contra la Mujer

31° período de sesiones

Acta resumida de la 660ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 16 de julio de 2004 a las 10.00 horas

Presidenta: Sra. Açar

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)

Seguimiento de los informes periódicos cuarto y quinto de la Argentina (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)

Seguimiento de los informes periódicos cuarto y quinto de la Argentina (CEDAW/C/ARG/5/Add.1)

Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de la Argentina toman asiento a la mesa del Comité.

La Presidenta señala que, cuando el Comité consideró los informes periódicos cuarto y quinto de la Argentina en su período extraordinario de sesiones en 2002, expresó su insatisfacción con la falta de información sobre la incidencia de la crisis económica del país en la población femenina. Consiguientemente, el Comité pidió al Estado parte que presentara un informe de seguimiento en el que se tuvieran en cuenta las esferas de preocupación señaladas por el Comité con arreglo a la Convención y se diera respuesta a sus recomendaciones.

La Sra. Colombo (Argentina), presentando el informe de seguimiento de su país (CEDAW/C/ARG/5/Add.l), dice que la iniciación de funciones por parte del actual Gobierno de la Argentina en mayo de 2003 marcó un nuevo enfoque de la vida política, económica, social y cultural del país, así como de la cuestión de los derechos humanos. Sin embargo, los efectos de las políticas aplicadas por los gobiernos anteriores a partir de mediados del decenio de 1970 siguen estando claramente visibles en la crisis que aqueja al país. Como resultado de ello, la sociedad argentina está marcada, no sólo por el incremento de la pobreza y la desocupación, sino también por una considerable fragmentación y la pérdida de muy arraigados valores tradicionales. Se han reducido los niveles de pobreza y las tasas de desocupación luego del pico alcanzado durante el período 2000-2001, pero aún queda mucho por hacer. El Gobierno está determinado a restaurar la movilidad social y promover activas políticas encaminadas a facilitar el desarrollo y el crecimiento económico del país, generar empleos y lograr una más equitativa distribución de la riqueza. El Estado tiene un papel fundamental que desempeñar en la renovación del compromiso de lograr la inclusión social de hombres y mujeres y fortalecer, preservar y ayudar la unidad familiar. La oradora desea destacar el importante papel desempeñado por la sociedad civil organizada en la planificación y la ejecución de los programas de bienestar, promoción y capacitación. El Gobierno ha presentado un amplio programa para la reforma institucional del Poder Judicial, y dos de los tres nuevos integrantes de la Corte Suprema de la Nación designados por el Poder Ejecutivo Nacional son mujeres.

La reconstrucción del país requiere un programa integral encaminado a lograr la inclusión social y luchar contra la pobreza. Una de las principales estrategias del Gobierno es asegurar que los hombres y las mujeres puedan ejercer su derecho a obtener un empleo decente, apoyar a sus familias, educar a sus hijos y cuidar a sus parientes ancianos. En la esfera del desarrollo social, se incrementaron los gastos gubernamentales en programas sociales, y los inconexos programas del pasado fueron reemplazados por una red federal de políticas sociales fundadas en tres planes básicos: el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social y el Plan Integral de Promoción de la Familia y la Comunidad. Como resultado de las reformas, la proporción del presupuesto de programas sociales que llega directamente a los beneficiarios se ha elevado del nivel de 40%, o menos, que fue común en años anteriores, a un 95%. Los tres planes fueron implantados en junio de 2003. Las diversas medidas adoptadas con arreglo a los tres planes se describen en el informe de seguimiento que el Comité tiene ante sí, y la delegación agradecería la posibilidad de examinar su incidencia en la vida de las mujeres argentinas. En particular, la reimplantación de las convenciones colectivas permitirá que los representantes sindicales negocien nuevas condiciones en el mercado de trabajo, y la ley prevé ahora la participación de las mujeres en ese proceso. El incremento de los gastos en programas sociales ha mejorado la incidencia de programas tales como el programa de beneficios para madres de siete o más hijos y el programa de pensión vitalicia que, por primera vez, abarca a todas las personas mayores de 70 años sin cobertura social, la mayoría de las cuales son mujeres.

La crisis económica ha generado muchas formas nuevas de participación social y de organización, en especial por parte de las mujeres, que han utilizado diversas estrategias para mantener unidas a sus familias y encontrar maneras de ayudarse y apoyarse mutuamente. Como resultado de ello, la sociedad— y en particular las mujeres— ha tomado más conciencia de sus derechos y de la necesidad de ejercerlos. El Consejo Nacional de la Mujer ha celebrado acuerdos institucionales con los organismos del Poder Ejecutivo Nacional y ha ayudado a ejecutar las políticas nacionales, impartiendo capacitación y prestando asistencia técnica a las oficinas provinciales y municipales de la mujer y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de promoción de los derechos, sobe la base del principio de igualdad, en relación con el trabajo remunerado y no remunerado, la violencia y la salud.

