* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.
** Los anexos del presente informe pueden consultarse en la página web del Comité.
Séptimo informe periódico que Eslovenia debía presentar en 2021 en virtud del artículo 18 de la Convención * , **
[Fecha de recepción: 22 de julio de 2021]
I.Introducción
Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la República de Eslovenia ha preparado su séptimo informe periódico a partir de la lista de temas y cuestiones proporcionada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (documento CEDAW/C/SVN/QPR/7 de fecha 17 de julio de 2020) en el marco de un procedimiento simplificado de presentación de informes. El informe ha sido elaborado por el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades sobre la base de las aportaciones recibidas de todos los ministerios y organismos gubernamentales competentes. También se ha informado a las organizaciones de la sociedad civil acerca del informe por conducto del Consejo de Expertos en materia de Igualdad de Género. En el informe se recogen las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que se han adoptado durante el período 2016-2020 para aplicar la Convención.
II.Información general
A.Población
A principios de 2020, la población total de la República de Eslovenia era de 2.095.861 personas, de las cuales 1.044.795 eran mujeres (49,85 %). Con respecto a las cifras de 2015, el número total de habitantes aumentó ligeramente (en 32.987 personas) y la proporción de mujeres disminuyó un 0,6 %. El 55,5 % de la población vive en ciudades, pueblos y zonas periurbanas, y el 44,5 % habita en zonas rurales y poco pobladas. A principios de 2020, el 92,5 % de los habitantes eran ciudadanos de la República de Eslovenia, de los cuales el 51,2 % eran mujeres. Además, de los habitantes con nacionalidad extranjera, el 33,5 % son mujeres (cuadros 1, 2 y 3 del apéndice).
B.Tasa de fecundidad
Los datos correspondientes al período 2015-2019 indican que, en 2019, nacieron en Eslovenia 1.313 bebés menos que en 2015. La tasa global de fecundidad aumentó ligeramente en 2019 con respecto a 2015 y fue de 1,61. El promedio de edad de las madres al momento de dar a luz a su primer hijo ha aumentado: en 2019 era de 31,1 años, frente a 30,6 años en 2015 (cuadro 4).
C.Matrimonio y divorcio
El número de matrimonios celebrados por año se ha mantenido estable en los últimos años, y la mayoría de ellos (algo menos del 90 %) son primeros matrimonios. La edad promedio de las mujeres y los hombres al momento de contraer matrimonio por primera vez está aumentando cada año. En 2015, los hombres tenían, en promedio, 32 años y las mujeres, 29,7 años, mientras que, en 2019, la edad media de los hombres era de 32,8 años y de las mujeres, 30,7 años (cuadro 5).
El número de divorcios por año también es muy similar cada año. En 2015, se divorciaron 2.432 parejas y, en 2019, 2.476 parejas. Menos de la mitad de las parejas divorciadas (1.215 en 2019) tenían hijos (cuadro 6).
D.Envejecimiento de la población y mortalidad
Los datos sobre la estructura de la población por edad indican que el proceso de envejecimiento, típico de las sociedades desarrolladas, ha continuado. La esperanza de vida al nacer también está aumentando. En 2019, era de 78,50 años para los niños y de 84,22 años para las niñas. En comparación con las cifras de 2015, los datos muestran que la esperanza de vida aumentó en 0,91 años para los niños y 0,71 años para las niñas (cuadro 7).
Según los datos relativos a la tasa de mortalidad, el número de personas fallecidas aumentó ligeramente en los últimos cinco años (19.834 fallecidos en 2015 y 20.588 en 2020). En 2019, el número de mujeres fallecidas fue ligeramente superior al de hombres fallecidos. Ese mismo año, la edad promedio de las mujeres fallecidas fue de 82,1 años, mientras que la de los hombres fallecidos fue de 73,9 años. También en 2019, la proporción de mortalidad prematura fue del 22,4 % entre los hombres y del 9,8 % entre las mujeres (cuadro 8).
E.Educación
El número de estudiantes de enseñanza primaria ha aumentado en los últimos cinco años. En el año escolar 2019/2020, 190.165 alumnos fueron admitidos en escuelas primarias, de los cuales 92.465 (48,6 %) eran niñas. Además, hubo 72.738 alumnos en la educación secundaria, de los cuales 35.302 (el 48,5 %) eran niñas (cuadros 15, 18 y 19).
Las mujeres suelen optar por realizar estudios de educación terciaria en mayor proporción que los hombres. Entre los estudiantes admitidos en este nivel de educación, el porcentaje de mujeres es más elevado que el de los hombres. La proporción de mujeres que concluyen estos estudios también es superior. En el año académico 2019/2020, 76.728 estudiantes fueron admitidos en la educación terciaria, de los cuales el 57,3 % eran mujeres. En 2019 se graduaron 16.100 estudiantes del nivel de educación superior, de los cuales el 60 % eran mujeres. Ese mismo año, las mujeres constituyeron el 66,2 % de los estudiantes que finalizaron sus estudios de maestría en ciencias o humanidades y el 54,3 % de los graduados de doctorado (cuadro 23).
F.Desarrollo económico
En 2020, el producto interno bruto (PIB) per cápita ascendió a 22.014 euros. Esto supone un aumento de 3.184 euros con respecto al valor del año 2015, en el que el PIB per cápita fue de 18.830 euros.
G.Mercado de trabajo
En 2020, la tasa de actividad laboral de las mujeres de entre 20 y 64 años fue del 72,4 % y la tasa relativa a los hombres de ese grupo de edad ascendió al 78,6 %. Con respecto a las cifras de 2015, se ha registrado un aumento tanto en la tasa relativa a las mujeres como en la correspondiente a los hombres (cuadro 24). Según la encuesta de población activa, la tasa de desempleo se redujo en los últimos años del 9 % en 2015 al 5 % en 2020. En el caso de las mujeres, la tasa disminuyó en 4,4 puntos porcentuales y, en el caso de los hombres, en 3,7 puntos porcentuales (cuadro 30).
Sigue observándose una segregación horizontal y vertical de género en el mercado de trabajo de Eslovenia. Las mujeres constituyen la mayoría de las personas empleadas en el sector de los servicios, especialmente en la atención médica y social y en la educación. Los sectores de la construcción y la minería son los que presentan el menor número de mujeres empleadas.
Según los datos de 2019, las mujeres ganan, en promedio, 7,7 puntos porcentuales menos que los hombres. La diferencia entre el sueldo bruto medio de las mujeres y de los hombres es mayor en el sector público que en el sector privado.
H.Vida pública y política
En las elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional que tuvieron lugar en 2018, el 44 % de los candidatos eran mujeres y 22 mujeres resultaron elegidas diputadas (entre 90 diputados).
En las últimas elecciones locales de 2018, el porcentaje de mujeres que integraron las listas de candidatos fue del 45,7 %, y el 33,3 % de los concejales municipales y de las ciudades elegidos fueron mujeres. Un total de 692 hombres y 108 mujeres (13,5 %) se presentaron como candidatos a alcaldes, de los cuales resultaron elegidos 190 hombres y 22 mujeres (10,4 %).
De conformidad con la Ley de Autogobierno Local, el pueblo romaní está representado por una mujer o un hombre en los concejos municipales de las zonas en las que habitan la comunidad indígena romaní y las comunidades nacionales (italiana y húngara) (zonas de composición étnica mixta). El 28,3 % de los candidatos fueron mujeres y se eligieron diez concejalas (28,6 %).
Para la legislatura 2019-2024, Eslovenia ha elegido a cuatro diputadas al Parlamento Europeo (el 50 %).
I.Recopilación y análisis de datos
La Oficina de Estadística de la República de Eslovenia es la principal autoridad encargada de llevar a cabo y armonizar las actividades relacionadas con los datos estadísticos del país a nivel nacional. No recoge ni publica información desglosada por género u otras circunstancias personales sobre todas las esferas que abarca su labor. En el sitio web de la base de datos SiStat se publica información sobre las personas con discapacidad que trabajan (sin incluir a los agricultores) desglosada por género, actividad (SKD 2008), grupo ocupacional (SKP-08), nivel de educación alcanzado, grupos de edad de cinco años, regiones estadísticas y municipios de trabajo en los sectores público y privado. Por otra parte, no se recogen datos sobre la pertenencia a minorías, la nacionalidad y los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, por lo que no se han podido presentar estos datos. En los casos en que es posible, también se proporciona información diferenciada sobre las zonas urbanas y las zonas rurales.
Salvo algunas excepciones, en Eslovenia no se pueden recopilar ni procesar los denominados datos personales segmentados sobre las circunstancias personales de los habitantes (aspecto relativo a la igualdad o simplificación de las opciones de análisis estadístico en materia de discriminación) en lo que respecta a la expresión de la afiliación nacional (artículo 61 de la Constitución de la República de Eslovenia), la libertad de conciencia y religión (primer párrafo del artículo 41 de la Constitución) y la igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución). Actualmente se está debatiendo si esta cuestión puede regularse a nivel jurídico en relación con la protección de los datos personales a través de la legislación nacional.
En otoño de 2021, la Oficina de Estadística publicará datos sobre el primer estudio comparable a nivel internacional sobre la seguridad personal en el entorno privado (violencia de género), lo que contribuirá a suplir la gran escasez de datos sobre, por ejemplo, la violencia de género y la violencia doméstica.
La Oficina de Estadística se esfuerza constantemente por mejorar las fuentes administrativas de datos. Como parte de esto, se tratará de añadir a los datos proporcionados actualmente sobre los agresores denunciados, acusados y condenados la información relativa a las víctimas de los actos delictivos por los que estos han sido denunciados, acusados o condenados (edad, género, etc.).
III.Respuestas a las cuestiones puntuales planteadas
A.Repercusiones de la COVID-19 en los derechos de las mujeres y la igualdad de género
Los instrumentos jurídicos orientados a mitigar las consecuencias de la epidemia fueron aprobados por la Asamblea Nacional, y las medidas aplicadas para limitar actividades concretas (cierre de escuelas, suspensión de actividades económicas, restricciones a la circulación) fueron adoptadas por el Gobierno. En la toma de las decisiones del Gobierno y la Asamblea Nacional también participaron las mujeres que integraban ambas instituciones. Además, el Ministerio de Sanidad estableció un grupo de expertos para contener y controlar la epidemia de COVID-19, que está encabezado por una mujer y cuyos miembros son, en su mayoría, mujeres.
Hasta principios de 2021, Eslovenia aprobó siete paquetes de medidas jurídicas orientadas a hacer frente al coronavirus a fin de dar respuesta a las consecuencias de la epidemia y reducir sus efectos negativos. El primer paquete de medidas se aprobó el 2 de abril de 2020, aunque las medidas se aplicaron con carácter retroactivo desde el 13 de marzo de 2020 y permanecieron en vigor hasta el final de la primera ola de la epidemia, el 31 de mayo de 2020. En la segunda ola de la epidemia, que se anunció el 19 de octubre de 2020 y duró hasta el 15 de junio de 2021, la mayoría de las medidas fueron prorrogadas, en consonancia con las leyes promulgadas para hacer frente al coronavirus.
El Estado reembolsó a los empleadores las compensaciones salariales otorgadas a los trabajadores despedidos temporalmente, los trabajadores que debieron permanecer en sus hogares para cuidar a sus hijos debido al cierre de las escuelas y los jardines de infancia, y los que se quedaron en casa por no poder desplazarse al trabajo. Todos estos trabajadores podían acceder a un subsidio mínimo equivalente al 80 % del salario. El monto máximo correspondía al importe del salario medio de 2019 en cifras brutas, es decir, 1.753,84 euros, y el monto mínimo equivalía al salario mínimo (940,58 euros, en cifras brutas). En el caso de todas las categorías de trabajadores mencionadas anteriormente, los empleadores fueron eximidos de abonar sus cotizaciones a la seguridad social. Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por los empleadores hasta abril de 2021 inclusive, correspondientes al período comprendido entre marzo de 2020 y junio de 2021, se concedieron reembolsos de los salarios otorgados a 214.517 trabajadores despedidos temporalmente, de los cuales 87.103 eran mujeres (40,6 %).
La prestación por familia numerosa aumentó en 2020 y 2021: las familias con tres hijos recibieron 100 euros más de prestación anual (504,48 euros) y las familias con cuatro o más hijos recibieron 200 euros más de prestación (691,52 euros). También se adoptaron otras medidas para ayudar a las familias, en concreto, prestaciones de solidaridad para diversas categorías de beneficiarios. Los jubilados que perciben una pensión inferior a 700 euros recibieron prestaciones de solidaridad en dos oportunidades (por una suma de 130, 230 o 300 euros, según el importe de la pensión), y los beneficiarios de la asistencia social económica y el apoyo a los ingresos, así como los estudiantes, recibieron 150 euros. Los trabajadores que perdieron sus empleos a causa de la epidemia y no tenían derecho a prestaciones de desempleo han recibido una ayuda económica temporal por valor de 513,64 euros por mes (hasta el final de la epidemia, como máximo). El Estado también subvenciona la reducción de la jornada laboral en entre 5 y 20 horas semanales y el despido temporal en todos los sectores hasta un mes después de declararse el fin de la epidemia, e introdujo bonos turísticos para todos los habitantes de Eslovenia (por un importe total de 300 euros para los adultos y 100 euros para los menores). Debido a la situación, 20.393 personas han sufrido una reducción de su jornada laboral, de las cuales el 41,2 % eran mujeres. También se adoptaron algunas medidas fiscales para los sujetos pasivos, como la suspensión de impuestos o el pago de impuestos en cuotas, y la exención del pago del anticipo del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Con respecto a la violencia contra las mujeres, la policía publicó varios textos y vídeos en su sitio web y cuentas de medios sociales, como Facebook e Instagram, en los que fomentó la tolerancia en las relaciones e instó a los vecinos a denunciar cualquier caso de violencia doméstica detectado. También continuó aplicando estas medidas en la segunda ola de la pandemia. Además, se ocupa de concienciar a través de los periódicos y la televisión de que la violencia es inaceptable, responde a preguntas de periodistas y emite comunicados de prensa en los que destaca claramente que, a pesar de la pandemia, la policía responde a todas las llamadas y está disponible las 24 horas del día, todos los días del año.
La labor de los tribunales y el acceso a ellos se adaptaron adecuadamente a la situación durante la epidemia. Las medidas adoptadas a raíz de la epidemia no limitaron el acceso de las mujeres y las niñas a la protección judicial. Las actividades de los tribunales se realizaron principalmente por medios digitales (uso del correo electrónico, el portal eSodstvo (de actividades judiciales electrónicas), videoconferencias, etc.). Toda la labor realizada de forma presencial (in situ) se llevó a cabo de acuerdo con las medidas aplicadas para evitar la propagación de la infección. Durante la epidemia, las actividades de los tribunales tuvieron un alcance limitado y solo se realizaron audiencias urgentes, como investigaciones y juicios en asuntos penales en los que los acusados se encontraban privados de libertad y en procedimientos relacionados con la imposición de penas, asuntos civiles que incluían procedimientos con arreglo a la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica y casos de aplicación de la ley en relación con procedimientos de protección infantil.
En el ámbito de los programas de asistencia social, en el que el contacto con los beneficiarios en persona se vio limitado debido a la epidemia, los proveedores de servicios adaptaron sus actividades y estuvieron disponibles por teléfono o correo electrónico. Los programas de alojamiento siguieron ejecutándose sin cambios, teniendo en cuenta las instrucciones del Instituto Nacional de Salud Pública. El Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades alentó a todos los proveedores de servicios a reforzar sus actividades de asistencia y mejorarlas de diversas maneras a fin de acercarse a los destinatarios y ponerse en contacto con ellos de forma proactiva y oportuna, en un momento en el que la angustia y los problemas de los beneficiarios se acentuaban aún más, especialmente si no contaban con el apoyo adecuado. Los proveedores de servicios continuaron su labor utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). También se les solicitó que publicaran su información de contacto de diferentes maneras y en el mayor número posible de sitios web.
Durante la epidemia, el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades publicó un concurso para la ejecución de proyectos orientados a mitigar o poner fin a las dificultades sociales de los grupos de personas más vulnerables causadas por la COVID-19. El concurso tiene por objeto cofinanciar proyectos que ofrezcan diversos enfoques en ámbitos como el asesoramiento psicosocial, la sensibilización, la difusión de información, la labor sobre el terreno, la garantía de apoyo a los beneficiarios, el establecimiento de nuevos puntos seguros, soluciones digitales para resolver problemas y el alojamiento en situaciones de crisis para los grupos destinatarios. Con el concurso también se busca beneficiar a las víctimas de la violencia doméstica. Desde el 1 de enero de 2021, también se cofinancia la línea telefónica para las víctimas de la violencia doméstica, que está disponible las 24 horas del día.
