35° período de sesiones

Acta resumida de la 725ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 18 de mayo de 2006, a las 10.00 horas

Presidenta:Sra. Pimentel (Vicepresidenta)

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Sexto informe periódico de Guatemala

Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continu a ción)

Sexto informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/6; CEDAW/C/GUA/Q/6 y Add.1)

1.Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Guatemala toman asiento a la Mesa del Comité.

2.La Sra. Núñez (Guatemala), presentando el sexto informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/6), dice que si bien se registraron considerables avances en el decenio pasado en la esfera del desarrollo humano nacional, la pobreza sigue siendo femenina, rural e indígena. Sin embargo, la participación económica de la mujer aumentó durante ese tiempo, aunque principalmente en los sectores de baja productividad. La mujer guatemalteca también es ahora más activa en la vida política y pública en todos los niveles.

3.Guatemala reconoce la igualdad de todos los seres humanos en el artículo 4 de su Constitución. La institución de mayor rango en la esfera de las cuestiones relacionadas con la mujer es la Plataforma Estatal para la Mujer, integrada por representantes de las tres ramas del gobierno y encargada de guiar y orientar la aplicación de la política sobre la mujer. Sin embargo, en 2005 se estableció la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), y posteriormente la Oficina Coordinadora Interinstitucional para el Desarrollo Integral de las Mujeres Guatemaltecas, integrada por la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), el Foro Nacional de la Mujer y otras organizaciones.

4.La violencia contra la mujer es una cuestión que suscita gran preocupación en Guatemala. Se ha elaborado un Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (PLANOVI), que incluye elementos como investigación, análisis, estadísticas, programas de prevención de la violencia, asistencia para los supervivientes y creación de capacidad institucional pública.

5.Se han aprobado una serie de disposiciones jurídicas que contribuirán al adelanto de las niñas y mujeres; en particular, se ha elaborado una definición legal de la discriminación que la tipifica como delito, y la equidad de género está consagrada por ley. También existen leyes, recientemente promulgadas, que ofrecen protección contra la trata de personas y la explotación sexual de los jóvenes, y una ley que asegura el acceso de todos a los servicios de planificación de la familia. Sin embargo, a pesar de numerosas iniciativas, aún no se han aprobado las definiciones legales de violencia doméstica, violación, explotación sexual, trata de personas y turismo sexual.

6.Una de las disposiciones jurídicas que todavía está en vigor y que planteó muchas preguntas es la que figura en el artículo 200 del capítulo VII del Código Penal, que señala que toda persona acusada de delitos sexuales será absuelta si contrae matrimonio con la víctima, si ésta es mayor de 12 años. La Oficina del Defensor del Pueblo ha interpuesto un recurso contra dicho artículo, y su aplicación ha sido temporalmente suspendida por decisión del Tribunal Constitucional.

7.En un intento de identificar y modificar los estereotipos se inició un proyecto de reforma de la educación, se presentaron recomendaciones al Ministerio de Educación y se introdujeron cambios en los libros de texto escolares. Además, la Comisión Presidencial para Combatir la Discriminación y el Racismo (CODISRA), emprendió una campaña de concienciación contra la discriminación de género en la que utilizó carteles, material educativo y los medios de difusión.

8.En 2005 se aprobó una enmienda del Código Penal por la que se imponen penas más severas para el delito de trata de personas. También se llevaron a cabo campañas de concienciación en relación con la trata de seres humanos.

9.La participación de la mujer en la política ha aumentado; en 2003 el número de mujeres votantes fue el más elevado registrado hasta entonces. También ha aumentado el número de mujeres miembros del Congreso, aunque sólo hay una mujer indígena. Por primera vez en la historia del país, los cargos de presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la judicatura y el Colegio de Abogados son desempeñados por mujeres.

10.El Ministerio de Educación realiza actividades para aumentar la matrícula escolar de las niñas. La diferencia entre niños y niñas se ha reducido, aunque sigue siendo bastante apreciable, principalmente en las zonas indígenas. También se han incluido cursos relativos a cuestiones de género en los programas de estudios.

