23° período de sesiones

Acta resumida de la 482ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 23 de junio de 2000 a las 15.00 horas

Presidenta:Sra. González

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)

Informes periódicos cuarto y quinto combinados de Rumania (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)

Informes periódicos cuarto y quinto (continuación) (CEDAW/C/ROM/4 y 5; CEDAW/PSWG/2000/CRP.1/Add.4; CEDAW/PSG/2000/II/CRP.2/Add.3) 

Por invitación de la Presidenta, la delegación de R u mania toma asiento a la mesa del Comité.

La Sra. Aouij dice que los cambios legislativos previstos que se describen en el informe muestran que el Gobierno está decidido a avanzar en materia de equidad entre hombres y mujeres; no obstante, se necesitan objetivos y plazos más concretos. La delegación debería aclarar si ya está aprobado el plan nacional para la mujer y cuáles son sus principales temas. El país debería contar con un mecanismo sólido y eficaz para coordinar las acciones gubernamentales, velar por la rendición de cuentas, promover la conciencia pública sobre los derechos de la mujer y determinar en qué esferas es preciso intensificar las acciones. Rumania sólo podrá integrarse plenamente con los países europeos cuando las mujeres disfruten de los mismos derechos y oportunidades que en otros países de Europa.

Con respecto a las leyes contra la violencia doméstica, la oradora dice que cualquier texto legislativo puede ser cambiado, a condición de que el Gobierno tenga la necesaria voluntad política.

La Sra. Abaka dice que el Estado parte debería considerar la posibilidad de introducir “discriminación positiva”, dado que así se puede contribuir a subsanar rápida y eficazmente la discrepancia de género. También es importante asegurar que las medidas tendientes a alentar las inversiones extranjeras no susciten graves desventajas para los empresarios locales; el Gobierno debería tener presente que los inversionistas extranjeros ya presentes pueden decidir retirarse debido a problemas como el de la violencia.

El aborto realizado en malas condiciones sigue siendo una de las principales causas de mortalidad derivada de la maternidad en Rumania y al parecer no hay una estrategia coherente que promueva eficazmente la planificación de la familia y proporcione información y educación al respecto a toda la población. También hay un problema con respecto al suministro de anticonceptivos, particularmente en zonas rurales. La oradora pregunta si se dispone de datos sobre el promedio del número de abortos por mujer en edad de procrear; cuál es el papel que desempeñan los médicos privados en la provisión de servicios de planificación de la familia, particularmente en zonas rurales; y si el Gobierno cuenta con una política de salud ocupacional y medioambiental.

La oradora pregunta si se dispone de información con respecto a la incidencia de la tuberculosis, particularmente entre pacientes infectados con el VIH/SIDA. De ser necesario, esta información podría incluirse en el informe siguiente. Además, recomienda decididamente que el Gobierno produzca estadísticas actualizadas sobre el tabaquismo entre las mujeres, particularmente las que están en edad de procrear, y adopte medidas para crear conciencia sobre las consecuencias de fumar.

La Sra. Nicolai (Rumania), prosiguiendo su respuesta a las preguntas formuladas por miembros del Comité en la sesión anterior, dice que sólo hay un albergue financiado por el Gobierno para las mujeres víctimas de violencia doméstica; los otros cinco están totalmente financiados por organizaciones no gubernamentales. Se ha establecido la Comisión sobre igualdad de oportunidades, en jurisdicción del Consejo Económico y Social de Rumania —un órgano tripartito de interés público— a fin de vigilar y promover la inclusión de disposiciones sobre cuestiones de género en los acuerdos colectivos negociados entre los sindicatos y los empresarios.

Con respecto a la trata de mujeres, Rumania es a la vez un país de tránsito y un país de origen. Se han dictado disposiciones legislativas para proteger a quienes trabajan en el extranjero, pero es lamentablemente cierto que hay una red delictiva cuyo negocio es proporcionar seres humanos con fines de prostitución a países de Europa occidental.

