19° período de sesiones
Acta resumida de la 401ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 8 de julio de 1998, a las 10.30 horas
Presiden ta :Sra. Khan
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Tercer y cuarto informes periódicos de Nueva Zelandia
Se declara abierta la sesión a las 10.35 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Tercer y cuarto informes periódicos de Nueva Zelandia (CEDAW/C/NZL/3-4 y Add.1)
A invitación de la Presidenta, la Sra. Lawrence, la Sra. Morris y la Sra. Snowden (Nueva Zelandia) se sientan a la mesa del Comité.
La Sra. Morris (Nueva Zelandia), al presentar los informes periódicos combinados tercero y cuarto de Nueva Zelandia (CEDAW/C/NZL/3-4 y Add.1), dice que abarcan el período comprendido desde 1994 hasta la actualidad y que para su preparación se han celebrado amplias consultas con organizaciones no gubernamentales.
Tras hablar brevemente sobre la situación demográfica y económica en Nueva Zelandia, señala que se realizaron estudios periódicos sobre diversos temas, lo que facilitó el análisis de la situación comparativa de hombres y mujeres. Por ejemplo, un estudio exhaustivo sobre el empleo del tiempo patrocinado por el Ministerio de Asuntos de la Mujer —cuyos resultados completos estarán disponibles en el año 2000— aportará información sobre la contribución de las actividades no remuneradas a la economía y la forma en que se equilibran las responsabilidades sociales y económicas. También ofrecerá información valiosa sobre los maoríes.
En virtud de la Ley sobre la violencia en el hogar de 1995, alabada internacionalmente, las mujeres pueden emprender actuaciones judiciales para protegerse a sí mismas y a sus familias de la violencia en el hogar. La disminución de ese tipo de violencia es un componente fundamental de la estrategia de prevención del delito emprendida por el Gobierno. En la mayoría de las ciudades se han establecido redes interinstitucionales locales que se ocupan de los casos de violencia en la familia, y en el presupuesto de 1996 se consignaron fondos por un monto de 11,7 millones de dólares para diversos programas de prevención de la violencia en el hogar. Varios organismos gubernamentales trabajan en la mejora de los métodos para atender a las víctimas de la violencia en el hogar y ocuparse de los que la perpetran; además, la prevención de la violencia forma parte en la actualidad del programa escolar de estudios relacionado con la salud. En la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia se ha creado un nuevo puesto de Comisionado de la Mujer, que presentará informes anuales sobre los avances registrados en el ejercicio de los derechos humanos de la mujer.
En relación con el empleo, los ingresos medios de las mujeres de Nueva Zelandia representan el 80,5% de los ingresos medios de los hombres. Para reducir esa diferencia, el Gobierno va a adoptar un enfoque amplio que incluya una mejor recopilación y análisis de los datos, la educación de los empleadores y programas para fomentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo, su preparación y su capacitación. El Gobierno ya ha creado un ejemplo positivo para los empleadores privados al unificar el sistema de remuneración para los maestros de enseñanza primaria y secundaria, con lo que han aumentado significativamente los sueldos de los maestros de enseñanza primaria, en su mayoría mujeres, y se ha duplicado el coeficiente de financiación para el Fondo para la Igualdad de Oportunidades de Empleo en apoyo de la labor destinada a modificar la actitud de los empleadores. Las mujeres de Nueva Zelandia están logrando grades éxitos en los negocios y cuentan con la asistencia de innovadoras redes de apoyo.
La participación de la mujer en la vida pública es mayor que nunca. Entre las iniciativas de capacitación de directores emprendidas por el Gobierno destacan los seminarios para posibles directoras de empresas y cursos de introducción para mujeres que desean trabajar en organismos oficiales. Más de un 25% de los participantes son mujeres maoríes.
Entre las iniciativas más importantes para mejorar la salud de las mujeres y las familias figuran las visitas gratuitas a los médicos de medicina general para los niños menores de 6 años y una estrategia de salud sexual y reproductiva. Al amparo del Código de derechos de los usuarios de los servicios de salud o servicios para discapacitados, los usuarios de esos servicios tienen derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación, coacción, hostigamiento ni explotación sexual, financiera o de otra índole. A partir de diciembre de 1998, las mujeres de 50 a 64 años recibirán exámenes mamarios gratuitos cada dos años.
