Período extraordinario de sesiones

Acta resumida de la 575ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 9 de agosto de 2002 a las 10.00 horas

President a :Sra. Abaka

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Tercer informe periódico de Uganda

Se declara abierta la sesión a las 10.25 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Tercer informe periódico de Uganda (CEDAW/C/UGA/3)

Por invitación de la Presidenta, la Sra. Bakoko-Bakoru (Uganda) toma asiento a la mesa del Comité.

La Sra. Bakoko-Bakoru (Ministra de Género, Trabajo y Desarrollo Social), al presentar el tercer informe periódico de su país, señala que Uganda ratificó la Convención en 1987 y que ha realizado progresos sustanciales en la aplicación de sus disposiciones, pese a ser uno de los países más pobres del Mundo. El Gobierno del Movimiento de Resistencia Nacional (MRN) asumió el firme compromiso de garantizar el respeto de los derechos humanos y el logro del desarrollo económico y social. Ese compromiso se plasmó en medidas concretas tales como el Programa de Recuperación Económica, iniciado en 1987, la política de descentralización adoptada en 1992 y, más recientemente, el Plan de Acción para la erradicación de la pobreza, cuyo objetivo es mejorar los medios de vida de todos los ugandeses, en particular las mujeres, de una forma sostenible. Uno de los principios rectores del Plan de Acción es la incorporación de la perspectiva de género.

Las mujeres ugandesas participaron activamente en las labores de consolidación de la paz y resolución del conflicto en Uganda y en países vecinos. La situación de paz y seguridad relativas de los últimos 15 años propició el crecimiento económico y el descenso de los índices de pobreza y proporcionó una base para que todos los interesados (el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado) trabajen en pro del adelanto de la mujer. Un logro importante fue la promulgación, en 1995, de una nueva Constitución. En la nueva Constitución se incorporan consideraciones de género, se hace hincapié en los derechos humanos y las libertades, se afirma la igualdad de todas las personas, se prohíbe la discriminación por razón de género, edad, origen étnico u otra condición social, y se establece la obligación del Estado de adoptar medidas afirmativas en favor de los grupos desfavorecidos a fin de acabar con la desigualdad estructural y social.

La política nacional sobre cuestiones de género y el Plan Nacional de Acción relativo a la mujer son la base de la potenciación de la mujer, y se han iniciado reformas para afianzar el marco jurídico y normativo del país. La reforma legal se centra en proyectos de ley sobre relaciones familiares, delitos sexuales y numerosos aspectos relativos al empleo. En concreto, el proyecto de ley sobre relaciones familiares ha estado paralizado en el Consejo de Ministros durante cuatro años; cuenta con pleno respaldo presidencial, pero faltan aún las aportaciones y opiniones de las organizaciones de la sociedad civil. La aprobación del proyecto de ley sobre el empleo, que permitirá la ratificación de varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también se ha retrasado por razones de procedimiento. Un grupo de asesores redactó el proyecto de ley sin citar previamente los principios básicos ni garantizar el “visto bueno” del Ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico. Habrá que subsanar estas omisiones y remitir de nuevo el proyecto de ley al Consejo de Ministros.

Gracias a la política de adopción de medidas positivas, ha aumentado el número de mujeres en altos cargos con capacidad de decisión. Las mujeres ocupan cargos como el de Vicepresidenta, Vicepresidenta del Tribunal Supremo, Vicepresidenta del Parlamento y Subinspectora General de Policía. En virtud de esas medidas, una tercera parte de los cargos en las instituciones públicas locales están ocupados por mujeres. Una fuente, tal vez inesperada, de potenciación del papel de la mujer a nivel comunitario es la capacitación de parteras tradicionales organizada por el programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que ha situado a esas mujeres en una posición de influencia en sus comunidades.

Mediante los mecanismos establecidos en 1988 por el entonces denominado Ministerio de la Mujer en el Desarrollo se supervisa la incorporación de la perspectiva de género y el adelanto de la mujer. Esos mecanismos han sido modificados, pero sus objetivos siguen siendo los mismos. Los programas gubernamentales están dirigidos a los pobres y los grupos vulnerables: mujeres, niños, personas con discapacidad, trabajadores y personas de edad. Parte del mandato del Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social consiste en supervisar esos programas desde una perspectiva de género. Las obligaciones internacionales contraídas por Uganda, la Constitución nacional, las políticas sectoriales y los objetivos de cada ministerio para eliminar las diferencias por motivo de género servirán de referencia para el seguimiento de los programas mencionados. En un documento que será remitido al Comité se establece un marco que Uganda, e incluso otros países, podrían utilizar como instrumento para mejorar el establecimiento de objetivos y la consecución de resultados.