B.Marco constitucional, jurídico y de políticas públicas
En 2016 se aprobó la Ley de Protección Contra la Discriminación, que sustituyó la Ley de Aplicación del Principio de Igualdad de Trato. En el artículo 1 de la Ley de Protección contra la Discriminación se determinan las condiciones personales respecto de las cuales se garantiza la protección contra la discriminación, incluido el género con el que una persona se identifica explícitamente. La Ley también establece que se garantizará la igualdad de trato a toda persona que esté real o jurídicamente relacionada con alguien que se encuentre en determinadas circunstancias personales (discriminación por vinculación), así como a toda persona que sufra discriminación como resultado de conclusiones incorrectas sobre la existencia de determinadas circunstancias personales (discriminación basada en determinadas circunstancias personales). Además, en la Ley se definen formas graves de discriminación, entre las que se incluyen la discriminación múltiple (que se produce cuando una persona sufre discriminación por varias circunstancias personales a la vez), la discriminación masiva (que se produce cuando se discrimina a varias personas a la vez mediante una conducta cuestionable, especialmente si está motivada por el odio o el desprecio hacia las personas con determinadas circunstancias personales), la discriminación persistente o repetida, la discriminación que tiene o podría tener consecuencias difíciles de reparar para la persona objeto de discriminación en lo que respecta al daño causado a su posición jurídica, sus derechos o sus obligaciones, especialmente si está dirigida a niños u otras personas vulnerables.
La Ley de Protección contra la Discriminación también introduce una acción judicial especial por discriminación, que es interpuesta por la persona que sufre discriminación para exigir el cese de esos actos, el pago de una indemnización o la publicación de la decisión en los medios de comunicación. Debido a la exposición a la discriminación, las víctimas de esos actos tendrán derecho a una indemnización económica pagada por las personas que han generado la discriminación, la cual asciende a entre 500 y 5.000 euros. A la hora de determinar el importe de la indemnización, se tendrá en cuenta la duración de la discriminación, la exposición a formas graves de discriminación y otras circunstancias del caso. La Ley de Acciones Colectivas establece la posibilidad de iniciar una acción colectiva, presentada por el Defensor del Principio de Igualdad y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúan en pro del interés público en el ámbito de la protección contra la discriminación o la protección de los derechos humanos. Por medio de la acción colectiva se exige el fin de la discriminación o la prohibición de dicha conducta, en particular en los casos en que se plantea la discriminación de un gran número de personas no identificables.
El propósito fundamental de la Resolución sobre el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre (2015-2020) es mejorar la posición de las mujeres o garantizar el avance sostenible de la igualdad de género, incluido el aspecto de la igualdad de género en esferas clave. El informe sobre la aplicación del Programa Nacional ha puesto de manifiesto que el aspecto de género se ha incluido más activamente en las políticas de los ministerios competentes en algunos ámbitos, mientras que en otras esferas los avances son más lentos. Las actividades se llevaron a cabo principalmente en el marco de los programas vigentes, y la atención se centró en reducir la brecha de género y hacer realidad la igualdad entre las mujeres y los hombres.
En el mercado de trabajo se hace hincapié en promover la iniciativa empresarial de las mujeres. Se han llevado a cabo programas gratuitos de capacitación orientados a proporcionar los conocimientos que se necesitan para iniciar con éxito una carrera empresarial. Las mujeres que completaron la capacitación pudieron obtener un subsidio de autoempleo (393 mujeres trabajaron en régimen de autoempleo en 2018 gracias a la ayuda del subsidio). (Véase más información al respecto en el párrafo 44).
La protección y la mejora de la salud de las mujeres y los hombres se ha promovido especialmente por medio de la ejecución de los programas de prevención SVIT, ZORA y DORA. También se ejecutó un programa de ayuda a grupos de mujeres embarazadas y madres vulnerables y un programa de evaluación piloto de la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicotrópicas y la violencia posparto en un grupo de mujeres tras seis semanas de haber dado a luz.
Se ha hecho gran hincapié en la reducción del acoso y la violencia en línea contra las mujeres y las niñas. También se ha investigado la frecuencia y el reconocimiento del acoso en línea entre los jóvenes de Eslovenia. Además, se llevó a cabo una campaña de concienciación en los medios de comunicación y se puso en marcha la aplicación móvil “Odklikni”, se realizaron varios programas de capacitación y se elaboró un manual para los empleados del sistema de justicia y las fuerzas policiales. Se prepararon varios talleres y un plan de estudio dirigidos a los jóvenes y el personal de las escuelas en torno a la violencia y el acoso en línea.
En lo que respecta a la inclusión social, se llevaron a cabo actividades para promover el papel de la mujer y la inclusión activa de los grupos de mujeres desfavorecidas en el marco de programas cortos de activación social. Se realizó un concurso público para cofinanciar programas de asistencia social, y se ofrecieron diversos talleres y conferencias en el contexto de los centros de romaníes. Se realizaron investigaciones y se organizó una conferencia internacional sobre la situación de las mujeres del medio rural. También se celebró una conferencia internacional dirigida a pedagogos, de dos días de duración, con el objetivo de eliminar los estereotipos de género, en la que se informó a los participantes sobre el tema y se presentaron ejemplos de mejores prácticas aplicadas tanto en el extranjero como en Eslovenia.
Además, se publicaron las “Directrices para un uso del lenguaje con perspectiva de género” a fin de dar a conocer a distintos grupos destinatarios un uso del lenguaje que tenga en cuenta las cuestiones de género. En 2018 y 2019, Eslovenia trabajó activamente para mejorar la igualdad de género y el papel de las mujeres a nivel internacional, entre otras cosas, organizando actividades y otorgando incentivos. También procuró potenciar el papel de las mujeres en el logro de la paz y la seguridad internacionales y la protección de las mujeres en las situaciones de conflicto. Se está preparando una nueva Resolución sobre el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre, que abarcará hasta 2030. En el párrafo 201 se ofrece más información al respecto.
C.Acceso de las mujeres a la protección judicial
Toda persona que, a raíz de su situación económica y la de su familia, no pueda cubrir los costos de un procedimiento judicial o de los servicios de asistencia jurídica sin que ello afecte a su situación social y la de su familia tiene derecho a recibir asistencia letrada gratuita. Esto se cumple si los ingresos mensuales del solicitante o los ingresos medios mensuales por miembro de la familia no superan el doble del importe básico del ingreso mínimo determinado en la Ley de Asistencia Social Financiera.
Las personas que tienen acceso a esta ayuda pueden utilizarla para sufragar total o parcialmente los costos de la asistencia letrada o como exención del pago de los costos del procedimiento judicial. Independientemente de su situación económica, las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica tienen derecho a la asistencia letrada gratuita en virtud de la Ley de Asistencia Letrada y la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica. Una condición para la concesión de la asistencia letrada gratuita es la evaluación del riesgo que realizan los centros de trabajo social en la primera entrevista con la víctima, la cual puede elegir a un abogado o puede optar por que el tribunal designe uno.
Las ONG, el Defensor del Principio de Igualdad y el Ómbudsman de los Derechos Humanos pueden ayudar a las mujeres en casos de discriminación. De conformidad con el artículo 39 de la Ley de Protección contra la Discriminación, toda persona que sea objeto de discriminación puede autorizar al Defensor o a una ONG que trabaje en el ámbito de la protección contra la discriminación y la protección de los derechos humanos a que la represente en los procedimientos judiciales. El Defensor también puede presentar una solicitud ante el Tribunal Constitucional para iniciar el examen de la constitucionalidad o legalidad de un reglamento o ley general dictado para el ejercicio del poder público si considera que dicha disposición es discriminatoria. El Defensor puede, además, notificar al respecto a la persona que ha propuesto el procedimiento de examen de constitucionalidad o legalidad.
De acuerdo con la Ley del Tribunal Constitucional, el Ómbudsman tiene competencia para presentar una demanda constitucional en relación con un asunto que se está examinando (si la persona, cuyos derechos humanos o libertades fundamentales están protegidos en un caso concreto, da su consentimiento) o para presentar una solicitud de examen de la constitucionalidad o legalidad de un reglamento o ley general emitido para el ejercicio del poder público. El Ómbudsman no está facultado para remitir a los tribunales ordinarios los casos de discriminación contra las mujeres. Entre 2016 y 2020, el Ómbudsman examinó seis casos en los que se planteó explícitamente la discriminación de las mujeres por razón de género, concretamente en relación con el acceso al empleo, las condiciones de trabajo y los ascensos laborales. En el mismo período, el Ómbudsman tramitó 40 casos relacionados con la violencia contra las mujeres, en los que la mayoría de las víctimas provenían de zonas rurales. Varios miembros de la comunidad romaní (incluidas siete mujeres) que viven en asentamientos romaníes sin acceso a agua potable ni a instalaciones sanitarias y en otras condiciones de vida precarias, también solicitaron la opinión del Ómbudsman.
El Defensor del Principio de Igualdad se ocupa de casos de discriminación a partir de las propuestas de examen que presentan las personas que son objeto de esos actos. El examen puede iniciarse ex officio si el Defensor es informado sobre el caso de discriminación a partir de una iniciativa anónima, de una iniciativa de un tercero o de cualquier otra forma. Para tramitar el caso ex officio, el Defensor debe obtener el consentimiento de la persona que ha sido objeto de discriminación, salvo que esta no pueda ser identificada, que se trate de un grupo de personas o si el Defensor considera que el caso es importante en general desde el punto de vista de la protección contra la discriminación. El Defensor examina los casos de conductas discriminatorias de sujetos públicos y privados. El procedimiento finaliza con una decisión de carácter declarativo jurídicamente vinculante sobre la existencia de la discriminación. El Defensor no tiene facultad para imponer sanciones, aunque, de constatarse la discriminación, puede proponer la apertura de un procedimiento por delito leve ante la oficina de inspección competente.
En 2016, el Defensor del Principio de Igualdad recibió 8 solicitudes relacionadas con la discriminación por razón de género (11,76 % del total de casos tramitados) y, en 2017, 10 solicitudes (12,66 %). También tramitó 8 casos de discriminación por razón de género en 2018 y 24 en 2019, lo que equivale al 14 % del total de casos. En 2020, el Defensor tramitó 15 casos de discriminación por razón de género (24 en 2019), lo que equivale al 5 % del total de casos tramitados. Ese mismo año, el Defensor tramitó 16 casos de discriminación por embarazo, maternidad o paternidad, lo que representa el 6 % de todos los casos. La determinación del número de casos de discriminación por razón de género y maternidad o paternidad tramitados no tiene en cuenta el género de las personas que denuncian esos casos. La labor del Defensor se financia con cargo al presupuesto y los fondos son determinados por la Asamblea Nacional. En 2020, se asignaron al Defensor 1.141.888 euros.
Los tribunales eslovenos hicieron referencia a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en las siguientes decisiones: la decisión Up-716/18, Up-745/18 (decisión del Tribunal Constitucional de la República de Eslovenia sobre la no aceptación del recurso de inconstitucionalidad en relación con el número insuficiente de mujeres presentes en la lista de candidatos), la decisión II Ips 784/2006 (la demandante hizo referencia a la Convención con respecto a la determinación de la pensión alimenticia pagada por su exmarido) y en tres litigios de derecho laboral (decisiones del Tribunal Superior de Trabajo Pdp 590/2014, Pdp 672/2017 y Pdp 310/2014).
Los datos sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en Eslovenia son proporcionados por diversas instituciones (fuerzas policiales, tribunales, centros de trabajo social y ONG), que también intercambian esa información entre sí. La Oficina de Estadística es la principal entidad encargada de llevar a cabo y coordinar la labor en el ámbito de las estadísticas nacionales, y recoge datos sobre los adultos y menores acusados y condenados por haber cometido actos delictivos. Los datos sobre las personas condenadas se obtienen del registro administrativo IK-registry, gestionado por el Tribunal Supremo, y pueden presentarse en función de diversas variables demográficas del agresor (género, edad, educación, actividad, ciudadanía, municipio de residencia permanente, etc.). Sin embargo, no pueden presentarse según el género de la víctima o la relación entre la víctima y el agresor, ya que esa información no se recoge en la fuente administrativa. La Oficina de Estadística también publica anualmente los datos que obtiene de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo.
La Ley de Prevención de la Violencia Doméstica de 2016 incluye una definición más precisa de la violencia doméstica, amplía la definición de los miembros de la familia, mejora los procedimientos de coordinación y comunicación entre todas las instituciones y los organismos pertinentes y determina procedimientos para tratar los casos de violencia doméstica. En 2019, se llevaron a cabo 557 enjuiciamientos por actos de violencia doméstica, en los cuales se condenó a 267 agresores; en 2018, se realizaron 578 enjuiciamientos (que dieron lugar a 307 condenas); en 2017, hubo 535 enjuiciamientos (291 condenas), y, en 2016, hubo 485 enjuiciamientos (251 condenas).
En virtud de la Ley de Indemnización a las Víctimas de Delitos, al denunciar un acto violento deliberado ante la policía, la víctima puede solicitar que se le expida un certificado que confirme que se ha detectado o denunciado un acto delictivo. Según esa Ley, las víctimas de la violencia doméstica, las víctimas menores de edad y las víctimas de agresores no identificados (en los casos en que el agresor no puede ser enjuiciado) pueden reclamar una indemnización antes de que esta sea reclamada al agresor y antes de que se inicie el procedimiento penal; se puede solicitar un reembolso por daños no pecuniarios en caso de dolor físico, daño a la salud y daño emocional.
Se recibieron 17 solicitudes de indemnización del Estado presentadas por mujeres en 2017, 14 en 2018, 20 en 2019 y 19 en 2020. Las demandas se presentaron por situaciones de violencia doméstica (19 casos), lesiones corporales leves (9 casos), agresión sexual a una persona menor de 15 años (6 casos), violación (3 casos), violencia (2 casos) e intento de asesinato, intento de homicidio, intento de violación y lesiones corporales graves (1 caso). En 2017, se emitieron ocho decisiones de aprobación (por un valor total de 20.900 euros), y, en 2018, se emitieron dos decisiones de aprobación (por un total de 2.550 euros). En 2019 se aprobaron 14 demandas de víctimas (la mayoría por violencia doméstica y agresión sexual a una persona menor de 15 años), frente a ocho demandas en 2020. El monto total de los reembolsos pagados a las mujeres víctimas en 2019 ascendió a 23.900 euros (el reembolso medio fue de 1.707,14 euros), y, en 2020, ascendió a 32.100 euros (el reembolso medio fue de 4.012,50 euros). La diferencia de los importes obedece a las diferentes circunstancias de cada caso, especialmente con respecto al daño causado.
Se está preparando la segunda Resolución sobre el Programa Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, cuya finalidad será determinar los principales ámbitos en los que se han detectado deficiencias o resultados insatisfactorios en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, así como definir objetivos y medidas para mejorar la situación en esas esferas.
El Ministerio de Justicia ofrece continuamente sesiones de capacitación sobre la violencia contra las mujeres, en particular por medio del Centro de Formación Judicial, que ofrece formación permanente a los jueces, los fiscales del Estado y el personal profesional de los tribunales y las fiscalías. El Centro de Formación Judicial organiza, en colaboración con la Asociación de Fiscales del Estado de Eslovenia y la Dirección General de Policía, sesiones de capacitación sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en las que participan más de 250 personas.
En el marco del proyecto europeo “Odklikni”, el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades llevó a cabo diversas actividades para alertar sobre la violencia y el acoso en línea contra las mujeres. (Puede consultarse más información sobre el proyecto en el apéndice 3).
D.Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer
La División de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades es el principal mecanismo nacional que se ocupa del adelanto de la mujer. De conformidad con la Ley que regula la Organización Interna y la Sistematización de los Trabajos en el Ministerio y la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre, la División se dedica a realizar actividades especializadas de diseño y aplicación de políticas de igualdad entre mujeres y hombres y controla la aplicación de la Ley de Protección contra la Discriminación. A principios de 2021, la División empleaba a un responsable y otras ocho personas, dos de ellas por un plazo fijo: una persona para un proyecto y un contratado en prácticas para la coordinación de las actividades relativas a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. En relación con 2015, año en el que Eslovenia presentó sus informes quinto y sexto sobre la aplicación de la Convención ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, hay dos personas más que trabajan en el ámbito de la igualdad de género.
En 2017, el Defensor del Principio de Igualdad pasó a ser una institución independiente y autónoma a raíz de la aprobación de la Ley de Protección contra la Discriminación. Anteriormente, el Defensor trabajaba en el marco de la División de Igualdad de Oportunidades.
En 2021, la División de Igualdad de Oportunidades recibió 200.653 euros para financiar sus actividades: 50.000 euros para la cofinanciación de proyectos de ONG en materia de igualdad de género, 30.000 euros para la promoción de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y 120.753 euros para la ejecución del proyecto “Moje delo.Moja pokojnina” (Mi trabajo. Mi pensión), cofinanciado por la Comisión Europea (107.494 euros de fondos de la Unión Europea y 13.159 euros de fondos presupuestarios). El proyecto “Moje delo.Moja pokojnina”, de dos años y medio de duración, tiene un valor total de 457.457,28 euros. Con respecto a 2015, el importe de los fondos destinados a cofinanciar proyectos de ONG ha aumentado y se asignaron fondos adicionales para la promoción de la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres.
De conformidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre, los coordinadores para la igualdad de oportunidades y sus adjuntos trabajan en los ministerios y realizan estas tareas de manera complementaria a sus actividades habituales. La División de Igualdad de Oportunidades coopera regularmente con los coordinadores (reuniones de trabajo, sesiones de capacitación para la integración del principio de igualdad de género en los ministerios y participación en diversas actividades). El 17 de noviembre de 2016, el Gobierno adoptó las “Directrices para la incorporación de la perspectiva de género en la labor de los ministerios (2016-2020)”, las cuales incluyen pautas generales relativas a la labor de los ministerios y los coordinadores, determinan el método de colaboración de los ministerios con la División de Igualdad de Oportunidades y definen las esferas de trabajo prioritarias para el período 2016-2020. Esas esferas comprenden: 1) la promoción de la recopilación y presentación de datos desglosados por género en el ministerio; 2) la promoción de la inclusión de la igualdad de género y la presentación de datos desglosados por género en los análisis y estudios preparados o encargados por el ministerio; y 3) el asesoramiento para la inclusión de la igualdad de género en documentos estratégicos clave del ministerio.