En virtud de la estricta legislación neozelandesa en materia de censura, un grupo de expertos ha tomado decisiones sobre la clasificación de películas, vídeos y publicaciones, de conformidad con la ley, que limitan los derechos civiles únicamente para proteger los derechos humanos. Además varias personas han sido procesadas por delitos de comercio de pornografía y pornografía infantil en la Internet. Respecto del sistema de justicia, se lleva a cabo un proyecto para facilitar la utilización de los servicios jurídicos por las mujeres. En el ámbito de los derechos de propiedad, el Parlamento está estudiando actualmente el Proyecto de Ley de Enmienda de la Propiedad Matrimonial y el Proyecto de Ley de Relaciones de Facto (Propiedad), descritos en la adición a los informes periódicos tercero y cuarto (CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1)
La reserva de Nueva Zelandia a la Convención respecto de la inclusión de las mujeres en combate sigue aplicándose, pero las oportunidades profesionales para la mujer en las fuerzas armadas han aumentado en cierta medida y se prevén más progresos. Además, las fuerzas armadas trabajan para abordar la cuestión del acoso sexual y crear una cultura de organización igualitaria. La otra reserva de Nueva Zelandia, relativa a la licencia remunerada por maternidad, también sigue aplicándose, pero tanto mujeres como hombres tienen derecho a disfrutar de licencia sin sueldo para el cuidado de los hijos. Una de las ventajas que tienen las mujeres con la legislación actual es la posibilidad de negociar períodos flexibles de licencia, incluido el uso de otras disposiciones del sistema de licencia remunerada. Dado que un número significativo de mujeres desconoce su derecho a la licencia por maternidad, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia está preparando información sobre los derechos de las trabajadoras embarazadas. Además, la licencia por maternidad en Nueva Zelandia comporta lo que podrían considerarse “prestaciones sociales comparables” en lugar de remuneración, según lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 11 de la Convención. Por ejemplo, el sistema de prestaciones universales cubre todos los gastos médicos relacionados con el nacimiento de un hijo y muchas familias pueden solicitar diversos tipos de asistencia financiera. Además, durante el período que abarca el informe, varias empresas privadas han introducido la licencia remunerada por maternidad a fin de retener a sus trabajadoras cualificadas.
Con respecto al complemento de los ingresos, un estudio realizado en 1996, por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha demostrado que la asistencia que se presta en Nueva Zelandia a las madres solteras es igual o superior a la media de la OCDE y que su sistema de complemento de los ingresos para las mujeres de más edad figura entre los mejores de los países miembros de la OCDE. Las madres solteras pueden solicitar prestaciones de protección de los ingresos, que cada vez en mayor grado van acompañadas de medidas para ayudarlas a conseguir empleo, educación o capacitación.
En virtud de la Ley de Enmienda de la Seguridad Social de 1996 han aumentado los incentivos para los beneficiarios que buscan trabajo, al tiempo que se mantiene el apoyo para las personas verdaderamente necesitadas. En el presupuesto correspondiente a 1998, el Gobierno ha establecido un crédito para una política de asistencia social centrada en el trabajo que ha cambiado radicalmente la orientación de la asistencia social, basándose en la idea de que el trabajo remunerado es la clave para la independencia económica y social de las personas. A partir de 1999, las nuevas obligaciones de la prueba de aptitud para el trabajo aplicables a los beneficiarios de la pensión de viudedad y la prestación para finalidades domésticas exigirán que los progenitores solos cuyo hijo mejor tenga 14 años o más busquen trabajo a tiempo completo. Únicamente se han aplicado sanciones por no superar la prueba de aptitud para el trabajo en seis casos, ya que muchas mujeres que reciben las prestaciones están exentas de hacer la prueba, y la mayor parte de los que la fallaron estaban exentos por enfermedad o por no disponer de servicio de guardería. El Gobierno ha destinado una suma extraordinaria de 31 millones de dólares para subsidios de guardería en los próximos tres años, incluidos subsidios de atención extraescolar para progenitores trabajadores con hijos entre 5 y 13 años.
En el informe de Nueva Zelandia figura una sección sobre Tokelau, pero ninguna sobre las Islas Cook ni Niue, puesto que los dos últimos son Estados autónomos responsables de concertar y aplicar sus propias obligaciones internacionales. En la actualidad Nueva Zelandia trabaja, en colaboración con la Secretaría de las Naciones Unidas, para determinar la mejor forma de cumplir el deseo de esos países de estar representados en su propio nombre ante los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos, y está dispuesta a ayudar a ambos países a que cumplan sus obligaciones de presentación de informes.
Respecto de las preguntas que figuran en el informe del grupo de trabajo anterior al período de sesiones (CEDAW/C/1998/II/CRP.1/Add.1), en respuesta a la pregunta 3, la oradora explica que la Ley de Derechos Humanos se aplica a todas las actividades del Gobierno, organismos públicos, organizaciones privadas y particulares en relación con el empleo, el acceso a los lugares públicos, la prestación de bienes y servicios, el alojamiento, la enseñanza y el acoso sexual o por motivos de raza. En esa Ley se prohíbe la discriminación indirecta, definida como toda conducta, práctica, exigencia o condición que resulte en el trato de una persona o un grupo de personas de manera diferente por uno de los motivos prohibidos.
