* El presente documento se publica sin revisión editorial.

Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados de Suecia

Adición

Información suministrada por Suecia sobre el seguimiento de las observaciones finales *

[Fecha de recepción: 16 de febrero de 2018]

Introducción

En el presente informe se consigna la información suministrada por escrito por el Gobierno de Suecia en cumplimiento de la solicitud que se le formuló en las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados de Suecia (CEDAW/C/SWE/CO/8-9, de 10 de marzo de 2016) de que proporcionara, en un plazo de dos años, información sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones que figuran en los párrafos 11 a), b) y c) y 27 a) y c) de dichas observaciones finales.

El Gobierno invitó a algunos representantes de la sociedad civil a celebrar una reunión en diciembre de 2017, en la cual pudieron hacer aportaciones sobre las cuestiones que aquí se examinan.

Suecia tiene un Gobierno feminista que presta especial atención a la igualdad de género en la labor que realiza a nivel nacional e internacional. La igualdad de género ocupa un lugar central en las prioridades del Gobierno, tanto en la toma de decisiones como en la asignación de recursos.

Un Gobierno feminista reconoce la prevalencia de la desigualdad de género y el modo en que esta limita y determina la condición de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños. El objetivo global de la política de igualdad de género del Gobierno es que las mujeres y los hombres tengan la mismas facultades para forjar la sociedad y sus propias vidas. El Gobierno trabaja para mejorar realmente la vida de las personas a este respecto. La agenda de política pretende contrarrestar las estructuras y los papeles inhibitorios existentes en materia de género, de manera que todas las mujeres, los hombres, las niñas y los niños puedan vivir su vida desarrollando todo su potencial. Asimismo, el propósito general de la política del Gobierno contra la discriminación es lograr una sociedad sin discriminación. La finalidad de la política de derechos humanos es garantizar el cumplimiento pleno de los compromisos internacionales de Suecia en materia de derechos humanos.

Cumplimiento de las obligaciones que le incumben conforme al derecho internacional con los solicitantes de asilo y refugiados, como el principio de no devolución (véase CEDAW/C/SWE/CO/8-9, párr. 11 a)).

La Ley de Extranjería de Suecia incluye normas sobre, entre otras cosas, los visados, el asilo, la condición de refugiado y la protección subsidiaria, los permisos de residencia y la inmigración familiar por motivos del establecimiento de nuevas relaciones y la reunificación familiar de los refugiados, los permisos de trabajo, la devolución y la detención. Se considera que dichas normas se ajustan a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El principio de no devolución está incorporado en el derecho sueco desde hace mucho tiempo y figura explicitado en la Ley de Extranjería, tanto en las disposiciones relativas a los permisos de residencia para refugiados y personas que necesitan protección internacional como en las disposiciones sobre los obstáculos jurídicos que impiden ejecutar una orden de denegación de entrada, o una orden de expulsión definitiva y no apelable. No se puede denegar la entrada ni expulsar a extranjeros que corren el riesgo de sufrir persecuciones en el país de destino o que carecen de protección contra su envío a un país en el que corren el riesgo de ser perseguidos. Esto incluye la persecución específica en función del género y la persecución por motivos de género. Está terminantemente prohibido ejecutar una orden de denegación de entrada o de expulsión si existen motivos razonables para suponer que el extranjero afectado correría peligro de ser sometido a la pena de muerte, castigos corporales, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En caso de que se presenten nuevos impedimentos para la ejecución de una decisión u orden de ese tipo, o si el solicitante lo pide, la Dirección General de Migraciones de Suecia debe tomar las medidas adecuadas, a saber, considerar la posibilidad de suspender la ejecución, examinar las circunstancias, conceder un nuevo examen y, si procede, otorgar un permiso de residencia. Los nuevos exámenes pueden apelarse ante un tribunal de inmigración.

El gran número de solicitantes de asilo que llegaron en 2015 originó una difícil situación para las autoridades y los municipios. Se adoptaron varias medidas para fortalecer la acogida de los solicitantes de asilo y reforzar la introducción de los recién llegados. El 20 de julio de 2016 se promulgó una ley temporal, por la que se adaptaron las normas de asilo de Suecia que figuran en la Ley de Extranjería a los niveles mínimos según el derecho de la Unión Europea y de conformidad con las obligaciones internacionales.