11.El Gobierno ha establecido instituciones que se encargan de investigar las acusaciones de desigualdad en el empleo y de violaciones de los derechos laborales y de las disposiciones en materia de seguridad social. El número de reclamaciones recibidas en 2005 fue bastante inferior al registrado en 2004. En algunas empresas, en las que constantemente se producían ese tipo de situaciones, se han formado sindicatos.

12.El Ministerio de Salud ha ampliado la cobertura de su programa de salud reproductiva en las zonas urbanas y rurales, para responder a emergencias obstétricas y prestar servicios de planificación familiar, entre otras actividades. Se ha impartido formación a parteras, como un reconocimiento de las tradiciones de la mujer indígena y rural.

13.El Estado está abocado a la aplicación del derecho de la mujer a la propiedad. Se han concedido préstamos a mujeres, destinados a la adquisición de tierras, y la mujer representa el 11 por ciento de los beneficiarios del crédito. El Gobierno también ha otorgado préstamos a mujeres para fomentar su participación en la vida comercial y la gestión empresarial.

14.Se han llevado a cabo actividades de armonización de la legislación nacional con los acuerdos internacionales. También se han propuesto enmiendas para reglamentar la igualdad en cuestiones familiares, como el matrimonio y la custodia de los hijos, pero esas propuestas aún no han sido examinadas por el Congreso. Existe una ley sobre el matrimonio y la familia que está actualmente bajo examen, pero no hace referencia alguna a una edad mínima legal para contraer matrimonio.

15.Órganos gubernamentales han emprendido campañas de concienciación pública acerca de la Convención, incluida la producción de un vídeo sobre la Convención que se ha distribuido en diversas partes del país y que forma parte de talleres que se organizan en el plano local. Jueces, fiscales, oficiales de la policía y defensores públicos han participado en programas de formación sobre la Convención.

16.Los principales retos a que hace frente Guatemala con respecto a la Convención son los de armonizar la legislación nacional con las normas internacionales, abordar de manera más directa el problema de la trata de seres humanos, ampliar la participación de la mujer en la vida pública y política en todos los niveles, mejorar la atención de la salud y la educación de niñas y mujeres, fortalecer el sistema nacional de evaluación de la aplicación de la Convención y de otros compromisos relacionados con los derechos de la mujer, y asegurar la participación de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil en el proceso de aplicación de la Convención.

Artículos 1 a 6

17.La Presidenta, haciendo uso de la palabra en su capacidad de experta, señala que, si bien Guatemala ha ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención y su Protocolo Facultativo, la legislación nacional todavía no está plenamente en conformidad con ellos. Se pregunta si el actual Gobierno tiene una clara comprensión conceptual de los problemas involucrados. Sería interesante saber si existe una estrategia para asegurar la coherencia entre las disposiciones legislativas nacionales y la Convención; se refiere, en particular, a la necesidad de reformas con respecto a la edad mínima para contraer matrimonio, a la manutención de los hijos tras un divorcio, y a la definición de los actos de violencia doméstica y acoso sexual. Exhorta a Guatemala a que, siguiendo el ejemplo de otros países latinoamericanos, apruebe cuanto antes una ley especial sobre la violencia doméstica y la violencia contra la mujer. También es necesario contar con legislación sobre cuotas para acelerar la igualdad de género de facto, de conformidad con el artículo 4. Otras cuestiones se relacionan con la condición jurídica y social de la mujer que trabaja en los sectores de la agricultura y la ganadería, el derecho de la mujer a la seguridad social, y la reforma de la ley electoral. Expresa inquietud con respecto al aparente desequilibrio entre las ramas ejecutiva, judicial y legislativa del gobierno y observa, en particular, una resistencia en el Congreso a efectuar cambios legislativos en apoyo de los derechos humanos de la mujer. Pregunta cómo se elaboró el sexto informe periódico del Estado parte y si se benefició de la participación de la judicatura, la rama ejecutiva y las ONG. El Comité también desea recibir información sobre el seguimiento que se dará a las cuestiones planteadas durante el constructivo diálogo mantenido, particularmente con respecto a la forma en que se presentarán y examinarán en el Congreso y en otras ramas del gobierno, así como en la sociedad guatemalteca. Hace hincapié en el carácter vinculante de la Convención y pregunta qué medidas se han adoptado para que los miembros de la judicatura conozcan mejor sus disposiciones.