En relación con la pregunta 4, la Ley sobre Carta de Derechos de 1990 y la Ley de Derechos Humanos de 1993 se formularon para poner en práctica las obligaciones internacionales, por lo que su aplicación comporta referencias a los instrumentos internacionales pertinentes. En la decisión de la causa Comité de Servicios del Distrito de Wellington contra Tangiora (1998) figura una declaración de principios en el sentido de que la legislación debería interpretarse de manera que se adapte a las obligaciones internacionales de Nueva Zelandia. Ese principio se ilustró nuevamente en la decisión de la causa Quilter y otros contra el Fiscal General (1998), en la que el tribunal, al determinar el significado de discriminación conforme a la Ley sobre Carta de Derechos Humanos, se refirió entre otras cosas a las deliberaciones de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Convención. Ya en 1977, un tribunal de Nueva Zelandia se refirió a la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer cuando invalidó las condiciones discriminatorias establecidas por el Ministerio de Educación respecto de los gastos por mudanza reembolsables a los maestros y las maestras.
En la causa Autoridad Sanitaria Regional del Norte contra la Comisión de Derechos Humanos (1997), el Tribunal Superior se basó en la Convención para interpretar la Ley sobre Carta de Derechos de 1990 y la Ley de Derechos Humanos de 1993. En los tribunales de Nueva Zelandia aún no existe jurisprudencia sobre la licencia remunerada por maternidad. Se han tomado medidas para dar a conocer la Convención y el gran interés que han demostrado las organizaciones no gubernamentales de mujeres en el proceso de presentación de informes sugiere un buen conocimiento de las disposiciones de la Convención.
Respecto de la pregunta 5, en la Ley de Derechos Humanos figura una definición concreta de discriminación, y la comprensión de la discriminación indirecta proviene en mayor medida de la Ley que el artículo 1 de la Convención.
En respuesta a la pregunta 6, la oradora explica que todas las políticas gubernamentales deben atenerse a la Ley de Derechos Humanos a menos que estén autorizadas por otra fuente del derecho. Los jefes de los departamentos son los responsables de garantizar que las políticas y las prácticas gubernamentales se atengan a la Ley y que no exista discriminación por motivos de sexo, estado civil, religión o convicciones éticas, color o etnia. A partir de diciembre de 1999 se van a añadir nuevos motivos, a saber: discapacidad, edad, opiniones políticas, empleo, condición familiar y orientación sexual. El Secretario de Justicia ha publicado una circular de asesoramiento al respecto y se ofrecerá capacitación a los organismos del sector público acerca de la Ley de Derechos Humanos y los principios de derechos humanos.
En relación con la pregunta 7, el estudio sobre el empleo del tiempo proporcionará información sobre el tiempo que dedican los hombres y las mujeres a diversas actividades diarias. Su objetivo es poner de manifiesto hasta qué punto las mujeres contribuyen de manera no remunerada a la economía y señalar los ámbitos de conflicto entre las responsabilidades públicas y privadas. En las políticas futuras se tendrán en cuenta las disparidades existentes en el empleo del tiempo reveladas en el estudio, por ejemplo entre las mujeres maoríes y las no maoríes. Además, las políticas que se promulgan en el futuro responderán a las disparidades entre hombres y mujeres en ámbitos como los servicios sanitarios, el transporte y la defensa civil. Los datos se emplearán para comprobar determinadas suposiciones, como la de que las mujeres están disponibles para prestar servicios de atención a las personas en el hogar y en la comunidad, y contribuirán a identificar los ámbitos en que sigue habiendo discriminación.
En respuesta a la pregunta 8, la oradora dice que aproximadamente el 40% del presupuesto del Ministerio de Asuntos de la Mujer correspondiente al período 1998-1999 se ha destinado a la elaboración de políticas estratégicas, incluida la incorporación de un análisis de género. Los departamentos gubernamentales tienen la obligación de consultar al Ministerio acerca de todas las cuestiones relacionadas con la situación económica y social de la mujer y se alienta a los organismos gubernamentales a que incorporen el análisis de género en su elaboración de políticas y programas.
En respuesta a la pregunta 9, explica que los resultados del proyecto Consistencia 2000 no han justificado su escala, ya que únicamente se han descubierto infracciones de poca importancia de la Ley. El Gobierno ha dejado claro que el ejecutivo debe cumplir todos los principios de la Ley de Derechos Humanos de 1993.
En relación con la pregunta 10, el Ministerio de Trabajo informa sobre los derechos y las obligaciones relacionadas con el empleo por diversos medios, entre ellos una línea telefónica gratuita, folletos y un sitio en la Internet. En 1995, el Ministerio de Asuntos de la Mujer publicó dos folletos sobre los derechos de la mujer en el empleo remunerado que han tenido una gran distribución. El Ministerio de Educación y la Comisión de Derechos Humanos han elaborado directrices para las instituciones de enseñanza, y la Comisión ofrece capacitación sobre cuestiones de derechos humanos, entre ellos los derechos de los ciudadanos de Nueva Zelandia en virtud de los acuerdos internacionales incluida la Convención. Se ha dado capacitación adecuada a grupos concretos de población, como los maoríes, las personas del Pacífico y otros grupos étnicos. La Convención únicamente se ha traducido al idioma inglés.
