los inquilinos en Ontario y les ha dado medios de obtener un resultado rápido de sus disputas judiciales. Ha retirado también alrededor de 75.000 solicitudes por año del sistema judicial y ha resuelto esos casos mediante un tribunal administrativo que es más rápido y menos costoso. Con arreglo a la Ley de protección del inquilino, las partes pueden apelar ante el Tribunal Divisional sólo sobre cuestiones de derecho. Las tasas de apelación de las decisiones del tribunal administrativo son muy bajas, de aproximadamente 1 ó 2% de todas las decisiones.

Anulación de la política de tolerancia cero contra el fraude en materia de ayuda social

419.En diciembre de 2003, el Gobierno de Ontario derogó la política según la cual las personas condenadas por fraude en materia de ayuda social perdían permanente o temporalmente su derecho a recibir ese tipo de ayuda. Actualmente, esas personas pueden recibir ayuda para satisfacer sus necesidades básicas y no volverán a enfrentarse con circunstancias que pongan su vida en peligro. Ontario ha decidido que corresponde al sistema de justicia penal ocuparse de las personas que cometen ese tipo de fraude.

Facultades de los tribunales

420.En McKinnon c. La Reina, el Tribunal Divisional afirmó el 23 de diciembre de 2003, la jurisdicción del Tribunal de Derechos Humanos de Ontario para ocuparse de una cuestión con los fines de vigilar la aplicación de sus prescripciones. Sostuvo también que una vez que el Tribunal hubiera determinado el no cumplimiento de una de sus prescripciones, el reclamante no necesitaba plantear una nueva reclamación ante la Comisión. En cambio, el Tribunal puede garantizar recursos eficaces mediante audiencias sobre el cumplimiento.

Artículo 18 - Libertad de pensamiento, conciencia y religión

421.El 3 de abril de 1995 se declaró en vigor la Ley sobre adopción de decisiones en nombre de un tercero. Esta ley se aplica cuando una persona no es mentalmente capaz de tomar decisiones sobre sus bienes o su cuidado personal. Está en general destinada a dar a las personas más control sobre su propia vida si pasan a ser incapaces de tomar sus propias decisiones y a respetar las decisiones de las personas en cuanto a su vida, expresadas antes de que pasaran a ser mentalmente incapaces, y tener en cuenta sus deseos. La ley asegura que las personas mentalmente incapaces sean tratadas de manera coherente con sus convicciones, su religión y su cultura.

Artículo 22 - Libertad de asociación

422.En junio de 1994 el Gobierno aprobó la Ley de relaciones laborales en la agricultura para permitir la formación de sindicatos de trabajadores agrícolas. Antes de la aprobación de esta Ley, los trabajadores agrícolas habían estado excluidos de la formación de asociaciones y la negociación colectiva con arreglo a un régimen legal de relaciones laborales. La Ley de relaciones laborales en la agricultura hizo extensivo el derecho a establecer organizaciones a estos trabajadores, pero prohibió las huelgas en favor de un régimen de arbitraje como mecanismo de solución de diferencias.

423.La Ley de relaciones laborales en la agricultura fue sustituida por la Ley de enmienda de las relaciones laborales y el empleo de 1995, que restableció la exclusión de los trabajadores agrícolas de la legislación provincial sobre relaciones laborales. Las razones dadas para ello incluían las características únicas de la agricultura y la vulnerabilidad económica del sector agrícola de Ontario. Con la derogación de la Ley de relaciones laborales en la agricultura, los sindicatos que habían sido certificados con arreglo a esa ley quedaron "descertificados".

424.El Sindicato de Trabajadores del Sector de la Alimentación y del Sector Comercial cuestionó la derogación de la Ley de relaciones laborales en la agricultura alegando una violación de la libertad de asociación y de igual protección ante la ley garantizada con arreglo a la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. El Sindicato llevó este cuestionamiento al Tribunal Supremo del Canadá, que escuchó el caso en febrero de 2001.

425.El 20 de diciembre de 2001, en Dunmore c. Ontario (Fiscal General), el Tribunal Supremo declaró que la exclusión de los trabajadores agrícolas de la Ley de relaciones laborales era inconstitucional en ausencia de otra forma de protección legal de su libertad de asociación. El Tribunal decidió que, como mínimo, la libertad legal de organizarse debía hacerse extensiva a los trabajadores agrícolas junto con la protección juzgada esencial para su ejercicio significativo. (El Tribunal no se pronunció sobre los argumentos del Sindicato de Trabajadores de que la derogación de la Ley de relaciones laborales en la agricultura violaba supuestamente el derecho a igualdad de protección ante la ley con arreglo a la Carta.)

426.El Tribunal Supremo suspendió la aplicación de decisión durante 18 meses (hasta el 19 de junio de 2003) para permitir a Ontario que preparara una respuesta legislativa.

427.En respuesta a la decisión Dunmore, el Gobierno aprobó el 7 de octubre de 2002 la Ley Nº 187 de protección de los trabajadores agrícolas, que la Legislatura aprobó y que recibió sanción real el 19 de noviembre de 2002. Esta Ley se declaró en vigor el 17 de junio de 2003.

428.Reconociendo las características únicas de la producción agrícola, la Ley de protección de los trabajadores agrícolas prevé los siguientes derechos para los empleados agrícolas:

·Formar una asociación de empleados o unirse a ella;

·Participar en sus actividades legítimas;

·Reunirse;

·Presentar reclamaciones a su empleador; y

·Protegerse contra la interferencia, la coerción o la discriminación en el ejercicio de sus derechos.

Artículo 23 - Protección de la familia, derecho al matrimonio e igualdad de los cónyuges

429.La Ley de responsabilidad familiar y obligación de pagar los atrasos de la pensión alimentaria de 1996 amplió los instrumentos de que dispone Ontario para hacer cumplir las órdenes de pago de pensiones alimentarias. La Oficina encargada de las cuestiones de responsabilidad familiar, que se ocupa de hacer cumplir las órdenes de pago de pensiones en los tribunales y los contratos domésticos, puede informar sobre las personas que no hacen sus pagos a la oficina de crédito, suspender los permisos de conducir, embargar las cuentas de banco conjuntas e incluso obtener órdenes judiciales contra terceros que protegen los recursos de una persona responsable que no hace sus pagos.

Artículo 24 - Derechos del niño

Iniciativa de desarrollo de la primera infancia

430.El Ministerio de Salud y Atención a Largo Plazo ha financiado 17 proyectos como parte de la Iniciativa de desarrollo de la primera infancia de Ontario, encaminada a establecer servicios para las mujeres embarazadas y las madres con problemas de drogas y para sus hijos de menos de 6 años. En los 17 sitios existentes en la provincia se lleva a cabo una gama de actividades que van de los servicios de tratamiento directos a la evaluación de las necesidades. El Proyecto sobre adicciones y desarrollo en la primera infancia incluye tratamientos para los usuarios de drogas y programas auxiliares como los de cuidado de los niños, preparación para la vida diaria, capacitación para los padres, mejora del acceso de los clientes y vínculos con los servicios sociales de salud y de vivienda, y también alguna educación del público sobre el síndrome de alcohol fetal y sus efectos.

Artículo 26 - Igualdad ante la ley

431.La Ley de personas de Ontario con discapacidades de 2001 se aprobó en diciembre de 2001 y requiere que el Gobierno provincial y todas las municipalidades, juntas escolares, hospitales, proveedores de transporte público, centros de enseñanza superior y universidades de Ontario preparen planes anuales de accesibilidad para la eliminación de los obstáculos físicos, de actitud y de política a fin de dar más acceso y oportunidades a todos los ciudadanos de la provincia.

432.La Ley estableció el Consejo Consultivo sobre Accesibilidad del Ministerio para asesorar al Ministro de Ciudadanía e Inmigración sobre la accesibilidad y la aplicación efectiva de la Ley sobre discapacidades.

433.La Ley estableció también un Directorio de Accesibilidad de Ontario para apoyar y administrar la aplicación de la ley y apoyar y examinar los progresos realizados por las organizaciones que tienen obligaciones legales con arreglo a la ley. El Directorio de Accesibilidad de Ontario trabaja también en colaboración con organizaciones, empresas y personas interesadas para desarrollar normas voluntarias de accesibilidad y organiza programas de educación pública y comunitaria sobre accesibilidad a fin de mejorar la conciencia y crear una mayor comprensión de la necesidad de accesibilidad e inclusión en toda la provincia.

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

434.Se han establecido con arreglo a la Ley ministerial de centros de enseñanza superior y universidades (actualmente la Ley ministerial de capacitación, centros de enseñanza superior y universidades) centros de enseñanza terciaria francés de artes y oficios y tecnología. Hay actualmente dos centros de enseñanza de artes y oficios y tecnología en Ontario: el Collège Boréal (establecido en 1993) y La Cité Collégialle (establecida en 1989).

435.El Ministerio de Servicios Comunitarios y Sociales está a cargo del Programa de prevención de la violencia contra las mujeres, que incluye asesoramiento telefónico en situaciones de crisis en toda la provincia con el fin de proporcionar a las mujeres información y apoyo las 24 horas del día y 365 días del año. A fin de promover los objetivos de la Ley de servicios en idioma francés de 1º de abril de 2003, se han asignado fondos para mejorar los servicios telefónicos para situaciones de crisis en francés y asegurar la cobertura en toda la provincia durante las 24 horas del día y 365 días del año. Hay actualmente dos líneas en francés en funcionamiento en las zonas sur y norte de Ontario.

MANITOBA

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

436.La Comisión de Derechos Humanos de Manitoba siguió administrando y haciendo cumplir el Código de Derechos Humanos de Manitoba (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/h175e.php), educando y promoviendo la comprensión de los derechos civiles y jurídicos de los ciudadanos de Manitoba.

437.La Ley interjurisdiccional de ejecución de mandamientos sobre pensiones alimentarias entró en vigor en 2003 (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/i060e.php). Con arreglo a esta ley, que sustituye la Ley de reciprocidad en la ejecución de mandamientos sobre pensiones alimentarias, las personas pueden seguir solicitando mandamientos sobre pensiones alimentarias y modificaciones de esos mandamientos en otras jurisdicciones del Canadá y en jurisdicciones extranjeras mediante la presentación de una solicitud en Manitoba. El proceso se ha simplificado de modo que los interesados no necesitan incurrir en el costo de un abogado. Manitoba ha establecido procedimientos recíprocos con 26 jurisdicciones extranjeras.

438.El Programa de Integración de Inmigrantes proporciona fondos para financiar servicios de apoyo jurídico para los refugiados y enlace con servicios de asesoramiento letrado, ayuda social y en el asentamiento, y acceso al debido proceso en la determinación de la situación de los refugiados y otras cuestiones de inmigración para asegurar que se protejan sus derechos.

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

439.La Dirección de la Mujer de Manitoba siguió representando los intereses de las mujeres mediante el suministro de información al Gobierno sobre el impacto de sus programas y políticas, la identificación y la comunicación de los nuevos problemas y actividades encaminadas a asegurar la inclusión de las prioridades de las mujeres en la política estatal del Canadá. Para más información, véase http://www.gov.mb.ca/wd/.

440.El 27 de septiembre de 2002 se organizó la Conferencia titulada "See Jane Run... Women in Politics - Make a Difference", organizada por mujeres de distintos sectores políticos de Manitoba con el fin de alentar a las mujeres a participar en la política electoral.

441.Siguen adelante los planes para reemplazar el actual Centro Penitenciario Portage para mujeres. En una instalación moderna se organizarán programas destinados específicamente a satisfacer las necesidades de las mujeres, con instalaciones de esparcimiento y vivienda por lo menos iguales a las instalaciones destinadas predominantemente a los hombres.

442.Como ejemplo de equidad en el empleo, gracias a los objetivos de equidad en el empleo de la División de Establecimientos Penitenciarios del sistema judicial de Manitoba se han creado oportunidades para que las mujeres trabajen con éxito a todos los niveles en la División de Establecimientos Penitenciarios. El número creciente de mujeres en puestos que van desde los de comienzo de carrera hasta posiciones administrativas de nivel superior ha cambiado positivamente el panorama de las instalaciones penitenciarias.

443.A continuación se presentan algunos ejemplos de medidas adoptadas durante el período sobre el cual se informa para asegurar la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el empleo:

·A partir de 1997, se han proporcionado fondos para las guarderías con el fin de establecer arreglos flexibles y ayudar así a los padres que trabajan en horarios no convencionales;

·En 2000, se aumentó el monto de las subvenciones que reciben las mujeres que buscan trabajo;

·En 2002, como parte del Plan Quinquenal de cuidado del niño de Manitoba, (véase más adelante) se congelaron las tarifas de las guarderías y se asumió el compromiso de reducir la tarifa diaria no subvencionada de 2,40 dólares por niño para el fin del período del Plan.

444.En septiembre de 1999 entró en vigor la Ley de violencia doméstica y protección, prevención e indemnización en los casos de acecho (véase http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/d093e.php). Esta ley brinda a las personas que son víctimas de acecho y de violencia doméstica la posibilidad de utilizar una amplia gama de recursos civiles. Se introdujeron enmiendas (que se aprobaron pero aún no se proclamaron) en 2003 para hacer extensivos esos recursos a situaciones en que no ha habido cohabitación y situaciones en que hay una probabilidad de violencia y acecho (y no una necesidad de protección inmediata).

445.Manitoba tiene varias iniciativas que hacen frente a los obstáculos reales y percibidos para poner fin a la violencia en la familia. Entre ellos cabe mencionar:

·Programas de residencia provisional;

·Un centro de transición para mujeres nativas;

·Programas de asesoramiento;

·Una campaña anual en los medios de información lanzada en 1998;

·Capacitación de todos los empleados del gobierno;

·Mejora de los servicios en los centros de crisis para mujeres;

·Mejora de la capacidad de divulgación, especialmente en las zonas septentrionales y rurales de Manitoba;

·Ampliación de los servicios prestados por los centros para mujeres, con inclusión de servicios especializados para las mujeres de habla francesa; y

·El Centro para los Hombres de Winnipeg, uno de sólo tres existentes en el Canadá, que proporciona asesoramiento, servicios de divulgación y un programa de asistencia entre pares para ayudar a los hombres a hacer frente a las distintas cuestiones que afectan sus vidas, incluidas las relaciones y la intimidad, los comportamientos abusivos, el maltrato sexual, físico y emocional de los niños, el cuidado de los hijos y la separación y el divorcio, etc. Este Centro tiene también un número gratuito para los hombres que viven en comunidades apartadas o en las zonas rurales de Manitoba.

446.Todos los servicios de prevención e intervención en los casos de violencia en la familia empezaron por medir los resultados logrados en las familias que utilizan estos servicios, y no simplemente los resultados de los programas, para evaluar la eficacia y la pertinencia de los servicios y mejorar los programas.

447.Se puede obtener información adicional sobre medidas para promover la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la sección sobre Manitoba del Quinto Informe del Canadá sobre la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (http://www.pch.gc.ca/progs/pdp‑hrp/docs/cedaw_e.cfm).

Artículo 6 - Derecho a la vida

448.Se está organizando un Comité de Prevención del Suicidio de los Aborígenes para hacer frente a la elevada tasa de suicidios en las comunidades aborígenes. Entre los miembros hay representantes de keewatinowi okimakanak, el Consejo Tribal Dakota Ojibway, el Centro de Salud de la Comunidad Klinic, los departamentos de salud del Canadá y los departamentos de salud, servicios para la familia y la vivienda, asuntos de los aborígenes y las zonas septentrionales y educación y menores.

449.La estrategia titulada "Healthy Child Manitoba FAS Strategy", iniciada para hacer frente a la elevada tasa de síndrome fetal alcohólico en las comunidades aborígenes, consiste en el programa "Stop FAS", apoyo en las aulas para los estudiantes con síndrome fetal alcohólico; servicios de diagnóstico, tratamiento, divulgación y apoyo; información y educación para los educadores y los encargados del cuidado de los niños; y servicios para las mujeres adictas. Para más información, véase www.gov.mb.ca/hcm/programs/fas/index.html.

450.El programa de lucha contra el síndrome fetal alcohólico ("Stop FAS") proporciona apoyo a las madres de alto riesgo que han consumido grandes cantidades de alcohol o de drogas durante el embarazo para ayudar a prevenir el nacimiento de niños afectados por el alcohol o las drogas. El programa se inició en Winnipeg y en diciembre de 2000 se asignaron alrededor de 270.000 dólares para hacerlo llegar a las comunidades de Thompson y The Pas en el norte de Manitoba.

451.Al cabo de tres años en el programa:

·84% ya no corre el riesgo de dar a luz niños con síndrome fetal alcohólico; han dejado de utilizar alcohol o drogas o utilizan anticonceptivos;

·65% han completado programas de tratamiento de las adiciones;

·49% han dejado de consumir alcohol, más de la mitad durante seis meses o más;

·49% usan anticonceptivos;

·28% han completado un programa de educación o formación;

·63% de los niños viven con sus propias familias;

·100% de los niños han sido totalmente inmunizados.

452.A través de la "Asociación FASD para el Canadá noroccidental", los Gobiernos de Manitoba, Alberta, Saskatchewan, Columbia Británica, Nunavut, los Territorios del Noroeste y Yukon trabajan conjuntamente para prevenir el síndrome fetal alcohólico y aumentar la conciencia del público sobre el impacto del síndrome fetal alcohólico y los problemas conexos. Los participantes comparten las prácticas óptimas, la experiencia y los recursos en el desarrollo de estrategias e iniciativas conjuntas sobre el síndrome fetal alcohólico. Para más información, véase http://www.faspartnership.ca/page.cfm?pg=index.

453.Las autoridades sanitarias de Manitoba trabajan directamente con las autoridades sanitarias regionales, con otros profesionales de salud y con los organismos del Gobierno y las comunidades en las siguientes esferas:

·Diagnóstico:

-Las autoridades sanitarias regionales de Winnipeg mantienen una clínica para los niños expuestos a drogas y alcohol en el Hospital para Niños de Winnipeg. El Departamento Regional de Salud de Manitoba ayuda en la planificación de Servicios de capacitación, clínicas móviles y otros servicios de consulta entre el personal de las clínicas y otras autoridades sanitarias regionales, y las comunidades que necesitan diagnósticos del síndrome fetal alcohólico;

-El Departamento Regional de Salud de Burntwood mantiene el equipo de Thompson de apoyo para el síndrome fetal alcohólico y la Clínica de telediagnóstico de Manitoba septentrional, vinculada con la Clínica de Winnipeg, para proporcionar diagnósticos del síndrome fetal alcohólico en el Hospital General Thompson. Se proporcionan también servicios de divulgación para ayudar a las familias a obtener servicios de diagnóstico y planificar los servicios posteriores al diagnóstico.

Mujeres de alto riesgo:

-En los programas de tratamiento de las adicciones de Manitoba se da prioridad a la admisión de mujeres embarazadas a fin de reducir el impacto del alcohol en el feto. Las mujeres que siguen tratamiento en centros residenciales reciben también de los médicos información sobre el alcohol en el embarazo.

-El estudio sobre las necesidades de las mujeres embarazadas adictas produjo más de 40 recomendaciones encaminadas a reducir los obstáculos para las mujeres con adicciones en todos los sistemas. Actualmente, el Departamento de Salud de Manitoba preside un comité de aplicación que trabaja en estrecha colaboración con los principales interesados para lograr cambios positivos para las mujeres adictas en el acceso y la utilización de los servicios de tratamiento y apoyo.

Educación y concienciación:

-El Departamento de Salud del Niño organiza presentaciones, formación y consultas con la comunidad para los miembros de los servicios de salud y educación y de los servicios sociales y de justicia de la comunidad sobre el síndrome fetal alcohólico de los niños y los adultos. Se hace hincapié en la prevención y las iniciativas de intervención y se proporcionan a los profesionales estrategias concretas para trabajar con niños y adultos con síndrome fetal alcohólico.

-Los planes de estudio de los médicos y las enfermeras incluyen información sobre el síndrome fetal alcohólico.

-El Departamento de Salud Pública del Canadá, en colaboración con los servicios sanitarios de Manitoba y de otros gobiernos provinciales y territoriales, ha distribuido un nuevo cartel y un folleto titulados "Pregnant? No Alcohol". Gracias a la colaboración exitosa, se han iniciado debates preliminares sobre futuras colaboraciones nacionales en materia de síndrome fetal alcohólico.

-Se proporciona financiación a la Fundación para las Adicciones (Addictions Foundation) de Manitoba para proporcionar capacitación a grupos comunitarios y profesionales, incluidas enfermeras de la comunidad; a las personas encargadas del cuidado de los niños a mentores de "Stop FAS" y a los padres.

-Se proporciona apoyo al Centro de Recursos sobre Síndrome Fetal Alcohólico en la Fundación para el Alcoholismo (Alcoholism Foundation) de Manitoba. El Centro proporciona materiales de biblioteca y recursos de apoyo sobre el síndrome fetal alcohólico en toda la provincia y tiene una de las mayores colecciones de recursos sobre síndrome fetal alcohólico del Canadá.

Artículo 7 - Protección contra la tortura

454.El 1º de octubre de 1999 entró en vigor una nueva Ley de servicios penitenciarios (http://web2,gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c230e.php). En ella se establece que la disciplina y las restricciones impuestas a los delincuentes por entidades o personas distintas de los tribunales se aplicarán mediante un proceso justo y con autoridad legal. El enfoque inicial para las contravenciones disciplinarias designadas consiste en considerar medidas alternativas; en su defecto, se realiza una audiencia en un comité disciplinario en el que el delincuente puede estar representado. Si se le encuentra responsable, puede ser objeto de una gama de sanciones que van desde una advertencia a la pérdida de algún tiempo de reducción merecida de la condena, la segregación o la pérdida temporal de algunos privilegios. Todas las sanciones pueden apelarse con arreglo a la ley.

455.El 1º de mayo de 2001 entró en vigor la Ley de protección de las personas bajo tratamiento, (http://web.2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/pl44e.php) que impone a los establecimiento de atención de la salud la obligación de proteger a los pacientes contra los malos tratos y de garantizarles un nivel de seguridad adecuado. Las personas que han sido consideradas "sin responsabilidad penal" por la comisión de un delito a causa de un trastorno mental y que están como consecuencia de ello internadas en un hospital penitenciario están también cubiertas por esta ley. La ley impone la obligación de notificar los casos de malos tratos y de investigarlos. Se entiende por "malos tratos" los malos tratos de carácter físico, sexual, mental, afectivo o financiero, o una combinación de ellos, que puedan causar la muerte o que causen o tengan probabilidades razonables de causar daño físico o psicológico a una persona, o una pérdida importante de bienes a esa persona. La ley prevé mecanismos de reclamación y requiere la investigación de las reclamaciones y el cumplimiento de las órdenes ministeriales subsiguientes. La Oficina de protección de las personas bajo tratamiento proporciona educación y capacitación permanentes para ayudar a las instalaciones y las autoridades de salud regionales a respetar las políticas y procedimientos necesarios para aplicar la ley. Desde mayo de 2001 han recibido formación y capacitación unas 1.500 personas.

456.Manitoba ha establecido normas para las familias de guarda y los servicios residenciales que promueven prácticas de gestión positiva del comportamiento. No se permite a los cuidadores utilizar castigos corporales ni otras formas de disciplina física tales como los azotes, los golpes, las bofetadas o las sacudidas. A partir del 29 de abril de 2003, estas normas se han ampliado para incluir a los que desean adoptar un niño.

457.El Programa de Integración de los Inmigrantes proporciona financiación, coordinación y desarrollo profesional para ayudar a los organismos que prestan servicios a los inmigrantes a mejorar la sensibilidad y los conocimientos para ayudar a las víctimas de la tortura y proporcionar servicios al público. El Programa organiza también consultas sobre servicios para las personas y las familias afectadas por la guerra y la violencia.

Artículo 8 - Protección contra la esclavitud y el trabajo forzoso

458.En diciembre de 2002, El Comité de Salud del Niño del Gabinete lanzó la Estrategia de Manitoba contra la explotación sexual de los niños y los jóvenes. Se estableció un Comité Multijurisdiccional de Aplicación, en el que participan representante de distintos organismos gubernamentales y externos, para aplicar la Estrategia de Manitoba y se contrató un Coordinador para los menores que son objeto de explotación sexual el 6 de enero de 2003.