En virtud de la ley temporal, se concede a los refugiados y las personas con derecho a la protección subsidiaria permisos de residencia temporales, en vez de permanentes, y se han limitado las posibilidades de reunificación familiar. No se otorgan permisos de residencia por motivos de circunstancias particularmente penosas (razones humanitarias), salvo cuando esto sea contrario a las obligaciones de Suecia con arreglo al derecho internacional. Lo mismo se aplica a los casos de reunificación familiar. Esto significa que no pueden denegarse permisos cuando esa decisión sea contraria a lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el proyecto de ley en que el Gobierno presentó la ley temporal también se hace referencia al Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. La ley temporal tiene una vigencia de tres años. El principio de no devolución sigue manteniéndose en la legislación aplicable.

Adopción de un enfoque que tenga en cuenta la cuestión del género al recibir el flujo actual de refugiados y examinar las solicitudes de asilo, a fin de garantizar que se dé prioridad a las necesidades de las mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo que llegan al Estado parte (véase CEDAW/C/SWE/CO/8-9, párr. 11 b)).

El riesgo de ser objeto de persecución por motivos de género es un fundamento concreto para solicitar asilo (condición de refugiado) conforme a la Ley de Extranjería de Suecia. Durante todo el proceso de asilo se evalúan constantemente solicitudes relacionadas con el género y las dimensiones de género, por ejemplo, con respecto a las preferencias de los solicitantes de asilo de tener a un hombre o a una mujer como intérprete, oficial encargado del caso o abogado. Los cónyuges son entrevistados por separado. Se informa a los solicitantes de asilo sobre el código de confidencialidad entre los cónyuges, por ejemplo, acerca de la posibilidad de que la información proporcionada por la esposa de manera confidencial no se comparta con el esposo. Si el funcionario de la Dirección General de Migraciones toma conocimiento de cualquier sospecha de actos de violencia en un matrimonio o una relación, se proporciona al solicitante información sobre medios de ayuda o asistencia, a saber, la policía o grupos de apoyo. Hay procedimientos operativos internos que deben seguirse si se sospecha que alguna persona ha sido objeto de trata. En la reunión celebrada con los representantes de la sociedad civil en diciembre de 2017 se subrayó la importancia de los procesos de asilo individuales.

Un principio básico del alojamiento de los solicitantes de asilo es que se ubica a las mujeres solteras con mujeres solteras, a los hombres con hombres y a las familias por sí solas o con otras familias. Los solicitantes de asilo tienen derecho a un alojamiento adaptado a sus necesidades particulares en el caso de que se encuentren en una situación particularmente vulnerable a raíz de necesidades especiales, por ejemplo, tras haber sido objeto de trata, tortura, mutilación genital femenina, violación u otras formas de violencia sexual. En 2016, la Dirección General de Migraciones publicó una norma interna para determinar cuándo una de esas personas necesita un alojamiento especial.

Todos los solicitantes adultos reciben información sobre el proceso de asilo, la atención médica, las normas y los reglamentos de Suecia. En cuanto al apoyo y los servicios específicos para cada género, los solicitantes pueden recibir información sobre las líneas telefónicas de apoyo y orientación en una reunión informativa que se realiza al poco tiempo de su llegada y durante las entrevistas en la Dirección General de Migraciones. A fin de garantizar un trato equitativo, la información proporcionada a las mujeres y a los hombres debe adaptarse para que no haya diferencias irrelevantes por motivos de género. Esto se afirma en un documento rector sobre las normas relativas a la información en el proceso de asilo.

La Dirección General de Migraciones ofrece programas de capacitación a los funcionarios que se ocupan de los casos y a los encargados de la toma de decisiones a través de cursos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, y con respecto a los temas “Técnicas de Entrevista” y “Género y Orientación Sexual e Identidad de Género”. La Dirección General cuenta con una colección de expedientes para fines de capacitación que incluye casos vinculados con cuestiones específicas de cada género, por ejemplo, las mujeres que plantean necesidades de protección por motivos de género y las mujeres que no cuentan con una red de hombres. Estos expedientes se utilizan como instrumentos de capacitación y análisis destinados a los empleados. Todos los nuevos empleados reciben formación por medio del curso titulado “Crítica de la norma”.