Respecto de la pregunta 11, la discriminación basada en la condición familiar es uno de los “nuevos motivos” introducidos en la Ley de Derechos Humanos de 1993. En consecuencia, un empleado puede presentar una denuncia por discriminación basada en la condición familiar ante la División de Denuncias de la Comisión de Derechos Humanos. El Gobierno sabe que en ocasiones los contratos de empleo tienen cláusulas de confidencialidad que hacen difícil que los empleados, sepan si pueden presentar una reclamación al amparo de la Ley sobre la igualdad de remuneración de 1972. No obstante, los datos sobre el sueldo pueden desvelarse sin que ello suponga un incumplimiento de la Ley de protección de la vida privada, dado que ese tipo de información no es información personal en el sentido que figura en dicha Ley.
El Plan de indemnización por accidentes no ha sido abolido, y todos los neozelandeses tienen derecho a una indemnización por accidentes con una cobertura de 24 horas.
Las tendencias del mercado laboral y los acontecimientos ocurridos en el lugar de trabajo son supervisados por el Servicio de relaciones industriales del Ministerio de Trabajo. Los datos se desglosan por sexos y se formulan políticas en respuesta a los resultados del estudio.
Por último, en relación con la pregunta 12, la oradora explica que únicamente se ha informado sobre un ataque contra una mujer de un grupo étnico determinado; no hay ningún indicio de que el ataque fuera por motivos de género.
La Sra. Lawrence (Nueva Zelandia), en respuesta a las preguntas 13, 14 y 15, dice que en el artículo 73 de la Ley de Derechos Humanos se prevén medidas especiales para determinados grupos a fin de garantizar la igualdad. En los artículos 61 y 63 de la Ley se prohíbe la publicación de material escrito y la difusión de expresiones amenazadoras o insultantes, así como la utilización de material visual y el comportamiento ofensivo u hostil.
El traspaso de la responsabilidad de los servicios de apoyo a personas con discapacidad del Ministerio de Bienestar Social a la Autoridad de Financiación de la Salud ha contribuido a reducir las desigualdades entre las mujeres con discapacidad y sin ella. En el período 1996-1997 se registró un aumento del 35% en los fondos destinados a servicios en el hogar, así como los fondos extraordinarios para apoyar carreras o facilitar equipo. La mejora de los servicios para las personas de edad ha beneficiado especialmente a las mujeres, ya que la discapacidad aumenta con la edad y las mujeres viven más tiempo que los hombres.
El Gobierno reconoce y apoya a la Federación Neozelandesa de Consejos Étnicos como órgano nacional para las personas de diferentes orígenes culturales y étnicos. Se consulta habitualmente a la Federación acerca de las medidas para ayudar a que los inmigrantes se establezcan en Nueva Zelandia y para promover la armonía entre las distintas etnias. Entre 1990 y 1998 la Federación ha recibido subvenciones por un total de 158.166 dólares neozelandeses de la Junta de Subvenciones de la Lotería.
En respuesta a la pregunta 16, la oradora dice que las medidas adoptadas al amparo del artículo 73 de la Ley de Derechos Humanos pueden describirse como acción afirmativa o discriminación positiva. Los programas del Gobierno destinados a acabar con las desigualdades en los ámbitos de la salud, el empleo y la capacitación incluyen diversas medidas dirigidas expresamente a la mujer. Entre los programas de ayuda a las mujeres desempleadas figuran cursos politécnicos para las mujeres que quieren reincorporarse al empleo remunerado, planes para aprendizas, cuyo objetivo es alentar a los empleadores a que contraten mujeres, y cursos para animar a las mujeres a que se capaciten para ocupaciones en las que tradicionalmente han estado poco representadas.
En respuesta a la pregunta 17, señala que la Política de Igualdad de Oportunidades en el Empleo hasta 2010 para la administración pública tiene por objeto eliminar la discriminación injusta en el empleo, mediante una cultura de organización que permita el acceso al empleo en condiciones de igualdad de oportunidades profesionales equitativas, basadas en procedimientos justos. No se incluyen objetivos numéricos porque se perciben como cuotas. En Nueva Zelandia la igualdad de oportunidades en el empleo se basa en el concepto de mérito. La formulación de políticas de igualdad de oportunidades se supervisará de forma periódica hasta 2005.
En relación con la pregunta 18, la oradora explica que en Nueva Zelandia es ilegal la discriminación contra las mujeres de cualquier cultura u origen étnico por motivos de sexo, y se puede buscar reparación en el sistema jurídico. El Gobierno, reconociendo las enormes diferencias de opinión sobre el lugar de la mujer en la sociedad, ha demostrado la igualdad entre hombres y mujeres en todas las culturas mediante el marco legislativo e iniciativas para el nombramiento de mujeres maoríes en juntas y comités gubernamentales ypuestos destacados de toma de decisiones. Ofrece programas para prevenir la violencia familiar adecuados a las necesidades de las comunidades afectadas, incluidas las islas del Pacífico y las minorías étnicas. El sistema de enseñanza estatal tiene un papel importante para acabar con las actitudes basadas en los estereotipos, y en los planes de estudios se intenta reforzar la no discriminación sexual y aportar un equilibrio entre los géneros en el uso de materiales.