A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, no es obligatorio nombrar coordinadores para la igualdad de oportunidades a nivel local. Actualmente, alrededor del 20 % de los municipios cuentan con un coordinador.
En el informe anterior se proporcionó información sobre algunas actividades realizadas para incorporar la perspectiva de género en el presupuesto. Además de las actividades de formación sobre la inclusión de la dimensión de género en el presupuesto, las directrices diseñadas y una encuesta de control y lista de verificación relativa a la inclusión de la perspectiva de género en el presupuesto, se ha preparado un caso práctico de evaluación del presupuesto desde el punto de vista del género. A modo de ejemplo, se ha presentado la evaluación de los fondos presupuestarios destinados a las medidas de política relativas a los ingresos familiares (prestación parental, subsidio parental, paga por maternidad y prestación por cuidado de los hijos) desde el punto de vista del género. De esa forma, los ministerios han podido obtener un ejemplo de evaluación del presupuesto que les ayuda a integrar la perspectiva de género en el presupuesto.
Según los datos del Centro de Servicio de Información, Cooperación y Desarrollo de las ONG, en Eslovenia operan casi 28.000 ONG. La mayoría de ellas son asociaciones (unas 24.000), seguidas de instituciones privadas (unas 3.700) y fundaciones (unas 260). En virtud de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales de 2018, las ONG pueden ser reconocidas como entidades que trabajan en pro del interés público en diversos ámbitos, incluido el de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, el de la protección contra la discriminación y el de los derechos humanos. En la actualidad, hay unas 5.800 ONG que han obtenido esa calificación. De las ONG que trabajan en pro del interés público, dos lo hacen en el ámbito de la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres, cuatro en la esfera de la protección contra la discriminación o los derechos humanos y 104 en el ámbito de la protección social, que incluye la violencia contra las mujeres y la trata de personas. Dado que no todas las ONG solicitan esa calificación, no es posible obtener datos concretos sobre el número de ONG que promueven los derechos humanos de las mujeres. Se estima que hay entre 100 y 150 organizaciones que, de diversas maneras, se ocupan de los derechos de las mujeres.
Las ONG son un asociado importante en la ejecución de diversas medidas y proyectos. El Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades cofinancia cada año programas de prevención de la violencia, los cuales se presentan con más detalle en las secciones 66 y 67. La División de Igualdad de Oportunidades destina 50.000 euros por año a la cofinanciación de proyectos de ONG relacionados con la igualdad de género, lo que basta para cofinanciar cinco proyectos al año. En 2021, el concurso público se centra en dos esferas que han quedado especialmente expuestas a raíz de la crisis, a saber, los estereotipos de género y los papeles estereotipados de las mujeres y los hombres en la sociedad, en particular en relación con los grupos de mujeres vulnerables y la violencia en línea contra las mujeres y las niñas.
En virtud de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre, el Gobierno y los ministerios competentes deben cooperar con los interlocutores sociales y las ONG que trabajan en pro de la igualdad de oportunidades para elaborar soluciones y propuestas orientadas a alcanzar los objetivos de la Ley. Para ello, cada ministro del Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades establece un consejo de expertos para la igualdad de las mujeres y los hombres encargado de brindarle asesoramiento acerca de la igualdad entre las mujeres y los hombres y el respeto del principio de prohibición de la discriminación por razón de género. El consejo, que está integrado por expertos en esta materia que trabajan en el marco de instituciones académicas y ONG, examina propuestas estratégicas y legislativas relacionadas con la igualdad de género y debate y adopta decisiones sobre temas de actualidad diversos, como la igualdad de género en los medios de comunicación, la representación equilibrada de las mujeres y los hombres en los puestos de toma de decisiones, la salud reproductiva y la violencia contra las mujeres. También analiza propuestas de reglamentos y otros materiales sobre la igualdad de género adoptados por el Gobierno o la Asamblea Nacional.
De conformidad con la Ley sobre la Comunidad Romaní de la República de Eslovenia, el Consejo de la Comunidad Romaní de la República de Eslovenia es la organización principal de la comunidad y sus miembros también pertenecen a la comunidad. Las autoridades nacionales deben obtener un dictamen preliminar del Consejo al adoptar o emitir reglamentos y otras disposiciones jurídicas generales que se refieran a la situación de la comunidad romaní. La cooperación con los representantes de la comunidad romaní y su organización está bien establecida, lo que se aplica especialmente a la planificación y el diseño de documentos estratégicos relativos a la regulación de la situación de la comunidad romaní, como los programas nacionales de medidas dirigidas a los romaníes.
Cada año, la Oficina para las Minorías Nacionales destina fondos para el funcionamiento del Consejo de la Comunidad Romaní (95.000 euros en 2021), así como para financiar actividades y programas de las asociaciones que agrupan a los miembros de la comunidad romaní. Los fondos se asignan mediante un concurso público anual. En 2020 y 2021, se destinaron 200.000 euros a estos fines. Las asociaciones de la comunidad romaní también llevan a cabo actividades orientadas a promover la inclusión de los miembros de la comunidad, especialmente las mujeres y los jóvenes, en los entornos locales. Todos los años se destinan fondos a las asociaciones de romaníes para apoyar económicamente sus actividades y programas; desde 2015, el importe medio de esos fondos asciende a 25.600 euros. El Ministerio de Salud destina 100.000 euros por año a la cofinanciación de programas de atención médica centrados en la salud de los jóvenes, las mujeres y los niños romaníes. Generalmente, se seleccionan varias organizaciones, entre ellas la asociación Unión Romaní, que incluye a mujeres romaníes entre los organizadores de las actividades y los destinatarios de todas las iniciativas. El Ministerio de Cultura destina cada año 90.000 euros a través de concursos públicos para apoyar diversas actividades culturales de las asociaciones romaníes. Se presta especial atención a los proyectos que incluyen activamente a las mujeres romaníes o están destinados a ellas. Estos proyectos reciben un punto adicional en la evaluación de los proyectos individuales (en 2020 se financiaron seis proyectos por un importe total de 8.200 euros).
Cada año, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Alimentación cofinancia organizaciones sin fines de lucro que contribuyen al desarrollo y la conservación de la agricultura o la silvicultura y a la preservación de la población rural. También cofinancia asociaciones sin fines de lucro que realizan actividades en el ámbito de la protección de la mujer en el medio rural. La cofinanciación de la labor de las organizaciones sin fines de lucro se lleva a cabo en el marco de tres concursos públicos para los que se destinan entre 290.000 y 355.000 euros anuales. La Asociación de Mujeres Rurales de Eslovenia recibe fondos anualmente, mientras que las asociaciones regionales reciben fondos en años puntuales para la realización de actividades con motivo de su aniversario y actividades especiales. En el Ministerio de Agricultura se ha creado el Consejo de la Mujer Rural como órgano encargado de brindar asesoramiento al Ministro.
E.Medidas especiales de carácter temporal
Como se ha mencionado en informes anteriores, la base jurídica para la adopción de medidas especiales es la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre. En el ámbito de la igualdad de género, la Resolución sobre el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre (2015-2020) es un documento estratégico del Gobierno en el que se establecen los objetivos y las medidas que han de aplicarse en ocho esferas prioritarias. Se han llevado a cabo diversas actividades y se han aplicado medidas especiales para alcanzar sus objetivos.
El Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades y el Ministerio de Desarrollo Económico y Tecnología ejecutaron un programa especial de promoción de la iniciativa empresarial de las mujeres en el período 2016-2019. Las destinatarias del programa incluían a mujeres inscritas como desempleadas en el Servicio de Empleo de Eslovenia durante tres meses o más y que tenían, como mínimo, una formación profesional superior (nivel VI o superior) y una idea de negocio interesante, además de interés, condiciones y opciones para trabajar en régimen de autoempleo. (Puede consultarse más información sobre el programa en el apéndice 3).
En 2020, el Ministerio de Desarrollo Económico y Tecnología asignó fondos a través del organismo público SPIRIT para empresarias principiantes y posibles empresarias. (Puede consultarse más información sobre las actividades en el apéndice 3).
En informes anteriores se presentaron las medidas adoptadas para aumentar el número de mujeres en las listas de candidatos a nivel local, a la Asamblea Nacional y al Parlamento Europeo. Durante el período sobre el que se informa se llevaron a cabo algunas actividades para promover la participación de las mujeres en la política, las cuales se mencionan en la sección 94.
En 2019, se modificó el artículo 14 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre y se estableció que el Gobierno debía respetar el principio de representación equilibrada de género, lo que implica al menos un 40 % de hombres y mujeres en la composición de los órganos de asesoramiento y coordinación, los órganos de trabajo y delegaciones creados en virtud de la Ley del Gobierno de la República de Eslovenia y el Reglamento del Gobierno de la República de Eslovenia. Esto también se aplica al nombramiento o la nominación de representantes del Gobierno en los órganos de gestión y supervisión de las entidades que se rigen por el derecho público. En el segundo párrafo añadido al artículo se definen las excepciones que se habían previsto en la disposición ejecutiva. También se agregó un nuevo artículo 30a por el que se impone a las comunidades locales y nacionales autónomas la obligación de respetar el principio de la representación equilibrada de género al designar o proponer representantes en los órganos de gestión y supervisión de las entidades que se rigen por el derecho público.
El Defensor del Principio de Igualdad dedicó una de las secciones de los informes anuales periódicos de 2018, 2019 y 2020 a las medidas especiales orientadas a garantizar la igualdad. En esas secciones se explica el concepto de medidas especiales, la base jurídica y las condiciones para su aplicación, y se examina la introducción de esas medidas en los ministerios, según la información recabada por el Defensor a partir de su investigación. Los informes se han analizado en la Asamblea Nacional y se han publicado en el sitio web del Defensor, lo que contribuye a sensibilizar a los agentes políticos y al público en general sobre el concepto y la aplicación de las medidas especiales.
F.Estereotipos y prácticas nocivas
Uno de los objetivos de la Resolución sobre el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre (2015-2020) consiste en eliminar los estereotipos sobre el papel de las mujeres y los hombres en la sociedad, la familia y la pareja y lograr una distribución más equitativa de las tareas domésticas y de cuidado. Se han llevado a cabo varias actividades para alcanzar ese objetivo.
En 2016 y 2017, el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades ejecutó el proyecto “Aktivni.Vsi.” (Todos. Activos), cuyo objetivo principal era reducir los estereotipos de género y fomentar una distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado entre los hombres y las mujeres. (Puede consultarse más información sobre el proyecto en el apéndice 3).
A fin de alentar a los padres a implicarse más en el cuidado de sus hijos y promover los efectos positivos de su cuidado, el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades llevó a cabo una campaña en 2016 que se implementó en diez de las localidades más importantes de Eslovenia. Se distribuyeron 8.500 camisetas y más de 10.000 volantes, 50.000 folletos informativos y 50.000 tarjetas postales sobre la paternidad activa.
En 2020, el Ministerio puso en marcha el proyecto bienal “Očka v akciji” (Papá en acción), cofinanciado por la Unión Europea, el cual tiene por objeto concienciar a los (futuros) padres, empleadores, profesionales y el público en general sobre la importancia de conciliar eficazmente la vida laboral y familiar, la participación activa de los hombres en la paternidad y la distribución equitativa de los cuidados parentales del niño desde su nacimiento.
El Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades puso de relieve los estereotipos de género, que son uno de los principales motivos de muchas expresiones de desigualdad entre las mujeres y los hombres en la sociedad, en el marco del proyecto “Moje delo. Moja pokojnina” (Mi trabajo. Mi pensión), orientado a concienciar sobre la brecha de género en las pensiones y las razones que la originan. El proyecto promueve la adopción de decisiones informadas durante toda la vida o el período de actividad laboral, lo que puede incidir en las opciones de jubilación y reducir la brecha entre las pensiones de las mujeres y los hombres.
Como parte del proyecto, cofinanciado por el Mecanismo Financiero Noruego, se llevó a cabo una consulta sobre la igualdad de género en los medios de comunicación en 2016. Durante la consulta se presentaron mejores prácticas en materia de igualdad de género aplicadas en los medios de comunicación de Noruega y otros países europeos. Los oradores hablaron acerca de la representación y la imagen de las mujeres y loshombres en los medios de comunicación, el papel que estas desempeñan en el agravamiento de los estereotipos y su prevención, quién decide lo que se emite en las pantallas de televisión o en las emisoras de radio, qué temas tienen mayor cobertura en los medios y qué posición ocupan los medios de comunicación eslovenos con respecto a los de los demás países europeos en materia de igualdad de género.
En 2016, el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades llevó a cabo un estudio sobre el punto de vista de las mujeres y los hombres con respecto a la igualdad de género, en el marco del proyecto cofinanciado por el Mecanismo Financiero Noruego. Los resultados han demostrado que los hombres y las mujeres conocen el concepto de la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres, aunque existe una brecha entre la teoría y la práctica. La mayoría de las mujeres y los hombres creen que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ya existe, especialmente los hombres. Independientemente de la opinión mayoritaria de que las mujeres y los hombres tienen hoy los mismos derechos y las mismas oportunidades, en la práctica, las mujeres perciben y sienten especialmente algunas desigualdades relativas a la vida privada y profesional. Los resultados del estudio se han presentado al público en general en una conferencia y pueden consultarse en formato impreso y digital.
En noviembre de 2018, se organizó una conferencia internacional de dos días de duración titulada “Sin estereotipos sobre los estereotipos”, que incluyó talleres dirigidos a pedagogos y tuvo por objeto reforzar las competencias de los pedagogos para reconocer los estereotipos de género y proporcionar contenidos de estudio sobre el tema. En el marco de la conferencia, se presentaron las consecuencias sociales de los estereotipos de género y un estudio de la igualdad entre las mujeres y los hombres en Eslovenia y la Unión Europea, incluidas las consecuencias de los estereotipos de género a través del prisma de la psicología del desarrollo, un análisis exhaustivo de los estereotipos de género en la literatura juvenil (eslovena) y ejemplos de mejores prácticas aplicadas en Eslovenia y en el extranjero. Se proporcionó información a los participantes sobre el modo de hablar con los niños sobre los estereotipos de género en la cultura popular, el trabajo de cuidados y la violencia contra las niñas y las mujeres, así como sobre la transferencia intergeneracional de la visión tradicional de las funciones sociales masculinas y femeninas, y un caso práctico sobre cómo presentar este tema con un espectáculo de marionetas.
En 2018, el Ministerio de Cultura financió seis proyectos destinados a las comunidades étnicas minoritarias, que incluían a mujeres o que (además) estaban dirigidos a mujeres (por ejemplo, eventos, talleres y reuniones). En 2019, se financiaron cinco proyectos y, en 2020, seis proyectos. Los proyectos contribuyeron a combatir los estereotipos y a alentar a los miembros de las comunidades étnicas minoritarias a realizar actividades relacionadas con la creatividad y la participación culturales.
El Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades publicó las “Directrices para el uso del lenguaje con perspectiva de género”, que contienen conclusiones y recomendaciones prácticas de utilidad para el público en general y expertos de diversas áreas. Las directrices tienen por finalidad sensibilizar a los distintos grupos destinatarios sobre el uso de un lenguaje que tenga perspectiva de género, evite expresiones estereotipadas y tenga en cuenta a mujeres y hombres por igual. Mediante la publicación de concursos dirigidos a ONG que trabajan en el ámbito de la igualdad de género, el Ministerio también cofinanció proyectos orientados a dejar atrás los estereotipos de género y los papeles estereotipados de las mujeres y los hombres en la sociedad. Los proyectos se centraban en diferentes temas, como la presentación de información no estereotipada sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, así como la superación de los estereotipos que influyen en decisiones clave con respecto a los intereses, la educación y las trayectorias profesionales de los jóvenes, especialmente de las niñas.
De acuerdo con el nuevo Código Penal (2015), el matrimonio forzado o el establecimiento de una unión similar se considera un acto delictivo, sancionado con penas más estrictas si hay menores implicados. El Programa Nacional del Gobierno de la República de Eslovenia de Medidas para los Romaníes (2017-2021) también incluye medidas y recomendaciones orientadas al logro de objetivos en el ámbito de la protección social, con hincapié en los matrimonios infantiles y forzados o en los menores que huyen a entornos perjudiciales, así como en los procedimientos para tratar los casos de uniones civiles que incluyen a menores. En 2017, se estableció un grupo de trabajo especial para la aplicación y coordinación de medidas. A partir de la iniciativa del grupo de trabajo, en 2018 y 2019 se realizaron actividades de capacitación para funcionarios de justicia y, en 2020, se elaboró un manual sobre la detección de matrimonios precoces o forzados en la comunidad romaní y el modo de proceder ante esos casos. El manual se presentará al público interesado en 2021. Como parte de los planes de acción para la lucha contra la trata de personas de 2017‑2018 y 2019-2020, se llevaron a cabo muchas actividades para sensibilizar a posibles víctimas de la trata en las comunidades romaníes, especialmente en relación con los matrimonios forzados y precoces. En el marco del Concurso Público para la Cofinanciación de Proyectos Educativos y de Sensibilización en 2018, 2019 y 2020, una tercera parte de las actividades orientadas a sensibilizar a los niños sobre las prácticas nocivas se llevó a cabo en entornos donde viven las comunidades romaníes; en 2020, el número de actividades se redujo debido a la epidemia de COVID-19.