El Gobierno encomendó a la Dirección General de Migraciones que elaborara un plan de acción para la incorporación de la perspectiva de género en 2016-2018, el cual fue presentado por la Dirección General en 2015. Los tres objetivos principales son los siguientes:

•Lograr la igualdad en cuanto al trato, los servicios y las evaluaciones para las mujeres y los hombres que solicitan permisos y asilo;

•Contrarrestar activamente la violencia del hombre contra la mujer y la violencia relacionada con el honor;

•Incorporar en las actividades una perspectiva de género.

Se han realizado, o se prevé realizar, varias actividades de conformidad con el plan de acción. Por ejemplo, la Dirección General de Migraciones llevó a cabo una encuesta para hacer un seguimiento de la calidad del proceso de asilo desde una perspectiva de igualdad de género, con especial atención al modo en que se examinan los motivos aducidos por las mujeres al solicitar asilo. A raíz de la encuesta, la Dirección General determinó que era necesario acrecentar aún más el apoyo jurídico para el examen y la evaluación de los motivos que aducen las mujeres.

En junio de 2017, la Dirección General publicó una posición jurídica sobre el examen y la evaluación de la persecución por motivos de género relacionada con las mujeres. El documento incluye, entre otras cosas, secciones sobre el derecho aplicable de Suecia y la Unión Europea, un método para examinar la persecución por motivos de género, la persecución con especificidad de género, el requisito probatorio y la carga de la prueba. Además, en el documento se describen ciertas causas importantes, entre ellas algunas presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las posiciones jurídicas son recomendaciones de carácter general sobre la aplicación de las leyes y los reglamentos en el ámbito de competencia de la Dirección General. El objetivo es lograr una práctica jurídica uniforme. Los encargados de los casos y de la adopción de decisiones se ajustarán a las posiciones jurídicas al aplicar la legislación y los reglamentos.

Continuación de su dedicación a velar por la aplicación efectiva de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad en países afectados por conflictos (véase CEDAW/C/SWE/CO/8-9, párr. 11 c)).

Suecia aplica una política exterior feminista, y la agenda relativa a las mujeres, la paz y la seguridad es una prioridad para el país. En mayo de 2016 se puso en marcha el tercer Plan de Acción Nacional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, tras la celebración de consultas amplias con agentes pertinentes de Suecia y cinco países en conflicto o que han salido de conflictos, a saber, el Afganistán, Colombia, Liberia, Palestina y la República Democrática del Congo.

El plan de acción nacional establece el modo en que debe llevarse adelante la labor relativa a la agenda, y en él se recogen las prioridades generales de Suecia al respecto. Los siguientes organismos públicos aportan conocimientos especializados para la aplicación del plan de acción: la Administración Nacional de Justicia de Suecia, la Academia Folke Bernadotte, las Fuerzas Armadas de Suecia, la Universidad de la Defensa de Suecia, el Servicio de Prisiones y de Libertad Condicional de Suecia, la Guardia Costera de Suecia, la Agencia Sueca de Protección Civil, la Dirección de Policía de Suecia, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Organismo de Investigación de Defensa de Suecia y la Fiscalía General de Suecia.

Se han determinado 12 países prioritarios para aplicar el plan de acción: el Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Colombia, el Iraq, Liberia, Malí, Myanmar, Palestina, la República Democrática del Congo, Somalia, Siria y Ucrania.

A fin de promover la ejecución eficaz de la agenda relativa las mujeres, la paz y la seguridad, Suecia ha adoptado las medidas siguientes:

•Ha seguido desarrollando la red de mediación de mujeres de Suecia creada en 2015. En 2016 y 2017, la red se consolidó más y participó en procesos de paz, por ejemplo, en el Afganistán, Somalia y Siria;

•Ha contribuido a integrar la igualdad de género en el Diálogo Internacional sobre la Consolidación de la Paz y del Estado financiando un estudio sobre cómo poner en práctica la Declaración de Estocolmo de 2016 desde una perspectiva de género;

