37° período de sesiones
Acta resumida de la 764ª sesión (Sala A)
Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 19 de enero de 2007, a las 15.00 horas
President a :Sra. Simms (Vicepresidenta)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención ( continuación)
Sexto informe periódico del Perú (continuación)
En ausencia de la Sra. Šimonović, la Vicepresidenta, Sra. Simms, ocupa la Presidencia.
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
Examen de los informes presentados por el Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Sexto informe periódico del Perú (continuación) (CEDAW/C/PER/6; CEDAW/C/PER/Q/6 y Add.1)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación del P erú toman asiento a la Mesa del Comité.
Artículos 5 a 9 (continuación)
La Presidenta invita a los participantes a continuar el debate sobre las cuestiones pendientes de la sesión de la mañana.
La Sra. Zapata (Perú), en respuesta a la pregunta relativa al artículo 5, dice que se ha creado una comisión de alto nivel para asegurar que las mujeres víctimas de la violencia reciben reparación y protección. Se ha establecido un programa para ofrecer reparación a ese grupo de mujeres, que se centra en la salud, la educación y la vivienda y al que se han destinado 45 millones de soles.
Por lo que respecta al artículo 6, se ha aprobado una nueva ley sobre la trata de personas, se ha creado una secretaría para los peruanos que viven en el extranjero a fin de facilitar la repatriación de las víctimas de la trata y se ha establecido un grupo de trabajo multisectorial permanente sobre la trata de personas, en el que participan el Estado, organismos de cooperación internacional y la sociedad civil. Asimismo, se han puesto a disposición del público líneas telefónicas gratuitas y seguras para facilitar la denuncia de casos de trata de personas y de violaciones de los derechos humanos, y se están imponiendo sentencias más severas a los culpables, especialmente en los casos en que está implicada una red de trata internacional.
El Sr. Chávez (Perú), en respuesta a las preguntas relativas al artículo 7, dice que, tras un prolongado debate, se han introducido cambios en la ley que rige la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para que se pueda supervisar la utilización de los recursos que llegan a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a través del Estado procedentes de fuentes internacionales y de otro tipo. En consecuencia, las ONG que reciben financiación de fuentes privadas exclusivamente sin la intervención del Gobierno no están incluidas en la ley.
En lo que concierne a la cuestión relativa a la nacionalidad, dice que cualquier extranjero casado con un ciudadano peruano puede elegir adoptar la nacionalidad de su cónyuge, siempre que haya vivido en el Perú durante dos años.
Artículos 10 a 14
La Presidenta invita a los expertos a que continúen examinando los artículos 10 a 14.
La Sra. Gabr pregunta por los planes del Gobierno para mejorar los servicios sanitarios que se prestan a las mujeres del medio rural en general y las indígenas en particular, y si hay cifras que respalden los informes de que se ha mejorado el acceso a la atención de la salud. En cuanto al tema del aborto, pregunta si éste es legal en el Perú o si, como ocurre en su propio país, Egipto, se permite sólo en casos de violación, de peligro para la salud de la mujer o de anormalidad del feto.
La Sra. Coker-Appiah observa, en referencia al artículo 10, las medidas esbozadas en el informe destinadas a promover la educación de las niñas de las zonas rurales y el hecho de que se haya declarado el período comprendido entre 2002 y 2006 Quinquenio de la Educación Rural, y pregunta qué cantidad de fondos se han destinado a la educación de las niñas de las zonas rurales durante dicho quinquenio y qué porcentaje del presupuesto nacional representa esa cantidad. Asimismo, pide información sobre las repercusiones del proyecto al que se hace referencia en el párrafo 97 del informe, en particular la medida en que ha mejorado la educación de las niñas, especialmente las menos favorecidas de la Región Sur andina y las de ascendencia afroperuana. Por último, pide que se aporten datos sobre la matrícula y la permanencia en la escuela de las niñas.
La Sra. Zapata (Perú) responde que ha aumentado el número total de niñas matriculadas, especialmente de las pertenecientes a minorías, y que se cuenta con mejores materiales educativos, que transmiten el mensaje de la igualdad entre los géneros y el entendimiento intercultural. No obstante, la calidad de la educación no ha mejorado tanto como se desearía.
En relación con la cuestión de la salud sexual y reproductiva, se ha implantado un programa para reducir la mortalidad materna y perinatal, y se han fijado normas que supervisan las autoridades sanitarias y otros funcionarios públicos en todas las instituciones del ámbito de la salud. Además, en cinco regiones del país hay ONG que se responsabilizan directamente de vigilar y supervisar la prestación de servicios sanitarios; se ha establecido un mecanismo de auditoría interna para evaluar la actuación profesional y se imponen sanciones administrativas, incluido el despido, a cualquier incumplimiento de las normas. Dos de éstas tienen por objetivo asegurar que los adolescentes tengan acceso directo a medicación para el control de la natalidad a través de los centros de salud.
