20ª período de sesiones
Acta resumida de la 422ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 3 de febrero de 1999, a las 10.30 horas
Presidenta:Sra. González
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Cuarto informe periódico de Colombia
Se declara abierta la sesión a las 10.45 horas
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Cuarto informe periódico de Colombia (CEDAW/C/COL/4; CEDAW/C/1999/I/CRP.1/Add.2)
Por invitación de la Presidenta, el Sr. Valdivieso, la Sra. Cifuentes, el Sr. Bonilla y la Sra. Montaño (Colombia) se sientan a la mesa del Comité.
Se muestra un vídeo en que aparecen las actividades de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer,
La Sra. Cifuentes (Colombia), al comunicar las novedades en Colombia desde que se completó el cuarto informe periódico en agosto de 1997, dice que la construcción de la paz, la descentralización, la participación política, la reorganización del Estado, la cobertura universal en educación y salud, la equidad de género y la búsqueda de igualdad de trato entre hombres y mujeres son las prioridades del Gobierno actual para la reconstrucción del tejido social y la construcción de un país democrático y un futuro pacífico de desarrollo económico sostenible. El Gobierno ha demostrado su compromiso hacia las mujeres colombianas mediante la aplicación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
En relación con las novedades en el marco normativo que rige los derechos de la mujer, dice que la Constitución de 1991 consagra la igualdad de hombres y mujeres como un derecho fundamental. En los últimos ocho años, desde la entrada en vigencia de la Constitución, la Corte Constitucional ha creado un importante cuerpo de doctrina que protege los derechos de las mujeres. Uno de los avances normativos más importantes últimamente ha sido la aprobación de la Ley 360, por medio de la cual se agravaron las sanciones a algunos delitos sexuales y se introdujeron cambios de lenguaje importantes. Las acciones de tutela se han convertido en el principal mecanismo judicial para defender los derechos humanos en Colombia, y se ha difundido ampliamente la información sobre ese mecanismo. Los últimos fallos de la Corte Constitucional sobre la utilización de las acciones de tutela han modificado la jurisprudencia que protege a la mujer embarazada, al decidir que las mujeres pueden recurrir a la tutela, además de los tribunales laborales, cuando demanden a sus empleadores por despido por motivo de embarazo.
La Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer ha emprendido una serie de actividades para informar a las mujeres acerca de sus derechos, a través de publicaciones y de los medios de comunicación. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos también ha incluido los derechos de la mujer en su programa para promover los derechos sexuales y reproductivos y prevenir la violencia contra las mujeres.
Desde su establecimiento en 1995, la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer ha asumido la responsabilidad de aplicar la Plataforma de Acción de Beijing, incorporando los compromisos contraídos en sus lineamientos de política. Trabaja asimismo con organismos internacionales de cooperación, y el resultado más concreto ha sido la aprobación de un crédito del Banco de Desarrollo Internacional por 6,5 millones de dólares, destinado a apoyar, por primera vez en la historia de América Latina, el ingreso de las mujeres en los sectores de mayor competitividad y atenuar las barreras a que hacen frente las mujeres en esos sectores. El Gobierno ha aprobado también recientemente fondos de contrapartida para ese proyecto.
La Dirección Nacional mantiene relaciones con organizaciones no gubernamentales de mujeres, y de hecho su establecimiento en gran parte fue el resultado de la presión del movimiento social de mujeres. Con su presupuesto limitado para apoyo a proyectos, ha trabajado con grupos y organizaciones de mujeres para adelantar los procesos de formación en participación política y ciudadana, y organizar redes. Entre otros mecanismos institucionales para la mujer pueden mencionarse el Consejo Nacional de la Mujer, formado por los consejos locales de la mujer, la Oficina de la Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y la Oficina de Género en el Centro Nacional de Planeación. Por último, la Defensoría del Pueblo tiene una división para la mujer, la niñez y los ancianos, que ha hecho una importante contribución a la divulgación y defensa de los derechos humanos de la mujer.
El nuevo Plan Nacional de Desarrollo, titulado “Cambio para construir la paz”, que se examinará en el Congreso en febrero, contiene una propuesta de plan de igualdad entre hombres y mujeres, que será sometido a la aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que define la política sectorial.
Entre las medidas especiales de carácter temporal previstas en el artículo 4, adoptadas desde que se redactó el informe, se han introducido algunos cambios en el Código Laboral a fin de establecer la licencia de maternidad obligatoria y remunerada de tres meses para todas las empleadas embarazadas en el sector público y en el sector privado.
En cuanto a la eliminación de los estereotipos (artículo 5) el Gobierno ha asignado prioridad a las intervenciones en el sector de la educación. En 1996, se creó el Comité de Educación no Sexista, para promover la eliminación de los contenidos sexistas en los textos educativos. Durante 1997 se llevó a cabo un proceso de sensibilización y capacitación dirigido a las editoriales más importantes, que dio como resultado una guía para la elaboración de textos escolares no sexistas.
