66º período de sesiones
13 de febrero a 3 de marzo de 2017
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Lista de cuestiones y preguntas relativa a los informes periódicos octavo y noveno combinados de El Salvador
Visibilidad de la Convención y ratificación del Protocolo Facultativo
En su informe (CEDAW/C/SLV/8-9, párrs. 32 a 37), el Estado parte describe las medidas adoptadas dentro de las instituciones estatales para dar a conocer la Convención. Se ruega informar al Comité acerca de las actividades orientadas a difundir el contenido de la Convención y las recomendaciones generales del Comité entre el público en general, dirigidas a las mujeres y a sus organizaciones representativas, en particular a las mujeres rurales, las mujeres afrodescendientes e indígenas, las mujeres que trabajan en la industria maquiladora y las mujeres migrantes. Proporciónese información actualizada al Comité sobre los progresos realizados para ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención.
Situación jurídica de la Convención y armonización de la legislación
De conformidad con las obligaciones asumidas por el Estado parte en virtud de los artículos 1 y 2 de la Convención y en consonancia con la meta 5.1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 relativa a poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, se ruega indicar qué leyes discriminatorias contra la mujer se han enmendado. Facilítese información sobre la situación actual de la Convención en el Estado parte y sobre la posibilidad de que los tribunales la apliquen directamente. Se ruega ilustrar en qué supuestos han invocado los jueces las disposiciones de la Convención con el fin de decidir sobre los casos sometidos a su atención en todos los ámbitos del derecho, inclusive el derecho de familia, el derecho penal, el ordenamiento jurídico de inspiración romanista y la legislación laboral. Infórmese sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para armonizar su legislación penal, en particular el Código Penal de 1998 (Decreto Legislativo núm. 1030 del Código Penal), con el contenido de la Convención, e indíquense las medidas que prevé adoptar dicho Estado para revisar sus disposiciones jurídicas relativas a la tipificación del aborto en cualquier circunstancia y la tipificación de la conducta de los “empleados públicos o funcionarios de cualquier rango que no denuncien delitos como el aborto” (art. 312).
Igualdad y no discriminación contra la mujer y formas interrelacionadas de discriminación
Se ruega indicar los mecanismos mediante los cuales el Estado parte aborda las formas interrelacionadas de discriminación contra la mujer, por ejemplo, a través de la existencia de legislación y políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad entre la mujer y el hombre, inclusive para las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las mujeres solicitantes de asilo y refugiadas, las mujeres que viven en asentamientos urbanos precarios y las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales.
Acceso a la justicia y mecanismos jurídicos de denuncia
Proporciónese información sobre los mecanismos y procedimientos existentes a disposición de las mujeres, entre otros, los mecanismos de denuncia en los casos de discriminación por razón de género y la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad del asesoramiento jurídico facilitado a la mujer en todos los ámbitos del derecho. En concreto, el Comité solicita información sobre el número de mujeres, desglosado por edad, que han sido objeto de enjuiciamiento y condena con arreglo a las disposiciones de los artículos 133 a 137 del Código Penal relativos al aborto. Deberá aportarse información sobre los mecanismos de asesoramiento y asistencia letrada a disposición de tales mujeres, incluidos los mecanismos de reparación psicosocial. Indíquese asimismo qué medidas se han adoptado para proteger a las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer contra las amenazas, la intimidación y el acoso. También se solicita información sobre los programas de creación de capacidad que se imparten a las autoridades judiciales, los profesionales del derecho, los agentes de policía y los funcionarios públicos de todos los niveles encargados de garantizar la igualdad de género y la protección de los derechos de la mujer.
El Estado parte menciona la creación de los centros “Ciudad Mujer”. Se ruega facilitar información adicional sobre dichos centros, incluidos los siguientes aspectos: a) el tipo de servicios a disposición de las mujeres; b) los tipos de servicios demandados por estas; c) información sobre las mujeres que hayan accedido a dichos centros, desglosada por edad, situación socioeconómica y origen étnico; y d) medidas destinadas a facilitar la accesibilidad para las mujeres y las niñas con discapacidad. Infórmese asimismo al Comité acerca de las asignaciones presupuestarias nacionales destinadas al establecimiento de los centros “Ciudad Mujer” y sobre las medidas contempladas para ampliar la cobertura de sus servicios a todo el país.
Mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer
Se ruega proporcionar información sobre la situación institucional, el mandato y los recursos humanos y financieros actuales del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), indicando el porcentaje del presupuesto nacional asignado a dicha institución. ¿Qué medidas concretas se están adoptando para coordinar las políticas y los mecanismos a nivel central, regional y local con el fin de lograr una aplicación exhaustiva de la Convención en todo el país, con plena cobertura para las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad y las mujeres jóvenes? Explíquese el funcionamiento actual de los mecanismos existentes de coordinación entre el Instituto y todos los poderes públicos e infórmese al Comité acerca de las esferas de trabajo vigentes tal como se definen en el memorando de entendimiento firmado entre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el mencionado Instituto.
Estereotipos y prácticas tradicionales nocivas
Se ruega facilitar información sobre las estrategias para hacer frente a los estereotipos de género y las actitudes patriarcales que sustentan la discriminación y la violencia por razón de género contra la mujer en las escuelas, la familia y la sociedad en general. En 2015, la información disponible indicaba que un total de 13.146 niñas con edades comprendidas entre 10 y 17 años habían solicitado atención prenatal y otras fuentes señalaban la existencia de una alta tasa de embarazo en la adolescencia. El Comité solicita información sobre las medidas orientadas a prevenir y reducir el embarazo en la adolescencia y el matrimonio precoz, infantil o forzado, así como las iniciativas para luchar contra la atribución en exclusividad a la mujer del papel de madre. También se solicita información sobre las medidas adoptadas para evitar la estigmatización de las mujeres y las niñas que recurren al asesoramiento y a los servicios de salud sexual y reproductiva. Además, el Comité desea recibir información acerca de las medidas orientadas a sancionar los delitos motivados por prejuicios contra las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, incluidos el acoso por parte de funcionarios públicos, las amenazas y otras violaciones de los derechos humanos en el contexto de los desplazamientos internos, así como sobre las medidas que se estén adoptando para hacer frente a los estereotipos de género que incitan a causar daño por razón de orientación sexual.
Violencia por razón de género contra la mujer
Se ruega proporcionar información sobre las causas de la existencia de un reducido número de enjuiciamientos y condenas en casos de feminicidio en comparación con el número de casos denunciados, así como definir los obstáculos y las medidas que se estén adoptando para garantizar que se investiguen rápidamente los feminicidios y se identifique y condene a sus autores. Deberá incluirse información sobre el número actual de unidades especializadas existentes en las diferentes instituciones y el personal y los recursos financieros asignados para hacer frente a los casos de violencia por razón de género contra la mujer. El Comité desea recibir información actualizada sobre las medidas prioritarias adoptadas para la puesta en marcha de una jurisdicción especializada en delitos contra la mujer (párr. 159). Se ruega incluir información sobre las estrategias del Estado parte aplicadas en virtud de las disposiciones de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2012) a fin de prevenir todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer, así como sobre los recursos financieros, humanos y técnicos destinados a esas estrategias y los indicadores para el seguimiento de su aplicación y sus resultados. También deberá incluirse información sobre todas las medidas adoptadas por el Estado parte para garantizar que las políticas sobre seguridad, concretamente el “Plan El Salvador Seguro” aborden todas las formas de violencia por razón de género, incluida la violencia perpetrada por agentes no estatales (CEDAW/C/SLV/CO/7, párr. 24).
La Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, destacó la existencia de casos de violencia sexual contra mujeres y adolescentes que se ven forzadas por miembros de las bandas denominadas “maras” a entrar en las cárceles para prestar servicios sexuales. Se ruega proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para vigilar la situación en las cárceles y prevenir esta forma de violencia contra la mujer, así como informar al Comité sobre el número de condenas y medidas de reparación a disposición de las mujeres que son víctimas de esta práctica.
