CDC

Centros de Control de Enfermedades

DFID

Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido

FDPSS

Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

IGAD

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo

JICA

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

Organizaciones no gubernamentales

ONU-Mujeres

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

ONUSIDA

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida

PMA

Programa Mundial de Alimentos

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sida

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNMISS

Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

VIH

Virus de la inmunodeficiencia humana

Artículo 1 Definición de la discriminación contra la mujer en la legislación de Sudán del Sur

En el artículo 9, párrafo 3, de la Constitución de Transición de la República de Sudán del Sur, 2011 (en su forma enmendada) se establece la definición de discriminación tal y como se articula en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El artículo también afirma que todos los derechos y libertades consagrados en los tratados, pactos e instrumentos internacionales de derechos humanos que haya ratificado o a los que se haya adherido la República de Sudán del Sur formarán parte indisociable de la Carta de Derechos.

El artículo 14 de la Constitución afirma además el principio de no discriminación al declarar que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación por motivos de raza, origen étnico, color, sexo, idioma, creencias religiosas, opinión política, nacimiento, localidad o condición social.

El artículo 16 de la Constitución establece que la mujer gozará de derechos iguales a los del hombre, especialmente en lo que se refiere a la dignidad humana, la igualdad de salario por trabajo igual y la participación en la vida pública.

Además, el artículo 122, párrafo 5 a), de la Constitución garantiza el acceso de todos a la justicia sin discriminación, requisito que habrá de ser aplicado por los tribunales en la resolución de casos de carácter tanto civil como penal. Se impartirá justicia a todas las personas, con independencia de su condición social, política o económica, género, religión o creencias.

Sin embargo, sigue existiendo un conflicto entre la definición de discriminación contenida en los artículos 5 y 33 de la Constitución y el reconocimiento que se da a las costumbres y tradiciones como una de las principales fuentes de derecho, en paralelo a otras leyes escritas.

En su artículo 33, la Constitución garantiza los derechos étnicos, culturales y religiosos y considera lícito que las comunidades observen sus creencias religiosas y eduquen a sus hijos en el contexto de sus respectivas culturas y costumbres de conformidad con la Constitución y la ley.

Otra dificultad es el reconocimiento del derecho consuetudinario y la amplia aplicación de sus principios en los juicios, lo que provoca conflictos en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres, y dificulta el cumplimiento del principio de igualdad, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas en el entorno familiar y otras experiencias de la vida real.

Con todo, el artículo 3 de la Constitución establece la supremacía de la Constitución sobre cualquier ley de la siguiente manera:

1)“La presente Constitución deriva su autoridad de la voluntad del pueblo y será la ley suprema del país. Tendrá fuerza obligatoria para todas las personas, instituciones, órganos y organismos de gobierno en todo el país.

2)La autoridad del gobierno en todos los niveles dimanará de esta Constitución y de la ley.

3)Las constituciones de los estados y todas las leyes serán conformes con la presente Constitución”.

En esencia, ninguna ley podrá contradecir la interpretación constitucional de la discriminación y de la igualdad entre las personas. Además, en el artículo 16, párrafo 4 b), de la Constitución se insta a todos los niveles de gobierno a promulgar leyes que combatan las costumbres y tradiciones perjudiciales que socaven la dignidad y la condición jurídica y social de la mujer.

Al articular la definición de discriminación con respecto a los derechos fundamentales en el lugar de trabajo, el artículo 6, párrafo 1, de la Ley del Trabajo de 2017 se ajusta a la definición contenida en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El artículo 6, párrafo 1, de la Ley del Trabajo establece que la discriminación comprende toda distinción, exclusión o preferencia que tenga como efecto anular o menoscabar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación, y que esté basada en cualquiera de los siguientes motivos: a) raza; b) tribu o lugar de origen; c) origen nacional; d) color; e) sexo; f) embarazo o nacimiento; g) estado civil; h) responsabilidades familiares; i) edad; j) religión; k) opinión política; l) discapacidad o necesidades especiales; m) estado de salud, también en relación con el VIH/sida; o n) pertenencia a un sindicato o participación en actividades sindicales.

Aunque las leyes a las que aquí se hace referencia tienen disposiciones muy detalladas y se ajustan a las normas internacionales y las buenas prácticas, algunas de ellas no han sido probadas en los tribunales de justicia. El prolongado período de conflicto en el que ha estado sumido el país durante años ha tenido una repercusión incalculable en las instituciones y la gobernanza en general. A pesar de ello, el Gobierno no ha flaqueado en su esfuerzo por asegurar que las prácticas discriminatorias no puedan prosperar en el país.

Artículo 2 Eliminación de la discriminación contra la mujer

Consagrar en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer

Como se ha dicho anteriormente, la Constitución de Transición consagra el principio de igualdad entre hombres y mujeres (art. 16). El Gobierno de Sudán del Sur ha expresado en repetidas ocasiones su compromiso con el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y adoptó importantes medidas para que la Constitución de Transición, incluso antes de ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, garantice este derecho de suma importancia. A fin de garantizar la aplicación del principio constitucional de igualdad de modo que sea una realidad en la vida de los ciudadanos, se han promulgado otras leyes que contienen disposiciones análogas. Por ejemplo, el artículo 110 de la Ley de Administración Local de 2007 dispone que el gobierno local será cercano; la misma disposición exige que todos los consejos de gobierno local apliquen las disposiciones constitucionales, incluida la aprobación de las leyes necesarias.

El artículo 26, párrafo 2 a) y b), de la Ley de la Infancia de 2008 también garantiza la igualdad de derechos de participación de niñas y niños en las actividades sociales, políticas y económicas, así como la igualdad de derecho a heredar de un progenitor fallecido sin discriminación. Además, el artículo 26 c) garantiza el derecho de los niños y las niñas a desarrollar plenamente su potencial y sus aptitudes mediante la igualdad de acceso a la educación y la capacitación.

Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer

Como se ha señalado anteriormente, el artículo 16, párrafo 4 b), de la Constitución ordena a todos los niveles de gobierno que promulguen leyes para combatir las costumbres y tradiciones perjudiciales que socavan la dignidad y la condición jurídica y social de la mujer.

Asimismo, el artículo 16, párr. 5, de la Constitución garantiza a la mujer el derecho a la propiedad y a recibir parte del patrimonio de su difunto marido, junto con otros herederos legales supervivientes (hombres y mujeres).

El artículo 247 1) del Código Penal de 2008 trata del delito de violación y prescribe su castigo en condiciones de igualdad. La violación conlleva una pena de 14 años de prisión así como la posibilidad de una multa. El artículo 247, párrafo 2, del Código Penal dispone que una persona menor de 18 años no es capaz de dar su consentimiento para mantener relaciones sexuales y, por lo tanto, tipifica como delito mantener relaciones sexuales con un niño o niña menor de 18 años.

El artículo 15 de la Constitución también garantiza los derechos del hombre y la mujer en edad núbil a casarse con una persona del sexo opuesto y a formar una familia propia con su libre y pleno consentimiento.

El Gobierno, con apoyo de los asociados internacionales, ha establecido en 2019 en Yuba un tribunal especializado con personal capacitado para juzgar los casos de violencia de género. Esto ayudará a acelerar el enjuiciamiento de esos delitos.

Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación

Uno de los retos a que se enfrenta el Gobierno en algunas partes del país es que la manifestación de la discriminación contra la mujer sigue siendo muy visible, incluidas las cuestiones de la violencia contra la mujer, por ejemplo, la violación y el matrimonio infantil y forzado; la alfabetización; el empleo formal; los derechos de propiedad; el acceso a la justicia; y las relaciones conyugales.

Para superar la violencia de género y acelerar el enjuiciamiento de los delitos sexuales en el país, el Gobierno estableció en 2016 en el Terrain Hotel de Yuba un tribunal militar especial encargado de juzgar al personal de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur acusado de cometer delitos sexuales. Los diez soldados fueron declarados culpables y condenados a diversas penas de prisión.

En algunas comisarías del país se han creado Unidades de Protección Especial contra la Violencia de Género (UPE) con el fin de promover una respuesta eficaz a los casos de delitos relacionados con la violencia de género contra mujeres.

En 2013, esas unidades tramitaron 2.403 casos, de los cuales 2.140 fueron efectivamente investigados y remitidos a los tribunales para su reparación. Un total de 423 mujeres y 178 jóvenes fueron liberados de los centros de detención gracias a la participación de las unidades. Se han creado más centros a lo largo de los años; por ejemplo, en Yuba hay 6 unidades de protección especial. Sin embargo, una evaluación reciente revela que algunos de estos centros no están funcionando debido a cuestiones principalmente logísticas como la falta de fondos para operaciones y la escasa capacidad humana para dar una respuesta eficaz a los problemas de la violencia de género. Los datos sobre los casos de violencia de género de que se ocupan algunos de estos centros tampoco están debidamente documentados.

Adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres por parte de cualquier persona, organización o empresa

El Ministerio de Trabajo, Administración Pública y Recursos Humanos está facultado para intervenir en las controversias relacionadas con el empleo, incluidas las relativas a las vulneraciones de derechos de los trabajadores del sector privado. En las controversias entre empleados de instituciones gubernamentales y su empleador, serán las Salas de Justicia para Empleados las facultadas para intervenir. Estos mecanismos se han establecido para abordar todas las controversias entre empleados y empleadores, incluidas las denuncias de abusos de los derechos reproductivos de la mujer.

Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas existentes que constituyan discriminación contra la mujer

Un aspecto muy importante de la seguridad de la mujer en las zonas rurales es el acceso a la tierra, ámbito en el que las mujeres suelen sufrir un alto grado de discriminación, en parte debido a las leyes y prácticas culturales de carácter patriarcal asociadas con la propiedad y el uso de la tierra. El artículo 13 de la Ley de Tierras de 2009 prohíbe a las autoridades de todos los niveles privar a nadie del derecho a la propiedad de la tierra por motivos de sexo, origen étnico o religión. El párrafo 4 del mismo artículo reconoce a las mujeres el derecho a poseer y heredar bienes.

Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer

Aunque el artículo 266 del Código Penal tipifica el delito y establece el castigo por adulterio cometido tanto por hombres como por mujeres, se informa de que las mujeres han sufrido discriminación con arreglo a esta disposición. Los defensores de los derechos de la mujer han pedido que se revise el artículo 266 del Código Penal.

Artículo 3 Medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer

Se han aprobado o elaborado varias leyes, políticas y planes operacionales nacionales que tienen en cuenta las cuestiones de género con el fin de promover y proteger los derechos de la mujer. A continuación figuran listas de leyes, políticas y medidas especiales que guardan relación con la promoción de los derechos de la mujer y la niña en Sudán del Sur.

Cuadro 1Legislación, políticas y documentos operacionales con repercusiones en los derechos de las mujeres y las niñas en Sudán del Sur

Leyes

Políticas

Documentos operacionales (planes/herramientas)

Constitución de Transición, 2011 (en su forma enmendada). Ley de Registro Civil, 2018

Ley de Adquisiciones de Sudán del Sur, 2018

Ley del Trabajo, 2017

Ley de Organizaciones No Gubernamentales, 2015

Ley Electoral Nacional, 2012

Ley General de Educación, 2012

Ley de Partidos Políticos, 2012

Ley de Nacionalidad, Pasaporte e Inmigración, 2011

Reglamento de Nacionalidad, 2011

Reglamento del Servicio Penitenciario, 2013

Ley de Administración Local, 2009

Ley de Tierras, 2009

Reglamento de la Policía Nacional de Sudán del Sur, 2009

Ley de la Infancia, 2008

Ley de Contratos, 2008

Ley del Código Penal, 2008

Código de Procedimiento Penal, 2008

Código de Conducta del Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur, 2008

Ley de Pruebas de Sudán del Sur, 2006

Política Nacional sobre la Protección y el Cuidado de Niños sin la Debida Atención Parental, 2017

Política de Protección Social, 2015

Política Nacional de Discapacidad e Inclusión, 2013

Política Nacional de Género, 2011

Política Nacional sobre el Sida, 2008

Plan Estratégico Nacional de Salud Reproductiva, 2013

Estrategia de Desarrollo de la Capacidad en Sudán del Sur

Marco Estratégico de Aplicación de la Política Nacional de Género

Plan de Acción Nacional para la Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad

Plan de Desarrollo de Sudán del Sur 2014 - 2016

Directrices sobre los Derechos de la Mujer y el Niño para el Personal de la Policía Nacional de Sudán del Sur, 2015

Estrategia de Desarrollo de la Capacidad en Sudán del Sur

Leyes necesarias

Leyes en proceso de elaboración

Planes/herramientas en espera de aprobación

Ley Nacional sobre la Familia

Proyecto de ley sobre violencia por razón de género, 2018

Directrices para el Establecimiento y la Gestión de un Hogar Seguro / Refugio para Supervivientes de la Violencia de Género en Sudán del Sur

Planes/herramientas necesarias Herramientas de Incorporación de la Perspectiva de Género/Directrices para la Elaboración de los Presupuestos Nacionales

Ley de Acción Afirmativa

Protección de los Supervivientes de la Trata de Personas

Ley contra el Estigma y la Discriminación por el VIH

Ley sobre Herencia y Sucesiones

Tratados internacionales a los que el Gobierno debe adherirse

•Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, incluidos el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire

•Carta Africana de los Jóvenes.

•Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza

•Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

El Gobierno ha promulgado leyes y elaborado políticas para la promoción de los derechos de la mujer en el país; sin embargo, sigue habiendo pruebas de discriminación contra la mujer, especialmente en las zonas rurales, donde el marco institucional para hacer cumplir la ley es débil. Las variadas costumbres y tradiciones patriarcales dominantes de los diversos grupos étnicos socavan constantemente la fuerza de las leyes y políticas escritas en vigor. A continuación se presentan algunas políticas administrativas y el marco establecido por el Gobierno para la promoción y protección de los derechos de las mujeres y las niñas en el país.

Cuadro 2Mecanismos institucionales/administrativos

Mecanismos

Enfoque estratégico

Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social

Lidera el mecanismo nacional de género en el país. El Ministro está en el Gabinete Nacional.

Asesoría en materia de Género en la Oficina de la Presidencia

Proporciona asesoramiento político estratégico al Presidente y a su Oficina en materia de derechos humanos e igualdad de género. Respalda el compromiso del Gobierno con la igualdad de género y proporciona liderazgo para la incorporación de la perspectiva de género.

Coordinadores de cuestiones de género en todas las instituciones gubernamentales

Los coordinadores de cuestiones de género apoyan los esfuerzos de su institución respectiva por incorporar la perspectiva de género en su ámbito de trabajo correspondiente. Se reúnen periódicamente y apoyan las acciones interministeriales.

Comité Especial de Género, Infancia, Bienestar Social, Juventud y Deportes (Comité parlamentario)

El Comité tiene el mandato de vigilar y promover medidas destinadas a mejorar la igualdad de oportunidades y la calidad de vida y la condición jurídica y social de la mujer, incluidos también los grupos marginados por motivos de género, edad (ancianos, jóvenes y niños), discapacidad o cualquier otra razón creada por la historia, la tradición o la costumbre, con el fin de corregir los desequilibrios.