Según las estadísticas actualizadas sobre la violencia contra la mujer, las denuncias de violencia doméstica aumentaron durante 1997, y el 81% de las víctimas de esta violencia intrafamiliar eran mujeres, en su mayor parte, de 25 a 34 años. El aumento de las denuncias de violencia doméstica no refleja necesariamente un incremento de su incidencia, sino que deriva probablemente de la publicación de la Ley 294, que establece sanciones para ese tipo de comportamientos y una jurisdicción para las quejas. También podría resultar de las campañas de sensibilización sobre el carácter los actos de violencia doméstica, como delito y como violación de los derechos humanos de la mujer. El cambio más importante introducido por la nueva Ley es el reconocimiento de la violación dentro del matrimonio. El nuevo plan de desarrollo de cuatro años del Gobierno también contiene un Plan nacional de prevención de la violencia intrafamiliar.
La prolongada y compleja situación de violencia política en Colombia ha sido particularmente grave y difícil para la población civil que viven en las zonas de conflicto armado, especialmente en la última década. La población civil se ha convertido en un objetivo militar, y la violencia ha causado un desplazamiento masivo de la población de esas zonas. La mayor parte de las personas desplazadas viven en condiciones infrahumanas, en las zonas suburbanas de la capital u otras grandes ciudades, y no se atiende a sus necesidades básicas. El Gobierno hace esfuerzos para registrar a la población desplazada, que se eleva a un total de 367.059 personas, o sea aproximadamente 75.601 familias, según las últimas estadísticas.
En el contexto de la violencia política y el desplazamiento forzado, las mujeres, profundamente afectadas por la pérdida de su esposo o familiares, representan la proporción más grande de los que se ven obligados a dejar su hogar. El 36% de las familias desplazadas tienen como jefe de familia a una mujer. Muy pocas de las mujeres desplazadas tienen cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, situación que limita aún más sus derechos básicos. En respuesta, el Gobierno ha tomado medidas legislativas para definir un marco legal y de política de intervención y asignan especial atención a las mujeres desplazadas, especialmente las cabezas de familia. Las mujeres jefas del hogar tienen preferencia en los programas de distribución de tierras. La Oficina de la Mujer Rural del Ministerio de Agricultura también presta asistencia a las mujeres desplazadas por la violencia.
Con respecto a las mujeres en situación de conflicto armado, dice que no hay cifras oficiales del número de mujeres que combaten en los grupos irregulares, pero se sabe que tanto la guerrilla como los paramilitares reclutan niñas y mujeres. En la Armada Nacional las mujeres representan una minoría, y en su mayor parte ejercen cargos administrativos. Hay actualmente en el ejército 204 oficiales, 881 suboficiales y 50 soldados que son mujeres. Unas 3.441 mujeres que trabajan como civiles para el ejército, de las cuales 200 son profesionales especializadas y 250 profesionales universitarias. El rango más elevado alcanzado por una mujer en el ejército nacional es de coronel. En la Fuerza Aérea el personal femenino representa el 22% del total de los efectivos. Treinta mujeres ocupan cargos de dirección y 6 mujeres tienen grado de coronel, el más alto alcanzado por las mujeres en la Fuerza Aérea. Las cifras correspondientes para los hombres son 1.181 oficiales, 2.260 suboficiales y 1.621 empleados administrativos.
En relación con las desapariciones forzadas, dice que dos organizaciones no gubernamentales denunciaron, entre enero y septiembre de 1997,103 casos de persecución política de mujeres, con lo que las violaciones de sus derechos humanos representan el 7,3% del total. De éstos, se registraban 9 casos de desaparición forzada y 51 casos de ejecución extrajudicial, 5 de abusos de autoridad y 2 de intolerancia social.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha propuesto a la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer un plan para la implantación de una estrategia de género en las cárceles de mujeres. Este plan, que está en estudio, implica la creación de una oficina de la mujer y la familia dentro el INPEC.
Desafortunadamente, en Colombia persisten numerosas manifestaciones de violencia social, entre las cuales la más dramática es la llamada “limpieza social”, que afecta a los niños y las niñas que viven en la calle. Aunque no existen acciones específicas con perspectiva de género para abordar esa situación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende a los niños y niñas sin hogar, brindándoles hogares sustitutos, y trabaja para introducir una perspectiva de género, como la Fundación para la Educación Superior. Los programas para adultos en la calle, de 1997 y 1998, a los que recurrieron 11.295 y 6.503 personas, respectivamente, han facilitado estadísticas que demuestran que el 31% de los adultos que viven en la calle son mujeres.