En cuanto a las preguntas formuladas durante la sesión en curso, la oradora dice que es importante involucrar en las cuestiones de la mujer a la sociedad civil y a los círculos académicos. Lamentablemente, actualmente todas las investigaciones básicas sobre temas de género son realizadas por organizaciones no gubernamentales. Después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se han adoptado medidas para promover el papel de la mujer en la adopción de decisiones políticas, asegurar el acceso en condiciones de igualdad a la educación, la salud y el empleo y abordar el problema de la violencia contra la mujer mediante la introducción de sanciones más severas. Su Gobierno, en verdad, está a favor de medidas de “discriminación positiva”; hubo un malentendido porque su delegación prefiere la expresión “acción positiva” o “medidas positivas”.

En los últimos años, Rumania logró reales adelantos hacia las estructuras políticas democráticas y una economía fuerte. Lamentablemente, la globalización tiene efectos algo negativos sobre las mujeres, especialmente en países en desarrollo y economías en transición. Sin embargo, gracias a la asistencia técnica de la Unión Europea, se prepararon planes de acción para tratar de abordar los graves problemas medioambientales del país y mejorar la situación de empleo de la mujer.

Su Gobierno está adoptando medidas para reducir el uso del aborto como medio de control de la fecundidad. Por otra parte, la oradora destaca la importancia de que la mujer tenga libertad de opción, y recuerda que Rumania participó en la elaboración de una declaración presentada por Portugal en nombre de la Unión Europea durante el reciente período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Surgieron algunas dificultades durante la formulación de esa declaración, debido a la oposición al aborto de algunos países europeos, pero su Gobierno demostró su compromiso en pro del texto del artículo 12 de la Convención.

La Sra. Crăciun (Rumania) dice que las medidas adoptadas para combatir la trata de mujeres abarcan el fortalecimiento de los controles fronterizos y una más estrecha cooperación con las autoridades aduaneras. También se han efectuado verificaciones de que las firmas que realizan actividades comerciales transfronterizas no estén involucradas en la trata de personas. El avance de la delincuencia ha obligado a las autoridades a introducir numerosos cambios, en respuesta a la creciente preocupación que experimenta la población; y la policía está tratando de adaptarse según sea necesario a fin de prevenir y combatir la delincuencia. Además, se ha establecido una alianza entre el Gobierno y varias organizaciones no gubernamentales, en un intento de prevenir la delincuencia, particularmente los actos de violencia, mediante la educación, la participación comunitaria y los programas de educación del personal policial. Con la colaboración de organizaciones no gubernamentales y de la policía, se establecieron programas y centros locales que ofrecen asesoramiento psicosocial a fin de ayudar a las víctimas de delitos violentos, particularmente mujeres y niños.

La Sra. Popescu (Rumania) dice que el Ministerio de Salud ha formulado una estrategia quinquenal en materia de salud reproductiva, con un fuerte componente educacional y con los siguientes objetivos: combatir el SIDA, reducir el número de abortos y velar por la disponibilidad de anticonceptivos. Los médicos de familia participan en todas las facetas de la atención de pacientes, inclusive la salud reproductiva. Por iniciativa del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, se ha establecido una comisión interministerial con el propósito de intercambiar información y coordinar y detectar temas de preocupación de importancia crítica, que inició proyectos de cooperación interministerial en cuestiones como la salud reproductiva. El Gobierno hará llegar más tarde al Comité los datos pertinentes. Lamentablemente, la mayor incidencia de la tuberculosis en Rumania se debe a la pobreza, la deficiente nutrición y la declinación de los niveles de vida.

Con respecto al consumo de tabaco, no tiene conocimiento de que se hayan realizado en Rumania campañas para combatirlo, aun cuando los anuncios llevan las advertencias usuales con respecto a la salud.

La Sra. Lăudatu (Rumania) dice que en los últimos años hubo un pronunciado descenso en las tasas de mortalidad derivada de la maternidad y de mortalidad de menores de un año, aun cuando siguen siendo altas en relación con las registradas en países desarrollados. En el decenio anterior, también disminuyó la tasa de abortos, en un 75%. En 1996 había en Rumania 5.000 personas con reacción serológica positiva al VIH, de las cuales, un 70% eran niños. Con la asistencia de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales locales, se estudió el problema y se formularon estrategias. Se introdujeron en hospitales y clínicas las jeringas descartables de uso único. Además, el UNICEF ha emprendido una amplia campaña de información, en cooperación con organizaciones locales. Actualmente hay problemas con el acceso de esos niños a las escuelas y los servicios sociales, y con el apoyo a las familias pobres, algunos de cuyos miembros están infectados con el VIH. Dado que muchos niños infectados con el VIH son abandonados, varias organizaciones no gubernamentales establecieron albergues de tipo familiar para ellos.