El Comité solicita información adicional y desglosada sobre los servicios de apoyo disponibles para las mujeres que son víctimas de la violencia, por ejemplo, tratamiento médico, asesoramiento psicológico, asistencia letrada, apoyo financiero y centros de acogida. Especial preocupación suscita el alcance de la cobertura de dichos servicios en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta el número de mujeres que viven en zonas remotas o en situaciones desfavorecidas, incluidas las que viven en asentamientos urbanos precarios y las que se dedican a la prostitución. Se ruega informar sobre las medidas destinadas a aumentar el alcance del Fondo Especial para Mujeres Víctimas de Violencia y aportar información sobre la indemnización ya proporcionada a las mujeres que han sido víctimas de violencia por razón de género.
Las mujeres y la paz y la seguridad
El Estado parte informa de la creación en 2014 de un comité nacional para la aplicación de la resolución núm. 1325 (2000) del Consejo de Seguridad. Se ruega indicar si el Estado parte ha adoptado un plan de acción para la aplicación de dicha resolución e informar sobre los principales programas y planes vigentes en este contexto. Señálese de qué forma han participado las mujeres en los debates sobre la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad. El Comité desea recibir información acerca del modo en que se ha incorporado la igualdad de género en las medidas destinadas a reconstruir el país y en la aplicación de los acuerdos de consolidación de la paz, teniendo en cuenta las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 (2000) y 1820 (2008).
Trata y explotación de la prostitución
Se ruega facilitar información sobre las medidas orientadas a combatir y evitar la trata y la explotación sexual de las mujeres y las niñas, incluidas las medidas aplicadas mediante la cooperación regional e internacional. El Comité desea recibir información acerca del marco legislativo y de políticas públicas en relación con la trata, en particular sobre la forma en que el Estado parte contempla proteger a las mujeres y las niñas víctimas de la trata y enjuiciar y condenar a los autores de este delito. Indíquense las medidas adoptadas para informar y sensibilizar al público en general acerca de la trata y el modo en que las mujeres y las niñas no acompañadas que se encuentren en situación de riesgo pueden acceder a mecanismos de protección.
El Comité desearía examinar datos sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas por explotación de la prostitución. Se ruega aportar también información sobre programas de asistencia a mujeres que soliciten protección y deseen abandonar la prostitución.
Participación en la vida política y pública
En el informe se proporciona información sobre la participación de la mujer en cargos electivos, así como en los niveles superiores del poder judicial. Otras fuentes sugieren que la presencia de mujeres en las alcaldías locales se encuentra estancada en el 10%. Se ruega facilitar información sobre los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en relación con su participación en el ámbito local. Deberá incluirse información adicional sobre medidas, entre ellas, medidas especiales de carácter temporal, para promover el acceso de la mujer a cargos gubernamentales de alto nivel en los poderes ejecutivo y judicial y en el servicio diplomático, así como datos sobre el porcentaje de embajadoras y mujeres que trabajan en organizaciones internacionales. Apórtese información sobre los resultados electorales logrados mediante la aplicación del artículo 37 de la Ley de Partidos Políticos, que establece una cuota de participación de la mujer del 30% en las listas de candidatos de cada partido. Asimismo, el Comité desea recibir información acerca de las estrategias orientadas a fortalecer las competencias de liderazgo entre las mujeres y promover su participación en el ámbito político mediante programas de creación de capacidad (CEDAW/C/SLV/CO/7, párr. 28).
Educación
El Estado parte señala la existencia de una prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón de género en el sistema educativo. Se ruega informar al Comité acerca de la aplicación de medidas en ese sentido y del número de casos en que se ha solicitado protección en virtud de las disposiciones relativas a dicha prohibición. Deberá proporcionarse información desglosada sobre las tasas de acceso a la educación y de abandono escolar entre las niñas en todos los niveles del sistema educativo. ¿Qué servicios se prestan a las adolescentes embarazadas para garantizar su permanencia en la escuela? Facilítese información sobre las medidas encaminadas a revisar los libros de texto a fin de eliminar los estereotipos de género e indíquese si los planes de estudios incluyen educación sobre salud sexual y reproductiva adaptada a cada edad y con perspectiva de género. ¿Existen medidas específicas para evitar la concentración de mujeres en los ámbitos de estudio tradicionalmente considerados femeninos?
