23° período de sesiones
Acta resumida de la 478ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 21 de junio de 2000 a las 10.30 horas
Presidenta:Sra. González
más tarde:Sra. Schöpp-Schilling (Vicepresidenta)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informe inicial de Moldova
Se declara abierta la sesión a las 11.10 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informe inicial de Moldova (CEDAW/C/MDA/1)
Por invitación de la Presidenta, la delegación de Mo l dova toma asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Apostol (Moldova) presenta el informe inicial de Moldova (CEDAW/C/MDA/1) y dice que en los últimos años su país experimentó considerables cambios de índole económica, política y social al avanzar hacia el establecimiento de una sociedad democrática. Esos cambios tuvieron muchos efectivos positivos, particularmente con respecto a asegurar la igualdad de derechos para la mujer. Aun cuando la legislación vigente reconoce el principio de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los sectores de actividad, no existen leyes adecuadas que establezcan mecanismos de seguimiento y vigilancia de los cambios y adelantos en la condición de la mujer. El Parlamento ya ha aprobado en primera lectura nuevos códigos, laboral y de la familia, con el propósito concreto de abordar aquellas deficiencias.
Al respecto, el club de mujeres parlamentarias, junto con el Estado y varias organizaciones no gubernamentales, contribuye a las actividades para ajustar esos proyectos de ley a las disposiciones de la Convención. Pero lamentablemente, la inestable situación política y económica de su país ha obstaculizado la pronta aprobación de las medidas previstas en la Plataforma de Acción de Beijing. A fin de impulsar ese proceso, por Decreto No. 39 el Gobierno aprobó un plan prioritario de acción encaminado a mejorar la condición de la mujer y su papel en la sociedad. Entre los objetivos figuran el desarrollo de un mecanismo de coordinación institucional para vigilar la condición de la mujer en la sociedad, proteger la salud femenina y prevenir la violencia contra la mujer.
Las organizaciones no gubernamentales de mujeres cooperan cada vez más con entidades estatales en la formulación y aplicación de programas que aseguren los derechos de la mujer, mejoren sus condiciones de vida y promuevan su participación en la sociedad. Hay actualmente 38 organizaciones no gubernamentales de mujeres a nivel nacional y 83 a nivel local. Moldova recibió asistencia de varias organizaciones internacionales, incluidos organismos de las Naciones Unidas, en sus actividades de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En marzo de 1997 se creó en el Ministerio de Trabajo y Protección Social y de la Familia, un Departamento de Políticas Sociales e Igualdad de Oportunidades, cuya tarea principal es formular y promover políticas en pro de la familia y mejorar la condición de la mujer.
En 1999, se estableció en la Oficina del Presidente una comisión consultiva encargada de las necesidades concretas de las mujeres y las familias. Su propósito es mantener informado al Presidente acerca de los problemas de la mujer en toda la sociedad y coordinar las acciones encaminadas a abordar esos problemas. Ese mismo año, se estableció dentro del Gobierno un comité sobre cuestiones de la mujer, encargado de redactar disposiciones estratégicas y de organización para llevar a la práctica las políticas estatales sobre el adelanto de la mujer. En departamentos ministeriales, entidades públicas, el Consejo de la Federación General de Sindicatos y el Consejo de la Confederación Nacional de Empleadores se establecieron coordinadores de asuntos de género encargados de monitorear y coordinar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades. También se establecieron comisiones locales sobre cuestiones de la mujer a nivel de distrito y municipal.
Aun cuando se lograron algunos adelantos al respecto, no se ha alcanzado todavía una cabal igualdad entre hombres y mujeres. Lamentablemente, el enfoque integral de la igualdad de género resultó afectado por las dificultades con que se tropieza para establecer en Moldova una economía de mercado moderna. Sólo se lograron parcialmente las metas de aumentar la producción y promover las reformas económicas. Los pocos atisbos de esperanza, entre ellos el aumento de los índices de precios al consumidor, sumado a los aumentos mensuales en el sueldo medio de los trabajadores, han quedado contrarrestados por las altas tasas de desempleo y la pobreza generalizada, las cuales han obstaculizado las actividades empresariales y conducido a emigraciones masivas, particularmente de mujeres, a otras partes del mundo. Esa situación, a su vez, acrecentó pronunciadamente los casos de trata de seres humanos. Para combatir ese flagelo, el Gobierno estableció un grupo permanente de trabajo integrado por representantes de diversos ministerios, miembros del Parlamento y organizaciones no gubernamentales, encargados de emprender una campaña para crear conciencia. Además, solicitó la ayuda de organismos internacionales encargados del cumplimiento de la ley, entre ellos Interpol, para vigilar la colocación de trabajadores extranjeros.