Estructuras institucionales y mecanismo nacional para el adelanto de la mujer

La Sra. González Martínez dice que le preocupa comprobar que continúan reduciéndose la importancia y los recursos presupuestarios del mecanismo nacional. De conformidad con el informe de seguimiento del Estado parte (CEDAW/C/ARG/5/Add.l), el Consejo Nacional de la Mujer fue adscripto en 2002 al Consejo Coordinador de Políticas Sociales y sufrió recortes presupuestarios. El informe dice también que el Senado aprobó recientemente un proyecto de ley por el que se establecería un nuevo mecanismo nacional, que está a consideración de la Cámara de Diputados. El Comité estima que el Consejo sigue perdiendo influencia política, y agradecería recibir más información acerca del mecanismo propuesto. La oradora agradecería recibir más información acerca de la financiación internacional a que se hace referencia en el informe, y en particular acerca de los planes que se financiarían, con respecto a sus objetivos, su contenido y su incidencia. Asimismo desearía recibir más información acerca del Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social (PROFAM).

La Sra. Colombo (Argentina) dice que el objetivo del Consejo Coordinador de Políticas Sociales es mejorar el uso de los recursos y coordinar las acciones gubernamentales. El Consejo Nacional de la Mujer tiene rango de Secretaría de Estado, y el hecho de que integre el Consejo Coordinador de Políticas Sociales no disminuye su importancia. El Consejo existe desde hace 12 años, y sus miembros tienen plena conciencia de la incidencia de la crisis económica del país. Los planes que se sufragarán con cargo a la financiación internacional —el Plan Federal de la Mujer (PFM) y el programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social (PROFAM)— se han visto afectados por la crisis y por problemas administrativos, pero el Consejo ha estado trabajando junto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para redefinir algunos de los conceptos en que se basan, y espera que se les otorgue una prórroga de otros dos años para su ejecución. Con respecto a PROFAM, la oradora dice que el Consejo Nacional de la Mujer está trabajando con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la familia, a partir de una perspectiva de género. En los tres últimos meses, se impartió capacitación en otras ocho o nueve provincias, así como a nivel municipal, para fomentar la participación en los programas para mujeres y fortalecer el capital social.

Artículos 5 y 10; violencia contra la mujer

La Sra. Shin dice que, por la experiencia de su propio país, puede apreciar las dificultades a que se enfrenta el Gobierno de la Argentina para combatir la crisis económica, y por consiguiente comprende el alcance de los esfuerzos realizados hasta la fecha. Sin embargo, el informe de seguimiento es más bien decepcionante con respecto a los esfuerzos de la Argentina por eliminar la violencia contra las mujeres. Es importante que todos los interesados comprendan la situación de las mujeres, pues existe una tendencia a que ese tipo de violencia se incremente en tiempos de grave crisis económica. Parecería que no existiera una activa política de investigación de los casos relacionados con denuncias de violencia. La oradora desea saber si hasta la fecha se han registrado condenas, qué penas se han aplicado a los responsables de la violencia y si a los hombres se les brinda asesoramiento o alguna forma de tratamiento correccional por la comisión de tales actos.

Análogamente, no se ha dado información sobre la incidencia de la violencia doméstica o la violencia en la sociedad en general, en relación con delitos tales como la violación, la agresión sexual o el acoso en el lugar de trabajo. La oradora también habría deseado contar con más datos acerca del enfoque del gobierno a la explotación sexual de las mujeres y la prostitución.

La oradora pregunta cómo se propone el Gobierno incorporar los esfuerzos por combatir la violencia contra las mujeres en el resto de sus políticas y programas sociales, e insta a la delegación a suministrar información adicional sobre los esfuerzos realizados para cambiar las actitudes estereotipadas acerca de los roles de género que tienen los hombres y los niños.

La Sra. Manalo encomia a la Argentina por sus esfuerzos en la esfera de la educación y, haciendo referencia al cuadro N° 8 que figura en la página 60 del informe de seguimiento (CEDAW/C/ARG/5/Add.l), solicita información adicional y estadísticas desagregadas por sexo sobre los tipos de capacitación profesional y técnica que se imparten, y las esferas de estudio impartidas en los niveles secundario y terciario. Tales datos podrían ser útiles para ilustrar la brecha de género, como paso previo a la eliminación de los estereotipos de género. Además, la recuperación social y económica requiere la plena participación de hombres y mujeres en todos los sectores y en todos los niveles.