En respuesta a la pregunta 19, desde la entrada en vigor de la Ley sobre la violencia en el hogar en 1996 se han presentado 13.702 solicitudes de protección y se han dictado 10.525 órdenes temporales y 6.880 órdenes definitivas. Se ha enviado a los que practican la violencia en el hogar a programas especiales de rehabilitación y se van a introducir programas aprobados para los niños. Cada mes se envía a casi 100 personas a programas opcionales para personas protegidas. En la actualidad se está evaluando el funcionamiento de la Ley. Un 48% de las personas que han solicitado acogerse a programas de rehabilitación al amparo de la Ley es de la etnia paheka, un 24% maoríes y un 8% del Pacífico. En la Ley se prevén programas especiales para los maoríes y los grupos del Pacífico. Las mujeres del Pacífico recurren en menor medida a las facilidades de que disponen en virtud de la Ley, y se han puesto en marcha diversos cursos prácticos para los encargados de los programas del Pacífico. El Ministerio de Salud elabora directrices para los trabajadores sanitarios que se ocupan de cuestiones de violencia familiar.
En relación con la pregunta 20, el Departamento de Trabajo aporta información sobre los derechos y las obligaciones relacionadas con el empleo, incluida información sobre la protección contra el acoso sexual. Se han establecido directrices para prevenir y abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo, y el Ministerio de Asuntos de la Mujer ha publicado un folleto para las trabajadoras con información sobre el acoso sexual. La mayoría de los colegios y las instituciones de enseñanza de tercer ciclo cuentan ahora con políticas para abordar el acoso sexual, y utilizan cada vez en mayor medida las instalaciones de capacitación disponibles.
En respuesta a la pregunta 21, la oradora dice que el plan escolar de estudios en materia de salud incluye un programa optativo de educación sexual y únicamente un 2% de los colegios de Nueva Zelandia no incluyen la salud reproductiva y sexual en sus programas de educación sanitaria. No se dispone de información concreta sobre los efectos de los programas en los estereotipos de género. En cuanto a la pregunta 22, no existen datos nuevos sobre los cambios en la actitud de los hombres respecto de las tareas domésticas compartidas.
En la legislación penal de Nueva Zelandia existen diversas disposiciones que abarcan muchas situaciones que podrían describirse como “trata” (pregunta 23), especialmente en relación con la esclavitud, el secuestro, el rapto de una mujer o una niña y el rapto de un menor de 16 años. Con las enmiendas de 1995 a la Ley sobre Delitos se tipificó la organización o el fomento del turismo sexual infantil. Se está intentando despenalizar la prostitución (pregunta 24) y se está preparando un proyecto de ley al respecto. Las mujeres que trabajan de prostitutas tienen los mismos derechos que las demás (pregunta 25).
En cuanto a la pregunta 26, parece que no existen obstáculos jurídicos significativos para eliminar todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución femenina. El proxenetismo constituye un delito en virtud de la Ley sobre Delitos, así como también vivir de las ganancias de una prostituta o regentar un burdel. La dificultad práctica de eliminar esas actividades radica en el hecho de que las mujeres vulnerables suelen ser extranjeras, están aisladas culturalmente y no saben inglés. En 1997 no se registró ningún delito relacionado con la participación u organización por parte de ciudadanos de Nueva Zelandia de viajes de turismo sexual al extranjero (pregunta 27).
En relación con la pregunta 28, en la Ley sobre Delitos de 1961 se describe la violación como parte de un delito más amplio contra la libertad sexual. En 1995 se denunciaron 686 violaciones, de un total de 1.155 delitos contra la libertad sexual, y en 1996 hubo 819 violaciones de un total de 1.287 delitos contra la libertad sexual. No existe un plan aparte de indemnización por las lesiones ocasionadas a raíz de un delito. En la Ley del seguro de rehabilitación e indemnización en caso de accidente de 1992 no se prevén indemnizaciones por dolor o sufrimiento psíquico, aunque sí se prevé un plan de seguros para indemnizar y rehabilitar a las víctimas de delitos, incluidas las víctimas de violaciones. Puede ordenarse a los infractores que indemnicen a sus víctimas y los tribunales pueden otorgar a las víctimas parte de las multas impuestas.
La Sra. Morris (Nueva Zelandia), en respuesta a la pregunta 29, dice que las mujeres han obtenido una representación cada vez mayor en las últimas cinco elecciones generales, pero no está claro si ello es consecuencia del sistema de representación proporcional. En 1993 las mujeres ocupaban un 21% de los escaños parlamentarios, y en la actualidad ocupan un 30%. No existe una diferencia significativa en el número de votantes entre hombres y mujeres. Respecto de la pregunta 30, la oradora responde que el 16% de las parlamentarias son maoríes. Hay una parlamentaria asiática, pero ninguna del Pacífico.