Gracias al programa de enseñanza primaria universal la tasa de matriculación escolar se ha duplicado, debido en gran medida a la inscripción de las niñas. En la enseñanza primaria y secundaria las niñas obtienen a menudo mejores resultados que los niños. La concesión de puntos de bonificación a las niñas que inicien estudios superiores ha contribuido a multiplicar por dos la tasa de matriculación femenina. Otras de las prioridades del Gobierno es el Programa de Alfabetización Funcional de Adultos, cuyo objetivo es mejorar los conocimientos de lectura, escritura y cálculo y, de ese modo, ofrecer oportunidades de obtener ingresos y mejores medios de vida. Las organizaciones de la sociedad civil están llevando a cabo programas similares, por lo que el efecto combinado de la labor del Gobierno y de esas organizaciones es considerable, especialmente por lo que respecta a la mujer.

El Gobierno ha centrado sus esfuerzos en la atención primaria de la salud y la construcción de carreteras para facilitar el acceso a esos servicios de las comunidades rurales. Se han mejorado las instalaciones de saneamiento de las escuelas; y hay que recordar que la mala calidad de éstas era un factor que repercutía en la tasa de abandono escolar de las niñas. El suministro de agua potable ha permitido reducir la distancia que mujeres y niños tienen que recorrer para conseguir agua, lo que ha contribuido de forma directa a mejorar su calidad de vida. La historia del problema del VIH/SIDA en Uganda es bien conocida en todo el mundo; sin embargo, gracias a la adopción de un enfoque multisectorial que incluía campañas de concienciación, la realización voluntaria de pruebas y la prestación de asesoramiento así como la prevención de la transmisión de madre a hijo, las tasas de prevalencia descendieron hasta el 6,1% en 2000, frente al 22% registrado 10 años antes.

La violencia en el hogar contra mujeres y niños está tipificada en el Código Penal y se han adoptado una serie de medidas para poner fin a ese tipo de agresiones, tales como el establecimiento de unidades de protección familiar en las comisarías de policía y la organización de campañas de sensibilización de la opinión pública. El Día Internacional de la Mujer se celebró bajo el lema “Break the silence: Stop violence against women” (Rompamos el silencio: pongamos fin a la violencia contra la mujer) y la conmemoración del Día del Niño Africano se centró en la prevención de los abusos sexuales de menores, medida de seguimiento especialmente apropiada respecto del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado en Yokohama (Japón) en diciembre de 2001.

La situación de pobreza que impera en Uganda constituye un obstáculo para la aplicación de la Convención y limita la capacidad del país para atender a las necesidades sociales y económicas de la población. Sin embargo, Uganda se esfuerza por obtener, documentar y divulgar datos desglosados por género para facilitar la formulación de políticas y la evaluación de los resultados de las medidas adoptadas. Estas actividades forman parte del Plan de inversión estratégica en el sector del desarrollo social, que estará listo en octubre de 2002. Uganda considera que el mencionado plan es el primero de esa índole y que podría aplicarse en otros países. Su finalidad es de carácter inclusivo y consiste en atender a las necesidades de los grupos pobres y vulnerables y hacer extensivos los logros alcanzados por la mujer ugandesa en los ámbitos de la política, la sociedad civil y el mundo académico a las mujeres de las zonas rurales. Aunque el peso de la tradición constituya un importante obstáculo que hay que superar y la inestabilidad política siga cerniéndose sobre algunas partes del país, el Gobierno está empeñado en cumplir sus obligaciones internacionales.

La Sra. Kwaku felicita a la delegación de Uganda por las medidas adoptadas por su Gobierno para incrementar el número de funcionarias; espera que las titulares de esos puestos no sean meras figuras decorativas y que los resultados de sus actividades queden reflejadas en el próximo informe. También es encomiable la política del Gobierno de lucha contra el VIH/SIDA. Sin embargo, todavía hay que seguir trabajando para que las disposiciones de la nueva Constitución que tienen en cuenta consideraciones de género se incorporen a la legislación nacional. La aprobación de instrumentos importantes como el proyecto de ley sobre relaciones familiares y el proyecto de ley sobre delitos sexuales lleva pendiente muchos años, por lo que no es difícil llegar a la conclusión de que el Gobierno carece de la voluntad política necesaria para aplicarlos.