Pasando a la cuestión de la salud sexual y reproductiva, la oradora hace referencia a la Ley Nacional 25.673 sobre Salud Sexual y Procreación Responsable, y señala que aparentemente no todas las entidades, y en particular el Ministerio de Educación, están inclinadas a aplicar integralmente las disposiciones de dicha ley. Si tal es el caso, la oradora pregunta cómo asegura el Gobierno que se brinde educación sexual en las escuelas.

La oradora pregunta si la Argentina ha adoptado en todos los niveles del sistema educacional un currículo formal centrado principalmente en la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Además, la oradora desea saber si se ha hecho una evaluación acerca de si se transmiten correctamente las actitudes adecuadas en la formación de los niños varones, a fin de apartarlos de la violencia y la agresión.

La Sra. Colombo (Argentina), respondiendo a las preguntas formuladas en relación con los artículos 5 y 10 y con referencia a la violencia contra las mujeres, explica que el Gobierno de la Argentina está avanzando en la formulación de las leyes a nivel provincial para dar respuesta a las cuestiones planteadas por el Comité. Cada provincia es competente para determinar sus propias acciones y directrices políticas generales sobre la base de las tradiciones y decisiones provinciales. A corto plazo, es frecuente que los esfuerzos nacionales no se reflejen inmediatamente a nivel de las provincias. Las cuestiones delicadas, como la violencia contra las mujeres, son relevantes a todos los niveles de la sociedad y generan diferentes respuestas de los gobiernos provinciales y locales y las organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno está trabajando con miras a la unificación de esfuerzos y la formulación de políticas públicas para lograr un comportamiento social adecuado. La pobreza en sí misma no causa la violencia, pero la crisis económica podría determinar un fuerte incremento de la violencia a causa del deterioro de las relaciones. A partir del decenio de 1970, la Argentina experimentó un descenso sin precedentes de las pautas sociales que precipitó el colapso de los valores familiares. El Gobierno no ha hecho todavía un estudio científico, pero la oradora señala que el incremento de la violencia sexual podría ser un reflejo de la existencia de una mejor posibilidad de presentar denuncias por tales hechos, junto con el descenso del umbral ético de los hombres. El Gobierno continuará trabajando para lograr mejoras en la esfera de la unidad familiar nuclear, en la que se aprenden los valores y el comportamiento. Ha renovado su compromiso de crear políticas unificadas realizando, en cooperación con el Ministerio de Justicia, esfuerzos por promover sólidos valores, impartir capacitación y establecer protocolos de acción para el personal de las fuerzas de seguridad y los servicios de salud, así como otros trabajadores sociales. Otro de los centros de atención del Gobierno se relaciona con la atención y el tratamiento de las víctimas de la violencia, y se está proyectando un programa de capacitación sobre la prevención de la violencia y la atención de las víctimas.

Además, se están haciendo esfuerzos por mejorar el registro de los casos perfeccionando los sistemas de reunión de datos. En el futuro, el Gobierno procurará suministrar al Comité un conjunto de estadísticas más detalladas. En lo tocante a la trata, se establecieron redes con organizaciones del Estado y la sociedad civil para intensificar el compromiso del Gobierno de fortalecer el sistema de justicia a fin de lograr una adecuada protección de los derechos humanos. Otra esfera prioritaria para el Gobierno es la sensibilización, y se ha detectado la necesidad de dar a las actividades correspondientes un papel central a nivel federal.

La oradora lamenta no tener información más detallada sobre los estereotipos de género en la educación y reconoce que, en algunos aspectos, la Argentina está retrasada en cuanto a la ruptura de los estereotipos, en parte porque el Gobierno ha tratado de abordar varios problemas simultáneamente. El Gobierno reconoce la necesidad de asegurar que no haya discriminación en la educación y tiene conciencia de que la cuestión requiere una constante atención, más allá de la mera sanción de leyes.

La Sra. di Tullio (Argentina) dice que, en virtud de la declaración del Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR), la Argentina tiene el mandato de elaborar un protocolo de acción para mejorar las estrategias encaminadas a luchar contra la trata de mujeres y niños. Se organizaron reuniones periódicas de alto nivel y se está tramitando un proyecto de ley de apoyo al proceso; asimismo existen planes para establecer un consejo contra la trata. La atención se centró con mayor intensidad en la impunidad, y se reconoció ampliamente la necesidad de desmantelar la organización delictiva de la trata.