Además, el Ministerio de Salud patrocina un programa nacional de prevención y educación y un programa nacional para establecer servicios de planificación de la familia. Un organismo nacional para los derechos del niño ha establecido un programa de cuidado de todos los niños abandonados en hospitales. Recientemente, un grupo de médicos y expertos examinó los resultados de estudios realizados por el UNICEF y la OMS sobre la salud de las mujeres y los niños. La delegación hará llegar más adelante esos datos al Comité.

Lamentablemente, en los últimos años se redujeron las oficinas del Defensor del Pueblo, desde ocho departamentos hasta cuatro. El Defensor del Pueblo recibe y examina regularmente denuncias relativas a los derechos del niño, la mujer y las familias. Si bien las mujeres presentan un 30% de las denuncias, éstas, en su mayoría, son presentadas por otras personas, entre ellas un hijo, un esposo u otro pariente. Se reciben muchas denuncias de madres solteras que solicitaron infructuosamente la asistencia de las autoridades públicas; en términos generales, cuando el Defensor del Pueblo formula una recomendación, las autoridades adoptan medidas positivas al respecto.

La Sra. Goonesekere señala que el proyecto de ley sobre igualdad de oportunidades estipula que la administración pública tiene la obligación de rendir cuentas y pregunta si esas disposiciones también rigen para el sector privado y los agentes no estatales. También establece que cuando se deniega un ascenso a una mujer por razones de género, ésta tiene derecho a una indemnización equivalente a tres meses de sueldo; sería útil saber si además, se le otorga el ascenso.

La Constitución estipula que todas las personas tienen derecho a presentar denuncias ante los tribunales y tener acceso irrestricto a la justicia; al respecto, la oradora desearía saber por qué medio las mujeres tienen acceso a los tribunales. También le interesa saber si el Gobierno estableció algún programa para incorporar las cuestiones de género en la corriente principal de las actividades y de qué manera se tratan las cuestiones de género en los casos que atañen a los derechos del niño, en particular para no provocar conflictos entre los derechos del niño y los de la mujer.

A juicio de la oradora, el derecho penal no debería establecer normas propias de la sociedad con respecto a la cuestión de la violencia; no debe utilizarse el relativismo cultural como excusa para denegar derechos. Los delitos sexuales, en particular la violación, no deben considerarse como cuestión a resolver entre el agresor y la víctima; se trata de un delito grave en sí mismo. Obligar al violador a contraer matrimonio con su víctima no es una solución jurídica aceptable. De manera similar, los malos tratos a la esposa no son un problema de familia sino un delito grave contra el derecho de la mujer a su seguridad corporal; el Gobierno debería considerar la posibilidad de introducir mecanismos como las órdenes de protección, por ejemplo. También debería reflexionar sobre las repercusiones de legalizar la prostitución, en particular dado que las prostitutas son objeto de trata internacional, vale decir, una forma contemporánea de esclavitud.

Se ha sugerido que las mujeres rumanas recurren al aborto como medio de controlar la natalidad debido a que a los hombres no les gusta que usen anticonceptivos. Sería útil saber si el Gobierno tiene planes para incitar la participación de la población masculina en la vigencia de los derechos de la mujer.

Además, debería realizarse un estudio acerca de las responsabilidades de sufragar pensiones alimentarias para los niños en Rumania. El Gobierno debería revisar su legislación sobre derechos y responsabilidades en la familia, habida cuenta de que va disminuyendo el número de matrimonios.

