* Aprobadas por el Comité en su 84º período de sesiones (6 a 24 de febrero de 2023).

Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Eslovenia *

El Comité examinó el séptimo informe periódico de Eslovenia (CEDAW/C/SVN/7), presentado conforme al procedimiento simplificado, en sus sesiones 1955ª y 1956ª (véanse CEDAW/C/SR.1955 y CEDAW/C/SR.1956), celebradas el 16 de febrero de 2023.

A.Introducción

El Comité agradece la presentación por el Estado parte de su séptimo informe periódico, que se elaboró en respuesta a la lista de cuestiones y preguntas previa a la presentación del informe (CEDAW/C/SVN/QPR/7). Agradece también su informe de seguimiento de las anteriores observaciones finales del Comité (CEDAW/C/SVN/CO/5-6/Add.1). El Comité acoge con satisfacción la presentación oral que realizó la delegación y las aclaraciones adicionales que facilitó en respuesta a las preguntas formuladas oralmente por el Comité durante el diálogo.

El Comité felicita a la delegación multisectorial del Estado parte, dirigida por el Ministro del Futuro basado en la Solidaridad, el Sr. Simon Maljevac, y compuesta por representantes del Ministerio de Sanidad, la Oficina del Gobierno de la República de Eslovenia para el Apoyo y la Integración de los Migrantes, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, la Oficina de las Minorías Nacionales del Gobierno de la República de Eslovenia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos y el Ministerio de Justicia, así como por la Embajadora y Representante Permanente y otros miembros de la Misión Permanente de Eslovenia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, la Sra. Anita Pipan.

B.Aspectos positivos

El Comité acoge con satisfacción los avances logrados desde el examen, en 2015, del informe anterior del Estado parte con respecto al emprendimiento de reformas legislativas, en particular la aprobación de lo siguiente:

a)Las modificaciones de la Ley de Empresas (2021), por las que se exige a las empresas grandes y medianas, que deben presentar una auditoría en los informes anuales, informar sobre la proporción del personal de ambos sexos en sus órganos de administración y supervisión;

b)Las modificaciones de la Ley de Procedimiento Penal (2019), por las que se introduce la obligación de proporcionar a las víctimas de delitos, incluidas las víctimas de violencia de género, información sobre los servicios de apoyo disponibles y el estado de las actuaciones y la sentencia final, a fin de garantizar su seguridad personal;

c)Las modificaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre (2019), por las que se exige al Gobierno que respete el principio de representación equilibrada de género, en virtud del cual las mujeres o los hombres deben representar al menos un 40 % de la composición de los órganos asesores y de coordinación gubernamentales, los órganos de trabajo y las delegaciones y los representantes en los órganos de gestión y supervisión de las entidades que se rigen por el derecho público;

d)La Ley sobre Organizaciones No Gubernamentales (2018), por la que se permite que las organizaciones no gubernamentales (ONG) puedan ser consideradas de utilidad pública en diversos ámbitos, incluidas aquellas ONG que trabajan en cuestiones relacionadas con la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, la protección frente a la discriminación o los derechos humanos;

e)La Ley sobre Protección contra la Discriminación (2016), por la que se estableció el Defensor del Principio de Igualdad como institución independiente y autónoma y en la que se definen las condiciones personales por las que se proporciona protección contra la discriminación, en particular por razón de género y por formas múltiples de discriminación;

f)La Ley sobre Prevención de la Violencia Doméstica (2016), que introduce una definición de la violencia doméstica, amplía la definición de los familiares, establece procedimientos para abordar la violencia doméstica y define el impago de las obligaciones alimentarias como violencia económica;

g)La Ley sobre Protección Internacional (2016), por la que se protege a las víctimas de trata como personas vulnerables con necesidades especiales;

h)La Ley sobre Registro de Residencia (2016), por la que se permite a las víctimas de trata residir de forma anónima en un emplazamiento secreto.

El Comité celebra las iniciativas del Estado parte para mejorar su marco institucional y de políticas con el fin de acelerar la eliminación de la discriminación contra la mujer y promover la igualdad de género, como la aprobación de los instrumentos siguientes:

a)La resolución sobre el programa nacional de prevención y represión de la delincuencia (2019-2023), cuyos objetivos incluyen reducir todas las formas y los casos de discurso de odio o incitación pública al odio y la intolerancia y garantizar y fortalecer las actividades educativas y de prevención, adoptada en 2019;

b)La resolución sobre el programa nacional de salud mental (2018-2028), que define las medidas para prevenir y tratar las distintas formas de violencia, incluida la violencia doméstica, adoptada en 2018;

c)La resolución sobre la política relativa a la familia (2018-2028), que conciencia sobre una paternidad y una maternidad responsables y el pago de la pensión alimenticia, adoptada en 2018;

d)El programa nacional de medidas para la comunidad romaní (2017-2021), que incluye medidas y recomendaciones orientadas al logro de objetivos en la esfera de la protección social y hace hincapié en la lucha contra los matrimonios infantiles o forzados, adoptado en 2017;

e)La resolución sobre el programa nacional de igualdad de oportunidades para la mujer y el hombre (2015-2020), cuyo objetivo es mejorar la posición de las mujeres y garantizar el avance sostenible de la igualdad de género en esferas clave, adoptada en 2015.