Grupo Nacional de Mujeres Parlamentarias

El Grupo Nacional de Mujeres Parlamentarias desempeña un papel clave para garantizar que las legisladoras tengan voz en el parlamento y que aboguen y promuevan leyes que tengan en cuenta las cuestiones de género en todas las comisiones del Parlamento.

Entre los problemas que influyen en la eficacia de algunas de esas estructuras institucionales/administrativas cabe mencionar la escasa capacidad para incorporar de manera eficaz y eficiente la perspectiva de género y la falta de datos de calidad y oportunos para contribuir a una planificación basada en pruebas.

Los peculiares problemas de seguridad del país también hacen que los recursos financieros para los programas de desarrollo sean limitados o no estén disponibles. La mayoría de los programas del Ministerio son financiados por los asociados para el desarrollo. A continuación se muestra la asignación federal al Ministerio de Género en comparación con el total de los presupuestos gubernamentales anuales de los últimos cinco años.

Cuadro 3Presupuesto del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social como porcentaje del presupuesto anual total del Gobierno

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Presupuesto promulgado

Presupuesto promulgado

Presupuesto promulgado

Presupuesto promulgado

Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social

17 586 171

31 242 153

28 589 042

49 033 897

Total general del año fiscal (más préstamos y subvenciones externas)

10 642 138 993

38 074 035 039

1 862 205 015

81 590 170 609

Proporción del presupuesto total

0,1 %

0,08 %

1,5 %

0,06 %

Nota: Aparte de las bajas asignaciones presupuestarias, la liberación efectiva de la asignación también resulta problemática.

Artículo 4 Medidas provisionales adoptadas para acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres

Una de las medidas especiales adoptadas para acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres es la garantía constitucional de la promoción de la participación de la mujer en la vida pública y su representación en los órganos legislativos y ejecutivos en todos los niveles de gobierno, mediante la adopción de medidas de acción afirmativa en un 25 % como mínimo para corregir los desequilibrios creados por la historia, las costumbres y las tradiciones (art. 16, párr. 4, de la Constitución; art. 63 de la Ley Electoral, 2012). Este nivel de participación se ha incrementado aún más, hasta el 35 %, en el recientemente firmado Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, 2018.

Artículo 16, párrafo 4 c), de la Constitución, relativo a los derechos de la mujer en materia de maternidad y cuidado de los niños y a la atención médica de las mujeres embarazadas y lactantes.

Una de las medidas especiales establecidas para hacer realidad esta disposición constitucional y legal en la vida de las mujeres es el derecho a una licencia de maternidad de 90 días, 45 días para la lactancia mientras se trabaja durante media jornada y la garantía de conservar el puesto de trabajo al regresar de la licencia (artículo 64 de la Ley del Trabajo de 2017).

La Ley General de Educación de 2012 (art. 35) prevé la adopción de medidas de acción afirmativa en todo el país para corregir las prácticas discriminatorias, las creencias y las normas culturales perjudiciales, pasadas y presentes, que impiden a las alumnas asistir a la escuela. En virtud de esta ley, las alumnas embarazadas tienen derecho a permanecer en la escuela o a reincorporarse a ella después del parto (art. 30, párr. 8, Ley General de Educación, 2012).

El Ministerio de Educación General e Instrucción lleva a cabo un programa, financiado por el Gobierno del Reino Unido, llamado Educación de las Niñas de Sudán del Sur (GESS), que pretende aumentar el acceso de las niñas a una educación de calidad y eliminar la brecha de género en la educación en el país. En los artículos pertinentes, por ejemplo, los artículos 7, 10 y 11, se examinan más en detalle estas medidas especiales.

Artículo 5Medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otra índole basadas en la idea de las funciones estereotipadas de hombres y mujeres

En su intento de modificar los estereotipos de género en la sociedad, el Gobierno, los asociados internacionales para el desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil están ejecutando diversos programas y campañas, que comprenden actividades de formación en cuestiones de género para funcionarios gubernamentales y mujeres y hombres de la comunidad a diferentes niveles. Por ejemplo, se han organizado diversas actividades de formación sobre la incorporación de la perspectiva de género para funcionarios gubernamentales de nivel superior y medio (subsecretarios, directores generales y directores de diversas instituciones gubernamentales).

En enero de 2019, el Gobierno, con apoyo del Banco Africano de Desarrollo, organizó actividades de formación en cuestiones de género para los subsecretarios de los diversos ministerios e instituciones del país, como parte de su Proyecto de Desarrollo de la Capacidad Institucional.

Estas actividades de formación están empezando a dar resultados positivos. Por ejemplo, el Ministerio del Interior ascendió por primera vez a cuatro mujeres al rango de General de División en 2018 (dos en el Servicio de Policía, una en el Servicio Penitenciario y otra en el Cuerpo de Protección Civil).

Uno de los componentes del GESS es un programa de radio llamado “Nuestra Escuela”. En él se dan a conocer los problemas y las barreras que se oponen a la educación de las niñas en el país. Estos programas de radio están cambiando la percepción pública sobre la educación, y han conseguido que aumente el número de niñas que regresan a la escuela después de abandonarla.

El Gobierno, con apoyo de los asociados internacionales, conmemora los diferentes días internacionales de acción relacionados con los derechos de la mujer y la niña, participando en diferentes actividades de promoción destinadas a sensibilizar sobre los derechos de las mujeres y las niñas.

Durante la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se llevó a cabo en 2017, un grupo de organizaciones locales e internacionales lideró una campaña llamada Ma Mara Sakit, que significa “No solo una mujer”. Esta campaña ponía en tela de juicio el concepto ampliamente generalizado de la baja condición de la mujer y la popular expresión despectiva utilizada para hacer callar a las mujeres y reforzar la escasa consideración que reciben: Mara Sakit (solo una mujer). Se montaron vallas publicitarias con mensajes estratégicos; se celebraron debates radiofónicos y tertulias en los medios sociales para estimular el debate sobre las percepciones negativas de la sociedad respecto de la mujer y para abogar por cambios sociales. Esas actividades en todo el país están logrando cambiar la percepción pública respecto del papel de la mujer. Por ejemplo, hay mujeres jefas en Aweil, Kapoeta y Yirol. En Aweil, hay actualmente 5 jefes supremos. Los jefes desempeñan un papel importante en la vida comunitaria en todo Sudán del Sur. Prestan una serie de servicios vitales, como la solución de controversias y la administración de justicia consuetudinaria. El puesto de jefe se considera en gran medida privativo de los hombres.

Artículo 6 Medidas apropiadas para suprimir la trata de personas y la explotación de la prostitución de la mujer

Sudán del Sur es un país tanto de origen como de destino de hombres, mujeres y niños atrapados en la red del trabajo forzoso y la trata de personas con fines de explotación sexual. El desplazamiento de cerca de 1.900.000 personas a causa del conflicto ha expuesto a muchas mujeres y muchos niños al trabajo forzoso y la explotación sexual.

La Organización Internacional del Trabajo estima que los diferentes grupos militares a veces reclutan como soldados a niños de apenas 12 años de edad. En 2017, el Gobierno y el UNICEF verificaron 140 incidentes de reclutamiento y utilización de niños, que afectaron a al menos 1.221 niños (1.057 niños y 164 niñas). Debido a los focos de zonas de conflicto en todo el país, se estima que 2,2 millones de niños (72 % de la población en edad escolar) no estaban escolarizados en 2017.

La legislación de Sudán del Sur prohíbe la trata de personas. El artículo 282 del Código Penal de 2008 tipifica como delito la trata de personas y establece una pena de siete años, una multa o ambas cosas.

La Ley del Trabajo de 2017 detalla las formas de trata de personas, que están tipificadas como delito en Sudán del Sur. Además de tratar de proteger los derechos de los trabajadores y las oportunidades de empleo de los ciudadanos sursudaneses, el artículo 11 de la Ley del Trabajo de 2017 prohíbe toda circulación ilegal de cualquier otra persona, hacia o desde Sudán del Sur con el fin de conseguir trabajo en el país mediante el apoyo de organizaciones ilícitas. El artículo 11, párrafo 2, de la Ley también prohíbe dar empleo o contratar a una persona de la que el empleador sepa que está presente ilegalmente en Sudán del Sur.

La Ley de la Infancia de 2008 también faculta a las autoridades de todos los niveles de gobierno para reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los niños consagrados en dicha Ley (art. 36, párr. 1). En el párrafo 2 del mismo artículo, la Ley va más allá y ordena a todos los niveles del gobierno que hagan participar a todos los sectores de la sociedad y emprendan todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para proteger los derechos de la infancia consagrados en la Ley, lo que incluye, entre otras cosas, la adopción de medidas concretas para prevenir la venta, la trata y el secuestro de niños y para abolir la esclavitud y la servidumbre.

El artículo 253 del Código Penal de 2008 tipifica como delito toda actividad de prostitución en la que se ofrezcan servicios sexuales, se procure o se facilite cualquier actividad sexual. En Sudán del Sur la sociedad estigmatiza la prostitución; sin embargo, esta creencia cultural disuade a las víctimas de delitos sexuales de formular las correspondientes denuncias ante las fuerzas del orden.

Existen instituciones gubernamentales con el mandato de dar respuesta a las cuestiones relacionadas con la trata y la explotación de la prostitución. En el cuadro 4 se enumeran esas instituciones.

Cuadro 4Organismos responsables de la lucha contra la trata y la explotación de la prostitución

Organización/Organismo

Función

Ministerio de Trabajo, Servicios Públicos y Desarrollo de Recursos Humanos

Elaborar políticas laborales, hacer cumplir las leyes en materia de trabajo infantil, realizar inspecciones en el lugar de trabajo y supervisar el funcionamiento de los centros de formación profesional (4, 46, 55) A través de su Dependencia de Trabajo Infantil, investigar los casos de trabajo infantil; sin embargo, la Dependencia estuvo inactiva durante todo el año 2016 (4)t

Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social

Coordinar las actividades en materia de derechos de la infancia y actuar como ministerio coordinador de la protección infantil (56)

Dependencia de Protección Infantil de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur

Encabezado por un General de Brigada. Prevenir el reclutamiento de niños en el ejército, vigilar los cuarteles, identificar y ayudar a la liberación de niños soldados, investigar las denuncias de utilización de niños soldados e impartir formación sobre los derechos de la infancia a los oficiales de protección infantil y a los miembros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (17, 57, 58); servir de enlace entre estas y la comunidad internacional (57).

Ministerio del Interior

Aplicar las leyes penales para combatir la trata de personas y mantener una base de datos sobre estadísticas de delitos (59).

Ministerio de Justicia

Proteger los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir el Acuerdo General de Paz y la Constitución, incluidas las disposiciones en materia de protección de la infancia que contienen esas leyes (60).

Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur

Aplicar las leyes penales relacionadas con las peores formas de trabajo infantil (53)

Fuente: Oficina de Asuntos Laborales Internacionales - South Sudan N Advancement - Efforts Made but Complicit in Forced Child Labor, 2016 Findings on the Worst Forms of Child Labor.

El Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social elaboró en 2017 una Política Nacional sobre la Protección y el Cuidado de los Niños sin Atención Parental Adecuada. Esta política aborda, entre otros aspectos y problemas, la vulnerabilidad de los niños a la trata y la explotación sexual, tratando de promover la protección de la infancia. A través de esta política, el Ministerio de Género pretende velar por que las leyes contra la trata no tengan efectos y repercusiones negativas en los niños que están en movimiento.

Cabe citar también la campaña “Niños, No Soldados”, un programa del Ministerio de Defensa con el que se trata de sensibilizar a los miembros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur sobre los principios internacionales de protección de la infancia y sobre la forma de enjuiciar a los responsables del reclutamiento de niños soldados.

Entre 2014 y 2017, el Gobierno, con apoyo de asociados internacionales como el UNICEF, ejecutó un programa (Programa de Educación de Emergencia) cuyo objeto era apoyar a los niños expuestos a ser reclutados como soldados.

El Gobierno, con apoyo de los asociados internacionales para el desarrollo, abrió el Centro de Atención Provisional, que es un albergue temporal para los niños soldados liberados y las madres rescatadas en Yambio, en el antiguo estado de Ecuatoria Occidental.

El Gobierno, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), está ejecutando actualmente un proyecto destinado a fortalecer el entorno jurídico para dar una respuesta eficaz a la trata de mujeres y niñas.

El primer taller contra la trata de personas sobre la identificación e investigación de casos de trata de personas se impartió con éxito en Yuba entre el 4 y el 6 de septiembre de 2018.

El Gobierno, también con apoyo del UNICEF, estableció dependencias de protección infantil y capacitó a personal para gestionarlas. Estas unidades se encargan de rehabilitar a niños que han sido utilizados por los grupos armados.

El Gobierno además está colaborando estrechamente con los asociados internacionales para el desarrollo que trabajan en el país en cuestiones relativas a la infancia con miras a abordar la cuestión de los niños vinculados a las fuerzas armadas mediante actividades de identificación, verificación y registro de esos niños.

El Gobierno y los asociados internacionales para el desarrollo trabajan actualmente para asegurar la liberación de los niños soldados vinculados a diferentes grupos armados. En el cuadro que figura a continuación se presentan datos sobre niños y niñas que han sido liberados y reintegrados en algunas partes del país en un período de cuatro años.

Cuadro 5Número de niños liberados de diferentes grupos armados

Fecha

Estado/localización

Niños

Niñas

Dic. 2015

Zona Administrativa de Pibor

1.750

5

Oct. 2016

Zona Administrativa de Pibor

145

Mayo 2018

Pibor, Estado de Boma

207

3

Feb. 2018

Yambio, estado de Ecuatoria Occidental

248

100

Ene. 2019

Yambio

71

34

Feb. 2019

Yambio

72

49

Abril 2018

Bakiwiri

137

111

Ago. 2018

Asanza

98

51

2016- 2017

Pibor y Bentiu

99

2

Fuente: UNICEF, 2018.

La organización Confident Children out of Crisis también contribuye a los esfuerzos de prevención prestando apoyo a los niños pequeños, ofreciéndoles un espacio seguro donde dormir, comer, aprender y jugar, a fin de que puedan desarrollarse y realizar su pleno potencial hasta convertirse en jóvenes adultos. También apoya a los hogares para que pongan en pie condiciones de protección que permitan la reintegración segura de estos niños en sus comunidades.

Uno de los problemas que impiden una respuesta eficaz es la escasa capacidad del sector de la justicia, que entorpece la aplicación efectiva de las leyes vigentes.

Artículo 7

Participación de las mujeres en la vida política y pública

La Constitución de Transición de Sudán del Sur, 2011 (en su forma enmendada) contiene la Carta de Derechos reconocida internacionalmente y prevé la igualdad entre los géneros y la incorporación de la perspectiva de género, incluidos elementos de acción afirmativa que tienen por objeto asegurar la representación de la mujer en los puestos de adopción de decisiones en la esfera pública, incluidos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel nacional, estatal y local.

El derecho a la participación de mujeres y hombres en la vida política y pública en condiciones de igualdad está garantizado en el artículo 16, párrafo 3. El párrafo 4 del mismo artículo impone a todos los niveles de la administración la obligación de promover la participación de la mujer en la vida pública y su representación en los órganos legislativos y ejecutivos en un 25 % como mínimo, como medida de acción afirmativa para corregir los desequilibrios creados por la historia, las costumbres y las tradiciones.