459.La Estrategia de Manitoba ofrece una gama de estrategias de prevención e intervención:

El Proyecto Comunitario de Divulgación ha aumentado el número de trabajadores de divulgación de uno a tres. Estos trabajadores prestan atención activa e inmediata a los niños que han escapado de situaciones de custodia;

Se han proporcionado fondos para establecer un hogar de transición seguro con seis camas en Winnipeg para las niñas sexualmente explotadas de 13 a 17 años;

El Departamento de Justicia de Manitoba ha desarrollado servicios de apoyo especializados para los niños víctimas de explotación sexual que están dispuestos a prestar testimonio en los juicios relacionados con la prostitución;

Se han desarrollado programas de educación y concienciación para los profesionales y los trabajadores de primera línea, grupos de ciudadanos, padres y jóvenes en toda la provincia. Asistieron a la conferencia titulada "Partnerships Toward Action", un foro de un día sobre explotación sexual de los niños realizado el 4 de marzo de 2003 en Winnipeg unos 150 interesados;

Se están elaborando materiales de enseñanza sobre prevención de la explotación sexual de los niños para su uso en las escuelas en todo Manitoba.

Para más información sobre la estrategia de Manitoba, véase http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/strategy_on_sexual_exploitation.html.

460.En el otoño de 2003, el Departamento de Justicia de Manitoba nombró un fiscal especial para actuar como coordinador de los casos de explotación de los niños con el fin de coordinar la respuesta de la fiscalía de la provincia a la explotación sexual de los niños, en particular la basada en Internet.

461.La División de Inmigración y Multiculturalismo del Departamento de Trabajo e Inmigración de Manitoba ha participado en un grupo de trabajo local para aumentar la conciencia sobre cuestiones relacionadas con el tráfico y la vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes y promueve el acceso a información y orientación sobre las normas de empleo de Manitoba.

Artículo 9 - Derecho a la libertad y a la seguridad personales

462.En octubre de 1996 entró en vigor la Ley sobre personas vulnerables con discapacidad mental (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/v090e.php), descrita en el cuarto informe del Canadá. La ley tiene por fin promover y proteger los derechos de los adultos con discapacidad mental que requieren asistencia para satisfacer sus necesidades básicas, y reconoce a estos ciudadanos de Manitoba como "personas vulnerables". La ley establece el puesto de Comisionado de personas vulnerables para ocuparse de las disposiciones relativas a la adopción de decisiones en nombre de terceros. El Comisionado está sujeto a varios controles, incluido el derecho de apelar contra sus decisiones ante los tribunales. Para más información, véase http://gov.mb.ca/fs/pwd/vpo.html.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

463.La nueva Ley de servicios penitenciarios dio por resultado una nueva redacción de las políticas existentes y el desarrollo de nuevas políticas que apoyan un medio que promueve el trato humanitario de los recluidos y el respeto de su dignidad inherente en calidad de seres humanos. Las "Normas de conducta profesional" una política de la División de Servicios Penitenciarios elaborada conjuntamente por administradores y empleados y aprobada en septiembre de 1999, establece lo siguiente: "Tratamos a los delincuentes de manera justa y objetiva y teniendo debidamente en cuenta su salud y su seguridad". El Ombudsman de Manitoba recibe copias de todas las políticas de las instalaciones penitenciarias y de menores. La Ley de servicios penitenciarios contiene un proceso de reclamaciones internas para los recluidos; se dispone de un mecanismo independiente a través del Ombudsman de Manitoba, que tiene jurisdicción amplia para identificar las denuncias de malos tratos de los recluidos.

464.El uso de la fuerza está controlado por la Ley de servicios penitenciarios. Se cuida de proteger la salud y la seguridad de todos y la seguridad de la instalación. En la ley se indican cuáles son los métodos de contención autorizados. Las unidades de respuesta en casos de emergencia penitenciaria integradas por funcionarios especializados que han recibido capacitación intensiva intervienen en los casos de disturbio o amenazas graves. Sólo el personal autorizado puede utilizar gas de pimienta, otro equipo autorizado, sillas de contención y tecnología de perturbación electromuscular (Taser) y su uso está controlado por políticas establecidas. Otras unidades especializadas son los equipos de respuesta a incidentes y el equipo de extracción para las celdas de mujeres, y existen políticas que proporcionan orientación para estas unidades.

465.Un gran porcentaje de la población de las instalaciones penitenciarias son aborígenes, que constituyen un grupo con alto riesgo de suicidio en la comunidad, y que corren un riesgo aún más alto debido a su encarcelamiento. Todo el personal de las instalaciones recibe capacitación sobre prevención del suicidio mediante el programa estándar denominado ASIST. Todos los funcionarios deben prestar asistencia para la prevención del suicidio. Hay capacitadores certificados que se encargan del programa y que forman parte de los equipos de prevención del suicidio, administradores encargados del riesgo de suicidio, auxiliares, enfermeras y funcionarios de salud mental que realizan seguimientos y contribuyen al proceso de reducción del riesgo de suicidio. Se realizan estimaciones estandarizadas del riesgo, se elaboran informes estandarizados de las observaciones, se documentan los registros y se proporciona orientación basada en las políticas.

466.En noviembre de 1999, el Gobierno de Manitoba estableció la Comisión de aplicación de la justicia aborigen. Se encomendó a la Comisión la tarea de examinar las recomendaciones formuladas en el Informe de la investigación de la justicia aborigen de Manitoba de 1991 de cuya aplicación es responsable la provincia de Manitoba y proponer formas de aplicar esas recomendaciones. En el informe final de la Comisión, presentado el 29 de junio de 2001, se daba prioridad a las cuestiones de la familia y el bienestar de los niños, y se realizó la Investigación de la justicia aborigen - Iniciativa de bienestar de los niños (que se examina más adelante) para poner en práctica las recomendaciones de la Comisión en esta esfera. Para más información sobre las recomendaciones de la Comisión, véase http://www.ajic.mb.ca/.

467.El traspaso de los servicios de libertad condicional a las Primeras Naciones ha sido desde hace mucho tiempo un objetivo del Gobierno de Manitoba y ha requerido planificación y capacitación constantes y el establecimiento de los requisitos del programa. Se espera que se establezcan programas de justicia restitutiva, se amplíen las opciones de mediación, y se inicien foros de la comunidad y programas de curación, que son particularmente pertinentes en el contexto aborigen, en las zonas donde los delincuentes son predominantemente personas de las Primeras Naciones.

Artículo 14 - Derecho a un juicio imparcial

468.La Ley de tribunales provinciales (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c275e.php) se enmendó en 2001 para establecer un Comité de compensación judicial para formular recomendaciones a la Asamblea Legislativa de Manitoba con respecto a los sueldos de los jueces designados por las provincias y asegurarles así un mayor grado de independencia.

Artículo 17 - Derecho a la intimidad

469.El 11 de diciembre de 1997, entró en vigor la Ley de información sobre la salud personal (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p033-5e.php). En virtud de la ley, los "órganos públicos" de Manitoba (los departamentos y organismos gubernamentales provinciales, los ayuntamientos, etc.) y el sector sanitario público y privado de Manitoba (las autoridades sanitarias regionales, los profesionales de la atención sanitaria, los hospitales, las residencias sanitarias, etc.) son fideicomisos de los datos personales sobre salud. La ley otorga a la persona el derecho a acceder (con sujeción a excepciones limitadas y concretas) a aquella información sobre su salud personal que custodie un fideicomiso. La ley también controla la recopilación, utilización, desvelamiento, retención y destrucción de datos sobre salud personal por parte de los fideicomisos y exige a éstos que protejan la información sobre salud personal y la privacidad de las personas en cuestión.

470.El 4 de mayo de 1998 entró en vigor la Ley de libertad de información y protección de la vida privada (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f175e.php). Además de ofrecer un derecho general a acceder a los registros conservados en los departamentos gubernamentales, los organismos y otros "órganos públicos" de Manitoba, la ley otorga al individuo el derecho de acceder (con sujeción a excepciones limitadas y concretas) a la información personal que posean los departamentos gubernamentales, los organismos y otros "órganos públicos" de Manitoba. La ley también controla la recopilación, utilización, desvelamiento, retención y destrucción de información sobre salud personal por parte de los fideicomisos y exige a éstos que protejan la información sobre salud personal y la privacidad de las personas en cuestión. Esta ley no se aplica al sector privado.

471.Ambas leyes incorporan los principios sobre información justa incluidos en las Directrices sobre la protección de la vida privada y el flujo transfronterizo de datos personales, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Artículo 23 - Protección de la familia, derecho al matrimonio e igualdad de los cónyuges

472.En noviembre de 2002, la División de la Familia del Tribunal de Queen's Bench de Manitoba introdujo la mediación universal de casos (con exclusión de los casos de protección de la infancia), por la que se exige que las partes y los abogados se reúnan con el juez con carácter cuasi oficioso para buscar la solución amistosa de los litigios familiares en aquellos casos en que ello sea posible. Ello garantiza que los casos avancen a buen ritmo y que las partes puedan beneficiarse de asesoramiento judicial sobre el fondo de su caso antes de incurrir en onerosos gastos legales.

473.En 2001, el Programa de Mediación Global (introducido en 1998 como proyecto experimental) volvió a estar en funcionamiento. Un abogado/mediador del Departamento de Justicia de Manitoba trabaja con un asesor sobre relaciones familiares de Conciliación Familiar para ofrecer una mediación global sobre cualesquiera asuntos que surjan en la separación o el divorcio.

474.El Programa de ejecución de las órdenes de pago de alimentos establecido en virtud de la Ley de alimentos (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f020e.php) fue mejorado mediante sendas enmiendas legislativas introducidas en 2001 y 2003. Las enmiendas de la primera fase incluían disposiciones dirigidas a romper la falta de transparencia empresarial, preservar los activos, embargar los premios de lotería e inscribir los mandamientos de entrega de alimentos en el Registro de Bienes Personales. Las enmiendas de la segunda fase en la Ley de ejecución mejorada de los pagos para manutención(Diversas leyes enmendadas) (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2004/c01404e.php) entran en vigor nada más ser promulgadas y reforzarán los mecanismos ejecutivos para la recaudación de pagos de manutención.

Artículo 24 - Derechos del niño

Encuesta sobre la justicia aborigen - Iniciativa de bienestar del niño

475.La Encuesta sobre la justicia aborigen - Iniciativa de bienestar del niño se creó en 2000 para reestructurar el sistema de protección social infantil de Manitoba, como respuesta a una recomendación formulada a principios de año por la Comisión sobre Aplicación de la Justicia Aborigen (véase supra). La Comisión determinó que la protección social de la infancia era un problema y recomendó que el Gobierno de Manitoba trabajase con dirigentes de Primeras Naciones y de Mestizos para desarrollar un plan que permitiera que las comunidades de Primeras Naciones y Mestizas creasen y entregasen servicios de bienestar infantil a nivel de toda la provincia.

476.Se negociaron una serie de acuerdos entre representantes de Primeras Naciones y Mestizos, tras lo cual entró en vigor, el 24 de noviembre de 2003, la Ley sobre autoridades en materia de servicios al niño y la familia (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c090e.php). La ley crea cuatro nuevas autoridades en materia de servicios al niño y la familia: la Autoridad sobre servicios al niño y la familia mestiza; la Autoridad sobre servicios al niño y la familia de Primeras Naciones en Manitoba meridional; la Autoridad sobre servicios al niño y la familia de Primeras Naciones en Manitoba septentrional; y la Autoridad General sobre servicios al niño y la familia.

477.El nuevo sistema no tiene parangón en el Canadá, y devuelve a las Primeras Naciones y a las poblaciones mestizas el derecho a desarrollar y controlar la entrega de sus propios servicios al niño y a la familia de una forma acorde con las tradiciones culturales y las creencias de las Primeras Naciones y las comunidades mestizas.

478.Independientemente de dónde vivan en Manitoba, los niños y familias aborígenes tendrán acceso a servicios al niño y la familia de organismos que proporcionan atención en nombre de una autoridad aborigen. Para garantizar que los niños, las familias y las comunidades permanecen juntas, que las decisiones se adoptan teniendo presente el interés superior del niño y que los acuerdos relativos a los servicios son adecuados desde el punto de vista cultural, estables y favorables al usuario, se ha elaborado un proceso estandarizado que encaminará a los niños y las familias hacia la autoridad que sea más adecuada desde el punto de vista cultural. El proceso también ofrece a las familias la oportunidad de elegir una autoridad diferente que sea responsable de la entrega de los servicios. Al 31 de octubre 2003, se había ultimado este proceso en relación con aproximadamente 7.800 familias y niños, que recibían servicios a través del sistema de Servicios al Niño y a la Familia de Manitoba. La mayoría de estas familias eligieron recibir servicios del proveedor de servicios más adecuado desde el punto de vista cultural.

479.Cuando esté aplicada al cien por cien, la Encuesta sobre la justicia aborigen - Iniciativa de bienestar del niño promoverá los siguientes resultados en favor de las comunidades de mestizos y Primeras Naciones afectadas: autogobierno; fomento de la capacidad; oportunidades de empleo; mejores resultados por lo que respecta a las detenciones de niños; y provisión de mejores apoyos familiares y salud comunitaria. En el sitio en la Web www.aji‑cwi.mb.ca/eng/index.html figura más información sobre los progresos realizados por la Encuesta sobre la justicia aborigen - Iniciativa de bienestar del niño.

Healthy Child Manitoba

480.Healthy Child Manitoba, creado en marzo 2002, trabaja en todos los departamentos gubernamentales de Manitoba para elaborar un enfoque de desarrollo comunitario favorable al bienestar de los niños, familias y comunidades de Manitoba. Esta actividad está dirigida por el Healthy Child Committee, dependientedel Consejo de Ministros, que preside el Ministro de Servicios y Vivienda para la familia, e integran los Ministros de Asuntos Aborígenes y del Canadá Septentrional; de Cultura, Patrimonio y Turismo; de Educación y Juventud; de Salud; de Justicia; y de la Condición de la Mujer. Los compromisos básicos del Healthy Child Manitoba son la prevención del síndrome fetal alcohólico y del embarazo adolescente y los programas de nutrición infantil prenatal y en la primera infancia.

481.Durante el período sobre el que se informa, las actividades consistieron en:

·Una mayor financiación a los centros de atención a la infancia y a los hogares de acogida de carácter familiar;

·Un mayor apoyo a las familias con hijos de hasta 6 años de edad, que ahora reciben todo el suplemento de la prestación nacional por hijos;

·Financiación para poner en marcha el programa prenatal Niño Saludable para mujeres embarazadas de bajos ingresos, el primer programa en su género del Canadá;

·Más financiación para el programa BabyFirst, que ofrece un servicio de atención a domicilio durante tres años a los recién nacidos; y

·Un mayor apoyo a las coaliciones comunitarias que desarrollan programas locales en relación, por ejemplo, con el apoyo a la función de los padres, la nutrición infantil y el desarrollo de la alfabetización.

Si se desea información adicional, consúltese la página en la Web http://www.gov.mb.ca/healthychild/.

Otras medidas

482.En abril de 2002, se anunció la creación del Plan quinquenal en materia de atención infantil en Manitoba. El Plan adelanta tres elementos principales que ayudarán a reforzar la posición de los niños y sus familias: el mantenimiento y la mejora de la calidad de la atención a la infancia; la mejora de la accesibilidad; y la mejora de la asequibilidad de la atención infantil.  Si se desea información adicional, véase la página web https://direct.gov.mb.ca/cdchtml/html/internet/en/five_yr_plan.html.

483.El organismo de Servicios y Vivienda para la Familia de Manitoba ha creado una política que permite a los organismos de Primeras Naciones solicitar y conservar la exención fiscal ofrecida por el Gobierno del Canadá a los niños que están a cargo de esos organismos. Los organismos no aborígenes están obligados a transferir la prestación a los Ingresos Generales de la Provincia. Esta política diferencial se estableció para compensar en parte la desigualdad en cuanto a la financiación a los organismos de Primeras Naciones que tienen a su cuidado niños que son responsabilidad de la provincia. Manitoba se ha comprometido a solucionar esta desigualdad a medida que los recursos lo permitan y ha introducido gradualmente mejoras en la financiación. El modelo de financiación se está negociando en el marco del proceso de aplicación de la Encuesta sobre la justicia aborigen - Iniciativa de bienestar del niño.

484.En 1997, en concierto con el Gobierno federal, Manitoba redujo las directrices de apoyo a la infancia para ofrecer a los padres que tienen la patria potestad seguridad jurídica en lo tocante a la manutención de un niño, en caso de separación o divorcio de esos padres. Manitoba enmendó estas directrices en 2001 para aclarar las disposiciones en relación con la contribución que los padres que no tienen la custodia deben realizar para sufragar los gastos especiales, así como sobre los requisitos sobre revelación de datos financieros. Estas directrices pueden consultarse en la dirección http://canada.justice.gc.ca/en/ps/sup/grl/glp.html.

485.Por conducto del Servicio de conciliación familiar de servicios y vivienda para la familia de Manitoba se ejecutaron y entregaron los siguientes programas y servicios:

·A partir de 1995, se puso en marcha un programa de información a los padres titulado, "En bien del niño", dirigido a proporcionar a los padres que se separan información y educación en relación con los efectos de la separación y del conflicto en la infancia. Al mes de marzo de 2003, habían asistido más de 10.000 padres.

·A partir de 2001, se puso en marcha un proyecto experimental conjunto entre el Departamento de Justicia Federal, el Departamento de Justicia de Manitoba y Servicios y Vivienda para la Familia de Manitoba, para ofrecer servicios mejorados de evaluación al Tribunal de Queen's Bench sobre cuestiones relativas a la custodia y al régimen de visita infantil, con el fin de ayudar a evaluar los deseos e inquietudes del niño y asistir a los tribunales en la toma de decisiones. Entre marzo de 2002 y marzo de 2003, los miembros del personal dedicados a este tipo de servicios realizaron 143 evaluaciones destinadas a familias y al Tribunal. Este servicio viene a sumarse a la tradicional provisión de informes gratuitos, elaborados por mandamiento judicial, sobre evaluación de la custodia y régimen de visitas.

·También se dio inicio al programa "Caught in the Middle" (atrapado en medio), un programa de apoyo y educación para niños de entre 8 y 12 años cuyos padres mantienen un conflicto en relación con cuestiones relativas a la separación y al divorcio.

486.El Defensor del Niño, creado en 1993 para responder a las quejas relativas a niños que recibían o tenían derecho a recibir servicios de autoridades encargadas de asistencia social infantil, depende ahora directamente del Presidente de la Asamblea Legislativa y no del Departamento de Servicios y Vivienda para la Familia. Si se desea más información sobre el Defensor del Niño de Manitoba, véase la página en la Web http://childrensadvocate.mb.ca/English/index.html.

487.En 1999, la Ley de servicios para el menor y la familia (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c080e.php) se enmendó para permitir que los miembros de la familia ampliada pudieran solicitar el régimen de visitas de niños, y que ello se decidiese teniendo en cuenta el interés superior del niño, sin que fuera necesario que se dieran circunstancias extraordinarias.

Artículo 26 - Igualdad ante la ley

488.La Ley de adopción (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/a002e.php) y la Ley de servicios para el menor y la familia se enmendaron para hacer que su redacción fuese neutral en cuanto al género y ofrecer la oportunidad a las parejas del mismo sexo de que ambos puedan adoptar legalmente a un niño. Las disposiciones en materia de adopción de facto y por miembros de la familia ampliada se hicieron también menos restrictivas para permitir que dos personas que conviven sin estar casadas puedan adoptar a un niño. Estas disposiciones permitieron poner fin a colocaciones en curso, ofreciendo estabilidad a un número de niños.

489.En 2001 y 2002, Manitoba aprobó una serie de tres leyes que tratan de las relaciones en el common law, ampliándolas para que incluyan relaciones del mismo sexo y ofreciendo a quienes las mantienen apoyo y derechos de propiedad similares a los de los cónyuges de derecho civil. Entre las leyes enmendadas están la Ley de alimentos y la legislación que dispone prestaciones en caso de fallecimiento o pensiones a los esposos de common law, pero, además de estas leyes relativas a las familias, también se vieron afectadas muchas otras leyes.

490.La primera ley, titulada Ley para acatar la decisión del Tribunal Supremo del Canadá en el caso M. c. H." (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2001/c03701e.php), definía las relaciones en el common law de una forma neutral respecto del género, revocaba o ampliaba las definiciones de "cónyuge", y hacía la definición "relación de common law" más ajustada a cada situación. Si bien la definición predominante se refiere a tres años de cohabitación, o un año si ha nacido un hijo producto de la relación, no es factible adoptar una única definición y ésta varía de ley en ley. El segundo paso en este proceso fue la Ley de observancia de la Carta, aprobada en 2002 (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2002/c02402e.php), por la que se enmendó un gran número de leyes redefiniendo el concepto de "pareja de common law". Si bien la definición más común es la de una persona que vive con otra "en una relación conyugal de cierta duración", una única definición no podía aplicarse a todas las situaciones, y dicha definición varía de ley en ley. Por último, en 2002, Manitoba aprobó la Ley sobre bienes de parejas de common law y enmiendas conexas (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2002/c04802e.php). Una vez promulgada, esta ley otorga a los cónyuges de common law derechos de la propiedad iguales a los de los esposos de derecho civil.

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

Población aborigen

491.El 2 de marzo de 2001, el Gobierno de Manitoba, el Gobierno del Canadá y la Primera Nación de Sioux Valley firmaron el Acuerdo de principio para el autogobierno de la Primera Nación de Sioux Valley, estableciendo el marco de autogobierno de las personas Dakota de la Primera Nación de Sioux Valley. Se prevé que en julio de 2004 se alcanzará un acuerdo global.  Si se desea más información, véase la página en la Web www.ainc‑inac.gc.ca/nr/prs/j‑a2001/01110bk_e.html.

492.Se ha proporcionado financiación al Consejo Aborigen de Winnipeg y a la Federación Mestiza de Manitoba para apoyar las negociaciones tripartitas relativas al autogobierno.

493.Prosiguieron las negociaciones sobre títulos de tierra en virtud del Tratado entre el Gobierno del Canadá, Manitoba y el Comité de Manitoba de títulos de tierra en virtud de tratados, que representa a 19 Primeras Naciones que tienen reclamaciones certificadas en relación con títulos de tierra en virtud de tratados. El 29 de mayo de 1997, las 19 Primeras Naciones con títulos, el Gobierno del Canadá y el Gobierno de Manitoba firmaron el Acuerdo Marco sobre títulos de tierra en virtud de tratados. A fecha 31 de marzo de 2003, se habían seleccionado 748.270 acres de tierra del Estado en Manitoba y se habían roturado 175.415 acres para su transferencia al Gobierno del Canadá. Si se desea más información, véase la página en la Web http://www.gov.mb.ca/ana/tle_overview.html.

494.Ha proseguido la aplicación de acuerdos globales en virtud del Acuerdo sobre la Riada Norte. El Acuerdo sobre la Riada Norte, firmado en 1977 y que afecta al Canadá, a Manitoba, a Manitoba Hydro y a cinco comunidades de Primeras Naciones septentrionales, aborda los efectos de las inundaciones de tierras en el desarrollo hidráulico en estas comunidades septentrionales. Si se desea más información, véase la página en la Web http://www.gov.mb.ca/ana/agreement.html.

495.Tuvieron lugar negociaciones tripartitas con el Consejo Aborigen de Winnipeg en relación con el Programa de justicia alternativa; sobre educación de adultos (el Campus Comunitario Aborigen); el Centro de Salud y Bienestar Aborigen; y la capacitación del mercado de trabajo.

496.También se celebraron negociaciones tripartitas con la Federación de Mestizos de Manitoba en relación con la vivienda; la cultura y la educación (la creación del Louis Riel Institute); y la Encuesta sobre justicia aborigen - Iniciativa de bienestar del niño.

Multiculturalismo

497.La Secretaría del multiculturalismo de Manitoba coordina la aplicación de la política de Manitoba en materia de multiculturalismo y administra la Ley sobre el consejo asesor y promotor etnocultural de Manitoba (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/el48e.php). La Secretaría es responsable de señalar prioridades para la adopción de medidas en todos los departamentos y organismos gubernamentales y de garantizar que los principios de multiculturalismo se incorporan a sus programas y servicios. En el Gobierno se generan iniciativas multiculturales, intraculturales y antirracistas, que se divulgan entre la población y en otros departamentos, para alentar su evolución y desarrollo continuos.

498.Por conducto de la Secretaría para el multiculturalismo y del Fondo de apoyo comunitario etnocultural, se ofrece a las organizaciones comunitarias etnoculturales apoyo en materia de consultoría, asesoramiento, celebración de juntas y planificación de programas. La Secretaría promueve y mantiene los valores culturales de los naturales de Manitoba y alienta el desarrollo, la comprensión, el reconocimiento y la puesta en común de los diferentes valores culturales que enriquecen nuestra provincia. También coordina los proyectos de comunicación para garantizar la concienciación cultural, y participa en comités intergubernamentales y comunitarios y con otros niveles de gobierno para promover la lucha contra el racismo, la buena ciudadanía y la concienciación cultural.

499.El 6 de julio de 2001, entró en vigor la Ley sobre el consejo de asesoramiento y promoción etnocultural de Manitoba. La ley establece un consejo multicultural que defiende la comunidad etnocultural y proporciona asesoramiento al Gobierno sobre cuestiones de importancia para dicha comunidad.