Con respecto a la prostitución, ha habido un importante adelanto desde la presentación del informe. La prostitución propiamente dicha todavía está permitida, pero se han agravado las sanciones por proxenetismo y constreñimiento a la prostitución. Además, el título del correspondiente capítulo del Código Penal, de “delitos contra la libertad y el pudor sexual” se ha sustituido por el de “delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana”. Esta expresión refleja mejor la vulneración a la autonomía e integridad personal que produce este tipo de conductas. Se han establecido unidades especializadas de fiscalía para aplicar la ley. En éstas se asesora a los funcionarios, se entrevista a las víctimas y se presenta un informe al fiscal.
La policía nacional ha introducido un programa para la eliminación gradual de la prostitución infantil, a través de actividades educativas en el marco de la familia y de la comunidad, generando un proceso de desarrollo humano y social con los menores prostitutos y sus familias. La policía metropolitana de Bogotá aplica también desde 1995 un programa para mejorar la calidad de vida de las prostitutas y sus relaciones con la policía. Los funcionarios de policía reciben formación para fomentar la tolerancia, y al mismo tiempo se ayuda a las prostitutas con programas de desarrollo y acceso a los servicios públicos, asesoramiento, trabajo social y orientación jurídica. De las 4.247 mujeres identificadas como prostitutas en Bogotá, 360 participan actualmente en el programa.
En relación con el artículo 5, dice que en las elecciones municipales se eligieron más mujeres en los concejos municipales, pero menos en las alcaldías. De los 932 alcaldes elegidos, 50 son mujeres, es decir el 5,4%. De los 10.397 concejales, 1.149, es decir, el 11,05%, son mujeres. En total, las mujeres todavía no han atravesado la barrera del 15%. Las altas votaciones que recibió Noemí Sanín en la primera vuelta para la elección presidencial, el aumento de las mujeres en el Senado y el gran número de votos obtenidos por la Senadora Ingrid Betancur son signos alentadores.
En 1997, el número de mujeres en el poder judicial siguió siendo similar al de los hombres, excepto en los tribunales de mayor jerarquía. Del total de jueces y magistrados, 1.733 son hombres y 1.584 son mujeres. En los juzgados municipales, 1.003 son mujeres y 893 son hombres; en los juzgados de circuito, 577 son mujeres y 785 son hombres; y en las tres cortes superiores solamente hay 4 mujeres en el Consejo de Estado y ninguna en la Corte Suprema de Justicia ni en la Corte Constitucional.
Con respecto a las mujeres en los sindicatos, dice que de los 150.000 miembros de la Confederación de Trabajadores de Colombia, 57.000 son mujeres y 103.000 son hombres, si bien la proporción varía según la zona; en la zona urbana, el número de hombres es el triple del de mujeres, mientras que en la zona rural hay 22.000 mujeres por 28.000 hombres. El porcentaje de los hombres en la Central Unitaria de Trabajadores, el mayor sindicato de Colombia, es aun mayor. Hay 669.004 miembros hombres y 349.734 mujeres. Al igual que en la Confederación de Trabajadores, pocas mujeres ocupan los cargos jerárquicos. El Comité Ejecutivo tiene 18 hombres y 3 mujeres, mientras que en la Junta Nacional hay 69 hombres y tan sólo 5 mujeres. La estructura sindical no propicia a las mujeres como líderes.
Con respecto al artículo 8, dice que en enero de 1999, de los 773 cargos en el servicio diplomático, 444 eran ocupados por mujeres, o sea el 58%. De los embajadores y cónsules, 39 son mujeres, o sea el 28%, en relación con 99 hombres (72%). Hay 124 mujeres, es decir, el 38%, en cargos de funcionarios diplomáticos. Obviamente, no todas son diplomáticos de carrera; las que obtuvieron los cargos lo hicieron a través de concursos en que hombres y mujeres compitieron en igualdad de condiciones.
Con respecto al artículo 10, dice que pese a que ha habido progresos considerables, el nivel educativo general de las mujeres sigue siendo más bajo que el de los hombres. Sin embargo, el índice de deserción escolar entre las niñas es más bajo, y su tasa de matriculación en la enseñanza primaria es más elevado. Importantes datos recientes muestran que entre 1980 y 1997 el puntaje obtenido por los varones en las pruebas de bachillerato para acceder a la enseñanza superior fue, en promedio, 12 puntos más elevado que el de las niñas. Habida cuenta de que la diferencia podría estar asociada al contenido sexista de la educación, se han elaborado nuevos programas para ayudar a las niñas y jóvenes, entre otras cosas, un programa para niñas desplazadas, un proyecto destinado a modificar las condiciones educativas de los niños rurales, con especial hincapié en la educación de las niñas, un plan de estudios que incorpora la igualdad de género, tal como se sugirió en las conferencias internacionales, y proyectos para enseñar metodologías que permitan examinar la presencia de estereotipos sexistas en la escuela y formular proyectos de coeducación.