Sería conveniente saber cuántas mujeres integran la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, si existe una cuota específica para mujeres, cuántos casos de violación de derechos de la mujer se han presentado a la Comisión y cómo se han resuelto, cómo funciona el mecanismo para el pago de indemnizaciones y qué entidad es la encargada de abonarlas.

La oradora señala que el hecho de que el Ministerio de la Mujer en el Desarrollo se convirtiera en el Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social hace pensar que se presta menos atención a las cuestiones relativas a la mujer. Pregunta a cuánto asciende el presupuesto del Ministerio, en números redondos y en porcentaje respecto del presupuesto nacional, y si los recursos de que dispone son suficientes para ejecutar sus proyectos.

Por último, en vista de que el Gobierno no ha logrado acabar con la prostitución, se pregunta si éste considera la posibilidad de adoptar nuevas políticas que protejan a las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución de los riesgos que ésta entraña para la salud y de otros peligros.

La Sra. Shin hace hincapié en que no cabe aducir excusas para no derogar o enmendar las leyes discriminatorias tan pronto como sea posible a fin de que se ajusten a lo dispuesto en la Constitución. Además, resulta inaceptable la afirmación del Presidente de que no se ha aprobado el proyecto de ley sobre relaciones familiares porque las organizaciones no gubernamentales nacionales no han presentado sus observaciones sobre él; es responsabilidad del Gobierno eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer. También se requiere legislación especial para proteger y prestar asistencia a mujeres en situación vulnerable. El Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social debería tomar la iniciativa en esos asuntos.

La oradora acoge con satisfacción la incorporación de la cuestión de la violencia contra la mujer como un elemento del Plan Nacional de Acción relativo a la mujer. Sería conveniente saber cuál es el calendario de aplicación del Plan y el monto de los fondos asignados. Aunque las organizaciones no gubernamentales han tratado de contrarrestar la aceptación por la opinión pública de la violencia en el hogar, el Gobierno no concede suficiente importancia a la cuestión; la oradora espera que se elaboren planes más concretos al respecto.

La Sra. Ferrer observa que, pese a las disposiciones la perspectiva de la nueva Constitución, las mujeres que incorporaran siguen estando sometidos de muchas formas a la aplicación del derecho consuetudinario y a las prácticas tradicionales; el Gobierno debería concentrarse en la lucha contra los estereotipos. Es inquietante que incluso los jueces hagan caso omiso de pruebas sustantivas para evitar condenar a hombres por delitos de violación y violencia en el hogar, que las mujeres que denuncian a sus maridos a la policía por golpearlas sean estigmatizadas por sacar a la luz pública “asuntos familiares” y que en algunas zonas persista la práctica de la mutilación genital femenina. Es necesario organizar campañas sistemáticas de sensibilización de la comunidad, en particular dado que muchos ugandeses no saben leer ni escribir. La oradora pregunta qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para abordar esas cuestiones.

En el informe del país se señala que, mediante la descentralización, las comunidades locales podrán autogobernarse y movilizar sus propios recursos, pero la perspectiva de género sólo se ha incorporado en los gobiernos de 13 de los 45 distritos del país. Sería arriesgado dar competencias a los gobiernos locales antes de que concluya ese proceso.

Por último, la oradora se pregunta si en el proyecto Visión de Uganda 2025, que forma parte de los estudios sobre las perspectivas nacionales a largo plazo, se ha incorporado una perspectiva de género y si existen planes concretos para garantizar que las mujeres se beneficien de su aplicación.

La Sra. Schöpp-Schilling pide ejemplos de los resultados de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y los programas de otros ministerios, que no sean el Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social, y pregunta si todos los proyectos de ley y las propuestas de políticas y programas deben ir acompañados de una declaración en la que conste que se han realizado análisis de sus repercusiones desde una perspectiva de género así como una relación de los resultados a fin de recordar a los miembros del Consejo de Ministros que el Gobierno debe tener en cuenta las necesidades de la mujer en todas las actividades que lleve a cabo.