•Ha ayudado a los Estados a crear y ejecutar planes de acción nacionales en favor de las mujeres, la paz y la seguridad mediante el asesoramiento, el intercambio de conocimientos y la prestación de apoyo;

•Ha desempeñado un papel activo en el apoyo a la participación de las mujeres en las conversaciones de paz sobre Siria en Ginebra. Suecia financió y facilitó la asistencia del Comité Asesor de Mujeres;

•Ha colaborado sistemáticamente en el fortalecimiento de la ejecución de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad en 2017 y 2018, un papel cuya importancia destacó la sociedad civil en la reunión celebrada en las oficinas del Gobierno. Suecia preside el grupo de trabajo oficioso sobre las mujeres, la paz y la seguridad;

•Ha venido encabezando la labor para establecer un Asesor Principal sobre la Igualdad de Género y las Mujeres, la Paz y la Seguridad en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y ha fortalecido la oficina con una adscripción;

•Ha contribuido a promover la labor de la Unión Europea en cuanto a la presentación de informes sobre la violencia sexual y por motivos de género con propuestas sobre cómo mejorar la labor de la SEAE, por ejemplo, incluyendo datos desglosados por género y edad y promoviendo el enfoque de la Unión Europea de incorporación de la perspectiva de género al extremismo violento. Las adscripciones de Suecia a la SEAE han sido clave a ese respecto;

•Ha puesto en marcha una nueva iniciativa de investigación a largo plazo en la esfera de las mujeres, la paz y la seguridad, incluida una cátedra en la Universidad de la Defensa de Suecia. El programa de investigación tiene por objeto aumentar los conocimientos sobre el papel de las mujeres en los conflictos, los procesos de paz y el socorro en casos de desastre, las perspectivas de género en las organizaciones y las operaciones militares, con un enfoque general basado en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz.

A continuación, se describen algunos ejemplos de la contribución de Suecia a la prevención de conflictos:

•Suecia desempeñó un papel importante a favor del logro de una paz negociada en Colombia, entre otras cosas, fomentando la participación de las mujeres y la inclusión de una perspectiva de género y de los derechos de las mujeres en el acuerdo de paz;

•Ha emprendido iniciativas para fortalecer la implicación política de las mujeres y su derecho a la participación política en la República Democrática del Congo en vista de las elecciones. La Embajada de Suecia apoya las iniciativas encaminadas a reforzar la participación activa de las mujeres en los diálogos de paz;

•Ha puesto en marcha actividades de capacitación en mediación dirigidas a mujeres en el Afganistán por conducto de la cooperación entre la Embajada de Suecia en Kabul, la Red de Mediación de Mujeres de Suecia y Academia Folke Bernadotte de Suecia;

•Ha presidido la iniciativa Call for Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies (Llamado a la Acción para la Protección contra la Violencia de Género en Situaciones de Emergencia), que reúne a países y organizaciones para prevenir la violencia relacionada con el género en situaciones de desastre y aumentar la protección contra ella;

•Ha puesto de relieve la responsabilidad y el papel de los hombres en la labor relativa a la igualdad de género por medio de la campaña Él por Ella y una exposición del Instituto Sueco;

•Ha planteado la necesidad de contar con una perspectiva de género en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento en varios foros, como las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y la Coalición Mundial contra el Estado Islámico en el Iraq y el Levante/Dáesh;

•Ha abogado por que las Naciones Unidas incorporen perspectivas de género en los esfuerzos para prevenir el extremismo violento. Entre otras cosas, esto ha contribuido a que se incluyan varias observaciones sobre las cuestiones de género en el Plan de Acción del Secretario General para Prevenir el Extremismo Violento (diciembre de 2015).

Adopción lo antes posible de una estrategia integral nacional para combatir la violencia contra las mujeres (véase CEDAW/C/SWE/CO/8-9, párr. 27 a)).

La violencia del hombre contra la mujer debe cesar. Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños deben tener el mismo derecho y acceso a la integridad física. Este es uno de los seis subobjetivos de la política de igualdad de género que el Gobierno procura alcanzar.