Empleo
El Estado parte señala que la diferencia salarial entre mujeres y hombres era del 14,3% en 2013 (párr. 97). Se ruega proporcionar información sobre las medidas encaminadas a reducir dicha diferencia salarial por razón de género en los sectores privado y público de la economía. ¿Qué medidas se están adoptando a fin de promover oportunidades de empleo para las mujeres en el sector formal de la economía? El Comité desea también recibir información sobre la situación de las trabajadoras domésticas, migratorias y rurales, así como sobre los mecanismos existentes para proteger sus derechos laborales (CEDAW/C/SLV/CO/7, párr. 32). ¿Qué medidas se han adoptado para promover la igualdad en la distribución de las responsabilidades parentales del cuidado de la familia a fin de facilitar la igualdad en el acceso de la mujer al empleo? Indíquense las medidas que se han adoptado para erradicar el trabajo infantil, especialmente entre las niñas, y para aplicar la legislación relativa a la edad mínima para trabajar (ibid., párr. 34).
Salud
Se ruega aportar información sobre el acceso de las mujeres de las zonas rurales a los servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Indíquese qué medidas se han adoptado para hacer frente a los efectos de la tipificación del aborto en la situación de las mujeres en edad reproductiva, incluidas sus consecuencias sobre las tasas de mortalidad materna. ¿Qué medidas específicas se han adoptado para proteger a las mujeres embarazadas de los efectos nocivos del virus del Zika? Infórmese sobre las medidas encaminadas a prevenir actos de violencia obstétrica contra la mujer y sancionar a sus autores e indíquense las medidas que se hayan aplicado para vigilar la práctica médica en los centros de atención sanitaria y hospitales de todo el país. Deberá facilitarse información sobre el acceso a anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia y métodos modernos de planificación familiar sin costo alguno y sin restricciones, especialmente para los adolescentes de ambos sexos.
Empoderamiento económico de la mujer
El Estado parte señala la existencia de préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito a disposición de las mujeres. Se ruega proporcionar información desglosada acerca de la cobertura de tales programas, especialmente en el caso de las mujeres rurales y aquellas que viven en asentamientos urbanos precarios. Deberá facilitarse información relativa al uso y los resultados del acceso de la mujer a los préstamos, inclusive sobre la tasa de reembolso mensual satisfactorio y sobre si dichos préstamos facilitaron la creación de empresas por parte de mujeres y aumentaron su autonomía económica. ¿Resultan eficaces los programas de mentores para las mujeres que acceden a los préstamos?
Mujeres rurales
El Estado parte hace referencia al Plan de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura y Ganadería (párr. 142). Se ruega informar al Comité sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para garantizar a las mujeres la igualdad de acceso a préstamos y recursos financieros concedidos por el Ministerio. Infórmese asimismo al Comité acerca de la participación de la mujer en los programas de desarrollo rural y la cadena de valor de los alimentos. Indíquense también las medidas orientadas al reconocimiento de la propiedad de la tierra y el otorgamiento de títulos de propiedad a las mujeres rurales y apórtense datos relativos a la propiedad de bienes por parte de las mujeres.
Mujeres desfavorecidas
Otras fuentes señalan que las mujeres, adolescentes y niñas desplazadas internas permanecen en situación de riesgo. Se ruega informar sobre las medidas de protección orientadas específicamente a las mujeres desplazadas internas a fin de protegerlas frente a la violencia sexual, la explotación y el secuestro.
Facilítense datos desglosados sobre la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad. ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad en el marco de la Convención, en particular con respecto al acceso a la justicia de acuerdo con la recomendación formulada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? (CRPD/C/CO/SLV/1, párrs. 18 y 30 d)).
Matrimonio y relaciones familiares
El Código de Familia del Estado parte permite a las personas menores de 18 años contraer matrimonio cuando una adolescente esté embarazada o ya tenga un hijo. Se ruega indicar qué medidas existen actualmente para proteger a las niñas y adolescentes en este tipo de matrimonios y garantizar la protección de las menores de 18 años frente a los matrimonios forzados. ¿Qué medidas se están contemplando para modificar el mencionado Código? Proporciónese información sobre los medios jurídicos existentes para la disolución del matrimonio y los mecanismos vigentes para proteger los derechos de la mujer tras la disolución tanto del matrimonio como de las uniones de hecho.