La oradora pregunta si se han establecido calendarios y plazos para ajustar la legislación nacional a lo dispuesto en la nueva Constitución, si la cuestión de la propiedad de la tierra por la mujer está contemplada en el proyecto de ley sobre relaciones familiares y si el hecho de que el número de mujeres que se benefician de los planes de microfinanciación sea superior al de hombres responde a una preferencia deliberada de la mujer como prestatario. También sería conveniente disponer de más ejemplos de medidas afirmativas aplicadas en ámbitos distintos al de la política y la educación, y saber si hubo mucha resistencia a la aplicación de medidas provisionales especiales como el establecimiento de cuotas para que las mujeres acceder a cargos políticos y la concesión de puntuación adicional y becas a las estudiantes. Espera que haya quedado claro que las estudiantes no son consideradas menos inteligentes que los estudiantes y, por tanto, no necesitan que se las trate con mayor consideración. A la oradora le gustaría que se especificara cuál es la autoridad competente para determinar el lugar que ocupan los acuerdos internacionales en la jerarquía legal de Uganda y cuándo se determinará. Observa que los términos “equidad” e “igualdad” no son sinónimos y pide a la delegación ugandesa que defina esos dos términos.

La Sra. Tavares da Silva toma nota de que la Ley sobre bienes raíces, en su actual estado, es muy favorable a los pobres, la mayoría de los cuales son mujeres; se pregunta si en la nueva legislación hombres y mujeres estarán en pie de igualdad respecto del acceso a la tierra. El Comité ha podido saber, por medio de fuentes no gubernamentales, que en el proyecto de ley se suprimieron las disposiciones sobre la igualdad entre marido y mujer, pero que éstas se incorporarán nuevamente antes de la presentación del proyecto de ley para su aprobación. Esta cuestión es importante ya que las mujeres representan entre el 70% y el 80% de la mano de obra agrícola y, sin embargo, sólo el 7% de ellas son propietarias de tierras, y tienen problemas para obtener préstamos, hipotecas y otras formas de crédito. Se agradecería recibir una explicación al respecto.

El informe transmite un sentimiento de desesperanza respecto de la relación existente entre la pobreza generalizada, la trata y la prostitución de mujeres en Uganda. Prácticamente no ha habido procesamientos ni condenas de los infractores y las mujeres víctimas de la trata que son sacados de Uganda se ven sometidas además al rigor de las leyes de inmigración. La oradora pregunta cómo prevé el Gobierno poner fin a esa grave violación de los derechos humanos de la mujer.

La Sra. Bakoko-Bakoru (Uganda) dice que es importante entender cómo funciona el proceso de elaboración de las leyes en Uganda. La oradora fue miembro del Parlamento entre 1996 y 2001 y, en las cuestiones relativas a la mujer, se encontró con mucha resistencia de los parlamentarios los cuales consideran arrogantes a sus colegas del sexo femenino y entienden la igualdad entre los géneros como una cuestión que sólo interesa al Presidente. Sin embargo, con el tiempo, las parlamentarias han organizado comités y campañas de concienciación dirigidas a la sociedad civil a nivel de distrito y han ejercido presión sobre sus colegas hombres. En las sociedades patriarcales, incluso en el mundo desarrollado, antes de proceder a debates parlamentarios es necesario realizar campañas educativas.

La oradora espera que la competencia probada de la Vicepresidenta del Parlamento de Uganda demostrará que no ha sido designada por razones simbólicas y preparará el terreno para la futura designación de una presidenta. El mero número de parlamentarias indica que las mujeres ocupan puestos de responsabilidad de primera línea en Uganda: la nueva Constitución ha contribuido en cierta medida a favorecer esa tendencia, por su carácter excepcionalmente sensible ante las cuestiones de género. Una mujer preside la Comisión de Derechos Humanos de Uganda que, en el ejercicio de su competencia como tribunal, ha dictaminado en favor de mujeres en varias ocasiones. Los avances logrados en Uganda desde la presentación del último informe periódico se deben en gran medida a que los dirigentes ugandeses están concienciados respecto de las cuestiones de género: el Consejo de Ministros está muy sensibilizado al respecto y el Presidente Museveni es un paladín de los derechos de la mujer. Las medidas de acción afirmativa aplicadas durante las elecciones parlamentarias han permitido que un mayor número de mujeres participe en la gestión de los asuntos públicos y han contribuido también a concienciar a la opinión pública sobre las aptitudes y capacidades de la mujer. Sin embargo, ha habido sugerencias de que las mujeres podrían desempeñar un papel aun más activo en el ámbito político si abandonaran los escaños obtenidos gracias a esas medidas de acción afirmativa y ocuparan escaños asignados a los distritos, con arreglo al procedimiento general.