El Comité celebra que, en el período transcurrido desde que se examinó su informe anterior, el Estado parte haya ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en 2021.

C.Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Comité acoge con satisfacción el apoyo internacional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pide que se haga efectiva la igualdad de género de iure (jurídica) y de facto (sustantiva), de conformidad con lo previsto en la Convención, durante todo el proceso de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Comité recuerda la importancia del Objetivo 5 y de la incorporación de los principios de igualdad y no discriminación en los 17 Objetivos. Asimismo, insta al Estado parte a que reconozca a las mujeres como la fuerza impulsora del desarrollo sostenible de Eslovenia y a que adopte políticas y estrategias pertinentes al respecto.

D.Parlamento

El Comité destaca el papel fundamental que desempeña el poder legislativo para garantizar la plena aplicación de la Convención (véase A/65/38 , segunda parte, anexo VI). Invita al Parlamento de Eslovenia a que, de conformidad con su mandato, adopte las medidas necesarias para llevar a la práctica las presentes observaciones finales desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico en virtud de la Convención.

E.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Derechos de las mujeres e igualdad de género en relación con la pandemia y las iniciativas de recuperación

El Comité acoge con satisfacción la aprobación de medidas legislativas para responder a las consecuencias de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y reducir sus efectos negativos, incluidas medidas para combatir la violencia de género contra las mujeres y la violencia doméstica, como campañas de concienciación en los medios de comunicación y un teléfono de asistencia sobre violencia doméstica disponible las 24 horas del día. Sin embargo, el Comité desea señalar a la atención del Estado parte la importancia de contar con estrategias de recuperación de la COVID-19 para que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos.

El Comité, de conformidad con la nota orientativa que publicó el 22 de abril de 2020 sobre las obligaciones de los Estados partes en la Convención en el contexto de la COVID-19, recomienda al Estado parte que:

a) Aplique medidas institucionales, legislativas y políticas para corregir las desigualdades de larga data entre mujeres y hombres y dar un impulso renovado al logro de la igualdad de género, situando a las mujeres en el centro de las estrategias de recuperación pos-COVID-19 como prioridad estratégica para el cambio sostenible, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

b) Vele por que, en el contexto de los planes de recuperación después de la crisis, no se relegue a las mujeres y las niñas a desempeñar roles de género estereotipados;

c) Asegure una participación igualitaria de las mujeres y las niñas, incluidos los grupos de mujeres desfavorecidas y marginadas, en la formulación y la aplicación de los programas de recuperación pos-COVID-19;

d) Vele por que las mujeres y las niñas se beneficien por igual de las medidas de estímulo que tienen por objeto mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia, como las ayudas económicas a quienes desempeñan trabajo de cuidados no remunerado.

Visibilidad de la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité

El Comité acoge con satisfacción la información proporcionada por la delegación durante el diálogo, según la cual la Convención está publicada en el sitio web del Gobierno, ha sido divulgada por el Defensor del Pueblo y la asociación de municipios y sus contenidos se tratan en varios seminarios dirigidos a ONG y abogados. Sin embargo, observa con preocupación que la Convención, su Protocolo Facultativo y las observaciones generales del Comité no son muy conocidos y rara vez son invocados en los tribunales del Estado parte.

El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Proporcione capacitación y formación sistemáticas a los funcionarios públicos, los jueces, los fiscales, los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como a los abogados, en relación con la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité;

b) Sensibilice a la comunidad sobre los derechos que asisten a las mujeres en virtud de la Convención y los recursos jurídicos de que disponen para exigirlos.

Marco legislativo

El Comité toma nota de la aprobación de la Ley de Protección contra la Discriminación en 2016. Sin embargo, observa con preocupación la ausencia de información sobre el número de causas de discriminación por razón de sexo o género abiertas con arreglo a esas leyes, en particular en relación con las formas interseccionales de discriminación.

El Comité recomienda al Estado parte que refuerce la aplicación del marco legislativo nacional para proteger los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género y que incluya información en su próximo informe periódico sobre el número de actuaciones judiciales y sus resultados por causas de discriminación por razón de sexo o género abiertas con arreglo a esas leyes, de forma anual.

Acceso de las mujeres a la justicia

El Comité toma nota de la disponibilidad de asistencia jurídica gratuita para las mujeres sin recursos suficientes y de la posibilidad de que las víctimas de discriminación de género presenten denuncias ante el Defensor del Principio de Igualdad o en los tribunales. Sin embargo, el Comité observa con preocupación que las sentencias contra autores de actos de violencia de género suelen ser indulgentes y no suelen ser proporcionales a la gravedad de los delitos.