La oradora se complace en informar al Comité que se han establecido mecanismos eficaces para la aplicación de la Ley de Cupo Electoral, que asegurará una representación mínima del 33% de mujeres en la Cámara de Diputados. A partir de las elecciones de 2003, el 41% de los senadores de la Argentina son mujeres. A ese respecto, el Gobierno ha aplicado una política sostenida, y los recientes logros representan una verdadera victoria para las mujeres.

Artículos 11, 12 y 14

La Sra. Khan dice que, a pesar de las señales de recuperación transmitidas por la delegación, y de que ha disminuido la cantidad de hogares que viven en la pobreza, los datos indican que la incidencia de la pobreza sobre los hogares encabezados por mujeres sigue siendo crítica. Si bien se proporcionaron varias estadísticas, es difícil establecer un sentido de congruencia entre las cifras proporcionadas y las tendencias predominantes. Por consiguiente, la oradora desearía saber qué medidas especiales se han tomado a partir de la crisis para incorporar la perspectiva de género en la política general de desarrollo. La oradora señala que la pobreza afecta a las mujeres de manera diferente que a los hombres, y que, además del aislamiento social, las mujeres están expuestas a amenazas físicas y psicológicas, y por consiguiente son muy vulnerables. Las medidas de erradicación de la pobreza deberían dar a las mujeres acceso a redes de protección social, así como garantizar la protección de sus derechos humanos. También deberían hacerse esfuerzos en esferas tales como la salud y la educación a fin de asegurar la participación de las mujeres en el proceso de recuperación. Resulta claro que las mujeres solteras con hijos están en una posición particularmente precaria. De conformidad con cifras proporcionadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la proporción de madres solteras se ha elevado del 39% al 71% entre 1990 y 2003, y esa tendencia ha exacerbado la situación relacionada con el trabajo infantil.

La Sra. Patten dice que está interesada en saber más acerca de los niveles de vida de las mujeres rurales, y, a ese respecto, pregunta qué asignaciones presupuestarias se han hecho para las mujeres rurales en el proyecto del Gobierno en materia de agricultura. Refiriéndose a un proyecto sobre las mujeres rurales ejecutado por el Consejo Nacional de la Mujer, la oradora pregunta si se ha evaluado la capacitación de las mujeres rurales con arreglo a dicho proyecto, y cuántas mujeres se han beneficiado de los proyectos. La oradora también desearía saber si se otorgó alguna otra forma de asistencia a esas mujeres, cuáles son los principales obstáculos con respecto al acceso a la tierra y el crédito y qué asistencia se ha otorgado para la comercialización de los productos. Pregunta si se ha llevado a cabo un estudio agrícola sobre el acceso a la propiedad de la tierra, o se han elaborado políticas sociales sobre las mujeres rurales. Con referencia a un simposio nacional y a las medidas concretas tomadas en la esfera de educación, la oradora pregunta qué prioridad se dio a las demás conclusiones de dicho simposio, en particular con respecto a la salud, el medio ambiente, el acceso a la tierra y las demás cuestiones planteadas. A la oradora le interesa particularmente conocer el nivel en que se tomaron las decisiones, y cuántas mujeres de las zonas rurales participaron. Solicita detalles sobre los programas de reparación y construcción de escuelas rurales y pregunta cuántas escuelas han de construirse o repararse, cuántas de ellas son escuelas de niños, cuál es el cronograma previsto y qué magnitud tiene el presupuesto asignado para la construcción.

La oradora estima que las cifras presentadas sobre mortalidad materna son bastante elevadas y consiguientemente desea recibir información adicional sobre el acceso de las mujeres rurales a servicios integrales de salud. En conclusión, desea destacar la devastadora incidencia que ha tenido la penalización del aborto sobre las mujeres rurales y pregunta a la delegación si el Gobierno se propone reformar la ley sobre el aborto.