En lo que concierne a la elevada tasa de mortalidad materna entre las adolescentes, la oradora dice que algunas muertes son consecuencia de abortos, pero muchas se deben a anemia, hemorragias y otras causas. Se está realizando una campaña de educación de emergencia sobre control de la natalidad y en las zonas urbanas existen programas para que las jóvenes embarazadas puedan continuar asistiendo a la escuela. Desgraciadamente esos programas no están disponibles en las zonas rurales.
El Sr. Chávez (Perú) dice que se han señalado a la atención del Gobierno, gracias a la intervención de órganos internacionales de derechos humanos, varios casos relativos a los derechos humanos a los que se está dando solución, a menudo mediante los buenos oficios de dichos órganos. En un caso, el Gobierno reconoció la responsabilidad por la muerte de una mujer a la que se había esterilizado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayudó a negociar un acuerdo amistoso que incluía una indemnización para la familia y la posible sanción de los funcionarios implicados. En otro caso, se denegó un aborto terapéutico (que, conforme a la legislación del Perú, está permitido únicamente en caso de peligro para la salud de la madre) a una mujer, la que ha recurrido contra la decisión. El Congreso está estudiando la posibilidad de ampliar la definición de aborto legal, pero el asunto se encuentra todavía en una fase muy inicial.
La Sra. Zapata (Perú) dice que se han aprobado una docena de leyes para combatir la violencia contra la mujer. Se han creado hogares de refugio y se está intentando ofrecer mejores servicios a las víctimas, como asesoramiento psicológico, promoción de la independencia económica, líneas telefónicas directas gratuitas y acceso a dichos hogares de refugio durante las 24 horas del día, incluso los fines de semana.
No ha sido posible mantener el aumento de financiación previsto del 1% anual para servicios dirigidos a la mujer. El interés se centra actualmente en mejorar la calidad de los servicios y capacitar a formadores. Se han revisado los libros de texto para que utilicen un lenguaje más incluyente y reflejen la igualdad entre los géneros.
La Sra. Schöpp-Schilling, en relación con el artículo 11, dice que, aunque en el informe se mencionan muchos proyectos, por el modo de presentar la información resulta muy difícil averiguar si han contribuido a mejorar la situación de la mujer. Tampoco es posible saber si existe discriminación. Asimismo, no queda claro si los Ministerios de Trabajo y Agricultura toman en serio la incorporación de una perspectiva de género. La oradora pide información sobre la frecuencia con la que se realizan inspecciones en los centros de trabajo. De la información aportada parece desprenderse que las mujeres siguen limitadas a trabajar en ámbitos laborales tradicionales y en los niveles más bajos de cualquier sector. Se deberían proporcionar datos sobre los sueldos para poder comparar, por ejemplo, el sueldo medio de los trabajadores del sector textil, que a menudo son mujeres, con el de los trabajadores de la construcción, que generalmente son hombres.
La oradora pregunta por las metas que se han fijado con respecto a la educación de las niñas del medio rural y por los incentivos que se han ofrecido para alentar a las familias de ese medio a que mantengan a sus hijas en la escuela. En el examen de los proyectos sobre las tierras, las cifras aportadas parecen contradictorias y deberían aclararse. Señala que sólo el 25% de los nuevos títulos de propiedad se han concedido a mujeres y pide más información sobre la identidad de dichas mujeres y la cantidad de tierras, instrumentos y capacitación que han recibido. Se necesitan datos desglosados sobre la propiedad de la tierra para ver si sigue existiendo discriminación.
La Sra. Coker-Appiah señala que, después del informe periódico anterior, el Comité pidió más información sobre la situación de las mujeres pertenecientes a minorías, en particular las de origen africano. A menudo, los intentos de las minorías por lograr la integración social se ven dificultados por distintos factores, como los modelos jerárquicos para criar a los hijos, la pobreza y la intolerancia del sistema educativo. Así pues, pregunta por el modo en que el Gobierno hace frente al racismo en la sociedad.
La Presidenta, hablando en su calidad de miembro del Comité, señala que en muchos casos las tierras que tradicionalmente han pertenecido a pueblos indígenas están siendo explotadas por mineros ajenos a la zona y ello no sólo afecta a los medios de vida de dichos pueblos indígenas sino que ocasiona también actos de violencia contra éstos. Pregunta por las garantías que ha establecido el Gobierno para proteger a esos pueblos de las prácticas explotadoras de las multinacionales, los mineros y otras personas que llegan a sus tierras.