Además, el Gobierno comenzó a realizar redadas especiales de sorpresa para detectar a los proxenetas y las prostitutas. Se agregaron al Código Penal dos nuevos artículos relativos a la prostitución forzada y el proxenetismo. Actualmente, se está preparando un proyecto de ley sobre la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación de prostitutas. Al respecto, es importante la participación de las organizaciones no gubernamentales y la alianza con éstas. En 1999 se realizó una serie de actividades para combatir ese flagelo, inclusive un seminario sobre el fenómeno de la trata de seres humanos dentro del marco de la legislación nacional e internacional, organizado por la oficina en Moldova del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en colaboración con el Centro de Derechos Humanos de Moldova y el Consejo Nacional de la Mujer de Moldova. El Ministerio de Trabajo y Protección Social y de la Familia organizó otro seminario sobre la trata de seres humanos y la prostitución forzada, al que asistieron representantes del Consejo de Europa. La realidad demostró que es necesario coordinar a nivel nacional e internacional las políticas sociales encaminadas a combatir las redes de tratantes de seres humanos.
En lo concerniente a las políticas, aunque por ley las mujeres y los hombres pueden participar en condiciones de igualdad en la vida política, no se ha logrado una auténtica igualdad. Si bien las mujeres participan activamente en la política a muchos niveles, con frecuencia no se las asciende hasta puestos ejecutivos y, por consiguiente, no tienen mucha influencia en cuanto a conformar las políticas o las leyes de los partidos en general y del Estado en particular. Lamentablemente, la enmienda al artículo 7 de la ley sobre partidos políticos y otras organizaciones sociales y políticas, introducida con el propósito de velar por la igualdad, no ha sido reforzada por otras políticas para asegurar su puesta en práctica.
Por otra parte, a nivel local hay en vigor políticas de promoción de las cuestiones relativas a la mujer y la igualdad. Además, también se lograron algunos adelantos con respecto al ascenso de la mujer a altos puestos del Gobierno: una Primera Ministra Adjunta, una ministra, cinco ministras adjuntas, dos directoras de departamentos y una directora adjunta son mujeres. También hay cinco mujeres en las misiones diplomáticas de Moldova y una mujer ocupa el cargo de prefecto.
En lo concerniente al acceso a la educación, en el año lectivo 1998-1999 las mujeres constituían un 55% de los estudiantes matriculados en instituciones de educación superior y 58% a nivel secundario. El Ministro de Educación y Ciencias introdujo currículos para combatir los estereotipos en todos los niveles educacionales. El papel de la mujer depende en gran medida de la situación económica del país. Se están adoptando enérgicas medidas para mejorar el inestable ámbito económico en Moldova. Varias políticas garantizan los derechos económicos. Por ejemplo, el artículo 140 del Código Penal estipula la responsabilidad penal de despedir a mujeres embarazadas o que amamantan y de negarse a contratar a mujeres. No se permite discriminación al fijar los salarios, los cuales dependen de las perspectivas financieras del empleador y no del género del trabajador.
Los profundos cambios introducidos en el ámbito laboral durante el período de transición hacia una economía de mercado, la reestructuración de las empresas y los efectos de tal reestructuración sobre la demanda de nuevas aptitudes y calificaciones, tienen efectos de gran magnitud sobre el mercado laboral de Moldova y condujeron a una constante reducción de las nuevas contrataciones y al aumento del desempleo. Al respecto, las mujeres resultaron gravemente afectadas. La legislación encaminada a proteger a los desempleados, especialmente mujeres, no contiene restricciones discriminatorias; por el contrario, prevé algunos servicios sociales adicionales para personas que perdieron sus empleos.