Recordando su recomendación general núm. 33 (2015) , sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité recomienda al Estado parte que se asegure de que el sistema de justicia ofrece a las mujeres una protección efectiva y una reparación significativa de cualquier daño que puedan haber sufrido, y en particular:

a) Vele por que las sentencias en casos de violencia de género contra la mujer sean proporcionales a la gravedad del daño sufrido. Los recursos a disposición de las víctimas deben incluir, según corresponda, la restitución (reintegración); la indemnización (ya sea en forma de dinero, bienes o servicios); y la rehabilitación (atención médica, asesoramiento psicosocial y servicios sociales);

b) Realice y facilite estudios cualitativos y análisis de género críticos del sistema judicial, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, a fin de poner de relieve prácticas, procedimientos y jurisprudencia que promuevan o limiten el pleno acceso de las mujeres a la justicia.

Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

El Comité toma nota del programa nacional de igualdad de oportunidades para la mujer y el hombre (2015-2020) y de la preparación de un nuevo programa que durará hasta 2030. También toma nota de la existencia de la División de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, que coordina las políticas de igualdad de género, ejecuta programas y proporciona apoyo experto a ministerios y municipios para que integren la perspectiva de género. Sin embargo, el Comité observa con preocupación que la División de Igualdad de Oportunidades se ha establecido en un nivel intermedio del Ministerio y carece de los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para llevar a cabo su mandato de manera eficaz. También observa con preocupación que el programa nacional de igualdad de oportunidades para la mujer y el hombre es un documento estratégico del Gobierno y no una estrategia amplia de igualdad de género que involucre a todos los componentes de la sociedad, y que faltan iniciativas dirigidas explícitamente a elaborar presupuestos con perspectiva de género.

El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Vele por que la División de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, que es responsable del adelanto de la mujer y de la igualdad de género, esté dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para desempeñar eficazmente su mandato de promover y proteger los derechos de la mujer y la igualdad de género;

b) Adopte una estrategia amplia de igualdad de género que involucre a todos los componentes de la sociedad e incluya a las organizaciones de mujeres en su diseño, aplicación y evaluación;

c) Preste apoyo a los coordinadores de cuestiones de género en los ministerios competentes a fin de garantizar la integración de la perspectiva de género y la elaboración de presupuestos con perspectiva de género de forma efectiva;

d) Institucionalice y desarrolle el diálogo con las organizaciones de mujeres y considere establecer acuerdos permanentes de colaboración con ellas, en particular en relación con la asignación de financiación estatal para sus actividades.

El Comité acoge con satisfacción el establecimiento del Defensor del Principio de Igualdad en virtud de la Ley de Protección Contra la Discriminación (2016), encargado de promover la igualdad y la prevención de la discriminación por distintos motivos, incluido el género. Sin embargo, observa con preocupación la falta de mecanismos para garantizar que se cumplan las recomendaciones del Defensor del Principio de Igualdad.

El Comité recomienda que el Estado parte conceda al Defensor del Principio de Igualdad autoridad para emitir fallos vinculantes e imponer sanciones por actos de discriminación de género y que le asigne los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para su funcionamiento eficaz.

Medidas especiales de carácter temporal

El Comité toma nota del programa especial de promoción del emprendimiento de las mujeres (2016-2019), los fondos asignados en 2020 a las mujeres emprendedoras en empresas emergentes, destinados a fomentar la inclusión de las mujeres en el emprendimiento temprano, y el “Día con una Parlamentaria”, organizado por la Asamblea Nacional en 2019 y 2020. Sin embargo, al Comité le preocupa que esas iniciativas no se ajusten a las medidas especiales de carácter temporal para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ámbitos en los que las mujeres están infrarrepresentadas o desaventajadas.

Recordando el artículo 4 1) de la Convención y su recomendación general núm. 25 (2004) sobre las medidas especiales de carácter temporal, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte medidas especiales de carácter temporal para acelerar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos en los que las mujeres estén infrarrepresentadas o desfavorecidas, en particular en la vida política y pública, y se asegure de que las medidas sigan vigentes hasta que se hayan alcanzado sus objetivos y se mantengan durante un período de tiempo;

b) Incluya a los grupos desfavorecidos de mujeres, incluidas las refugiadas y las solicitantes de asilo, las mujeres con discapacidad y las mujeres romaníes, en el desarrollo, la adopción, la aplicación y la supervisión de medidas especiales de carácter temporal;

c) Sensibilice al órgano legislativo, las instancias normativas y la sociedad civil, así como al sector privado, sobre la naturaleza no discriminatoria de las medidas especiales de carácter temporal y su importancia como herramienta esencial para luchar contra la discriminación en todos los ámbitos y lograr la igualdad sustantiva de mujeres y hombres.

Estereotipos

El Comité acoge con beneplácito las diversas iniciativas adoptadas por el Estado parte para combatir los estereotipos de género discriminatorios, incluidas campañas de sensibilización e información en las que fomenta la inclusión activa de los hombres en la paternidad y los cuidados del niño y la distribución en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres de las responsabilidades parentales. Sin embargo, al Comité le preocupa la persistencia de estereotipos discriminatorios de género en los medios de comunicación y en llamamientos en el discurso público en el Estado parte a que las mujeres respeten los papeles tradicionales.