18.La Sra. Dairiam dice tener entendido que, para que sea posible invocar la Convención ante los tribunales, tiene que estar aprobada por el Congreso nacional. Dado que supone que ése es el caso, le sorprende la falta de armonización. Pregunta si el Decreto del Congreso No. 57-2002, sobre la reforma del Código Penal, incorpora la definición de discriminación contra la mujer que figura en el artículo 1 de la Convención, y si esa discriminación incluye tanto sus formas directas como indirectas y su ejercicio por entidades privadas o personas físicas. También desea información sobre las medidas adoptadas para la aplicación del Decreto No. 81-2002 que promulga la Ley sobre la Promoción de la Educación contra la Discriminación. Pregunta si se ha reflejado dicha Ley en las orientaciones emitidas a los ministerios y si algún órgano está encargado de vigilar las medidas que adoptan los ministerios. Desea saber qué actividades ha emprendido la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, creada por Decreto No. 27-2003, particularmente en casos de abuso y descuido de niñas. Reconoce que la SEPREM libra una prolongada batalla y se pregunta si incluye planes relativos a alguna campaña orientada hacia las estructuras del gobierno, con el fin de estimularlas a asumir responsabilidad por la aplicación de la Convención.

19.La Sra. Saiga dice estar algo confundida por la profusión de oficinas y dependencias y el hecho de no poder determinar con certidumbre cuál es el órgano central. Señala que si bien la SEPREM tiene funciones de asesoramiento y coordinación, la propia coordinación de ese órgano parece estar a cargo del Consejo Consultivo Interinstitucional. Destaca la conveniencia de agilizar las funciones de los órganos consultivos y de coordinación en interés del Gobierno, el pueblo en general y el Comité. Agradecería recibir explicaciones acerca de la posición que ocupa la SEPREM en la estructura ministerial. Pregunta si la Sra. Núñez, como jefa de la SEPREM, tiene rango ministerial y asiste a las reuniones del Gabinete. También sería interesante saber a qué órganos presta asesoramiento la SEPREM y si publica un informe anual sobre la situación de la mujer en todas las esferas. Señala que el presupuesto de la SEPREM para el año en curso es mayor en un 50 por ciento tras la reducción del 20 por ciento que se efectuó el año anterior, y expresa la esperanza de que no se reducirá nuevamente.