Uno de los logros de las mujeres que participaron en las negociaciones de paz que condujeron a la firma del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur es la fructífera negociación por la que se incluyó en el Acuerdo y en la Constitución una cuota de acción afirmativa del 35%. Para conseguirlo, el Gobierno se esfuerza por trabajar con los partidos políticos y otras partes en el Acuerdo de Paz, con el fin de fortalecer la democracia dentro de los partidos en el país.

El artículo 25 de la Constitución garantiza la libertad de reunión y asociación, el derecho a formar o afiliarse a partidos políticos, asociaciones y sindicatos o a sindicatos profesionales para la protección de los intereses individuales de mujeres y hombres. Al mismo tiempo, el artículo 25 3) de la Constitución prevé específicamente la participación de todos en condiciones de igualdad, con independencia de su sexo, en cualquier partido político del país. Actualmente, de los 28 partidos políticos registrados en el país, 2 están encabezados por mujeres (SANU y Partido del Congreso Nacional).

El derecho a participar en la gobernanza a todos los niveles, ya sea por nombramiento o por elección, y el derecho a votar y ser votado también están garantizados por el artículo 26, párrafos 1 y 2, de la Constitución.

Además, el artículo 33 de la Ley Electoral Nacional de 2012 dispone que todos los ciudadanos de Sudán del Sur (hombres y mujeres) tienen derecho a votar si cumplen las condiciones establecidas, como haber cumplido 18 años, estar en pleno uso de sus facultades mentales y estar inscritos en el censo de votantes. Además, el artículo 45 de la Ley Electoral Nacional permite a mujeres y hombres por igual postularse como candidatos a la presidencia del país o el gobierno de un estado.

La Ley de Partidos Políticos de 2012 tiene además por objeto garantizar a la mujer el derecho a participar en la vida política y pública en condiciones de igualdad con el hombre. Al destacar las obligaciones de los partidos políticos, por último, el artículo 16, párrafo 2 c), de la Ley Electoral Nacional dispone que los dirigentes de los partidos deben ser elegidos democráticamente en todos los niveles y que los partidos deben adoptar disposiciones para una representación proporcional de las mujeres, con criterios que determinará cada partido.

Una de las condiciones para que una asociación política se registre como partido político, como se establece en el artículo 16 2) f) ii) y v) de la Ley de Partidos Políticos de 2012, es que debe haber equilibrio de género tanto entre los miembros inscritos como entre los miembros del órgano rector.

El objetivo 4 de la Política Nacional de Género elaborada por el Gobierno es promover la participación equitativa y efectiva de todos los ciudadanos en los asuntos sociales y políticos de la nación. Una de las estrategias previstas por la política para corregir las diferencias de género en la participación de las mujeres y las niñas en la vida política y pública.

Otros planes estratégicos elaborados por el Gobierno tienen por objeto promover la política de igualdad de género en los procesos de contratación, retención y ascenso en la función pública, así como en la creación de capacidad, la formación de dirigentes y la mentoría. El Gobierno, con apoyo de los asociados internacionales para el desarrollo, ha realizado una intensa campaña de sensibilización sobre la importancia de la igualdad de género como requisito indispensable para lograr el desarrollo sostenible.

El Gobierno, con apoyo de los asociados internacionales para el desarrollo, está realizando una investigación sobre las creencias y prácticas consuetudinarias y tradicionales, y colaborando con los líderes de opinión tradicionales, religiosos y otros líderes de la comunidad en la promoción de la igualdad entre los géneros y la eliminación de las prácticas que refuerzan las desigualdades y la discriminación contra la mujer.

Desde la independencia en 2011, no se han celebrado elecciones en Sudán del Sur; actualmente, todos los representantes y titulares de cargos en los diferentes niveles de gobierno han sido designados. En cuanto a la representación de género en los puestos legislativos, la disposición constitucional sobre la acción afirmativa de asignación de un mínimo de 25 % de mujeres se ha cumplido y aplicado a nivel nacional y en muchos estados. En agosto de 2018, 109 (28,46 %) de los 383 diputados del parlamento nacional eran mujeres. Además, en la Mesa del parlamento nacional, una de las dos vicepresidencias está ocupada por una mujer.

28,46 %71,54 %

La situación actual en el parlamento es bastante similar a la de la legislatura anterior (2011), en la que de 332 diputados 95 eran mujeres (29 %). Aunque el Gobierno ha establecido la cuota de acción afirmativa del 25 % para mejorar la participación de la mujer en la gobernanza del país, el nivel más bajo de alfabetización de las mujeres sigue siendo un obstáculo a la hora de cumplir los requisitos de participación en igualdad de condiciones, tal y como recomienda la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Cuadro 6

Representación en el gobierno por sexos

Puesto

2011

Febrero de 2019

M

H

Total

% M

% H

M

H

Total

% M

% H

1

Asamblea Legislativa Nacional

95

237

332

29

71

111

289

400

28

72

2

Consejo de los Estados

5

45

50

10

90

5

45

40

10

90

3

Presidencia de la Mesa

0

1

1

0

100

0

1

1

0

100

4

Vicepresidencias

1

1

2

50

50

1

1

2

50

50

5

Ministros

5

25

29

17

83

6

24

30

20

80

6

Viceministros

10

17

27

37

63

1

5

6

17

83

7

Presidencias de Comisiones

2

18

20

10

90

2

14

16

16

88

8

Presidencias Adjuntas de Comisiones

4

16

20

20

80

9

Asesores Presidenciales

1

6

7

14

86

10

Subsecretarías

4

28

32

12

88

4

28

32

13

87

Fuente: Ministerio de Asuntos Parlamentarios

En lo que respecta a los puestos ejecutivos, en 2011 las mujeres estaban muy poco representadas. En la mayoría de los puestos, la representación de mujeres se encontraba entre el 10 % y el 20 %. Solo entre los Viceministros hubo un 37 % de mujeres. Sin embargo, debido a la situación política actual y a la firma del Acuerdo de Paz, en 2019, la representación de las mujeres en el nivel ejecutivo nacional se ha reducido al 17 %. En general, entre 2011 y 2019, los porcentajes de ministras aumentaron un 3 %, desde el 17 %, y de subsecretarias un 1 %, desde el 12 %.

En el nivel de los estados, algunos han logrado la igualdad de participación de mujeres y hombres en sus asambleas legislativas. Por ejemplo, el Estado de Lake tiene el mismo número de mujeres que de hombres entre sus legisladores.

Cuadro 7Mujeres y hombres en las asambleas estatales de los antiguos Diez Estados

Estados

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres (%)

Hombres (%)

Ecuatoria Central

9

14

23

39

60,9

Ecuatoria Oriental

5

14

19

26,3

73,7

Yonglei

8

20

18

28,6

71,4

Lago

7

7

14

50

50

Bahr el-Ghazal Septentrional

14

11

25

56

44

Unidad

4

8

12

33,2

66,6

Alto Nilo

7

13

20

35

63

Warrap

8

12

20

40

60

Ecuatoria Occidental

1

5

6

16

84

Bahr el-Ghazal

4

9

13

30,8

69,2

El estado de Bahr el-Ghazal Septentrional ha superado el requisito constitucional de la igualdad de participación con un 56 % de mujeres representantes. Los antiguos Diez Estados, salvo Ecuatoria Oriental, con apenas un 16 % de mujeres, han cumplido el requisito mínimo de un 25 % de mujeres diputadas.

Debido al bajo nivel de alfabetización de las mujeres, que les impide seguir una carrera como la de sus homólogos masculinos, todavía existen enormes lagunas en los niveles directivos de la mayoría de las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, como se expone en el cuadro 8, la mayoría de los directores de departamentos de los diferentes ministerios y otras instituciones del Gobierno son hombres (37,5 %). Una excepción es el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social, donde hay más de un 62,5 % de directoras.

Cuadro 8Datos desglosados por sexo sobre los puestos directivos en diferentes instituciones gubernamentales

Ministerio

Direcciones Generales

Direcciones

H

%

M

%

H

%

M

%

1.

Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social

2

66,6

1

33,3

3

37,5

5

62,5

2.

Ministerio de la Presidencia

3

75

1

25

8

61,5

5

38,5

3.

Ministerio de Educación General y Enseñanza

6

85,7

1

14,3

15

88,2

2

11,76

4.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

7

87,5

1

12,5

5.

Ministerio de Trabajo, Servicios Públicos y Desarrollo de Recursos Humanos

9

81,8

2

18,2

10

90,9

1

9

6.

Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales

9

90

1

10

Según los registros actuales del Gobierno, en Sudán del Sur hay unas 2.155 organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales registradas, algunas de ellas dirigidas por mujeres. Las mujeres también participan en las actividades sindicales. El Sindicato de Sudán del Sur se estableció en 2010 y actualmente tiene una dirección formada por 27 hombres y 7 mujeres a nivel nacional.

Las mujeres también están organizadas en diversas asociaciones de mujeres a nivel nacional, estatal, de condado y de distrito. Está registrada una Asociación General de Mujeres de Sudán del Sur, que es apartidista, apolítica y no gubernamental. Entre sus principales objetivos figuran la promoción de la equidad de género en todos los niveles de la sociedad, la consolidación de la paz, el empoderamiento económico de la mujer, y la prevención de la violencia de género y de todas las formas de discriminación contra la mujer.

El Gobierno de Sudán del Sur demuestra su compromiso de promover la participación de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre en la vida política y pública al incorporar esta aspiración a todos sus planes estratégicos.

El Plan de Desarrollo del Gobierno – Visión 2040 reconoce el carácter central de la igualdad de género para el desarrollo del país, entre otras, las nueve cuestiones transversales que todas las instituciones gubernamentales deben aplicar en todas sus políticas, planes y programas.

El objetivo 4.4 h) del Plan de Desarrollo es “integrar la igualdad de género en todas las instituciones de gobierno y en la vida pública, en particular el cumplimiento de la disposición constitucional relativa a la representación de la mujer en todos los niveles de gobierno”.

Entre 2014 y 2016, para promover un liderazgo de mujeres efectivo, el Gobierno, con apoyo de los asociados internacionales, llevó a cabo una serie de cursos de capacitación para mujeres sobre liderazgo transformacional, consolidación de la paz y reconciliación. Entre las mujeres capacitadas se encuentran 45 mujeres líderes del poder ejecutivo a nivel nacional y estatal; 150 mujeres jóvenes dirigentes; 150 mujeres pertenecientes al Consejo de Iglesias del Sudán del Sur; 100 mujeres del movimiento por la paz; 60 hombres y mujeres de los emplazamientos de protección de civiles; y 120 mujeres seleccionadas de comunidades rurales.

El Gobierno goza de un enorme apoyo de los asociados internacionales para el desarrollo en la promoción de la participación de la mujer en la vida pública. Entre 2014 y 2016, el Gobierno, con apoyo de ONU-Mujeres y de la Universidad de Yuba, inició el proceso de institucionalización de la capacitación en liderazgo transformacional para mujeres con la preparación y validación de un proyecto de plan de estudios. Estas iniciativas constituyen un importante punto de partida y suponen pasos hacia la creación de capacidad técnica y organizativa entre el personal gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil para la supervisión y el liderazgo estratégicos y la promoción de políticas y programas que tengan en cuenta las cuestiones de género.

En 2015, el Gobierno, en colaboración con el PND, impartió formación a ciudadanos sobre la participación efectiva en el gobierno, en el Condado del Río Yei. La reunión fue muy especial porque también se invitó a participar a las mujeres de la localidad (distrito de Tore del condado de Yei).

El Gobierno, en colaboración con el Programa de Vigilancia y Observación de la Participación en el Proceso Democrático de Sudán del Sur, facilitó la elaboración de la Estrategia para la Mujer del Sudán del Sur, que tiene por objeto aumentar la participación de las mujeres en la adopción de decisiones. El documento de estrategia está diseñado para servir como proyecto integral de apoyo a las mujeres para que compartan sus opiniones sobre diferentes cuestiones.

A pesar de la voluntad política y las garantías constitucionales del Gobierno y debido a algunas creencias culturales, la percepción pública de la igualdad entre los géneros está sesgada en favor de los hombres, lo que da lugar a un poder de decisión limitado de la mujer tanto en el hogar como en la comunidad. Esto, a su vez, afecta negativamente a la participación de la mujer en la vida política y pública.

Artículo 8 Igualdad de oportunidades de representar al Gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales

El Gobierno, guiado por las leyes y políticas del país como la Constitución y la política nacional en materia de género, es responsable de las relaciones exteriores del país y por lo tanto supervisa el nombramiento y el destino de los diplomáticos y los agregados extranjeros.

El artículo 16, párrafo 4, de la Constitución impone al gobierno a todos los niveles la obligación de promover la participación de la mujer en la vida pública y su representación en los órganos legislativos y ejecutivos en un 25 % como mínimo, como medida de acción afirmativa para corregir los desequilibrios creados por la historia, las costumbres y las tradiciones.

Cuadro 9

Mujeres y hombres que representan al Gobierno a nivel internacional

Título

Categoría

Total

Hombres

%

Mujeres

%

1

Embajador/a

1

57

53

95

4

5

2

Embajador/a

2

43

37

84

6

16

3

Embajador/a

3

41

34

85

7

15

4

Ministros Plenipotenciarios

4

41

34

85

7

15

5

Consejeros

5

27

12

59

15

41

6

Primer Secretario

7

70

45

64

40

36

7

Segundo Secretario

8

41

16

39

25

61

8

Tercer Secretario

9

53

33

67

11

33

9

Administradores

Mixtos

31

19

61

12

39

10

Inspectores de Finanzas

Mixtos

15

10

67

5

33

11

Oficiales de Establecimiento

Mixtos

6

2

33

4

67

Total general

405

290

115

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Sudán del Sur.

Como se observa en el cuadro 7, solo el 5 % de los 57 embajadores de mayor rango son mujeres. La proporción de mujeres es mayor en los cuadros inferiores y administrativos dentro de las operaciones del Servicio Exterior. En estos niveles se supera la cuota de acción afirmativa del 25 % prevista en la Constitución. Las mujeres también superan a los hombres en los niveles de Oficiales de Establecimiento (67 %) y Segundos Secretarios (más del 60 %).

La baja tasa de alfabetización de las mujeres es un problema importante. La socialización de la mujer en un entorno sumamente patriarcal también limita la confianza en sí misma incluso cuando ha recibido educación, lo que dificulta su socialización y la búsqueda de reconocimiento.

Se alienta a las mujeres a trabajar en las organizaciones internacionales. El principal factor limitante para las mujeres en esta esfera es el analfabetismo; con todo, el cuadro que figura a continuación da una idea de las mujeres de Sudán del Sur que trabajan actualmente en organizaciones internacionales.