Inmigrantes

500.El Programa de integración de inmigrantes tiene dos componentes que asisten a los inmigrantes a asentarse en Manitoba y a participar plenamente en la vida de Manitoba. Se ofrecen financiación y apoyos para capacitación lingüística de adultos, a fin de ayudar a los inmigrantes a desarrollar competencias en materia de comunicación en inglés y adquirir información necesaria, adecuada y oportuna con la que lograr sus metas personales, académicas y laborales y vivir vidas llenas de dignidad y de sentido en el Canadá. El Programa también ofrece servicios de asentamiento que facilitan la integración económica y social de los inmigrantes en Manitoba y mejoran su capacidad para contribuir a la economía de mercado laboral de Manitoba y participar en ella. En el seno del Gobierno, y entre los proveedores de servicios y el público en general, se realizan actividades de coordinación, fomento de la concienciación y desarrollo profesional para garantizar que se respetan los derechos de los inmigrantes y refugiados.

SASKATCHEWAN

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

501.En noviembre de 2001 se promulgaron enmiendas al Código de Derechos Humanos de Saskatchewan. Las enmiendas reemplazaron el sistema de junta especial de encuesta por un tribunal independiente de derechos humanos y racionalizaron el proceso de queja. En los párrafos 265 a 268 de los informes 15º y 16º del Canadá sobre la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial puede encontrarse información en relación con estas enmiendas.

502.En el año fiscal 2003-2004, la Comisión de Derechos Humanos de Saskatchewan recibió 3.926 denuncias y abrió 242 expedientes de queja. Las alegaciones de discriminación se basaban en los siguientes motivos:

Discapacidad mental o física	41,1%
Sexo	23,4%
Ascendencia	18,4%
Edad	5,2%
Religión	1,0%
Estado civil	1,7%
Situación familiar	3,8%
Orientación sexual	3,1%
Recepción de asistencia pública	0%
Otros motivos	2,1%

503.En todas las fases del proceso de queja, la Comisión de Derechos Humanos fomenta la resolución de quejas mediante la mediación y el acuerdo. En el año fiscal 2003 y en 2004, el 28,3% de las quejas se resolvieron mediante acuerdos de conciliación.

504.En los informes 15º y 16º del Canadá sobre la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial puede encontrarse información en relación con el Tribunal Cree, los tribunales de distrito, los tribunales de reserva, el programa de trabajadores de los tribunales aborígenes y los programas e iniciativas en materia de justicia comunitaria. El número de trabajadores de tribunales en el programa de empleados de los tribunales aborígenes ha aumentado hasta 29, y las empresas de colocación aborigen que emplean a trabajadores de tribunales han aumentado hasta 16.

505.El 15 de noviembre de 2001, el Fiscal General de Saskatchewan anunció la creación de la Comisión sobre Primeras Naciones y Poblaciones Mestizas y Reforma de la Justicia. Esta Comisión independiente entabló un diálogo para la solución de problemas con las personas de Saskatchewan, en particular con las comunidades y organizaciones aborígenes, a fin de señalar reformas del sistema judicial que sean eficientes, efectivas y responsables desde el punto de vista financiero. La Comisión publicó su informe definitivo el 21 de junio de 2004, tras haber emitido tres informes provisionales. La información en relación con las recomendaciones de la Comisión y la respuesta del Gobierno de Saskatchewan puede encontrarse en el Quinto Informe del Canadá sobre la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

506.En 2001, Saskatchewan aprobó la Ley sobre demandas colectivas, que permite a los demandantes entablar acciones legales colectivas en situaciones en las que anteriormente hubieran desistido de interponer demandas individuales debido a los costos potencialmente elevados del litigio.

507.En 1997, se aprobó una nueva Ley sobre reclamaciones menores, que mejora el acceso a los tribunales a las personas que exigen reclamaciones en metálico de menor cuantía. Entre otras cosas, la ley ha permitido que se escuche una variedad más amplia de casos en el Tribunal de Menor Cuantía y ha ampliado los tipos de mandamientos que puede dictar el Tribunal.

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

508.El 3 de octubre de 2003, el Gobierno de Saskatchewan publicó el Plan de Acción para la Mujer de Saskatchewan, un plan que contempla la existencia de mujeres plenamente facultadas que tengan las oportunidades y los recursos para influir y sacar provecho de la vida social, cultural, política y económica de Saskatchewan (http://www.swo.gov.sk.ca/Action_Plan.pdf). El Plan de Acción fue el resultado de un esfuerzo de cooperación de todos los departamentos, la Crown Investments Corporation, y la comunidad de mujeres, que adoptaron un enfoque estratégico integrado para lograr un objetivo común. Este plan servirá de orientación al Gobierno de Saskatchewan durante los próximos tres a cinco años, y guiará sus esfuerzos por lograr la igualdad para las mujeres de Saskatchewan.

509.El Plan de Acción tiene cuatro objetivos, cada uno de los cuales consta a su vez de metas y medidas:

·La igualdad y seguridad económicas de todas las mujeres de Saskatchewan;

·La seguridad de todas las muchachas y mujeres Saskatchewan en sus hogares, escuelas, instituciones, lugares de trabajo y comunidades;

·La salud y seguridad para todas las mujeres Saskatchewan; y

·La participación igualitaria de la mujer en los puestos de dirección y de adopción de decisiones en todos los sectores de la sociedad y de la economía.

510.Entre otras cosas, el Plan apoyará la entrega de formación sobre análisis basado en el sexo, que se está realizando, y la integración del análisis basado en el género en todo el Gobierno y el sector público.

Artículo 6 - Derecho a la vida

511.En el presupuesto general de 2003 se anunció la segunda fase de la Iniciativa Nacional sobre las personas sin hogar. La consignación de Saskatchewan en virtud de la Fase II está fijada en 12,5 millones de dólares por un período de tres años. El Organismo del Canadá para el Desarrollo de los Recursos Humanos y las Aptitudes se ocupa de la ejecución del programa. La prioridad federal es la vivienda de transición con servicios de apoyo. Los servicios de apoyo serán un aspecto esencial de las soluciones de vivienda para las personas sin hogar tanto de transición como a largo plazo.

512.La provincia está interesada en hacer frente al fenómeno de las personas sin hogar. El objetivo es la promoción de la independencia y la autosuficiencia entre las personas que carecen de hogar o que corren serio peligro de perderlo. Las personas identificadas como de riesgo son las poblaciones con necesidades especiales y las personas con necesidades múltiples, y entre ellas están las que abandonan su hogar por la violencia en la familia, las personas con discapacidades que les impiden encontrar una vivienda permanente, los jóvenes en transición y las personas transeúntes. Los funcionarios de Saskatchewan trabajan oficiosamente con personal del Organismo del Canadá para el Desarrollo de los Recursos Humanos y las Aptitudes para establecer un proceso que sea aceptable para ambas partes en lo tocante a identificar, examinar y desarrollar proyectos en relación con la Iniciativa Nacional sobre las Personas sin Hogar.

513.En Saskatchewan, la tasa de suicidio para el total de la población de todas las edades (casos por cada 100.000 habitantes) fue de 12,9 en 2000, 10,9 en 2001 y 10,8 en 2002. Para hacer frente a la elevada tasa de suicidio entre los jóvenes y la población aborigen, la provincia ha aumentado durante la pasada década la financiación a las autoridades sanitarias regionales para que presten servicios de prevención del suicidio, de intervención y de atención posterior a un suicidio. También ha apoyado la educación y la capacitación para profesionales y comunidades en relación con la cuestión del suicidio. A un nivel de prevención más amplio, la provincia ha aplicado diversas iniciativas para la infancia y la juventud, como KidsFirst, un programa para desarrollar al máximo y de forma saludable a la primera infancia; el Modelo de servicios a la juventud, un programa para reducir la dependencia del sistema de justicia penal juvenil al abordar las conductas antisociales juveniles; y SchoolPlus, una iniciativa provincial en virtud de la cual las escuelas cuidan del desarrollo del niño en su totalidad, tanto desde el punto de vista intelectual, como social, espiritual, emocional y físico; también sirven de centros para la entrega de servicios sociales, sanitarios, recreativos, culturales y en materia de justicia para niños y sus familias. Las provincias occidentales, entre ellas Saskatchewan, han iniciado también debates con el Gobierno federal sobre la coordinación de servicios para la población aborigen que normalmente se mueve entre las jurisdicciones federal y provincial.

514.En relación con el trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF), la provincia apoya diversas iniciativas en materia de prevención, concienciación e intervención, entre ellas el Programa provincial para la prevención del TEAF y la red de apoyo de Saskatchewan en materia de TEAF. Además, KidsFirst ofrece apoyo a las familias vulnerables y concede prioridad a las mujeres embarazadas. La provincia trabaja para conseguir que todos los profesionales de la salud entiendan el TEAF e incorporen las necesidades funcionales y especiales de las personas afectadas por dicho trastorno a la forma en que se prestan los servicios. Seis departamentos desarrollan actualmente una estrategia provincial para personas con discapacidades cognitivas complejas, entre ellas el TEAF, sobre la base de la información de retorno recibida de diversos debates comunitarios celebrados en toda la provincia. Saskatchewan participa en la alianza del Canadá noroccidental contra el TEAF, una alianza de siete provincias y territorios, comprometida con el desarrollo, la promoción y la coordinación de un enfoque global de la prevención del TEAF, así como para la intervención, cuidado y apoyo a las personas afectadas por el TEAF.

515.El Departamento de Saskatchewan de recursos comunitarios y empleo revisó en 2004 la política de examen de los casos de muerte infantil, que había estado en vigor desde 1992. La política se ocupa de las circunstancias en las que muere un niño o un joven y el niño, el joven o la familia habían recibido servicios en virtud de la Ley de servicios para el menor y la familia, o de la Ley de justicia penal de menores (Canadá), o asistió a un centro de atención infantil o a un hogar de acogida de tipo familiar que tuviera la licencia en virtud de la Ley sobre la atención infantil. La oficina del Defensor del Niño de Saskatchewan publica los informes sobre muertes de niños: http://www.saskcao.ca/adult/linksandpublications.html.

Artículo 7 - Protección contra la tortura

516.Si se desea información en relación con las medidas adoptadas por Saskatchewan para prevenir la violencia, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y para ofrecer indemnización a las víctimas de delitos violentos contra las personas, véase el Quinto Informe del Canadá sobre la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Artículo 8 - Protección contra la esclavitud y el trabajo forzoso

517.En Saskatchewan se ha promulgado la legislación para hacer que quienes explotan a niños con propósitos sexuales deban responder de ello y se les disuada de hacerlo, y para reforzar también las protecciones y los servicios de apoyo para las víctimas. En 2002, Saskatchewan promulgó la Ley de emergencia para la protección de las víctimas de abuso sexual infantil y de explotación infantil. La ley dispone que puedan cursarse solicitudes de emergencia al juez de paz al objeto de obtener una orden de intervención en materia de protección para impedir el contacto entre un niño expuesto a abusos sexuales y menor de 18 años y el delincuente. La ley también proporciona a la policía poderes ampliados en materia de búsqueda y confiscación en relación con vehículos situados en zonas de paseo o en los casos en que un oficial de policía pueda razonablemente creer que un vehículo contiene pruebas de la comisión de abuso sexual infantil.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

518.La gestión integrada de casos permite disponer de un enfoque de equipo de carácter cooperativo y coordinado al gestionar la sentencia a un delincuente, con el objeto de lograr su reintegración con éxito en la comunidad. Permite la participación de todo el personal que trabaja activamente con un delincuente, como la policía, los trabajadores sociales, los profesionales de salud mental, y los organismos comunitarios. En el caso de los delincuentes juveniles, puede permitirse la participación de las familias. La gestión integrada de casos comienza en el momento en que el delincuente entra en el sistema.

519.Véase también el Quinto Informe del Canadá sobre la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Artículo 17 - Derecho a la intimidad

520.Saskatchewan tiene tres leyes relativas a la libertad de información y a la protección de la intimidad: la Ley de libertad de información y protección de la vida privada, en vigor desde 1992, la Ley de libertad de información y protección de la vida privada de las autoridades locales, en vigor desde 1993, y la Ley de protección de la información sobre la salud, en vigor el 1º de septiembre de 2003. El Comisionado de Información y Protección de la Intimidad es un funcionario independiente de la Asamblea Legislativa que se ocupa de velar por que los órganos públicos respeten el derecho a la intimidad y los derechos de acceso a la información previstos en las tres leyes.

521.De 1992 a 2003, el Comisionado de Información y Protección de la Intimidad era un cargo a tiempo parcial pero, a partir del 1º de noviembre de 2003, pasó a ser un cargo a tiempo completo. También se estableció una oficina independiente que cuenta con un administrador y un comisionado adjunto. El número de solicitudes de información aumentó de 428 en 2002‑2003 a 641 en 2003‑2004, y el número de expedientes pasó de 75 en 2002‑2003 a 92 en 2003‑2004 (Informe anual de la Oficina del Comisionado de Información y Protección de la Intimidad, 2003‑2004). Se puede obtener más información sobre la Oficina del Comisionado de Información y Protección de la Intimidad en: http://www.oipc.sk.ca.

522.La Ley de libertad de información y protección de la vida privada sigue garantizando la protección de la intimidad de las personas que viven de la asistencia social. No se ha introducido ningún cambio en los procedimientos para identificar a los beneficiarios de la asistencia social. La toma de huellas dactilares y el análisis de la imagen de la retina se considerarán medidas de carácter excepcional que no reflejan la práctica de la provincia.

Artículo 18 - Libertad de pensamiento, conciencia y religión

523.La Ley de educación de 1995 permite que los padres impartan instrucción a sus hijos en el hogar en lugar de enviarlos a la escuela, por razones de conciencia o de convicción religiosa. El número total de estudiantes que reciben instrucción en el hogar ha aumentado a razón de 100 por año desde 1994.

524.En 2000, Saskatchewan sustituyó la Ley sobre adultos dependientes por la Ley sobre la curatela de adultos y la adopción conjunta de decisiones. Esta última ley comprende disposiciones para la designación de una persona encargada de ayudar a un adulto que requiere asistencia para adoptar en forma conjunta decisiones de carácter personal o sobre bienes pero que no necesita todos los servicios de tutela. Estas disposiciones se aplican con pleno respeto de la autonomía de los adultos al reconocer su derecho a elegir la intervención menos restrictiva posible.

Artículo 22 - Libertad de asociación

525.La Ley de relaciones laborales en la industria de la construcción, de 1992, estableció un sistema a nivel de la provincia para la negociación entre gremios en la industria de la construcción. La ley estableció divisiones industriales en función de la actividad profesional y prevé que se establezca una sola organización de empleadores y un sindicato para cada división. La enmienda de la Ley de relaciones laborales en la industria de la construcción de 2000 prohibió que las empresas sindicalizadas establecieran empresas paralelas no sindicalizadas en el mismo sector comercial. De esta manera, las empresas de construcción de Saskatchewan han quedado en iguales condiciones para competir que las empresas de otras provincias.

Artículo 23 - Protección de la familia, derecho al matrimonio e igualdad de los cónyuges

526.En 2001, el Gobierno de Saskatchewan aprobó la Ley de enmienda de diversas leyes sobre relaciones familiares, de 2001, y un proyecto de ley bilingüe que la acompaña, la Ley de enmienda de diversas leyes sobre relaciones familiares (Nº 2), de 2001. Estas leyes modificaron 14 leyes de la provincia a fin de garantizar que las parejas del mismo sexo recibieran en Saskatchewan el mismo tratamiento jurídico que las parejas de hecho. En esas leyes los beneficios y obligaciones ya se habían hecho extensivos a las parejas de hecho de diferentes sexos. Las dos leyes también modificaban otras ocho leyes con el fin de que los beneficios y obligaciones que anteriormente se aplicaban únicamente a las parejas casadas se hicieran extensivos a las parejas de hecho.

Artículo 24 - Derechos del niño

527.El Comité consultivo de jóvenes de la provincia de Saskatchewan constituye un ejemplo de colaboración eficaz entre el Gobierno y la juventud para lograr cambios sustantivos en esferas de interés para los jóvenes. El principal objetivo del Comité es hacer participar a los jóvenes en la adopción de decisiones y desarrollar así la capacidad de la próxima generación de dirigentes de Saskatchewan. Los miembros del Comité adquieren conocimientos sobre la planificación estratégica y la formulación de políticas gubernamentales. El Comité ha formulado valiosos comentarios sobre las políticas y estrategias gubernamentales relativas a la juventud. El Comité se financia por conducto del Departamento de Cultura, Juventud y Recreación.

528.La red Saskatchewan provincial Youth in Care and Custody Network es una organización provincial formada por jóvenes que se encuentran o que se han encontrado anteriormente bajo custodia o tutela. Sus principales objetivos son apoyar a los jóvenes y hacer frente a problemas concretos en el sistema de protección de menores. La oficina provincial y los grupos locales de la organización se financian por conducto del Departamento de Recursos Comunitarios y Empleo.

529.Los procedimientos de administración de justicia de menores prevén garantías especiales para proteger los derechos de los menores, como la protección de su identidad y la participación de sus familias o tutores en la planificación de la tramitación de sus casos. Se reconoce generalmente que los menores no tienen la madurez ni los conocimientos de los adultos y por lo tanto necesitan garantías especiales para salvaguardar su derecho a la protección de su intimidad y otros derechos.

530.En el segundo informe del Canadá sobre la Convención de los Derechos del Niño se hace referencia al establecimiento de la Oficina del Defensor de la Infancia. En 2003, la Oficina del Defensor recibió 1.069 nuevas solicitudes de servicios. El 18% de las solicitudes provenían de niños y jóvenes y el 50% de padres que solicitaban servicios en nombre de niños o jóvenes. Entre otras personas que solicitaban servicios figuran los miembros de familias extensas, personas que mantienen relaciones profesionales con menores, tutores y terceras partes interesadas. En 2003, el 55% de los solicitantes recibieron asistencia e información sobre sus derechos, en particular sobre políticas gubernamentales, procedimientos y procesos de apelación, y sugerencias para ayudar a los solicitantes a resolver problemas. El 27% de los solicitantes fueron objeto de medidas de intervención rápida, es decir que la Oficina se encargaba de hacer las llamadas iniciales, entablar las negociaciones preliminares y proponer otras estrategias para la defensa de los derechos de los menores. El 14% de los solicitantes fueron objeto de medidas de intervención intensiva, a las que se suele recurrir cuando los problemas no han podido resolverse mediante las estrategias de defensa o la intervención rápida. Las medidas de intervención intensiva incluyen por lo general reuniones y, en algunos casos, también una orientación más intensiva para que el menor pueda defender sus derechos, la coordinación con departamentos y organismos gubernamentales, conferencias sobre casos y, rara vez, investigaciones oficiales.

531.La Oficina del Defensor de la Infancia también participa en actividades de sensibilización del público (en 2003 el personal de la Oficina realizó unas 100 presentaciones sobre las funciones de la Oficina y cuestiones relativas a la defensa de los intereses del niño); en la promoción sistemática de las políticas y prácticas gubernamentales o la legislación (por ejemplo, sobre cuestiones relativas a los jóvenes en conflicto con la ley, los servicios de salud mental para niños y jóvenes, la solución de controversias en el ámbito escolar, los servicios para niños con discapacidades, las normas relativas a la atención que brindan los servicios residenciales a las familias y los servicios a los niños y las familias de las Primeras Naciones, y las garantías para los niños y adolescentes colocados en hogares de guarda y en residencias para grupos); y en actividades de defensa de los intereses del niño a nivel de la comunidad (por ejemplo, actividades sobre el síndrome de alcoholismo fetal y sobre la sección 43 del Código Penal del Canadá) (informe anual de 2003-2004 del Defensor de la Infancia de Saskatchewan). Se puede obtener más información sobre la labor de la Oficina del Defensor de la Infancia en http://www.saskcao.ca.

Artículo 26 - Igualdad ante la ley

532.En 2003-2004, la Comisión de Derechos Humanos de Saskatchewan organizó 61 seminarios y presentaciones, participó en 27 actividades organizadas en asociación con la comunidad, respondió a numerosas solicitudes de información y atendió a 46 solicitudes de los medios de difusión.

533.En 2003-2004, aumentó el número de programas voluntarios de equidad en el empleo en Saskatchewan, llegando a abarcar a 37 empleadores y a más de 42.000 empleados o a un 10% de los trabajadores de Saskatchewan.

534.En los colectivos laborales participantes, el porcentaje de empleados aborígenes aumentó de 2,9% a 7,9% y a 10,2% en el Gobierno de Saskatchewan entre 1993 y 2003. Los aborígenes representaban aproximadamente el 13,5% de la población de Saskatchewan. En el mismo período, el porcentaje de minorías visibles en los colectivos laborales participantes aumentó del 1,5 al 3,1% y el porcentaje de personas con discapacidad aumentó del 2,9% al 3,6%. Las minorías visibles representan aproximadamente el 3,0% de la población en edad de trabajar de la provincia, aunque ese porcentaje es más alto en las dos ciudades más importantes de la provincia: 5,5 y 5,8% en Regina y Saskatoon, respectivamente. Las personas con discapacidades representan el 11,1% de la población en edad de trabajar. Las mujeres representan el 46,5% de la fuerza de trabajo pero no están suficientemente representadas en los puestos directivos. A partir de 1993, el número de mujeres en puestos directivos ha aumentado del 27,6 al 33,2%, aunque ese porcentaje alcanzó el 35,1% en 1998 y luego bajó al 33,2%.

535.En 2003-2004, 17 divisiones escolares contaban con programas de equidad en la educación, que abarcaban a aproximadamente a 80.000 estudiantes. Además, la División de Enseñanza Pública de Regina tenía un programa de equidad en el empleo que permitía la contratación de aborígenes, con lo que se elevó el número de estudiantes que se beneficiaban de los programas de equidad en la educación a más de 100.000, o aproximadamente al 57% de los estudiantes del jardín de infancia al 12º grado. Además, 10 instituciones de educación superior tenían planes de equidad en la educación.

536.De los estudiantes que declaraban ser aborígenes y que cursaron el 10º grado entre 1992 y 1998, aproximadamente el 47% terminaron el 12º grado. En 2003-2004, la Comisión de Derechos Humanos de Saskatchewan pidió a los patrocinadores de los programas de equidad en la educación que facilitaran estadísticas sobre el número de estudiantes aborígenes y no aborígenes que empezaban y terminaban el 12º grado, pero ya que esa información no se había solicitado anteriormente, sólo unas pocas divisiones escolares pudieron proporcionarla. Las pocas divisiones que respondieron señalaron que el 57,6% de los estudiantes aborígenes había terminado el 12º grado, frente a una tasa general de graduados escolares del 82,4% (informe anual de 2003-2004 de la Comisión de Derechos Humanos de Saskatchewan).

537.Se puede obtener más información sobre la labor de la Comisión de Derechos Humanos de Saskatchewan en: http://www.gov.sk.ca/shrc/.

538.En junio de 2003, la Federación de Naciones Indias de Saskatchewan estableció la Universidad de las Primeras Naciones del Canadá, conocida anteriormente como Saskatchewan Indian Federated College, que se creó en 1976 como una institución autónoma asociada a la Universidad de Regina. La Universidad de las Primeras Naciones del Canadá es una institución administrada en forma independiente que ofrece enseñanza de calidad en un entorno de afirmación cultural de las Primeras Naciones. Los consejos de ancianos en la Universidad comparten su sabiduría y consejos con los estudiantes y el personal y su presencia garantiza que los nuevos programas y servicios descansen sobre la base de la tradición. La Universidad tiene más de 2.000 estudiantes.

539.La Ley sobre el Saskatchewan Indian Institute of Technologies (1º de julio de 2000) reconoce al Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT) como instituto de capacitación técnica de las Primeras Naciones autorizado para otorgar títulos y certificados. Esta ley garantiza que el pueblo de las Primeras Naciones tenga pleno control sobre el funcionamiento de su institución y realza la credibilidad y prestigio del SIIT en el país. En 2002-2003, el SIIT tenía un total de 1.013 estudiantes matriculados a tiempo completo y 220 estudiantes a tiempo parcial.

540.El antiguo Programa de educación para indios no inscritos y mestizos y otros programas de financiación para fines concretos quedaron comprendidos en el Programa de subsidios provinciales de capacitación. El Programa presta apoyo financiero basado en los ingresos a estudiantes inscritos en programas de enseñanza básica, cursos de desarrollo de aptitudes profesionales de corta duración y programas de transición. En 2003-2004, aproximadamente el 62% de los participantes eran aborígenes.