La aprobación de propuestas legislativas en favor de la mujer en el Parlamento depende de la actitud imperante en ese órgano y del grado de disposición a concentrarse en los textos en cuestión. A modo de ejemplo, la oradora se refiere a la Ley sobre bienes raíces, por la que se garantizará el acceso de la mujer a la propiedad de la tierra, derecho que actualmente se ve muy limitado. Para remediar la situación, grupos de mujeres y políticas ugandesas redactaron una enmienda cuyo objetivo era fomentar la propiedad conjunta y presionaron en el Parlamento para obtener el apoyo a dicha enmienda. Sin embargo, cuando se presentó la enmienda, muchos de los miembros del Parlamento estaban más preocupados por asegurar su reelección para la Séptima Legislatura que por los derechos humanos y, por tanto, no fue aprobada. No obstante, se ha garantizado que la enmienda sobre propiedad conjunta se incorporará a la Ley sobre bienes raíces próximamente y, pese a esas dificultades concretas, se subraya el hecho de que el Gobierno está obligado a consultar con la sociedad civil, el público y otros interesados durante el debate de cualesquier propuesta legislativa.

Tras cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer en el Desarrollo por el de Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social, algunas ugandesas se sintieron marginadas. Sin embargo, el nuevo nombre no supone un cambio de las prioridades del ministerio, sino una reestructuración interna. Esa reestructuración será próximamente objeto de examen por parte del Gobierno y se espera que en el futuro la Dirección de Género desempeñe un papel más importante dentro del Ministerio. El Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social formuló una declaración de principios para 2002 fundamentando su petición de financiación. Como resultado de ello, el Parlamento asignó al Ministerio un fondo adicional de 500 millones de chelines ugandeses al presupuesto habitual del Ministerio, que representa el 2% del presupuesto nacional.

El Departamento de erradicación de la pobreza y de derechos cívicos y económicos se encarga de las iniciativas de microfinanciación para la mujer. Se han suscitado debates en relación con las perspectivas futuras de esas iniciativas ya que la microfinaciación se considera una industria más que una dádiva de naturaleza política y, por tanto, tal vez fuera más conveniente que el sector privado se encargara de su gestión para evitar malversaciones de fondos. Hasta la fecha no se han puesto en marcha programas de microfinanciación en zonas rurales, y ésta es una carencia que hay que subsanar.

En relación con las estrategias del Gobierno para luchar contra la prostitución, la oradora señala que la tasa de infección por el VIH/SIDA entre las mujeres descendió del 30% al 5%, lo que demuestra que las mujeres vulnerables, en particular las prostitutas, prestan mayor atención a las medidas profilácticas. Aunque actualmente en Uganda no hay leyes vigentes para acabar con el problema de la prostitución, se reconoce su existencia y se están llevando a cabo programas para concienciar a la opinión pública sobre la necesidad de mantener relaciones sexuales con protección. Es preocupante el número de niñas que hay en las calles de Kampala por la noche; y, con miras a reducir la tasa de infección por el VIH/SIDA, resulta fundamental que se les proporcione información directa y franca sobre los riesgos que entraña la prostitución.

En respuesta a la observación formulada respecto de la inexistencia de leyes que promuevan la igualdad entre los géneros, se admite que en ciertos ámbitos la legislación ugandesa resulta discriminatoria, pero también es importante tener en cuenta que gran parte de esa legislación, incluido, el Código Penal, data del período colonial. El Ministerio de Género está estudiando la posibilidad de establecer un mecanismo de revisión legislativa para determinar qué leyes habría que enmendar o derogar. En particular, es necesario derogar las leyes ugandesas sobre violencia en el lugar. El Gobierno ha colaborado con organizaciones no gubernamentales en la realización de campañas de concienciación y trata de continuar con ese tipo de iniciativas. Además, ha formulado un plan de acción para poner fin a la violencia ejercida contra la mujer como medida de seguimiento de la Cumbre de Yokohama.