Cuadro 10

Número de ciudadanos de Sudán del Sur que trabajan en organismos de las Naciones Unidas

Organismo

Oficiales Nacionales (FNCO-A, FNCO-B, FNCO-C, FNCO-D)

Cuadro de Servicios Generales (G1, G2, G3, G4, G5, G6, GS7)

H

M

H

M

1

PNUD

8

1

16

13

2

UNICEF

83

38

107

43

3

ONU-Mujeres

0

2

7

3

4

UNMISS

117

42

1072

156

5

UNESCO

2

2

8

2

6

ACNUR

118

36

101

8

7

PMA

42

16

721

157

8

FAO

7

0

1

1

9

OIM

3

2

369

103

10

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

15

3

30

4

11

PNUMA

1

2

11

UNOPS

22

2

358

229

12

UNMAS

3

0

24

3

13

UNFPA

5

3

17

6

14

ONUDI

6

3

5

1

15

UN HABITAT

1

3

Total

433

150

2,840

729

El cuadro 9 revela que en las categorías de oficiales nacionales y el Cuadro de Servicios Generales, las mujeres constituyen el 34 % y el 26 %, respectivamente, de los ciudadanos de Sudán del Sur empleados por algunas organizaciones internacionales cuyos datos sobre empleo se pudieron consultar durante la elaboración del presente informe.

El Gobierno, junto con ONU-Mujeres, ha compilado una base de datos sobre las mujeres sursudanesas que están calificadas para ocupar puestos de alto nivel. Este recurso se ha generado con mucho esfuerzo con el fin de apoyar diferentes procesos de selección en el país. El Gobierno se esfuerza por apoyar a las mujeres para que se movilicen y formen grupos de presión y promoción de alto nivel que estén dispuestos a participar en negociaciones de alto nivel en nombre de las mujeres a diferentes niveles estratégicos.

Artículo 9 Nacionalidad

Las leyes de Sudán del Sur no discriminan por motivos de sexo en cuanto a quién puede ser ciudadano del país. Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos para adquirir, cambiar y conservar su ciudadanía y nacionalidad. De hecho, Sudán del Sur es uno de los países africanos cuyas leyes de nacionalidad están en conformidad con las leyes internacionales, especialmente en lo que respecta a los derechos de la mujer.

Las cuestiones relacionadas con la nacionalidad y la ciudadanía de Sudán del Sur están reguladas por la Constitución de Transición, 2011, la Ley de Nacionalidad de 2011 y el Reglamento de Nacionalidad de 2011. El artículo 45 de la Constitución define específicamente quién puede ser ciudadano del Sudán del Sur: Toda persona nacida de madre o padre de Sudán del Sur.

El artículo 8 de la Ley de Nacionalidad de 2011 establece las condiciones para poder adquirir la nacionalidad y la ciudadanía de Sudán del Sur. El artículo 8, párrafo 1 a), de la Ley de Nacionalidad dispone que una persona nacida antes y después de la entrada en vigor de la ley será nacional de Sudán del Sur por nacimiento si alguno de sus padres, abuelos o bisabuelos paternos o maternos nació en Sudán del Sur. La ley va más allá en el apartado 3) del mismo artículo, al declarar que los hijos de padres de Sudán del Sur naturalizados son ciudadanos de Sudán del Sur.

En virtud de la Ley de Nacionalidad, las personas casadas con un hombre o una mujer de Sudán del Sur pueden, por derecho, adquirir la nacionalidad de Sudán del Sur si se cumplen las condiciones mínimas vinculadas al proceso, detalladas en el Reglamento de Nacionalidad.

El artículo 20 del Reglamento de Nacionalidad también reafirma el compromiso del Gobierno de respetar los derechos humanos fundamentales de las personas. Se ordena a las autoridades expedidoras del departamento de nacionalidad del Gobierno que cumplan las normas internacionales.

El artículo 21 también prohíbe a los funcionarios encargados de aplicar las disposiciones de la Ley de Nacionalidad basar sus acciones o decisiones en motivos arbitrarios o discriminatorios como la raza, el color, el origen étnico, el sexo, la religión, la opinión política o de otra índole, la propiedad, la discapacidad, el estado de salud, el origen geográfico o la pertenencia a un grupo social determinado.

El Gobierno ha encomendado a la Dirección de Nacionalidad, Pasaportes e Inmigración la responsabilidad de registrar y expedir los documentos de nacionalidad a los ciudadanos. Por ley, todos los ciudadanos de Sudán del Sur deben tener un certificado de nacionalidad y un documento nacional de identidad que confirme la identidad del titular.

Actualmente, el Gobierno está emitiendo certificados de nacionalidad en las principales ciudades del país, incluida la capital, Yuba, y se esfuerza por ampliar esos servicios a otras partes del país.

Artículo 10

Igualdad de derechos de mujeres y hombres en la esfera de la educación

El Gobierno ha hecho que la educación primaria sea gratuita y obligatoria; sin embargo, el analfabetismo sigue siendo uno de los grandes desafíos en el país. En 2012, la Oficina Nacional de Estadística informó de que solo el 27 % de la población adulta está alfabetizada y el 70 % de los niños de 6 a 17 años nunca han puesto un pie en un aula.

Un análisis de género de la tasa de alfabetización de adultos pone de manifiesto que la situación de las mujeres y las niñas es peor. Mientras que la tasa de alfabetización de los niños es del 60 %, la de las niñas es del 40 %. En 2012, solo el 36 % de los alumnos matriculados en la enseñanza primaria superior y menos de un tercio de los estudiantes de secundaria eran niñas. En 2013, solo el 38,9 % de los 1.311.467 alumnos matriculados en las escuelas primarias eran niñas.

Del mismo modo, en 2013 la cifra registrada por el Gobierno era de un 31,9 % de mujeres entre los 46.567 alumnos matriculados en escuelas secundarias. Las tasas de deserción escolar en todo el sistema educativo también son elevadas. En el mismo año (2013), apenas había 500 niñas en el último curso de la enseñanza secundaria en todo el país; en 2016, 128.000 niñas comenzaron la escuela primaria, pero apenas 2.700 completaron la secundaria.

Se observa la misma tendencia en el caso de los instructores. En 2012, solo el 12 % del personal docente eran mujeres. Estos pésimos datos ponen de relieve las enormes diferencias entre los géneros en cuanto al grado de instrucción y han impulsado al Gobierno y a los asociados estratégicos a actuar a lo largo de los años.

Los esfuerzos del Gobierno encaminados a abordar las enormes carencias han dado resultados positivos. Entre 2008 y 2015, el número de matriculaciones en la enseñanza preescolar y secundaria aumentó a una tasa de crecimiento anual del 19 % y el 15 %, respectivamente. Lamentablemente, la violencia sufrida en los últimos tiempos ha provocado cierto retroceso a este respecto en diferentes partes del país.

Cuadro 11

Datos básicos del sector de la educación

Categoría

Hombres (%)

Mujeres (%)

1

Tasa media de abandono escolar en la escuela primaria (2015)

6

8

2

Average Dropout Rate at secondary school level (2015)

7

12

3

Average Repetition Rate at primary school level (2015)

10

14

4

Average Repetition Rate at secondary school level (2015)

4

6

Fuente: NBS, 2015.

El derecho a la educación está garantizado por la Constitución en el artículo 29, que reconoce el derecho al acceso a la educación de todos los ciudadanos sin discriminación por motivos de religión, raza y origen étnico, estado de salud, incluido el VIH/sida, género o discapacidad. En virtud de lo dispuesto en este artículo, todos los niveles de gobierno están obligados a proporcionar acceso a la educación para todos.

Además de las garantías constitucionales, el artículo 6 a) de la Ley General de Educación de 2012 prevé la educación primaria gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos sin discriminación por motivos de sexo, raza u origen étnico, estado de salud, inclusive en relación con el VIH/sida, género o discapacidad. En el artículo 6 c) de la Ley se establece también que “la educación promoverá la igualdad entre los géneros en todas las instituciones de enseñanza primaria, secundaria y de otro tipo” y en el artículo 6 d) se dispone que “la educación inculcará en la persona la conciencia y el respeto de la vida, la dignidad humana en general y los derechos humanos en particular, especialmente los derechos de la infancia”.

En el artículo 7 c) de la Ley se establece también que uno de los objetivos de la educación es el logro de la equidad, la promoción de la igualdad de género y el adelanto de la condición jurídica y social de la mujer.

El artículo 18 de la Ley General de Educación aborda el problema del acceso de los niños a la educación como una cuestión de derechos fundamentales y tipifica como delito que un padre se niegue a matricular en la escuela a un niño en edad escolar.

En el artículo 9, párrafo 2, de la Ley también se establece que el objetivo de los sistemas de educación alternativos es proporcionar oportunidades de aprendizaje a los alumnos que no han asistido a la enseñanza formal en el sistema de educación básica y a los que nunca se han incorporado a la educación básica. La Ley tiene un objetivo específico respecto de la educación de adultos y la educación permanente: erradicar el analfabetismo, mejorar las posibilidades de empleo de los jóvenes y los adultos y promover la educación permanente para todos los ciudadanos.

El Gobierno trata de corregir la enorme diferencia de nivel de instrucción entre hombres y mujeres mediante el establecimiento de un plan de acción afirmativa en todo el país y la introducción de políticas para poner fin a las prácticas discriminatorias, las creencias y las culturas perjudiciales pasadas y presentes que dificultan la asistencia de mujeres y niñas a la escuela.

El deseo del Gobierno de lograr la igualdad de género en el acceso a una educación de calidad se recoge también en la Política Nacional de Género de 2013. Uno de los objetivos de esta política es promover la igualdad de acceso y de oportunidades para niñas y niños, mujeres y hombres, en todos los niveles de enseñanza.

El Gobierno también ha introducido políticas mediante las cuales pretende alcanzar los objetivos relacionados con la igualdad de género. Una de esas políticas es la elaboración de un plan de acción para la aplicación de la Ley de la Infancia de 2008.

El Gobierno, con apoyo del Reino Unido, está ejecutando el Proyecto de Educación de las Niñas de Sudán del Sur en diez antiguos estados del país. Actualmente se benefician de las subvenciones proporcionales al número de alumnos del Proyecto unas 4.000 escuelas sin fines de lucro, que incluyen escuelas gubernamentales, comunitarias y religiosas; esas subvenciones ayudan a reducir los costos de funcionamiento y mejorar el entorno de aprendizaje, alentando así a los padres a enviar a sus hijos a la escuela.

El Proyecto trabaja para aumentar el número de niñas con estudios en Sudán del Sur, dando a más niñas acceso a una educación de calidad. Con el fin de mejorar la calidad de la educación, se ha formado al personal docente y a los administradores del sector de la educación para que mejoren sus capacidades dentro y fuera del aula.

En la actualidad, el Proyecto beneficia a unas 200.000 niñas inscritas en la enseñanza primaria y secundaria.

El Sistema de Educación Alternativa del Gobierno previsto en la Ley General de Educación tiene por objeto abordar la situación de desventaja de las mujeres y las niñas en la esfera de la alfabetización. Esto supone una oportunidad de aprendizaje para las mujeres y niñas (incluidas las embarazadas) que no pueden acceder a la educación formal. Aproximadamente 70.000 niñas y mujeres utilizaron este programa en 2011.

Un programa de educación alternativa elaborado por el Gobierno específicamente para las niñas se denomina Escuelas Comunitarias para Niñas, que comprime en tres años las materias correspondientes a los cuatro primeros cursos de primaria. Este programa está diseñado para empoderar a las jóvenes de entornos pobres.

El Gobierno y la Alianza Mundial para la Educación apoyan la eliminación de los obstáculos que se oponen a la educación de las niñas en Sudán del Sur. Entre 2013 y 2016, el Gobierno, en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), proporcionó fondos por valor de 66 millones de dólares al sector de la educación. Se crearon 25 “centros de acogida para niñas” con el objetivo de beneficiar a 3.000 niñas. Los programas de sensibilización sobre cuestiones de género en las escuelas incluyen instalaciones sanitarias separadas para las niñas y la capacitación del personal docente en cuestiones relacionadas con la violencia de género.

Con apoyo de la Unión Europea (programa IMPACT) (2015-2020), el Gobierno se propuso aumentar el acceso a la educación de calidad incrementando la asistencia de los docentes, abonando incentivos (40 dólares mensuales) a los maestros de primaria durante 18 meses. Esto ha mejorado en gran medida las condiciones de vida de los maestros.

En 2017, el Gobierno, también con apoyo del UNICEF, elaboró una amplia Estrategia Nacional de Educación de las Niñas para 2018-2022; la Estrategia Nacional para la Juventud; y el Plan de Acción Nacional de Sudán del Sur para Acabar con el Matrimonio Infantil. El Gobierno, con apoyo del UNICEF, se esfuerza por modelar buenas prácticas en la construcción de escuelas y el fortalecimiento de la capacidad de los docentes, los administradores y los miembros de la comunidad para impartir una educación de calidad:

a)Un total de 13.007 maestros, miembros de la Asociación de Padres y Maestros y otro personal del sector de la educación (3.956 mujeres y 9.051 hombres) recibieron capacitación para prestar eficazmente servicios de educación integrada en 556 aulas temporales y 133 aulas rehabilitadas;

b)Los miembros de la Asociación de Padres y Maestros y del Comité de Administración Escolar recibieron orientación específica para mejorar la participación de las niñas en las escuelas. Se distribuyeron más de 461.000 libros de texto y guías para personal docente;

c)En asociación con 18 ONG internacionales y 14 nacionales, el UNICEF de Sudán del Sur trabajó con otros agentes en el ámbito de la educación para los refugiados (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)); competencias para la vida y educación para jóvenes (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)); y la educación para niñas (Educación de las Niñas de Sudán del Sur);

d)Los Gobiernos de Etiopía, Sudán y Sudáfrica, entre otros, ofrecen becas de educación parciales a ciudadanos de Sudán del Sur, pero muchas niñas y mujeres no pueden aprovechar esas oportunidades a causa de la pobreza y la falta de acceso a los servicios financieros.

En el artículo 15 b) de la Ley General de Educación de 2012 se dispone que el 10 % del presupuesto total se asignará al sector de la educación. En el cuadro 12 se presenta el presupuesto del sector de la educación en un período de seis años. Solo en 2019 la asignación presupuestaria para el Ministerio de Educación General ha alcanzado el objetivo previsto.

Cuadro 12

Presupuesto de educación como porcentaje del presupuesto anual total del Gobierno

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Presupuesto promulgado

Presupuesto promulgado

Presupuesto promulgado

Presupuesto promulgado

Presupuesto promulgado

Presupuesto promulgado

Educación e Instrucción General

463 505 919

388 040 987

388 040 987

962 884 759

1 408 671 502

6 844 545 069

Enseñanza Superior, Ciencia y Tecnología

156 435 725

288 873 359

288 873 359

442 917 916

1 408 671 502

657 812 876

Secretaría de Exámenes de Sudán del Sur

453 533 513

126 647 410

Sector de la educación

619 941 644

676 914 346

676 914 346

1 405 802 675

7 629 005 355

Total general del año fiscal (más préstamos y subvenciones externas)

10 403 498 304

10 642 138 993

10 642 138 993

38 074 035 039

1 862 205 015

81 590 170 609

Proporción del sector de la educación en el presupuesto general

6 %

6 %

6 %

3,7 %

46 276 830 967

9,4 %

Proporción de la educación general (más el Consejo de Exámenes) del presupuesto general del Gobierno

4 %

4 %

4 %

2,5 %

4,0 %

8,5 %

Fuente: Ministerio de Educación General, 2019.

Aunque se han hecho muchos progresos en el sector de la educación, los peculiares problemas de seguridad del país han hecho que la prestación de servicios en algunas zonas siga siendo difícil.