La Sra. González Martínez dice que tiene la impresión de que el programa de atención de la salud fue aplicado de manera desigual, y que en algunas esferas hubo deficiencias. Agradecería que la delegación formulara comentarios sobre la aplicación de la política del Gobierno en materia de atención de la salud, en particular acerca de la incidencia que tiene la atención de la salud en las mujeres en situaciones vulnerables, especialmente las que viven en zonas remotas, y cómo se propone el Gobierno fortalecer la ejecución. Considerando la alarmantemente elevada incidencia de las enfermedades de transmisión sexual, que se duplicó entre 1998 y 2002, la oradora pregunta cómo se propone el Gobierno abordar ese problema y qué ha logrado en su estrategia sobre la prevención del VIH/SIDA. También le preocupa en particular la cuestión del embarazo de las adolescentes y la morbilidad y mortalidad maternas, en especial habida cuenta de que, en algunos respectos, hay tabúes en materia de educación sexual y prestación de servicios anticonceptivos. La oradora pregunta qué medidas prácticas y administrativas se han tomado o se proyecta tomar para hacer frente a esa situación y en qué medida llevará a cabo el Gobierno campañas de información sobre educación sexual para los jóvenes y los niños. La oradora aguarda con interés el siguiente informe de la Argentina, en el que espera que se brinde información más detallada sobre las medidas correctivas tomadas y los resultados logrados.

La Sra. Ferrer Gómez pregunta en qué medida el Gobierno ha incorporado la perspectiva de género en las políticas y programas nacionales, como el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (informe, pág. 5), el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social (el plan “Manos a la Obra”) (informe, pág. 14) y el Plan Familia (informe, pág. 8), y ha tratado de promover el acceso de las mujeres a empleos más lucrativos. En el informe (págs. 14 y 15) se indica que el Gobierno proyecta modificar el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, la mayoría de los cuales son mujeres: uno de los cambios podría consistir en adecuar los beneficios a la cantidad de hijos de cada familia. También sería necesario tomar algunas medidas en relación con el hecho de que más de la mitad de las mujeres asalariadas no reciben beneficios sociales o sólo reciben beneficios parciales, y de que numerosas mujeres de edad se retiran sin jubilación alguna o con una jubilación mínima. Se debería brindar apoyo e incentivos especiales a las mujeres que participan en el plan “Manos a la Obra”. Sería útil contar con más información sobre lo que se está haciendo por eliminar la enorme brecha salarial entre las mujeres y los hombres que realizan un trabajo igual; sobre los progresos logrados en los programas de igualdad de oportunidades e igualdad de trato en el lugar de trabajo, y sobre el sistema tributario, que aparentemente impone una mayor carga a las mujeres que a los hombres.

La Sra. Colombo (Argentina) dice que aun en los casos en que no haya un componente explícito de género en las políticas y los programas, el Gobierno, al formularlos y aplicarlos, no considera a las mujeres simplemente como beneficiarias de asistencia social, sino que se esfuerza en convertirlas en asalariadas, sin dejar de reconocer el valor del trabajo doméstico en sí mismo y la necesidad de que los hombres asuman una parte más equitativa de dicho trabajo. El Gobierno siempre procura promover el trabajo remunerado. El Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, por ejemplo, permite que los beneficiarios reciban los beneficios mientras tienen una actividad remunerada durante un plazo de hasta seis meses.

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, recientemente iniciado con un presupuesto de 470 millones de pesos, ha logrado una significativa mejora de la situación, en forma directa por medio de ollas populares y almuerzos escolares, y asimismo fomentando la autosuficiencia en la producción de alimentos y brindando atención nutricional a las mujeres embarazadas y los niños pequeños.

Los indicadores sociales de la pobreza en la Argentina deben ser refinados. No hay indicadores que cuantifiquen los beneficios no consistentes en ingresos, tales como el plan de medicamentos gratuitos que se suministran en más de 6.000 centros de salud en todo el país, o los subsidios de educación gratuita a los niños pobres, todos los cuales constituyen una enorme ayuda para las familias pobres.

El Gobierno ya está pensando en adaptar los beneficios otorgados con arreglo al Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados al tamaño de las familias, pero el objetivo principal del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social es lograr que las familias pasen de la asistencia al trabajo y la autosuficiencia. El Plan Familia, que abarca a unas 250.000 familias en las diversas provincias, comprende numerosos enfoques —promoción del ejercicio de los derechos, capacitación para ingresar en la fuerza de trabajo y apoyo para la escolarización— y su objetivo principal no es sólo suministrar a todas las familias los ingresos básicos, sino también permitirles elevar su nivel de vida.

El Consejo Nacional de la Mujer estableció inicialmente el Programa Nacional Mujer, Equidad y Trabajo (MET) (informe, pág. 19) como un programa de capacitación para el empleo y un programa particularmente sólido e innovador de capacitación empresarial para mujeres. Recientemente lo amplió mediante la inclusión de equipos técnicos del Plan “Manos a la Obra” a fin de que trabajen junto con las oficinas provinciales de la mujer y las organizaciones no gubernamentales en el monitoreo de la incidencia de la capacitación. Para finales de 2004, ese programa ampliado se habrá establecido en seis regiones.