Aunque para la sociedad ugandesa tradicional resulta inaceptable que la mujer denuncie a su marido por malos tratos, las actitudes hacia la mujer están cambiando, como lo demuestra el número de mujeres que entablan procedimientos de divorcio y no son penalizadas por ello. A algunos hombres les preocupa que la potenciación de la mujer redunde en perjuicio del papel que ellos desempeñan, pero, con la ayuda de programas educativos, la sociedad civil en su conjunto está empezando a darse cuenta de la importancia que tiene la igualdad entre los géneros y los hombres se están acostumbrando a las medidas de acción afirmativa en favor de la mujer.

Se están adoptando medidas para concienciar sobre los peligros de la mutilación genital femenina, que se sigue practicando en Uganda. En algunas zonas, la operación material de la escisión ha sido sustituida por una ceremonia ritual y muchas niñas se han negado a someterse a la circuncisión. Es lamentable que se haya denegado por razones políticas financiación para un proyecto cuyo objetivo era reducir el número de mutilaciones genitales femeninas.

La descentralización administrativa e institucional es fundamental para que las políticas de incorporación de la perspectiva de género resulten eficaces a nivel popular. El Ministerio de Género es consciente de los problemas a que se enfrenta y ha empezado a colaborar con organizaciones no gubernamentales a fin de concienciar a los funcionarios locales a nivel de los subcondados y las parroquias respecto de las cuestiones relativas al género. Es importante que haya una colaboración estrecha con la sociedad civil para profundizar en la comprensión del concepto de la igualdad entre los géneros y plasmar esa idea en planes concretos a los niveles más bajos posibles. Por lo que respecta al acceso a los servicios, la oradora observa con satisfacción que la mujer rural está dispuesta a adoptar una actitud dinámica y exigir la prestación de servicios a los órganos de los subcondados en caso de que se consideren desatendidos. Resulta fundamental estimular esas actitudes y lograr que todas las mujeres sean conscientes de sus necesidades y capacidades. Aunque el Gobierno de Uganda sabe que está a la zaga de otros Estados en materia de educación sobre los derechos de la mujer, se ha comprometido a mejorar la situación y ha manifestado su deseo de seguir el ejemplo de los países escandinavos.

La pobreza es motivo de gran preocupación en Uganda, pero será prácticamente imposible resolver el problema con eficacia si no impera la paz en la región de los Grandes Lagos; mientras que las fronteras entre Uganda y los países vecinos permanezcan cerradas, continuarán las restricciones comerciales. Sin embargo, en los últimos meses se han producido avances positivos tales como las tentativas en favor de la paz en el Sudán y el Congo, la disposición por parte de Sudáfrica de adquirir productos ugandeses y las medidas adoptadas por los Estados Unidos y los países de la Unión Europea para eliminar las barreras comerciales.

El respeto por los derechos humanos está consagrado en la Constitución y, lo que es más importante, enraizado en la conciencia de la gente, y la violación de esos derechos llevará aparejada la presentación de la correspondiente reclamación. El acceso a la justicia, especialmente para los pobres, sigue siendo un gran problema, y hay una serie de organizaciones que facilitan servicios jurídicos a mujeres u ofrecen ayuda financiera para cubrir los gastos procesales. El país sigue esforzándose por garantizar que la justicia sea considerada un derecho y no un privilegio que se otorga en función de los recursos de la persona.

La Sra. Açar se muestra preocupada por la declaración formulada por el Presidente en la que dijo que no deseaba que el proyecto sobre relaciones familiares provocara la ruptura de la familia, ya que con ella parece respaldar la idea de que los derechos humanos de la mujer son, en cierta forma, contrarios a la institución de la familia. El Comité considera, en cambio, que el respeto de esos derechos es la mejor garantía de la institución familiar. La oradora desearía saber si el proyecto de ley contó con el apoyo de los dirigentes religiosos y de la comunidad durante el proceso de consultas.

La Sra. Corti dice que muchas de las medidas que se debaten son innovadoras, pero que es necesario seguir avanzando en esa dirección. Desearía conocer más detalles sobre la Comisión para la Igualdad de Oportunidades, contemplada en la Constitución, ya que aliviaría la carga del Ministerio al desempeñar la necesaria función de organismo de control. La oradora pregunta también si se ha evaluado la estrategia de reducción de la pobreza.