El Comité recomienda al Estado parte que adopte una estrategia integral, previendo el presupuesto correspondiente y fijando metas y objetivos sujetos a un calendario establecido, con el fin de eliminar los estereotipos discriminatorios referentes a las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad.

Violencia de género contra la mujer

El Comité acoge con beneplácito la introducción en el Código Penal del modelo de consentimiento afirmativo en los casos de delitos de violación y violencia sexual. También observa con aprecio que el Código Penal modificado (2016) tipifica como delito la violencia psicológica (coacción, amenazas, violencia doméstica, acoso laboral, violencia y hostigamiento criminal), la violencia física y la violación y la violencia sexual en el matrimonio, las relaciones extramatrimoniales o las uniones civiles registradas entre personas del mismo sexo. Observa además las diversas estrategias elaboradas en el ámbito de la violencia contra la mujer, la encuesta realizada sobre la prevalencia y la identificación del ciberacoso entre los jóvenes y la campaña en medios de comunicación puesta en marcha en 2019 centrada en la concienciación sobre las distintas formas de ciberviolencia, en particular las que suelen afectar a las mujeres y las niñas. No obstante, el Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)La ausencia de una estrategia amplia contra la violencia de género contra la mujer;

b)La ausencia de un mecanismo permanente para coordinar, supervisar y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para luchar contra la violencia contra la mujer;

c)La ausencia de centros de derivación de víctimas de violencia sexual y el hecho de que los servicios de apoyo para víctimas de violencia de género estén concentrados en zonas urbanas, mientras que las zonas rurales están desatendidas;

d)La ausencia de formación continua impartida a profesionales de la atención sanitaria sobre protocolos que responden a las cuestiones de género para atender a las víctimas de violencia de género;

e)La ausencia de información sobre la aplicación efectiva y la supervisión del cumplimiento de las órdenes de protección, en particular las órdenes de alejamiento o separación, en el caso de víctimas de violencia doméstica, lo que expone a las mujeres víctimas de ese tipo de violencia al riesgo de revictimización;

f)La ausencia general de datos desglosados sobre todas las formas de violencia de género contra la mujer y la niña, incluida la violencia psicológica, económica y doméstica y la ciberviolencia.

Recordando su recomendación general núm. 35 (2017) , sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, y de conformidad con la meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relativa a la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte una estrategia amplia de lucha contra todas las formas de violencia de género contra la mujer y asigne una financiación adecuada para su aplicación, seguimiento periódico y evaluación;

b) Establezca un mecanismo permanente para coordinar, supervisar y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para luchar contra la violencia de género contra la mujer y lo dote de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados;

c) Establezca centros de derivación de víctimas de violencia sexual, proporcione centros de acogida adecuados para las víctimas de violencia de género en todas las regiones y vele por que respondan a las necesidades en materia de alojamiento de todas las mujeres víctimas de violencia, incluidas las mujeres con discapacidad;

d) Proporcione formación continua a profesionales de la atención sanitaria sobre protocolos que respondan a las cuestiones de género a fin de atender a las víctimas de violencia de género contra la mujer, incluido en materia de documentación forense;

e) Asegure la ejecución y el seguimiento efectivos de las órdenes de protección, en particular las órdenes de alejamiento o separación, e imponga sanciones adecuadas por su incumplimiento;

f) Se asegure de que se recopilan y analizan datos sobre todas las formas de violencia de género contra la mujer y la niña, incluidas la violencia psicológica, económica y doméstica, así como la ciberviolencia y el feminicidio, desglosados por edad, nacionalidad, discapacidad y relación entre la víctima y el agresor, e incluya las formas económicas y psicológicas de la violencia de género contra la mujer en la legislación administrativa.

Trata y explotación de la prostitución

El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte por combatir la trata de personas, en particular mujeres y niñas, como la aprobación de la Ley de Protección Internacional (2016); el establecimiento de servicios de lucha contra la trata en 2018 para apoyar al coordinador nacional para la lucha contra la trata de personas; la capacitación anual impartida a las fuerzas del orden en relación con la trata; y la aprobación del “Manual para la identificación, asistencia y protección de las víctimas de la trata de personas” en 2016. No obstante, el Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)La ausencia de un organismo independiente para realizar evaluaciones objetivas de la aplicación de las leyes, políticas y actividades de lucha contra la trata y detectar las deficiencias;

b)El número reducido de investigaciones, enjuiciamientos y condenas en casos de trata;

c)El hecho de que los tribunales exijan que existan violencia física, limitaciones a la libertad de circulación, confiscación de documentos personales y restricciones en el uso de las comunicaciones electrónicas para concluir que ha habido trata y de que impongan sentencias indulgentes, como multas;

d)Las lagunas en la legislación actual que rige la atención sanitaria y los seguros de salud en materia de garantía de que las víctimas de trata reciban tratamiento y atención médica amplia.