La disminución del número de mujeres en la administración pública (pregunta 31) refleja una reducción general en el número de funcionarios entre 1991 y 1997. La proporción de mujeres de grupos étnicos correspondiente a la legislación sobre igualdad de oportunidades en el empleo se ha mantenido bastante estable: las maoríes representan entre un 6% y un 7% del total y las mujeres de las islas del Pacífico, entre un 2% y un 3%.
En respuesta a la pregunta 32, no existen estadísticas sobre el origen étnico de las mujeres nombradas por el Gobierno, aunque 24 de los 169 consejeros de administración de las empresas estatales, incluidos hombres y mujeres, se definen como maoríes. El porcentaje de consejeras es de 22,5%. Un estudio reciente sobre los consejos de administración de empresas públicas y privadas ha revelado que el 10,1% de los consejeros son mujeres, y un 46% de las empresas tiene al menos una mujer entre sus consejeros.
Existen servicios de apoyo como guarderías y atención fuera de la escuela (pregunta 33) para las mujeres que se dedican a la vida pública y política, así como para otras trabajadoras. En el Parlamento de Nueva Zelandia hay una guardería. La mayoría de los órganos gubernamentales locales celebran sus reuniones en horarios que resultan cómodos para las mujeres con responsabilidades familiares.
En respuesta a la pregunta 34, no se han realizado evaluaciones oficiales sobre las celebraciones conmemorativas del centenario del sufragio femenino; no obstante, a finales de 1993 se publicó un manual en que se describían 500 proyectos relacionados con el centenario, y muchos departamentos del Gobierno han aportado subsidios de educación que se mantienen.
En referencia a la pregunta 35, hay 114 mujeres en el servicio diplomático, de un total de 303 personas, y 54 mujeres que prestan sus servicios en el extranjero de un total de 141. Hay 12 mujeres maoríes en el servicio diplomático, 2 en el extranjero, y 4 mujeres del Pacífico, 2 en el extranjero. Cinco mujeres del servicio pertenecen a otros grupos étnicos, y una de ellas trabaja en el extranjero. Entre el personal administrativo que desempeña su trabajo en el extranjero hay 36 mujeres.
En respuesta a la pregunta 36, la oradora dice que las solicitudes de mujeres para los puestos de funcionarios políticos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio constituyen alrededor del 50% del total, y los porcentajes de contratación para esos puestos, basados todos en los méritos, oscilan entre el 47% y el 70% en los últimos cinco años. El Ministerio atrae funcionarias mediante la concesión de becas para maoríes y mujeres del Pacífico, visitas de funcionarias a las universidades, la publicación de reseñas de funcionarias en su material de contratación, y políticas en favor de la familia como el horario flexible y el reembolso de los gastos de guardería. Las mujeres a menudo encabezan las delegaciones en el extranjero o trabajan en ellas en calidad de asesoras expertas. Una neozelandesa ha sido nombrada recientemente jefa de la misión de las Naciones Unidas en Chipre. El Ministerio de Asuntos de la Mujer informa a las mujeres capacitadas sobre las vacantes que se producen en los organismos intergubernamentales y fomenta la contratación del sector no gubernamental para delegaciones gubernamentales enviadas a conferencias y negociaciones internacionales.
En relación con la pregunta 37, las funciones de la sección de mujeres y niñas del Ministerio de Educación se han integrado en las funciones políticas principales del Ministerio a raíz de un examen estructural realizado en 1992. Los resultados educativos de las mujeres y las niñas son examinados ahora por analistas políticos en esos ámbitos, a fin de aportar una perspectiva de género más precisa.
La Sra. Snowden (Nueva Zelandia), en relación con la pregunta 38, señala que el 48% de los maoríes menores de 5 años en la enseñanza preescolar son niñas. El número de niños maoríes que participa en Kohanga Reo (centros de idioma maorí) ha aumentado en un 34% entre 1990 y 1997. Hay un programa de tres años para tutores y la financiación para los nuevos centros ha sido aportada por un Fondo para el Desarrollo de la Capitalización. La Dependencia de Desarrollo de la Primera Infancia organiza grupos de padres y redes de apoyo para facilitar el acceso de las familias a la enseñanza preescolar oficial. Además, fomenta el desarrollo de los centros de enseñanza preescolar para los niños de las islas del Pacífico. El número de niños de esas islas ha aumentado en un 15% entre 1992 y 1997. Hasta la fecha se han otorgado 40 licencias para centros de ese tipo.
Respecto de la pregunta 40, relativa al número de niños incluidos en los programas existentes o en instituciones apoyadas por el Estado, se ha presentado al Comité un informe estadístico completo.
En cuanto a la discriminación indirecta, la oradora dice que el Gobierno no emplea funcionarios para la enseñanza preescolar; tampoco establece escalas de sueldos ni condiciones de empleo ni tiene previsto asumir un papel intervencionista en el mercado laboral.