541.El Gobierno provincial sigue proporcionando financiación y apoyo al Gabriel Dumont Institute of Métis Studies and Applied Research (DIT) a fin de que centre su labor en la educación basada en la investigación cultural como medio de renovar y fortalecer el patrimonio y los logros de la población mestiza de Saskatchewan. Se sigue proporcionando financiación al DIT para que elabore e imparta enseñanza básica para adultos y formación de aptitudes profesionales para la población mestiza. En 2002-2003, el DTI tenía 354 estudiantes matriculados en el programa de enseñanza básica para adultos y 220 estudiantes en el programa desarrollo de aptitudes profesionales.

542.Los acuerdos de asociación, como el Programa de Acceso a las Ciencias de la Salud en el Norte y el Programa de Formación en Enfermería de Saskatchewan en Prince Albert (que empezaron en el otoño de 2002), permiten a los estudiantes realizar sus aspiraciones académicas y profesionales preservando al mismo tiempo la cultura, los idiomas y los valores tradicionales del Norte. Los programas cuentan con el apoyo de los consejos de ancianos.

543.El Plan de Acción en materia de educación y formación de los aborígenes en el sector de la educación postsecundaria se puso en marcha en 2002-2003 con el objetivo de aumentar la participación de la población aborigen en la enseñanza y la formación postsecundaria y fomentar la participación y desarrollar las aptitudes para el empleo de los grupos insuficientemente representados con miras a aumentar su representación en la fuerza de trabajo.

544.La reforma de la Ley y el Reglamento de Educación de 1997 permite que los miembros de la minoría francófona establezcan y administren sus propias escuelas, cuando el número de estudiantes lo justifique, de conformidad con la sección 23 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. En 1994-1995 había 8 escuelas en la División de Escuelas Francófonas con una matriculación de 1.001 estudiantes, y en 2003-2004 había 13 escuelas con una matriculación de 1.070 estudiantes.

545.En 2001, el Foro de Equidad en la Educación publicó Planning for Action una guía de aplicación del marco normativo de 1997 Nuestros niños, nuestras comunidades, nuestro futuro. El Foro organiza un simposio anual en el otoño para dar a los educadores la oportunidad de establecer contactos y expresar sus opiniones sobre cuestiones relativas a la equidad en la educación.

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

546.El Gobierno de Saskatchewan reconoce el derecho inherente de las Primeras Naciones al gobierno autónomo y a ejercer su jurisdicción sobre el territorio de las reservas. Saskatchewan está negociando un acuerdo sobre el gobierno autónomo con el Canadá y la Federación de Naciones Indias de Saskatchewan. Otras negociaciones similares están en marcha entre la provincia, el Canadá y el Consejo Tribal de Meadow Lake. En julio de 2004 las partes llegaron a un acuerdo en principio en el marco del proceso de la Federación de Naciones Indias de Saskatchewan. En el proceso del Consejo Tribal de Meadow Lake, las partes firmaron un acuerdo en principio en enero de 2001.

547.En enero de 2002 se promulgó la Ley de los mestizos y se firmó el memorando de entendimiento correspondiente. La ley cumple tres funciones principales:

·Reconoce las contribuciones históricas, económicas y culturales de los mestizos al desarrollo y la propiedad en el Canadá;

·Permite que la Métis Nation-Saskatchewan Secretariat Inc. y sus entidades subsidiarias mantengan relaciones comerciales no sujetas a las disposiciones de la Ley de empresas sin fines de lucro de 1995; y

·Establece un mecanismo para abordar los problemas prácticos no relacionados con los derechos y ofrece más oportunidades a la población mestiza en ámbitos importantes como el fomento de la capacidad, las tierras, la cosecha y la gestión pública, mediante un memorando de entendimiento que acompaña a la ley.

ALBERTA

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

548.En 1972, el Gobierno de Alberta dio su respaldo a la Carta de Derechos del Canadá mediante la Carta de Derechos de Alberta. Al mismo tiempo, la Ley de protección de los derechos personales fue promulgada en la provincia como la Ley de derechos humanos. En 1996, esta ley fue derogada y se aprobó una nueva ley denominada Ley sobre derechos humanos, ciudadanía y multiculturalismo.

549.La Ley de derechos humanos, ciudadanía y multiculturalismo reconoce a todas las personas en Alberta el derecho a ser tratadas con respeto a su dignidad y en pie de igualdad. La ley prohíbe la discriminación en los siguientes ámbitos: declaraciones públicas, publicaciones, avisos, letreros y otras representaciones; servicios públicos, mercancías, alojamiento y otros servicios; alquiler; anuncios y solicitudes de empleo; prácticas de empleo; afiliación a sindicatos, asociaciones de empleadores o asociaciones gremiales.

550.En Alberta toda persona tiene derecho por ley a estar protegido contra toda discriminación por motivo de raza, estado civil, creencias religiosas, situación familiar, color, edad, género, ascendencia, lugar de origen, discapacidad física o mental, fuente de ingresos y orientación sexual.

551.Se protege contra la discriminación por todos los motivos, excepto la edad, que se establece en los 18 años o más para la protección en las esferas del alquiler o los servicios públicos, mercancías, alojamiento o instalaciones públicas.

552.El Gobierno de Alberta ha establecido la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía de Alberta para administrar y hacer respetar la Ley sobre derechos humanos, ciudadanía y multiculturalismo. La Comisión está integrada por un Primer Comisionado y por comisionados elegidos por el público general. Éstos son nombrados por el Vicegobernador. La Comisión depende del Ministerio de Desarrollo Comunitario.

553.La Comisión recibe quejas sobre casos de presunta discriminación en sus oficinas regionales de Edmonton y de Calgary y ofrece un proceso de resolución de quejas. Puede obtenerse más información sobre la Comisión, sus programas y proceso de resolución de quejas en: http://www.albertahumanirights.ab.ca.

554.El proyecto de ley de enmienda a la Ley del Ombudsman se presentó a la Asamblea Legislativa en marzo de 2003. Las modificaciones propuestas permitirán que el Ombudsman acceda a toda la información que necesita para investigar a fondo las quejas sobre medidas administrativas de los departamentos del gobierno provincial y sus juntas y organismos asociados. El Ombudsman investiga las quejas sobre injusticias cometidas en la administración del gobierno provincial una vez que se han agotado todos los demás recursos de apelación.

555.En la Ley de procedimientos colectivos se describe el proceso específico para los casos en que varios demandantes tienen reclamaciones similares contra una misma persona o contra las mismas personas. La ley contribuirá a mejorar el acceso de los ciudadanos de Alberta que tengan reclamaciones legítimas y que, debido al alto costo que entraña incoar un proceso, podrían no estar en condiciones de interponer una demanda. La ley entró en vigor el 1º de abril de 2004.

556.El Tribunal de Calgary para casos de violencia en el hogar fue establecido en mayo de 2000. El poder judicial y el personal de instrucción y del servicio de libertad vigilada han destinado funcionarios a ese tribunal. El Tribunal de Edmonton para casos de violencia en el hogar empezó a funcionar el 1º de septiembre de 2001. En la actualidad, los fiscales asignados a la dependencia de protección de la familia están tramitando los casos de violencia en el hogar y los juzgados de paz todas las primeras demandas sobre protección familiar. En Lethbridge, existen protocolos desde 1999 para coordinar los servicios que se ofrecen a las personas afectadas por la violencia en el hogar. En marzo de 2004, la Sala de Lethbridge para casos de violencia en el hogar entendió en sus primeras causas. La Sala funciona los martes por la tarde con un fiscal de la Corona especializado en casos de violencia en el hogar.

557.En 2001 se estableció el Centro de Primera Comparecencia de Edmonton, un proyecto conjunto del Ministerio de Justicia de Alberta y del Servicio de Policía de Edmonton. El Centro se ocupa de tramitar casos de infracciones de tránsito no penales fuera de los tribunales. Las personas que recurren al juzgado de Edmonton pueden fijar una fecha para el juicio o consultar con un fiscal en el Centro de Primera Comparecencia. El fiscal puede luego proporcionar información sobre la multa y los recursos jurídicos disponibles en caso de que se someta el caso al tribunal. Según proceda, el fiscal procura resolver el asunto con el acusado antes de incoar una acción. El Centro está basado en un centro similar que empezó a funcionar en Calgary en 1999. También se establecieron servicios similares en los juzgados de St. Albert, Sherwood Park y Stony Plain.

558.La División de Justicia Penal ha designado por lo menos a un fiscal de la Corona en cada una de las 12 oficinas provinciales de la Corona como fiscal de enlace para los aborígenes. La función del fiscal de enlace es entablar relaciones y colaborar con las Primeras Naciones y las comunidades mestizas locales a fin de determinar las necesidades locales en materia de justicia penal, participar en la formulación de iniciativas basadas en la comunidad en materia de justicia para los aborígenes, y servir de fuente de información para otros fiscales de la Corona sobre cuestiones de justicia que afectan a los aborígenes.

559.En los centros de información sobre derecho de la familia del Tribunal de Queen's Bench se distribuyen actualmente folletos de fácil lectura y formularios judiciales con el fin de ayudar a los ciudadanos de Alberta que comparecen ante tribunales de familia sin estar representados por un abogado. Cerca del 20% de los 15.000 casos de derecho de la familia que se tramitan cada año incluyen a una persona que no está representada por un abogado. En los folletos y formularios judiciales se emplea un lenguaje sencillo para explicar los procedimientos, que a menudo son complicados, proporcionando así a los ciudadanos comunes y corrientes de Alberta la información que necesitan para comparecer ante los tribunales sin estar representados por un abogado. Los folletos y formularios se refieren a 27 distintos procedimientos de derecho de la familia que van desde la pensión alimenticia, la custodia y derecho de visita hasta interdictos y órdenes de protección.

560.El sitio web de las bibliotecas de la Asociación de Abogados, que da a los usuarios acceso por Internet a los catálogos de las bibliotecas de la Asociación de Abogados y las bibliotecas de referencia jurídica, empezó a funcionar en diciembre de 2001. Los usuarios también pueden hacer consultas por vía electrónica y vincularse a muchas otras fuentes de información jurídica, inclusive decisiones judiciales y leyes del Canadá y de otros países.

561.El Ministerio de Justicia de Alberta, en consulta con Alberta Learning y el Procurador General de Alberta, trabajó con maestros de toda la provincia en la elaboración de material didáctico para la asignatura de estudios sociales de décimo grado. Utilizando diversas actividades de enseñanza y aprendizaje, el manual aborda las cinco esferas del derecho del sistema judicial canadiense: constitucional, aborigen, penal, civil y juvenil. El material se distribuyó a 625 maestros de estudios sociales en toda la provincia.

562.La Sociedad de Asistencia Jurídica abrió nuevas oficinas de asistencia jurídica en derecho de la familia en Edmonton en julio de 2001 y en Calgary en octubre de 2001. Estas dos oficinas prestan servicios en materia de derecho de la familia a los ciudadanos de Alberta que cumplen las condiciones para recibir asistencia jurídica en relación con asuntos como el divorcio, la pensión alimenticia y la custodia. También se ofrecen servicios de mediación y otros procedimientos de solución de controversias. Las oficinas forman parte de un proyecto experimental de cuatro años de duración en cuyo marco se evaluará la calidad y la efectividad en función del costo de los servicios de asistencia jurídica en materia de derecho de la familia.

563.En octubre de 2001 se emprendió un proyecto experimental dirigido a todos los demandantes no representados por abogado ante la División de la Familia del Tribunal Provincial (excepto en casos relativos a la protección de los niños). En el marco del proyecto, las partes que no están representadas por un abogado deben recurrir a un asesor para la evaluación inicial del expediente y asistir a conferencias ante un coordinador de expedientes a fin de que se determine si el asunto se puede resolver. Estos funcionarios estudian las opciones con las partes, facilitan arreglos y remiten casos. Las partes también reciben información sobre los servicios de mediación y solución de controversias que se ofrecen, y participan en cursos pertinentes para ayudarlos a resolver los asuntos sin acudir a los tribunales. Cuando no se puede resolver un asunto, los miembros del personal velan por que los documentos estén en orden, explican los procedimientos judiciales y acompañan a las partes durante el proceso judicial.

564.El programa de asistencia parajudicial a los aborígenes se financia en forma conjunta con arreglo a un memorando de acuerdo entre el Gobierno de Alberta y el Gobierno del Canadá. El programa proporciona asesoramiento parajudicial (distinto del judicial) a la población aborigen en relación con los procedimientos, sus derechos y la disponibilidad de asistencia jurídica y otros recursos. El mandato del programa consiste en facilitar y ampliar el acceso a la administración de justicia, ayudando a los aborígenes que han sido acusados de un delito penal ante la División Penal del Tribunal Provincial de Alberta a comprender el sistema y sus procedimientos. En cuatro comunidades aborígenes, los programas de asistencia parajudicial se ofrecen con arreglo a acuerdos concertados entre el Ministerio de Justicia de Alberta y las sociedades correccionales comunitarias o las comisiones de justicia creadas por esas comunidades. Éstas incluyen: la sociedad correccional comunitaria de Kainai, la Comisión de Justicia de Siksika, la sociedad correccional de la Nación Tsuu T'ina/Stoney y la sociedad correccional de la comunidad tribal de Yellowhead. En otros lugares de Alberta, los Servicios de Asesoramiento para Aborígenes de Alberta prestan servicios parajudiciales a los aborígenes que enfrentan cargos penales. Todas los aborígenes (indios, inuit o mestizos) tienen derecho a recibir esos servicios, independientemente de su estatuto o lugar de residencia.

Artículo 4 - Disposiciones de suspensión de derechos

565.La Ley de enmienda a los estatutos de gestión de la seguridad modifica 17 leyes de Alberta con el fin de prevenir y reducir la amenaza de actividad terrorista y aumentar la capacidad de la provincia para responder a situaciones de emergencia. La ley mejora las precauciones destinadas a proteger la seguridad de todos los habitantes de Alberta y su infraestructura, industria, recursos naturales y medio ambiente.

Artículo 6 - Derecho a la vida

566.La Junta de Estadísticas del Estado Civil de Alberta transmite anualmente todos los datos relativos a la mortalidad a la Dirección General de Estadísticas del Canadá. Esos datos incluyen datos sobre la mortalidad infantil, aunque sin limitarse a ellos. El Gobierno del Canadá también recibe un registro de todas las hospitalizaciones en Alberta, lo que permite determinar, entre otras cosas, la mortalidad derivada de la maternidad. Por último, el Gobierno del Canadá recibe ejemplares de todos los informes preparados por el Gobierno de Alberta, en particular los informes estadísticos. Las estadísticas de salud de Alberta pueden consultarse en: http://www.health.gov.ab.ca/resources/publications/index.html#8.

567.La Oficina de Salud y Bienestar de Alberta, en colaboración con las autoridades regionales de la salud, elabora material impreso sobre sexualidad y métodos anticonceptivos. Ese material informativo se distribuye a los profesionales especializados en salud reproductiva, el personal de enfermería del sistema de salud pública y las organizaciones de la comunidad a fin de que proporcionen información sobre control de la natalidad y servicios de asesoramiento. El material también se ha puesto a disposición del público en general.

568.La Oficina de Salud y Bienestar de Alberta participa en la Estrategia de prevención del suicidio de jóvenes aborígenes. Todavía no se dispone de información sobre los resultados.

Artículo 7 - Protección contra la tortura

569.Todas las mujeres en Alberta tienen acceso al aborto en condiciones de seguridad, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas autorizadas. En Alberta el costo de las intervenciones de terminación del embarazo no constituye un impedimento ya que esas intervenciones se financian con fondos públicos mediante el Plan de Seguro Médico de Alberta. No hay límite para el número de intervenciones que pueden realizarse cada año. La razón del embarazo no constituye un factor que determine el acceso al servicio.

570.En 1996, tres importantes organismos de financiación, el Consejo de Investigación Médica del Canadá, el Consejo de Investigación sobre Ciencias Naturales e Ingeniería y el Consejo de Investigación sobre Ciencias Sociales y Humanidades, publicaron una nueva declaración política titulada Declaración política de los tres Consejos: conducta ética para la investigación con seres humanos. Si bien la estricta declaración política y las directrices no son de aplicación obligatoria, Alberta, por conducto de su Gobierno, universidades e instituciones de investigación, ha adoptado e incorporado los principios éticos y las disposiciones de la declaración política de los tres Consejos.

Artículo 9 - Derecho a la libertad y a la seguridad personales

571.La legislación federal sobre terrorismo ha otorgado amplios poderes a la policía para efectuar detenciones, inclusive en algunos casos sin una orden de detención. La legislación prevé la supervisión judicial y obliga a la policía a presentar informes a los ministros provinciales competentes y a éstos últimos a informar al público. El Ministerio de Justicia de Alberta y el Procurador General de Alberta publican informes anuales sobre la aplicación de esas disposiciones.

572.La Ley de la salud mental entró en vigor el 1º de enero de 1990. Esta ley establece los procedimientos que han de seguirse para que una persona que padece trastornos mentales sea internada o retenida como paciente involuntario en una institución psiquiátrica designada. Se debe informar a los pacientes de las razones de su retención y de sus derechos. Esos derechos incluyen el derecho a recibir asesoramiento jurídico; a solicitar un examen independiente para la cancelación de un certificado de admisión o de renovación; y a apelar contra la decisión de un comité de examen ante el Tribunal de Queen's Bench. Se nombra a un defensor de los pacientes con problemas de salud mental a fin de que investigue las denuncias presentadas por pacientes con trastornos mentales o relativas a pacientes con trastornos mentales oficialmente reconocidos como tales.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

573.La Ley de penitenciarías C-29 RSA 2000 y, en particular, la sección 7 del Reglamento de instituciones penitenciarias OC 205-2001, de Alberta, exigen firmeza e imparcialidad a los funcionarios en el trato de los delincuentes recluidos en centros penitenciarios. La legislación prohíbe concretamente el empleo de tácticas humillantes o técnicas de acoso y dispone que los reclusos deben recibir un trato que fomente el respeto de sí mismo y la responsabilidad personal.

574.Asimismo, la actuación de los Servicios Penitenciarios de Alberta se guía por un número considerable de políticas que refuerzan la necesidad de tratar de manera equitativa a los reclusos. Dichas políticas comprenden mecanismos de apelación a funcionarios de prisiones y de terceros, y la revisión de las decisiones de los funcionarios por el personal directivo. Las directrices de política promueven iniciativas de capacitación. Todo el personal, tanto el que acaba de incorporarse como el que está en ejercicio, recibe una formación completa en todos los aspectos de la política penitenciaria, incluidos los métodos disciplinarios y en materia de seguridad aprobados, las técnicas de trato a los reclusos, la solución de conflictos y los medios de que disponen los reclusos para obtener protección.

575.El Procurador General administra la Ley de policía P-17 RSA 2000, en cuya parte 5 se establece un mecanismo público de denuncia. Podrá presentarse una denuncia con respecto a un servicio policial o la actuación de un funcionario de policía, que podrá ser examinada por la Junta de Revisión de la Aplicación de la Ley, que es un tribunal independiente que determina la validez de la queja. Si durante el examen de la denuncia se determina que se ha cometido un delito penal, deberá remitirse el asunto al Ministerio de Justicia y al Fiscal General para que determinen si deben formularse cargos.

576.Una condena condicional consiste en una condena de prisión que el juez ha dispuesto que se cumpla en la comunidad. Se utiliza en Alberta desde las reformas aprobadas en septiembre de 1996 y los tribunales la han aceptado y aplicado ampliamente.

Alternativas a la prisión

577.El Programa de medidas alternativas para los adultos empezó a aplicarse en febrero de 1997 a adultos autores de pequeños delitos para evitar un proceso judicial formal. El Programa de arresto domiciliario se aplica como alternativa a la prisión a determinados delincuentes que han sido condenados a una pena discontinua (presos de fin de semana). Los participantes deben cumplir las condiciones siguientes: toques de queda obligatorios y participación obligatoria en los programas o el trabajo de los servicios comunitarios supervisados del Ministerio de Justicia de Alberta durante el período que dure la condena. El Programa de vigilancia comunitaria constituye una forma intensiva y muy estructurada de supervisión de los reclusos ausentes temporalmente del establecimiento penitenciario. Supone la obligación de regresar al centro de reclusión a una hora determinada cada día y el empleo a jornada completa o la participación en los programas del Ministerio de Justicia de Alberta para determinados delincuentes de bajo riesgo y que requieren un nivel mínimo de seguridad. Grupos de delincuentes participaron en muchos proyectos de trabajo comunitario en la provincia. Muchos de esos proyectos se ejecutaron en colaboración con otros ministerios, municipalidades o grupos sin fines de lucro.

578.Se ha adoptado en la Primera Nación de Alexis una iniciativa única en su género, relativa a un tribunal de las Primeras Naciones y de justicia restitutiva, con arreglo a la cual los magistrados de los tribunales provinciales y los fiscales de la Corona de Stony Plain comparten información sobre el sistema de justicia penal y los procedimientos judiciales con el Comité de Justicia de Alexis, los ancianos y otros miembros de la comunidad. Por su parte, los magistrados y los fiscales tienen la oportunidad de establecer relaciones con la comunidad aborigen y conocer mejor su cultura, tradiciones y recursos sociales. El tribunal, en colaboración con miembros de la comunidad y del sistema judicial, ha incorporado en el proceso de justicia restitutiva de Alexis la supervisión de los delincuentes por orden de un tribunal, exámenes provisionales y la rendición de cuentas a la comunidad. El Comité de Justicia contribuye a la labor de determinación de la pena ampliando los informes previos mediante la determinación de los recursos culturales y sociales de que se dispone en la reserva. El Comité de Justicia también presta asistencia al agente de libertad vigilada en la supervisión del cumplimiento de la sentencia por algunos delincuentes y facilitando al tribunal exámenes por la comunidad del cumplimiento de la libertad vigilada. Estos exámenes provisionales constituyen un elemento importante y único en su género del proceso de justicia restitutiva de Alexis.

579.El Tribunal de Blood, cuyo título oficial es "Aisiimohki", que significa "disciplinar" en el idioma blackfoot, se estableció en el marco de un programa de alternativas comunitarias. Depende del Departamento de Salud Pública de la tribu blood y está compuesto por profesionales de los departamentos de esa tribu, incluidos los de educación, prisiones, salud y vivienda. Un anciano forma parte de cada tribunal, ya que éste promueve los valores tradicionales y se basa en ellos. El tribunal sigue un proceso formal y específico. Se somete al acusado a un proceso de examen inicial y a un proceso de evaluación. A continuación se elabora un programa estructurado. El tribunal facilita información detallada sobre el programa en un informe escrito dirigido al fiscal de la Corona. Éste puede solicitar a la corte que incorpore el programa propuesto en el auto de libertad vigilada. A fin de propiciar la rehabilitación, se presta asistencia y orientación al delincuente durante todo el proceso. Para poder ser remitido al Aisiimohki, el acusado debe declararse culpable ante el tribunal y aceptar la responsabilidad del acto delictivo. La tribu blood también ha establecido el Comité de Justicia de Menores de la Tribu Blood, que fue objeto de sanción ministerial de acuerdo con la sección 18 de la Ley de justicia penal de menores. Esta iniciativa también es gestionada por el Departamento de Salud Pública de la tribu blood y está estrechamente relacionada con el Tribunal de la tribu blood.

580.La Fiscalía de la Corona de Edmonton y la Dependencia de Iniciativa de Justicia Aborigen han empezado a colaborar con los responsables de la justicia aborigen y los miembros de la comunidad de la zona de Edmonton para establecer un comité de justicia aborigen de adultos. Análogo conceptualmente al Comité de Justicia Aborigen de Menores de Edmonton, el comité propuesto estará formado por voluntarios y ancianos de la comunidad y desempeñará una función de asesoramiento al Tribunal Provincial de Alberta, en Edmonton, a la hora de dictar sentencia contra imputados aborígenes.

581.La Fiscalía de la Corona de Lethbridge también ha participado activamente en la formulación de una iniciativa innovadora para los aborígenes del medio urbano, el Círculo Judicial Urbano de Lethbridge. En noviembre de 1999, dos jóvenes residentes aborígenes fueron los primeros acusados que comparecieron ante el Círculo. El proceso se inauguró con la cooperación del Tribunal Provincial de Alberta, la Fiscalía de la Corona de Lethbridge, el Servicio de Policía de Lethbridge y el Colegio Universitario de la Comunidad de Lethbridge. El Círculo sigue funcionando satisfactoriamente.

Justicia de menores

582.El Programa de Comités de Justicia de Menores de Alberta recibió el reconocimiento del Instituto de Administración Pública del Canadá (IPAC), que le concedió una medalla de oro en agosto de 2002. Los comités de justicia de menores de las comunidades de toda la provincia desarrollan una labor de solución de conflictos jurídicos con medidas extrajudiciales, trabajo comunitario y reuniones con las víctimas y miembros de la comunidad. Un jurado de cinco miembros del IPAC, que es una organización sin fines de lucro que organiza redes y foros para promover la excelencia del servicio público, seleccionó a los comités de justicia de menores de Alberta para la medalla de oro entre 132 instituciones gubernamentales a nivel federal, provincial y municipal.