20.La Sra. Núñez (Guatemala), reconoce que hay cierta incoherencia entre la legislación nacional y los instrumentos internacionales; por ello, se han realizado esfuerzos, que continuarán desplegándose, para alcanzar una plena armonización. Se necesita una estrategia para la adopción de las reformas, para lo cual es preciso contar con la cooperación del Congreso, y los conocimientos técnicos de las organizaciones de mujeres, en particular los que han adquirido en el proceso de rebatir la constitucionalidad de ciertas leyes. Con respecto a la cuestión de la violencia en la familia, dice que se ha elaborado un proyecto de ley que actualmente está en la fase de primera lectura; lamentablemente, sin embargo, no incluye el acoso sexual. También hay una propuesta, que todavía no ha sido aprobada, relativa a nuevas disposiciones sobre el trabajo agrícola. Reconoce que las tres ramas del gobierno no siempre están de acuerdo y hace hincapié en la necesidad de un mayor fortalecimiento de la judicatura. Se ha impartido capacitación a jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes, pero no siempre se abarcaron todos los aspectos. En relación con el sexto informe, dice que se completó en septiembre de 2003, antes de que entrara en funciones el nuevo gobierno, en marzo de 2004, con la participación de varios ministerios, la judicatura y movimientos de mujeres. Sin embargo, desconoce hasta qué punto fue una participación activa. Reconoce el carácter vinculante de la Convención: durante el año transcurrido, la Corte Suprema de Justicia, bajo la presidencia de una mujer, ha hecho una gran labor de concienciación entre la judicatura con respecto a los derechos de la mujer. Ahora, los casos de discriminación cometidos por particulares pueden denunciarse ante los tribunales, que el año anterior dictaron sentencia en relación con varios de esos casos. El seguimiento se asegura a través de mecanismos como CODISRA. Una serie de decisiones y sentencias judiciales reflejan los cambios que se están produciendo en la sociedad guatemalteca en beneficio de la mujer. Otro de los mecanismos institucionales de ley es el programa de la Secretaría de Bienestar Social destinado a proteger a las jóvenes contra la explotación sexual. La SEPREM recibe un apoyo cada vez mayor para sus actividades, como queda demostrado por la composición tan variada de los miembros de la delegación de Guatemala que asisten a la presente reunión; sin embargo, se necesita una cooperación más firme, no sólo con las organizaciones de mujeres sino también con los diferentes mecanismos del Estado. La SEPREM es, sin duda, la institución más importante en la esfera de las cuestiones de la mujer, y la propia oradora ha asistido a todas las reuniones del Gabinete de nivel ministerial. Se asegura, así, la coordinación de las actividades de promoción y desarrollo de las políticas de apoyo a la mujer en el nivel de gobierno más elevado. Es cierto que hay numerosos mecanismos, todos con distintos y muy concretos niveles de actividad, como la Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer Indígena, la Oficina Nacional de la Mujer y el Foro Nacional de la Mujer, que requieren una labor de coordinación para evitar la superposición, tanto de sus actividades como de sus propuestas para el adelanto de la mujer. El Consejo Consultivo de la SEPREM es parte integral de la SEPREM. El recorte presupuestario del presupuesto de la SEPREM se efectuó en 2004; en 2005 no se produjo ningún recorte. En realidad, en ese año pudo ejecutar el 98 por ciento de sus actividades sin ningún tipo de asistencia de parte de otros organismos gubernamentales y funcionó sin problemas con su nuevo presupuesto ampliado.

21.La Sra. Montenegro (Guatemala) dice que la Comisión de la Mujer del Congreso es un órgano que funciona con autonomía del Gobierno central. Sólo hay 14 mujeres en cargos públicos, pero con su nombramiento como Presidenta, la Comisión está dirigida por primera vez por una mujer. Aprovechando la oportunidad para hacer un esbozo de los logros alcanzados en la elaboración de legislación y de amplias reformas encaminadas a combatir todas las formas de violencia contra la mujer y la trata de personas, mejorar el acceso a la planificación de la familia y resolver cuestiones laborales, subraya la necesidad de una mayor voluntad política y un mayor nivel de inversiones.

22.La Sra. Aceña (Guatemala) dice que desde 2005 todos los programas de estudios escolares están adaptados para promover la responsabilidad cívica y los valores sociales, destacando la armonía racial, la equidad y el respeto de las diferencias étnicas y culturales. Con el apoyo de organizaciones alemanas, un grupo de organizaciones no gubernamentales ha iniciado un estudio para realizar una evaluación cuantitativa de los cambios de actitudes y elaborar normas que permitan evaluar el grado en que los nuevos programas de estudios han mejorado los conocimientos cívicos. También destaca el hecho de que el compromiso del Ministerio de Educación, que ella dirige, y que es el más grande dentro del gobierno central, se pone de manifiesto en la importancia que asigna a la sensibilización de su personal y la prioridad que asigna a la modificación de las actitudes de los funcionarios públicos con respecto a la discriminación racial o de género.

23.La Sra. Zapeta (Guatemala) dice que como Defensora Nacional de la Mujer Indígena, tiene a su cargo la Oficina de defensa de los derechos de las mujeres indígenas (DEMI), establecida de conformidad con el Acuerdo de Paz de 1999, por iniciativa de las mujeres indígenas. Sus funciones incluyen la promoción de la política pública en favor de los derechos de las mujeres indígenas y una labor de coordinación permanente con la SEPREM. Tiene también la obligación de promover la coexistencia cultural armoniosa. Además, presta atención y apoyo jurídico y social a las mujeres indígenas víctimas de violencia. En 2005 hubo 2.006 casos de violencia, con un 85 por ciento de violencia doméstica, seguidos en prevalencia por agresiones de carácter sexual y violencia relacionada con discriminación étnica y litigios por cuestiones de tierras.