Una reciente mejora en la esfera del empleo fue el establecimiento del sistema de asignación familiar única, con arreglo al cual las asignaciones financiadas por el Estado no son ya pagadas por los empleadores, sino directamente por el Ministerio de Trabajo a las mujeres o los hombres a quienes correspondan, eliminando así la posibilidad de restricciones o fraudes. Otra política del Ministerio de Trabajo que beneficiará en alto grado a las mujeres es la regularización de la economía negra, al facultarse a los inspectores a imponer sanciones sobre los empleadores en caso de que no declaren a sus empleados o no les paguen los beneficios de seguridad social y jubilaciones que les corresponden. Ahora el Ministerio está en mejores condiciones para registrar las dimensiones reales de la fuerza de trabajo.

Análogamente, la reciente creación del Banco Social de Tierras permitirá que el Gobierno haga una evaluación global de las tierras disponibles. Durante el siglo pasado, el Gobierno consideró distintas formas de dar a los ocupantes ilegales títulos sobre tierras públicas, pero ahora el Banco dará al Gobierno los recursos necesarios para poner en práctica una política integral de asentamientos para los asentamientos en que no existen condiciones de vida decentes.

Hay numerosísimas iniciativas gubernamentales específicamente dirigidas a los cinco millones de mujeres rurales del país. El Consejo Nacional de la Mujer, con arreglo a su Programa Nacional Mujer, Equidad y Trabajo (MET), está cooperando con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Red Nacional de Mujeres de la UATRE (informe, pág. 20) en una amplia gama de enfoques encaminados a mejorar su situación.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sancionado normas legislativas municipales encaminadas a tratar de cuantificar la contribución del trabajo no remunerado de las mujeres a la riqueza nacional, sobre la base de un estudio realizado en cooperación con una organización no gubernamental, y el Gobierno está tratando de extender esa investigación a otras partes del país.

Las cifras pedidas por la Sra. Patten se proporcionarán en fecha posterior.

La Sra. Palomeque (Argentina) dice que el Banco Nación de la República Argentina, a instancias de las organizaciones no gubernamentales, ha destinado 3,5 millones de dólares al establecimiento de un Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos (informe, pág. 21). Hasta la fecha, dicho Fondo ha ayudado a iniciar hasta 650 microemprendimientos individuales o cooperativos con préstamos garantizados de entre 3.000 y 30.000 pesos al 7%, lo que permitió que los beneficiarios (el 40% de los cuales eran mujeres) pasaran de la economía informal a la economía formal, y simultáneamente contribuyó al desarrollo local.

La Sra. Colombo (Argentina) dice que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (informe, pág. 26), administrado conjuntamente por el Consejo Nacional de la Mujer y el Ministerio de Salud, brinda acceso a los servicios de salud reproductiva y habilita a las mujeres para ejercer sus derechos reproductivos. Para la ejecución del programa se transfieren recursos nacionales a las provincias. Además, se ha elaborado un proyecto de ley sobre parto humanitario a fin de establecer normas para los profesionales médicos que intervienen en los partos y asimismo dar participación a los maridos, de modo de permitir que las mujeres den a luz en un ambiente más propicio.

La Sra. di Tullio (Argentina) explica que la ley por la que se estableció el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable es relativamente reciente, y sus efectos no han sido evaluados aún. Además, las provincias tienen autonomía para la ejecución de la ley. El Consejo Nacional de la Mujer es competente para monitorear sus efectos en toda la nación, con la asistencia de numerosas organizaciones no gubernamentales de mujeres. Los Ministros de Salud Pública de los países del MERCOSUR emitieron recientemente una declaración conjunta, cuyo texto se suministrará al Comité. Contiene un compromiso de realizar esfuerzos por asegurar que los servicios de salud reproductiva y sexual sean universalmente accesibles, en especial para los adolescentes y los jóvenes, sobre la base del consentimiento informado y la garantía de la privacidad. Se redoblarán los esfuerzos por reducir la mortalidad y la morbilidad maternas, y se hará hincapié en los partos seguros, la atención obstétrica de alta calidad y el acceso al aborto en los casos en que la ley permite tales servicios. También se harán esfuerzos por eliminar la violencia contra las mujeres, en especial la violencia sexual. La Argentina mantiene esos compromisos de política en todos los foros internacionales.