En 2020, el Ministerio de Cultura cofinanció el proyecto “Género y sociedad”, presentado en el portal web www.spol.si (y ejecutado por la asociación Vita Activa). La actividad del portal web se cofinanció debido a que se centra en temas y teorías de género elaboradas por expertos, como la desigualdad de género, el sexismo y la reproducción de estereotipos en diversos ámbitos sociales (política, medios de comunicación, arte, cultura (popular), ciencia, etc.).
G.Violencia de género contra la mujer
El Código Penal también establece que la violencia psicológica y física contra las mujeres constituye un delito. La violencia psicológica está incluida en los delitos de coacción, amenaza, violencia doméstica (cuando incluye la amenaza de un ataque directo contra la vida o la integridad física de una persona para echarla de la vivienda conjunta), acoso laboral, violencia y hostigamiento criminal. En los casos de violencia física, el agresor puede ser declarado culpable de delitos de violencia, lesiones leves, graves y muy graves o de violencia doméstica, si los casos van más allá de la violencia psicológica. La violencia sexual, incluida la violación, se define en una sección especial en la que se abordan los delitos contra la inviolabilidad de la integridad sexual y las formas básicas y graves de infracciones penales, como los delitos cometidos de forma cruel o extremadamente humillante o de manera sucesiva por varios agresores, para los cuales corresponde una pena más estricta. Con respecto a los casos de violación o violencia sexual en un matrimonio, una relación extramatrimonial o una unión civil registrada entre personas del mismo sexo, el enjuiciamiento inicia tras la presentación de una demanda.
El discurso de odio se define en la Resolución sobre el Programa Nacional de Prevención y Represión de la Delincuencia (2019-2023) como la incitación pública al odio y la intolerancia. Los objetivos de la Resolución incluyen, entre otros, reducir el alcance de todas las formas y los casos de discurso de odio o incitación pública al odio y la intolerancia, y garantizar y fortalecer las actividades educativas y de promoción, así como otras actividades de prevención, para reducir el discurso de odio y mejorar la cultura del diálogo público. El discurso de odio está definido en diversas leyes, en relación con la gravedad de la infracción. Las formas más graves se recogen en el Código Penal como infracciones penales (artículo 297); el discurso de odio también se incluye en algunas secciones de la Ley de Protección del Orden Público (por ejemplo, las centradas en el comportamiento violento e imprudente, el comportamiento indecente y la escritura sobre edificios). Además, se lo define como conducta prohibida en la Ley de Servicios de Medios de Comunicación Audiovisuales, la Ley de Libertad Religiosa y la Ley de Protección contra la Discriminación. Según el informe del Defensor del Principio de Igualdad, en el período comprendido entre 2015 y 2020 se pronunciaron seis veredictos de culpabilidad y siete sentencias condenatorias por infracciones penales de discurso de odio.
En 2020, 129 mujeres de entre 15 y 49 años sufrieron diversas formas de violencia por parte de sus parejas o cónyuges actuales o anteriores, de las cuales dos mujeres fueron asesinadas y seis sufrieron daños físicos graves. Además, 32 casos fueron calificados como infracciones penales de violencia doméstica y 19 como infracciones penales de violencia. Las mujeres de entre 34 y 44 años de edad son las que corren mayor peligro, ya que casi la mitad de las víctimas (63) pertenecen a ese grupo etario. No se dispone de datos sobre su nivel de educación. El lugar de procedencia de las víctimas (zona urbana o rural) puede determinarse en parte teniendo en cuenta las direcciones de policía donde se gestionaron las infracciones. Los datos muestran que la mayoría de las infracciones se produjeron en las zonas de las direcciones de policía de Liubliana (37), Celje (35), Maribor (19) y Koper (17), y que en las zonas de las direcciones de policía de Murska Sobota, Novo mesto y Nova Gorica se registraron los números más bajos de infracciones penales por violencia. Si bien no se dispone de datos sobre la nacionalidad de las víctimas, se recogen datos sobre su ciudadanía. La mayoría de las víctimas eran ciudadanas eslovenas (121) y 8 víctimas eran ciudadanas de otros países (Croacia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Ucrania, Montenegro y Serbia) (cuadro 9).
En el ámbito de la violencia contra las mujeres se aplicaron las siguientes estrategias: la Resolución sobre el Programa Nacional de Asistencia Social para el período 2013-2020, en virtud de la cual se definieron programas para prevenir la violencia doméstica, brindar apoyo a las víctimas y realizar actividades dirigidas a los agresores; la Resolución sobre el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre (2015-2020), que establece el objetivo principal de la prevención (en concreto, reducir la violencia contra las mujeres, entre otras cosas, aplicando medidas para mejorar la concienciación y la información); la Resolución sobre el Programa Nacional para la Prevención y Supresión de la Delincuencia (2019-2023), cuyo contenido contribuye a la prevención e investigación de la violencia contra las mujeres; el Programa Nacional de Medidas para los Romaníes (2017-2021), que incluye medidas y recomendaciones orientadas al logro de objetivos en la esfera de la protección social, con hincapié en los matrimonios infantiles y forzados o los menores que huyen a entornos nocivos, así como los procedimientos para tratar los casos de uniones civiles que incluyen a menores; y la Resolución sobre el Programa Nacional de Salud Mental (2018-2028), en la que se definen medidas para prevenir y tratar la violencia entre pares, la violencia doméstica y el maltrato a las personas mayores, entre otras formas de violencia.
La policía ha cooperado en el proyecto internacional “Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence” (Mejorar la primera línea de respuesta a la violencia doméstica de alto impacto), ejecutado entre 2018 y agosto de 2021. Este proyecto de investigación tiene por finalidad analizar los factores humanos que determinan respuestas eficaces de las fuerzas policiales, así como difundir mejores prácticas de la labor policial en relación con otros equipos de respuesta inicial y dar a conocer los motivos por los que la tasa de denuncia de esas infracciones es muy baja. A partir de diferentes análisis y conclusiones, se realizarán estudios de campo, que son fundamentales para los equipos de respuesta inicial encargados de investigar las formas graves de violencia doméstica, y se prepararán materiales y herramientas especializadas para la formación y la comunicación entre expertos a fin de gestionar y prevenir la violencia doméstica, afrontar sus consecuencias y reducir el número de casos.
En 2019, se destinaron a los programas de prevención de la violencia 5.393.482,60 euros, de los cuales 3.353.954,90 euros fueron aportados por el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades. La mayor parte de los fondos (2.431.864,20 euros) se destinaron a casas de acogida, albergues y centros para situaciones de crisis. En 2019, 229 personas trabajaron en programas de prevención de la violencia, cofinanciados por el Ministerio. Un total de 385 voluntarios colaboraron en los programas y, en conjunto, realizaron 28.763 horas de trabajo voluntario.
En 2020, el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades cofinanció 35 programas de asistencia social orientados a prevenir la violencia. Entre todos los programas de prevención de la violencia hay 21 programas de alojamiento, entre los que se encuentran ocho casas de maternidad (180 camas) y 13 casas de acogida (270 camas). Además, el Ministerio cofinanció 12 servicios de orientación, entre ellos un subprograma de desarrollo de habilidades sociales dirigido a los autores de actos violentos, un programa para la prevención del maltrato a las personas mayores y un programa de asesoramiento por vía telefónica. En 2020, el Ministerio destinó 3.400.000 euros a programas de prevención de la violencia. Otro programa, destinado a las víctimas de la violencia contra las personas con discapacidad, se añadió al concurso público para la cofinanciación de programas de asistencia social en 2021 (incluido el alojamiento).
La red pública de Eslovenia incluye dos centros de crisis para personas adultas que son víctimas de la violencia, destinados a mujeres y madres con hijos que se encuentran en situaciones de dificultad y necesitan salir inmediatamente de un entorno violento. Estos centros, que cuentan con 42 camas, funcionan en el marco de los centros de trabajo social de Maribor y Južna Primorska y se financian sobre la base de un contrato anual de actividad ordinaria. Cada centro recibe fondos para cubrir la labor de cinco expertos y los costos de bienes y servicios.
En total, 831 personas se alojaron en casas maternas en 2019 (507 en 2018), de las cuales 175 eran menores de edad (183 en 2018). Un total de 750 personas se alojaron en casas de acogida, albergues y centros de crisis en 2019 (829 en 2018), de las cuales 263 eran menores (259 en 2018), y otras 845 personas participaron en subprogramas (459 en 2018). En 2019, se dispuso de un total de 437 en los programas de alojamiento (446 en 2018), las cuales fueron utilizadas por 1.581 beneficiarios (1.336 en 2018).
De conformidad con la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica, las autoridades y organizaciones competentes están obligadas a considerar los casos de violencia doméstica como una prioridad y hacer todo lo posible para proteger a las víctimas. Las medidas adoptadas dependen del grado de peligro que corren las víctimas. Cuando la violencia se produce en el entorno familiar, la víctima tiene la opción de ser alojada inmediatamente en un centro de crisis, donde recibe ayuda profesional y alojamiento. Si, una vez finalizado el plazo de estadía en el centro de crisis, la víctima sigue necesitando alojamiento, puede dirigirse a una casa de acogida o un albergue. La víctima tiene derecho a asistencia letrada gratuita y a un asistente que la acompañe en los trámites, la ayude a proteger su integridad y a encontrar soluciones, y que le proporcione apoyo psicológico. De ser necesario, la policía o el tribunal puede imponer al agresor una orden de alejamiento de un lugar o una persona. Además, a petición de la víctima, el tribunal puede prohibir al agresor la entrada a un apartamento conjunto y permitir que solo la víctima utilice esa vivienda.
En virtud de la Ley de Funciones y Competencias de las Fuerzas Policiales, se emitieron 806 órdenes de alejamiento en 2015, 839 en 2016, 851 en 2017, 994 en 2018 y 973 en 2019. La mayoría de las medidas se impusieron en las zonas de las direcciones de policía de Celje (1195) y Liubliana (827). Las zonas en las que se registró el menor número de medidas fueron las de las direcciones de policía de Kranj (164) y Nova Gorica (168). La mayoría de las medidas de prohibición de acercarse a una mujer estaban relacionadas con mujeres de entre 34 y 44 años (1.285), que son las que corren mayor peligro, y con mujeres de entre 24 y 34 años (1.083). El grupo de edad respecto del cual se emitió el menor número de medidas fue el de las mujeres de 16 a 18 años (130).
Mediante la modificación de la Ley de Procedimiento Penal (2019), y con el fin de garantizar la seguridad de la víctima, se introdujo la obligación de garantizar que la parte perjudicada recibiera información adecuada, especialmente sobre todos los servicios de apoyo y sobre el procedimiento y las sentencias definitivas. La autoridad competente debe informar a la parte perjudicada, para garantizar su seguridad personal, de que puede solicitar información sobre la liberación o la fuga del agresor del arresto domiciliario o la detención. La parte perjudicada puede solicitar que se notifique la situación al centro de trabajo social competente. La versión modificada de la Ley establece también que se debe realizar una evaluación oportuna e individual para determinar si hay una necesidad especial de proteger a la víctima, para lo cual deben considerarse las características personales de la víctima, así como el tipo, la naturaleza y las circunstancias de la infracción penal. Se presta especial atención a las víctimas con necesidades especiales (incluidas las que han sufrido daños importantes debido a la gravedad de las infracciones penales; las víctimas de infracciones basadas en prejuicios o discriminación; las víctimas especialmente vulnerables debido a su relación con el agresor o su dependencia de él; las víctimas de la trata de personas; las víctimas de infracciones por razón de género, violencia doméstica, violencia sexual, explotación o delitos de odio; y las víctimas con discapacidad). En el caso de los niños y menores de edad, también se los considera víctimas con necesidades especiales. El contenido de la evaluación individual puede adaptarse en función de la gravedad de la infracción penal y del nivel de daño sufrido. La evaluación se realiza en colaboración con la víctima y teniendo en cuenta sus deseos, y también sirve de base para determinar la exposición de la víctima a la victimización secundaria o reiterada. En la sección 24 se presentan datos estadísticos.
H.Trata de mujeres y explotación de la prostitución
En 2018, Eslovenia reforzó su estructura institucional de lucha contra la trata de personas. Ese mismo año, el Ministerio del Interior creó el Servicio de Lucha contra la Trata de Personas, que ofrece apoyo profesional al coordinador nacional de la lucha contra la trata de personas y facilita la cooperación interministerial al respecto. Las actividades se llevan a cabo en el marco de planes de acción bienales preparados por el grupo de trabajo interministerial y aprobados por el Gobierno. En el período sobre el que se informa, se aprobaron cuatro planes de acción, el último de ellos para 2021‑2022. De acuerdo con los planes de acción, se llevaron a cabo actividades periódicas anuales de formación dirigidas a expertos que se encargan de la cuestión de la trata de personas (fuerzas del orden) y campañas de sensibilización destinadas a trabajadores especializados que también se ocupan de la cuestión (trabajadores sociales y pedagogos).
En 2016 se aprobó la Ley de Protección Internacional, cuyas disposiciones se relacionan directamente con la trata de personas y definen a las víctimas de la trata como personas vulnerables con necesidades especiales. La protección y seguridad se tienen en cuenta en los procedimientos realizados para determinar las prestaciones destinadas a los niños, especialmente cuando existe el riesgo de que un menor sea víctima de la trata de personas. Ese mismo año se aprobó también la Ley de Registro de Residencia, que permite a las víctimas de la trata de personas residir de forma anónima en un lugar no divulgado. La Ley también determina que, si las víctimas de violencia doméstica y trata de personas son alojadas en centros de acogida tras la aplicación de medidas de urgencia o la denuncia de su situación, esas personas pueden fijar como residencia legal la dirección del centro de trabajo social a propuesta del fiscal, la policía o el centro en cuestión.
El 27 de junio de 2021 se modificaron las disposiciones de la Ley de Registro de Residencia relativas a la determinación de la residencia legal de las víctimas de la trata de personas. Anteriormente, la residencia legal se consideraba la residencia permanente, pero, en la práctica, se ha demostrado que la residencia legal también puede ser un lugar de residencia temporal. La dependencia administrativa también puede establecer la residencia legal de una persona extranjera que no tenga un permiso de residencia permanente en Eslovenia, pero tenga un permiso de residencia temporal válido, un certificado de registro de residencia o un visado de residencia a largo plazo y haya sido víctima de violencia doméstica o trata de personas.
También se han modificado las disposiciones de la Ley de Extranjería que determinan las condiciones para la expedición del permiso de residencia temporal a las víctimas de la trata de personas. A este respecto, se ha suprimido la condición según la cual el testimonio de la víctima debe ser pertinente y se ha añadido un nuevo motivo de denegación (cuando exista una sospecha fundada de que la denuncia de la víctima es falsa o se haya determinado de manera fundamentada que la cooperación de la víctima es falsa). También se ha suprimido el motivo de denegación relacionado con el peligro para la salud pública.
La Ley de Procedimiento Penal se modificó a fin de aplicar la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. La versión modificada de la Ley garantiza a las víctimas de infracciones penales una amplia gama de derechos en materia de protección, apoyo e indemnización en las actuaciones preliminares y los procedimientos penales.
La identificación de las víctimas de la trata de personas se basa en el “Manual para la identificación, asistencia y protección de las víctimas de la trata de personas”, aprobado por el Gobierno en 2016. En él se determinan las funciones y tareas que les corresponden a las autoridades públicas y las ONG, así como a las organizaciones humanitarias, en el examen de casos de trata de personas, y se definen las medidas para ayudar y proteger a las víctimas. Un elemento importante del Manual son los indicadores elaborados para identificar a las víctimas de la trata, incluidos los niños. Este Manual se utiliza también como instrumento para capacitar a las autoridades públicas que suelen afrontar casos de trata de personas como parte de su labor.
Los datos disponibles indican que, en el período sobre el que se informa, la mayoría de las víctimas de la trata de personas procedían de Ucrania (73), Hungría (38) y otros países de Europa Oriental (Eslovaquia: 23; Rumania: 22; República Checa: 21), y, en los dos últimos años (2019 y 2020), las víctimas provinieron casi exclusivamente de Ucrania (cuadro 11).
La prestación de la asistencia y la protección de las víctimas de la trata se establecen en la Ley por la que se Ratifica el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. El Gobierno financia diversos programas de asistencia ejecutados por ONG, que se seleccionan mediante un concurso público. El proyecto “Asistencia a las víctimas de la trata de personas: alojamiento para situaciones de crisis”, financiado por el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, proporciona asistencia por un período de 30 días con el fin de que la víctima se recupere, escape de la influencia de los tratantes y reciba información acerca de otros programas voluntarios de apoyo y sobre las posibilidades de cooperación con las autoridades públicas. (Puede consultarse más información sobre el proyecto en el apéndice 3).
Durante el alojamiento en situaciones de crisis, también se ofrece a las víctimas asistencia y alojamiento a largo plazo en el marco del programa “Asistencia a las víctimas de la trata de personas: alojamiento seguro”, financiado por el Ministerio del Interior. (Puede consultarse más información sobre el programa en el apéndice 3).
En 2019 se puso en marcha el proyecto “(Re)integración de las víctimas de la trata de personas”, de dos años de duración, financiado por el Ministerio del Interior. (Puede consultarse más información sobre el proyecto en el apéndice 3).