A fin de satisfacer las cambiantes necesidades del mercado laboral, en 1999 el servicio de empleo del Estado, en cooperación con más de 60 instituciones educacionales, proporcionó capacitación en 75 especialidades diferentes a los desempleados; las mujeres constituían el 66,3% de los matriculados en esos cursos. Además, el Gobierno emitió una orden de aliento a la creación de empleos, en particular para las personas más vulnerables entre los desempleados, inclusive las mujeres y los jóvenes. No obstante, las tres cuartas partes de los empleos de personal no capacitado son cubiertos por mujeres y si bien los niveles educaciones de éstas son similares a los de los hombres, sus sueldos son sólo 70% a 80% de los sueldos de los hombres. Debido a las actitudes tradicionales con respecto a las tareas domésticas, las mujeres también trabajan de cuatro a ocho horas diarias en el hogar.
Las circunstancias son aun peores en zonas rurales, donde la difícil situación social queda exacerbada por la falta de información y apoyo por parte de las autoridades locales. La carga de la crianza de los hijos es un obstáculo adicional que afecta las iniciativas empresariales de las mujeres. La situación está mejorando lentamente, y en 1999 un 5% de las empresas estaban dirigidas por mujeres, en su mayoría en pequeña escala o microempresas.
Lamentablemente, muchas presuntas medidas “progresistas”, en los hechos confirmaron la división tradicional del trabajo entre hombres y mujeres. Los derechos especiales otorgados a las mujeres tienden a utilizarse para justificar que se conserve su papel tradicional en la sociedad y suelen servir de excusa para no contratar a mujeres. En consecuencia, el Gobierno se propone modificar el Código Laboral a fin de otorgar a los padres las mismas prestaciones que a las madres y preparó un proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de inspección laboral que aseguraría la igualdad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo y complementaría las actividades de varias organizaciones no gubernamentales que tratan de defender los derechos civiles y económicos de la mujer, incluido el derecho a dirigir empresas.
Aun cuando, en principio, todos los ciudadanos tienen igual acceso a los servicios médicos, inclusive al menos un nivel mínimo de atención para las embarazadas y los niños, el difícil clima económico dificulta la provisión de servicios médicos, incluso mínimos. La transición hacia una economía de mercado redundó en que la atención médica de mujeres en edad de procrear y embarazadas ha sido aún más fortuita, especialmente en zonas rurales, donde las mujeres, inclusive las embarazadas, siguen trabajando en ámbitos insalubres. Las mujeres en general, y las embarazadas y mujeres que amamantan en particular, padecen de malnutrición y va en aumento el número de embarazadas anémicas, lo que redunda en que 400 de cada 1.000 recién nacidos padezcan algún tipo de enfermedad. Por consiguiente, el Gobierno formuló programas para proporcionar atención perinatal, estudiar genética médica y mejorar la dieta de los niños. Se establecerán centros de atención perinatal en cada distrito, a fin de mejorar la atención médica de las embarazadas y los recién nacidos.
Se están adoptando medidas para mejorar la atención médica básica en zonas rurales, inclusive los servicios de planificación de la familia, que no existen en esas zonas. Los médicos rurales reciben capacitación especial en planificación de la familia, de modo que las campesinas tengan acceso a esa información. El Gobierno estudia actualmente un proyecto de ley sobre salud reproductiva y planificación de la familia que garantizaría el derecho de la mujer a una opción al respecto bien fundamentada, sin riesgo y en condiciones confidenciales.
Con frecuencia, la salud psicológica y física de la mujer resulta afectada por la violencia doméstica que, aun cuando es pasible de sanciones en virtud de la Constitución, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, está cada vez más exacerbada por los problemas socioeconómicos, además del alcoholismo, los trastornos psicológicos, el estrés y los niveles generalmente bajos de cultura y educación. Lamentablemente, es difícil obtener un panorama fidedigno de la situación, dado que se tiende a que sólo los casos más graves se planteen ante las autoridades, y a que los casos menos graves se consideren simples querellas familiares. Además, una víctima que desee presentar una denuncia tiene que seguir un complicado procedimiento. Actualmente, el Parlamento está debatiendo proyectos de ley relativos al Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y el Código de Delitos Administrativos, en los que se configuraría como delito la violencia doméstica, que sería pasible de castigos más severos. Además, se agregó un nuevo capítulo al Código de Procedimientos Penales. que establece nuevas normas para la defensa en casos de violencia doméstica.