583.El Procurador General y la Junta de Salud Mental de Alberta están colaborando a fin de que se presten mejores servicios de salud mental a los jóvenes delincuentes. El objetivo es realizar una evaluación y ofrecer un tratamiento oportuno a los delincuentes jóvenes con problemas mentales. Se proporcionará al personal los conocimientos y los medios necesarios para atender debidamente a esos menores. Se ha creado un Comité de Remisión por motivos de salud mental que examina los medios de remitir los menores con enfermedades mentales a otras instancias distintas del sistema de la justicia penal oficial.

584.Se han adoptado muchas iniciativas para satisfacer las necesidades de los delincuentes menores de edad, por ejemplo:

Se han creado unidades de salud mental en las penitenciarías de menores de Calgary y Edmonton. En esas unidades se adopta un sistema de dotación de personal mejorado que reduce la necesidad de reclusión.

Se han elaborado programas para atender las necesidades terapéuticas de las mujeres delincuentes, que complementan los programas actuales aplicando un tratamiento clínico más intensivo.

Se ha contratado a ancianos indígenas para que presten asesoramiento individual a jóvenes aborígenes. La División de Servicios Penitenciarios subcontrata la gestión de dos campamentos de mínima seguridad para aborígenes adultos y un centro penitenciario de la comunidad. Grupos aborígenes suscriben los contratos y prestan servicios a los delincuentes. Además, la División subcontrata los servicios de un centro de desintoxicación de adolescentes y un centro de acogida de jóvenes delincuentes para aborígenes. Ancianos y miembros de las comunidades indígenas acuden regularmente a los centros penitenciarios y de menores en el marco de programas culturales destinados a los delincuentes. Esos programas se concentran sobre todo en la cultura y la espiritualidad aborígenes.

Los empleados y el personal contratado tienen oportunidades adicionales de capacitación para mejorar sus conocimientos y su capacidad para atender debidamente a los jóvenes que tienen problemas mentales.

Asistentes sociales de la comunidad prestan asistencia en Calgary y Edmonton a los jóvenes que salen de los centros de prisión preventiva durante el período de transición.

585.Anticipándose a las nuevas opciones en materia de determinación de penas de acuerdo con la Ley de la justicia penal de menores, Alberta ha establecido a título experimental centros de acogida de jóvenes en Edmonton y Calgary. Estos centros de carácter no residencial ofrecen diversos programas relacionados con la opción de imposición de penas que no supongan la reclusión en un centro penitenciario; sin embargo, sólo se dispone de esta opción en las dos ciudades donde existen esos centros de acogida.

586.Se han revisado las políticas y los procedimientos de la administración de justicia de menores en la comunidad y en los centros de detención teniendo en cuenta los cambios introducidos en la legislación federal. Ésta contiene disposiciones que permiten a las provincias y los territorios ofrecer los programas necesarios para el cumplimiento de determinadas penas, o "inhibirse", en cuyo caso deben informar a los jueces de los tribunales de justicia de menores de que no se pueden imponer esas sentencias. Alberta ha optado por ofrecer a la mayoría de las sentencias que contienen esta disposición, incluidas las órdenes de no reclusión, un apoyo y supervisión intensivos, así como una vigilancia y supervisión intensivas con fines de rehabilitación.

587.El Tribunal Provincial de Edmonton inauguró el primer servicio judicial integrado de Alberta para ayudar a las víctimas infantiles que han de prestar testimonio en procesos penales. Ese servicio consta de una sala de espera que tiene su propio baño y una entrada trasera a la sala de las audiencias. De esa manera se impide que el niño vea al acusado en el momento de declarar y que el proceso resulte menos intimidatorio para los niños. La sala de las audiencias y la sala de espera están dotadas de un sistema que permite comunicarse de una a otra en los raros casos en que un niño no pueda prestar testimonio en la sala. El proyecto fue resultado de la colaboración entre la justicia de Alberta, el Procurador General de Alberta, el Servicio de Policía de Edmonton, el Centro de Protección de Menores Zebra y el Programa de asistencia a las víctimas de la Sociedad John Howard.

588.En febrero de 2000 se estableció el Comité del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal de Lethbridge a fin de que el sistema judicial concediera atención especial a las cuestiones del síndrome fetal alcohólico. Son miembros del Comité representantes de la policía, de la acusación, del personal encargado de la libertad condicional, de los abogados defensores, de dos juntas escolares, de la profesión médica, de la población aborigen y de las agencias provinciales y municipales que se ocupan de las cuestiones del bienestar de los niños. Se estableció un proceso para determinar los casos en que puedan satisfacerse tanto las necesidades de protección de la sociedad como la necesidad de apoyo a quienes padecen el síndrome fetal alcohólico mediante una intervención temprana y el despliegue de los recursos de la comunidad a fin de elaborar un plan de vida cotidiana para los jóvenes como parte de cualquier decisión que deba adoptarse en el sistema de justicia penal teniendo en cuenta la naturaleza del caso. Además, miembros de la Fiscalía de la Corona de Calgary han participado en las sesiones de capacitación en el síndrome fetal alcohólico patrocinadas por el Servicio de Policía de Calgary.

589.La Nación Piikani estableció el Círculo de Justicia Tradicional de Menores de la Nación P.E.I.gan en calidad de comité de justicia de menores, de acuerdo con la sección 18 de la Ley de la justicia penal de menores. El Círculo funciona de acuerdo con las tradiciones piikani y recibe a jóvenes en distintas etapas del proceso, incluida en la etapa previa a la acusación, la etapa posterior a la acusación o después de una declaración de culpabilidad. En cada caso, el Círculo se reúne y se remite un informe al fiscal para que lo presente a la corte. El Círculo utiliza un proceso muy formal y se basa en el trabajo de voluntarios, incluidos ancianos de las tribus. La Fiscalía de la Corona de Lethbridge sigue colaborando estrechamente con la Nación Piikani en esta iniciativa exitosa.

590.Fiscales de la Corona de Red Deer se han reunido con organismos de servicios comunitarios aborígenes para establecer un comité de justicia de menores para los jóvenes aborígenes de Red Deer. Varios ancianos y miembros de la comunidad han expresado interés en participar en una tribuna de justicia comunitaria y aceptar la remisión de casos de la Fiscalía de la Corona.

Artículo 14 - Derecho a un juicio imparcial

591.El límite de los juicios de menor cuantía se elevó en Alberta a 25.000 dólares para facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia en los tribunales civiles. Actualmente pueden presentarse demandas civiles por valor de hasta 25.000 dólares ante la Sala Civil del Tribunal Provincial, en vez de acudir ante el Tribunal de Queen's Bench, cuyos procedimientos son más complejos y por lo general requieren un abogado. El aumento de la cuantía entró en vigor el 1º de noviembre de 2002 y representa el límite más alto para las demandas de menor cuantía existente en el Canadá.

592.La Ley de restitución y de indemnización a las víctimas se aprobó en noviembre de 2001. En virtud de esta ley, los tribunales civiles pueden ordenar que los bienes obtenidos ilícitamente y los beneficios provenientes de actividades ilegales se restituyan a sus propietarios. También podrán ordenar que se transfieran a la víctima activos que posea un penado cuyo valor equivalga a la cuantía de una orden de restitución. Cuando no pueda hallarse a la víctima, o cuando el delito cometido no tenga una víctima conocida (por ejemplo en los delitos de tráfico de drogas y de juego), podrán transferirse los beneficios y los bienes a programas de apoyo a las víctimas del tipo de delito cometido o al Fondo de Alberta para las Víctimas de Delitos. Todavía no se ha promulgado la ley.

593.La Ley de protección contra la violencia en el hogar se aprobó en 1998 y entró en vigor el 1º de junio de 1999. Hace hincapié en la protección más que en el castigo, y, en virtud de la Orden de protección de emergencia, la policía puede prohibir la entrada en el hogar del miembro de la familia que haya cometido los abusos. En 2002/03 se impartió capacitación al personal que presta servicios a las víctimas, el personal de los juzgados, los fiscales de la Corona y la policía de Calgary, Fort McMurray, Grande Prairie y Lethbridge.

594.Se han realizado reformas legislativas para aumentar la independencia de los miembros y los presidentes de los juzgados de paz, incluido el establecimiento de una comisión independiente de remuneración de los jueces que examina públicamente y recomienda sus sueldos y prestaciones.

Iniciativas en favor de los aborígenes

595.La promoción de métodos de enjuiciamiento que tengan en cuenta las características culturales de los aborígenes. Se ha elaborado una estrategia de capacitación en la cultura aborigen de tres fases. La fase III se concentra en las cuestiones jurídicas relacionadas con el trato que se dispensa a los aborígenes en los tribunales.

596.El Tribunal Provincial de Alberta tiene su sede en el territorio de la Nación Siksika, y cuenta con los servicios de un miembro de la Fiscalía de la Corona de Calgary, lo que permite al fiscal establecer una estrecha relación de trabajo con la nación y cumplir la obligación de tener en cuenta las características culturales de la población aborigen en el desempeño de su labor. Aunque se hace todo lo posible para que un juez de procedencia aborigen presida la Nación Siksika, pueden darse casos en que no sea posible y deba nombrarse a otro juez para que conozca de una causa.

597.El Instituto de Justicia Restitutiva de Alberta meridional empezó a funcionar en la primavera de 2001. La Fiscalía de la Corona de Lethbridge contribuyó a promover esta iniciativa y tanto el Ministerio de Justicia de Alberta como el colegio comunitario de Lethbridge contribuyen a su financiación.

598.La iniciativa relativa al Tribunal y el Mediador de la Nación Tsuu T'ina combina tradiciones de la justicia aborigen, incluida una Oficina del Mediador, en el Tribunal Provincial de Alberta. El juez, el fiscal de la Corona, el personal judicial y los mediadores son todos aborígenes. El Tribunal Tsuu T'ina es competente para conocer de los delitos cometidos en la Nación Tsuu T'ina. Este tribunal celebró su primera audiencia el 6 de octubre de 2000. Los mediadores y los ancianos locales participaron directamente en la iniciativa y conocen de causas remitidas por el sistema de la justicia penal y causas en las que es preciso resolver una controversia. El Tribunal Provincial, la policía, las escuelas, la Administración de la Banda Tsuu T'ina o un miembro de la comunidad pueden acudir ante la Oficina del Mediador.

599.Conforme a las recomendaciones de la Comisión Cawsey contenidas en la publicación Justice on Trial - Report of the Task Force on the Criminal Justice System and Its Impact on the Indian and Métis People of Alberta (1991), el Presidente del Tribunal Provincial de Alberta o la persona por él designada tienen facultades para supervisar la labor de los jueces de paz aborígenes. La supervisión por el Presidente del Tribunal Provincial refuerza la independencia de estos cargos. Con posterioridad a la terminación del informe, se ha nombrado miembros del Tribunal Provincial a tres magistrados de antecedentes aborígenes.

600.El Tribunal Provincial celebra audiencias ordinarias en la Primera Nación Dene Tha de Assumption (Reserva de Chateh) durante todo el año. De esta manera se reducen considerablemente los viajes de los residentes, quienes normalmente deberían acudir a un tribunal de nivel superior ubicado casi a 100 km de distancia. También se ha llegado a un acuerdo con respecto al Tribunal de Distrito de Fort McMurray para que el Tribunal Provincial celebre audiencias en la Nación Janvier cuando sea necesario.

Artículo 17 - Derecho a la intimidad

601.La Ley de información sanitaria de Alberta, que entró en vigor en 2001, establece las normas para la reunión, utilización, difusión y protección de la información sanitaria sobre todo en el sector de la salud pública. La ley reconoce al individuo el derecho a acceder a la información sobre su salud, a solicitar que se corrija esa información, y a recurrir a un árbitro cuando considere que esa información se ha reunido, utilizado, difundido o protegido de manera inadecuada.

602.La vida privada de las personas que reciben asistencia social está protegida por las disposiciones de la nueva Ley de protección de los ingresos y el empleo de la Oficina de Recursos Humanos y Empleo de Alberta. Esa ley se aprobó durante el año en curso y, con arreglo a lo previsto, se promulgará en 2004. La ley exige que toda persona que participe en la administración de la ley respete la confidencialidad de la información personal que llegue a conocimiento del departamento en virtud de la ley. La reunión, utilización y difusión de esa información es reservada.

Artículo 23 - Protección de la familia, derecho al matrimonio e igualdad de los cónyuges

603.Existen muchos programas de educación de los padres para que tomen conciencia de sus responsabilidades para con los hijos después de una separación o un divorcio y adquieran nuevas capacidades que permitan reducir los conflictos entre ellos. Comprenden seminarios sobre las responsabilidades parentales después de la separación, el programa de atención a la comunicación en el proceso de separación y el programa de comunicaciones en situaciones de conflicto.

604.El 1º de diciembre de 2001, el Tribunal de Queen's Bench de Calgary inició un proyecto experimental de formación de oficiales de solución de controversias. El 1º de septiembre de 2002 se inició en Edmonton un proyecto experimental análogo de oficiales de solución de controversias en relación con el mantenimiento de los hijos. Este proyecto también es obligatorio para todos los padres no representados por un abogado que planteen una cuestión con respecto al mantenimiento de los hijos. Por medio de unos u otros oficiales, los padres pueden aprovechar la experiencia derivada de los proyectos experimentales y ahorrar tiempo y dinero al no tener que participar en prolongados procesos judiciales.

605.El proyecto experimental de solución de controversias judiciales se convirtió en un programa de la División de la Familia del Tribunal Provincial. Dicho proyecto ayuda a las personas involucradas en asuntos de derecho de familia y de protección de la infancia que se conocen en el Tribunal Provincial a resolver sus diferencias sin necesidad de un juicio. Un juez ayuda a las partes a negociar una solución o, si ésta no es posible, ofrece una opinión sobre cuál sería su decisión si esa información se conociera en un proceso. La decisión del juez no es vinculante, pero se emite para ayudar a las partes en la búsqueda de una solución negociada.

606.En mayo de 2003, el Gobierno provincial presentó el proyecto de ley de familia Nº 45 ante la Asamblea Legislativa. Esa ley consolida la legislación provincial en materia de derecho de familia y la actualiza para tener en cuenta la práctica legal actual y facilitar su comprensión a los ciudadanos de Alberta. La mayoría de las enmiendas entran dentro de las esferas siguientes: guarda; responsabilidades parentales (antiguamente, custodia y derecho de visita); contacto con los hijos; alimentación de los hijos; asistencia al cónyuge o a una pareja adulta en una relación de interdependencia; y filiación. La legislación también abolirá acciones legales que se ejercen muy raramente y que han dejado de reflejar la actual concepción jurídica o social de las relaciones personales.

607.El programa de asistencia letrada a las familias aborígenes está financiado enteramente por el Gobierno de Alberta y ofrece una oportunidad a las familias que comparecen ante el Tribunal Provincial del Tribunal de la Familia de Alberta de contar con asistencia fiable y culturalmente apropiada durante el proceso judicial. Ese programa se aplica en todos los tribunales de distrito del Tribunal de la Familia de Alberta. En las zonas de mayor concentración de población aborigen y en los centros de población mayores, se prestan servicios de asistencia judicial en cada audiencia del tribunal. En otras regiones, los asistentes judiciales comparecen ante la corte cuando un cliente solicita su presencia.

608.En 1999 se estableció el Ministerio de Servicios para la Infancia de Alberta, lo que demostró el compromiso del Gobierno de proteger el interés supremo de los niños, los jóvenes y las familias. Las actividades básicas del Ministerio son las siguientes:

·Promover el desarrollo y el bienestar de los niños, los jóvenes y las familias;

·Garantizar la seguridad y la protección de los niños, los jóvenes y las familias;

·Promover comunidades sanas para los niños, los jóvenes y las familias.

609.En mayo de 2002 se presentó a la Asamblea Legislativa la Ley de relaciones interdependientes de los adultos. Por ella se enmiendan 68 leyes de Alberta a fin de atender las necesidades legales de los ciudadanos no casados que mantienen relaciones de compromiso e interdependientes. La ley entró en vigor el 1º de junio de 2003. Regula una serie de relaciones personales que quedan fuera del ámbito de la institución tradicional del matrimonio, incluidas las relaciones platónicas comprometidas en las que dos personas convienen en compartir responsabilidades emocionales y económicas.

Artículo 24 - Derechos del niño

610.Acuerdos de reciprocidad permiten a los responsables del Programa de ejecución de las órdenes de pago de alimentos cobrar y desembolsar pagos en nombre de ciudadanos de Alberta que tengan a favor suyo órdenes de pago de alimentos a cargo de alguien que viva fuera de la provincia. Se celebraron nuevos acuerdos con los Estados Unidos de América, la República Eslovaca, la República Checa y la República de Polonia. Alberta también ha suscrito acuerdos de reciprocidad con 30 jurisdicciones, incluidas todas las provincias y los territorios del Canadá, Australia, Alemania, Noruega, Nueva Zelandia, Austria, Sudáfrica y el Reino Unido.

611.La provincia de Alberta está determinada a promover los embarazos sanos y partos en buenas condiciones. Las mujeres que han programado tener un hijo, así como las que están embarazadas, tienen un acceso universal a cuidados prenatales a cargo de médicos, parteras diplomadas y programas de educación prenatal de base comunitaria. También se les facilita información y apoyo para que adopten prácticas sanas durante el embarazo en materia de nutrición y consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Los grupos de población más vulnerables pueden recibir apoyo especializado, consistente en complementos alimentarios en el caso de las mujeres encinta de bajos ingresos, asesoramiento culturalmente apropiado y programas de apoyo. Las mujeres pueden recibir, a través de médicos, parteras diplomadas y las autoridades regionales de salud, asistencia pública durante el parto y beneficiarse de una amplia gama de servicios y programas posnatales para que los niños tengan un comienzo de vida sano y los recién nacidos con problemas de salud reciban la atención necesaria.

612.Como se indica en su artículo 9, la Ley de protección de la infancia, la juventud y la familia clarifica y refuerza la participación de las comunidades aborígenes en la planificación de la familia. Se establece la necesidad de respetar y tomar en consideración la excepcionalidad de la cultura, el patrimonio, la espiritualidad y las tradiciones aborígenes y de conceder importancia a la preservación de la identidad cultural del niño. Puede obtenerse más información en el sitio web de los Servicios en favor de la Infancia http://www.child.gov.ab.ca/whoweare/childwelfareactreview/page.cfm?pg=index.

613.Puede obtenerse información estadística detallada sobre los derechos de los niños en las respuestas del Canadá a la lista de cuestiones del Comité de los Derechos del Niño que figura en http://www.pch.gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/crc-2003/rep_e.cfm.

614.En 1997 se estableció el Grupo de Tareas de Alberta sobre los niños implicados en la prostitución con el fin de examinar la cuestión de la prostitución infantil. Una de las principales recomendaciones del Grupo de Tareas fue que se elaboraran leyes para proteger a los niños de los abusos sexuales. El 1º de febrero de 1999 se promulgó la Ley de protección de los niños implicados en la prostitución, de Alberta. El 15 de marzo de 2001 se promulgaron enmiendas a esa ley. Se reconoce en ella que los niños y los jóvenes menores de 18 años que son explotados con fines de prostitución son víctimas de abuso sexual y, por tanto, necesitan ayuda y protección.

615.En virtud de esa ley, la policía y los asistentes sociales de protección de la infancia pueden detener a los niños que están cometiendo o intentando cometer un acto de prostitución. Existen diversos programas de apoyo comunitario para ayudar a los niños que deseen dejar la prostitución. Las enmiendas promulgadas en 2001 reforzaron el apoyo que se presta a los niños y garantiza la protección de sus derechos legales. La ley, en su forma enmendada, amplía la duración del período inicial de detención de tres a un máximo de cinco días. También se ha desarrollado un proceso para propiciar el acceso a la representación letrada.

616.La Honorable Ministra de Servicios para la Infancia de Alberta, Iris Evans, anunció el 23 de mayo de 2001 la revisión de la Ley de bienestar del niño. La Ley de enmienda de bienestar del niño recibió la sanción real el 16 de mayo de 2003 y la nueva Ley de promoción de la infancia, la juventud y la familia probablemente se promulgará en 2004. Esa ley ofrece la base legislativa para la prestación de una serie de servicios a los niños y las familias cuando aquéllos "necesiten servicios de protección". Se ha reafirmado el reconocimiento de los derechos de los niños en esta ley mediante la exigencia de que el Director de Bienestar del Niño informe a los niños de sus derechos procesales de acuerdo con la legislación. Puede consultarse el documento New Directions in Child Welfare: Overview of Significant Changes in the Child, Youth and Family Enhancement Act (Nuevas orientaciones en materia de bienestar del niños: exposición de los cambios más importantes introducidos en la Ley de promoción de la infancia, la juventud y la familia) (ir a la sección de actualizaciones) http://www.child.gov.ab.ca/whoweare/childwelfareactreview/page.cfm?pg=index.

Artículo 25 - Responsabilidad cívica y participación política

617.En Alberta, los imputados en prisión preventiva, los que han sido condenados a una pena de diez días o menos de prisión o los que han sido condenados por el impago de multas pueden votar en la elecciones provinciales.

618.El Marco de Política Aborigen consagra el principio de que proteger el bienestar de los aborígenes de Alberta es responsabilidad de todo el Gobierno. Al mismo tiempo que confirma la responsabilidad que incumbe al Gobierno federal de prestar servicios a las comunidades y miembros de la Primera Nación, el Marco de Política Aborigen también contiene el principio de que la población aborigen tenga acceso a los servicios públicos provinciales de que gozan otros ciudadanos de Alberta que viven en comunidades del mismo tamaño y análoga ubicación geográfica.

619.En aplicación de este principio se ha elaborado, entre otras actividades, una "lista de comprobación" de la política aborigen con el fin de examinar las políticas actuales y futuras para asegurarse de que satisfacen las necesidades de la población aborigen. En 2003, se impartió capacitación en cultura aborigen a más de 600 empleados provinciales en el marco de una iniciativa destinada a aumentar el conocimiento del patrimonio y la diversidad cultural de la población aborigen de Alberta por parte de la administración pública.

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

620.En septiembre de 2000, el Gobierno de Alberta aprobó un Marco de Política Aborigen para todo el sector público titulado "Fortalecimiento de las relaciones", en el que se enunciaban los principios y compromisos de acción en que debían inspirarse las relaciones de la provincia con la población aborigen y a efectos de un mayor bienestar socioeconómico de ésta. Uno de los principios de dicho Marco es que el Gobierno de Alberta reconoce en principio el derecho inherente de autogobierno. También establece que el Gobierno de Alberta concederá prioridad al establecimiento de acuerdos de autogobierno con la población aborigen que vive en reservas reconocidas.

621.A partir de septiembre de 2000, el Gobierno de Alberta ha participado en conversaciones con el Gobierno del Canadá y la tribu blood sobre asuntos relativos al bienestar del niño y con el Gobierno del Canadá y las Primeras Naciones del Tratado 8 en conversaciones exploratorias sobre autogobierno.

622.En el Marco de Política Aborigen se reconoce que los idiomas, las culturas, las tradiciones y los valores de la población aborigen de Alberta contribuyen de manera positiva a la vitalidad de la provincia y que la conciencia y el entendimiento interculturales son un elemento importante de una sociedad no excluyente como la de Alberta.

623.El Departamento de Asuntos de los Aborígenes y de Desarrollo del Norte de Alberta concede subsidios a las comunidades y las organizaciones a fin de aumentar la conciencia intercultural y preservar la cultura aborigen. A partir de 1995, el Departamento ha aportado 1.855.000 dólares en concepto de subsidios con ese fin.

COLUMBIA BRITÁNICA

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

624.En 2003 se introdujeron cambios en el Código de Derechos Humanos para hacer más accesible, oportuno y eficaz el sistema de derechos humanos. El nuevo sistema eliminó la Comisión de Derechos Humanos para establecer un Tribunal de Derechos Humanos independiente, que es directamente responsable de recibir, investigar y resolver casos. El tribunal hace hincapié en la mediación para fomentar una solución más rápida y menos costosa de las controversias. La Fiscalía General conserva la responsabilidad de la educación en materia de derechos humanos.

625.Simultáneamente a la creación del tribunal, el Gobierno estableció una relación contractual con la Coalición de Derechos Humanos de Columbia Británica para la ejecución de programas de educación y capacitación de la población y con la Sociedad de Asistencia Letrada Comunitaria para prestar asesoramiento y asistencia jurídica a los demandantes y los demandados.