Otro reto fundamental del sector de la educación es la falta de personal docente calificado; sin embargo, el Gobierno está invirtiendo actualmente en instituciones de formación de docentes, especialmente mujeres.

Las mismas oportunidades para participar activamente en los deportes y la educación física; véase en el artículo 13 en cuanto a la situación de la participación de la mujer en las actividades deportivas.

Artículo 11

Derecho de la mujer al empleo

La persistencia de los problemas de seguridad en el país sigue repercutiendo negativamente en el mercado laboral. Con un alto nivel de población analfabeta, la tasa de desempleo en el país, un 11,50 % en 2017, es más alta que la de 2016.

Se estima que el 11,6 % de los hombres y el 13 % de las mujeres están desempleados en el país. En total, el 84 % de los trabajadores realizan trabajos no asalariados, ya sea para su familia (43 %), para terceros (5 %) o por cuenta propia (37%). Al mismo tiempo, el sector agrícola representa el 63 % del total del empleo. Los trabajadores no asalariados del sector agrícola (es decir, el grupo que se superpone) representan el 61 % de los trabajadores.

Solo una minoría de los trabajadores disfruta de un empleo asalariado formal (13 %) o de un empleo en el sector terciario (19 %). Estas pautas son especialmente pronunciadas en el caso de los habitantes de las zonas rurales (el 90 % de ellos realiza trabajos no asalariados; el 69 % se dedica a la agricultura y el 67 % ambas cosas) y los pobres (el 93% realiza trabajos no asalariados y el 75 % se dedica a la agricultura).

El entorno jurídico y normativo para la protección del derecho a la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el mundo del trabajo es progresivo.

El derecho a trabajar y a disfrutar de los beneficios asociados

El derecho a la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo para mujeres y hombres está específicamente garantizado por la Constitución en su artículo 16, que garantiza a la mujer el mismo derecho a la dignidad de su persona que el hombre, el derecho a igual salario por trabajo igual y otros beneficios conexos, y el derecho a participar en la vida pública en igualdad de condiciones con el hombre. El artículo 16, párrafo 4 c), también atribuye a todos los niveles de gobierno la responsabilidad de prestar atención maternoinfantil y servicios médicos a las mujeres embarazadas y lactantes.

El derecho a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, garantizado por la Constitución, está protegido además por el artículo 8 de la Ley del Trabajo. La Ley de la Administración Pública (artículo 19 b)) también prevé la igualdad de derechos de mujeres y hombres en materia de contratación, promoción y remuneración.

El artículo 70 de la Ley del Trabajo dispone asimismo que el Ministro de Trabajo elaborará reglamentos que puedan ofrecer protección a los aprendices y a los empleados con necesidades especiales. La disposición se aplica tanto a hombres como a mujeres.

Eliminación de la discriminación de género en el mundo del trabajo

Además de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Gobierno ratificó en 2015 el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111). Como se ha señalado anteriormente en este informe, existe un mecanismo en materia de género que orienta la respuesta del Gobierno a la promoción de la igualdad de género en el país.

El artículo 68, párrafo 3, de la Ley del Trabajo prohíbe al empleador exigir o permitir que una empleada embarazada o que haya dado a luz recientemente realice trabajos nocturnos durante las ocho semanas anteriores a la fecha prevista del parto y las ocho semanas inmediatamente posteriores al mismo, o cualquier otro período especificado en un certificado médico expedido por un hospital o centro sanitario público o privado en el que se indique que el trabajo nocturno puede poner en peligro la salud de la empleada o de su hijo.

Debido al alto nivel de analfabetismo y desempleo juvenil, el Gobierno, con apoyo de los asociados internacionales para el desarrollo, ha puesto en marcha programas de formación profesional en el país. La Política de Formación Profesional en Sudán del Sur tiene por objeto orientar la aplicación del programa de formación profesional. Hay 12 centros públicos de formación profesional en el país, además de otros centros de formación profesional privados.

Para promover la inclusión, el Gobierno ha elaborado la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión (2013) que tiene por objeto, entre otras cosas, abordar y dar respuesta a las múltiples vulnerabilidades a que hacen frente las personas con discapacidad y promover y proteger sus derechos y su dignidad de manera inclusiva. Una de las principales esferas prioritarias de la política es el empoderamiento económico y la mejora de los medios de vida de las personas con discapacidad. Algunas de las estrategias para lograrlo incluyen la aplicación de una serie de programas de protección social; la promoción de la acción afirmativa para el empleo de las personas con discapacidad, y el desarrollo, la ampliación y la aplicación del programa de capacitación y desarrollo de aptitudes profesionales para personas con discapacidad.

Medidas especiales para garantizar a la mujer la igualdad de derechos en la esfera del empleo y para salvaguardar la salud reproductiva

Una de las medidas especiales que ha aplicado el Gobierno mediante disposiciones de la Ley del Trabajo es el derecho de las mujeres a una licencia de maternidad de 90 días y la garantía de conservar el puesto de trabajo al regresar de esa licencia. Estas disposiciones están contenidas en el artículo 64, párrafo 1, de la Ley del Trabajo. En virtud de esta Ley, actualmente una empleada tiene derecho a una licencia de maternidad de 90 días con sueldo completo en cada embarazo; y 45 días para la lactancia mientras trabaja a media jornada, como se estipula en el párrafo 7.

Otros derechos de la madre lactante, dentro de los seis meses siguientes al regreso de la licencia de maternidad son: a) dos descansos de 30 minutos cada uno durante la jornada laboral; b) una reducción de 60 minutos de su horario de trabajo diario o c) la provisión de un espacio limpio para las cuidadoras en el lugar de trabajo para que las madres lactantes puedan amamantar a sus bebés con regularidad.

Además, el párrafo 8 del artículo 64 de la Ley del Trabajo también permite que todos los períodos de descanso de los que pueda disfrutar una madre lactante se consideren tiempo de trabajo con la remuneración correspondiente. En virtud del párrafo 9 de la Ley, está prohibido pedir a una empleada que esté embarazada o amamantando a un niño que realice un trabajo que sea peligroso para su salud o la de su hijo. Una empleada que sufra un aborto espontáneo o dé a luz un mortinato también tiene derecho a una licencia de seis semanas después del incidente.

En su artículo 65, la Ley también prevé dos semanas de licencia de paternidad y sueldo completo para los hombres cuya esposa esté embarazada, después del nacimiento del niño o inmediatamente después de que su esposa haya sufrido un aborto, sin perder el puesto que ocupaba antes de la licencia. El Gobierno, con apoyo de los asociados internacionales para el desarrollo, ha establecido una oportunidad de empleo no formal para los ciudadanos. Se trata del Proyecto de Apoyo y Desarrollo de la Mujer, que fue llevado a cabo por el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social para promover el empleo y el empoderamiento económico de la mujer. Consta de tres componentes principales, entre ellos el empoderamiento económico de la mujer mediante la concesión de subvenciones por un máximo de 50.000 dólares a 108 organizaciones y asociaciones locales para poner en marcha actividades dirigidas a mujeres beneficiarias.

Entre 2006 y 2017, el Gobierno, en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), ha comprometido más de 12 millones de dólares de los Estados Unidos. para la capacitación de más de 6.000 jóvenes (hombres y mujeres) en diversos oficios, como automoción, electricidad, construcción y uso del hormigón, fontanería y canalizaciones, carpintería, informática, cocina, sastrería y fabricación de metales. Los cursos de capacitación se realizaron en Yuba, Wau, Malakal y Aluakluak, en Sudán del Sur. El Gobierno, gracias al apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Gobierno del Japón, también ha puesto en marcha una iniciativa encaminada a restablecer los medios de vida mediante el desarrollo de pequeñas empresas. Se está capacitando a los beneficiarios en materia de elaboración de alimentos, emprendimiento y gestión comercial, ayudando así a crear pequeñas empresas que puedan reproducirse en otras regiones del país, incluidas las comunidades que acogen a los desplazados internos, y a crear puntos de comercio para los clientes.

Artículo 12

Eliminación de la discriminación contra la mujer en el ámbito de la salud

Salud materna

La razón de mortalidad materna es de 789 por cada 100.000 nacidos vivos, con variaciones regionales que van desde 523 hasta 1.150. La cobertura de la atención prenatal es baja, del 17 %, y la edad de inicio de la actividad sexual es sumamente temprana, 14 años. El número de partos atendidos por personal sanitario especializado, que se situó en el 19,8 % entre 2008 y 2010, también era muy bajo. Esta cifra enmascara la enorme diferencia en el acceso entre unos estados y otros. Por ejemplo, la Encuesta sobre Salud de los Hogares de 2010 reveló que el acceso a atención calificada durante el parto era mayor en el Estado de Ecuatoria Central (72 %), y más bajo en Warap (18 %) y Yonglei (22 %).

Aunque la tasa de mortalidad materna es elevada, se está registrando una tendencia a la baja a lo largo de los años. En el gráfico que aparece a continuación se observa que mientras que en 2006 la tasa llegó a ser de 2.054, con los años se ha reducido enormemente hasta llegar a la cifra actual de 789.

Figura 1Tasa de mortalidad materna

Tasa de mortalidad materna (muertes/100.000 nacidos vivos)

3 0002 4001 8001 2006000AñoSudán del Sur

Tasa de mortalidad materna en 2006 – 2.054; Tasa de mortalidad materna en 2016 – 789 (Fuente: CIA World Factbook, presentado en Index Mundi)

El Gobierno es consciente de que estas cifras son inaceptablemente elevadas, de modo que seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para apoyar la prestación de servicios que permitan salvar vidas a fin de reducir esas cifras. Al abordar los problemas relacionados con la respuesta en materia de salud materna y reproductiva, el Gobierno, en colaboración con los asociados internacionales para el desarrollo, sigue prestando atención a la mejora de las condiciones propicias para una respuesta eficaz, el desarrollo de los recursos humanos, la prestación de servicios de calidad, la sensibilización, la supervisión y evaluación y la realización de encuestas para que la planificación pueda basarse en datos objetivos.

El artículo 11 de la Constitución garantiza el derecho a la vida y a la dignidad humana. En el artículo 16 c) y el artículo 31, respectivamente, la Constitución impone a todos los niveles de gobierno el deber de proporcionar “atención médica, infantil y de maternidad”, así como atención primaria de la salud y servicios de emergencia gratuitos (lo que supone indudablemente una afirmación del derecho de la mujer a acceder a los servicios médicos). La atención médica de la maternidad es gratuita.

Existe, sin embargo, un problema importante: la inaccesibilidad de algunas zonas remotas, especialmente a causa de los focos de violencia en relación con cuestiones como los pastizales, las fuentes de agua, los conflictos comunales y los robos de ganado que se producen en diferentes partes del país. La mayoría de las mujeres de Sudán del Sur viven en zonas rurales con acceso limitado a los servicios de salud.

El derecho a la salud y el deber de las autoridades locales de prestar servicios de salud gratuitos también se ha visto respaldado por numerosas leyes locales, incluido el artículo 110, párrafo 4 c), de la Ley de Administración Local, 2009. Tal y como se aclara en el artículo 13, párrafo 7, de la Ley, uno de los principios de la gobernanza local es la igualdad, es decir, la prestación de “servicios y oportunidades iguales a todos los miembros de una comunidad local”.

La Política Nacional de Salud del Gobierno 2016-2026 tiene por objeto articular la visión general y la dirección estratégica para la respuesta del sector sanitario. La Política se está aplicando en dos etapas quinquenales, de 2016 a 2021 y de 2021a 2026.

El objetivo general de la Política es fortalecer el sistema nacional de salud y las alianzas con el fin de superar los obstáculos que se oponen a la prestación efectiva del Paquete Básico de Servicios de Salud y Nutrición. Por otra parte, la Política Nacional de Género del Gobierno dio prioridad a la cuestión de la mortalidad materna y pidió que se revisaran todas las leyes, políticas y programas relacionados con la salud con miras a integrar e incorporar a todos ellos la igualdad de género.

El Gobierno, con el apoyo del UNFPA, elaboró los siguientes documentos de política que se están utilizando para orientar la respuesta en materia de salud materna en todo el país: Hoja de Ruta para la Vigilancia y Acción en materia de Mortalidad Materna; Paquete de Medidas Básico y Mínimo y Módulo de Capacitación para la Prestación de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva Adaptados a las Necesidades de los Jóvenes; Manual de Políticas y Capacitación en materia de Planificación Familiar; Pautas, Protocolos y Directrices Integrales en Obstetricia y Neonatología de Emergencia; Estrategia de Incorporación de la Perspectiva de Género en el Sector Sanitario; Plan de Educación Sexual Integral y Política y Estrategia de Salud Reproductiva Integral, entre otros.

Actualmente, el Gobierno, con apoyo de Global Affairs Canada y del Gobierno de Suecia, se encuentra en la segunda fase de ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios de Partería (2016-2020). Este proyecto, entre otras cosas, se centra en la ampliación de la formación teórica y práctica de las matronas, así como en el aumento de la capacidad de prestación de servicios de atención obstétrica de emergencia. Reconociendo la necesidad de un desarrollo y una gestión eficaces de los recursos humanos para la salud a fin de lograr buenos resultados en el sistema de salud y, por consiguiente, la reducción de las tasas de mortalidad materna, entre otros indicadores de salud, a continuación se exponen algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno a este respecto: Debido a las creencias culturales, sigue habiendo una fuerte resistencia al uso de anticonceptivos entre las mujeres sursudanesas. Los rumores y las ideas erróneas sobre los anticonceptivos están sumamente extendidos, y muchos hombres son contrarios a la planificación familiar. La tasa de uso de anticonceptivos es muy baja, del 4,7 % (todos los métodos; 1,7 % para los anticonceptivos modernos); el porcentaje de mujeres que necesitan pero no disponen de un método anticonceptivo moderno (casadas/en pareja) es del 30,8 %.

a)Formación previa al empleo del personal calificado de atención maternoinfantil - cursos locales y regionales;

b)Actividades de formación en el empleo para trabajadores sanitarios sobre diversos temas relacionados con la salud sexual y reproductiva;

c)Supervisión de apoyo/mentoría en el trabajo;

d)Establecimiento de la Asociación Sursudanesa de Enfermería y Obstetricia;

e)Capacitación de los proveedores de servicios sanitarios en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a las necesidades de los jóvenes;

f)Capacitación de personal docente en educación sexual integral;

g)Creación de capacidad entre los jóvenes para proporcionar eficazmente información y servicios de salud sexual y reproductiva;

h)Capacitación de personal sanitario (120) para prestar servicios de gestión clínica de los casos de violación;

i)Prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y contra la violencia de género, inclusive en los centros de atención humanitaria, como los centros de protección de civiles de Mingkaman, Bor, Malakal, Bentiu, Maban, Wau y Yuba;

j)Información y servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes;

k)Atención integral a supervivientes de la violencia de género en tres hospitales públicos de referencia (Yuba, Bor, Yambio);

l)Se ha dotado a 92 establecimientos sanitarios de capacidad para prestar servicios de gestión clínica de los casos de violación.

Planificación familiar

En la Cumbre Mundial sobre Planificación Familiar de 2017, el Gobierno se comprometió (Planificación Familiar 2020 - Medidas de Aceleración (2018-2019)) a dar a la planificación familiar la consideración de estrategia fundamental para mejorar la salud materna y aumentar la supervivencia de los recién nacidos mediante la elaboración de una estrategia específica y la revisión de las directrices técnicas existentes al respecto, para su aplicación acelerada en todos los niveles del sistema sanitario de todo el país.