24.Se ha elaborado un proyecto de ley, que está en espera de aprobación, para asegurar condiciones decentes para las mujeres indígenas que trabajan como empleadas domésticas. La promulgación del Decreto No. 57-2002 del Congreso de la República representó un importante paso adelante. Se establece allí una definición del delito de discriminación, incluida la discriminación de género. Ya se han dictado dos sentencias con arreglo a ese decreto, y se han entablado varias acciones judiciales contra entidades privadas.

25.Complace a la oradora mencionar que el presupuesto para su Oficina aumentó en un 131 por ciento en 2006, en comparación con el año anterior. El aumento de recursos facilitó la contratación de un mayor número de profesionales altamente calificados y contribuyó a la eficacia de las actividades de la Oficina.

26.La Sra. Simms señala que, aparte de casos simbólicos, la aplicación de medidas especiales ha sido más bien limitada en Guatemala. La adopción de ese tipo de medidas es un compromiso en el marco de la Convención, y como tal, el Gobierno es responsable de su aplicación. Las mujeres de todos los grupos deben disfrutar de los beneficios de las medidas especiales y, sobre todo, la mujer indígena debe ser objeto de medidas concretas por constituir un grupo particularmente vulnerable a las prácticas discriminatorias.

27.El hecho de que la mujer de Guatemala tenga que luchar muy duro para acceder a cargos de influencia hace que sea tanto más urgente prestar atención a la aplicación de medidas especiales. Cuestiones tales como el racismo deben enfrentarse de manera abierta y honesta para erradicar la visión paternalista de las diferencias indígenas y étnicas. A la vez que exhorta al Gobierno de Guatemala a aplicar medidas con objetivos más precisos, pregunta si se han dictado sentencias de envío a prisión por delitos manifiestamente racistas.

28.Refiriéndose a la cuestión de la trata de mujeres y de la explotación de mujeres con fines de prostitución, tema del artículo 6 de la Convención, pregunta si Guatemala cuenta con una base de datos para vigilar el grado de trata de mujeres con fines de explotación en el país, incluida su contratación para trabajos domésticos en condiciones nada favorables. También desea saber si se han tomado medidas en relación con los hombres que se dedican a la trata de mujeres y niños en el país.

29.La Sra. Coker-Appiah se refiere en términos elogiosos a las actividades que se realizan en Guatemala para eliminar las funciones y los estereotipos sexistas, como se indica en los párrafos 82 a 86 del sexto informe periódico, y pregunta qué resultados se han obtenido en esa esfera. Tiene particular interés en la distribución de material educativo impreso encaminado a influir en la forma en que se perciben las funciones del hombre y la mujer, y los medios por los cuales se asegura la disponibilidad adecuada de esos materiales.

30.La violencia contra la mujer y las tasas de asesinatos han alcanzado proporciones alarmantes, pero es evidente que los oficiales encargados de hacer cumplir las leyes no disponen de los medios para realizar una eficaz labor de investigación de esos delitos y poner a los culpables a disposición de la justicia. El Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y, en ese sentido, pide a la delegación que presente al Comité estadísticas sobre el número de asesinatos que se han investigado plenamente y las sentencias dictadas, y que explique qué medidas se han establecido para asegurar que las familias de las víctimas tengan acceso al sistema de justicia. Además, desea saber qué forma de protección se ofrece a las familias de las víctimas y los testigos principales, y qué procedimientos se han adoptado para identificar a los representantes de organismos del Estado vinculados a grupos criminales organizados, y formular las correspondientes acusaciones. Agradecería recibir más información sobre los asesinatos, desglosada por edad de las víctimas y etnicidad, y señalando si los crímenes se cometieron en zonas rurales o urbanas. El aumento de las consignaciones presupuestarias para las actividades de aplicación de la ley es una tendencia digna de elogio, y la oradora exhorta al Gobierno a mantener esos recursos en un nivel elevado.

31.La Sra. Arocha Domínguez señala que el Gobierno de Guatemala ha reconocido la existencia de limitaciones en la influencia de la mujer y su capacidad para alcanzar la igualdad de oportunidades. Desea saber qué medidas y actividades especiales se han elaborado para combatir la persistencia de estereotipos, especialmente dado el hecho de que Guatemala tiene una población numerosa de mujeres que no saben leer ni hablar español y que, por lo tanto, no tienen acceso a los medios de comunicación, ni contacto con ellos.