Con respecto al artículo 11, dice que la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo de las siete áreas metropolitanas, en diciembre de 1997, alcanzaba un porcentaje del 51%, una de las más altas de América Latina. La tasa presenta un incremento en todos los niveles de la educación, y cuanto más elevado es el nivel educativo, mayor es la tasa de participación. En junio de 1998, participaba en el mercado de trabajo una cifra sin precedentes (89,1%) de mujeres con educación superior completa. Se observan algunas tendencias positivas para la mujer en el mercado laboral; su participación en el total de empleos se ha elevado rápidamente, en particular desde 1990. De cada 100 nuevos empleos que se crearon en el ámbito urbano entre 1990 y 1992, 55 fueron para mujeres. La cifra para el periodo de 1991 a 1997 indica que el 57% de los nuevos empleos urbanos generados fueron ocupados por mujeres.
Resulta claro que las tasas de empleo y de participación aumentan con el nivel de educación. En junio de 1998 la tasa de empleo variaba del 25,5% para las mujeres sin ningún tipo de instrucción, hasta un 78,2% para las mujeres con educación superior completa. La fuerza de trabajo femenina en la industria ha aumentado del 35%, en 1982 al 43%, en junio de 1998. Este indicador es alentador, ya que refleja un importante cambio en la política de contratación. Se ha producido una mejora similar en los sectores financiero, del comercio y de los servicios. En los sectores tradicionalmente dominados por los hombres, como la construcción, el sector agropecuario, la minería y el transporte, la participación de la mujer aumentó, pero sigue aún por debajo del 15%. La tasa de empleo de la mujer en el sector no estructurado disminuyó desde 1988, y se sitúa al mismo nivel que el de los hombres desde 1996.
Con respecto al artículo 12, dice que las últimas cifras sobre la esperanza de vida muestran un ligero cambio; se sitúan en 64,3 años para el hombre, y 73,24 años para la mujer, con un promedio nacional de 68,77 años. Ello supone una mejora significativa en relación con las cifras de 1985, que eran de 64,19 años para el hombre y de 71,06 años para la mujer, con un promedio nacional de 67,62 años.
Desgraciadamente, se carece de datos que muestren cambios en el índice de mortalidad materna en los últimos tres años. Sin embargo, indiscutiblemente se han hecho progresos considerables hacia la reducción de esa mortalidad, mediante la adopción de una serie de medidas: el Plan de Atención Básica, que reglamenta las acciones estatales para la promoción de la salud sexual y reproductiva; el Plan Obligatorio de Salud, que reglamenta los servicios de atención individual en salud sexual y reproductiva; el Acuerdo 77 del Consejo Nacional de Seguridad Social, que da prioridad a incorporar en el sistema a los más pobres, los desplazados por la violencia, los indígenas, las mujeres cabezas de familia, los adolescentes, los menores de cinco años, las poblaciones rurales y urbanas marginadas; y el Acuerdo 117, que define las actividades y procedimientos de cumplimiento obligatorio para la atención de las enfermedades, en interés en salud pública, los que incluye la salud sexual y reproductiva.
Se ha ampliado la cobertura de atención prenatal y parto institucional, hasta alcanzar casi el 80%. Además, en más del 20% del país se ha establecido un modelo para la reducción de la mortalidad materna y perinatal, que permitió mejorar notoriamente la calidad de la atención prenatal y contribuyó a reducir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. También se ha puesto en funcionamiento un sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna y perinatal en el 80% del país. Por último, se han lanzado campañas de información, de educación y concienciación, a través de los medios masivos de comunicación y medios alternativos, para señalar a la atención la lucha de los factores de riesgo en la salud materna y perinatal, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA, la promoción de una buena atención de salud para las mujeres y los niños, y la prevención de la violencia sobre la base del respecto mutuo y la solución negociada de los conflictos.
Con respecto al artículo 13, dice que las estadísticas del Servicio Nacional de Aprendizaje para el periodo 1994 al 1997 indican que ha mejorado el acceso de la mujer a los cursos de capacitación y formación, y las mujeres representan el 50% de la matrícula, pero la selección de los cursos sigue siendo restrictiva, y se observa una participación mayoritaria de las mujeres en las carreras consideradas tradicionalmente femeninas: el 69% en los servicios, el 57% en el comercio, el 65% en carreras agropecuarias y el 68% en empleos industriales. Entre los programas de empleo más recientes, es importante destacar el ejecutado por la Red de Solidaridad Social, que generó 8,5 millones de días de trabajo, de los cuales el 40% fueron para mujeres. La misma oficina continuó ejecutando su programa de subsidio estudiantil, que ayuda a los hijos dependientes de mujeres jefas del hogar de los estratos más pobres.