Las prestaciones familiares son un importante componente del sistema de protección social, pues tienen el propósito de reducir la pobreza y eliminar la marginación. Se acuerdan prestaciones por el mero hecho de tener hijos y para la crianza de los niños hasta los 16 años, a las madres solteras, a las familias con varios hijos, que también reciben asistencia alimentaria, a los menores a quienes no mantienen sus progenitores y a padres y madres adoptivos y tutores. Lamentablemente, las sumas aportadas sólo pueden calificarse de simbólicas cuando se las compara con las necesidades reales de la población. Actualmente se está formulando un proyecto de estrategia para la protección de la familia y el niño, que podría reformar tanto el marco legislativo como la infraestructura institucional al respecto.
Es especialmente inquietante la situación de las mujeres en zonas rurales, donde las condiciones se agravan por la falta de información o apoyo por parte de las autoridades locales. Al respecto, se está formulando un proyecto de estrategia para políticas agrícolas en el lapso 2000-2002, que garantizaría la satisfacción de sus necesidades físicas, de su salud reproductiva y su derecho a la educación y la asistencia social y promovería la comunicación entre las mujeres y su solidaridad sociocultural y espiritual.
La cambiante naturaleza de las relaciones en la sociedad, así como dentro de la familia, requiere reformas legislativas que tomen en cuenta las nuevas realidades y las normas internacionales. Por consiguiente, se preparó un nuevo Código de la Familia, sobre la base del Código del Matrimonio y de la Familia y otras leyes en esa esfera. El nuevo Código prevé la creación de una nueva institución, el contrato de matrimonio relativo a los bienes de la pareja, el cual proporcionaría un marco jurídico para las relaciones entre los cónyuges y con otros miembros de la familia.
Aun cuando la legislación existente garantiza la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en casi todas las esferas, las mujeres suelen no tener conciencia de sus derechos o, debido a sus menores niveles de ingresos, no pueden hacer valer plenamente estos derechos. Además, no se prohíbe ni castiga expresamente la discriminación. Dado que el marco jurídico actual no garantiza la plena protección de los derechos de la mujer, el Gobierno tomó conciencia de que debe incorporar las normas internacionales en la legislación nacional y aprobar una ley que garantice la igualdad de oportunidades y de trato. La República de Moldova tiene un sincero deseo de abordar la difícil tarea de mejorar la situación de la mujer, dentro del marco de la legislación nacional sobre derechos humanos. Otra prueba de su compromiso en pro de los derechos de la mujer es que el Gobierno se propone ratificar dentro de poco el Protocolo Opcional de la Convención.
La Sra. Schöpp-Schilling (Vicepresidenta) ocupa la Presidencia.
La Sra. Corti agradece a la delegación su franco y detallado informe. Señala que se han logrado alentadores progresos, pero está algo preocupada porque muchas medidas parecerían estar “en la etapa de formulación” y destaca la urgente necesidad de que el Gobierno ponga en práctica medidas concretas para que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde por derecho propio en la sociedad. Pese a sus obligaciones domésticas y a sus remuneraciones relativamente bajas, las mujeres son un recurso extraordinario que, de ser potenciado plenamente, podría contribuir en gran medida a superar los obstáculos de la pobreza y el deficiente clima económico.
Además de crear un marco jurídico para la protección de los derechos de la mujer, es preciso adoptar medidas para cambiar las actitudes en una sociedad que sigue siendo sumamente patriarcal. Dado que los niveles educacionales de las mujeres, especialmente las jóvenes, son en general buenos, es preciso seguir esforzándose por proporcionarles la oportunidad de educarse a sí mismas, de manera que puedan participar plenamente en la sociedad, contribuir al bienestar económico del país y lograr el cabal disfrute de sus derechos humanos fundamentales.