Recordando su recomendación general núm. 38 (2020) , relativa a la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Establezca un mecanismo independiente para supervisar y evaluar la aplicación de leyes y políticas de lucha contra la trata en el Estado parte;

b) Refuerce la respuesta penal a la trata de personas y vele por que todos los casos de tráfico sean enjuiciados y sus autores sean castigados de manera adecuada;

c) Aborde las lagunas legislativas para fortalecer los servicios de apoyo para las víctimas de trata, incluida la asistencia jurídica gratuita y los tratamientos médicos;

d) Vele por que los procedimientos establecidos en el “Manual para la identificación, asistencia y protección de las víctimas de la trata de personas” se apliquen de forma efectiva en la práctica, en particular mediante sesiones de capacitación dirigidas a agentes de inmigración y otras fuerzas del orden sobre la detección y la remisión tempranas de las víctimas de trata a los servicios adecuados, y por que se apruebe un nuevo plan de acción nacional de lucha contra la trata de personas.

El Comité observa que la prostitución está despenalizada en el Estado parte, pero el proxenetismo y la prostitución organizada siguen siendo conductas punibles con arreglo al Código Penal. Al Comité le preocupa la falta de información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para reducir la demanda de prostitución y ofrecer oportunidades alternativas de generación de ingresos a las mujeres y las niñas que deseen abandonar la prostitución.

El Comité recomienda al Estado parte que aborde las causas profundas de la prostitución, como la pobreza y las desigualdades de género estructurales, así como la demanda de la prostitución, y adopte medidas selectivas para evitar que las mujeres en riesgo sean explotadas mediante la prostitución, entre otras cosas, ofreciendo a las mujeres que deseen dejar de ejercer la prostitución programas de salida de la prostitución y otras posibilidades de generación de ingresos.

Participación igualitaria de las mujeres en la vida política y pública

El Comité acoge con satisfacción la elección de mujeres a la Presidencia del Estado parte y la Presidencia de la Asamblea Nacional y el nombramiento de una Fiscal General y una Jefa del Estado Mayor del Ejército en 2018, la primera en un Estado miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Toma nota de las modificaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre (2019) destinadas a introducir una cuota mínima del 40 % para la representación de ambos géneros en la composición de los órganos asesores y de coordinación gubernamentales, órganos de trabajo y delegaciones, así como en el nombramiento o la nominación de representantes del Gobierno en los órganos de gestión y supervisión de las entidades que se rigen por el derecho público. Toma nota además de la obligación para las comunidades locales y nacionales autónomas de respetar el principio de representación equilibrada de género. No obstante, el Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)El desequilibrio de la representación de género, dado que las mujeres representan solo el 13,6 % de los alcaldes; el 35 % de los concejales municipales y de las ciudades; el 20 % de los consejeros romaníes; el 27,7 % de los directores generales; el 24,6 % de los directores ejecutivos de las mayores compañías que cotizan en bolsa; y el 27,7 % de los presidentes, los miembros de las juntas de administración y los representantes de los trabajadores;

b)El uso del discurso de odio y el acoso dirigidos a las mujeres políticas, activistas y periodistas en el debate político y los medios de comunicación;

c)La falta de medidas para promover la participación política de las mujeres y el apoyo a las candidaturas de mujeres en las campañas electorales;

d)El hecho de que aún no se haya aprobado el nuevo plan de acción nacional para aplicar la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad.

Recordando su recomendación general núm. 23 (1997) , relativa a la mujer en la vida política y pública, y la meta 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consistente en asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, el Comité recomienda que el Estado parte:

a) Modifique la Ley sobre Elecciones a la Asamblea Nacional con miras a lograr la paridad de género en las listas de candidatos de los partidos políticos y garantice una cuota mínima de mujeres del 40 %;

b) Adopte medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención, como el aumento de las cuotas para la representación de ambos sexos, un sistema de cremallera en las listas electorales de los partidos políticos y la financiación específica de las campañas de candidatas, a fin de acelerar la consecución de la paridad de género en la representación de las mujeres y los hombres en cargos electos en órganos legislativos nacionales y locales;

c) Adopte medidas específicas como la contratación y la promoción preferente de candidatas, con el fin de lograr la paridad de género en los cargos públicos designados, en particular en la función pública y la judicatura, especialmente en el nivel decisorio;

d) Modifique la Ley de Empresas para exigir que las juntas de administración de las grandes y medianas empresas y las empresas autónomas que cotizan en bolsa garanticen la representación en condiciones de igualdad de las mujeres y los hombres en esas juntas;

e) Adopte leyes, prevenga el acoso y las amenazas a las mujeres en la vida política y pública, en particular reforzando los mecanismos de supervisión y denuncia y exigiendo cuentas a las empresas de medios sociales por los contenidos discriminatorios generados por los usuarios, e investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los autores de actos de esa naturaleza;

f) Fortalezca la capacidad de las mujeres políticas o candidatas en materia de realización de campañas políticas, liderazgo y competencias de negociación y sensibilice, en colaboración con los medios de comunicación, a los políticos, los medios de comunicación y la población en general sobre la importancia de la paridad de género en la vida política y pública como requisito para la plena aplicación de la Convención;

g) Acelere la finalización y la aprobación de su nuevo plan de acción nacional para aplicar la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, relativa a las mujeres y la paz y la seguridad, en cooperación con representantes de organizaciones de mujeres de la sociedad civil.