En relación con la financiación, hay que subrayar que los centros, los programas y los servicios que cumplen los requisitos para la obtención de licencias tienen garantizada la financiación del Estado. En muchos casos, esa financiación es mucho mayor que los recursos obtenidos mediante la recaudación de fondos. Todos los servicios preescolares con licencia están sujetos a inspección por parte de la Oficina de Supervisión de la Enseñanza. La Dependencia de Desarrollo de la Primera Infancia se encarga de la administración anual de subvenciones a 700 grupos recreativos de base comunitaria y grupos lingüísticos de las islas del Pacífico.
En respuesta a la pregunta 41, el plan de estudios de Nueva Zelandia, en que se tiene en cuenta el género, constituye un marco coherente para el aprendizaje y la evaluación en que se reconocen las necesidades y experiencias educativas de todos los alumnos. La puesta en práctica de los planes de estudios nacionales y las Directrices Nacionales sobre Educación es supervisada por la Oficina de Supervisión de la Enseñanza.
Respecto de la pregunta 42 relativa a los salarios y el empleo de las mujeres con una buena preparación, en el censo de 1996 se puso de manifiesto que el 57% de las mujeres con al menos una licenciatura tiene empleo a tiempo completo, frente al 75% de los hombres con un nivel equivalente. Para la población de 15 años en adelante, la proporción de mujeres y hombres con empleo a tiempo completo es de 34% y 60%, respectivamente; un 12% de las mujeres tituladas ganan más de 50.000 dólares anuales, frente al 46% de los hombres; del total de licenciados universitarios en 1996, el 51,5% fueron mujeres.
En relación con la pregunta 44 relativa al desequilibrio entre hombres y mujeres en las organizaciones de capacitación industrial y las políticas de acción afirmativa, la oradora se refiere a los informes combinados de Nueva Zelandia (CEDAW/C/NZL/3-4), y señala que se han adoptado diversas políticas e iniciativas. Las organizaciones que desean obtener el reconocimiento como organizaciones de capacitación industrial deben reconocer que las mujeres están infrarrepresentadas en esos programas. Hay asistencia financiera y subsidios gubernamentales para los proyectos y los programas de capacitación, y se han elaborado estrategias para aumentar la participación de la mujer.
Respecto de los logros educativos y las perspectivas de empleo de las mujeres pertenecientes a minorías (pregunta 45), los niveles de preparación más bajos entre las mujeres maoríes y del Pacífico se reflejan en tasas de desempleo más altas, en comparación con las mujeres europeas. No obstante, las mujeres de otros grupos étnicos experimentan tasas de desempleo más altas que sus contrapartes europeas, pese a que están relativamente mejor preparadas.
En cuanto a la pregunta 48, el 35% de las licenciadas del Programa de oportunidades de formación ha encontrado directamente trabajos a tiempo completo, un 6% ha aceptado empleos a tiempo parcial y un 12% ha seguido recibiendo algún tipo de capacitación.
En respuesta a la pregunta 51, las medidas tomadas para aumentar la participación de la mujer en los puestos de responsabilidad a todos los niveles se centran principalmente en la prestación de asistencia a los empleadores para que cumplan sus obligaciones relativas a la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Entre las medidas en curso figuran la contratación de servicios concretos de capacitación y apoyo para la igualdad de oportunidades en el empleo para las juntas de consejeros. En el informe anual de la Oficina de Supervisión de la Enseñanza se han reflejado las medidas concretas tomadas por los colegios.
En cuanto a la pregunta 52, los hombres tienen un interés cada vez mayor en asumir su responsabilidad como padres y participan en mayor medida en grupos recreativos y programas educativos voluntarios. Algunos padres tienen un interés profesional en la enseñanza preescolar y existen diversos cursos para recibir capacitación de esa índole. El reconocimiento de la experiencia previa depende del organismo que ofrezca la capacitación. Las directrices para la enseñanza preescolar figuran en el plan de estudios nacional, que propicia un entorno de oportunidades equitativas para el aprendizaje sin distinción de género, discapacidad, edad, grupo étnico u origen.
En respuesta a la pregunta 53, la oradora señala que el aumento de los derechos de matrícula no parece haber influido negativamente en la participación de la mujer en los estudios de tercer grado. En 1997, 54.203 mujeres recibieron préstamos con arreglo al plan de préstamos para estudiantes, frente a 48.323 hombres. La delegación de Nueva Zelandia ha presentado un cuadro en que figuran detalles sobre la devolución de los préstamos por género, edad y grupo étnico.
La Sra. Morris (Nueva Zelandia), refiriéndose a la pregunta 55, dice que las personas maoríes y de las islas del Pacífico, así como las mujeres, han sido identificadas como grupos prioritarios a los que destinar los recursos. En los informes presentados al Comité (CEDAW/C/NZL/3-4) figura información detallada sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación de las mujeres pertenecientes a minorías en el mercado laboral.