En noviembre de 2016, el Gobierno aprobó una Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia del Hombre contra la Mujer 2017–2026, de carácter multisectorial, la cual comprende un plan de acción con 44 medidas concretas para el período 2017–2020. La estrategia se incluye en la comunicación titulada “Power, goals and agency – a feminist policy for a gender-equal future” (Poder, objetivos y organismo: una política feminista para un futuro con igualdad de género) (Comunicación gubernamental 2016/17:10) que el Gobierno presentó por escrito al Parlamento sueco.

El plan de acción incluye medidas para coordinar, aplicar, vigilar y evaluar las políticas y para combatir la violencia del hombre contra la mujer y la violencia doméstica, incluida la violencia y la opresión relacionadas con el honor, así como la prostitución y la trata con fines de explotación sexual.

Se elaboró tomando como referencia el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) y está en consonancia con dicho Convenio en cuanto al alcance y las medidas. En la estrategia también se reconoce que los hombres y los niños pueden ser víctimas y que las mujeres y las niñas pueden ser autoras de esas formas de violencia (como la violencia doméstica) que, predominantemente, aunque no de manera exclusiva, perpetran los hombres y los niños contra las mujeres y las niñas. La estrategia hace especial hincapié en la prevención, en actividades dirigidas a los hombres y los niños, en las normas destructivas de masculinidad (una de las cuestiones que se plantearon en la reunión celebrada con los representantes de la sociedad civil antes de la publicación del presente informe) y en la necesidad de lograr una participación más amplia de los hombres y los niños en la labor para hacer frente a la violencia.

Los cuatro objetivos interrelacionados de la estrategia son los siguientes:

1)Mejorar la prevención y hacerla más eficaz;

2)Mejorar la detección de casos y la protección y prestación de apoyo a las mujeres, niños y niñas que son objeto de violencia;

3)Aumentar la eficacia de la lucha contra la delincuencia;

4)Mejorar los conocimientos y la elaboración de métodos.

Asimismo, se espera que todas las intervenciones tengan en cuenta nueve principios transversales, como el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos del niño, las personas con discapacidad (una perspectiva que se destacó en la reunión con los representantes de la sociedad civil) y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.

La estrategia nacional se elaboró en respuesta a las conclusiones de las investigaciones del Gobierno, así como al análisis por los organismos gubernamentales de iniciativas de política anteriores en esta esfera. Pese a que se han logrado avances notables, fue difícil evaluar los efectos generales de las iniciativas del Gobierno dirigidas a las mujeres y los niños y niñas que corren riesgo de sufrir violencia debido a limitaciones en lo que respecta a la información disponible, la recopilación de datos y el seguimiento. Además, estos análisis pusieron de relieve que era necesario fortalecer la gobernanza y la coordinación de la labor pertinente a todos los niveles a fin de reforzar la eficiencia, la gestión de los conocimientos y la sostenibilidad de los esfuerzos para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.

Un nuevo organismo público para la igualdad de género, que entró en funcionamiento el 1 de enero de 2018, es el encargado de ayudar al Gobierno a coordinar la aplicación y el seguimiento de la estrategia nacional. Al asignar esta responsabilidad a dicho organismo, la labor puede realizarse a largo plazo y de forma permanente. Se ha encargado a las 21 Juntas Administrativas de Condado de Suecia que desempeñen funciones similares en sus respectivas regiones. Además, se ha concertado un acuerdo para el período 2018-2020 con la Asociación de Autoridades Locales y Regionales a fin de fortalecer la labor en materia de igualdad de género, incluidas las actividades para contrarrestar la violencia del hombre contra la mujer.

Asimismo, hay otras tareas relacionadas con la igualdad de género que llevan a cabo otros organismos y que se transferirán al nuevo organismo y serán coordinadas por él: algunas partes del Centro Nacional de Información sobre la Violencia del Hombre contra la Mujer y partes de la Secretaría Sueca de Investigación en materia de Género, así como la tarea de distribuir las subvenciones del Gobierno a proyectos sobre igualdad de género y organizaciones de mujeres. La intención es que la labor esté menos fragmentada y que se mejoren la coordinación, la eficiencia y las repercusiones de la política de igualdad de género del Gobierno.