Defensoras de los derechos humanos

El Comité acoge con satisfacción la declaración de la delegación de que el Estado parte está plenamente decidido a cooperar con las defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, observa con preocupación que ninguna organización de la sociedad civil ha colaborado con el Comité en los preparativos del examen del séptimo informe periódico.

El Comité recomienda al Estado parte que asegure un entorno propicio para que las organizaciones de mujeres y las defensoras de los derechos humanos defiendan los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo mediante la cooperación y la aplicación de las presentes recomendaciones, y que las consulte al preparar el próximo informe periódico, al elaborar un plan de acción nacional sobre los derechos de las mujeres y en las actividades de prevención de la violencia doméstica y la prevención de la trata.

Educación

El Comité acoge con satisfacción el elevado número de mujeres y niñas matriculadas en todos los niveles educativos, en particular en la educación terciaria, en la que su participación es considerablemente mayor que la de los hombres. También observa que se otorgan el 51 % de las becas estatales y el 58,4 % de las becas para talentos excepcionales a niñas. Además, observa la puesta en marcha de investigaciones, junto con universidades públicas, sobre el acoso sexual y otras formas de violencia de género en la educación superior. No obstante, el Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)La continua infrarrepresentación de las mujeres y las niñas en ámbitos de estudio y trayectorias profesionales no tradicionales, como las ciencias, la tecnología y la ingeniería y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que solo el 17 % de los beneficiarios de becas empresariales son mujeres y niñas;

b)Las bajas tasas de matriculación de niñas con discapacidad en la enseñanza ordinaria;

c)La falta de educación escolar sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluidos el comportamiento sexual responsable, en los planes de estudios de todos los niveles educativos.

Recordando su recomendación general núm. 36 (2017) , sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la educación, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Promueva opciones educativas y trayectorias profesionales no tradicionales entre las mujeres y las niñas, en particular en los ámbitos de las ciencias, la tecnología y la ingeniería y las tecnologías de la información y las comunicaciones, por ejemplo mediante becas especiales y revisando los requisitos de acceso;

b) Fortalezca el acceso de las mujeres y las niñas con discapacidad a la educación inclusiva en todos los niveles e incluya en el próximo informe periódico datos desglosados sobre tasas de matriculación, finalización de los estudios y abandono escolar y acceso a la educación universitaria;

c) Incorpore en los planes de estudios de todos los niveles educativos la educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género, adecuada a la edad y accesible, que abarque el comportamiento sexual responsable, los anticonceptivos modernos y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, y ofrezca capacitación periódica a los docentes.

Empleo

El Comité acoge con satisfacción la reducción de la brecha salarial de género, una de las más bajas de Europa, a 3,1 puntos en 2020; las modificaciones de la Ley de Protección Parental y Prestaciones Familiares, por las que se otorgan a cada progenitor 60 días de licencia parental con goce de sueldo no transferible; y el desarrollo de orientaciones sobre la paternidad activa. También acoge con satisfacción el aumento de la tasa de empleo de las mujeres hasta el 72,4 % en 2020. No obstante, el Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)La persistencia de la segregación de género en el mercado laboral;

b)La notable diferencia salarial entre hombres y mujeres con el mismo nivel de educación, en los sectores público y privado, y la escasa remuneración de las mujeres empleadas en el sector de los cuidados y las mujeres con discapacidad;

c)El hecho de que el 31,7 % de las mujeres empleadas sufran acoso sexual en el lugar de trabajo y la falta de información sobre el número de investigaciones y las penas impuestas por casos de acoso sexual, así como sobre las medidas preventivas adoptadas por los empleadores;

d)La falta de información sobre el número y el desenlace de las denuncias presentadas por mujeres por discriminación en el empleo.