El Gobierno se compromete a eliminar los obstáculos institucionales y socioculturales a la salud sexual y reproductiva para todos y a mejorar la disponibilidad y el acceso a la información y los servicios de planificación familiar; aumentar la tasa de uso de anticonceptivos modernos entre las mujeres casadas del 5% (según el instrumento de estimación de la planificación familiar (FPET) para 2016) al 10 % en 2020; y reducir la razón de mortalidad materna en un 10 % para 2020.

VIH y sida

La tasa de prevalencia de la infección por el VIH en adultos (15 a 49 años) en el país es del 2,4 %; las tasas de prevalencia más altas se concentran en algunas poblaciones y lugares geográficos clave. Por ejemplo, se estima que la prevalencia del VIH entre las trabajadoras sexuales es del 37 %.

Dentro de la población general, las infecciones entre hombres y mujeres que mantenían relaciones heterosexuales ocasionales y relaciones polígamas estables representaron el 27 % (17 % y 10 % respectivamente) del total de nuevas infecciones. La probabilidad de ser infectado es aproximadamente cinco veces mayor en las relaciones polígamas pero estables que en las relaciones monógamas.

Hay claras diferencias de género en la epidemia del VIH: es mayor el número de nuevas infecciones entre las mujeres, y estas corren más riesgo de morir que los hombres. La prevalencia del VIH es mayor entre las mujeres en el grupo de edad reproductiva de 15 a 49 años en comparación con los varones de la misma edad, con una tasa de prevalencia del 2,0 %. Los jóvenes (15 a 24 años) constituían el 11,3 % de las personas que vivían con el VIH en Sudán del Sur en 2016, y el 29,4 % de las nuevas infecciones. La mayoría de las nuevas infecciones entre jóvenes (15 a 24 años) del país se produjeron entre las adolescentes y las mujeres jóvenes, con una cifra estimada de 3.000 (1.200 a 5.900) nuevas infecciones, frente a una cifra estimada de 1.700 (<500 a 3.500) entre los varones adolescentes y jóvenes.

Figura 2 Diferencias de género en las estimaciones del VIH entre personas mayores de 15 años en Sudán del Sur, 2016

Fuente : Estimaciones de ONUSIDA, 2017.

Las estimaciones de ONUSIDA revelan que a finales de 2016, solo el 10 % (5 % -14 %) de las 200.000 (130.000 - 290.000) personas que vivían con el VIH tenían acceso a la terapia antirretrovírica y 7 de cada 10 adultos que la recibían eran mujeres. Entre las embarazadas que vivían con el VIH, el 29 % (17 % - 42 %) tenían acceso a tratamiento o profilaxis para prevenir la transmisión del VIH a sus hijos. Se estima que 2.400 (1200 - 3900) niños fueron infectados por el VIH debido a la transmisión de madre a hijo. El gráfico que figura a continuación muestra el crecimiento del número de mujeres asesoradas y sometidas a pruebas en los servicios de atención prenatal durante el período 2008-2017.

Figura 3

Número de mujeres asesoradas y sometidas a pruebas en los servicios de atención prenatal, maternidad y atención posnatal, Sudán del Sur, 2008-2017

140 000120 000100 00080 00060 00040 00020 0003 08913 14133 09834 85736 90755 03582 50993 994132 81382 174

Un estudio sobre los modos de transmisión publicado en 2014 sugirió que las principales poblaciones de riesgo en Sudán del Sur son los clientes de los trabajadores sexuales, incluidos los servicios uniformados (personal militar, policial, de bomberos y forestal). El análisis de datos de los países vecinos y de los datos de los centros de atención prenatal sugiere que los clientes de los trabajadores sexuales son la población en la que principalmente se producen las nuevas infecciones por VIH.

A pesar de todo ello, se ha avanzado mucho en el aumento de escala de la terapia antirretrovírica; el número de personas en tratamiento pasó del 1 % al 10 % entre 2010 y 2016. El Gobierno sigue invirtiendo en la respuesta al VIH. Aunque todavía existen enormes carencias, los datos disponibles indican que Sudán del Sur gastó 18,1 millones de dólares de fuentes públicas nacionales en servicios relacionados con el VIH (ONUSIDA, 2017), lo que representa el 100 % del total de los gastos relacionados con el sida.

Existe un Plan Estratégico Nacional sobre el VIH y el Sida (2018-2022) que puso en marcha el Gobierno con apoyo de ONUSIDA para poner coto a las nuevas infecciones y muertes relacionadas con el VIH; sin embargo, no existe una ley contra el estigma y la discriminación en relación con el VIH.

El Gobierno, en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), proporcionó recursos y asistencia técnica para el tratamiento del VIH en adultos y niños, actividades relacionadas con el VIH y la tuberculosis, y la prevención de la transmisión de la madre al niño para todas las mujeres embarazadas y lactantes seropositivas (hay un total de 142 centros de prevención de la transmisión de la madre al niño en Sudán del Sur, pero debido al conflicto en curso desde 2013, solo funcionan 76 centros), programas de prevención específicos, fortalecimiento de los laboratorios, seguridad hematológica e información estratégica.

Nutrición

En el país, las mujeres embarazadas y lactantes están expuestas a la malnutrición. Estas mujeres constituyen el 12 % del total de personas incluidas en programas de alimentación complementaria. Aparte de que las mujeres necesitan alimentos de alto valor nutritivo durante el embarazo, el hecho de que el trabajo doméstico y productivo se reparta con arreglo al género hace que las mujeres realicen más trabajo físico que los hombres y no siempre obtengan tantos alimentos como los hombres y los niños.

Algunas creencias culturales impiden a las embarazadas comer ciertos alimentos de alto valor nutritivo, como los huevos y el hígado, por el temor (equivocado) a que puedan causar defectos de nacimiento. No existe una política nutricional, pero el PMA apoyó cuestiones relacionadas con la nutrición por conducto del Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria. La política de atención y apoyo nutricional en relación con el VIH/sida. También hay organismos que colaboran con algunas ONG que tienen programas de asistencia alimentaria para mujeres.

Fístula obstétrica

Dado el alto número de embarazos en la adolescencia y de matrimonios infantiles, la fístula obstétrica también representa un importante problema de salud que afecta al 3 % de las mujeres en edad de procrear (89.000 casos). El Gobierno recibe un enorme apoyo del UNFPA para hacer frente a este crítico problema de salud. Se prestan servicios de reparación de fístula; ya se han resuelto con éxito 650 casos. También se ha introducido el registro de casos de fístula. El UNFPA ofrece facilidades para que cirujanos expertos de toda África acudan a Sudán del Sur a realizar cirugías reparadoras y también para capacitar al personal nacional en la práctica del procedimiento.

Algunos de los desafíos que afectan al sector de la salud son los siguientes:

•El conflicto aún en marcha, que tiene como efecto un número cada vez mayor de desplazados internos; esto ha seguido exacerbando los problemas de salud de las mujeres, ya que cada vez son más las que dejan sus comunidades para llegar a lugares donde no tienen acceso a los servicios de salud. La debilidad de la infraestructura y la falta de mano de obra calificada adecuada para prestar la atención necesaria, en particular servicios relacionados con el VIH, como servicios de laboratorio, logística y gestión de la cadena de suministro, son algunos de los factores que debilitan el deficiente estado de salud de las madres y la alta prevalencia del VIH entre las mujeres sursudanesas;

•Los asociados para el desarrollo y las ONG son los principales apoyos en la financiación del sector de la salud. La asignación presupuestaria del Gobierno al sector se ha mantenido en niveles bajos, lo que ha dejado una enorme brecha entre las necesidades y la disponibilidad de recursos. El cuadro que figura a continuación muestra la disminución de la financiación del sector sanitario por parte del Gobierno, lo que supone un gran reto para las operaciones del sector sanitario.

Cuadro 13

Déficits en el presupuesto del sector de la salud

Ejercicio económico

Presupuesto anual total (SSP)

Asignación presupuestaria para el sector de la salud

Porcentaje del presupuesto total

Déficit

1

2011/2012

4

2

2012/2013

6 700 millones

469 millones

7

3

2013/2014

17 300 millones

415,2 millones

2,4

4

2014/2015

11 300 millones

452 millones

4

5

2015/2016

301 280 278

6

2016/2017

1

Fuente : Ref: PNUD South Sudan Discussion Paper: An analysis of Government Budgets in South Sudan from a Human Development Perspective.

Artículo 13

Prestaciones económicas y sociales

El derecho a prestaciones familiares

El Gobierno se esfuerza, en colaboración con los asociados internacionales para el desarrollo, por ofrecer protección social a las mujeres y los hombres pobres y vulnerables, de conformidad con las disposiciones de los diferentes instrumentos internacionales a los que Sudán del Sur se ha adherido; los propósitos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros convenios internacionales conexos se han incorporado a diferentes leyes nacionales. El artículo 16, párrafo 4 c), de la Constitución atribuye a todos los niveles de gobierno la responsabilidad de prestar atención maternoinfantil y servicios médicos a las mujeres embarazadas y lactantes.

El Gobierno también ha aprobado la Ley de la Infancia 2008, en la que se encomienda a las autoridades en el nivel de los condados (art. 116, párr. 1 b)) la responsabilidad de promover la buena crianza de los niños por parte de sus familias mediante el establecimiento de programas adecuados orientados a la familia. En reconocimiento de los altos niveles de pobreza en todo el país, el Gobierno elaboró un marco normativo de protección social en 2015.

El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero

La Política Nacional de Género, la Estrategia Agrícola, la Estrategia de Cooperación Nacional y el Plan de Desarrollo de Sudán del Sur tienen varias prioridades programáticas que son decisivas para garantizar el empoderamiento económico de la mujer. Una de las estrategias propuestas para promover la política de género en materia de oportunidades económicas para la mujer es el establecimiento de un Banco de la Mujer y un Fondo Fiduciario para el Empoderamiento de la Mujer, así como el fortalecimiento de otros servicios financieros como los planes de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo de las Aldeas, con miras a eliminar las desigualdades de género en el acceso al capital, el crédito y otros servicios financieros.

Aunque todavía no se ha puesto en práctica, el artículo 4.15 del recientemente firmado Acuerdo de Paz Revitalizado (septiembre de 2018) encomienda al Gobierno la creación de fondos de desarrollo empresarial, incluido un Fondo de Desarrollo Empresarial para la Mujer (art. 4.15.1.5). Para dar respuesta a algunos de los problemas de crédito financiero, en el año 2015 el Gobierno estableció un Programa de Creación de Empresas de Jóvenes, con apoyo del Banco Mundial. El programa tiene por objeto ofrecer nuevas oportunidades a una selección de jóvenes beneficiarios del país. El programa ofrecía un subsidio equivalente en moneda local de 1.000 dólares a unos 1.200 jóvenes (el 60 % de ellos mujeres).

Las mujeres también se organizan constituyendo asociaciones de tipo empresarial. Un ejemplo pionero es la Asociación de Empresarias de Sudán del Sur, que considera a las mujeres empresarias catalizadoras del proceso de desarrollo del país. La Asociación apoya a las mujeres empresarias mediante actividades de desarrollo de la capacidad, así como planes de ahorro y préstamo en las aldeas, entre otros.

Hay 427 sociedades cooperativas registradas en el país, la mayoría de las cuales se dedican a la producción de lácteos, aves de corral y verduras. Varias ONG locales, algunas con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, también ofrecen a las mujeres oportunidades de acceso a la financiación, especialmente para pequeñas empresas. En 2016, el Gobierno, en colaboración con los asociados internacionales para el desarrollo, impartió capacitación a más de 400 mujeres de Wau sobre la forma de crear asociaciones de ahorro y préstamo. En 2018 se dio formación a 859 personas (835 mujeres y 24 hombres) en materia de contabilidad y conceptos financieros básicos.

El derecho a participar en actividades recreativas, deportes y todos los aspectos de la vida cultural

Ninguna ley de Sudán del Sur niega a las mujeres el derecho a participar en actividades recreativas, deportivas y otros aspectos de la vida cultural. El derecho a participar activamente en los deportes está garantizado en el artículo 40 de la Constitución, que ordena a las autoridades de todos los niveles que “... promuevan las instalaciones recreativas y deportivas para todos los ciudadanos y den a los jóvenes los medios para desarrollar su potencial”.

Aunque el nivel de participación de Sudán del Sur en los deportes locales e internacionales sigue siendo notablemente bajo, se alienta tanto a las mujeres como a los hombres a participar activamente en el deporte. Sudán del Sur ingresó como miembro en la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en febrero de 2012 y en mayo de ese mismo año el equipo de fútbol femenino pasó a ser miembro de pleno derecho de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

El equipo nacional de baloncesto femenino del país se estableció en mayo de 2011 y se convirtió en miembro de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en diciembre de 2013. Sudán del Sur se unió al Comité Olímpico Internacional en 2015 y organizó su primer partido de clasificación para la Copa Mundial. El Gobierno considera que el deporte es una verdadera herramienta para promover la paz. Por ejemplo, se celebran anualmente torneos de fútbol femenino y masculino para conmemorar el Día de la Unidad Nacional. En enero de 2018, más de 450 jóvenes de ambos sexos de diferentes equipos situados en distintas partes del país participaron en el evento anual.

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) prestaron un enorme apoyo al Gobierno para el cumplimiento de esta importante obligación en virtud de la Convención. En conmemoración del Día de la Unidad de 2018, se celebró un torneo de voleibol, entre otras actividades deportivas, que reunió a cuatro equipos de chicas seleccionadas en todo el país para participar en el torneo. Aunque no es justiciable, el artículo 40 b) y c) de la Constitución ordena a las autoridades de todos los niveles que “promuevan las instalaciones recreativas y deportivas para todos los ciudadanos y den a los jóvenes los medios para desarrollar su potencial; y establezcan, protejan y apoyen las instituciones deportivas populares, los juegos indígenas y su sostenibilidad”.

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes organizó un taller nacional el 7 de junio de 2018 con apoyo de la UNESCO para revisar la Política Nacional de Juventud y Cultura. El objetivo era promover la diversidad de las expresiones culturales mediante políticas y medidas para fomentar la creatividad, el diálogo intercultural y la cohesión social para la coexistencia pacífica entre las diversas comunidades étnicas de Sudán del Sur. Los días 8 y 9 de junio de 2018 se celebró un curso práctico de capacitación de dos días de duración para los interesados locales sobre la forma de elaborar propuestas de proyectos y solicitar financiación del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) de la UNESCO en el marco de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005. Un prolongado período de guerra ha llevado a la destrucción de bienes e instalaciones. Sudán del Sur cuenta con un número limitado de instalaciones deportivas, campos de juego y centros recreativos en los que los jóvenes de ambos sexos pueden desarrollar su talento y realizar su pleno potencial (UNICEF, 2015).

Artículo 14

Derechos de la mujer rural

Los datos de la Oficina Nacional de Estadística (2010) indican que el 51 % de la población de Sudán del Sur vive por debajo del umbral de pobreza, y las mujeres constituyen el 51,6 % de la población pobre. El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible (2011-2013) reconoce la alta prevalencia de hogares encabezados por mujeres (57 %), que constituyen un gran número de los pobres de las zonas rurales.