Habida cuenta de que la prostitución y el turismo sexual van en aumento, las medidas adoptadas por el Gobierno al respecto no parecen surtir efecto. Por último, en referencia a la mutilación genital femenina se ha utilizado el término “escisión”, que es el término más adecuado ya que pone de manifiesto que esa práctica es constitutiva de delito.

La Sra. Raday dice que en el derecho de familia de Uganda sigue habiendo una serie de disposiciones que son intrínsecamente discriminatorias, por ejemplo, la relativa a la poligamia, que es legal, así como la relativa al adulterio y a las restricciones de viaje que se imponen a la mujer. La mutilación genital femenina no está permitida por ley pero se practica. No tiene claro si alguna vez se ha propuesto la eliminación de esas disposiciones en el proyecto de ley sobre relaciones familiares y desearía saber cómo ha previsto el Gobierno abordar la cuestión.

La Sra. Goonesekere dice que la reforma constitucional de 1995 fue un logro importante, pero aún se requiere un proceso jurídico para impugnar la validez de ciertas leyes. Pregunta si se pueden alegar ante el Tribunal Supremo la invalidez de la ley sobre pasaportes y de las leyes consuetudinarias. Desearía saber cómo se abordan en las actividades de formación y capacitación jurídicas de los jueces las disposiciones constitucionales que permiten a los tribunales la aplicación del derecho internacional.

La Sra. Hazelle dice que le preocupa la falta de medidas para proporcionar medios alternativos de ayuda a las mujeres que ejercen la prostitución y pregunta si se ha previsto adoptar algún tipo de medidas para acabar con la explotación. Le preocupan también los informes según los cuales, en virtud de la Ley de Inmigración, las mujeres que han sido sacadas del país víctimas de la trata deben reembolsar los gastos de su repatriación, lo que significa la penalización de la víctima.

La oradora solicita información sobre los tipos de delitos tipificados en el artículo 106 del Código Penal y sobre las sanciones establecidas. Le gustaría conocer más detalles sobre las actividades llevadas a cabo en relación con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mencionada anteriormente, y sobre los grupos a quienes estuvieron dirigidas. Asimismo, agradecería que se proporcionara más información sobre la composición de las unidades de protección familiar en las comisarías de policía, la capacitación que reciben sus miembros, los tipos de casos denunciados y las medidas adoptadas.

La oradora concluye señalando que la asistencia técnica de la Secretaría del Commonwealth redundaría en beneficio de la incorporación de la perspectiva de género.

La Sra. Bakoko-Bakoru (Uganda) dice que en las unidades de protección familiar se tratan casos de abandono familiar, custodia de los hijos, violencia contra la mujer y otros asuntos conexos. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer se prolongó, de hecho, un mes y entre las actividades realizadas cabe citar la organización de conferencias, la difusión ofrecida por los medios de comunicación y la realización de debates públicos. En las actividades participaron todos los distritos del país. No se dispone de información documentada sobre las mujeres víctimas de trata para ser utilizadas como prostitutas, aunque se ha recabado información sobre mujeres secuestradas por grupos rebeldes.

La redacción del proyecto de ley sobre relaciones familiares avanza lentamente debido al hecho de que ni siquiera los miembros del Parlamento entiende plenamente su contenido. Será necesario celebrar consultas y promover el consenso para que, en última instancia, el proyecto de ley sea aprobado. La formación jurídica incluye cursos sobre derechos humanos y los jueces se han desplazado a los distritos para proporcionar capacitación sobre derechos humanos a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley, en particular en relación con casos de violencia sexual.

La oradora reitera que, para resolver los conflictos entre las leyes y la Constitución, lo importante es comprender que las leyes pueden impugnarse. Incluso las mujeres cultas tienden a aceptar una posición de subordinación. La ley sobre pasaportes puede, en efecto, ser impugnada, pero esto sólo ocurrirá cuando las mujeres tengan conciencia de sus derechos.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidad es una entidad muy importante y el Parlamento está estudiando un proyecto de ley al respecto. Sin embargo, la mencionada Comisión tiene consecuencias financieras que deben ser examinadas detenidamente.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.