La Sra. Zapata (Perú) dice que todas las iniciativas de los distintos ministerios y los programas y proyectos que apoyan a las pequeñas y medianas empresas tienen una perspectiva de género subyacente. Esa perspectiva está adoptando formas cada vez más concretas gracias a los consejos de desarrollo regional.
Un programa del Ministerio de Trabajo capacita a mujeres en respuesta a las solicitudes de distintas empresas que tienen necesidades específicas. Es importante asegurar que dichos programas no terminen explotando a las mujeres, limitándolas a un tipo de empleo concreto.
Se aumentará el número de inspectores de trabajo para mejorar la vigilancia del cumplimiento de las leyes del trabajo y se están volviendo a instaurar algunas disposiciones legislativas relativas al cumplimiento de las normas laborales que habían sido revocadas.
En respuesta a la pregunta planteada por la Sra. Schöpp-Schilling, la representante del Perú dice que el porcentaje de títulos de propiedad a nombre de mujeres ha aumentado del 4% al 25% como resultado del Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT). En virtud de la legislación del Perú, el título de una propiedad perteneciente a una pareja casada se ha de otorgar actualmente a ambos cónyuges por igual. Antiguamente las viudas tenían que esperar a que un hijo varón llegara a la mayoría de edad para obtener el título.
Asimismo, se han creado programas específicos de apoyo a la agricultura, la pesca y otros tipos de producción de alimentos. El objetivo es ayudar a empresas del sector de la producción alimentaria dirigidas por mujeres que son cabezas de familia para que sean competitivas y tengan el nivel de calidad que exigen los mercados nacionales y extranjeros.
La cuestión de las minorías étnicas está actualmente en manos del instituto INDEPA, que ha trasladado su atención prioritaria de las mujeres de origen andino y amazónico a las de ascendencia africana. Existe racismo y discriminación, tanto contra los distintos grupos étnicos como entre ellos. La respuesta al problema no sólo reside en la educación, sino en la política pública en general.
La minería es una cuestión muy delicada, ya que afecta a inversiones extranjeras que son importantes para el desarrollo del país. El Gobierno ha participado directamente en las negociaciones con empresas mineras para asegurar que respeten los derechos básicos de las personas y paguen indemnizaciones por los daños causados, tanto al medio ambiente como a la salud humana.
El Sr. Chávez (Perú) agrega que tradicionalmente la minería forma parte de la economía, y la industria minera es importante no sólo para el Estado sino también para las comunidades donde están situadas las minas. El problema es encontrar el equilibrio entre, por una parte, el desarrollo del país gracias a los ingresos procedentes de un recurso que pertenece a todos los peruanos y, por otra, el respeto por el medio ambiente y los derechos de las poblaciones nativas. El orador considera que el país ha adoptado el enfoque correcto al iniciar un diálogo con todas las partes interesadas. Ello ha dado lugar a un hecho interesante en el sentido de que se están renegociando actualmente algunos contratos de extracción, lo que repercute en mayores ingresos tanto para el Gobierno central como para las comunidades locales. Además, en algunos casos las empresas mineras han interrumpido sus operaciones hasta que se examinen a fondo los estudios sobre el impacto ambiental.
Una cuestión conexa es el modo de asegurar que la cosmovisión indígena sea compatible con las normas universales de derechos humanos. Ello exige encontrar elementos coincidentes que permitan que los pueblos indígenas conserven su identidad al tiempo que coexisten con sus conciudadanos peruanos. Por lo tanto, si bien se reconocen y respetan las prácticas tradicionales, éstas tienen que encuadrarse en determinadas normas y reglas.
La Sra. Zapata (Perú) en respuesta a las peticiones de datos relativos a la situación laboral de la mujer, dice que, según el Instituto Nacional de Estadística, el 29% de la mano de obra femenina y el 35% de la masculina trabajan en la agricultura, y el 25% de las mujeres y el 11% de los hombres reciben bajos ingresos y no tienen acceso a prestaciones de seguridad social. Por lo que respecta al trabajo doméstico, el 27% de las mujeres no están remuneradas, en comparación con el 9% de los hombres. Por término medio, las mujeres ganan el 89% de lo que ganan los hombres. La participación de la mujer en los sindicatos es baja, pese a que el principal de ellos está presidido por una mujer, y hay pocas mujeres en puestos decisorios.