Durante el período sobre el que se informa, el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades destinó 45.000 euros por año a las iniciativas de alojamiento para situaciones de crisis, y el Ministerio del Interior asignó 40.000 euros al alojamiento seguro. De conformidad con las disposiciones del contrato celebrado con la ONG, deben proporcionarse fondos adicionales en caso de que se produzca un aumento importante de los costos. En 2019 y 2020, se destinaron 54.600 euros del presupuesto del Estado al proyecto “(Re)integración de las víctimas de la trata de personas”.
La víctima de la trata de personas puede presentar una acción legal civil para reclamar al agresor el resarcimiento de los daños o puede solicitar una indemnización presentando una reclamación patrimonial y jurídica en virtud de la Ley de Procedimiento Penal, incluida la presentación de una denuncia penal contra el agresor. Si no es posible reclamar la indemnización al agresor, se puede solicitar una indemnización al Estado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Indemnización a las Víctimas de Delitos (que, de momento, no incluye a los ciudadanos de terceros países entre las personas que pueden acceder a la indemnización).
Desde hace varios años, el Gobierno cofinancia muchos programas de prevención y sensibilización, ejecutados por ONG y organizaciones humanitarias. Las actividades están dirigidas al público en general y a los grupos vulnerables (jóvenes, posibles víctimas de explotación laboral y trabajo forzoso, refugiados y migrantes, especialmente los menores no acompañados). Desde 2018, el programa de sensibilización de los jóvenes sobre la trata de personas aborda la cuestión de los matrimonios forzados y arreglados. El proveedor de servicios de alojamiento para situaciones de crisis realiza periódicamente talleres de prevención en escuelas primarias y secundarias de Eslovenia, y prepara y distribuye material informativo. Esto tiene por finalidad informar y sensibilizar a los jóvenes, los pedagogos y otros destinatarios sobre los peligros y las trampas de la trata de personas.
Desde hace varios años, se viene ejecutando el programa PATS (Asistencia y protección de las víctimas de la trata de personas) a fin de detectar a posibles víctimas de la trata de personas entre los solicitantes de protección internacional. Además, las entrevistas individuales con los menores, los menores no acompañados y las mujeres resultan especialmente importantes para poder brindar información sobre la trata de personas y las medidas de protección disponibles.
Un grupo de expertos se reúne periódicamente en el marco de la Oficina Gubernamental de Apoyo e Integración de las Personas Migrantes para examinar casos de violencia sexual y de género sobre la base del documento titulado “Procedimientos Operativos Estándar para la Prevención y Respuesta a la Violencia Sexual y de Género”, en el que también se definen formas de prestar asistencia a las víctimas de la trata de personas al aplicar dichos procedimientos.
En la lucha contra la trata de personas, Eslovenia concede gran importancia a la cooperación internacional, especialmente con los países de origen de las víctimas, a nivel operativo y estratégico. Se presta especial atención a las iniciativas orientadas a reforzar la cooperación internacional en el sureste de Europa. Para ello, se dispone de una red oficiosa de coordinadores nacionales iniciada por Eslovenia.
En 2020, la Asociación Ključ puso en marcha un proyecto trienal, cofinanciado por el Ministerio de Salud, que se centra en ofrecer diferentes tipos de apoyo a las personas que no están en condiciones de abandonar la prostitución o no pueden hacerlo o que no están listas para compartir información con las fuerzas del orden sobre los abusos que han sufrido. (Puede consultarse más información sobre el programa en el apéndice 3).
I.Participación en la vida política y pública
En las elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional celebradas en 2018, el 44 % de los candidatos eran mujeres y 22 mujeres resultaron elegidas entre 90 diputados (24,4 %). Debido a la designación de algunos diputados para el ejercicio de ciertas funciones, los números de mujeres y hombres pueden cambiar después de las elecciones. El 1 de enero de 2021 había 24 diputadas (26,7 %).
En las últimas elecciones locales, que tuvieron lugar en 2018, la proporción de mujeres en las listas de candidatos fue del 45,7 %, y, de los concejales municipales y de las ciudades electos, el 33,3 % eran mujeres. Un total de 692 hombres y 108 mujeres (13,5 %) se presentaron como candidatos a alcaldes, de los cuales resultaron elegidos 190 hombres y 22 mujeres (10,4 %). De conformidad con la Ley de Autogobierno Local, los romaníes cuentan con un representante en los concejos municipales de las zonas habitadas originalmente por la comunidad romaní. De los 20 concejales romaníes elegidos, 4 son mujeres (20 %).
Las elecciones al Consejo Nacional se celebran cada cinco años. De los 40 consejeros nacionales elegidos en 2017, 4 fueron mujeres (10 %).
Siguiendo el ejemplo del proyecto “Jornada de orientación con una política”, ejecutado en 2011 por la Oficina de Igualdad de Oportunidades y presentado en el informe anterior, la Asamblea Nacional y el Club de Diputados organizaron en 2019 y 2020 la iniciativa “Jornada con una diputada”. En el Día Internacional de la Mujer, algunas jóvenes interesadas en la política compartieron la jornada de trabajo de las diputadas y las acompañaron mientras realizaban sus actividades diarias. Además, asistieron juntas a una sesión del Club de Diputados. Esta actividad contribuye a difundir información y fomentar una mayor participación de las jóvenes en la política.
El nuevo Gobierno comenzó su mandato en la primavera de 2020. Está encabezado por el Primer Ministro y cuenta con 16 ministros, de los cuales 3 son mujeres (18,8 %). La proporción de mujeres entre los secretarios de Estado es del 33,3 %.
En las Fuerzas Armadas, la Policía y el servicio diplomático de Eslovenia se tiene muy en cuenta la participación de mujeres y hombres en profesiones que no se asocian habitualmente a su género. En 2019, la proporción de mujeres en las Fuerzas Armadas eslovenas era del 16,5 % y del 10,3 % en las misiones. En 2018, una mujer fue nombrada Jefa de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas por primera vez en el país y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En 2020, las mujeres constituían el 26 % de las fuerzas policiales y el 5 % de los rangos más altos estaban ocupados por mujeres. En 2018, una mujer fue nombrada por primera vez Directora General de la Policía. El 41,3 % de los embajadores del país son mujeres.
En las empresas más importantes que cotizan en bolsa, el 27,7 % de los presidentes, los miembros de las juntas administrativas y los representantes de los trabajadores son mujeres y hay un 24,6 % de mujeres entre los directores generales y los directores ejecutivos.
Con el objetivo de avanzar en el logro de una mayor representación de las mujeres en los órganos de gestión y supervisión de las empresas, y para elaborar (mejores) políticas sobre diversidad, la versión modificada de la Ley de Empresas (2021) dispone que las grandes y medianas empresas cuyos informes anuales son auditados deben dar a conocer en su política sobre diversidad la proporción de hombres y mujeres que integran los órganos de gestión y supervisión, la cual se determina teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, los objetivos que esta persigue y los efectos en los procedimientos de selección de los miembros de esos órganos.
El Ministerio de Desarrollo Económico y Tecnología también alienta activamente a las autoridades encargadas de aprobar los códigos de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, o de las empresas con participación del Estado en el capital social (empresas públicas, SDH, DUTB), a que incluyan el requisito de contar con una representación más equitativa de hombres y mujeres en los equipos directivos de las empresas (por ejemplo, al menos un 40 % de integrantes de cada género).
La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre, aprobada en 2019, trasladó las disposiciones ejecutivas sobre la aplicación del artículo 14 de la Ley al ámbito legislativo, e impuso a las comunidades locales y nacionales autónomas la obligación de respetar el principio de la representación equilibrada de género al designar o proponer representantes para los órganos de gestión y supervisión de las entidades públicas, salvo en determinados casos especificados. (Véase más información al respecto en el párrafo 47).
Según la Ley de Protección contra la Discriminación, el acoso por cualquier circunstancia personal, incluida la opinión política, constituye una forma de discriminación. El acoso se define como toda conducta no deseada, relacionada con cualquier circunstancia personal, que tiene por resultado o finalidad la creación de un entorno intimidatorio, hostil, degradante, vergonzoso u ofensivo para una persona, y que ofende su dignidad. El Defensor del Principio de Igualdad examinó 13 casos de acoso en 2019 (10 % del total de casos analizados) y 23 casos en 2020 (10,5 % del total de casos). En los informes no se señaló si alguno de los casos estaba relacionado con el denominado “acoso político”.
En 2015, el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades llevó a cabo un proyecto titulado “Equilibrar la balanza de poder entre los géneros”, orientado a llamar la atención sobre la falta de equilibrio en la representación de las mujeres y los hombres en los puestos de toma de decisiones. La campaña puso de relieve las conductas que contribuirían a lograr una representación más equilibrada de ambos géneros en las funciones de dirección y liderazgo en la política y la economía. Se utilizaron vallas publicitarias, anuncios de radio y sitios web para sensibilizar sobre la escasa proporción de mujeres en los puestos con capacidad de decisión o en los cargos más altos de los sectores de la economía y la política. Se advirtió de que era necesario que los hombres y las mujeres tuvieran poder de decisión, ya que las decisiones tomadas solo por personas de un género eran menos amplias y no contemplaban las necesidades de todos los grupos sociales.
J.Nacionalidad
La información sobre la legislación que rige el derecho de las personas suprimidas del Registro de Residentes Permanentes a recibir una indemnización se presentó en el documento que contenía la información de la República de Eslovenia sobre la aplicación de los informes prioritarios del Comité en 2017. Según la “Ley por la que se regulan las indemnizaciones por daños y perjuicios a raíz de la exclusión del Registro de Residentes Permanentes” podía solicitarse una indemnización en el marco de un procedimiento administrativo o judicial durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la Ley, lo que implica que el plazo de prescripción general se cumplió el 18 de junio de 2017. A aquellas personas que habían solicitado la expedición de un permiso de residencia permanente o la adquisición de la ciudadanía eslovena y que aún no habían obtenido una decisión al respecto se les concedió un plazo adicional de tres años a partir de la adopción de la decisión para presentar las solicitudes o acciones judiciales a fin de reclamar la indemnización. Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, se examinaron 1.101 solicitudes para la determinación de una indemnización monetaria en el marco de un procedimiento administrativo, de las cuales 576 se concedieron (194 presentadas por mujeres). El importe total de las indemnizaciones concedidas mediante procedimientos administrativos ascendió a 1.367.250 euros en 2016 (el importe medio de las indemnizaciones fue de 5.238,51 euros) y de 1.422.600 euros en 2017 (el importe medio de las indemnizaciones fue de 4.855,29 euros). Entre 2016 y 2020, se registraron 106 demandas presentadas por mujeres a través de procedimientos judiciales, por un importe total de 4.457.780 euros. En cinco casos se concedió lo solicitado por las demandantes (por un valor total de 81.189,30 euros), y en 55 casos se llegó a un acuerdo judicial (por un valor total de 420.454 euros).
El Ministerio del Interior tenía reservas con respecto a la ratificación de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961, debido a que su artículo 12 establece la aplicación retroactiva del artículo 1 a las personas nacidas en Eslovenia antes de que la Convención entrara en vigor. Esto plantea la cuestión de la adquisición de la ciudadanía eslovena en virtud de condiciones simplificadas por parte de las personas que nacieron en Eslovenia pero debieron adquirir la ciudadanía de otra de las repúblicas de la ex-Yugoslavia de conformidad con la legislación vigente en el momento de su nacimiento. Independientemente de los hechos mencionados, la Ley de Ciudadanía de la República de Eslovenia en vigor actualmente incluye varios elementos que evitan que se produzca la apatridia, en particular, permite que los niños nacidos en Eslovenia adquieran la ciudadanía eslovena si sus padres son apátridas o tienen una ciudadanía no determinada, o si el niño es encontrado en el territorio de Eslovenia. Los menores de edad reciben un trato especial en los procedimientos de adquisición de la ciudadanía eslovena en los casos en que la denegación de la ciudadanía genere apatridia. La Ley también establece que una persona apátrida puede adquirir la ciudadanía eslovena mediante el procedimiento de naturalización tras haber vivido continuamente en el país durante cinco años. La ciudadanía eslovena solo se anula si la persona tiene una ciudadanía extranjera asegurada. Con respecto a algunos puntos, la Ley de Ciudadanía de la República de Eslovenia establece condiciones para la concesión de la ciudadanía más sencillas que las recomendadas en la Convención (como la adquisición incondicional de la ciudadanía por origen, si ambos padres del niño son ciudadanos eslovenos, o por consentimiento, si uno de los padres es ciudadano esloveno).
Según lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo 12, las personas apátridas pueden adquirir la ciudadanía eslovena en función de condiciones simplificadas. Entre 2006 y 2020, 20 personas solicitaron la ciudadanía teniendo en cuenta esta base jurídica, de las cuales 12 eran mujeres (cuatro mujeres en los últimos cinco años).
K.Educación
En Eslovenia hay prácticamente el mismo número de niñas y niños en las escuelas primarias y secundarias. Según los datos de la Oficina de Estadística, en el año escolar 2019/2020, el 48,6 % de los alumnos de primaria eran niñas. No se observan grandes diferencias en la proporción de niñas en las escuelas primarias de la región oriental, menos desarrollada (48,5 %), y la región occidental, más desarrollada (48,8 %). En 2019/2020, las niñas representaban el 48,5 % de los estudiantes de educación secundaria. La mayor parte de los alumnos de la enseñanza secundaria están matriculados en la educación secundaria técnica y profesional (el 47,0 % o el 49,2 % de todos los alumnos varones y el 44,7 % de todas las alumnas mujeres), seguida de la educación secundaria general (el 34,7 % o el 25,9 % de todos los alumnos varones y el 44,0 % de todas las alumnas mujeres), la educación secundaria profesional (el 16,8 % o el 22,7 % de todos los alumnos varones y el 10,5 % de todas las alumnas mujeres) y la educación profesional inferior (el 1,5 % o el 2,1 % de todos los alumnos varones y el 0,8 % de todas las alumnas mujeres). Las niñas predominan en la educación secundaria general (61,6 %), pero la proporción es inferior en la educación secundaria técnica y la educación profesional de otro tipo (46,1 %), en la educación secundaria profesional (30,3 %) y en la educación profesional inferior (27,0 %). El desequilibrio de género en la enseñanza secundaria es mayor en los estudios relativos a la tecnología de la información y las comunicaciones (4,8 % de alumnas) y la tecnología, la tecnología de la producción y la construcción (11,24 % de alumnas). En cambio, las alumnas predominan en los estudios relativos a la educación (89,99 %), las ciencias de la salud y las ciencias sociales (75,9 %) (cuadros 15, 18, 19 y 20).
Según la Oficina de Estadística, en el año escolar 2019/2020, había 13.302 alumnos con necesidades especiales matriculados en programas de enseñanza primaria ordinaria o adaptada, de los cuales el 33,2 % eran niñas. De esos alumnos, 2.511 niños, es decir, el 18,9 %, estaban inscritos en programas de enseñanza primaria adaptada, y los demás estaban inscritos en programas de enseñanza primaria ordinaria. En lo que respecta a sus trastornos en particular, las niñas constituían el 40,8 % de los alumnos con trastornos mentales, el 40,0 % de los alumnos ciegos y con deficiencias visuales, el 43,8 % de los alumnos sordos y con deficiencias auditivas, el 33,3 % de los alumnos con discapacidades motoras y el 39,8 % de los alumnos con enfermedades crónicas (cuadro 16).
Según los datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, en 2020/2021 Eslovenia contó con 28 escuelas primarias para niños con necesidades especiales, 21 escuelas primarias con programas para niños con necesidades especiales, 15 instituciones para niños y menores con necesidades especiales y 4 centros de formación, trabajo y atención, que cubrieron las necesidades de todo el país. En el año escolar 2020/2021, 15.270 niños con necesidades especiales se inscribieron en programas de educación primaria. Un total de 2.124 alumnos están matriculados en programas de educación adaptada con un nivel académico inferior, de los cuales el 36,9 % son niñas, y 1.563 alumnos están matriculados en programas de educación especial para niños con trastornos mentales moderados, graves y muy graves y otros programas especiales, de los cuales el 39,6 % son niñas.
Las mujeres constituyen la mayoría de los estudiantes matriculados en la educación terciaria. Según los datos de la Oficina de Estadística, en el año académico 2019/2020, la proporción de mujeres fue del 57,3 %, lo que equivale al mismo nivel del año académico 2015/2016 (57,6 %). En los últimos cinco años, la proporción de jóvenes de ambos géneros matriculados en universidades e instituciones de enseñanza superior ha disminuido ligeramente. En el año académico 2015/2016, el 46,7 % de los estudiantes de la educación terciaria tenían entre 20 y 24 años (55,8 % de mujeres y 37,9 % de hombres); en 2019/2020, la proporción fue del 43,8 % (54,5 % de mujeres y 34,6 % de hombres).
En el año académico 2019/2020, 10.662 estudiantes se inscribieron en programas de instituciones de educación superior, de los cuales el 38,5 % eran mujeres; 19.696 estudiantes se matricularon en programas de formación profesional superior, de los cuales el 57,0 % eran mujeres, y 22.237 estudiantes se inscribieron en programas universitarios, de los cuales el 60,8 % eran mujeres. Los programas de maestría contaron con 20.827 estudiantes, de los cuales 13.327 (64,0 %) eran mujeres. Los programas de doctorado contaron con 3.306 estudiantes, de los cuales más de la mitad eran mujeres (54,1 %) (cuadro 21).