En relación con el artículo 14, entre las actividades más recientes para contribuir a dar acceso a la mujer a los recursos, puede mencionarse que se han expedido alrededor de 25.000 documentos de identidad para mujeres y niños rurales, se han suscrito convenios con el Ministerio de Educación para adelantar proyectos de alfabetización para mujeres rurales, se han iniciado campañas de información y prevención de enfermedades que afectan especialmente a la población femenina; se han organizado talleres de capacitación dirigidos a líderes campesinos, de ambos sexos, a fin de formarlos en la planificación territorial con una perspectiva de género, así como talleres para capacitar a las mujeres en la elaboración de proyectos productivos y en la gestión empresarial y técnica.
Por invitación de la Presidenta, el Sr. Bonilla (Colo m bia) se sienta a la mesa del Comité.
El Sr. Bonilla (Colombia), con referencia a las preguntas contenidas en el informe del grupo de trabajo anterior al periodo de sesiones (CEDAW/C/1999/I/CRP.1/Add. 2), dice, con respecto a la pregunta 2, que los informes segundo y tercero al Comité se han publicado, pero el cuarto sólo se distribuyó oficiosamente a algunas organizaciones no gubernamentales. Se contrató a varios consultores expertos para que preparen el cuarto informe, utilizando datos de diversas fuentes, incluidas esas organizaciones.
Con respecto a la pregunta 3, una de las funciones de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer es encargarse del seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing. Los compromisos de Beijing se han comunicado a los ministerios, que han elaborado planes de acción para ponerlos en práctica.
En cuanto a la pregunta 4, las políticas contenidas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, titulado “Cambio para Construir la Paz”, apuntan a reducir la pobreza. El plan se está negociando todavía, y se han recibido contribuciones del Consejo Nacional de Planeación, que representa un amplio espectro de la sociedad civil. La versión definitiva del plan se someterá a consideración y aprobación del Congreso. En su forma actual, el plan prevé políticas a favor de la mujer a través de suministro de enseñanza básica universal, subvenciones a las entidades regionales, atención universal de salud subvencionada por la seguridad social, vivienda (en virtud de las cuales las mujeres jefas del hogar reciban una doble subvención para vivienda) y capacitación en servicio especialmente orientada a la mujer. Además, la Red de Solidaridad Social, un programa presidencial, encauza la asistencia a los sectores más pobres de la población. Con todo, todavía no se sabe cuáles son los efectos que pueda tener en las propuestas del Gobierno el reciente terremoto en el Eje cafetero de Colombia.
Con respecto a la pregunta 5, relativa al Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, puede decirse que “El Salto Social” ha redundado en beneficio de la mujer, a través del establecimiento de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, como organismo responsable de orientar la política pública sobre igualdad; la creación y fortalecimiento de oficinas regionales encargadas de integrar una perspectiva de género en los procesos de planificación; el apoyo y la coordinación de las medidas ejecutadas por y con las organizaciones de mujeres y organizaciones no gubernamentales, la aplicación de una estrategia para integrar una perspectiva de género en las actividades del Departamento Nacional de Planeación, a raíz de los acuerdos de cooperación técnica firmados con el Gobierno de Alemania, y la inclusión de indicadores sobre igualdad entre los géneros en las directrices para la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de cooperación internacional.
En respuesta a la pregunta 6, dice que la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer ha difundido una serie de publicaciones sobre la legislación y la jurisprudencia que protegen los derechos de la mujer y los compromisos internacionales asumidos por su Gobierno en ese ámbito. El texto de la Ley 294 de 1996, sobre abuso sexual y violencia intrafamiliar, se ha distribuido ampliamente. Se han hecho esfuerzos especiales para sensibilizar a los medios de comunicación acerca de la necesidad de cambiar la manera en que se abordan las cuestiones relativas a la mujer. Se ha promovido una cultura de igualdad entre la mujer y el hombre, a través de campañas por radio, televisión y la prensa escrita.
En cooperación con el Ministerio de Agricultura, la Dirección Nacional ha iniciado una campaña para expedir documentos de identidad a las mujeres y niños en algunos departamentos rurales, a fin de que puedan ejercer sus derechos de ciudadanía.