En lo que concierne a la cuestión de las definiciones, la oradora dice que, aunque a veces resulta difícil que los peruanos convengan en los mejores términos a utilizar (si “perspectiva de género” o “igualdad de oportunidades”), están de acuerdo en el objetivo, que es asegurar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. Independientemente de la terminología usada en las leyes y los planes concretos, ese es su objetivo. Además, en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2003-2010 se incluyen metas concretas e indicadores precisos para lograr dicho objetivo. El Plan se ha elaborado con las aportaciones de una gran variedad de fuentes y se está publicando en los distintos idiomas que se utilizan en el país para que sea accesible a todos. El propósito es concienciar a todas las mujeres de sus derechos económicos, humanos, sociales, culturales y políticos. La representante del Perú acogerá con satisfacción cualquier idea que el Comité pueda tener en relación con, entre otras cosas, la distinción entre “igualdad” y “equidad”, ya que ayudará al Gobierno a mejorar sus políticas, planes y programas.
La Sra. Pimentel, en referencia al caso Llantoy Huamán contra el Perú, que se presentó al Comité de Derechos Humanos y se refería a una cuestión muy delicada de aborto terapéutico, insta al Gobierno a adoptar todas las medidas adecuadas para asegurar el respeto de los derechos humanos de la mujer y salvaguardar su bienestar psicológico y físico.
La Sra. Dairiam señala que el 14% de los abortos que se realizan a muchachas jóvenes en el Perú terminan en muerte. Puesto que el Estado Parte ha ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el hecho de que no cooperara con el Comité de Derechos Humanos en el caso Llantoy Huamán contra el Perú le sorprende y le parece extremadamente irrespetuoso. La oradora insta al Gobierno a buscar una solución al problema del aborto.
La Sra. Schöpp-Schilling recuerda que la legislación del Perú permite al aborto sólo cuando la interrupción del embarazo es el único modo de salvar la vida de la mujer embarazada o para evitar daños graves y permanentes a su salud, y pregunta si esos daños pueden concebirse también desde el punto psicológico.
La Sra. Shin reitera su pregunta anterior sobre la violencia contra la mujer en caso de conflicto armado. Asimismo, pregunta si el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en su calidad de miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, promoverá la inclusión de los actos violentos distintos de la violación en la lista de delitos cometidos contra la mujer durante un conflicto armado.
La Sra. Zapata (Perú), en respuesta a la pregunta planteada por la Sra. Shin, dice que la cuestión todavía está sometida a debate, pero el Ministerio es partidario de ampliar la definición de violencia contra la mujer para incluir en ella delitos distintos de la violación.
El Sr. Chávez (Perú), en referencia a la observación formulada por la Sra. Dairiam, dice que no desea dar la impresión de que su Gobierno no quiere cooperar con el Comité de Derechos Humanos. No obstante, concurren varias dificultades prácticas para aplicar la decisión del Comité en el caso Llantoy Huamán contra el Perú, en particular por lo que respecta a la indemnización por los daños.
En virtud del artículo 119 del Código Penal, el aborto se permite sólo cuando es el único medio de salvar la vida de una mujer embarazada o para evitar daños graves o permanentes a su salud. No obstante, esa disposición está abierta a interpretaciones y debería aclararse a nivel legislativo.
Artículos 15 y 16
La Sra. Saiga recuerda que en 1999 la edad mínima en ambos sexos para contraer matrimonio se estableció en 16 años. No obstante, en las observaciones finales que formuló al quinto informe periódico del Perú, el Comité instó al Estado Parte a que aumentara esa edad a 18 años, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pregunta si se ha adoptado alguna medida al respecto.
En relación con el párrafo 263 del informe (CEDAW/C/PER/6), la oradora se muestra sorprendida por la prohibición de contraer matrimonio entre oficiales de diferente rango de los institutos armados y pregunta por el motivo de esa prohibición. Agradecería se le facilitara información adicional sobre la situación actual en las Fuerzas Armadas.
El Sr. Chávez (Perú), dice que no dispone de información sobre las normas que rigen las relaciones dentro de las Fuerzas Armadas. Estudiará la situación y remitirá al Comité los datos pertinentes.
Por lo que se refiere a la edad mínima para contraer matrimonio, los modelos culturales que siguen existiendo han creado una situación de facto en la que jóvenes menores de 18 años contraen matrimonio, especialmente en zonas rurales de la Amazonía. Es muy difícil cambiar tradiciones profundamente arraigadas promulgando leyes en contra de ellas, pero el orador espera que, con el tiempo y la introducción de políticas de concienciación adecuadas, será posible aumentar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.
La Sra. Zapata (Perú) señala que no existen restricciones a las relaciones entre colegas dentro de la policía. Por último, asegura a los miembros del Comité que hará todo lo posible por facilitarles puntualmente cualquier información pendiente.
Se levanta la sesión a las 17.00 horas.