Se ha asignado un total de 600 millones de coronas suecas (unos 59 millones de euros) al plan de acción para 2017-2020. El Gobierno también destinará 214 millones de coronas suecas para combatir la violencia y la opresión relacionadas con el honor en el marco de la estrategia nacional para 2018-2020. Además de las subvenciones que ya se ha decidido otorgar a centros de acogida sin fines de lucro para mujeres, municipios y consejos de los condados y regiones, el Gobierno ha asignado a esa esfera más de 1.000 millones de coronas suecas (unos 99 millones de euros) para el período comprendido entre 2015 y 2020. La estimación es baja, ya que no incluye la financiación básica otorgada a las autoridades públicas de sectores clave como el de la educación o el sistema de justicia penal.

Mayor estudio de las causas fundamentales de las bajas tasas de denuncia y condena en casos de violencia contra la mujer e intensificación de los esfuerzos para eliminar todos los obstáculos que impiden que las mujeres denuncien los actos de violencia a la policía (véase CEDAW/C/SWE/CO/8-9, párr. 27 c)).

Es inaceptable que un gran número de mujeres, niños y niñas sean víctimas de delitos cada año. La política contra la delincuencia tiene por objeto, entre otras cosas, reducir ese fenómeno y propiciar un aumento del número total y de la proporción de delitos resueltos y enjuiciados. Se ha puesto en marcha una amplia gama de actividades para elevar las tasas de denuncia y condena en casos de violencia contra la mujer y para eliminar todos los obstáculos que impiden que las mujeres denuncien los actos de violencia a la policía. Varios aspectos de esta cuestión se plantearon en la reunión celebrada entre los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de las oficinas del Gobierno.

Asimismo, el movimiento #MeToo ha demostrado enérgicamente que es necesario hacer más para combatir el acoso y la violencia sexuales en los lugares de trabajo y en la sociedad. El Gobierno ha solicitado a los empleadores que asuman la responsabilidad de lograr un entorno laboral seguro. Ya hay instrumentos y leyes, pero la fuerza y la magnitud de las peticiones hacen ver que el cumplimiento presenta deficiencias. Por ello, las Ministras de Empleo e Igualdad de Género se han reunido con asociados del mercado laboral y de los sindicatos, y otros ministros se han reunido con algunos jefes de organismos públicos y dirigentes de empresas para centrar la atención en la responsabilidad que tienen los empleadores de contrarrestar la violencia y el acoso sexuales.

El Gobierno ya ha aprobado varias iniciativas, y las medidas a largo plazo incluyen nueva legislación sobre los delitos sexuales, la estrategia nacional para prevenir y combatir la violencia del hombre contra la mujer, el nuevo organismo para la igualdad de género y una estrategia sobre el entorno laboral.

El Consejo Nacional Sueco para la Prevención de la Delincuencia (Brå) está llevando a cabo varias tareas que le ha encargado el Gobierno a raíz de la recomendación de que siga estudiando las causas fundamentales de las bajas tasas de denuncia y condena en casos de violencia contra la mujer. Esas tareas incluyen un estudio de la evolución de la violación grave de la integridad de la mujer en el que el Brå analizará las causas de la disminución de las denuncias presentadas y de los delitos resueltos y enjuiciados. El informe sobre esta tarea ha de presentarse en noviembre de 2018.

Además, el Brå examinará las causas del aumento de los delitos sexuales. El informe al respecto ha de presentarse en mayo de 2019. Asimismo, el Brå estudiará el modo en que las autoridades judiciales se ocupan de las denuncias relacionadas con violaciones desde el momento en que se presenta una denuncia hasta que se dicta sentencia en la causa. Se prevé que la información sobre este encargo se proporcione en noviembre de 2019.

En marzo de 2017, el Gobierno asignó a un Comité de Investigación la tarea de analizar la manera de fortalecer la protección contra el matrimonio infantil, el matrimonio forzado y los delitos relacionados con el honor. En diciembre de 2017 se facilitó un informe provisional en el que se propusieron nuevas restricciones al reconocimiento de los matrimonios infantiles celebrados en el extranjero. El informe final se presentará en septiembre de 2018.