Nunca se insistirá lo suficiente en el papel de la mujer rural en el país: las mujeres trabajan horas adicionales al día atendiendo a su familia (niños, ancianos, marido, enfermos y personas vulnerables) y al ganado, y sus expectativas son muy escasas. Las mujeres del campo trabajan muy duro para llevar comida a la mesa. Sus tareas son muy arduas, emocionalmente agotadoras y llevan mucho tiempo. No les queda tiempo para cuidarse a sí mismas ni para participar activamente en la política o el liderazgo de la comunidad, papel que queda reservado a los varones en la mayoría de las comunidades, pues se considera tabú que una mujer se dirija a un grupo de hombres.

El Plan de Desarrollo de Sudán del Sur ofrece un marco de mediano plazo para lograr la seguridad, el desarrollo, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Se trata de un plan en favor de los pobres y sensible a las cuestiones de género que tiene un impacto significativo en la población pobre y vulnerable, especialmente las mujeres y los niños; y para asegurar que las políticas públicas, los programas y la asignación de recursos tengan en cuenta el género. Otros marcos jurídicos y estrategias nacionales adoptados para potenciar a la mujer económicamente son: la Ley de Tierras de 2008, la Estrategia Agrícola y la Estrategia Nacional de Cooperación. Estos marcos son sumamente útiles para promover el empoderamiento económico de las mujeres.

La Política Nacional de Género y el Plan de Desarrollo de Sudán del Sur abogan por un enfoque que dé prioridad a los pobres en la prestación de servicios básicos para atender las necesidades de los grupos más vulnerables, incluidas las mujeres. La Constitución de Transición y la Ley de Tierras señalan con toda claridad el derecho de la mujer a adquirir propiedades y tierras para el desarrollo económico y el derecho a la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, niñas y niños.

Con el fin de empoderar económicamente a las mujeres en diversos sectores, el gobierno de Sudán del Sur, a través del Ministerio de Asuntos de Género, y con un préstamo garantizado por el Banco Mundial, puso en marcha el Proyecto de redes de protección social y desarrollo de aptitudes. Se concedieron subvenciones a 109 mujeres, que iniciaron pequeños negocios. Gracias a este proyecto se puso en marcha un instituto de formación profesional para mujeres, el primero de este tipo en el país.

CARE International prestó apoyo a las mujeres rurales de Sudán del Sur para estimular la producción de alimentos. Ello se concretó en un proyecto de 15 meses que llegó a 43.000 mujeres rurales. Las mujeres recibieron semillas de cereales y hortalizas, herramientas, capacitación, ganado menor e intervenciones en materia de nutrición para impulsar la producción de alimentos en el nivel de los hogares. El proyecto sirvió para empoderar económicamente a las mujeres rurales; algunas beneficiarias procedían de la región del Alto Nilo y utilizaron los ingresos de sus explotaciones para alimentar a sus familias, enviar a sus hijos a la escuela y satisfacer otras necesidades básicas.

El Proyecto de Desarrollo de los Medios de Vida de Sudán del Sur fue un proyecto gubernamental de seis años de duración cuyo organismo principal de realización fue el Ministerio de Agricultura, Silvicultura, Cooperativas y Desarrollo Rural. El proyecto tenía un presupuesto total de unos 25,9 millones de dólares: una subvención del FIDA de unos 13,5 millones de dólares, una subvención del Gobierno de los Países Bajos de unos 9 millones de dólares, una contribución de 2,8 millones de dólares del Gobierno de Sudán del Sur y 0,6 millones de dólares de los beneficiarios. El proyecto entró en vigor en febrero de 2009. Su objetivo es reducir la pobreza y el hambre en las zonas del proyecto, que comprenden seis condados. Las actividades se centran en las poblaciones rurales más pobres y vulnerables, incluidos los hogares encabezados por mujeres y los hogares que fueron desplazados por el conflicto y han regresado a sus condados de origen. Se formaron 302 grupos de interés, a los que se facilitaron subvenciones y capacitación; se perforaron 51 pozos de sondeo funcionales; se rehabilitaron 52 km de carreteras en las zonas rurales, y se construyeron 15 edificios de viviendas. Las mujeres constituían el 55 % de los beneficiarios del proyecto.

El Gobierno lanzó el programa “Ir a la escuela”, que llevan a cabo diferentes ministerios estatales. El resultado ha sido un aumento del 20 % en la matrícula escolar en Sudán del Sur entre 2006 y 2009; con un aumento del 30 % de la tasa de alfabetización entre las mujeres. ONU-Mujeres apoyó al Gobierno mediante la capacitación de cientos de mujeres agricultoras y miembros de cooperativas dirigidas por mujeres en varios condados. Un total de 1.000 desplazadas internas, mujeres y niñas, se beneficiaron de las actividades de formación profesional y alfabetización apoyadas por ONU-Mujeres; se informa de que las beneficiarias han utilizado sus nuevas habilidades para producir diversos productos comercializables, lo que les ha permitido mejorar sus medios de vida.

El Gobierno, con apoyo de ONU-Mujeres, estableció dos centros de empoderamiento en el emplazamiento de protección de civiles de Yuba, con el objeto de ofrecer espacios seguros donde puedan reunirse las mujeres y las niñas y para apoyar el fortalecimiento de la capacidad para la prevención de la violencia y la remisión a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto mejoró la calidad de vida de las beneficiarias, en el contexto de los problemas generalizados relacionados con la violencia contra las mujeres. El Gobierno también financió, con apoyo del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), un proyecto sobre el aumento de la resiliencia a los extremos y los desastres climáticos en las comunidades rurales, con el fin de que las mujeres y las niñas desarrollen nuevas aptitudes y recursos para adaptarse, prever y absorber las perturbaciones y tensiones relacionadas con el cambio climático mediante la mejora de la agricultura y la diversificación de los medios de vida, los mecanismos de protección social (microfinanciación a nivel rural), la planificación de la adaptación y la gestión de los desastres, entre otras cosas. El programa se diseñó con el objetivo de llegar a 204.967 beneficiarios en el año 2018. Las mujeres rurales han producido suficientes cosechas para el consumo y la venta, lo que ha favorecido el ahorro, el acceso al crédito y los negocios. Las nuevas hortalizas y variedades de cultivos introducidas han aportado beneficios en materia de nutrición y seguridad alimentaria.

Por conducto del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, el Ministerio de Cuestiones de Género prestó apoyo en 2009 a mujeres rurales de diez estados en actividades agrícolas y de generación de ingresos que crearon empleo y servicios para las mujeres en empresas pequeñas y medianas, en particular en el sector no estructurado. Por conducto del Ministerio de Agricultura, el Gobierno también inició proyectos orientados a la elaboración y aplicación de políticas agrícolas que tuvieran en cuenta el género y a la mejora de los medios de vida económicos, dirigidos a un millar de mujeres. A fin de aumentar las oportunidades de empleo y los ingresos de las mujeres de las zonas rurales, el Gobierno amplió las facilidades de crédito a 4.000 mujeres pobres de las zonas rurales de Sudán del Sur con un desembolso acumulado de cerca de 800.000 dólares; esto también abarca a más de 500 personas que se beneficiaron de la formación profesional, los insumos agrícolas y los servicios de crédito.

El Gobierno intensificó la inversión en servicios esenciales de atención sanitaria; reducción de la tasa de mortalidad infantil, programas de inmunización, planificación familiar y atención primaria de la salud, para mejorar la salud de las mujeres y los niños en Sudán del Sur.

A pesar de la voluntad política y las garantías constitucionales demostradas, las actitudes hacia la igualdad entre los géneros y los derechos de la mujer siguen estando predominantemente impregnadas por un sistema social de carácter patriarcal, que afianza la discriminación basada en el género y expone a las mujeres y los grupos vulnerables a la marginación, la violación de derechos y la violencia. Las causas estructurales de la violencia por motivos de género (las formas predominantes incluyen: la violencia doméstica y las agresiones a la esposa, el secuestro de mujeres y niños durante los ataques para el robo de ganado, la violación y la agresión sexual, el levirato, los matrimonios forzados e infantiles y la práctica de entregar a una niña en compensación por un delito o una falta cometida por su familia) y la falta de acceso a la justicia también se manifiestan en la denegación de los derechos de herencia y de propiedad de los bienes productivos, la falta de voz y de capacidad de toma de decisiones en los asuntos familiares y comunitarios, la denegación del derecho de elección para fundar una familia (libertad de casarse), todo lo cual persiste especialmente en los entornos rurales.

Artículo 15

Igualdad ante la ley

El principio de igualdad ante la ley está consagrado en la Constitución de Transición, 2011 (art. 14). El artículo 5 de la Constitución también reconoce “las costumbres y tradiciones del pueblo” como una de las principales fuentes de derecho. El uso del derecho consuetudinario en la adjudicación de asuntos civiles y penales es bastante frecuente. Según un estudio del derecho consuetudinario en el Sudán del Sur contemporáneo realizado por World Vision International (2004), más del 90 % de las causas penales y civiles cotidianas se adjudican con arreglo al derecho consuetudinario. Esto provoca un conflicto en materia jurídica, a menudo en detrimento de las mujeres.

Aunque el artículo 3 de la Constitución establece la supremacía de esta sobre cualquier ley al afirmar que todas las constituciones de los estados y todas las leyes se ajustarán a la Constitución de Transición, en la práctica muchas mujeres no pueden disfrutar de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. En parte, esto se debe al hecho de que hay en el país unos 64 grupos étnicos (Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social, 2017) y las prácticas consuetudinarias que regulan su coexistencia social a menudo son diferentes. Las prácticas consuetudinarias tampoco están escritas, por lo que hay muchas posibilidades de que los resultados de los casos judiciales sobre cuestiones similares sean diferentes. La disposición y el criterio personales de un juez probablemente influirá en la decisión respecto de casos concretos, según las circunstancias que los rodeen.

Algunos de los aspectos en que las mujeres y las niñas reciben un trato diferente al de los hombres ante la ley son cuestiones relacionadas con la violación, el levirato, el matrimonio forzado y el matrimonio infantil, el divorcio, el adulterio, la violencia doméstica y la herencia de propiedades. El artículo 16 de la Ley de la Infancia protege a las niñas de los abusos sexuales, la explotación y la violencia por razón de género, como la violación, el incesto, el matrimonio precoz y forzado, la clitoridectomía, entre otros. Sin embargo, el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social (2017) informa de que a veces se obliga a los violadores a casarse con sus víctimas como forma de superar el estigma o de garantizar la reparación a la familia de la niña víctima. Las chicas a menudo no tienen poder de decisión en cuanto a con quién casarse. En algunas culturas, la familia decide con quién y cuándo se va a casar.

Igual capacidad jurídica en asuntos civiles y en la administración de bienes

Como se ha dicho anteriormente y con arreglo a las disposiciones de la Constitución, las mujeres y los hombres tienen la misma capacidad jurídica en Sudán del Sur. El artículo 31 de la Ley de Contratos (2008) garantiza a todas las personas la misma capacidad de concluir un contrato siempre que tengan 18 años o más, estén en su sano juicio y no estén descalificadas para ello por ninguna ley a la que estén sujetas. Un contrato es revocable en virtud de la Ley si “carece del libre consentimiento de una parte contratante porque su poder de decisión se ve restringido por presiones o influencias” (art. 44, párr. 2). Los derechos de las mujeres vulnerables están bien garantizados en virtud de la Ley de Contratos.

El artículo 53 de la Constitución define la influencia indebida como una situación “en la que la relación que subsiste entre las partes en el contrato es tal que una de ellas está en condiciones de dominar la voluntad de la otra y utiliza esa situación para obtener una ventaja injusta sobre la otra parte”. Según el artículo 55, párrafo 5, esos contratos pueden rescindirse por completo cuando “la parte que tenía derecho a evitarlo haya recibido algún beneficio en virtud del contrato, en los términos y condiciones que el tribunal considere justos”.

El artículo 20 de la Constitución proporciona respaldo jurídico adicional al derecho de todos los ciudadanos sursudaneses a la igualdad de capacidad para contratar, al garantizar a todos el derecho a litigar sin discriminación. Además, el artículo 28 de la Constitución garantiza a todos los ciudadanos el derecho a adquirir o poseer bienes. El dueño de una propiedad puede manejarla de la manera que considere conveniente. El ámbito de conflicto con los derechos de la mujer es aquel en el que las leyes consuetudinarias de algunos grupos étnicos establecen claras distinciones entre los derechos de las mujeres y los de los hombres. Las normas, normalmente creadas por los varones jefes de familias o de hogares también suelen limitar el disfrute de este derecho por parte de las mujeres. Contrariamente a lo que se dictan las leyes estatutarias, los bienes raíces son propiedad de las familias y los hombres cabeza de familia o de hogar son los que toman las decisiones sobre la gestión de esas propiedades. Según el derecho consuetudinario, cuando una mujer se separa del esposo, los bienes que pudo adquirir mientras duró el matrimonio quedan en manos del exmarido (ONU-Mujeres, 2013).

Igualdad de derecho de circulación y derecho a elegir el lugar de residencia

El artículo 27 de la Constitución garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la libertad de circulación y la libertad de elegir su residencia, salvo por razones de salud y seguridad públicas. El párrafo 2 del artículo 27 también garantiza el derecho de todo ciudadano a salir de Sudán del Sur y regresar a él. En reconocimiento del estrecho vínculo entre los medios de vida, la supervivencia y el acceso a la tierra, que invariablemente tiene repercusiones en el disfrute del derecho a la circulación y la elección del lugar de residencia, el artículo 13 de la Ley de Tierras de 2009 dispone lo siguiente:

a)El derecho a la tierra no será denegado por el Gobierno de Sudán del Sur, las autoridades de los estados o la comunidad por motivos de sexo, etnia o religión;

b)Toda persona tendrá acceso a la tierra para la vivienda, el cultivo, el pastoreo, la cría de ganado o la pesca como recursos compartidos que se regularán por esta ley, así como por normas y reglamentos;

c)Cualquier persona puede tener acceso a la tierra con fines de inversión en virtud de la presente Ley y de la ley sobre inversiones;

d)Las mujeres tendrán derecho a poseer y heredar tierras junto con otros herederos legales supervivientes del fallecido, según lo estipulado en el artículo 20, párrafo 5, de la Constitución.

A pesar de estas disposiciones jurídicas, el derecho de la mujer a la libertad de circulación puede verse a veces menoscabado por los actuales problemas de seguridad del país. En reconocimiento de los problemas que afrontan las mujeres en relación con el derecho a la igualdad ante la ley, el Gobierno, con el liderazgo del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social, elaboró una política nacional de género en la que se esboza una serie de estrategias progresivas para orientar una respuesta eficaz en todo el país. Una de esas estrategias es la armonización de las leyes estatutarias y consuetudinarias con miras a eliminar las contradicciones que conducen a situaciones injustas y las prácticas que fomentan la violencia y la discriminación. Otros incluyen:

a)El establecimiento y fortalecimiento de mecanismos de justicia oficiosos mediante la capacitación de proveedores, como asistentes jurídicos comunitarios y mediadores de aldea, para que los grupos vulnerables tengan un acceso más fácil y asequible a la justicia;

b)El desarrollo de intervenciones para aumentar la conciencia sobre los derechos humanos y los derechos de la mujer, incluida la simplificación y difusión entre la población de las leyes que protegen los derechos de la mujer;

c)Elaboración de un amplio programa de capacitación en materia de género para los sectores de la seguridad, jurídico y judicial, a fin de aumentar el acceso a la justicia y mejorar el estado de derecho.