626.El Ministerio de Servicios a la Comunidad, los Aborígenes y la Mujer ha elaborado un modelo en tres etapas denominado Modelo de Respuesta a Incidentes Críticos, cuyo objetivo es facilitar el diálogo entre destacados representantes de las comunidades sobre el racismo y el odio, y un protocolo para afrontar esas cuestiones. En 2003, el Ministerio financió una gira provincial con la Coalición de Derechos Humanos de Columbia Británica. Dos representantes viajaron por toda la provincia para hablar sobre el racismo y el proceso de presentación de denuncias en materia de derechos humanos ante el Tribunal de Derechos Humanos.

627.Se financia la Sociedad de Servicios Jurídicos para que proporcione asistencia letrada en Columbia Británica. La Sociedad ha reestructurado su modelo de prestación y ha desarrollado nuevos métodos creativos, por ejemplo prestando asesoramiento sobre las obligaciones familiares. El Gobierno sigue ejecutando programas por valor de 25 millones de dólares para ayudar a las familias a resolver sus controversias legales al margen del sistema judicial.

628.El Departamento de Servicios Didácticos de la Administración Pública imparte los siguientes cursos a los funcionarios: taller sobre prevención de la discriminación, concienciación con respecto al valor de la cultura aborigen, prestación de servicios de acuerdo con las características culturales de los destinatarios, capacidad de descubrimiento, valoración y aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo. Todos los nuevos empleados deben cursar obligatoriamente el taller sobre prevención de la discriminación.

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

629.El 24% (19 de 79) de los miembros de la Asamblea Legislativa son mujeres (incluidos los miembros del Gobierno y de la oposición). Siete de los 28 miembros del Consejo Ejecutivo (Primer Ministro y ministros del Gobierno) son mujeres (25%).

630.De los 182 gobiernos locales, 38 (20,8%) están presididos por mujeres, a saber:

Alcaldes de ciudad (7 de 45);

Presidentes de distrito (13 de 49);

Municipalidad insular (1 de 1);

Municipalidad vacacional (0 de 1);

Poblaciones (3 de 15);

Localidades (0 de 3);

Aldeas (8 de 40);

Presidente de distrito regional: 6 de 27;

Consejero Jefe del distrito de gobierno indio: 0 de 1.

631.Jefes de la comunidad aborigen (consejos de banda): 8 de los 39 miembros electos del Gobierno de Nisga'a Lisims eran mujeres. En 2002, el 20% de los jefes de los consejos de banda eran mujeres (39 de 197).

632.Con respecto a la cuestión de la evaluación de las consecuencias de los recortes presupuestarios en los programas sociales, el Ministerio de Recursos Humanos no reúne información sobre los clientes relativa a la pertenencia a minorías y a grupos aborígenes. El Ministerio no ha podido ni querido definir y determinar el número de expedientes abiertos por la pertenencia a minorías o grupos aborígenes.

633.El Gobierno de Columbia Británica, por conducto del Ministerio de Servicios de la Comunidad, Aborígenes y de la Mujer:

Financia con 26,5 millones de dólares la construcción de casas de transición, incluidas viviendas de segunda etapa y casas de acogida, así como asesoramiento individual y colectivo;

Financia en toda la provincia organismos comunitarios que se ocupan de las cuestiones de la trata y explotación sexual de la mujer, las mujeres de bajos ingresos, la violencia contra la mujer, el empleo y la atención sanitaria;

Formula políticas para prevenir la violencia contra la mujer y aumentar su seguridad;

Está aplicando una estrategia de atención infantil para que ésta sea accesible, segura y asequible;

Por medio del Acuerdo de Vancouver, crea oportunidades sociales y económicas para las mujeres, en particular mejores servicios de salud, mayor seguridad pública y mayores oportunidades de empleo;

Presta un servicio a las madres solteras de bajos ingresos que salen de las casas de transición a fin de que las mujeres que salen de relaciones en las que han sido objeto de abusos y que no tienen una vivienda segura y permanente reciban prioridad en la asignación de viviendas asequibles cuando estén disponibles;

Contribuye a la ejecución de proyectos elaborados por el Foro federal-provincial-territorial sobre la condición de la mujer, en particular los siguientes: "Independencia y seguridad económicas de la mujer" (2001), "Evaluación de la violencia contra la mujer: un perfil estadístico" (2002) y "Lugares de trabajo que funcionan" (2003), en el que se establece una estrategia para que los empleadores fomenten el empleo y la retención de las mujeres empleadas.

634.El Gobierno de Columbia Británica determinó que la equidad de género era un principio básico de su nueva política de deportes y actividad física y un criterio de selección para la financiación de actividades deportivas provinciales. También ha proporcionado financiación a Promotion Plus, un organismo cuya labor consiste concretamente en promover la equidad de género y la participación de las mujeres y las niñas en las actividades deportivas y físicas. Promotion Plus aspira a establecer un sistema deportivo justo para las mujeres y las niñas de Columbia Británica aumentando los niveles de participación, el liderazgo y las políticas mediante programas de reconocimiento, consulta, educación y desarrollo.

635.El Gobierno de Columbia Británica apoyó la "Orientación y promoción instrumentales" de Promotion Plus en favor de programas deportivos y de esparcimiento basados en la equidad de género ‑incluida su participación en una decisión histórica del Tribunal Supremo de Columbia Británica sobre la equidad de género en los servicios recreativos municipales de Coquitlam.

Artículo 6 - Derecho a la vida

636.A continuación figuran estadísticas sobre las tasas de nacimiento, de mortalidad infantil y de suicidios:

Tasa de nacimiento por género
Género	1995	2001	2002
Nacidos vivos	Tasa por 1.000 habitantes	Nacidos vivos	Tasa por 1.000 habitantes	Nacidos vivos	Tasa por 1.000 habitantes
Varón	24.111	6,37	20.734	5,06	20.604	4,98
Mujer	22.557	5,96	19.662	4,79	19.314	4,66
Desconocido
Total	46.668	12,33	40.396	9,85	39.918	9,64

Mortalidad infantil por género
Género	1995	2001	2002
Defunciones	Tasa por 1.000 nacidos vivos	Defunciones	Tasa por 1.000 nacidos vivos	Defunciones	Tasa por 1.000 nacidos vivos
Varón	151	3,24	86	2,13	108	2,71
Mujer	124	2,66	76	1,88	70	1,75
Desconocido
Total	275	5,89	162	4,01	178	4,46

Tasa de suicidios
Género	1995	2001	2002
Defunciones	Tasa bruta	Defunciones	Tasa bruta	Defunciones	Tasa bruta
Varón	406	0,11	334	0,08	320	0,08
Mujer	109	0,03	103	0,03	91	0,02
Total	515	0,14	437	0,11	411	0,10

637.El Departamento de Vivienda de Columbia Británica proporciona vivienda asequible a las personas sin hogar y a quienes corren el riesgo de pasar a formar parte de ese grupo de población (por ejemplo, alcohólicos o drogadictos, personas con VIH/SIDA, y jóvenes), enfermos mentales, personas de edad y otras con necesidades especiales, muchas de las cuales son mujeres; y ayuda en materia de alojamiento a los ancianos jubilados, de los cuales la mayoría de los beneficiarios son mujeres (77%).

Indios registrados

638.La información que figura a continuación procede de un análisis regional de las estadísticas de salud de los indios registrados durante el período 1991-2001, preparadas por el Organismo de Estadísticas Vitales de la provincia de Columbia Británica.

Nacimientos

639.Durante el período de 1991 a 2001, 1 de cada 14 niños nacidos en la provincia fue un indio registrado. Se produjeron 34.731 nacimientos vivos, es decir, una tasa del 23,6‰, que representa más del doble de la de otros grupos de población.

640.Menos de 1 de cada 12 nacidos vivos con bajo peso en la provincia durante ese período de 11 años pertenecía a la población de indios registrados. Uno de cada 10 nacidos vivos prematuros en la Columbia Británica durante ese mismo período fue un niño indio registrado. La tasa de cesáreas en la población india registrada fue un 20% inferior a la de otros grupos de población.

641.Más del 25% de las madres adolescentes en la provincia era una india registrada. La tasa de hijos nacidos vivos de estas madres fue 4,5 veces superior a la de otros grupos.

642.De 1991 a 2001 disminuyó considerablemente la tasa de mortalidad infantil de la población india registrada, pasando de 14,7‰ en 1995 a 4,0 en 1999 y 2000 y 4,3 en 2001. También disminuyó la tasa de mortalidad infantil en otros grupos de población, que pasó de 5,2 a menos de 4,0‰.

Trastorno del espectro fetal alcohólico (TEFA)

643.Se ha considerado que Columbia Británica ha estado en la vanguardia de la prevención del TEFA, el apoyo a los afectados y la intervención para afrontarlo. El Gobierno ha adoptado varias iniciativas importantes en los últimos años, por ejemplo los programas de desarrollo en la primera infancia de los aborígenes y los programas de edificios de viviendas en toda la provincia. El Gobierno de Columbia Británica ha aprobado el primer plan general para afrontar el TEFA en el Canadá.

644.Este plan estratégico representa un resumen de las investigaciones en curso sobre el TEFA y en él se determinan los recursos disponibles a todos los niveles de gobierno. El objetivo es proporcionar a los políticos, los proveedores de servicios, los grupos comunitarios y los investigadores un mapa de la labor de facetas y niveles múltiples que supone la prevención, la intervención y el apoyo con respecto al TEFA estableciendo así el marco para la búsqueda de nuevas soluciones.

645.En 2001, Columbia Británica se adhirió a la Alianza de la Región Septentrional de Prairie contra el TEFA, actualmente denominada Alianza del Canadá Septentrional contra el TEFA. Se trata de una alianza de las cuatro provincias occidentales y tres territorios, con el objetivo de colaborar en la elaboración y promoción de una estrategia interprovincial e interterritorial de prevención, intervención, atención y apoyo a las personas afectadas por el TEFA.

646.Columbia Británica ha celebrado un acuerdo de asociación de dos años de duración con el Centro Assante contra el Síndrome Fetal Alcohólico, financiado parcialmente por el Gobierno federal para elaborar y aplicar un modelo óptimo de prestación de servicios a los jóvenes que comparecen ante los tribunales con un presunto diagnóstico de dependencia alcohólica.

Prevención de los suicidios en las comunidades de las Primeras Naciones

647.Entre 1999 y 2001, el Ministerio de la Infancia y la Familia (por conducto de la Unidad de Evaluación de la Salud Mental y Consulta Comunitaria de la Universidad de Columbia Británica) financió varios proyectos comunitarios en pequeña escala de prevención de los suicidios entre los jóvenes. El objetivo de esos proyectos, alguno de los cuales se ejecutaron en comunidades de las Primeras Naciones, era elaborar métodos integrados de prevención de suicidios de jóvenes aplicando las prácticas más adecuadas con arreglo a White & Jodoin (1998). Las comunidades de las Primeras Naciones adaptaron esas estrategias a su contexto e hicieron considerable hincapié en organizar e impartir una capacitación culturalmente pertinente, reforzar las relaciones entre las personas de edad y los jóvenes y enseñar y renovar las prácticas de curación tradicionales.

648.Puede consultarse el Informe de evaluación final, en el que se resumen las principales enseñanzas extraídas de esta iniciativa, en http://www.mheccu.ubc.ca/SP/publications.

Artículo 7 - Protección contra la tortura

649.Columbia Británica ha aprobado un conjunto de programas básicos para los reclusos de los centros penitenciarios provinciales con el fin de promover un cambio de comportamiento a largo plazo de esas personas. Los programas se basan en una evaluación del riesgo y las necesidades de los reclusos. Comprenden un programa de prevención de la violencia, un programa de relaciones respetuosas, un programa de atención a los autores de delitos sexuales, y un programa contra el uso indebido de sustancias nocivas, así como programas de mejoramiento de la educación. Con esos programas disminuye el riesgo de incidencia cuando esas personas regresen a su comunidad.

650.No se han adoptado nuevas medidas con respecto a los experimentos médicos o la capacitación del personal médico, los funcionarios encargados del mantenimiento del orden público o los guardias de prisiones durante el período sobre el que se informa. El sistema penitenciario de Columbia Británica no permite el maltrato de los presos. Las denuncias de malos tratos se investigan internamente y pueden ser examinadas por organismos de vigilancia como la Oficina del ombudsman provincial y la Oficina de Investigación, Inspección y Normas de la Procuraduría General.

Artículo 9 - Derecho a la libertad y a la seguridad personales

651.En 1997/98 se introdujeron cambios en el proceso de presentación de denuncias con respecto a la conducta de la policía. Anteriormente, la Comisión de Denuncias contra la Policía se encargaba de establecer las políticas y las normas relativas a los servicios de policía (salvo para la Real Policía Montada del Canadá, que está bajo la jurisdicción federal) y de recibir las denuncias y vigilar las investigaciones al respecto. De acuerdo con la recomendación de una comisión de investigación, la función de fijación de políticas y normas es ahora responsabilidad directa de la provincia. Actualmente existe un Comisionado de Denuncias contra la Policía independiente que posee más autoridad para vigilar las investigaciones sobre esas denuncias. La investigación efectiva corre a cargo del departamento de policía directamente implicado, o de otro departamento. Incumbe al Comisionado de Denuncias tomar la decisión de qué organismo investigará la denuncia. El Comisionado también tiene autoridad para devolver el informe de la investigación y solicitar uno más completo si no queda satisfecho con la calidad de la investigación. También tiene autoridad para convocar una audiencia pública si se considera de interés público.

652.Todas las personas detenidas en establecimientos penitenciarios son encarceladas en cumplimiento de órdenes de detención dictadas por los tribunales o por oficiales federales de inmigración y respaldadas por la debida autorización legal y la documentación apropiada. Todos los presos pueden dirigirse a los tribunales y a los organismos de vigilancia para la revisión de su detención.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

653.En 1999 varios cientos de migrantes chinos llegaron ilegalmente en barco y en un buque contenedor a las costas de Columbia Británica. A petición del Ministro de Ciudadanía e Inmigración del Canadá, más de 400 migrantes adultos fueron internados en centros penitenciarios provinciales. Durante el período de detención, se les proporcionaron diversos servicios, en particular atención sanitaria, enseñanza del inglés como segunda lengua, servicios de esparcimiento, oportunidades institucionales de trabajo, asesoría, servicios de interpretación y traducción y posibilidades de comunicación con sus familias en China. El personal de los centros en los que estaban internados los migrantes recibieron capacitación cultural y se les ofreció la posibilidad de aprender el idioma chino. La Cruz Roja Internacional llevó a cabo de manera independiente un seguimiento constante de las condiciones de detención. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados también realizó un seguimiento de las condiciones. A mediados de 2001 todos los migrantes habían regresado a China o se les había concedido la condición de refugiados.

654.Con respecto al trato de los acusados, comparado con el de los condenados, no hay nuevos datos de los que informar. Los acusados reciben el mismo trato y los mismos servicios que los condenados, salvo que no se les exige realizar ningún trabajo (excepto cuando consienten en ello), y no pueden tener el mismo acceso a programas que los condenados ya que por lo general permanecen en la prisión durante breves períodos de tiempo, generalmente inferiores a 30 días. Los acusados también están recluidos en pabellones separados.

655.Medidas concretas adoptadas durante la detención:

·Los presidiarios se clasifican con arreglo al riesgo, aplicando criterios establecidos.

·El sistema disciplinario de los presidiarios está codificado y sujeto a los principios del derecho administrativo y a un examen independiente o judicial.

·El régimen de aislamiento está regulado por el reglamento y está sometido a un proceso de revisión interna o por organismos de vigilancia externos.

·Los presidiarios y los acusados tienen derecho a recibir y enviar comunicaciones a través del servicio postal (el Departamento de Establecimientos Penitenciarios paga el franqueo de siete cartas por recluso por semana), a reserva de las limitaciones que imponga la seguridad institucional y la protección del público.

·Los acusados y los presidiarios pueden utilizar regularmente los teléfonos instalados en los pabellones donde se alojan para realizar llamadas al exterior. Un nuevo sistema telefónico permite realizar un número mayor de llamadas y aumenta las posibilidades de su utilización por los reclusos. El sistema sólo se limita en la medida en que sea necesario para mantener la seguridad institucional y la protección del público.

·Los acusados y los presidiarios pueden disponer de servicios totalmente subvencionados de abogados y de organismos de vigilancia designados.

·Tanto los acusados como los presidiarios tienen acceso a servicios médicos. Con arreglo a las necesidades, los reclusos pueden recibir servicios odontológicos básicos y atención psicológica.

Servicios psiquiátricos

656.En la Ley de la salud mental, RCBC 1996 ch 288, se enuncian las condiciones en que una persona puede ser internada en un centro psiquiátrico.

657.Una persona puede ingresar en un centro psiquiátrico voluntariamente o de manera forzosa. En este último caso se requiere que un médico expida un certificado en un impreso determinado. En un plazo de 48 horas, otro médico deberá expedir un seguro certificado. Deberá examinarse la condición del paciente que ha sido internado forzosamente antes de transcurrido un mes a partir de su admisión, a raíz de lo cual podrá prolongarse la permanencia de la persona en ese centro por períodos de uno, tres o seis meses. El paciente, o la persona que actúe en su nombre, podrá apelar contra esa decisión ante un grupo de examen integrado por un presidente, un médico nombrado por el centro y un tercero nombrado por el paciente. Este último o una persona en su nombre podrán recurrir a los tribunales si consideran que no hay razones suficientes o se carece de autoridad legal que justifique el certificado médico que se utilizó para ingresar al paciente.

658.Una persona podrá ser internada en un hospital durante 48 horas como máximo por orden del Tribunal Provincial para que se le someta a un examen médico a fin de determinar si se debe certificar que es un paciente internado en contra de su voluntad. Este método sólo deberá emplearse si no hay otro medio de examinar al paciente.

659.En la ley se enuncian las condiciones en las que un paciente puede ser detenido en una situación de emergencia. Puede autorizarse a un oficial de policía que detenga y someta a una persona al examen de un médico cuando esa persona actúe de manera que ponga en peligro su propia seguridad o la de otros y padezca de un trastorno mental aparente. La persona deberá ser puesta en libertad si el médico no expide el certificado médico necesario para su ingreso en un centro. Si el estado mental de una persona detenida en un centro penitenciario o en un correccional de menores es motivo de preocupación, se requerirán dos certificados médicos de acuerdo con las exigencias relativas a una admisión forzosa. Cuando se certifique una recuperación completa o parcial, la persona deberá volver al centro penitenciario o ser puesta en libertad.

660.Una persona podrá ser internada en un centro psiquiátrico si, con arreglo al Código Penal, se considera que no es penalmente responsable o no está en condiciones de ser sometida a juicio por padecer un trastorno mental. Si se ordena su ingreso en un centro de salud mental, la persona de que se trate deberá recibir la atención y el tratamiento adecuados que el director del centro haya autorizado.

661.Categorías de atención hospitalaria:

·Unidad de atención psiquiátrica intensiva. Unidad para pacientes que requieren el más alto grado de observación y vigilancia. Facilita una asistencia segura para prevenir que el paciente u otras personas sufran daños hasta que mejore su condición.

·Unidad para adolescentes. Unidad donde los jóvenes reciben un tratamiento separado de los adultos.

·Atención geriátrica. Unidades geriátricas para pacientes con problemas psiquiátricos. Si es necesario alojar en el mismo lugar a las personas de edad y a la población adulta en general, es preferible, debido a la fragilidad de estos pacientes, alojarlos en el pabellón médico geriátrico en vez de un pabellón psiquiátrico para adultos.

662.Puede encontrarse información sobre las práctica más adecuadas de prestación de servicios de salud mental en el sitio web: http://www.healthservices.gov.bc.ca/mhd/.

663.Además, el ombudsman puede examinar las denuncias relativas a acciones de órganos públicos, incluidos "hospitales, centros de salud regionales y locales y organismos públicos relacionados con la salud como el Plan de Servicios Médicos y Pharmacare".

Artículo 14 - Derecho a un juicio imparcial

664.En julio de 2001, la provincia inició un proyecto de justicia administrativa, que comporta un examen a fondo del sistema de la justicia administrativa de la provincia. Supuso el examen de 67 tribunales administrativos, incluida su independencia y responsabilidad, los procedimientos de solución de controversias y su jurisdicción para adoptar decisiones en virtud de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. En el marco del proyecto, se publicaron informes y un libro blanco para su examen público. El Gobierno adoptó medidas inmediatas para aplicar las recomendaciones del proyecto. Se aprobó e inició un programa de reforma legislativa y normativa. Se estableció una Oficina de Justicia Administrativa encargada de dirigir la aplicación y de establecer un centro permanente de excelencia sobre la reforma de la justicia administrativa. La Oficina ha publicado su primer informe anual sobre sus actividades correspondientes al año 2002/03.

665.La Ley de enmienda del Tribunal Provincial de 2002 reforzó la independencia judicial al aclarar la función y las atribuciones de los jueces de paz.

Justicia de menores

666.Desde su integración en el Ministerio de la Infancia y la Familia en 1997, los Servicios de Justicia de Menores se han reforzado considerablemente mediante la aplicación del principio de una gestión integrada y multidisciplinaria de casos.

667.Se aumentó en 2 millones de dólares la consignación para los servicios de tratamiento de la adicción de jóvenes delincuentes, incluida la financiación de nuevas camas para el tratamiento residencial específico de mujeres y jóvenes aborígenes.

668.El presupuesto anual total de los servicios de lucha contra la dependencia de las drogas y el alcohol asciende a 3,3 millones de dólares aproximadamente, e incluye 24 camas para el tratamiento en régimen de internado, programas de lucha contra el uso indebido de sustancias nocivas por los jóvenes (programas de preparación para la educación y tratamiento impartidos en centros de detención y en la comunidad), servicios de asesoramiento individual y en grupo sobre la toxicomanía en todos los correccionales, y servicios forenses mejorados para los jóvenes, incluidos programas de rehabilitación de delincuentes jóvenes violentos y el establecimiento de una unidad de servicios clínicos en el nuevo correccional de Victoria.

669.Columbia Británica tiene la tasa per cápita más baja del país de jóvenes en libertad vigilada y la tasa per cápita más baja del Canadá de jóvenes en prisión preventiva (inferior al 50% del promedio nacional).

670.La disminución de la demanda de camas para reclusos en régimen de prisión preventiva ha facilitado la asignación de más personal de vigilancia a los programas comunitarios de apoyo y supervisión intensivos (un total de 18 funcionarios de prisiones trabajan ahora en la comunidad). Ha contribuido a ello el aumento del número y el alcance de los servicios comunitarios que ofrece el Ministerio, incluida la ampliación de los programas comunitarios de apoyo y supervisión intensivos, particularmente en las comunidades rurales.

671.En preparación de la aplicación de la Ley de la justicia penal de menores, de ámbito federal, a comienzos de este año y con el apoyo financiero del Gobierno federal por medio del acuerdo de distribución de los gastos de los programas para jóvenes delincuentes, 11 puestos de agentes de libertad vigilada se reciclaron en especialistas de conferencias de justicia restitutiva.

672.Columbia Británica celebra el hincapié que hace esa ley en los derechos de las víctimas, la importancia de los enfoques de justicia restitutiva, la necesidad de ocuparse de los delincuentes menores de edad fuera del marco del sistema judicial oficial, y la necesidad de ingresar en prisión preventiva únicamente a los autores de los delitos más graves. Los procedimientos judiciales cambian considerablemente, y los jueces dispondrán de una gama más amplia de opciones a la hora de dictar sentencia. La ley también promueve una intervención y un trato intensivos de los autores de actos violentos graves que sufren trastornos mentales y adicciones.

Artículo 17 - Derecho a la intimidad

673.El 1º de enero de 2004 entró en vigor la Ley de protección de la información personal de Columbia Británica. Esa ley limita la cantidad de información personal que las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones benévolas pueden reunir de clientes, empleados y voluntarios, y dispone cómo puede utilizarse y difundirse. Establece un equilibrio entre el derecho del ciudadano a limitar el acceso a esa información personal y el uso que de ella se hace con la necesidad de la empresa de reunir, utilizar y difundir información personal con fines legítimos y razonables. Los ciudadanos también tienen derecho a consultar la información que sobre sus personas poseen las organizaciones y pedir que se introduzcan correcciones. Además de proteger la información personal de los ciudadanos de Columbia Británica, esta ley fomentará también el comercio electrónico y aumentará las oportunidades de las empresas de comerciar con otras jurisdicciones, por ejemplo la Unión Europea, que requieren que sus socios comerciales tengan leyes de protección de la vida privada.

674.Con arreglo a una enmienda a la Ley de libertad de información y protección de la vida privada introducida en 2003, antes de aprobar cualquier ley, programa o iniciativa relativa a la tecnología de la información deberá realizarse una evaluación de sus efectos en la vida privada.