Durante el periodo de 1996 a 1998, el Consejo Presidencial para los Derechos Humanos, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha llevado a cabo un proyecto para promover los derechos humanos y reproductivos y prevenir la violencia contra la mujer. La primera fase de esa actividad incluye la formulación de propuestas sobre derechos sexuales y reproductivos, fundadas en las propuestas presentadas en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en el Cairo. En segundo lugar, se ha promulgado la Ley 360 de 1997, sobre delitos contra la libertad sexual y respuestas institucionales a la violencia sexual. Al mismo tiempo, se han celebrado foros y seminarios para sensibilizar al público y las instituciones sobre la necesidad de dar un tratamiento humanitario a las víctimas de violencia sexual.
Por último, la Defensoría del Pueblo ha organizado talleres para funcionarios públicos a fin de difundir la Convención y las medidas que se han adoptado para aplicarla.
En relación con la pregunta 7, se ha elaborado una propuesta de un programa de escuela jurídica que se centra en los aspectos jurídicos, educativos y filosóficos de los derechos humanos de la mujer y su igualdad ante la ley.
Con referencia a la pregunta 8, dice que no se ha propuesto ningún mecanismo específico para aplicar efectivamente las leyes relativas a la mujer. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo tiene una oficina de denuncias que recibe las quejas de mujeres cuyos derechos se vean amenazados. En los casos más graves, las denuncias se transmiten a la división para los derechos de la mujer, la niñez y los ancianos, de la Defensoría del Pueblo. De conformidad con la Ley 24 de 1992, que establece la Defensoría del Pueblo, el defensor está facultado para formular recomendaciones a las autoridades y a los particulares, a fin de promover y proteger el ejercicio de los derechos humanos. La Ley exige que todas las autoridades públicas y privadas respondan dentro de los cinco días a la solicitud de información del defensor, sin que les sea posible oponer el deber de reserva.
El procedimiento para invocar las acciones de tutela, mencionadas en la pregunta 9, está disponible gratuitamente y no exige los servicios de un abogado. Un estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional indicó que de 38 quejas presentadas por mujeres, 18 tuvieron resultados satisfactorios. De esas quejas, 10 invocaban la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación; se hizo lugar a tres de ellas, y se rechazaron siete.
En cuanto a la pregunta 10, el Defensor del Pueblo se centra primordialmente en los grupos de mujeres más vulnerables, lo que incluye las mujeres en la cárcel, las víctimas de conflicto armado, violencia doméstica, violencia sexual y explotación sexual, las mujeres rurales y las mujeres jefas del hogar. La Defensoría del Pueblo forma parte de la Red de Defensorías del Pueblo para la Mujer, que a su vez pertenece a la Federación Iberoamericana de Ombudsman. La Federación recibe apoyo técnico y financiero del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, cuyo objetivo es fortalecer la protección de los derechos humanos de la mujer. Un importante aspecto de ese esfuerzo es la capacitación de funcionarios públicos, antes descrita.
Con respecto a la pregunta 11, dice que la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer se estableció específicamente para orientar la política pública, y no para ejecutar programas. La única manera de convertir la Dirección Nacional en un órgano de ejecución sería modificando la ley. Si bien el Presidente de la República podría utilizar sus atribuciones de emergencia para reformar los organismos del Estado, la concesión de estas funciones a la Dirección Nacional podría ser contraproducente para las políticas actuales de ajuste fiscal y austeridad.
La Dirección Nacional actualmente dispone de un personal de dedicación exclusiva de 33 miembros, con 17 consultores. Su presupuesto anual es de 1,2 millones de dólares. Los dos ámbitos sustantivos, planificación y seguimiento, así como el ámbito de operaciones, dependen del apoyo de asesores contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El contrato con el PNUD ha de expirar en junio de 1999.
Si bien no hay una relación jerárquica entre la Dirección Nacional y otros órganos que promueven los derechos de la mujer en diferentes niveles, la Dirección Nacional presta asesoramiento a esos órganos, coordina las campañas nacionales en que participan y formula propuestas para que se incorporen en sus planes de acción.
La Dirección Nacional mantiene relaciones permanentes con las organizaciones no gubernamentales de mujeres; de hecho, la propia Dirección se estableció por iniciativa de esos grupos, y dispone de un pequeño presupuesto para apoyar los proyectos que les presentan las organizaciones no gubernamentales. Junto con otro organismo gubernamental, la Dirección Nacional ha apoyado las iniciativas de organizaciones tendentes a promover la participación política y cívica de la mujer. Aunque no hay estadísticas que muestren si la participación cívica de la mujer ha aumentado, los participantes en los talleres y seminarios sobre el tema han sido numerosos.