El Gobierno, con apoyo de los asociados internacionales para el desarrollo, llevó a cabo varios proyectos sobre el estado de derecho con el objetivo de promover la buena gobernanza, en la que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, rindan cuentas ante las leyes de Sudán del Sur, y de garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las mujeres y los grupos marginados.

Por conducto del Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales, el Gobierno puso en marcha un amplio programa sobre el estado de derecho que abarca la creación de capacidad institucional en el sector, incluidos el poder judicial, la policía y el sistema penitenciario, así como la armonización del derecho consuetudinario con el derecho escrito y la protección de los derechos humanos. El Gobierno también inauguró el Centro Nacional de Derecho Consuetudinario y completó el estudio de verificación del derecho consuetudinario en 14 comunidades de Sudán del Sur, estableció seis Centros de Justicia y Confianza para aumentar el acceso de los ciudadanos a la justicia y construyó la Facultad de Derecho de la Universidad de Yuba (UNFPA y DPK, 2008, como se menciona en ONU-Mujeres, 2013).

El Gobierno, con apoyo de la UNMISS y otros asociados para el desarrollo, creó programas que abordaban el desarrollo de la capacidad mediante la creación de una unidad de protección especial dentro del servicio de policía de Sudán del Sur y capacitó a varios agentes que se desplegarían en esa unidad. En 2013, la unidad de protección especial tramitó 2.403 casos, de los cuales 2.140 fueron efectivamente investigados y remitidos a los tribunales con fines de reparación. Gracias a la participación de la unidad, 423 mujeres y 178 menores internados en centros de detención fueron puestos en libertad.

El Gobierno, con apoyo de ONU-Mujeres, realizó un estudio teórico del sistema jurídico dual en Sudán del Sur, junto con una evaluación de sus repercusiones en las mujeres y las niñas. Gracias a la colaboración del PNUD, la evaluación sirvió de base para elaborar un manual de capacitación para los funcionarios de los tribunales consuetudinarios. Algunos de los jefes de los tribunales consuetudinarios han recibido formación y han adquirido conocimientos acerca de la Carta de Derechos. Sus sentencias se han vuelto más respetuosas de los derechos de la mujer, como lo demuestra el aumento de las penas por violencia de género y la concesión de divorcios en casos de violencia doméstica (ONU-Mujeres, 2013).

También con apoyo de ONU-Mujeres, el Gobierno organizó actividades de promoción seguidas de capacitación de mujeres para participar en los tribunales consuetudinarios, lo que llevó al nombramiento de mujeres para las estructuras jurídicas de la comunidad local, que son fundamentales para la aplicación de la justicia a nivel comunitario. Esto ha creado el marco para reducir los prejuicios de género en los tribunales comunitarios; el fortalecimiento de la capacidad institucional del Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur ha permitido mejorar la puntualidad de la respuesta policial a las denuncias de violencia de género. El Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social, con apoyo de los asociados internacionales para el desarrollo, elaboró el Plan de Acción Nacional Estratégico para poner fin al Matrimonio Infantil en Sudán del Sur, 2017-2030, que se está utilizando actualmente para abordar el problema del matrimonio infantil en todo el país.

Artículo 16

Igualdad en el matrimonio y derecho de la familia

La Ley de la Infancia de 2008 protege a los menores de 18 años contra los matrimonios precoces y forzados (art. 23) y protege el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (art. 12). Consagra asimismo el derecho a la educación (art. 14) y la protección contra la tortura, los tratos degradantes y los abusos (art. 21). El artículo 15 de la Constitución de Transición garantiza el derecho de toda persona a casarse y fundar una familia. Afirma que “toda persona en edad de contraer matrimonio tendrá derecho a casarse con una persona del sexo opuesto y a fundar una familia de acuerdo con sus respectivas leyes de familia; no se celebrará ningún matrimonio sin el libre y pleno consentimiento del hombre y la mujer que pretenden casarse”.

El término “edad de contraer matrimonio” parece dar lugar a cierta ambigüedad, ya que hay tribus y comunidades que consideran los 11 o 12 años la edad de consentimiento. Sin embargo, la lectura de la segunda parte del artículo de la ley revela la intención de sus redactores. La ley establece que “no se celebrará ningún matrimonio sin el libre y pleno consentimiento del hombre y la mujer que pretendan casarse”. En otras palabras, solo un hombre y una mujer pueden dar consentimiento válido a un contrato de matrimonio, y no un niño como parece sugerir la ley al no mencionar específicamente la edad para contraer matrimonio. El artículo 108, párrafo 5), de la Ley de Administración Local de 2009 se ajusta al artículo 15 de la Constitución al afirmar también que no se puede contraer matrimonio sin el libre albedrío y el consentimiento del hombre y la mujer que se proponen casarse bajo la orientación de sus respectivos padres. Las disposiciones del artículo 108, párrafo 5, de la Ley de Administración Local y del artículo 15 de la Constitución de Transición aclaran el papel de los padres. Los padres solo deben aconsejar y guiar a sus hijos y no pueden decidir en su nombre con quién y cuándo han de contraer matrimonio.

Aparte de la cuestión de la edad para contraer matrimonio, otro artículo de la Constitución que plantea algún tipo de controversia en torno a la prohibición del matrimonio forzado y otras prácticas tradicionales nocivas es el artículo 33, que articula los derechos de las comunidades étnicas y culturales a “educar a sus hijos en el contexto de sus respectivas culturas y costumbres de conformidad con la Constitución y la ley”. El Gobierno, con apoyo de los asociados internacionales para el desarrollo, estableció un grupo de trabajo nacional para poner fin al matrimonio infantil. Se ha elaborado una hoja de ruta para orientar la aplicación de esta iniciativa. El UNICEF y el UNFPA hicieron una contribución técnica y financiera al Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social para elaborar y poner en marcha el Plan de Acción Nacional Estratégico para abordar el problema del matrimonio infantil en el país. El Gobierno se ha comprometido a poner fin al matrimonio infantil para 2030.

Igualdad de derechos en el matrimonio y tras su disolución

En Sudán del Sur, las cuestiones relativas al matrimonio están reguladas en gran medida por el derecho consuetudinario, que es de carácter patriarcal. En esencia, los derechos y las responsabilidades no suelen ser iguales. El derecho consuetudinario permite al hombre “disciplinar” a su esposa, lo que a menudo promueve la violencia doméstica. Esto no está en consonancia con la intención de la Constitución, que pretende promover la dignidad plena e igual de la mujer y el hombre (art. 16). Cualquiera de los cónyuges puede pedir el divorcio en el país. Los trámites de divorcio difieren de un lugar a otro: mientras que algunas parejas deben comparecer ante los tribunales consuetudinarios, otras pueden divorciarse por acuerdo y sin proceso judicial (ONU-Mujeres, 2013).

Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con los hijos

Las leyes de Sudán del Sur promueven la igualdad de responsabilidades y de derechos de las mujeres y los hombres en materias relacionadas con sus hijos. Concretamente, el artículo 39 de la Constitución y el artículo 108, párrafo 7, de la Ley de Administración Local establecen que es derecho y deber de los padres cuidar y criar a sus hijos. Además, el artículo 109 de la Ley de Administración Local añade que la carga del cuidado de la familia dentro de la comunidad recaerá en ambos padres. La Ley de la Infancia de 2008 regula las cuestiones de la custodia, la tutela, el acogimiento familiar y la adopción en el país. Tanto hombres como mujeres pueden ser legalmente designados como tutores (arts. 60 a 69) y pueden adoptar un niño (art. 83). La única parte de la ley que puede repercutir en el derecho de la mujer a la custodia de un niño es el artículo 97 f), que permite al juez considerar la cuestión de “las costumbres y la religión de la comunidad a la que pertenece el niño”.

En la práctica, cuando se produce un divorcio, los tribunales del derecho consuetudinario suelen dar la custodia de los niños al padre o a la familia del padre, ya que se consideran parte del linaje masculino. En cambio, se permite que los niños pequeños permanezcan con la madre hasta que cumplan entre los tres y los siete años de edad. El artículo 31 de la Constitución de Transición, 2011 garantiza el derecho a la salud. En cambio, no protege los derechos de la mujer a decidir libremente el número y el espaciamiento de los hijos, ni a acceder a información a ese respecto.

Igualdad de derechos personales, entre ellos a elegir el apellido, la profesión y la ocupación

Las leyes de Sudán del Sur garantizan la igualdad de derechos personales del esposo y la esposa. No hay ninguna ley que obligue a las mujeres a cambiar de nombre después del matrimonio ni tampoco hay leyes que nieguen a las mujeres el derecho a elegir una profesión u ocupación. El artículo 16, párrafo 3, de la Constitución de Transición y el artículo 110, párrafo 3, de la Ley de Administración Local garantizan el derecho de la mujer a participar en la vida pública en pie de igualdad con el hombre. Además, la Ley de la Administración Pública de Sudán del Sur (artículo 19 b)) también prevé la igualdad de derechos de mujeres y hombres en materia de contratación, promoción y remuneración. El artículo 6 de la Ley del Trabajo de 2017 también prohíbe la discriminación de cualquier tipo en el mundo del trabajo.

Derechos de propiedad

No existe una ley escrita en el país que discrimine a las mujeres en lo que respecta a la propiedad de bienes. El artículo 28 de la Constitución de Transición garantiza el derecho de todo ciudadano a adquirir o poseer bienes, mientras que el artículo 110, párrafo 5, de la Ley de Administración Local de 2009 establece específicamente que “las mujeres tendrán derecho a poseer bienes y a participar en el patrimonio de sus esposos fallecidos junto con cualquier heredero legal superviviente, sea hombre o mujer”. En el artículo 13, párrafo 4, de la Ley de Tierras de 2009 se destacan específicamente los derechos de la mujer en relación con la tierra al afirmar que “las mujeres tendrán derecho a poseer y heredar tierras junto con el heredero o los herederos legales supervivientes del fallecido, según lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 5, de la Constitución”.

El entorno jurídico para que las mujeres tengan acceso a la tierra y puedan tener tierras en propiedad es muy progresivo y favorable en algunas partes del país. Sin embargo, los problemas de seguridad pueden hacer que en algún momento las mujeres se vean desplazadas y pierdan el acceso a esta importantísima fuente de sustento. La cultura patriarcal, que predomina en la mayoría de las comunidades, también suele significar que las mujeres obtienen acceso a la tierra a través de los varones de sus familias, lo que limita su disfrute de este derecho tan importante. Para salvaguardar los derechos de la mujer en esta y otras cuestiones susceptibles de control a través de las normas culturales, el artículo 16, párrafo 4 b), insta a todos los niveles de gobierno a promulgar leyes para combatir las costumbres y tradiciones perjudiciales que socavan la dignidad y la condición jurídica y social de la mujer.

Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres y la paz y la seguridad

En 2011, Sudán del Sur se convirtió en el país más joven del mundo, pero pronto entró en una guerra civil que ha provocado desplazamientos masivos, pérdida de medios de vida, inseguridad alimentaria generalizada, altos niveles de violencia y violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia de género. Se estima que 4,2 millones de personas han huido de sus hogares en busca de seguridad, con casi 2 millones de desplazados internos y 2,2 millones fuera del país. Sudán del Sur, como país que está saliendo de un conflicto, todavía se enfrenta a la tarea de consolidar la paz y la seguridad en todo el territorio. Las diferentes preocupaciones en materia de seguridad tienen dimensiones de género específicas que exigen soluciones específicas, bien articuladas y sostenibles. Existen buenas oportunidades para gestionar esta situación de seguridad posterior a un conflicto de manera que se tenga en cuenta el género, como lo demuestran el compromiso del Gobierno y la considerable buena voluntad y apoyo de los diversos agentes y asociados para el desarrollo. A continuación se presentan algunas de las principales medidas que se han adoptado para aplicar la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En 2015, el Gobierno puso en marcha el Plan de Acción Nacional de Sudán del Sur 2015-2020 sobre la resolución 1325 del Consejo de Seguridad las Naciones Unidas y otras resoluciones conexas. El objetivo general del Plan de Acción Nacional es reducir los efectos del conflicto en las mujeres y las niñas y aumentar la representación y la participación de la mujer en la adopción de decisiones. Su finalidad es promover la protección de las mujeres y las niñas, incluidas las discapacitadas, contra cualquier forma de violencia sexual y de género (VSG), entre otras cosas. Se estableció un Comité Directivo Nacional, presidido por el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social, para supervisar los progresos en la aplicación del Plan. Las mujeres del país participan en los esfuerzos y procesos de consolidación de la paz y de tanto en tanto alzan su voz para defender la paz, así como para pedir reconocimiento y oportunidades para una mayor participación en los procesos de paz.

Las mujeres participan activamente y están haciendo enormes logros en los procesos de paz a diferentes niveles. En el estado del Río Yei, el Grupo Nacional de Mujeres Parlamentarias constituyó una Iniciativa de Paz Comunitaria y el Foro Comunitario de Yei en el antiguo estado de Ecuatoria Central para poder participar con la población en la búsqueda de soluciones a la crisis que afectaba a sus comunidades. La Iniciativa de Paz Comunitaria dio resultados positivos, ya que tanto mujeres como hombres salieron de la selva, se rindieron y se comprometieron con la paz; actualmente están recibiendo capacitación. Testimonios como estos abundan en el país.

Durante el proceso de paz de 2015, el 15 % de los negociadores eran mujeres. No hubo ninguna mujer en la delegación del Gobierno, mientras que en la delegación de la oposición, formada por diez personas, había tres mujeres, entre ellas una que había luchado en el frente. Miembros del Bloque de Mujeres de Sudán del Sur —una red de dirigentes de la sociedad civil— también actuaron como observadoras oficiales y signatarias del acuerdo de 2015 y como miembros de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación, encargada de seguir la aplicación del acuerdo. En el marco de los renovados esfuerzos de paz, 43 organizaciones de mujeres de Sudán del Sur y otras ONG locales que trabajan en el empoderamiento de la mujer y la paz firmaron un memorando de entendimiento el 21 de octubre de 2018 para colaborar y trabajar conjuntamente en pro de una paz duradera en el país.

La participación de las mujeres en los procesos de paz ha mejorado con los años. En el renovado esfuerzo de paz de 2018, uno de los mediadores era una mujer; varias mujeres dirigentes de grupos de la sociedad civil actuaron como observadores oficiales. Las mujeres constituyen el 25 % de las delegaciones oficiales y están integradas en la Coalición de Mujeres. Las cuestiones de protección han sido sumamente difíciles desde que comenzó la crisis en 2013. El 11 de octubre de 2014, el Presidente de la República firmó un comunicado conjunto sobre la prevención de la violencia sexual relacionada con los conflictos, en el que afirmaba el compromiso del Gobierno de luchar contra la violencia sexual relacionada con los conflictos y hacer frente a la impunidad respecto de esos delitos.