El Comité hace referencia a su recomendación general núm. 13 (1989) , relativa a la igual remuneración por trabajo de igual valor, y a la meta 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consistente en lograr, de aquí a 2030, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, y recomienda que el Estado parte:

a) Adopte medidas específicas, como incentivos financieros para los empleadores, a fin de promover la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en el mercado laboral, en particular en sectores innovadores como el sector digital;

b) Haga cumplir de forma efectiva el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor a fin de reducir y, en última instancia, eliminar la brecha salarial, por ejemplo revisando periódicamente los sueldos en función del género en todos los sectores ocupacionales, incluida la función pública, en cooperación con asociaciones de empleadores y sindicatos, aplicando métodos analíticos de clasificación y evaluación de los empleos que tengan en cuenta las cuestiones de género;

c) Conciencie a empleadores y empleados sobre las disposiciones pertinentes del Código del Trabajo por las que se prohíben todas las formas de acoso, incluido el acoso sexual en el lugar de trabajo, garantice que todas las denuncias de acoso sexual se investiguen de manera efectiva y que los responsables de tales actos reciban sanciones adecuadas y vele por que los empleadores adopten medidas preventivas contra el acoso y el acoso sexual e incorpore en el Código Penal sanciones preventivas especiales y cree indicadores de datos;

d) Refuerce las inspecciones de trabajo y el acceso de las mujeres a mecanismos de denuncia confidenciales e independientes para luchar contra la discriminación laboral de las mujeres.

Salud

El Comité acoge con satisfacción el programa de salud reproductiva preventiva del Estado parte, que incluye asesoramiento sobre la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, la interrupción espontánea o artificial del embarazo, la detección del cáncer cervicouterino y la vacunación de niñas contra el papilomavirus humano. El Comité toma nota de que el tratamiento contra la infecundidad, incluidos los procedimientos de procreación asistida, están cubiertos por el seguro de salud. El Comité toma nota además de la publicación de estándares e instrucciones para ayudar a los grupos vulnerables a obtener acceso a instituciones de atención sanitaria y de otro tipo, y de que los programas de salud mental hacen especial hincapié en los grupos desfavorecidos de mujeres, como las mujeres detenidas y las mujeres que ejercen la prostitución. No obstante, el Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)El reducido nivel de atención preventiva de las enfermedades más frecuentes y de más rápido crecimiento, como la hipertensión arterial, el cáncer, la diabetes y las enfermedades de transmisión sexual;

b)El acceso limitado a servicios de salud de grupos desfavorecidos de mujeres, entre los que figuran las mujeres con discapacidad;

c)El mal estado de salud de las mujeres romaníes, debido en parte a factores socioeconómicos, como condiciones de vida no saludables, bajos niveles de educación y situaciones de pobreza.

Recordando su recomendación general núm. 24 (1999) , relativa a la mujer y la salud, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Refuerce la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los programas de salud preventiva, en particular en el caso de las enfermedades más frecuentes y de más rápido crecimiento, como la hipertensión arterial, el cáncer de mama, la diabetes y las enfermedades de transmisión sexual, y promueva la participación de las mujeres y las niñas en programas gratuitos de detección de esas enfermedades como medida preventiva;

b) Vele por que las mujeres y las niñas pertenecientes a grupos desfavorecidos, como mujeres y niñas con discapacidad, dispongan de acceso asequible a la atención sanitaria, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva;

c) Sensibilice a las mujeres y las niñas romaníes sobre modos de vida saludables y se asegure de que puedan acceder a servicios sanitarios e información sobre la salud.

Empoderamiento económico de las mujeres

El Comité observa con preocupación que las mujeres se enfrentan a un riesgo desproporcionado de pobreza y exclusión social en el Estado parte.

El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas específicamente orientadas al empoderamiento económico de las mujeres y que:

a) Mitigue el riesgo de feminización de la pobreza e integre la perspectiva de género en sus estrategias de inclusión social, prestando especial atención a los grupos desfavorecidos de mujeres, como las madres solas y las mujeres de edad;

b) Desarrolle y refuerce los programas de apoyo a las mujeres empresarias, incluidos programas para empresas emergentes, sistemas de crédito con tipos de interés reducidos, fondos de apoyo al emprendimiento, políticas fiscales especiales y actividades de apoyo proporcionadas por bancos financieros.

Cambio climático y reducción del riesgo de desastres

El Comité observa con preocupación que no hay una estrategia nacional con perspectiva de género para hacer frente a los riesgos y los retos ambientales, el cambio climático y la gestión del riesgo de desastres que incluya iniciativas de reducción del riesgo, preparación, respuesta y rehabilitación.

Recordando su recomendación general núm. 37 (2018) , sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, el Comité recomienda que el Estado parte vele por que las mujeres participen en la elaboración de leyes, políticas y programas sobre el cambio climático, la respuesta a los desastres y la reducción del riesgo de desastres y estén representadas en el proceso. También recomienda que el Estado parte incorpore una perspectiva de género en esos planes y políticas y que vele por que las consultas con las mujeres, en particular las mujeres rurales, formen parte del proceso de elaboración. El Comité recomienda además que el Estado parte adopte medidas para hacer frente a los efectos específicos del cambio climático sobre el acceso de las mujeres a los recursos y los medios de vida, a fin de que no se vean afectadas de manera desproporcionada.