32.La oradora expresa inquietud por la elevada tasa de asesinato de mujeres, y pregunta qué medidas inmediatas se han establecido para frenar la incidencia de esos crímenes. También le interesa recibir más información sobre la Comisión para el Abordaje del Femicidio establecida par ocuparse de dicha cuestión, y pide a la delegación que proporcione información específica sobre los recursos a disposición de dicha Comisión para el cumplimiento de su mandato y su programa de trabajo.

33.La Sra. Núñez (Guatemala) reconoce que hay mucho margen para la adopción de medidas especiales adicionales en Guatemala. La recientemente iniciada campaña contra la discriminación y el racismo es un decidido paso hacia el reconocimiento oficial de un inmenso problema. Confía en que, si bien los resultados aún no son aparentes, su Gobierno avanza por el camino correcto para hacer frente a los desafíos a través de la adopción de legislación adecuada, la creación de mecanismos institucionales para asegurar el seguimiento y el reconocimiento de la importancia de incluir a la población indígena en el proyecto de nación de Guatemala. Los personas indígenas deben tener la oportunidad de ocupar cargos directivos en la rama del poder ejecutivo.

34.El Comité no debe interpretar la relativa falta de información sobre la violencia contra la mujer en el informe como una señal de que el Gobierno no toma ese problema con la debida seriedad. Por el contrario, 14 hombres fueron condenados por femicidio y enviados a prisión en 2006, pero la capacidad de investigación del Estado es muy limitada y se han encontrado problemas en relación con la impunidad y la falta de pruebas convincentes. Para superar esas dificultades será necesario fortalecer la cooperación entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. También se están realizando actividades para armonizar los medios de registro de información estadística que utilizan los distintos organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes.

35.Durante los últimos cinco años se han producido alrededor de 2.170 asesinatos de mujeres en Guatemala y, de conformidad con las estadísticas disponibles, las mujeres de 14 a 35 años y las que viven en Ciudad de Guatemala, Izabal y Escuintla, donde hay un alto índice de delincuencia organizada y tráfico de estupefacientes, son las que mayor peligro corren. La Comisión para el Abordaje del Femicidio, integrada por representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, está estableciendo perfiles de víctimas e identificando tendencias. También está procurando determinar todo vacío de información para asegurar que el Estado aborde el problema de manera sistemática y coordinada. Con respecto a las medidas de protección, la Fiscalía General ha dado numerosos pasos para ofrecer protección a las víctimas de la violencia, pero el sistema jurídico de Guatemala no dispone de los medios necesarios para establecer programas adecuados de protección de testigos.

36.Al haberse creado la Comisión para el Abordaje del Femicidio con carácter temporal, no se la ha asignado un presupuesto específico. Sin embargo, las instituciones que participan en su trabajo han aportado recursos financieros y humanos. La Comisión debe completar su estrategia y plan de acción a fines de 2006 y ya ha establecido varios grupos de trabajo.

37.La Sra. Altolaguirre (Guatemala)dice quela lucha contra la trata de personas es una prioridad del actual gobierno. Por ese motivo se enmendó el artículo 194 del Código Penal de modo que incluyera la trata de personas, y el Gobierno ratificó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Se ha establecido un Grupo Interinstitucional de Cooperación contra la Trata de Personas, que se ocupa de ese problema de manera amplia y, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales, ha elaborado un proyecto de ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que prevé la prevención de esas actividades y la protección de las víctimas.

38.También se realizan actividades para armonizar la legislación nacional con las normas internacionales pertinentes, y la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público han establecido dependencias de lucha contra la trata de personas, que se ocupan de investigar esos casos y procesar a los responsables. Se hace considerable hincapié en las actividades de formación y concienciación, particularmente porque Guatemala es un país de tránsito de migrantes, que son especialmente vulnerables a la explotación sexual y comercial. El Gobierno coopera con México, El Salvador y Honduras para elaborar estrategias conjuntas de lucha contra la trata de personas.