En los últimos años, no se han registrado cambios importantes en cuanto a la selección de los estudios. Las mujeres siguen predominando en los programas relativos a la atención de la salud y el trabajo social (76,9 %) y en el trabajo pedagógico (87,4 %), y la proporción de mujeres es inferior en los programas de tecnología de la información y las comunicaciones (16,7 %). En los programas de ciencias naturales, matemáticas y estadística, el 57,3 % de los estudiantes son mujeres (cuadro 22).
Las mujeres constituyen la mayoría de los graduados de la educación terciaria. En 2019, el 60,0 % de los estudiantes que concluyeron satisfactoriamente sus estudios superiores eran mujeres. Las mujeres representaron el 61,1 % de los graduados de la enseñanza superior profesional y universitaria, el 66,2 % de los graduados de maestría y el 54,3 % de los graduados de doctorado.
Ese mismo año, las mujeres constituyeron el 63,3 % de los graduados de los programas de educación superior profesional y universitaria en ciencias naturales, matemáticas y estadística, el 15,8 % de los graduados en tecnología de la información y las comunicaciones, y el 23 % de los graduados en tecnología, tecnología de la producción y construcción.
También en 2019, las mujeres representaron el 67 % de los graduados de programas de maestría en ciencias naturales, matemáticas y estadística, el 14,9 % de los graduados de programas de maestría en tecnología de la información y las comunicaciones y el 34,9 % de los graduados de programas de maestría en tecnología, tecnología de la producción y construcción.
Además, 54 mujeres (54,5 %) obtuvieron un doctorado en ciencias naturales, matemáticas y estadística y 29 mujeres (35,4 %), en tecnología de la producción y construcción. Ninguna mujer obtuvo un doctorado en la esfera de la tecnología de la información y las comunicaciones.
Se realizan algunas actividades para alentar a las mujeres a matricularse en programas de estudio no tradicionales. Desde 2018, se lleva a cabo una competencia para elegir al ingeniero del año en el marco del proyecto “Inženirji in inženirke bomo!” (¡Convertirse en ingeniero!), ejecutado por diversas organizaciones y empresas y apadrinado por el Presidente del país. El proyecto promueve las profesiones relacionadas con la ingeniería y anima a las mujeres a elegir ese tipo de estudios. En 2020, se puso en marcha la aplicación KAMbi (Hacia dónde), que está orientada a alentar a los jóvenes a tener en cuenta la ingeniería como programa de estudio.
Se están llevando a cabo muchas actividades para reforzar el papel de los centros de orientación profesional que funcionan en las instituciones de enseñanza superior, así como para ofrecer un apoyo integral a los estudiantes. Además de brindar orientación profesional, los centros sensibilizan e informan a los profesionales y a los estudiantes sobre la importancia de tener en cuenta a todos los estudiantes por igual, independientemente de su género o cualquier otra circunstancia especial. Mediante la organización de diversas actividades temáticas, los centros dan a conocer las trayectorias educativas y profesionales de algunas mujeres exitosas en ámbitos en los que las mujeres están mucho menos representadas que los hombres.
La asignación de fondos orientados a financiar las actividades de estudio de instituciones de enseñanza superior públicas y privadas con el fin de ofrecer programas de estudio subvencionados se evalúa teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo con efectos sistémicos o sociales más amplios. En el período contractual 2021‑2024, el Ministerio de Educación también se centra en promover estudios y aumentar la matriculación en la esfera de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (programas de ingeniería), así como en generar soluciones para incluir a grupos no tradicionales de candidatos en la enseñanza superior, principalmente a las mujeres.
Mediante la concesión de becas, Eslovenia promueve la educación y la obtención de un nivel de educación superior, mejora la empleabilidad de los jóvenes y contribuye a reducir el tiempo que lleva completar los estudios superiores. Las becas sirven para disminuir la desproporción entre la formación de los jóvenes y la demanda de recursos humanos en el mercado de trabajo. Existen diferentes tipos de becas: las becas estatales facilitan o simplifican la escolarización de los alumnos de secundaria y los estudiantes de familias con una posición social menos favorable; las becas Zois financian la escolarización de los estudiantes talentosos; las becas Ad futura ayudan a los jóvenes a estudiar en el extranjero; la cofinanciación de las becas concedidas por empresas alienta a los empleadores a planificar y adquirir recursos humanos adecuados; las becas destinadas a los eslovenos que viven en el extranjero refuerzan su conexión con la patria y les permiten estudiar en Eslovenia; y las becas para profesiones poco frecuentes animan a los alumnos a elegir profesiones en las que hay escasez de recursos humanos. Las mujeres que pertenecen a grupos marginados pueden acceder a las becas estatales. La Ley de Becas establece las condiciones según las cuales las personas cuyos ingresos medios mensuales por miembro de la familia no superen los 680,56 euros pueden acceder a una beca. Las mujeres que pertenecen a las familias con los ingresos más bajos (cuyos ingresos medios mensuales por persona ascienden a 319,01 euros) pueden optar a una beca de 97,28 euros al mes (hasta los 18 años) o de 194,56 euros (a partir de los 18 años).
En 2020, se emitieron 151.823 decisiones sobre la concesión de becas estatales, de las cuales 132.062 fueron positivas. Las mujeres recibieron 67.614 becas (51 %). Hubo 1.073 nuevos beneficiarios de la beca Zois, de los cuales 627 eran mujeres (58,4 %). Ese año se concedieron también 1.007 nuevas becas para profesiones poco frecuentes (132 destinadas a mujeres (13,1 %)) y 423 becas de empresas (75 otorgadas a mujeres (17 %)). En 2020 se destinaron 71.753.296,47 euros a becas estatales, 9.093.188,50 euros a becas Zois y 3.328.819,20 euros a becas para profesiones poco frecuentes. El importe medio de la beca estatal en 2020 fue de 112,00 euros.
Según la encuesta de educación de adultos, 661.326 personas recibieron educación formal e informal en 2016, de las cuales 325.653 eran hombres (49,2 %) y 335.673 eran mujeres (50,8 %). En el marco de las políticas activas de empleo, se está ejecutando un programa que permite completar la educación formal, especialmente el nivel primario. En 2020 (teniendo en cuenta un período de 11 meses), el 45 % de los participantes fueron mujeres, frente al 40 % en 2019.
La educación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos está incluida en el plan de estudio de la enseñanza primaria (en el marco de las asignaturas de biología y ética y cultura del país). También se llevan a cabo programas educativos similares en diversas facultades relacionadas con la salud y las ciencias sociales (por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Artes y la Facultad de Medicina de la Universidad de Liubliana).
El Ministerio de Educación busca resolver la cuestión de la violencia y el acoso sexual y de otro tipo en el ámbito de la enseñanza superior eslovena y, junto con algunas universidades públicas, está preparando un estudio sobre ese fenómeno. Los resultados servirán de punto de partida para la adopción de las medidas necesarias, que se señalarán en el estudio.
L.Empleo
Según la encuesta de población activa de la Oficina de Estadística, la tasa de empleo de las mujeres y los hombres de entre 20 y 64 años ha aumentado en los últimos años y ha pasado del 69,1 % en 2015 al 75,6 % en 2020; la tasa relativa a las mujeres ha pasado del 64,7 % al 72,4 % y la tasa relativa a los hombres ha pasado del 73,3 % al 78,6 %. La tasa más alta corresponde a las mujeres de 40 a 44 años (89,5 %) y a los hombres de esa misma edad (93,1 %) (cuadro 24).
Los datos sobre las personas mayores de 15 años con empleo muestran que prácticamente no hay diferencias entre las zonas rurales y las urbanas. En 2019, la tasa de empleo en las zonas urbanas fue del 50,3 % entre las mujeres y del 55,0 % entre los hombres, y, en las zonas rurales, la tasa fue del 50,9 % entre las mujeres y del 56,1 % entre los hombres (cuadro 25).
En lo que respecta al ámbito de actividad, la mayoría de las mujeres trabajan en los sectores de la atención médica y social (81,0 %; 81,9 % en zonas urbanas y 79,7 % en zonas rurales), educación (79,9 %; 78,4 % en zonas urbanas y 81,8 % en zonas rurales), otras actividades (73,9 %; 73,9 % en zonas urbanas y 73,8 % en zonas rurales) y servicios de alojamiento y alimentación (61,9 %; 59,4 % en zonas urbanas y 65,5 % en zonas rurales). Los sectores con menor porcentaje de mujeres empleadas son los de la construcción (9,3 %; 7,7 % en zonas urbanas y 11,1 % en zonas rurales) y gestión de los recursos hídricos y los desechos y rehabilitación del medio ambiente (17,1 %; 16,7 % en zonas urbanas y 17,5 % en zonas rurales). Como se desprende de estos datos, no hay diferencias importantes entre las zonas urbanas y rurales (cuadro 27).
Según el Registro Estadístico, a finales de 2019, 35.036 personas con discapacidad tenían empleo (de las cuales el 68 % se encontraban en zonas urbanas y el 32 % en zonas rurales), lo que equivale a alrededor del 4 % de todas las personas con empleo en ese año. Desde 2015, el número de personas con discapacidad que trabajan aumentó un 13,6 %. A finales de 2019, la proporción de mujeres con discapacidad que trabajaban era un 3,9 % superior a la de los hombres (en las zonas urbanas había un 8,9 % más de mujeres que de hombres, mientras que en las zonas rurales había un 6 % menos de mujeres que de hombres). A finales de 2015, la situación era diferente: había un 5,7 % menos de mujeres que de hombres. A finales de 2019, la mayoría de las personas con discapacidad que trabajaban tenían estudios secundarios (64 %), y, entre esas personas, había más hombres (54 %) que mujeres (46 %). La proporción de personas con discapacidad que trabajaban y tenían estudios secundarios o de otro nivel inferior era mayor que la proporción que había realizado estudios superiores (una quinta parte tenía, como máximo, estudios de educación secundaria, y aproximadamente una sexta parte había realizado estudios superiores). Entre las personas con educación superior, la proporción de mujeres (65,5 %) era mayor que la de hombres (34,5 %). Más de dos tercios de las personas con discapacidad que trabajaban lo hacían en el sector privado. Más de la mitad de las personas con discapacidad que trabajaban tenían entre 50 y 59 años (56 %).
En 2019, 17.000 personas trabajaban en el sector informal de la economía (asistentes y familiares, y trabajo por pago directo) (49,7 % mujeres y 50,3 % hombres). La mayor parte de las personas trabajaban en las zonas rurales (14.000 personas), de las cuales el 51,3 % eran mujeres y el 48,7 % eran hombres. En las zonas urbanas, la proporción de mujeres era del 40,4 % (cuadro 28).
Según la encuesta de población activa, la tasa de desempleo de los mayores de 15 años se ha reducido en los últimos años. Desde 2016, cuando era del 9 % (10,1 % entre las mujeres y 8,1 % entre los hombres), se ha reducido al 5 % (5,7 % entre las mujeres y 4,4 % entre los hombres) en 2019. En el caso de las mujeres, la tasa disminuyó en 4,4 puntos porcentuales y, en el caso de los hombres, en 3,7 puntos porcentuales. La tasa de desempleo más alta se registró entre los más jóvenes: en el grupo de edad de 25 a 29 años para las mujeres (8,9 %) y en el grupo de edad de 20 a 24 años para los hombres (5,9 %). No se registran diferencias considerables entre las zonas rurales y urbanas en lo que respecta a la tasa de desempleo, que es ligeramente superior en el medio urbano. En 2019, la tasa de desempleo de los mayores de 15 años en las zonas urbanas fue del 4,8 % (5,1 % entre las mujeres y 4,4 % entre los hombres), y en las zonas rurales fue del 4,1 % (4,7 % entre las mujeres y 3,6 % entre los hombres) (cuadros 30 y 31).
Los datos del registro de personas desempleadas que mantiene el Servicio de Empleo de Eslovenia muestran que no hay diferencias en las cifras de los hombres y las mujeres. El porcentaje de mujeres desempleadas fue del 51 % en 2020, un valor muy similar al de 2019 (50 %). Además del éxito de las medidas de intervención aplicadas para preservar el empleo de las mujeres (puede consultarse más información al respecto en las secciones 2 y 3), un factor importante ha sido la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en los programas de empleo. En once meses de 2020, todas las medidas de políticas activas de empleo incluyeron un 53 % de mujeres y, de los participantes del programa de educación y formación, el 56 % fueron mujeres.
De conformidad con la Ley de Relaciones Laborales, la celebración de contratos de trabajo de duración determinada es una excepción a la que solo puede recurrir el empleador si se cumplen determinadas condiciones establecidas en la ley y en el contrato colectivo sectorial, en los cuales se establecen las razones que justifican este tipo de contrato (reemplazo de un trabajador, trabajo estacional, trabajo en el marco de proyectos) cuando existe la necesidad de contar con mano de obra por un tiempo limitado. Estos contratos pueden celebrarse por un período máximo de dos años, salvo en casos especiales. El empleo de una mujer embarazada en virtud de un contrato de trabajo de duración determinada finaliza cuando concluye el plazo del contrato. Al finalizar el contrato, la mujer embarazada puede, si está desempleada, inscribirse en el Servicio de Empleo y recibir una prestación por desempleo de acuerdo con la Ley de Regulación del Mercado de Trabajo. También tiene derecho a recibir una paga por maternidad y una prestación parental si ha estado asegurada conforme a la Ley de Protección Parental y Prestaciones Familiares durante al menos 12 meses en el período de tres años anterior a la ejecución del derecho a recibir esas prestaciones.
Según Eurostat, en 2019 se registró una brecha salarial de género del 7,7 %, lo que implica un aumento de 0,1 puntos porcentuales con respecto al valor de 2015. Las estadísticas estructurales de la Oficina de Estadística sobre los salarios indican que el sueldo bruto medio en 2019 ascendió a 1.851 euros (1.700 euros para los hombres y 1.790 euros para las mujeres). La brecha salarial fue del 5,8 %, lo que entraña una disminución de 0,1 puntos porcentuales con respecto a 2015. En cuanto a la ubicación por región, la mayor brecha salarial se registró en la región estadística de Gorenjska (9,4 %) y la menor diferencia se registró en el sudeste del país (0,7 %).
En 2019, el sueldo bruto mensual medio de las personas con discapacidad que trabajan ascendió a 1.389 euros, lo que equivale al 75 % del sueldo bruto mensual medio de todas las personas empleadas en Eslovenia. Las personas con discapacidad empleadas en las zonas urbanas ganan un 9,1 % más que las que trabajan en las zonas rurales. En 2019, los hombres con discapacidad ganaron, en promedio, un 8 % más que las mujeres con discapacidad.
El seguro de pensión y discapacidad forma parte del sistema de seguro social, se basa en el principio de solidaridad y funciona conforme a un sistema de flujo. Según lo establecido por la ley, la inclusión en el seguro de pensión y discapacidad es obligatoria e igual para todos los asegurados. A la hora de hacer efectivo el derecho a la pensión de jubilación, se aplican las mismas condiciones para los hombres y las mujeres. De conformidad con la Ley del Seguro de Pensión y Discapacidad, una persona adquiere el derecho a recibir una pensión de jubilación a los 65 años de edad si ha estado asegurada por al menos 15 años. Toda persona que tenga 60 años de edad y 40 años de aportaciones al sistema sin adquirir años de aportación adicionales tiene derecho a la pensión por jubilación. El límite de edad para adquirir el derecho a la pensión por jubilación puede reducirse por diversos motivos, como el cuidado de los hijos, la inclusión obligatoria en el seguro de pensión y discapacidad antes de los 18 años, etc. En algunos casos, la reducción del límite de edad puede variar entre los hombres y las mujeres.
Si una persona alcanza los 40 años de aportación al cumplir 60 años, puede acceder a una pensión de jubilación anticipada. En ese caso, la persona recibe una pensión reducida (llamada malus), que es permanente. La reducción del límite de edad no puede aplicarse en la concesión de la pensión anticipada, aunque sí puede aumentarse el porcentaje por el cuidado de los hijos.
El importe de la pensión de jubilación depende del monto de la base de cotización de la pensión y la tasa de acumulación, que aumenta a mayor período de aportación. Para 15 años de aportación, se aplica una tasa de acumulación del 29,5 % de la base, que se incrementa en un 1,36 % por cada año siguiente de aportación completado. Estos cálculos ya se aplican para las mujeres y se aplicarán para los hombres en el período de transición que se extenderá hasta 2023. No existe un límite máximo para la tasa de acumulación. Al prolongar la actividad laboral, una persona puede aumentar la tasa de acumulación y el importe de su pensión.
La tasa de acumulación puede incrementarse en concepto de cuidado de los hijos por un año (un 1,36 %) por cada hijo, hasta un máximo de tres hijos (un 4,08 %). Toda mujer u hombre que haya hecho uso de una licencia parental durante 120 días puede aplicar una tasa de acumulación adicional si así lo acuerda con el otro progenitor.
El derecho a la pensión de discapacidad se concede a toda persona asegurada con una discapacidad de categoría 1 y, en algunos casos determinados por la ley, a las personas con una discapacidad de categorías 2 y 3. Toda persona asegurada puede adquirir el derecho a recibir una pensión de discapacidad si sufre una lesión en el lugar de trabajo o una enfermedad profesional; también puede obtener una pensión si padece una enfermedad o lesión ajena al trabajo, aunque, en este caso, es necesario que la persona haya estado incluida en el seguro obligatorio durante un determinado período de tiempo. El importe de la pensión de discapacidad depende del género (se aplican diferentes porcentajes de acumulación en el período de transición que se extenderá hasta 2023) y de la edad, el motivo de la discapacidad, los años de aportación completados y los salarios o las bases de cotización del seguro.