Es preciso analizar más a fondo las razones del bajo nivel de participación política de la mujer. En la experiencia de la oradora, cuando las mujeres están insuficientemente representadas en puestos ejecutivos, es difícil el avance hacia su potenciación. La reforma constitucional debe incluir una definición de discriminación, que podría ampliarse ulteriormente por conducto de la legislación. Sería sumamente importante establecer alguna forma de legislación sobre igualdad de oportunidades para poner en práctica esa definición. Por último, a juicio de la oradora no hay una clara estrategia ni un plan de acción para una política gubernamental en beneficio de la mujer y espera que el próximo informe demuestre adelantos al respecto.
La Sra. Khan dice que durante su reciente visita a Moldova se percató de que, pese a las difíciles condiciones económicas, hay una firme voluntad política de mejorar la condición de la mujer y un sentido de urgencia y compromiso en pro de esa tarea. La Constitución prohíbe la discriminación y protege los derechos humanos de la mujer, pero hay una gran distancia entre la existencia de esos derechos de jure y su vigencia de facto.
No existe una garantía de no discriminación y tampoco una definición jurídica de discriminación, aun cuando el artículo 2 de la Convención obliga a los Estados partes a garantizar la igualdad en las esferas pública, privada y doméstica. En el informe se reconoce francamente la discriminación generalizada contra la mujer en el empleo y las políticas, además de una creciente tendencia hacia la violencia. Tampoco queda claro el mecanismo de aplicación de las leyes existentes. Se mencionó la inestabilidad política como factor que afecta la puesta en práctica de la Convención, pero los frecuentes cambios en el gobierno no deberían afectar la manera en que se aplican las leyes existentes.
Preocupa a la oradora que el amplio mandato del Ministerio de Trabajo, Protección Social y de la Familia le impida prestar la debida la atención a las necesidades concretas de la mujer. Es preciso que haya un mecanismo nacional más focalizado, que se encargue de las cuestiones de interés concreto de la mujer, el cual debería estar debidamente dotado de personal y financiado. Si se incorporaran las cuestiones de género en las actividades principales y se fortaleciera la coordinación, así se contribuiría a perfeccionar los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer. Otra esfera de preocupación es la pobreza, pues un 80% de la población vive por debajo del límite de pobreza. La oradora pregunta si hay programas centrados en la mitigación de la pobreza y en qué estado está actualmente el proyecto de ley sobre mitigación de la pobreza.
La Sra. Acar dice que durante su visita a Moldova le impresionó el nivel de compromiso del Gobierno y de las organizaciones no gubernamentales en pro de mejorar la condición de la mujer. No obstante, la desalentó ver a las mujeres bien educadas, sumamente capacitadas y dedicadas que encontró en Moldova, tan sobrecargadas por su doble responsabilidad en el trabajo y en el hogar. Esa injusta situación merece que la comunidad internacional, el Gobierno y la sociedad civil le presten atención.
El requisito indispensable para avanzar es el cambio en las mentalidades, pues debería considerarse a las mujeres no sólo como madres y en sus funciones domésticas, sino también como individuos; no como víctimas de las circunstancias, sino como agentes activos de su propio destino. El Gobierno debe cobrar conciencia de que la discriminación es tanto directa como indirecta, a fin de poder abordar sus causas profundas, en lugar de limitarse a los síntomas. No debe permitirse que las deficientes condiciones económicas afecten a las mujeres más severamente que a los hombres y si se lograra una nueva mentalidad, esto proporcionaría el impulso para modificar la legislación, promulgar nuevas leyes y enmendar las existentes, según sea necesario.
La oradora pregunta qué relación hay entre las organizaciones no gubernamentales y el Estado y en qué medida estos grupos han cooperado para promover la aplicación de la Convención. Por último, el Estado parte debería indicar en qué medida las organizaciones no gubernamentales participaron en los preparativos del informe.