39.Refiriéndose a la cuestión del femicidio, la oradora dice que se trata de un fenómeno regional en América Central, donde las actitudes misóginas van en aumento y la mujer se considera cada vez más como ciudadana de segunda clase. Aunque la Oficina Nacional de Coordinación para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer (CONAPREVI), está haciendo todo lo que está a su alcance para combatir todas las formas de violencia contra la mujer, encuentra dificultades relacionadas con la impunidad. Los órganos judiciales de Guatemala se han debilitado y fragmentado durante 34 años de guerra, y aunque se están realizando esfuerzos para fortalecer el sistema judicial del país, los recursos financieros son escasos.

40.La Sra. Aceña (Guatemala)dice queen 2003 se creó el Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural. Actualmente hay entre 10.000 y 85.000 maestros bilingües indígenas en Guatemala, y la educación bilingüe, que abarca las 4 principales lenguas indígenas, se imparte ya en los grados 1 a 3. Se está elaborando un programa de estudios para los grados 4 a 6. Aunque en 2003 se distribuyeron nuevos libros de texto en todo el país, ha sido difícil asegurar que todos los maestros los utilicen. Sin embargo, las cifras de utilización de esos libros aumentaron del 20 por ciento en 2004 al 40 por ciento en 2005. Los maestros necesitan tiempo para familiarizarse con los nuevos elementos del programa de estudios y podrían requerir capacitación adicional.

41.Las tasas de analfabetismo son muy altas entre las mujeres indígenas de las zonas rurales, mayores de 40 años. Sin embargo, el Gobierno ha establecido programas de alfabetización orientados específicamente hacia esas mujeres y está utilizando programas de radio para difundir información pertinente. Además, la SEPREM ha lanzado un proyecto titulado “Creciendo bien”, destinado a mejorar la autoestima de la mujer y promover su autonomía.

42.La Sra. Zapeta (Guatemala), respondiendo a los puntos planteados por la Sra. Simms, se refiere a tres casos recientes en los cuales los tribunales dictaminaron a favor de personas que habían presentado reclamaciones contra restaurantes y empresas privadas. Aunque en ninguno de los casos se envió a prisión a los perpetradores, son altamente simbólicos en Guatemala porque demuestran que la discriminación contra la población indígena es inaceptable.

43.En términos de la acción afirmativa, se han adoptado una serie de medidas para facilitar la participación de la población indígena en la adopción de decisiones. Además, el Estado ha dado inicio a una política nacional encaminada a poner fin a la discriminación contra la mujer, y se ha iniciado también un estudio para determinar el efecto económico de ese tipo de discriminación en el plano nacional.

44.La Sra. Shin pregunta si la cuestión del femicidio se examina periódicamente en el Consejo de Ministros y si el Presidente de Guatemala ha anunciado públicamente su decisión de erradicar ese mal.

45.El Sr. Flinterman dice que el poder judicial podría desempeñar una función vital en los esfuerzos para proteger los derechos humanos. El Estado parte debe indicar, por lo tanto, si los seminarios de formación sobre derechos de la mujer, dirigidos a jueces y fiscales, se centran simplemente en la legislación nacional, o si abarcan también las normas internacionales pertinentes. Desea también saber si los jueces pueden ahora interpretar y aplicar las disposiciones de la Convención directamente, ya que los procedimientos previstos en el Protocolo Facultativo se basan en esa premisa.

46.La Sra. Gaspard señala que el informe no aborda todas las anteriores recomendaciones del Comité. Le preocupa particularmente el hecho de que el Estado parte haya interpretado erróneamente las disposiciones del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y, al respecto, señala atención a la recomendación general 25.

47.La Sra. Šimonović pregunta si se ha incorporado la Convención en el ordenamiento jurídico de Guatemala y, en caso afirmativo, si es directamente aplicable. En ese sentido, tiene particular interés en saber si se ha invocado la Convención como base para la derogación del artículo 200 del Código Penal.

48.La oradora recuerda que con arreglo al artículo 8 del Protocolo Facultativo, el Comité realizó una investigación de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México. Las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité en esa ocasión pueden ser de interés para el Gobierno de Guatemala.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.