Según los datos del Ministerio de Educación, la educación preescolar en 2020 fue proporcionada por 966 jardines de infancia y sus dependencias conexas, de los cuales 851 son públicos y 115 son privados. La mayoría de los niños asistieron a jardines de infancia públicos (94,3 %). La información de la Oficina de Estadística indica que, en el inicio del año escolar 2019/2020, había 87.708 niños matriculados en jardines de infancia, lo que equivale al 82,8 % de todos los niños de entre 1 y 5 años. En el último decenio, el número de niños que asisten a jardines de infancia ha aumentado en un 25 %, de 71.124 (2009/2010) a 87.708 (2019/2020) (cuadros 13 y 14).
En el año escolar 2019/2020, el 94,1 % de los niños de entre 1 y 5 años estaban matriculados en jardines de infancia, lo que supone 6 puntos porcentuales más que hace diez años. La matriculación de los más pequeños (niños de 1 y 2 años) está aumentando y, en 2019/2020, el 67,5 % de los niños de esa edad estaban matriculados en jardines de infancia (frente a la mitad de esa cifra en 2009/2010).
Desde 2014, el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades ha ejecutado programas que ofrecen distintas formas de ayuda a las familias, lo que les permite reducir diversos tipos de riesgo y mejorar su calidad de vida. Se trata de programas ampliamente accesibles y de calidad, basados en conceptos modernos de apoyo y (auto)ayuda, que, entre otras cosas, contribuyen a reducir las desigualdades en la sociedad y aumentar la inclusión social de las familias y las personas y mejoran la situación de las familias vulnerables. Estos programas también están orientados a la conciliación de la vida profesional y familiar, ya que ofrecen talleres y actividades vacacionales para los niños. Los fondos para los programas de apoyo a las familias se incrementaron considerablemente: de 668.118,32 euros para 2020 a 978.000,00 euros para 2021. En el período 2021-2025 se financiarán 12 programas de centros familiares. Se ejecutan programas en todo el país.
En 2019 y 2020, 15 centros multigeneracionales llevaron a cabo diversos programas en todas las regiones. Los programas están orientados a evitar que las personas sufran de exclusión social y caigan en la pobreza, por lo que se destinan especialmente a los grupos con alto riesgo de exclusión social. Los centros multigeneracionales ofrecen talleres educativos y actividades para el desarrollo de competencias en diversas esferas, contenidos destinados a facilitar la conciliación de la vida profesional y familiar, actividades vacacionales para niños y servicios ocasionales de cuidado de niños, así como información para prevenir la violencia doméstica.
Eslovenia aún no ha decidido adherirse al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189), porque los trabajadores domésticos no están excluidos ni reciben un trato diferente al de otros empleados. Como miembro de la Unión Europea, Esloveniano puede ratificar el Convenio de la OIT sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (núm. 190) debido a que el Consejo aún no ha adoptado la decisión por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar ese Convenio en interés de la Unión Europea. Si bien el contenido del Convenio no es contradictorio al ordenamiento jurídico vigente de la Unión Europea, se refiere a algunos ámbitos del derecho europeo, por lo que los Estados miembros no pueden ratificarlo de manera individual.
M.Salud
Como se ha señalado en informes anteriores, la protección y promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos están regulados por la Ley de Atención Médica y Seguro de Salud. En Eslovenia, la atención de la salud reproductiva de las mujeres se ofrece en el marco de la atención primaria de la salud, según lo cual cada mujer puede elegir a su propio ginecólogo y obstetra como médico personal o médico para el que no se necesita derivación. El programa de atención preventiva de la salud sexual y reproductiva se establece conforme a las “Normas para la realización de la atención médica preventiva en el nivel primario”. Los programas de atención preventiva de la salud reproductiva incluyen controles médicos y orientación en materia de planificación familiar o el uso de métodos anticonceptivos, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y la infertilidad a la que pueden dar lugar, controles preventivos durante el embarazo, exámenes y orientación después del parto, la interrupción espontánea o artificial del embarazo y el embarazo extrauterino, actividades de prevención en el marco de la atención de enfermería comunitaria (visitas preventivas a la mujer embarazada, la madre que ha dado a luz recientemente y el recién nacido) y la promoción de la atención médica y la salud. Como parte de la atención primaria de la salud reproductiva de las mujeres, se realizan controles preventivos para la detección del cáncer cervicouterino en el marco del programa estatal de detección ZORA.
Desde hace más de diez años, la vacuna contra el papilomavirus humano está disponible de forma gratuita para las niñas, y se prevé que a partir de 2021/2022 la vacuna también estará disponible para los niños.
En lo que respecta al tratamiento de la infertilidad, el seguro médico cubre seis procedimientos de procreación asistida médicamente para el primer hijo y cuatro procedimientos para cada hijo siguiente.
Toda persona que desee ser esterilizada en Eslovenia debe presentar una solicitud a un comité especial de esterilización y esperar durante un plazo de seis meses después de concedida la aprobación.
En los últimos años se han llevado a cabo en Eslovenia numerosos proyectos destinados a satisfacer las necesidades de los grupos vulnerables, incluida la verificación de la accesibilidad de las instituciones sanitarias para las personas con discapacidad.
La cuestión de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de atención médica se incluyó en varios proyectos. El Instituto Nacional de Salud Pública incluyó esta cuestión entre los temas del proyecto MoST (Modelo de Enfoque Comunitario para la Promoción de la Salud y la Reducción de las Desigualdades en materia de Salud en las Comunidades Locales (2017-2020)), cuyo amplio marco ha mejorado la atención preventiva de la salud en el nivel primario y la articulación de las estructuras a nivel de las comunidades locales para reducir las desigualdades en materia de salud. Se publicó una monografía científica titulada “Inequalities and Vulnerabilities in Health Care in Slovenia: Qualitative Research in 25 Environments” (Desigualdades y vulnerabilidades en la atención médica en Eslovenia: estudio cualitativo en 25 entornos). Los resultados han puesto de relieve la vulnerabilidad de muchos grupos muy heterogéneos que se enfrentan a numerosos obstáculos estructurales, incluidos impedimentos para acceder a las instituciones sanitarias y de otro tipo. Se elaboró una publicación sobre normas de mediación intercultural en la atención médica a fin de ayudar a superar los obstáculos lingüísticos y culturales. Se organizó una actividad de formación dirigida a los trabajadores de la salud con el fin de ayudarlos a adquirir las competencias necesarias para incluir a las personas con trastornos motores y sensoriales en los programas de prevención. En el marco del proyecto SOPA (Juntos por una actitud responsable frente al alcohol), se prestó especial atención a la inclusión de grupos con diversos tipos de vulnerabilidad. Durante la epidemia de COVID-19, se publicaron las Instrucciones y Recomendaciones Básicas para Trabajar con Grupos Vulnerables durante la Epidemia de COVID-19 y las Recomendaciones relativas a las Personas de Edad durante la Nueva Epidemia de COVID-19, en las que se hizo especial hincapié en las personas de edad con discapacidad.
En el ámbito de la salud reproductiva, se elaboraron recomendaciones para identificar y orientar a las mujeres embarazadas y las que han dado a luz recientemente que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ejemplo las que tienen problemas de salud mental o de adicciones, las víctimas de la violencia, las inmigrantes, etc.
En un momento en el que intentamos superar las consecuencias que ha generado en nuestra sociedad la crisis sanitaria, social y económica, la epidemia de COVID‑19 plantea nuevos retos en cuanto a los riesgos para la salud mental.
La Resolución sobre el Programa Nacional de Salud Mental (2018-2028), adoptada en 2018, es el primer documento estratégico con un plan a largo plazo en el ámbito de la salud mental en Eslovenia. El Programa Nacional abarca desde la promoción de la salud mental, la atención temprana y el tratamiento hasta la rehabilitación psicosociológica, el seguimiento, la evaluación y el control de la calidad de la ejecución de las actividades y los programas. El Programa establece una red de proveedores de servicios de salud mental y transfiere las actividades fundamentales del tratamiento de la salud mental del nivel de atención secundaria de la salud al nivel de atención primaria. Se prevé contar con 25 centros de salud mental para niños y jóvenes en la atención primaria de la salud y con el mismo número de centros de salud mental para adultos. Actualmente, hay 10 centros de salud mental para niños y jóvenes y 10 centros para adultos (que también tienen equipos móviles para el tratamiento en grupo).
En el marco de los programas de protección y promoción de la salud, el Ministerio de Salud cofinancia y apoya programas de servicios preventivos de atención primaria de la salud mental, haciendo especial hincapié en programas destinados a los grupos más vulnerables y de difícil acceso, y en la inclusión de esos grupos en programas de asistencia, como el programa de asistencia a las víctimas, que está dirigido especialmente a las mujeres que son víctimas de infracciones penales, las mujeres detenidas y las condenadas que se encuentran en prisión, y el programa de asistencia a las mujeres y los niños que ejercen la prostitución.
El Ministerio de Salud ha cofinanciado un proyecto de investigación sobre la prevalencia de experiencias penosas en la infancia y los efectos a largo plazo en la salud y el desempeño en la edad adulta. El proyecto ha permitido detectar la ocurrencia de experiencias negativas en la infancia, en particular la exposición a diferentes tipos de violencia o abuso. Los resultados contribuirán a ofrecer servicios que tendrán en cuenta la existencia de traumas en el marco de la atención médica y social y en la educación.
Durante la epidemia, Eslovenia garantizó equipos de protección personal a los trabajadores de la salud, y dispuso el traslado de las personas que corrían un mayor riesgo a lugares de trabajo de menor exposición, así como el acceso prioritario de esas personas a la vacunación contra la COVID-19.
N.Empoderamiento económico de las mujeres
El Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades ofrece un gran número de transferencias sociales y programas de protección social para garantizar la máxima inclusión social de todas las personas. Una parte relativamente alta de los fondos se destina a transferencias relacionadas con la supervivencia (otorgadas en el marco del sistema de bienestar social más amplio), que son eficaces para reducir la pobreza y la exclusión social. Durante la crisis económica, Eslovenia no ha reducido la asistencia social monetaria, la ayuda social monetaria extraordinaria ni el apoyo a los ingresos. Tampoco se realizaron intervenciones de ese tipo en relación con las prestaciones por hijos que reciben los beneficiarios pertenecientes a los grupos con ingresos más bajos. Por el contrario, durante la peor etapa de la crisis económica, se prestó mayor atención al cálculo del importe de la asistencia social monetaria y el apoyo a los ingresos destinado a algunas categorías de personas en situación de mayor riesgo, como las personas de edad. Cabe destacar que las medidas de austeridad aplicadas durante la crisis no incidieron en la posición social de los más vulnerables. Las medidas de austeridad en el ámbito de los fondos públicos se eliminaron en su mayoría el 1 de enero de 2019.
El importe de la prestación por hijo a cargo otorgada a las familias con los ingresos más bajos asciende a 117,04 euros para el primer hijo (128,75 euros para el segundo hijo y 140,47 euros para el tercero). A raíz de la eliminación de las medidas de austeridad, también se concederá la prestación por hijo a cargo a las personas que pertenecen a los niveles de ingresos séptimo y octavo. Las familias cuyos ingresos medios mensuales por persona no superan los 1.052,75 euros tienen derecho a la prestación por hijo a cargo. También se ha reducido el nivel de ingresos al que se puede pertenecer para recibir una beca estatal, lo que significa que los alumnos y estudiantes que tengan ingresos medios mensuales por miembro de la familia inferiores a 680,56 euros reciben la beca más baja, es decir, 35,84 euros para los menores y 71,68 euros para los mayores de 18 años.
En promedio, las mujeres ganan menos que los hombres, y el importe medio de sus pensiones es inferior, lo que se traduce en una mayor tasa de riesgo de pobreza. Según Eurostat, en 2019, la brecha de género en las pensiones de los jubilados mayores de 65 años ascendió al 16,4 %, lo que equivale al doble de la brecha salarial. En 2019, el riesgo de pobreza fue del 13 % para las mujeres y del 10,9 % para los hombres. La tasa de riesgo de pobreza entre las mujeres mayores de 75 años fue del 28,1 %, frente al 12,7 % entre los hombres del mismo grupo de edad (cuadro 32). Con mayor frecuencia, las mujeres de edad que corren mayor riesgo de pobreza viven en hogares integrados por una sola persona y, en su período de actividad laboral, tenían empleos con remuneraciones más bajas que los hombres y períodos de trabajo más reducidos que los hombres, por lo que sus pensiones son más bajas.
En 2019, la proporción de mujeres entre los trabajadores autónomos fue del 30,5 %, el 28,8 % en las zonas rurales y el 32,2 % en las zonas urbanas (cuadro 29). Según los registros del Organismo de la República de Eslovenia de Registros Públicos y Servicios Conexos sobre las empresas eslovenas, la proporción de mujeres empresarias que poseen más del 50 % de una empresa es del 25,54 % (al 28 de febrero de 2021, 7.814 poseían al menos el 50,01 % de las acciones en 30.596 empresas verificadas). Entre 2015 y 2020, el Fondo Empresarial Esloveno apoyó 535 proyectos por medio de dos medidas (incentivos para la puesta en marcha de empresas innovadoras y capital inicial). De esos proyectos, 81 pertenecían a mujeres (15,1 %).
El Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades cofinancia programas de bienestar social en nueve esferas diferentes: prevención de la violencia, adicciones, salud mental, personas sin hogar, niños y jóvenes, personas de edad, personas con discapacidad, población romaní y otros programas. Las cuestiones relativas a la pobreza, el riesgo de pobreza y la exclusión social de los hombres y las mujeres están integradas en todas las esferas. En 2020, se cofinanciaron 162 programas de bienestar social con 15.400.000,00 euros. Las mujeres de edad que participan en los programas de bienestar social no constituyen un grupo destinatario definido específicamente; sin embargo, las mujeres y las personas de edad son grupos destinatarios especiales, para los que se establecen subcategorías relacionadas con la pobreza y la inclusión social.
O.Mujeres del medio rural
Como parte del Programa de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura introduce medidas de apoyo dirigidas a las mujeres de las zonas rurales a través del mecanismo LEADER. Esta iniciativa tiene por finalidad promover la inclusión social, reducir la pobreza y favorecer el desarrollo económico de las zonas rurales, haciendo hincapié en la promoción de su desarrollo a nivel local. Las medidas se orientan especialmente a las mujeres en el marco de la esfera temática centrada en lograr una mayor inclusión de las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables. Dado que los proyectos complejos se llevan a cabo a través del mecanismo LEADER, resulta difícil determinar cuántos proyectos se ejecutan como parte de la iniciativa, cuántas de las personas de este grupo que reúnen las condiciones para acceder a la ayuda la han recibido efectivamente y qué monto han obtenido. Se trata, principalmente, de proyectos que apoyan la inclusión social de las mujeres rurales: asociaciones de mujeres rurales, espacios de reunión y centros intergeneracionales, cuidado de los niños y apoyo a las jóvenes rurales, proyectos de educación permanente en el que participan jubiladas (como de conocimientos y habilidades digitales), transferencia de conocimientos de algunas habilidades (por ejemplo, mujeres que enseñan a hornear) y transporte de personas de edad.
En cuanto a las iniciativas realizadas en el marco del Programa de Desarrollo Rural (2014-2020), los criterios de selección de las solicitudes se diseñan sin tener en cuenta el género. En el marco de los seis primeros concursos públicos realizados bajo el título “Ayuda inicial a jóvenes agricultores”, 266 mujeres (18,6 %) integraban el grupo de 1.418 personas que cumplían los requisitos necesarios, es decir, eran jóvenes agricultores que se habían hecho cargo de sus explotaciones como propietarios.
P.Grupos de mujeres desfavorecidas
1.Migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo
La Ley de Protección Internacional tiene en cuenta las dimensiones de género al prever un trato especial para los grupos vulnerables, incluidas las niñas y las mujeres. Eslovenia se esfuerza por prevenir la discriminación y los abusos por razón de género, así como las violaciones en todas las fases de la protección internacional, y por garantizar el apoyo al empoderamiento de las niñas y las mujeres y el cumplimiento de sus derechos. En virtud de la Ley, se entiende por “persona vulnerable con necesidades especiales”, en particular, un menor, un menor no acompañado, una persona con discapacidad, una persona de edad, una mujer embarazada, una madre o padre soltero con un hijo menor, una víctima de la trata de personas, una persona con un trastorno de salud mental, una persona con problemas de salud mental, o una víctima de violación, tortura u otras formas graves de abuso psicológico, físico y sexual.
Las personas vulnerables con necesidades especiales reciben cuidados, atención y trato especiales. La vulnerabilidad de una persona puede establecerse en cualquiera de las fases del procedimiento de protección internacional, al recibirse la solicitud o durante la entrevista personal hasta la preparación de una decisión adecuada. Las condiciones materiales, el asesoramiento médico y psicológico y la atención se adaptan a los solicitantes con necesidades especiales durante la tramitación de su caso.
En caso de alojamiento en un centro de acogida para solicitantes de asilo, se garantiza que las niñas y las solicitantes se alojen por separado de las demás personas. Si una solicitante debe ser alojada fuera de esos centros de acogida (en un alojamiento privado, casa de acogida, etc.), esto se realiza según las opciones posibles.