La Sra. Kim Yung-Chung dice que, según fuentes independientes, los currículos, libros de texto y métodos didácticos empleados en Rumania siguen siendo muy conservadores. Señala el progreso logrado a nivel universitario y pregunta qué medidas, de existir, se han adoptado para revisar los libros de texto y los currículos a nivel primario y secundario. Aun cuando muchas mujeres participan en la profesión docente, son pocas las que tienen puestos de responsabilidad; es menester adoptar medidas para subsanar este problema. La enorme discrepancia en la matriculación escolar de niñas entre zonas rurales y urbanas es causa de gran preocupación, al igual que la tasa de analfabetismo de las mujeres mayores de 50 años. Sería útil saber si se cuenta con programas de educación de adultos. La oradora también desearía saber si, como parte de sus políticas de igualdad de oportunidades, el Gobierno rumano está adoptando medidas para mejorar la condición de las mujeres en la industria y las empresas.

Además, la oradora desearía saber cuántos niños se benefician con la prestación mensual para hijos de hasta 16 años; cuál es el importe de dicha prestación expresado en dólares EE.UU., y qué porcentaje representa dicha suma respecto del ingreso medio. También sería interesante saber si la colocación de niños en hogares de guarda equivale a una adopción doméstica; si las personas que se encargan de cuidarlos son mujeres en edad de procrear; si esas personas están empleadas y de qué manera, en particular si son empleadas del Gobierno; y si han recibido capacitación como trabajadoras sociales o poseen otras calificaciones profesionales.

Finalmente, la oradora pide más información sobre el sistema de licencia de paternidad; en particular, si la nueva ley aprobada en 1999 modifica substancialmente la ley anterior; cuántos hombres rumanos han optado por aprovechar la licencia de paternidad; y si se ha registrado algún cambio apreciable en la distribución de las responsabilidades de la crianza de los hijos entre hombres y mujeres de Rumania.

La Sra. Taya pregunta acerca de la reducción de categoría del departamento encargado de promover los derechos de la mujer y la coordinación de las políticas sobre la familia, que es ahora una división del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. La oradora también solicita seguridades de que el hincapié en las organizaciones no gubernamentales que hace la Comisión Consultiva Interministerial sobre igualdad de oportunidades para mujeres y hombres (CODES) no es un intento de compensar políticas gubernamentales débiles, vagas y burocráticas. La oradora exhorta al Estado parte que fortalezca su cooperación con organizaciones no gubernamentales pero, al mismo tiempo, a que formule políticas claras y transparentes, acompañadas de calendarios fijos y evaluaciones regulares.

La Sra. Schöpp-Schilling pregunta si el gran número, en constante aumento, de mujeres que trabajan en parcelas agrícolas de la familia, reciben servicios de salud y prestaciones de jubilación, y si las explotaciones agrícolas producen suficientes ingresos en efectivo para asegurar las pensiones de quienes están amparadas en la pensión de sus esposos.

Con respecto a la “discriminación sutil” mencionada en la respuesta del Estado parte a la pregunta No. 31 en la lista preparada por el Comité, la oradora pregunta si el Defensor del Pueblo, que tiene muy amplias responsabilidades, dispone de tiempo para centrarse en cuestiones concretas de discriminación en el empleo y el ascenso. Si se estableciera un Ombudsperson por separado para la igualdad de oportunidades, se daría mayor visibilidad a la cuestión y se alentaría a un mayor número de mujeres a presentarse y registrar denuncias. Además, un Ombudsperson para la igualdad de oportunidades podría abordar el problema de los menores salarios prevalecientes en los sectores del mercado laboral donde predomina la mujer, lo cual constituye una forma de discriminación indirecta. El Gobierno podría incluso instar a establecer mayores aumentos de salarios en esos sectores que en los demás, a fin de nivelar la situación.