675.Con respecto a la protección de la intimidad de los receptores de asistencia social, Columbia Británica ha adoptado un criterio proactivo y ha tomado medidas para proteger el derecho del individuo a la vida privada. Toda la información reunida de los clientes se limita a las necesidades concretas del programa y a lo estipulado en la Ley de libertad de información y protección de la vida privada. El Ministerio de Recursos Humanos sigue desarrollando y aplicando políticas y procedimientos y tomando las precauciones necesarias para aumentar la seguridad de la información sobre los clientes. Además de la evaluación de los efectos en la vida privada, el Ministerio llevó a cabo una auditoría de la seguridad/privacidad en 2003 y actualmente está adoptando las medidas pertinentes para aplicar las recomendaciones de esa auditoría. Se prevé que seguirán realizándose periódicamente auditorías sobre la seguridad y la privacidad de la información en el Ministerio.

Artículo 23 - Protección de la familia, derecho al matrimonio e igualdad de los cónyuges

676.En 2003, el Tribunal de Apelación de Columbia Británica resolvió que la definición del matrimonio de acuerdo con el common law, que excluía el matrimonio entre personas del mismo sexo, contravenía la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. El Tribunal reformuló la definición de matrimonio, y actualmente las personas del mismo sexo pueden contraer legalmente matrimonio en Columbia Británica. Teniendo en cuenta que, en virtud de la Constitución canadiense, tiene competencia exclusiva para desposar, si el Gobierno federal aprueba una ley en la que se define quién puede contraer matrimonio, esa ley se aplicará en todo el Canadá, incluida Colombia Británica.

Artículo 24 - Derechos del niño

677.En el documento "Responses of Canada to the Committee on the Rights of the Child" (Respuestas del Canadá al Comité de los Derechos del Niño) se informa del traspaso de responsabilidad de la Comisión de la Infancia de Columbia Británica a la Oficina para la Infancia y la Juventud.

678.Se han introducido nuevas reglas por las que se prohíbe el empleo de los jóvenes durante el horario escolar. Los jóvenes con edades entre 12 y 14 años pueden trabajar hasta cuatro horas al día fuera del horario escolar, con un máximo de 20 horas por semana. Cuando no hay escuela, pueden trabajar hasta 7 horas al día y 35 horas por semana. Necesitan el permiso de los padres y siempre deben estar bajo la supervisión de un adulto en el lugar de trabajo. Los niños menores de 12 años requieren la autorización del director de normas en materia de empleo. También se han introducido nuevas normas que limitan el número de horas que pueden trabajar los jóvenes en la industria cinematográfica y obligan a mantener en fideicomiso una parte de sus ingresos. Los empleadores que contravengan estas normas podrán ser sancionados con una multa de hasta 10.000 dólares.

Atención infantil

679.En 2001, el Gobierno de Columbia Británica realizó la cuarta encuesta provincial sobre la atención infantil prestada en establecimientos especializados y dentro del marco de la familia por proveedores de servicios registrados. Las encuestas tienen por objeto disponer de datos que puedan compararse en el curso del tiempo. Hasta abril de 2001:

·Había 2.116 servicios registrados de atención infantil prestada en establecimientos especializados (un aumento casi del 15% con respecto a 1997) con una capacidad máxima estimada de 56.053 plazas (un aumento del 12% respecto de 1997).

·Había 2.382 servicios registrados de atención infantil prestada dentro del marco de la familia, lo que supone un aumento del 5% con respecto a 1997. La capacidad total era de 16.555 plazas, es decir un aumento del 5%.

680.Teniendo en cuenta la población infantil, las necesidades de atención infantil y el número total de plazas disponibles entonces, Columbia Británica tenía 26 plazas por 100 niños de 0 a 12 años en 2001.

681.Columbia Británica sigue ofreciendo programas de dotación de capital y de financiación de los gastos de funcionamiento para los proveedores de servicios de atención infantil y subsidios a las familias de bajos ingresos para ayudarlas a sufragar los gastos que el cuidado de los niños comporta.

Gobernanza de la comunidad - Servicios aborígenes

682.En virtud de un memorando de entendimiento suscrito el 9 de septiembre de 2002 entre la provincia y dirigentes aborígenes, los niños aborígenes podrán criarse y desarrollarse en el marco de su propia cultura.

683.Con arreglo al memorando de entendimiento, se estableció un Comité Conjunto de Gestión de los Asuntos Aborígenes encargado de adoptar decisiones relativas a la seguridad y el bienestar de los niños y las familias aborígenes y de contribuir al traspaso de la función de protección de los niños y desarrollo de la familia a las autoridades aborígenes regionales.

Artículo 25 - Responsabilidad cívica y participación política

684.Se ha establecido una Asamblea de Ciudadanos sobre Reforma Electoral encargada de examinar el sistema electoral de la provincia. La Asamblea es independiente e imparcial y está constituida por 160 ciudadanos de Columbia Británica elegidos al azar, que examinarán la forma en que los votos emitidos en las elecciones provinciales se traducen en escaños en la Asamblea Legislativa. Si decide que Columbia Británica necesita un nuevo sistema, su propuesta supondrá una pregunta en un referéndum dirigida directamente a los participantes en la elección provincial de mayo de 2005. Si los electores aprueban el cambio, el Gobierno se ha comprometido a ponerlo en práctica en las elecciones generales de 2009.

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

685.El 4 de agosto de 1998 se firmó un histórico tratado entre la Primera Nación de Nisga'a y los Gobiernos de Columbia Británica y el Canadá. Fue el primer tratado firmado en la provincia desde 1899. El Acuerdo Final de Nisga'a reserva alrededor de 2.000 km2 del valle del río Nass, en Columbia Británica septentrional, donde el pueblo nisga'a es el propietario de los recursos superficiales y subterráneos y de parte de las existencias de salmón del río Nass y de la fauna y flora silvestres de esa región. En ese Acuerdo se prevé una transferencia financiera de 190 millones de dólares, pagaderos en 15 años, y de 21,5 millones de dólares en concepto de otras ventajas económicas. Siguen aplicándose el Código Penal, la Carta de Derechos y Libertades del Canadá y otras leyes federales y provinciales de aplicación general. Además, en el Acuerdo Final se dispone una eliminación gradual de las exenciones fiscales personales previstas en la Ley de indios.

686.Con arreglo al Acuerdo Final, los nisga'a tendrán las tierras indicadas en régimen de propiedad absoluta, incluidos los recursos forestales, los recursos subterráneos y la grava. Los nisga'a podrán vender o arrendar parcelas. El parque provincial y la reserva ecológica ubicados en las tierras nisga'a seguirán siendo propiedad y estando bajo la jurisdicción del Gobierno provincial, y los nisga'a continuarán participando en su gestión. Se estableció un período de transición de cinco años para los recursos forestales a fin de que los titulares de licencias de explotación forestal pudieran seguir aprovechando esos recursos, con la consiguiente protección de puestos de trabajo y la estabilidad de la industria maderera. Los nisga'a podrán dictar normas para regular las actividades forestales. Esas normas deberán ser del mismo nivel o superior a las normas provinciales para las tierras de la Corona, en particular las incluidas en el Código de Prácticas Forestales de Columbia Británica. En el Acuerdo se dispone el acceso público a las tierras y la responsabilidad de la provincia con respecto al mantenimiento de la carretera provincial existente. También contiene normas relativas a la pesca y la gestión de la flora y fauna silvestres, así como el procedimiento de evaluación ambiental de las propuestas de desarrollo. Se establece una estructura de gobierno y se especifican las atribuciones y la autoridad del órgano de gobierno. El Gobierno nisga'a podrá asumir la responsabilidad de los servicios de policía y también podrá establecer un tribunal nisga'a, el cual podrá empezar a funcionar si la provincia está de acuerdo con su estructura y procedimientos. Podrán presentarse recursos de apelación contra las decisiones del tribunal nisga'a ante el Tribunal Supremo de Columbia Británica. El Tratado Nisga'a se convirtió en ley el 13 de abril de 2000.

687.Con posterioridad a 1992 se creó una Comisión de Tratados de Columbia Británica independiente e imparcial encargada de supervisar todas las negociaciones sobre tratados en la provincia, con la excepción de las negociaciones con los nisga'a, que ya se habían iniciado cuando se creó la Comisión. Desde entonces, el Canadá, Columbia Británica y las Primeras Naciones que decidieron participar en el proceso de la Comisión de Tratados han negociado tratados con el objetivo de aportar certidumbre a las cuestiones relacionadas con los derechos, las tierras y los recursos aborígenes, la actividad forestal, la pesca y la gobernanza. La Comisión tiene entre otras funciones la de asignar fondos federales y provinciales a las Primeras Naciones para que puedan celebrar negociaciones sobre tratados, prestar asistencia a las partes que lo necesiten y promover la educación de la opinión con respecto al proceso de celebración de tratados.

688.El proceso de celebración de un tratado tiene seis etapas. Se han realizado importantes progresos en los últimos tres años, ya que cuatro Primeras Naciones han iniciado la etapa final de las negociaciones previas a la suscripción de un tratado. De acuerdo con la Comisión de Tratados de Columbia Británica, las Primeras Naciones se encuentran en las siguientes etapas de negociación de tratados:

	Número de Primeras Naciones participantes	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5
2004	55	6	3	41	5

689.En 2002, el Gobierno de Columbia Británica aprobó un marco de reconciliación para ayudar a superar las diferencias existentes entre las Primeras Naciones y el Gobierno. El marco comprende la expresión pública de excusas por las trágicas experiencias vividas por las Primeras Naciones en el curso de los años debido a la aplicación de políticas paternalistas que fomentaban la desigualdad, la intolerancia, el aislamiento y la indiferencia. También supone el reconocimiento de los derechos, la cultura y el patrimonio aborígenes, y la facilitación de instrumentos para llegar a acuerdos sobre el aprovechamiento de la tierra y los recursos en las mesas de negociación de tratados. La iniciativa de reconciliación y reconocimiento, aunque no contemple una indemnización monetaria, forma parte esencial de los esfuerzos encaminados a establecer relaciones sólidas y basadas en el respeto mutuo entre el Gobierno y las Primeras Naciones. El objetivo es resolver cuestiones fundamentales de política relacionadas con el proceso de negociación de tratados y establecer una relación de asociación para elaborar nuevos enfoques que mejoren la calidad de vida de las Primeras Naciones, antes y después de la celebración de tratados.

690.Columbia Británica también ha elaborado una "política provincial de consulta con las Primeras Naciones" que se aplicará en el período provisional anterior a la suscripción de los tratados. Esa política, que es conforme a la jurisprudencia más reciente, establece la necesidad de un proceso de consulta en el que puedan basarse las decisiones que el gobierno provincial adopte sobre el aprovechamiento de la tierra y los recursos y que puedan suponer la conculcación de los derechos de los aborígenes y atentar contra los títulos de propiedad de las Primeras Naciones en la provincia.

691.De acuerdo con esa política, la provincia también se ha comprometido a establecer un marco para ayudar a las Primeras Naciones a cumplir las obligaciones legales que les incumben en relación con la responsabilidad del Gobierno de no atentar injustificadamente contra los derechos y los títulos de propiedad de los aborígenes. Se prevé que, a medida que los ministerios y los organismos gubernamentales celebren acuerdos con las Primeras Naciones e inicien actividades de ayuda, se beneficiarán tanto la economía provincial como las Primeras Naciones.

692.En 2003, por ejemplo, el Gobierno se comprometió a compartir los ingresos forestales con grupos de las Primeras Naciones. Durante el primer año, se han suscrito siete acuerdos a este respecto, por un total de alrededor de 28 millones de dólares, a cambio de disposiciones que promueven un medio de explotación del sector forestal y ganadero de la provincia estable. También han participado otros organismos del Gobierno provincial en la negociación de acuerdos de ese tipo para lograr resultados análogos en otros sectores.

693.Entre 1991 y 2003, la provincia ha asignado alrededor de 14 millones de dólares al Consejo del Patrimonio, el Idioma y la Cultura de las Primeras Naciones para financiar diversos proyectos de preservación y fortalecimiento de los idiomas y la cultura aborígenes. Entre 2001 y 2004, la provincia también ha proporcionado 26 millones de dólares a las Primeras Naciones en toda Columbia Británica en apoyo de proyectos de desarrollo económico.

694.Con respecto a la aplicación de las recomendaciones de la Real Comisión de los Pueblos Aborígenes, la información contenida en el presente informe sobre el estado de las negociaciones de tratados y la delegación de los servicios de protección de la infancia en los organismos de las Primeras Naciones y mestizos responde al propósito de las recomendaciones de la Real Comisión.

Parte III

MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS TERRITORIOS

NUNAVUT

695.El 1º de abril de 1999, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Nunavut, S.C. 1993, cap. 28, se creó el nuevo territorio de Nunavut a partir de los Territorios del Noroeste. La Ley de Nunavut, inspirada en la Ley de los Territorios del Noroeste y la Ley del Yukón, otorga al Gobierno de Nunavut poderes equivalentes a los de los otros dos territorios. En virtud del artículo 29 de la Ley de Nunavut, todas las leyes territoriales vigentes en los Territorios del Noroeste inmediatamente antes de la división entraron en vigor en Nunavut el 1º de abril de 1999. Todas las demás leyes vigentes en los Territorios del Noroeste en esa fecha, como las leyes federales, así como el common law, siguieron rigiendo en Nunavut en la medida en que fueran aplicables.

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

696.La Ley de prácticas equitativas, que entró en vigor en Nunavut al separarse éste de los Territorios del Noroeste, se refiere a la cuestión de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.

697.La Ley de derechos humanos fue aprobada por la Asamblea Legislativa de Nunavut el 4 de noviembre de 2003. La ley, que prevé un período de un año hasta su aplicación, entrará en vigor el 5 de noviembre de 2004, coincidiendo con el aniversario de su promulgación.

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

698.La Ley de derechos humanos, que reconoce el carácter preponderante del Acuerdo de reivindicación de tierras de Nunavut, estipula que todos los habitantes del territorio tienen derecho a ser tratados con dignidad e igualdad y prohíbe la discriminación en los ámbitos siguientes: empleo; pertenencia a organizaciones de trabajadores, sindicatos, asociaciones comerciales, asociaciones profesionales, organizaciones de empleadores o asociaciones u organizaciones cooperativas; suministro de bienes, servicios, medios e instalaciones o contratos; tenencia; y publicación de avisos, signos, símbolos, emblemas u otras representaciones que se refieran a alguno de los ámbitos mencionados.

699.La ley prohíbe la discriminación por los motivos siguientes: raza; color; ascendencia; origen étnico; nacionalidad; lugar de origen; creencias; religión; edad; discapacidad; sexo; orientación sexual; estado civil; situación familiar; embarazo; fuente legítima de ingresos; y condena que hubiera dado lugar a indulto.

700.Así pues, los nunavummiut cuentan actualmente con una legislación que no sólo proporciona una protección más adecuada de los derechos humanos, sino que también facilita esa protección porque:

Un tribunal, integrado por nunavummiut, sustanciará las causas en Nunavut;

Los nunavummiut podrán interponer reclamaciones según un procedimiento simplificado y en su propio idioma; y

Las terceras partes podrán interponer reclamaciones en nombre de cualquier persona que hubiera resultado damnificada.

701.La ley reconoce también el Inuit Qaujimajatuqangit, que es el conocimiento tradicional inuit.

Artículo 6 - Derecho a la vida

702.La ciudad de Iqaluit, capital de Nunavut y comunidad más numerosa del Territorio, ha elaborado un plan comunitario actualizado para las personas sin hogar. En él se recomienda una serie de proyectos con la esperanza de que se inicien programas sostenibles. Gracias a diversas iniciativas se han abierto alojamientos de emergencia, albergues, un centro de salud mental y un club social, y se han ejecutado programas conexos. Dada la gran escasez de viviendas en Nunavut, esas medidas provisionales han supuesto una gran ayuda.

703.El Gobierno de Nunavut ha creado una cartera de proyectos para las personas sin hogar, cuya ejecución comparten la Sociedad de la Vivienda de Nunavut y el Ministerio de Salud Pública y Servicios Sociales. Se está elaborando una estrategia para las personas sin hogar que se ejecutará en todo Nunavut, así como una estrategia de vivienda a largo plazo. La Sociedad de la Vivienda también está tratando de atender la necesidad de viviendas más asequibles.

704.Muchos de los problemas sociales de Nunavut están directamente relacionados con el hacinamiento y la falta de vivienda. Se espera que los esfuerzos que están haciendo los gobiernos municipales y territoriales para resolver los problemas de vivienda permitan mejorar la situación en gran medida.

Síndrome de trastornos fetales ocasionados por el alcohol

705.El personal penitenciario y los miembros de las comunidades que participan en los comités judiciales comunitarios han recibido capacitación para reconocer a las personas afectadas por el síndrome de trastornos fetales ocasionados por el alcohol y ocuparse de ellas. Hasta el momento, la educación ha sido el principal objetivo, pero actualmente se está ampliando el ámbito de acción para incluir la realización de diagnósticos y la elaboración de instrumentos de tratamiento.

Artículo 7 - Protección contra la tortura

706.Con la entrada en vigor, el 1º de abril de 2003, de la Ley federal de la justicia penal de menores, Nunavut se acogió a las disposiciones sobre elección del artículo 61 y estableció en 16 años la edad a partir de la cual pueden aplicarse las disposiciones relativas a la presunción de comisión de delitos. Ello permite que los menores se beneficien plenamente de las ventajas que prevé la ley, basada en el principio de la justicia reparadora, tal como se indica en su Declaración de Principios.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

707.Todo condenado puede participar en programas de rehabilitación y educación. No pueden hacerlo las personas que están en detención preventiva o aquellas cuya participación causaría trastornos.

708.Actualmente, todas las mujeres condenadas se encuentran en Fort Smith, que sólo emplea personal femenino para custodiar a las reclusas. Si una presa está embarazada, se prevé su puesta en libertad anticipada para dar a luz. Si ello no fuera posible, la mujer recibirá la atención médica adecuada y se adoptarán las medidas necesarias para poner al recién nacido bajo el cuidado de algún familiar. Si la mujer se encuentra en un centro de reinserción social, también pueden adoptarse medidas para que pueda permanecer con el recién nacido en ese centro.

709.En Nunavut, las personas que se encuentran en detención preventiva pueden participar en los mismos programas que los condenados. A todos ellos se les ofrecen las opciones existentes, con la salvedad de que los que se encuentran en detención preventiva pueden decidir, por recomendación de su abogado, no someterse a ningún programa.

710.De conformidad con los procedimientos y políticas de los servicios penitenciarios de Nunavut, todos los presos conservan sus derechos, y, si éstos son conculcados, pueden recurrir a los procedimientos de apelación existentes. Las quejas son cursadas por el director de la prisión o el Director de los servicios penitenciarios.

711.Los presos se clasifican según tres categorías: alta seguridad, media seguridad y baja seguridad, cada una de las cuales comporta sus propias reglas. La clasificación de las personas que están en detención preventiva y de los condenados responde a determinadas directrices y en cada categoría se aplican las reglas correspondientes.

712.El régimen disciplinario prevé un examen de las acusaciones y ofrece al infractor distintas opciones de prueba. La decisión al respecto la adopta un grupo especial.

713.No se recluye a los presos en celdas aisladas, aunque, a veces, algunos son separados del resto de la población carcelaria. Aun así, ésos reclusos disfrutan de los mismos privilegios que los demás, con la salvedad de que sus desplazamientos dentro de la prisión son más limitados.

714.Los presos pueden utilizar libremente teléfonos, pero no contactar con posibles testigos ni con personas que hayan advertido que no querían recibir sus llamadas.

715.Los funcionarios penitenciarios reciben una formación básica sobre el trato respetuoso a los presos y existen además medidas de vigilancia para garantizar ese trato.

716.Los presos en libertad condicional tienen que ponerse en contacto en cuanto abandonan la prisión, con los agentes de libertad vigilada de la comunidad en que se encuentran. Los agentes judiciales comunitarios trabajan también con las personas que han sido puestas en libertad.

Artículo 18 - Libertad de pensamiento, conciencia y religión

717.La Ley de derechos humanos de Nunavut prohíbe la discriminación por razones de religión.

Artículo 24 - Derechos del niño

718.El Primer Ministro de Nunavut, Paul Okalik, en una carta de fecha 8 de septiembre de 2003 enviada al Muy Honorable Jean Chrétien, declaró que Nunavut apoyaba los objetivos y principios enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo manifiesto el apoyo oficial de Nunavut a la ratificación de la Convención por el Gobierno del Canadá.

719.Nunavut valora a sus niños y ese reconocimiento oficial de la Convención reforzó su posición.

TERRITORIOS DEL NOROESTE

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

720.La Ley de derechos humanos fue sancionada el 30 de octubre de 2002 y entró plenamente en vigor el 1º de julio de 2004.

721.La Asamblea Legislativa está coordinando la aplicación de la Ley de derechos humanos.

722.Esa ley crea la Comisión de Derechos Humanos de los Territorios del Noroeste, que es un organismo independiente del Gobierno de los Territorios del Noroeste encargado de cumplir las funciones previstas por la ley, entre ellas la de presentar informes anuales por conducto de la Asamblea Legislativa.

723.De conformidad con lo dispuesto en la ley, la Comisión de Derechos Humanos velará por fomentar la igualdad y reducir la discriminación entre los habitantes de los Territorios.

724.La ley prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, ascendencia, nacionalidad, origen étnico, lugar de origen, creencias, religión, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad sexual, estado civil, situación familiar, convicciones políticas, afiliación política, condición social o condena que haya sido objeto de indulto. Asimismo se prohíbe la discriminación por embarazo, discapacidad, pertenencia a asociaciones y otros motivos.

725.La Oficina de la Comisión de Derechos Humanos abrió sus puertas al público el 1º de julio de 2004.

726.La Comisión cumplirá plenamente con sus responsabilidades y, entre otras iniciativas, se encargará de realizar campañas de educación pública, analizar las denuncias de discriminación y mediar en la resolución de éstas.

727.La Ley de prácticas equitativas quedó derogada con la promulgación de la Ley de derechos humanos, pero sus disposiciones quedaron reflejadas en la Ley de derechos humanos. Las denuncias que se están tramitando en virtud de la ley derogada seguirán siéndolo hasta su resolución.

728.La Junta de Servicios Jurídicos de los Territorios del Noroeste, órgano independiente del Gobierno, presta asistencia jurídica en los Territorios.

729.Además, la Junta de Servicios Jurídicos dirige el Programa de asistencia jurídica a los aborígenes y el de asistencia jurídica e información públicas.

730.En 2004-2005, el Gobierno de los Territorios del Noroeste aumentó los fondos para el establecimiento de un consultorio separado de derecho de familia a fin de atender a las necesidades vigentes y agilizar la tramitación de la multitud de casos pendientes en asuntos de derecho de familia.

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

731.Dos de los 18 miembros elegidos de la Asamblea Legislativa de los Territorios son mujeres. Ninguna mujer integra el Gabinete.

732.La Oficina del Asesor Especial sobre la Condición de la Mujer se ocupa de coordinar las cuestiones que atañen a la mujer en la administración territorial y presta asesoramiento y ayuda al Ministro de la Condición de la Mujer. La Oficina también administra fondos que sirven para apoyar y garantizar el enlace con el Consejo de la Mujer, la Asociación de Mujeres Nativas y otras organizaciones que favorecen la participación de la mujer en los ámbitos cultural, económico, político y social.

733.En los últimos años se han efectuado pagos de sumas fijas a funcionarios de la administración pública de los Territorios del Noroeste que no percibían igual remuneración por un trabajo de igual valor. La reclamación se resolvió el 25 de junio de 2002.

734.En 2000 se enmendó la Ley de indemnización por accidentes de trabajo para permitir el pago de una suma global a los cónyuges supérstites que dejaron de percibir la pensión de viudedad al contraer nuevo matrimonio antes del 17 de abril de 1985.

735.Mediante el Programa de ejecución de las órdenes de pago de alimentos de los Territorios del Noroeste se vigila la ejecución de los pagos y su recaudación en favor de los niños y las familias interesadas. Prevé acuerdos recíprocos de ejecución con todas las provincias y territorios del Canadá, con todos los Estados de los Estados Unidos y con algunos otros países. En virtud de esos acuerdos, los organismos encargados de la ejecución de las órdenes de pago de otras jurisdicciones pueden recaudar, en nombre del mencionado programa, las pensiones alimentarias de los beneficiarios que vivan en los Territorios del Noroeste. Asimismo, en virtud de esos acuerdos se permite al programa, en nombre de otras jurisdicciones, recaudar fondos de los deudores que viven en los Territorios del Noroeste.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

736.El personal del Servicio Penitenciario recibe capacitación sobre los derechos de los condenados para que mientras éstos cumplan su condena sus derechos queden limitados lo menos posible.

737.En 2002, 2003 y 2004, se inauguraron tres establecimientos que proporcionan a los reclusos menores de ambos sexos y a los reclusos adultos de sexo masculino espacios adecuados para la rehabilitación. Éstos se diseñaron de tal manera que el personal tuvo que recibir capacitación para actuar como gestores de casos. El horario se adapta a los programas. Entre los funcionarios hay personas de edad y se dispone de lugares bien ambientados para la conversación y la contemplación.