Entre los ejemplos legítimos de discriminación por motivo de sexo figuran las situaciones en que un empleado tiene que dormir en las instalaciones facilitadas por el empleador y sólo existe alojamiento para un sexo.
En respuesta a la pregunta 56, la oradora dice que la Ley de Contratos de Empleo de 1991, destinada a fomentar un mercado laboral eficiente, tiene disposiciones, entre otras cosas, sobre la libertad sindical, los agravios personales y la negociación de contratos de empleo. Está apoyada por un código mínimo de leyes y disposiciones para prevenir la discriminación que facilitan las prácticas flexibles en el mercado de trabajo.
En relación con la pregunta 65, no existen en la actualidad estimaciones precisas del porcentaje de empleadores que ofrecen instalaciones de guardería. De conformidad con una encuesta realizada en 1994, el 43% de los padres que cumplían los requisitos pidieron licencia por paternidad. Podría considerarse que alrededor del 82% de los hombres se había tomado licencia por paternidad por un período máximo de dos semanas, aun cuando no la reconocieran como tal.
Respecto de la pregunta 66, las cifras indican que las mujeres consideran cada vez en mayor medida el empleo por cuenta propia como una alternativa viable. Según los datos del censo de 1996, las mujeres empleadas por cuenta propia trabajan 31 horas semanales, mientras que los hombres en la misma situación trabajan 45 horas. Hay medidas gubernamentales similares destinadas a la mujer en el lugar de trabajo que apoyan el empleo por cuenta propia. No existen datos concluyentes sobre el efecto de la globalización en el empleo por cuenta propia, pero está claro que abre oportunidades para las mujeres en el sector de los servicios o para quienes trabajan con tecnologías de la comunicación avanzadas.
En respuesta a la pregunta 68, la oradora dice que el Ministerio de Asuntos de la Mujer no está facultado para aplicar políticas que pongan fin a la discriminación salarial. El principio de “igual remuneración por trabajo de valor comparable” se reconoce como una de las formas de solucionar la discriminación salarial.
En cuanto a la pregunta 69, en el artículo 11 del informe (CEDAW/C/NZL/3-4) se da cuenta de diversas iniciativas significativas en el ámbito del empleo destinadas a las mujeres. Además, se han puesto en marcha programas importantes que ofrecen asistencia individual y en los que se reconocen plenamente las necesidades especiales de las mujeres que se incorporan al mercado laboral o regresan a él.
En respuesta a la pregunta 73, Nueva Zelandia ha adoptado un sistema de impuestos sobre la renta de base amplia que funciona junto con los programas de política social para ofrecer asistencia financiera a los más necesitados. Los sucesivos gobiernos han introducido diversos conjuntos de medidas de asistencia para facilitar ingresos complementarios y subsidios a las familias de ingresos bajos y medios con hijos a cargo.
La Sra. Lawrence (Nueva Zelandia), refiriéndose a la pregunta 74, destaca diversas medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a las necesidades especiales y los gastos extraordinarios de las familias, incluidos los gastos de salud. Entre las medidas gubernamentales relativas a la salud que se ofrecen mediante el sistema de apoyo a los ingresos figuran prestaciones por enfermedad para mujeres solteras durante el embarazo, prestaciones por discapacidad y para niños discapacitados y créditos fiscales.
Respecto de la pregunta 75, relativa a la esperanza de vida de los maoríes, hace referencia a las respuestas por escrito en que se destacan los riesgos sanitarios a que están expuestos los niños maoríes. El Gobierno presentará en breve su Estrategia para la salud infantil que se aplica a todos los servicios de apoyo a la salud y la discapacidad infantil y se centra en las necesidades de los niños maoríes y del Pacífico, los niños con grandes necesidades de apoyo para la salud y la discapacidad y los que provienen de familias muy desfavorecidas.
Se han establecido también otros mecanismos, entre ellos una iniciativa intersectorial para mejorar las perspectivas de salud, bienestar y educación de las personas más desfavorecidas, estrategias para servicios de salud mental especializados y prevención de suicidios, y una iniciativa para dejar de fumar.
Respecto de los servicios sanitarios para las mujeres rurales, la gama de servicios que ofrecen los proveedores de servicios privados sanitarios y para personas con discapacidad con financiación pública no se han reducido. Los cambios en los acuerdos contractuales han hecho que los proveedores privados se dediquen a ofrecer servicios sanitarios financiados con fondos públicos que antes prestaban los hospitales públicos.
La Sra. Morris (Nueva Zelandia), en respuesta a la pregunta 86, señala a la atención del Comité las estadísticas que figuran en el artículo 13 del informe (CEDAW/C/NZL/3-4), que revelan un aumento en el número de mujeres que han logrado resultados positivos en los ámbitos de la educación, el empleo y la salud.
Para terminar, en relación con la pregunta 90, señala que se está prestando atención a la capacitación, la contratación, los incentivos y otros aspectos de las medidas de empleo para las personas del medio rural, incluidas las matronas y las enfermeras.