La Sra. Popescu (Rumania), en respuesta a las preocupaciones acerca de los mecanismos nacionales, dice que el único mecanismo gubernamental está incorporado en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social; las demás entidades que promueven los derechos y la condición de la mujer son externas al Gobierno. Por razones presupuestarias, el departamento para la promoción de los derechos de la mujer y la coordinación de las políticas sobre la familia se redujo, en verdad, a la categoría de división, pero se lo colocó bajo la autoridad de una mujer Ministra. Varios partidos políticos han planteado propuesta para remediar la situación, por ejemplo, colocando al departamento directamente bajo la autoridad del Primer Ministro. La Comisión Interministerial es, en verdad, una comisión consultiva cuyas recomendaciones no son jurídicamente obligatorias. Hasta el momento, sólo celebró dos reuniones; por ende, su eficacia aún está por determinarse. Los miembros de la Comisión Interministerial, incluida la oradora, recomendaron el establecimiento de un mecanismo especial dentro de la Comisión a fin de realzar la cooperación con organizaciones no gubernamentales. La oradora considera que la propuesta de establecer un Ombudsperson para la igualdad de oportunidades es muy positiva y señala que el establecimiento del O m budsman para los derechos humanos, dotado de una equilibrada plantilla de personal con igual número de hombres y mujeres, es una medida en la dirección correcta.

La Sra. Lăudatu (Rumania), en respuesta a las preguntas relativas a la licencia de paternidad, describe la ley de 1997 según la cual se otorgan dos años de licencia a uno u otro progenitor para atender a un niño recién nacido, y una ley de 1999 que otorga al padre cinco días de licencia de paternidad con goce de sueldo después del nacimiento de un hijo o, en caso de fallecimiento de la madre, el período total de licencia de maternidad. No hay estándares ni capacitación organizada para las futuras familias de guarda; en cambio, el respectivo departamento gubernamental imparte capacitación ad hoc. Los hogares de guarda están dotados de “asistentes maternos”, tanto hombres como mujeres, remunerados, y también cuentan con familias cuyos ingresos provienen de otros trabajos. Los hogares de guarda reciben del Gobierno una prestación mensual de 400.000 lei rumanos (aproximadamente 20 dólares). Las familias tienen derecho a adoptar a los niños de cuya guarda se encargan; pero los asistentes maternos no tienen ese derecho.

El Gobierno otorga prestaciones familiares mensuales de 65.000 lei (aproximadamente 3 dólares) y prestaciones suplementarias de 50.000 lei (aproximadamente 2,50 dólares) por mes a familias con dos hijos y aproximadamente 4 dólares a familias con tres hijos.

El Ministerio de Justicia propuso varias enmiendas al Código Penal. La oradora reconoce que actualmente hay en Rumania un gran debate sobre la legislación relativa al “matrimonio compensatorio”, vale decir, que el violador puede ser absuelto si su víctima consiente en contraer matrimonio con él. El Defensor del Pueblo recibe denuncias sobre discriminación contra la mujer empleada en el sector público; pero el único recurso de que dispone la mujer que trabaja en el sector privado es iniciar procedimientos judiciales. Las mujeres que trabajan en el sector público y desean aprovechar los servicios del Defensor del Pueblo deben presentar una denuncia antes de iniciar una acción judicial.

Actualmente, las mujeres que trabajan en el sector agrícola no reciben prestaciones familiares. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social propuso el establecimiento de un Fondo nacional de solidaridad para reemplazar el ineficaz sistema de ofrecer apoyo a nivel local a las campesinas necesitadas.

Si bien los hijos de parejas no casadas no sufren discriminación, una madre no casada no necesariamente recibe asistencia si su compañero muere; todo depende del resultado de la reclamación presentada ante Defensor del Pueblo. Una mujer que pueda probar que vivió con su compañero durante al menos 10 años tiene derecho a una pequeña pensión.

En lo relativo a la pregunta sobre los programas de alfabetización de ancianas, sólo puede afirmar con certeza que dichos programas se ofrecen a las mujeres encarceladas. Tan pronto como sea posible se hará llegar al Comité información adicional. Varias organizaciones no gubernamentales rumanas propusieron proyectos de alfabetización de adultos y proyectos para combatir los estereotipos de género mediante la educación e introduciendo cambios en los currículos y en los textos escolares.

La Sra. Popescu (Rumania) dice que hace tres años se inició un programa de reforma de la educación, en un intento por cambiar la anterior mentalidad en Rumania. En virtud de ese programa se revisaron los libros de texto y se prepararon libros de texto alternativos. La decisión acerca de si utilizar o no los textos alternativos incumbe a los padres, las madres y los propios estudiantes. Asimismo, se hace todo lo posible por alentar una mayor creatividad dentro del sistema educacional.