En 1998, la Dirección Nacional invitó a las organizaciones de mujeres a presentar propuestas para la incorporación de la perspectiva de género en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Con respecto a la pregunta 12, se han elaborado estrategias, en consulta con una serie de ministerios, y se han establecido entes de coordinación para promover las políticas. Desde 1997, con el apoyo del Gobierno de Alemania, se ha ejecutado un programa experimental para incorporar un enfoque sobre la igualdad de la mujer en los planes de desarrollo e inversión en las zonas rurales y urbanas. Como parte de ese esfuerzo, se han impartido cursos de capacitación dentro del Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Planeación y el Ministerio de Agricultura, a fin reforzar su capacidad en los ámbitos de análisis de género y planificación participativa. Se ha impartido una capacitación similar en los planos nacional y local. En 1997, la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer prestó asistencia técnica y financiera a las secciones de mujeres de 20 departamentos y 12 municipalidades.
En respuesta a las preguntas formuladas en el marco del artículo 4, dice que, en conexión con la pregunta 13, se han debatido en el Congreso una serie de proyectos de ley sobre medidas de discriminación positiva, pero estos proyectos no se aprobaron. Es posible que se redacte y apruebe una nueva legislación en el futuro.
Con respecto a la pregunta 14, dice que la legislación laboral de Colombia estipula que la mujer embarazada, tanto en el sector público como en el privado, tiene derecho a licencia de maternidad remunerada por tres meses. Pueden optar por transferir parcialmente ese derecho al padre de su hijo, a fin de permitirle que tome licencia de paternidad por una semana. Está prohibido despedir a la mujer empleada con motivo de su embarazo. La Corte Constitucional había decidido que las mujeres embarazadas no podían entablar acciones de tutela en caso de violación de sus derechos, ya que existían recursos alternativos en virtud de la legislación laboral, pero recientemente ha modificado su fallo.
En cuanto a las preguntas planteadas en el marco de l artículo 5, en respuesta a la pregunta 15, dice que en 1997 y 1998 su Gobierno se centró en combatir los estereotipos de género en la educación. El Comité de Educación no Sexista, establecido en 1996, presta asesoramiento técnico al Ministerio de Educación Nacional en la aplicación de un proyecto para la eliminación del sexismo en la educación, y se han organizado cursos de capacitación para sensibilizar a las principales editoriales de Colombia del problema de los estereotipos de género en los libros escolares.
Se está elaborando un proyecto, con la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y con financiación del Banco Mundial, a los efectos de integrar la perspectiva de género en la educación en las zonas rurales. El objeto de este proyecto es ofrecer programas adaptados a las necesidades de las mujeres rurales, muchas de las cuales son analfabetas, a fin de que puedan participar en pie de igualdad con el hombre en los sistemas de producción de sus zonas, y de esta manera contribuir al bienestar de sus familias y el desarrollo de sus comunidades.
Con respecto a la pregunta 16, dice que dentro del marco del programa Mujer, infancia y comunicación, las estaciones de radio y televisión y la prensa escrita de Colombia ha difundido información sobre los derechos del niño y los servicios estatales para la infancia. Se han hecho esfuerzos para presentar a los niños y niñas como figuras importantes en la historia de Colombia. Asimismo se ha llevado a cabo una investigación sobre la descripción de la violencia en los medios de difusión.
En respuesta a la pregunta 17, dice que el Gobierno ha promulgado una serie de decretos y publicado varios documentos de política social que, en conjunto, forman un marco jurídico y político exhaustivo de medidas para abordar las necesidades de las personas desplazadas. Reconoce la importancia de que, cuando se elaboren esas medidas, las mujeres participen en la adopción de decisiones, para velar por que se atiendan sus necesidades específicas. Si bien el Plan Nacional Integrado para las Poblaciones Desplazadas por la Violencia no se orienta específicamente a las mujeres, contiene disposiciones especiales para las viudas y mujeres cabeza de familia. Además, los programas del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia se centran en las necesidades de las mujeres desplazadas menores de 18 años, las mujeres embarazadas y las madres lactantes, y el Servicio de Capacitación Nacional da prioridad a las mujeres desplazadas que buscan empleo en las ciudades. Todas las personas desplazadas tienen acceso a la atención básica de salud. La Oficina de la Mujer Rural del Ministerio de Agricultura ha elaborado un marco para las medidas que apunten específicamente a las mujeres, y coordina las iniciativas nacionales, regionales y municipales que tiendan a facilitar la reintegración económica, social y cultural de las mujeres rurales desplazadas. La Dirección aporta una importante contribución al mantenimiento de la paz.
En cuanto a la pregunta 18 dice que, según información suministrada por organizaciones no gubernamentales, entre enero y septiembre de 1997 hubo nueve desapariciones forzadas de mujeres y 51 ejecuciones extrajudiciales
En respuesta a la pregunta 19, dice que se ha elaborado un plan nacional para la prevención de la violencia doméstica, en el marco de las medidas de construcción de la paz y el fomento de la reconciliación, en las que se considera a la familia como la unidad de convivencia básica. El plan apunta a reducir la incidencia de la violencia doméstica, al forjar vínculos entre las familias, las comunidades y las instituciones y alentar a las familias en dificultad a recabar asistencia a los servicios de apoyo adecuados.