La Sra. Colombo (Argentina) dice que la política del Gobierno consiste en prevenir el aborto asegurando que las familias tengan acceso a servicios de planificación familiar de alta calidad y puedan decidir si han de tener hijos o no. Actualmente no hay planes de reforma de la legislación vigente.

La Sra. Puga Marín (Argentina) dice que, con arreglo al plan nacional de salud, en todos los centros de salud se dispone de anticonceptivos, inclusive la píldora anticonceptiva, que se dispensan en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. También se han entregado más de un millón de dispositivos intrauterinos. Cuando un médico, por razones religiosas, no esté dispuesto a recetar métodos anticonceptivos, se remite a las pacientes a otro médico. El VIH/SIDA ha alcanzado proporciones críticas en la Argentina, y tiene una prevalencia cada vez mayor entre las mujeres y las personas jóvenes, a pesar de las campañas de información pública. La situación se ve agravada por la crisis económica del país, pues muchas de sus instituciones aún no están en condiciones de funcionar normalmente. Sin embargo, el país está recibiendo asistencia para luchar contra la enfermedad del ONUSIDA y del Fondo Mundial, así como de organizaciones no gubernamentales, y en todo el país operan equipos multidisciplinarios que están realizando un importante volumen de trabajo. Hay un intenso debate acerca de si las actitudes y prácticas culturales contribuyen al problema del VIH/SIDA.

En lo tocante a los servicios de salud para mujeres mayores, 3,5 millones de personas, la mitad de las cuales son mujeres, están comprendidas en planes de salud para jubilados, que cubren todos los servicios de salud, inclusive los servicios de especialistas. Hay una cobertura automática para las personas mayores de 70 años. La red nacional de seguros abarca virtualmente al 100% de la población. La distribución de medicamentos está a cargo de comités locales de salud y equipos multidisciplinarios que trabajan a nivel local. Como el país está saliendo recién ahora de una crisis económica sin precedentes, se necesita un alto grado de voluntad política para mantener los niveles necesarios de atención de la salud.

La Sra. Khan pregunta si el Plan Federal de la Mujer abarca a todas las provincias. Pregunta cuál es la proporción de las medidas del programa “Manos a la Obra” destinadas a las mujeres, y si dichas medidas se ponen práctica en todas las provincias. Asimismo desea saber si los préstamos concedidos con arreglo al servicio de créditos se otorgan libres de garantías. Pregunta si, en el contexto de la crisis económica, se ha realizado un análisis de género de las medidas presupuestarias adoptadas. Asimismo desea saber si se ha incorporado la dimensión de género en los objetivos de desarrollo del Milenio para la Argentina.

El Sr. Flinterman se complace en señalar el compromiso del Gobierno con los derechos humanos y los progresos logrados en el perfeccionamiento del aparato judicial. La protección de los derechos humanos debe comenzar a nivel nacional, pero también es importante el recurso a los procedimientos internacionales. Habida cuenta de ello, el orador desea saber cuando ratificará la Argentina el Protocolo Facultativo de la Convención.

La Sra. Gabr expresa preocupación acerca del 20% de incremento en la cantidad de mujeres afectadas por el cáncer de mama. Pregunta qué medidas se proyecta tomar para luchar contra el cáncer, en especial el cáncer de mama. La oradora desea saber si se informa adecuadamente a las mujeres acerca de la protección de que disponen en caso de violencia doméstica, y si dicha protección comprende el asesoramiento jurídico gratuito. Pregunta asimismo qué progresos se han realizado en lo tocante al proyecto de ley sobre protección de la infancia.

La Sra. Ferrer Gómez sugiere que, en su siguiente informe, el Gobierno suministre datos desagregados por provincia, pues las condiciones varían considerablemente de una provincia a otra, y no está claro cómo se ejecutan las políticas en las distintas partes del país.

La Sra. Tavares da Silva pregunta si existe un plan nacional integral de acción para la lucha contra la violencia por motivos de género, como han recomendado los diversos órganos creados por tratados, y, en particular, medidas encaminadas a proteger a las víctimas y castigar a los responsables. La violencia por motivos de género no es un asunto privado, sino una violación de los derechos humanos fundamentales.

La Sra. Patten expresa preocupación par la tendencia al incremento de los cánceres de mama y del cuello del útero, y pregunta si las mujeres de las zonas rurales tienen un acceso adecuado a servicios médicos. Pregunta si los datos que figuran en el informe de seguimiento comprenden a las zonas rurales, y si las medidas de prevención y tratamiento del VIH/SIDA comprenden a las mujeres jóvenes de las zonas rurales.