Grupos desfavorecidos y marginados de mujeres

Mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

El Comité acoge con satisfacción la política del Estado parte de puertas abiertas para los ucranianos, en su mayoría mujeres y niñas, y la introducción de medidas de protección temporal para ellos, que les dan acceso a la residencia temporal, el mercado laboral, el alojamiento, la educación, la protección social y la atención sanitaria. Sin embargo, observa con preocupación la falta de asesoramiento jurídico y psicológico que tenga en cuenta el género para los refugiados y los solicitantes de asilo en su idioma, lo que tiene como consecuencia que no se denuncien todos los casos de violencia de género y dificulta su remisión a los servicios adecuados. Al Comité le preocupa también que el Grupo de Trabajo Multidisciplinario sobre Violencia de Género, que proporciona servicios a refugiados y solicitantes de asilo, no tenga conocimientos en cuestiones de género y que en ocasiones los centros de acogida de refugiados y solicitantes de asilo estén saturados.

Recordando su recomendación general núm. 32 (2014) , sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres, el Comité recomienda que el Estado parte:

a) Refuerce la remisión sistemática de refugiados y solicitantes de asilo con necesidades especiales, en particular mujeres y niñas en riesgo de ser víctimas de trata y supervivientes de violencia de género, a los servicios adecuados, lo que incluye proporcionarles asistencia jurídica y asesoramiento psicosocial en su idioma;

b) Imparta capacitación sobre protocolos con perspectiva de género a todos los actores que traten con refugiados y solicitantes de asilo, incluido el Grupo de Trabajo Multidisciplinario sobre Violencia de Género, reduzca la saturación en los centros de acogida y delimite zonas separadas para mujeres y hombres.

Mujeres romaníes

El Comité toma nota del programa nacional de medidas para la comunidad romaní (2017-2021), que incluye medidas destinadas a responder a las necesidades de las mujeres y las niñas romaníes. Sin embargo, el Comité observa con preocupación que las mujeres romaníes se enfrentan a la exclusión social y tienen un acceso limitado al alojamiento, la atención sanitaria, la educación y el empleo. El Comité está especialmente preocupado por la incidencia de los matrimonios infantiles o forzados y los embarazos precoces entre las niñas romaníes.

El Comité recomienda al Estado parte que promueva el acceso a la educación, el empleo, la asistencia sanitaria y el alojamiento de las mujeres romaníes en el próximo programa nacional de medidas para la comunidad romaní. También recomienda que el Estado parte adopte medidas específicas para prevenir embarazos precoces de niñas romaníes, como la educación sexual adecuada a su edad y el acceso a métodos anticonceptivos modernos y servicios de planificación familiar. El Comité recomienda al Estado parte que ponga fin a los matrimonios infantiles o forzados en las comunida des romaníes, por ejemplo proporcionando becas para mantener a las niñas romaníes en el sistema educativo y concienciando a los progenitores y los líderes comunitarios romaníes sobre el carácter delictivo y los efectos nocivos del matrimonio infantil.

Mujeres con discapacidad

El Comité observa con preocupación que las mujeres con discapacidad del Estado parte suelen quedar excluidas del mercado laboral y la educación.

Recordando su recomendación general núm. 18 (1991) , relativa a las mujeres discapacitadas, el Comité recomienda al Estado parte que garantice que todas las mujeres y niñas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral, la justicia, la educación inclusiva, el empleo y los servicios sanitarios, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva.

Matrimonio y relaciones familiares

El Comité toma nota de la aprobación del nuevo Código de Familia en 2019 y sus recientes modificaciones por las que se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, observa con preocupación que la legislación del Estado parte contempla excepciones sobre la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio tanto para las mujeres como para los hombres que cuenten con consentimiento parental.

El Comité recomienda al Estado parte que modifique la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares y todas las leyes nacionales conexas a fin de eliminar todas las excepciones a la edad mínima legal de 18 años para contraer matrimonio, tanto para las mujeres como para los hombres.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

El Comité exhorta al Estado parte a que ponga en práctica la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y siga evaluando la realización de los derechos consagrados en la Convención a fin de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Difusión

El Comité solicita al Estado parte que las presentes observaciones finales se difundan de manera oportuna, en los idiomas oficiales de facto del Estado parte, entre las instituciones estatales competentes de todos los niveles (nacional, regional y local), en particular el Gobierno, el Parlamento y el poder judicial, a fin de posibilitar su plena aplicación.

Ratificación de otros tratados

El Comité señala que la adhesión del Estado parte a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos mejoraría el modo en que las mujeres disfrutan de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, el Comité alienta al Estado parte a ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, en la que todavía no es parte.

Seguimiento de las observaciones finales

El Comité solicita al Estado parte que, en el plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 12 a), 26 f), 34 y 52.

Elaboración del próximo informe

El Comité establecerá y comunicará la fecha de presentación del octavo informe periódico del Estado parte en consonancia con un futuro calendario previsible de presentación de informes basado en un ciclo de examen de ocho años y tras la aprobación de una lista de cuestiones previas a la presentación del informe, si procede, para el Estado parte. El informe debe abarcar todo el período de tiempo transcurrido hasta su presentación.

El Comité solicita al Estado parte que se atenga a las directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común y de informes sobre tratados específicos ( HRI/GEN/2/Rev.6 , cap. I).