La Sra. Montaño (Colombia), en relación con la pregunta 20, dice que no se han adoptado medidas específicas para eliminar la discriminación contra las mujeres encarceladas. Sin embargo, algunas han utilizado el recurso de tutela para que se respeten sus derechos. La Corte Constitucional ha decidido que es inconstitucional imponer el uso de métodos anticonceptivos como requisito indispensable para recibir visitas conyugales. Se ha propuesto establecer una oficina dentro de la dirección de la prisión, que se encargue de eliminar la discriminación contra las mujeres encarceladas.
En respuesta a la pregunta 21, dice que en Colombia hay aproximadamente 58.880 niños de la calle, de los cuales más de 3.300 reciben servicios integrados en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y otros 5.000 reciben atención en el exterior. No se dispone de estadísticas desglosadas por género. Se ha elaborado un plan de acción para la atención de los niños de la calle. Uno de sus objetivos es sensibilizar acerca del problema a las instituciones y al público, con miras a aumentar su participación en la búsqueda de soluciones. Asimismo, se está preparando un proyecto que apunta a analizar y mejorar las condiciones de vida de los niños de la calle, sobre la base de un modelo concebido por la Organización Mundial de la Salud. La Defensoría del Pueblo sirve como ente de coordinación para las consultas entre las diversas autoridades locales y organismos gubernamentales competentes. Con respecto a las madres comunitarias, el 85,7% ha recibido una formación inicial, y el 57% siguen recibiendo formación en el empleo. La capacitación abarca una amplia gama de temas, entre ellos salud y nutrición, almacenamiento de alimentos, desarrollo del niño y expresión creativa.
En cuanto a la pregunta 22, dice que si bien no hay estadísticas, al parecer en 1994 y 1995 sólo unos pocos casos de homicidios podían atribuirse a operaciones de la denominada “limpieza social”. Los esfuerzos de la policía nacional para alentar a los funcionarios a intensificar la protección de la gente de la calle ha contribuido a reducir esos homicidios. Asimismo, en diversas municipalidades, las autoridades locales están aplicando programas para facilitar la integración de esas personas en la sociedad.
En respuesta a la pregunta 23, dice que no hay programas específicos para sensibilizar a la mujer acerca de las consecuencias del tráfico de drogas. Las mujeres toxicómanas son rehabilitadas en centros de desintoxicación, si bien no hay instalaciones especiales para ellas.
Con relación a las preguntas formuladas en el marco del artículo 6, dice que en respuesta a la pregunta 24, se ha creado un Comité Interinstitucional para la lucha contra el tráfico de mujeres y niños. Este órgano sensibiliza acerca del problema de la trata y publica las nuevas sanciones, más rigurosas, que se imponen por ese delito. Se está tratando asimismo de agilizar la ratificación de algunos instrumentos como el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, y promover la cooperación nacional entre las fuerzas de policía. Se han adoptado una serie de medidas para mejorar la atención de las víctimas de trata.
Con respecto a la pregunta 25, dice que si bien la prostitución no está penalizada, el proxenetismo y el constreñimiento a la prostitución están prohibidos por la ley. La prostitución está reglamentada por las autoridades locales, y por este motivo las disposiciones sobre establecimientos de prostitución varían según la municipalidad o el departamento. La policía ha recibido capacitación sobre las leyes que protegen a la mujer, y de esta manera, indirectamente, sobre la Convención.
En respuesta a la pregunta 26, dice que el Instituto de Bienestar Familiar de Colombia ha elaborado un programa integrado para la atención de los menores que se dedican a la prostitución, que se está aplicando con la participación de organizaciones no gubernamentales. El propósito del programa es introducir actividades de prevención, capacitación, asistencia y atención en el plano nacional.
En respuesta a la pregunta 27, dice que hay una serie de programas destinados a facilitar el acceso de las prostitutas a los servicios estatales, que incluyen asesoramiento y orientación jurídica. En Bogotá, de unas 4.250 mujeres identificadas como prostitutas, 360 participan en esos programas. Además, la policía metropolitana de Bogotá alienta a sus oficiales a que muestren tolerancia, con miras a mejorar las relaciones con las prostitutas.
Con referencia a la pregunta 28 (artículo 7), dice que ha habido un mejoramiento gradual de la participación de la mujer en la vida pública. Éstas están subrepresentadas en la política, porque no tienen confianza en sí mismas. Otro factor es que no muestran solidaridad. Con respecto a la vida económica, hay un gran número de mujeres en el sector bancario, en el que ocupan más de la mitad de los puestos de gerentes.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.