En septiembre de 2017 se presentó al Parlamento un proyecto de ley para fortalecer y modernizar la protección de la privacidad personal en el código penal. Entre otras cosas, se introdujo una disposición sobre la penalización de la violación ilícita de la privacidad, que se aplicará en caso de violación de la privacidad a raíz de la difusión, por ejemplo, de imágenes u otro tipo de información sobre la vida sexual de una persona. La parte principal de la legislación entró en vigor el 1 de enero de 2018.

En 2017 se presentó al Consejo de Legislación un proyecto de ley para ampliar las posibilidades de utilizar la vigilancia electrónica de las órdenes de alejamiento. Según la propuesta, las nuevas disposiciones entrarían en vigor el 1 de julio de 2018. El Gobierno presentará un proyecto de ley al Parlamento a más tardar en marzo de 2018.

En diciembre de 2017 se presentó al Consejo de Legislación un proyecto de ley para mejorar la protección de la integridad sexual. El Gobierno tiene previsto presentar un proyecto de ley al Parlamento a más tardar en marzo de 2018.

La Dirección de Policía se enfrenta a importantes desafíos y hay una gran necesidad de aumentar la dotación de personal. A fin de reforzar la capacidad, en 2018 se incrementará la asignación de fondos a la Dirección de Policía. El Gobierno ha anunciado que se aumentarán nuevamente los recursos en 2019 y 2020.

Los delitos en las relaciones cercanas y la violación son esferas de alta prioridad para la Dirección de Policía, respecto de las cuales se realizan esfuerzos especiales para elaborar métodos de trabajo eficaces. La Dirección de Policía y la Fiscalía General han preparado conjuntamente un manual metodológico para que las actividades de investigación iniciales y subsiguientes se lleven a cabo de conformidad con normas de alta calidad. La Dirección de Policía también ha reforzado el apoyo metodológico que se brinda a las víctimas de delitos y la labor para la seguridad del personal. Además, se ha fortalecido el Centro de Contacto de la Dirección de Policía, el cual recibe llamadas y denuncias de la población en casos no urgentes.

El Gobierno ha solicitado a la Dirección de Policía y a la Fiscalía General que informen sobre las medidas adoptadas para perfeccionar y elevar la calidad de las investigaciones relacionadas con las violaciones y otros delitos sexuales. En cuanto a la Dirección de Policía, esto también incluye un informe sobre el modo en que esta procura mejorar el trato que se dispensa a las víctimas de delitos sexuales. La Fiscalía General informará sobre las medidas adoptadas con el objeto de reforzar su capacidad para intervenir frente a las amenazas y violaciones en línea. Además, la Fiscalía ha elaborado directrices para los fiscales a la hora de investigar casos de coacción para contraer matrimonio, así como los intentos, la preparación y la conspiración para ejercer esa coacción.

Actualmente, la Fiscalía está preparando medidas para velar por que los casos de trata de personas sean tramitados por fiscales con experiencia y formación especial en ese tipo de delito. Además, la Fiscalía ha emprendido otras iniciativas para contrarrestar la violencia del hombre contra la mujer, la violencia en las relaciones cercanas, los delitos contra los niños, los delitos sexuales y los delitos relacionados con el honor.

La Administración Nacional de Justicia de Suecia ha elaborado recientemente un módulo de aprendizaje electrónico sobre la igualdad de género en el sistema judicial y lo ha puesto a disposición de todos los empleados de los tribunales de Suecia. La Academia de Formación Judicial de la Judicatura de Suecia se encarga de la formación judicial de los jueces y otros funcionarios judiciales. La Academia ofrece a los jueces sesiones de formación sobre el trato de las partes, la evaluación de las pruebas, la imposición de penas y otras cuestiones de importancia a la hora de ocuparse de casos relacionados con delitos sexuales y la violencia doméstica.

El Centro Nacional de Información sobre la Violencia del Hombre contra la Mujer, de la Universidad de Uppsala, ofrece cursos sobre violencia, como parte de la labor encomendada por el Gobierno. En 2015 y 2016, más de 3.500 personas participaron en las actividades de capacitación externa ofrecidas por el Centro. En 2016 se puso en marcha un curso gratuito accesible en la web, en el que, para finales de ese año, se habían inscrito casi 4.000 usuarios. El objetivo es aumentar la competencia principalmente en los servicios sociales, aunque el curso también es pertinente para otros sectores.