La Sra. González Martínez, refiriéndose a la cuestión de la esterilización voluntaria, pregunta si puede utilizarse como método de control de la natalidad. La oradora espera que, en su siguiente informe, el Gobierno se refiera a la cuestión del acceso de los adolescentes a los servicios de salud reproductiva en forma confidencial, sin necesidad de que los acompañe un adulto a las consultas médicas.

La Sra. Colombo (Argentina), respondiendo a las preguntas formuladas por los miembros del Comité, dice que el Plan Federal de la Mujer, con sus 100 programas especiales, tiene el objetivo fundamental de establecer mecanismos para resolver los problemas de las mujeres en todo el país y hacer frente a la pobreza. Se propone mejorar el capital social protegiendo a las familias, y, mediante el programa “Manos a la Obra”, procura ayudar a las mujeres a ingresar en el mercado de trabajo, como medio fundamental de escapar a la pobreza. También procura prevenir la violencia contra las mujeres y el embarazo de las adolescentes. Los objetivos de desarrollo del Milenio, en la forma en que se aplican en la Argentina, incorporan una perspectiva de género, procurando lograr que las mujeres y los hombres participen igualitariamente en la adopción de decisiones. Las políticas de salud del Gobierno y el proyecto LUSIDA aseguran, entre otras cosas, que las mujeres embarazadas puedan obtener exámenes de VIH/SIDA. Las mujeres que son víctimas de la violencia pueden obtener asesoramiento jurídico gratuito; en Buenos Aires, hay también una línea telefónica de asesoramiento. Hay arreglos análogos en otras partes del país. El Consejo Nacional de la Mujer imparte capacitación a nivel provincial para que las mujeres formulen denuncias oficiales de los casos de violencia, y espera recibir una financiación presupuestaria adecuada para esa parte de sus programas. La oradora se compromete a asegurar que el próximo informe contenga datos desagregados por provincia y región, como se ha solicitado. La Oficina Nacional de Estadística realiza encuestas estadísticas dos veces al año para todo el país, pero los datos no se desglosan necesariamente en la forma solicitada. A partir de 2003, se ha enviado a distintas partes del país un tren que transporta equipos multidisciplinarios de trabajadores de los servicios sociales y de los Ministerios de Salud y Trabajo, para llevar a las provincias determinados servicios, entre ellos servicios especializados tales como mamografías; dicho tren está actualmente en la Patagonia. La Ley Nacional N° 25.673, que estableció el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, dispone que los adolescentes mayores de 14 años pueden obtener asesoramiento médico con carácter confidencial y sin estar acompañados por un adulto. El diálogo entre adultos y adolescentes es importante para prevenir el embarazo de las jóvenes. El Consejo Nacional de la Mujer está examinando la cuestión de la esterilización voluntaria. Aún no se ha adoptado una posición al respecto, pero se estima que la ley debería dar acceso a todos los métodos anticonceptivos que no fuesen abortivos o irreversibles, sobre la base del libre consentimiento y según las necesidades de los pacientes. En lo tocante a la cuestión de la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención, la Convención en sí misma ya forma parte de la Constitución nacional, y el Gobierno es partidario de la adhesión al Protocolo. El asunto se encuentra actualmente a examen del Senado.

El Sr. Mayoral (Argentina) dice que su labor en relación con el Comité, que consiste en defender a uno de los grupos más vulnerables del país, ha ayudado a su Gobierno en sus esfuerzos por superar la actual crisis. El orador asegura a los miembros del Comité que las estadísticas que no se hayan suministrado se presentarán posteriormente.

La Presidenta encomia a la Argentina por haber consolidado una sociedad democrática mientras debía hacer frente a enormes dificultades. El Comité insta a la Argentina a adoptar políticas que eliminen la desproporcionada carga que recae sobre las mujeres durante la actual crisis del país y les den una mayor igualdad con los hombres, y considera que el mecanismo nacional para la mujer, pese a ser excelente, no cuenta con potestades ni financiación suficientes. En el siguiente informe periódico se debería dar una información más completa sobre la real incidencia de los programas.

La violencia contra las mujeres, que siempre se incrementa en tiempos de crisis, debe ser atacada mediante la elevación del nivel de conciencia y la educación, en especial de los hombres, para asegurar

que las mujeres no resulten víctimas por una doble vía. Al responder a la continua crisis, el Gobierno debe hacer especial hincapié en el género en todas sus políticas, planes y presupuestos, a fin de enviar un mensaje correcto a la sociedad.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.