Los solicitantes que necesitan garantías especiales durante el procedimiento reciben un apoyo adecuado, especialmente las niñas y las mujeres. En las entrevistas personales, el funcionario debe tener en cuenta las circunstancias particulares y de otro tipo de la persona entrevistada, como su origen cultural, género, orientación e identidad sexuales o vulnerabilidad. La entrevista personal con un menor no acompañado mayor de 15 años (excepcionalmente también con un menor de 15 años) se realiza personalmente o con la presencia de un representante legal. Siempre que sea posible, la entrevista debe ser realizada por una persona del mismo sexo, si el entrevistado lo exige. Esto es particularmente importante si una solicitante ha estado expuesta a una conducta que ha dado lugar a una situación de vulnerabilidad. Si la persona no entiende el idioma oficial, se le proporciona un intérprete en el idioma que entiende y, si es posible, el intérprete es una persona del mismo sexo. En los casos de personas vulnerables con necesidades especiales, la autoridad competente da prioridad a la solicitud.
Todas las solicitantes de protección internacional tienen derecho a la anticoncepción, a la interrupción del embarazo y a recibir asistencia médica durante el embarazo y el parto. Las personas vulnerables con necesidades especiales también tienen derecho a servicios de atención médica adicionales, incluida la psicoterapia. La autoridad competente debe garantizar que el examen personal que se lleva a cabo cuando una persona ingresa en un centro de acogida para solicitantes de asilo o en una de sus dependencias conexas sea realizado por una persona del mismo sexo a fin de tener en cuenta la dignidad personal y la integridad física y psicológica del solicitante.
La devolución de los solicitantes de protección internacional rechazados está regulada por la Ley de Extranjería, y los procedimientos de devolución de las personas a sus países de origen son aplicados por la policía. Antes de que un extranjero sin permiso de residencia en Eslovenia o con un permiso de residencia caducado, así como un extranjero cuya solicitud de protección internacional haya sido rechazada, sea expulsado de Eslovenia y devuelto a su país de origen, debe establecerse con total certeza que no se infrinja el principio de no devolución. En el procedimiento de repatriación de Eslovenia al país de origen, se tienen en cuenta todas las circunstancias personales de cada extranjero, especialmente si se trata de una mujer. También se garantiza que estas personas tengan la posibilidad de presentar de forma adecuada y exhaustiva las razones por las que el retorno al país de origen no sería apropiado. En el proceso de devolución de un extranjero, especialmente de una mujer extranjera cuya solicitud de protección internacional fue rechazada, la policía recibe toda la información disponible que haya obtenido y verificado la autoridad competente encargada de establecer si se cumplen los requisitos para gozar de protección internacional.
2.Mujeres romaníes
En 2017 se aprobó el Programa Nacional del Gobierno de la República de Eslovenia de Medidas para los Romaníes (2017-2021), que tiene por finalidad mejorar la posición del pueblo romaní, acelerar su inclusión en la sociedad y reducir su exclusión social. Se han definido objetivos estratégicos relacionados con la educación, el bienestar y la inclusión social, la atención médica, el empleo, las condiciones de vida, la preservación de la cultura y la lengua de la comunidad romaní, la lucha contra la discriminación y el fortalecimiento de la cooperación con las comunidades locales donde viven los romaníes. Entre las iniciativas emprendidas, cabe destacar la cofinanciación de la educación preescolar y primaria de los niños romaníes con cargo al presupuesto estatal; la adaptación de las normas y pautas para los programas de educación preescolar y primaria; la introducción de programas más cortos en los jardines de infancia para posibilitar formas flexibles de matriculación; la ejecución del proyecto titulado “Juntos por el conocimiento” y la financiación de la labor de asistentes romaníes en las escuelas primarias y algunos jardines de infancia; la aplicación de medidas para incluir a los romaníes en el mercado de trabajo, especialmente a través de políticas activas de empleo; la aplicación y cofinanciación de programas de bienestar social y el programa de los centros romaníes para fines múltiples, establecidos en entornos del pueblo romaní; y la adopción de medidas centradas en la cuestión de los matrimonios precoces y forzados.
El Programa Nacional incluye también medidas orientadas a prevenir la vulnerabilidad de determinados grupos de la comunidad romaní, entre ellos las mujeres. Además, establece medidas para promover la participación del pueblo romaní en la sociedad, con especial hincapié en las mujeres. Las actividades y los programas destinados a la sensibilización y la atención de los jóvenes, las mujeres y los niños romaníes en la esfera de la salud a fin de garantizar condiciones de vida y una salud de calidad se financian con cargo al presupuesto a través de la realización de concursos públicos. Los centros romaníes de usos múltiples se cofinancian debido a que organizan actividades para reforzar y mejorar la posición socioeconómica de los miembros de la comunidad romaní, facilitar la integración y colaborar con la población mayoritaria de la comunidad local. En estos programas se presta especial atención a las mujeres romaníes.
3.Mujeres con discapacidad
En 2014, el Gobierno adoptó el Programa de Acción para las Personas con Discapacidad (2014-2021), que, entre otras cosas, establece medidas destinadas a las mujeres con discapacidad. En lo que respecta a la sensibilización y la difusión de información, se prevé llevar a cabo actividades para concienciar a la población en general sobre la situación de las personas con discapacidad, haciendo especial hincapié en la lucha contra las prácticas nocivas, los estereotipos y los prejuicios, incluidos los relacionados con el género. En cuanto a la seguridad financiera y social, las mujeres con discapacidad reciben un trato especial en relación con el acceso a los mecanismos para aumentar su bienestar social y reducir el riesgo de pobreza. Debido a la mayor exposición de las mujeres con discapacidad a la violencia y la discriminación, se presta especial atención a la labor en esas esferas. Cada año, el Gobierno aprueba un informe sobre la ejecución del Programa de Acción. En el informe de 2018 se indica que la organización Društvo Vizija ofrece un programa de casas de acogida para las mujeres con discapacidad que son víctimas de la violencia. En el informe de 2019 se menciona que en el nuevo programa nacional relativo a la violencia contra las mujeres también se tendrán en cuenta los factores de riesgo relacionados con la mayor exposición a diferentes formas de violencia. En el informe se plantea que es preciso contar con instalaciones de alojamiento para las víctimas de la violencia que puedan adaptarse a las personas con necesidades especiales, y se señala que se prevé organizar actividades de formación especializada sobre el modo de asistir a las víctimas de la violencia que pertenecen a grupos destinatarios especiales, incluidas las personas con impedimentos motores, sensoriales e intelectuales.
Q.Matrimonio y relaciones familiares
El artículo 21 del Código de Familia establece la igualdad de condiciones de ambos cónyuges en el matrimonio. Tienen los mismos derechos y obligaciones con respecto a sus hijos y la misma responsabilidad en cuanto a su cuidado, educación y desarrollo. El patrimonio común de los cónyuges comprende todos los derechos de propiedad adquiridos durante el matrimonio y la comunidad doméstica a cambio de trabajo o un pago, así como los bienes adquiridos sobre la base del patrimonio común o con la ayuda de bienes en común o los bienes derivados de ellos. Un cónyuge no puede disponer de su parte indefinida en el patrimonio común mediante actos jurídicos entre vivos, en especial, un cónyuge no puede enajenar o gravar dichos bienes. Ambos cónyuges comparten la propiedad de los bienes que conforman su patrimonio común. Los cónyuges administran sus bienes comunes y disponen de ellos de forma conjunta y consensuada. El Código de Familia establece la posibilidad de que los cónyuges celebren un contrato sobre la regulación del patrimonio y las relaciones jurídicas para acordar el contenido de su régimen patrimonial si este difiere del régimen legal. Los cónyuges regulan de forma consensuada otras relaciones patrimoniales durante su matrimonio y en caso de divorcio.
De no celebrarse un contrato de ese tipo, al momento de la división del patrimonio común se considera que las partes son iguales, aunque los cónyuges pueden demostrar que han contribuido al patrimonio en diferente proporción. Si existe un litigio con respecto a las partes, el tribunal considera todas las circunstancias de cada caso, especialmente los ingresos de ambos cónyuges, la ayuda prestada por uno al otro, el cuidado y la educación de los hijos, la realización de las tareas domésticas, el cuidado del hogar y la familia, la conservación de los bienes y cualquier otra forma de trabajo y cooperación en la gestión, la preservación y el aumento del patrimonio común.
En el momento del divorcio, los padres deben llegar a un acuerdo en cuanto al cuidado, la educación y la manutención de los hijos en común de conformidad con las prestaciones que reciben. Pueden acordar encargarse del cuidado y la educación de manera conjunta, que todos los hijos queden al cuidado de uno de los cónyuges o que los hijos sean cuidados por uno u otro de los padres. Si los cónyuges no logran ponerse de acuerdo, el centro de trabajo social y los mediadores les ayudan a llegar a un arreglo. Si los padres no se ponen de acuerdo sobre el cuidado de los hijos y su manutención, la decisión corresponde al tribunal.
El impago de la pensión alimenticia se considera una infracción penal para la que se inicia un procesamiento ex officio. Según la versión modificada de la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica de 2016, el incumplimiento injustificado de las obligaciones de pensión alimenticia con respecto a un miembro de la familia se considera violencia económica.
Según los datos personales recopilados en relación con las pensiones alimenticias en Eslovenia, al 31 de marzo de 2021, 60.260 niños y personas de entre 18 y 26 años de edad tenían derecho a recibir una pensión alimenticia.
La Resolución sobre la Política relativa a la Familia (2018-2028), titulada “Una sociedad respetuosa de todas las familias”, contempla la concienciación sobre una paternidad y una maternidad responsables (lo que también incluye el pago de la pensión alimenticia) y la elaboración de una herramienta en línea para calcular, a título informativo, la cuantía adecuada de la pensión alimenticia.
La herencia de los cónyuges se determina en la Ley de Sucesiones. Las condiciones de herencia son las mismas para las mujeres y los hombres, y las parejas de hecho tienen los mismos derechos que los cónyuges. Si uno de los cónyuges fallece, el cónyuge superviviente y los hijos heredan cada uno a partes iguales. Si el viudo o la viuda no cuenta con recursos suficientes para vivir, puede solicitar heredar también la parte del patrimonio que heredarían los hijos u otros herederos. El tribunal puede decidir que el cónyuge superviviente herede la totalidad del patrimonio si el valor es tan pequeño que el cónyuge se encontraría en déficit en caso de repartirlo. Si los cónyuges no tienen hijos, el cónyuge superviviente hereda junto con los padres del fallecido; en este caso, el cónyuge superviviente hereda la mitad del patrimonio. El cónyuge superviviente no tiene derecho a la herencia si el matrimonio se ha disuelto o anulado o si la pareja de hecho se ha extinguido definitivamente por culpa del cónyuge superviviente o de forma consensuada.
No se conceden subsidios especiales para familias monoparentales en caso de que el niño no reciba la pensión alimenticia. Si la persona obligada a pagar la manutención de los hijos no la paga o la paga de forma irregular, el hijo tiene derecho a una indemnización en concepto de pensión alimenticia en virtud de la Ley del Fondo Público de Garantía, Manutención y Discapacidad de la República de Eslovenia. El Fondo exige a quienes adeudan las pensiones alimenticias las indemnizaciones abonadas (junto con los intereses y los costos procesales) y, de este modo, promueve la toma de conciencia y el pago de las pensiones alimenticias.
R.Cambio climático
Los procedimientos de toma de decisiones sobre el cambio climático (y sobre todos los demás ámbitos de la protección ambiental) deben incluir, a través de un debate público, a las personas interesadas, que tienen 30 días para expresar su opinión. No existe un protocolo especial para armonizar la legislación con las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres; sin embargo, las ONG dedicadas a la igualdad de género, al igual que todas las demás instituciones, son informadas sobre los procesos de elaboración de políticas, y se las incluye en esos procesos, a través del sitio web del Ministerio de Medio Ambiente y Planificación Territorial.
El sistema actual de protección frente a los desastres naturales y de otro tipo no prevé una comunicación especial con las organizaciones de mujeres, ya que esto exige procedimientos administrativos en los que participan diversos interesados, para abordar el papel y la posición en el proceso de protección frente a los desastres naturales y de otro tipo y en los procesos para eliminar las consecuencias y para abordar las cuestiones de género.
S.Información adicional
Se está preparando una nueva Resolución sobre el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre, que abarcará hasta 2030. En la Resolución se determinan los objetivos y las medidas de las políticas fundamentales en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en seis esferas clave de la vida social: las relaciones laborales, las relaciones familiares y el bienestar social (eliminar la brecha entre los géneros y garantizar la independencia económica de las mujeres y los hombres en pie de igualdad); la educación (reducir la desigualdad entre las mujeres y los hombres y dejar atrás las funciones sociales estereotipadas); la salud (mejorar la salud de las mujeres y reducir las desigualdades en materia de salud entre los hombres y las mujeres); la violencia contra las mujeres (prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y luchar contra la violencia); los espacios de toma de decisiones (promover una representación equilibrada de las mujeres y los hombres); y los asuntos exteriores (promover la igualdad de género y hacer efectivos los derechos de las mujeres en todo el mundo). Para cada una de las seis áreas temáticas se ofrece una descripción del contenido (puntos de partida derivados, en su mayor parte, de los compromisos de la Unión Europea y otras directrices estratégicas fundamentales en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres), se proporcionan datos sobre la situación relativa a la posición de las mujeres y los hombres en la sociedad, y se definen los objetivos fundamentales, las medidas que aplicarán los diferentes proveedores de servicios e indicadores adecuados.
T.Objetivos de desarrollo sostenible
Eslovenia ha vinculado el proceso de planificación y seguimiento de los avances en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible a su Estrategia de Desarrollo para 2030. Mediante el seguimiento del logro de 12 objetivos nacionales de desarrollo, se controla la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Los avances en la consecución de los objetivos nacionales de desarrollo se miden empleando indicadores del desempeño, que presentan valores fijados como objetivo para 2030. Los objetivos de desarrollo nacionales fundamentales para lograr la igualdad de género son los siguientes: 1) vida sana y activa (indicadores del desempeño: esperanza de vida sana e índice de igualdad de género); 2) conocimientos y competencias para una vida y un trabajo de calidad (indicadores del desempeño: participación en el aprendizaje permanente (25 a 64 años), proporción de alumnos de la educación terciaria y Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (resultados medios en matemáticas, lectura y ciencias naturales)); 3) una vida digna para todos (indicadores del desempeño: tasa de riesgo de exclusión social, desigualdad en la distribución del ingreso, coeficiente de distribución de ingresos por quintil (80/20) y experiencia con respecto a la discriminación); 7) mercado de trabajo inclusivo y empleos de calidad (indicadores del desempeño: nivel de actividad laboral de la población (20 a 64 años) y tasa de riesgo de pobreza de la población activa, mayor de 18 años).
Eslovenia ya ha alcanzado algunos objetivos nacionales de desarrollo o incluso los ha superado, como la reducción de la tasa de riesgo de exclusión social (en 4 puntos porcentuales en el período 2016-2019), el aumento de la actividad laboral de la población de 20 a 64 años (en 6 puntos porcentuales en el período 2016-2019) y la reducción del riesgo de pobreza de la población activa, mayor de 18 años (en 1,6 puntos porcentuales en el período 2016-2019). La brecha de género no se ha reducido considerablemente en ninguno de los indicadores mencionados.
Se han observado avances en cuanto a la esperanza de vida sana. En 2019, la esperanza de vida sana era de 60,8 años para los hombres y de 61,2 años para las mujeres. Esto implica una reducción en la brecha entre hombres y mujeres con respecto al año 2015, cuando la esperanza de vida sana era de 58,8 años para los hombres y 57,7 años para las mujeres. En el período 2016-2019, también se registraron mejoras en el nivel educativo de la población: en 2019, un tercio de la población de entre 25 y 64 años tenía estudios terciarios, frente a una proporción del 30 % en 2016. Este indicador muestra que la brecha de género, que se refleja en una mayor tasa de educación de las mujeres, sigue siendo relativamente alta (más de 10 puntos porcentuales).
Según el Eurobarómetro de 2019, el 10 % de las personas encuestadas habían sufrido discriminación, frente al 13 % en 2015. También disminuyó el porcentaje de encuestados que habían sido objeto de discriminación sexual en el último año (del 3 % al 2 %).
La situación del aprendizaje de adultos es preocupante dado que la proporción de eslovenos que realizan actividades de formación a lo largo de toda la vida se estancó en un 11 % en el período 2016-2019 (el objetivo fijado para 2030 es de 19 %). Se ha observado una disminución en el valor del índice compuesto de igualdad de género, que mide los avances y las brechas (desigualdades entre mujeres y hombres) y tiene en cuenta seis esferas principales (trabajo, dinero, conocimientos, tiempo, fortaleza y salud) y dos esferas secundarias (desigualdades interseccionales y violencia contra la mujer). En el período 2015-2019, el valor correspondiente a Eslovenia disminuyó 0,7 puntos porcentuales (de 68,4 a 67,7), aunque, si se consideran las esferas por separado, se observa que la brecha o la desigualdad entre los hombres y las mujeres aumentó principalmente en lo que respecta al poder político y económico, ya que el nivel en esta área se redujo en más de 5 puntos porcentuales (60,6 en 2015 frente a 55,0 en 2019).