738.En 2003 se remodeló el centro penitenciario de River Ridge en Fort Smith para acoger a presos adultos que sufren el síndrome de trastornos fetales ocasionados por el alcohol y otros trastornos mentales o emocionales. El personal recibió capacitación para atender las necesidades especiales de esos presos y el programa parece cosechar algunos éxitos. La población local se ha mostrado muy favorable a la iniciativa.

Artículo 14 - Derecho a un juicio imparcial

739.Tras una decisión adoptada por el Tribunal Supremo del Canadá en 1997 se creó la Comisión de Remuneración de los Jueces de los Territorios del Noroeste, en el marco de la Ley del Tribunal Territorial.

740.La Comisión tiene por objetivo garantizar la independencia de los jueces del Tribunal Territorial con respecto al Gobierno, para lo cual se establecen de manera autónoma las remuneraciones y las prestaciones que reciben los jueces.

741.La Comisión realiza cada tres años un estudio sobre los sueldos que perciben los jueces territoriales, así como sobre sus regímenes de pensión, vacaciones anuales, licencia por enfermedad y otras prestaciones sociales. Tras el estudio, la Comisión elabora un informe cuya trascendencia es la misma que tendría si hubiera sido aprobado por la Asamblea Legislativa.

742.Un comité asesor independiente para el nombramiento de jueces formula recomendaciones al Comisionado del Consejo Ejecutivo sobre el nombramiento de los jueces titulares y suplentes del Tribunal Territorial.

743.La Ley de justicia penal de menores entró en vigor el 1º de abril de 2003. Su aplicación no ha presentado problemas.

744.En 2003 se introdujeron enmiendas en la Ley sobre los delincuentes juveniles de los Territorios del Noroeste y el 1º de abril de 2004 entró en vigor la nueva Ley de justicia de menores.

745.En 2004 los comités judiciales comunitarios, la Real Policía Montada del Canadá, los jueces de paz (en el marco de la Ley de justicia de menores) y la población en general de siete comunidades recibieron información sobre la nueva legislación, cuando algunos funcionarios del Ministerio de Justicia se desplazaron para impartir una capacitación complementaria sobre la Ley federal de justicia penal de menores.

Artículo 24 - Derechos del niño

746.La Ley de derechos del niño entró en vigor el 1º de noviembre de 1998. Esta ley confirma la condición del niño en su familia; regula el reconocimiento de la paternidad del niño; estipula las obligaciones compartidas de los padres respecto al cuidado y mantenimiento de los hijos; dispone que las decisiones sobre custodia y derecho de visita, así como la sobre la curatela, deben adoptarse atendiendo al interés superior del niño, y establece que han de respetarse los diferentes valores y prácticas culturales a la hora de adoptar esas decisiones; y estipula que los asuntos que afecten al niño deben resolverse de forma oportuna y ordenada evitando la multiplicidad de actuaciones.

747.La Ley de derechos del niño reemplazó la Ley de bienestar del niño, la Ley de relaciones familiares, la Ley de ejecución de órdenes de custodia extraterritoriales, la Ley de manutención y la Ley de menores.

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

748.Una comisión especial de la Asamblea Legislativa realizó durante dos años un examen de la Ley de idiomas oficiales. El 3 de marzo de 2003 presentó su informe, titulado "One Land - Many Voices" (Una tierra - Muchas voces), en el que formulaba 65 recomendaciones. El Gobierno respondió al informe ese mismo año.

749.Los acuerdos sobre resolución de las reclamaciones de tierras y gobierno autónomo siguen siendo una prioridad del Gobierno. Se están llevando a cabo negociaciones tripartitas entre las organizaciones aborígenes, el Gobierno de los Territorios del Noroeste y el Gobierno del Canadá.

750.El Acuerdo Final Inuvialuit se firmó en 1984. El Acuerdo global sobre la reclamación de tierras gwich'in se firmó en 1992. Los gwich'in y los inuvialuit están celebrando negociaciones para lograr un gobierno autónomo, que continúan en 2004.

751.El Acuerdo global sobre la reclamación de tierras de los denés y los mestizos se firmó en 1993. En 2004, las comunidades de Tulita y Deline están celebrando negociaciones sobre el gobierno autónomo.

752.El Acuerdo sobre las tierras, los recursos y el gobierno autónomo de los tli cho se firmó el 25 de agosto de 2003 (Dogrib). También se suscribió el Acuerdo sobre los servicios intergubernamentales de los tli cho.

753.También se han firmado acuerdos con los mestizos de South Slave, de Akaitcho y de Deh Cho. Las conversaciones se encuentran en fases diferentes.

754.La creación de Nunavut, el 1º de abril de 1999, fue resultado de la aplicación de una cláusula del Acuerdo sobre las reivindicaciones territoriales globales de la Federación Tungavik de Nunavut (FTN), negociado entre la FTN, el Gobierno del Canadá y el Gobierno de los Territorios del Noroeste.

755.Continúa la aplicación de los acuerdos sobre reivindicaciones territoriales suscritos.

YUKÓN

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

756.En 1998 se enmendó la Ley de derechos humanos del Yukón por la fuente de ingresos para agregar la prohibición de la discriminación.

757.En 2002, la Comisión de Derechos Humanos del Yukón obtuvo del Gobierno del Yukón un aumento del presupuesto general para contratar a un asesor jurídico a tiempo parcial y dotarse de varios puestos relacionados con las labores de sensibilización de la opinión pública. La incorporación al personal de un asesor jurídico ha contribuido a mejorar el conocimiento de las normas de derechos humanos en el Yukón y facilitado una ayuda interna especializada a los comisionados, que son voluntarios y legos en materia de derecho. Mediante las labores de sensibilización pública se ha tratado de establecer relaciones entre los grupos que defienden la igualdad y aumentar el conocimiento de los derechos humanos y de las prácticas, los métodos y las actividades que ayudan a fomentar el respeto en una comunidad basada en la diversidad.

758.La Sociedad de Servicios Jurídicos del Yukón, entidad no estatal, se encarga de prestar asistencia jurídica en el Territorio. En 2000, el Gobierno, respaldado plenamente por la Sociedad de Servicios Jurídicos, realizó un análisis de las actividades de este organismo para determinar los problemas que entorpecían la prestación de asesoramiento jurídico en el Yukón y formular recomendaciones sobre posibles cambios y mejoras. El informe correspondiente se publicó en octubre de 2000 y actualmente se están aplicando las recomendaciones que contiene. Las principales medidas propuestas eran dos: adoptar las disposiciones necesarias para establecer un presupuesto realista para la asistencia jurídica y suministrar más servicios en materia de derecho de familia.

759.Como resultado de ello, el Yukón ha incrementado considerablemente el presupuesto para la prestación de asistencia jurídica en su jurisdicción. En los períodos 1999-2001 y 2001-2002, la Sociedad de Servicios Jurídicos del Yukón recibió 425.000 dólares adicionales para saldar la deuda que había acumulado a causa de la aplicación del programa de prestación de asistencia. Así pues, el presupuesto de asistencia jurídica ascendió a 1.356.000 dólares anuales. La contribución del Gobierno federal al programa es de 528.000 dólares y la del Yukón de 828.000 dólares.

760.La Sociedad de Servicios Jurídicos ha logrado superar sus problemas financieros y operacionales y actualmente tiene superávit. En 2001, pudo ampliar el asesoramiento letrado que presta a las familias para incluir las solicitudes de custodia permanente de hijos y las solicitudes de modificación de las pensiones alimenticias presentadas al Tribunal Supremo del Yukón, así como la representación en ciertas actuaciones sustanciadas en el marco de la Ley de la prevención de la violencia en el hogar.

761.Entre las nuevas medidas administrativas adoptadas para facilitar las actuaciones judiciales cabe señalar la introducción del sistema de videoconferencia en los tribunales del Yukón. El Ministerio de Justicia del Canadá financió la adquisición de un equipo portátil Tandberg 800 que se utiliza en los cinco tribunales de Whitehorse desde abril de 2001. La videoconferencia se utilizó por primera vez para recibir declaraciones de testigos del sur del Canadá en diversos procesos penales, pero se ha utilizado también en juicios civiles y en audiencias de casos de protección de niños. Aunque inicialmente se había previsto utilizar el sistema de videoconferencia para examinar los testimonios de expertos y de miembros de la Real Policía Montada del Canadá, algunos testigos legos también han prestado declaración por videoconferencia. En general, el sistema ha sido bien aceptado y también se utiliza para proporcionar servicios de interpretación desde el sur del Canadá.

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombrea y mujeres

762.De los 18 miembros elegidos de la Asamblea Legislativa del Yukón, 3 son mujeres, que representan a tres partidos políticos diferentes. El Gabinete cuenta con una ministra.

763.La Dirección de la Mujer del Yukón se ocupa de tratar de lograr la igualdad jurídica, social y económica de la mujer, ofrecer análisis globales de todas las políticas públicas y leyes en materia de género, sensibilizar a la población sobre las cuestiones de interés para la mujer y colaborar con las organizaciones de mujeres.

764.En la primavera de 2002 se introdujeron cambios para transferir la responsabilidad de las cuestiones de la mujer, por lo que la Dirección de la Mujer dejó de ser una dependencia independiente para convertirse en una división de un departamento. Con el nuevo gobierno, y tras la celebración de consultas con las organizaciones de mujeres, la Dirección de la Mujer volvió a ser una dependencia independiente.

765.En relación con las importantes medidas adoptadas recientemente para eliminar los obstáculos sistémicos que impiden la plena participación de la mujer en la vida civil y política del Canadá, el Gobierno del Yukón señala que los ministros federales, provinciales y territoriales de la Condición de la Mujer prepararon un documento y folleto sobre viabilidad comercial para alentar a los empleadores a contratar a mujeres y mantenerlas en los lugares de trabajo. El documento, titulado "Workplaces that Work: Creating a Workplace Culture that Attracts, Retains, and Promotes Women" (Lugares de trabajo que funcionan: cómo crear una cultura empresarial que atraiga, retenga y promocione a la mujer) (septiembre de 2003) está siendo utilizada por el Gobierno del Yukón, entre otros gobiernos provinciales, para cooperar con los empleadores de las industrias de alto crecimiento que tienen un bajo porcentaje de trabajadoras a fin de que introduzcan cambios en la cultura empresarial para retener una mano de obra femenina competente y variada.

766.En 2002 se promulgó la Ley de restablecimiento de las prestaciones por cónyuge. En virtud de esta ley se derogó una disposición de la antigua legislación sobre el pago de indemnizaciones a los trabajadores que era incompatible con la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. La nueva ley restablece las pensiones para los cónyuges que hayan vuelto a contraer matrimonio tras el fallecimiento de su anterior cónyuge debido a un accidente de trabajo.

Artículo 6 - Derecho a la vida

767.En 2003 se incrementó la dotación económica del programa de subsidios para pioneros a que se hace referencia en el cuarto informe del Canadá. A partir de ese año los subsidios se aumentarán anualmente en función de la tasa de inflación anual.

768.En 2003, el Gobierno del Yukón presentó y sancionó la Ley de apoyo y protección a adultos en la adopción de decisiones. La ley tiene por objetivo proporcionar asistencia a los discapacitados mentales y ayudarlos a adoptar decisiones en su vida cotidiana y otras decisiones en su vida, así como proteger a los adultos vulnerables contra los malos tratos y el abandono. Su promulgación está prevista para 2004-2005.

769.En 2000 se constituyó el Grupo de Planificación de Whitehorse para las Personas sin Hogar, que se encarga de aplicar en Whitehorse la iniciativa federal sobre las personas sin hogar. El Grupo examina las propuestas presentadas por las organizaciones locales para hacer frente a la falta de vivienda en Whitehorse. Actualmente, el Grupo de Planificación está integrado por representantes de una empresa estatal, la Sociedad de Vivienda del Yukón, y de tres Ministerios del Yukón: Salud y Servicios Sociales, Educación y Justicia. El Grupo de Planificación cuenta además con miembros procedentes, entre otras, de las siguientes entidades: la Municipalidad de Whitehorse, la Oficina de Desarrollo de los Recursos Humanos del Canadá, la Sociedad Canadiense de Crédito Hipotecario y Vivienda, la Real Policía Montada del Canadá, la Coalición de Lucha contra la Pobreza, la Sociedad del Síndrome de Trastornos Fetales ocasionados por el Alcohol del Yukón, el Consejo de Mujeres Aborígenes del Yukón, el Ejército de Salvación, la Asociación del Ministerio Cristiano de Whitehorse, la Asociación de Servicios Familiares del Yukón y la Sociedad "Segunda Opinión".

Síndrome de trastornos fetales ocasionados por el alcohol

770.Sandra y Sterling Clarren, médicos especializados en el síndrome de trastornos fetales ocasionados por el alcohol, fueron los oradores principales en la Prairie Northern Pacific Partnership Conference sobre ese síndrome, que se celebró en Whitehorse, Yukón, el 8 de mayo de 2002, y que contó con la participación de más de 500 padres, profesionales y representantes de organizaciones comunitarias del Canadá y Alaska. La Conferencia, titulada "A Lifetime of Solutions" (Toda una vida de soluciones), abordó la cuestión de los diversos servicios y ayudas disponibles para las personas afectadas por el síndrome y sus familiares.

771.En la Asociación están representadas las administraciones de Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Nunavut, los Territorios del Noroeste, Yukón y, más recientemente, la Columbia Británica. Los miembros colaboran en la elaboración de estrategias comunes para prevenir el síndrome y ayudar a los jóvenes y las familias afectados. La Asociación organiza una conferencia y un simposio técnico anuales.

772.En octubre de 2002 se adoptó una nueva normativa relacionada con la Ley de salud pública del Yukón para que el Territorio pueda hacer el recuento de sus habitantes aquejados del síndrome. Todos los médicos deben hacer constar los diagnósticos del síndrome en un registro central para contribuir a orientar mejor los programas de prevención, tratamiento y apoyo. Se distribuyeron a los médicos ejemplares de las directrices para diagnosticar el síndrome recomendadas por el Médico Jefe del Yukón.

Artículo 7 - Protección contra la tortura

773.En la causa LaR .c. Rathburn (2004), el Tribunal Territorial del Yukón invocó los artículos 7 y 10 del Pacto y llegó a la conclusión de que el trato infligido al Sr. Rathburn por parte de las autoridades penitenciarias del Yukón, que lo habían encerrado en la zona de aislamiento 1, conocida como "el agujero", durante un período prolongado mientras se encontraba en prisión preventiva, constituía una violación de las normas internacionales, considerando las circunstancias del caso. En el examen psiquiátrico del detenido se señala que su permanencia en esa zona de aislamiento podría contribuir a agravar su enfermedad.

774.El Ministerio de Justicia del Yukón no dispone de ninguna otra dependencia segura para alojar a los detenidos con problemas psiquiátricos que sufren un ataque. La zona de aislamiento 1 es actualmente el lugar más adecuado porque está dotado de un sistema de vigilancia por cámaras; sin embargo, el Ministerio de Justicia está examinando diversas opciones para internar adecuadamente a los acusados que pudieran sufrir, o que realmente sufran, trastornos mentales. El Hospital de Whitehorse no cuenta con un pabellón psiquiátrico seguro.

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

775.Todos los nuevos funcionarios de los establecimientos penitenciarios reciben capacitación sobre los derechos constitucionales de los presos para garantizar que los derechos de éstos se limiten lo menos posible mientras cumplen las condenas impuestas por los tribunales. Existen políticas, procedimientos y normas sobre el uso de la fuerza por el personal penitenciario que se aplican rigurosamente.

776.Cuando el preso ingresa en el centro penitenciario de Whitehorse recibe un manual en el que se describen sus derechos y responsabilidades. Existe un sistema de presentación de quejas al que los presos pueden recurrir si consideran que son objeto de un trato injusto o incorrecto por parte del personal penitenciario. Los presos tienen libre acceso al Ombudsman del Yukón.

Artículo 14 - Derecho a un juicio imparcial

777.Todos los territorios y provincias tienen la obligación de crear una comisión independiente sobre la remuneración de los jueces, en cumplimiento de una decisión adoptada por el Tribunal Supremo del Canadá en 1997. La Comisión de Remuneración de los Jueces del Yukón se creó en virtud de la Ley del Tribunal Territorial y se reúne cada tres años. Es un órgano independiente e imparcial encargado de adoptar decisiones sobre salarios, pensiones, subsidios, prestaciones y otras cuestiones relativas a las remuneraciones de los jueces del Tribunal Territorial y los jueces de paz. La Comisión se reunió en 1998 y 2001. La próxima reunión tendrá lugar en 2004.

778.La Ley de justicia penal de menores entró en vigor el 1º de abril de 2003. Su aplicación en el Yukón ha transcurrido con normalidad, la población no ha planteado ningún problema al respecto y las penas o servicios impuestos en virtud de esa ley no han tenido una repercusión especial. Los Ministros de Justicia y de Salud Pública y Servicios Sociales han debatido la cuestión con los coordinadores de los comités judiciales comunitarios. Siete de las nueve organizaciones comunitarias de justicia del Yukón han solicitado y obtenido una autorización provisional para ofrecer programas de sanciones extrajudiciales a los menores hasta el 31 de marzo de 2004, mientras se elaboran las directrices necesarias en colaboración con el Gobierno del Yukón.

Artículo 24 - Derechos del niño

779.En octubre de 2003, el Gobierno del Yukón concluyó un acuerdo con los jefes de las Primeras Naciones del Yukón para colaborar en la redacción de una nueva legislación del Yukón relativa a los niños. El Gobierno del Yukón celebrará consultas y examinará la Ley de menores los dos próximos años.

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

780.En enero de 2002, el Yukón y el Canadá firmaron acuerdos definitivos sobre gobierno autónomo con el Consejo Ta'an Kwachan, que es la octava de las 14 Primeras Naciones del Yukón en concluir sus negociaciones sobre reivindicaciones territoriales y firmar un tratado moderno con los Gobiernos federal y territorial.

781.El 31 de marzo de 2002, el Yukón firmó memorandos de entendimiento con cuatro Primeras Naciones del Yukón y el Gobierno del Canadá que fueron el colofón de importantes negociaciones sobre reivindicaciones territoriales y gobierno autónomo tras el Acuerdo Marco Final. Las cuatro Naciones en cuestión son la Primera Nación de Kluane, la Primera Nación de White River, la Primera Nación de Carcross/Tagish y la Primera Nación Kwanlin Dün.

782.Al 31 de diciembre de 2003, la Primera Nación de Kluane había ratificado su acuerdo final y su acuerdo de gobierno autónomo, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 2 de febrero de 2004. En cuanto a las Primeras Naciones de Carcross/Tagish y Kwanlin Dün los textos técnicos y jurídicos se concluyeron en octubre y se prevé que los ciudadanos de estas dos Primeras Naciones los ratifiquen en la primavera de 2004. En diciembre de 2003 no se habían concluido aún los documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Primera Nación de White River.

783.En mayo de 2003, el Gobierno del Yukón concluyó un acuerdo económico bilateral, a falta de un acuerdo de reivindicación de tierras con las Primeras Naciones de Kaska, que incluyen el Consejo Dena de Ross River y la Primera Nación de Liard.

784.El Yukón firmó un acuerdo con el Canadá para prorrogar dos años, hasta el 31 de marzo de 2005, el Acuerdo de Cooperación entre el Canadá y el Yukón para la Promoción y Potenciación de los Idiomas Aborígenes.

785.En octubre de 2003, el Gobierno del Yukón firmó protocolos de consultas con las ocho Primeras Naciones del Yukón con gobierno autónomo en los que se esbozan los procedimientos que se aplicarán en las consultas que imponen los acuerdos finales y los acuerdos de gobierno autónomo.

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

Página

Artículo 1 - El derecho de libre determinación

Gobierno del Canadá4

Artículo 2 - Igualdad de derechos y recursos efectivos

Alberta124

Columbia Británica138

Gobierno del Canadá4

Isla Prince Edward60

Manitoba100

Nueva Brunswick67

Nueva Escocia63

Nunavut153

Ontario86

Quebec74

Saskatchewan114

Terranova y Labrador51

Territorios del Noroeste156

Yukón159

Artículo 3 - Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

Columbia Británica139

Gobierno del Canadá6

Isla Prince Edward61

Manitoba100

Nueva Brunswick69

ÍNDICE DE ARTÍCULOS (continuación)

Página

Artículo 3 (continuación)

Nueva Escocia63

Nunavut153

Quebec75

Saskatchewan116

Terranova y Labrador52

Territorios del Noroeste157

Yukón161

Artículo 4 - Disposiciones de suspensión de derechos

Alberta127

Nueva Brunswick70

Artículo 6 - Derecho a la vida

Alberta127

Columbia Británica141

Gobierno del Canadá10

Isla Prince Edward61

Manitoba102

Nueva Escocia64

Nunavut154

Ontario91

Quebec75

Saskatchewan116

ÍNDICE DE ARTÍCULOS (continuación)

Página

Artículo 6 (continuación)

Terranova y Labrador53

Yukón161

Artículo 7 - Protección contra la tortura

Alberta127

Columbia Británica143

Gobierno del Canadá11

Manitoba104

Nunavut154

Ontario92

Quebec76

Saskatchewan118

Terranova y Labrador54

Yukón162

Artículo 8 - Protección contra la esclavitud y el trabajo forzoso

Gobierno del Canadá14

Manitoba105

Quebec77

Saskatchewan118

Artículo 9 - Derecho a la libertad y a la seguridad personales

Alberta128

Columbia Británica143

Gobierno del Canadá15

ÍNDICE DE ARTÍCULOS (continuación)

Página

Artículo 9 (continuación)

Manitoba106

Nueva Escocia64

Ontario94

Quebec77

Artículo 10 - Tratamiento de las personas privadas de libertad

Alberta128

Columbia Británica144

Gobierno del Canadá19

Manitoba107

Nueva Brunswick70

Nueva Escocia65

Nunavut155

Ontario94

Quebec77

Saskatchewan118

Terranova y Labrador54

Territorios del Noroeste157

Yukón163

Artículo 12 - Derechos de libre circulación

Quebec78

ÍNDICE DE ARTÍCULOS (continuación)

Página

Artículo 14 - Derecho a un juicio imparcial

Alberta132

Columbia Británica146

Gobierno del Canadá21

Manitoba108

Nueva Escocia65

Ontario96

Quebec78

Terranova y Labrador55

Territorios del Noroeste158

Yukón163

Artículo 17 - Derecho a la intimidad

Alberta134

Columbia Británica147

Gobierno del Canadá27

Isla Prince Edward61

Manitoba108

Nueva Escocia66

Quebec80

Saskatchewan118

Terranova y Labrador55

ÍNDICE DE ARTÍCULOS (continuación)

Página

Artículo 18 - Libertad de pensamiento, conciencia y religión

Gobierno del Canadá30

Nueva Burnswick71

Nunavut155

Ontario97

Quebec81

Saskatchewan119

Artículo 19 - Libertad de opinión y expresión

Gobierno del Canadá30

Quebec82

Artículo 20 - Prohibición de la propaganda bélica y la incitación al odio

Gobierno del Canadá33

Artículo 21 - Derecho de reunión pacífica

Gobierno del Canadá34

Artículo 22 - Libertad de asociación

Gobierno del Canadá34

Ontario97

Quebec83

Saskatchewan119

Terranova y Labrador56

Artículo 23 -Protección de la familia, derecho al matrimonio e igualdad delos cónyuges

Alberta134

Columbia Británica148

ÍNDICE DE ARTÍCULOS (continuación)

Página

Artículo 23 (continuación)

Gobierno del Canadá35

Manitoba108

Ontario98

Quebec83

Saskatchewan119

Artículo 24 - Derechos del niño

Alberta136

Columbia Británica148

Gobierno del Canadá36

Isla Prince Edward62

Manitoba109

Nueva Escocia66

Nunavut156

Ontario99

Quebec84

Saskatchewan120

Terranova y Labrador56

Territorios del Noroeste158

Yukón163

Artículo 25 - Responsabilidad cívica y participación política

Alberta137

Columbia Británica149

ÍNDICE DE ARTÍCULOS (continuación)

Página

Artículo 25 (continuación)

Gobierno del Canadá39

Isla Prince Edward63

Artículo 26 - Igualdad ante la ley

Gobierno del Canadá42

Manitoba112

Nueva Brunswick72

Ontario99

Saskatchewan121

Terranova y Labrador57

Artículo 27 - Derechos religiosos, culturales y lingüísticos

Alberta137

Columbia Británica150

Gobierno del Canadá44

Manitoba113

Nueva Brunswick74

Nueva Escocia66

Ontario99

Quebec84

Saskatchewan123

Terranova y Labrador58

Territorios del Noroeste159

Yukón164

-----