La Presidenta , hablando a título personal, dice que dado que el informe inicial de Moldova se presentó con demora, sería conveniente combinar los informes periódicos segundo y tercero, y señala a la atención las directrices del Comité sobre los requisitos para preparar informes. Le complace saber que ha comenzado el proceso de ratificación del Protocolo Opcional de la Convención y sugiere que Moldova también aproveche la oportunidad para ratificar la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención.
Preocupa mucho a la oradora la alta tasa de desempleo de la mujer, que requiere medidas especiales para subsanar esa situación. Es necesario que se aporten mayores detalles sobre el Plan de Acción Nacional, inclusive proyectos concretos, metas y plazos para su puesta en práctica. Dado que el Plan fue formulado en 1998, desearía saber si hasta ahora se han logrado resultados y cuáles han sido sus efectos. En el informe siguiente debería figurar más información sobre la situación de las ancianas, que a menudo carecen de ingresos o de acceso a los servicios. Ese problema queda agravado aún más por el hecho de que la cantidad de ancianas es muy superior a la de hombres ancianos.
La Sra. Manalo , con respecto al artículo 2 de la Convención, dice que en el informe inicial se reconoce la necesidad de enmendar la legislación sobre la mujer, cuyas disposiciones no reconocen que la mujer es una persona con derecho al disfrute de los derechos humanos. Dado que en el informe no figura una estrategia completa o integrada para llevar a cabo la necesaria reforma legislativa, pregunta qué planes tiene el Gobierno a esos efectos y también qué disposiciones de la Convención se están aplicando en yuxtaposición con las leyes que son claramente perjudiciales para los intereses de las mujeres de Moldova. ¿Se han establecido plazos para realizar la reforma legislativa? La oradora reitera lo planteado por la Sra. Acar sobre la necesidad de cambiar las mentalidades, dado que la actitud reinante en el público determinará el éxito de esa reforma. Al respecto, la oradora pregunta si se cuenta con un mecanismo para alentar las consultas con la sociedad civil.
La Sra. Goonasekere dice que el informe transmite una impresión acerca de las profundas dificultades económicas y sociales con que se tropieza en la transición hacia una economía de mercado. Encomia las acciones del Gobierno de Moldova para enfrentar los problemas y lo elogia por ratificar el Protocolo Opcional de la Convención.
Con respecto a las disposiciones constitucionales sobre igualdad y valores familiares, pide aclaración sobre una aparente contradicción en el párrafo 39 del informe inicial, que sugiere que las mujeres necesitan el consentimiento de sus esposos cuando se presentan ante los tribunales para plantear cuestiones de interés común, como la propiedad de bienes. En esos casos, ¿necesitan los hombres el consentimiento de sus cónyuges? De manera similar, dado el aumento en la tasa de ilegitimidad, la oradora pregunta de qué manera se protegen los intereses de las mujeres y los niños y cuál es la situación jurídica de los miembros de la unidad familiar. Le interesa saber de qué recursos disponen las mujeres ante los órganos legislativos a fin de asegurar la vigencia de sus derechos constitucionales.
La oradora señala que, pese a las disposiciones de la Constitución y a otras disposiciones normativas, durante el período de transición económica se ha redoblado la carga que pesa sobre las mujeres. Invita a la delegación a formular observaciones sobre las expectativas a que están sometidas las mujeres que, en su opinión, refuerzan el estereotipo sexual del papel de la mujer en la sociedad. Pregunta qué actividades emprendió el Gobierno para alentar a los hombres a hacerse cargo de una porción más equitativa de la carga y las responsabilidades.
La Sra. Cartwright hace suyas las opiniones expresadas por anteriores oradoras y destaca la importancia simbólica de las disposiciones constitucionales para la protección contra la discriminación, así como de establecer mecanismos para que las mujeres hagan valer sus derechos.
La Sra. Myakayaka-Manzini se refiere a las medidas transitorias especiales para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres con arreglo al artículo 4 de la Convención y destaca la necesidad de una mayor integración de las mujeres en la vida educacional, económica y política de Moldova. Desea saber si el plan gubernamental incluye políticas para subsanar la baja representación de las mujeres en el Parlamento y en los puestos ejecutivos.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.