Se están abordando los antiguos estereotipos sobre el papel de la mujer en la sociedad emprendiendo campañas de concienciación pública e incluyendo cursos de sensibilización a las cuestiones de género en los currículos de escuelas y universidades. Lamentablemente, en Rumania los medios de difusión de masas siguen presentando a las mujeres como símbolos sexuales y no como profesionales exitosas. Actualmente se está realizando un proyecto para educar a los medios de difusión acerca de la necesidad de descartar los materiales lesivos a la dignidad de la mujer.

No se han adoptado medidas especiales para intensificar la participación de la mujer en la vida política. En verdad, algunas mujeres se oponen a la introducción de un sistema de cuotas debido a que sería demasiado mecánico y no reflejaría verdaderamente el valor intrínseco de la mujer. Es paradójico que haya sido más fácil imponer un sistema de cuotas durante el anterior régimen de gobierno autoritario. La respuesta a ese problema reside en la educación y en la mayor concienciación del público.

La discrepancia en los niveles educacionales entre habitantes rurales y urbanos es particularmente pronunciada a nivel secundario y queda exacerbada por las corrientes migratorias del campo a la ciudad.

Respecto de la cuestión de la discrepancia en el ingreso de hombres y mujeres, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social tiene conciencia de que el menor ingreso medio de la mujer es una forma de discriminación indirecta. Por otra parte, un menor ingreso medio no necesariamente significa que la mujer no reciba igual paga por igual trabajo. Dado que el problema se debe en gran medida a que muchas mujeres tienen empleos con baja remuneración, puede abordarse asignando mayor valor social a algunos tipos de trabajo realizados mayormente por mujeres. Recientemente, el Gobierno ratificó la Carta Social Europea revisada; es uno de sólo cinco Estados que la han ratificado, aunque la oradora sospecha que los funcionarios gubernamentales tal vez no se percaten cabalmente de las verdaderas repercusiones de lo que dispone la Carta en materia de empleo.

La Sra. Crăciun (Rumania) dice que la edad mínima para que las personas puedan contraer legalmente matrimonio es 18 años. Sin embargo, se permite que las mujeres se casen a partir de los 16 años y, en circunstancias excepcionales, a los 15 años. Las circunstancias excepcionales deben ser certificadas como tales por el prefecto del departamento.

La Sra. Popescu (Rumania) dice que actualmente se está celebrando un vigoroso debate sobre si legalizar o no la prostitución. Quienes propugnan la legalización consideran que se trata de una cuestión de salud pública y no de valores morales, mientras que las organizaciones no gubernamentales están a la vanguardia de quienes se oponen a la legalización. A partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se ha pasado a considerar el problema como una cuestión de género y no meramente un problema de la mujer, y se están realizando mayores esfuerzos para promover el uso de anticonceptivos entre los hombres.

La Presidenta dice que del presente diálogo se desprende claramente que el Gobierno aspira a la plena puesta en práctica de la Convención. El Comité expresó su continua preocupación frente a cuestiones como la incorporación de las disposiciones de derechos humanos en la legislación nacional, las cuestiones de salud, el empleo de la mujer, la igualdad de salarios, la devaluación de algunos tipos de trabajo, el problema del VIH/SIDA y las medidas para combatirlo.

Preocupan particularmente al Comité las altas tasas de aborto en Rumania y sus efectos sobre la salud física y mental de las mujeres. El Comité acoge con agrado la declaración del Gobierno de que apoya la planificación de la familia. Debe prestarse especial atención a enseñar a los jóvenes varones a ejercer de manera responsable su sexualidad.

Respecto de la cuestión de la violencia contra la mujer, es importante no sólo castigar a quienes la perpetren sino también reconocer que esa violencia constituye una conculcación de los derechos humanos de la mujer y una cuestión que incumbe a la sociedad en su conjunto.

Por último, el Comité acoge con agrado las acciones de Rumania para combatir la trata de mujeres. La celebración de acuerdos de cooperación entre países de origen, países de tránsito y países de destino, a fin de combatir la trata por parte de pandillas delictivas organizadas, podría ser una importante contribución en ese sentido.

Se levanta la sesión a las 17.20 horas.