24° período de sesiones
Acta resumida de la 505ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 29 de enero de 2001, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. Abaka
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto combinados de Mongolia (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto combinados de Mongolia (continuación) (CEDAW/C/MNG/3-4)
Por invitación de la Presidenta, el Sr. Enkhsa i khan y la Sra. Udval (Mongolia) toman asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Taya dice que, si bien el informe oficioso publicado por organizaciones no gubernamentales mongolas revela que el 70% de los profesionales del derecho son mujeres, proporción mucho más alta que en los países desarrollados, su presencia se concentra en los puestos de menor categoría: por ejemplo, entre los jueces de la Corte Suprema, sólo el 17,6% son mujeres. Además, el poder judicial carece de habilidad para abordar los asuntos desde una perspectiva de género. Parece que no hay programas educativos especiales para sensibilizar a los estudiantes de derecho o a los jueces con respecto de las cuestiones de género. Esta falta de conciencia salta particularmente a la vista en el caso del proyecto de ley de lucha contra la prostitución. Un motivo de especial preocupación es que se publiquen fotografías de presuntas prostitutas —las víctimas de la prostitución— con el propósito de exponerlas a la humillación pública, y que en cambio los verdaderos delincuentes eludan el castigo. Se comprende que los recursos del Gobierno son limitados, pero con un módico desembolso extra sería posible poner fin a esa discriminación si se modificara la aplicación del párrafo 2 del artículo 12 del proyecto de ley. Cabe preguntar si el Gobierno enfrenta alguna dificultad para enmendar el proyecto y, de ser así, en qué consiste. Si la respuesta es negativa, hay que preguntar entonces por qué no se ha modificado antes.
En segundo lugar, la oradora pregunta si el Gobierno o las organizaciones no gubernamentales han adoptado medidas para rehabilitar a las niñas que ejercen la prostitución. En ese contexto, desea saber si la colaboración con las organizaciones no gubernamentales para que se imparta capacitación a los integrantes del poder judicial respecto de las cuestiones de género puede plantear algún problema.
Le preocupa que, de acuerdo con la respuesta 64 de la lista de cuestiones y preguntas (CEDAW/PSWG/2001/I/CRP.2/Add.2), no se preste ayuda a las mujeres que solicitan microcréditos o préstamos en condiciones de favor. Como política, el Gobierno debe alentar la concesión de ese tipo de créditos a las mujeres por una serie de razones: son las que más han padecido por la transformación económica y la discriminación indirecta que ha acarreado; la pobreza afecta a un número mucho mayor de mujeres que de hombres; y, sobre todo, las mujeres prestatarias tienen un excelente historial por su capacidad de reembolso.
La Sra. Achmad expresa su preocupación por el deterioro de la situación de las mujeres, a pesar de los esfuerzos del Gobierno. Tan importantes fueron las reformas jurídicas emprendidas como lo es ahora su aplicación, y conviene preguntar si se ha tratado de elegir a grupos estratégicos de la sociedad para aplicar esas reformas y promover así la igualdad entre los géneros. Por ejemplo, los jóvenes pueden adquirir mayor conciencia de la situación y las organizaciones no gubernamentales pueden participar en los planes destinados a modificar actitudes. Existe también la posibilidad de conseguir el apoyo del sector privado y de los medios de comunicación.
La variedad de órganos que actúan en favor de la mujer —entre ellos el Consejo Nacional para las Cuestiones relativas a la Mujer y varios ministerios— resulta un poco confusa. La oradora sugiere que en el próximo informe de Mongolia figure un diagrama que ilustre el mandato de cada órgano, sus relaciones con otras instituciones, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones profesionales, y la entidad responsable en última instancia. Encomia el hecho de que esté en curso una investigación sobre cuestiones relativas a las mujeres, porque la investigación es la mejor manera de construir una base sólida de conocimientos que permitan alcanzar el objetivo declarado del Gobierno de fomentar la unidad nacional y respetar a la vez la cultura nacional.
Solicita mayor información sobre la situación real de la mujer en la familia, a diferencia de su condición jurídica. A menos que en el hogar exista una igualdad verdadera, el cambio de actitudes y de conductas será una lucha cuesta arriba. Las medidas para mejorar la condición jurídica y social de la mujer son dignas de encomio, pero hay que tener cuidado de que no estorben el adelanto real de las mujeres. En ese sentido, señala que el Gobierno no cuenta con programas establecidos sobre planificación de la familia o sobre demografía.
La situación de la mujer en la familia está estrechamente vinculada a otros factores, como la violencia en el hogar —que va en aumento— y el nivel económico. Preocupa a la oradora que las medidas destinadas a eliminar la violencia parezcan ser de corto plazo y que se traduzcan en ayuda para la víctima y castigo para el autor. No obstante, la prevención es un elemento de primordial importancia y la mejor manera de lograrla es mediante la igualdad entre los géneros. Se pregunta, en consecuencia, si existe algún plan de acción a más largo plazo. Señala, además, que en la esfera del empleo no queda claro si el Gobierno tiene planes para incorporar una perspectiva de género, en especial en la administración pública.
La Sra. Shin dice que en una visita que realizó a Mongolia pudo percatarse tanto del potencial del país como de los problemas surgidos como consecuencia de la privatización y del ajuste estructural. Le preocupa que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, algunos de los problemas vayan en aumento. Parece que, a veces, el planteamiento del Gobierno es inadecuado. Por ejemplo, de su descripción del Programa Nacional de Acción para el adelanto de la mujer no se desprende ninguna política clara para eliminar o mitigar los problemas existentes. De este modo, se menciona un capítulo del Programa, titulado “La mujer y la salud reproductiva”, y sin embargo no se citan proyectos concretos. Lo mismo sucede con el programa para el alivio de la pobreza y con el nuevo sistema de bienestar social y redes de seguridad. Observa que el Programa Nacional de Acción tendrá tres etapas, que culminarán en 2020, pero no se indica qué medidas concretas se adoptarán en cada etapa. Pide, por consiguiente, que se proporcione toda clase de pormenores sobre el Programa.
Tampoco se dice cómo se pretende proceder para cambiar las actitudes tradicionales hacia la mujer y hacia las funciones asignadas por razones de género. La gestión del Centro contra la Violencia está a cargo, después de todo, de una organización no gubernamental y no del Gobierno. Además, la suerte del proyecto de ley sobre la violencia en el hogar es un motivo de inquietud: de acuerdo con la información que obra en poder de la oradora, el Parlamento rechazó un capítulo sobre violencia en el hogar de la Ley de la familia de 1999 por la resistencia que suscitó el concepto en cuestión, y cabe preguntarse si no pasará lo mismo con la ley sobre la violencia en el hogar.
En el informe de Mongolia se pone de relieve el papel dinámico que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Convención. Sin embargo, al Gobierno también le corresponde un papel, tanto en la esfera de la formulación de políticas como en lo referente a la observancia. En la sesión anterior, la delegación de Mongolia señaló que el Gobierno no cuenta con una política precisa sobre la violencia contra la mujer, pero que habrá de formular una política al respecto una vez que se haya aprobado el proyecto de ley sobre la violencia en el hogar. Sin embargo, el Gobierno debe tomar la iniciativa y formular primero la política para proceder después a determinar, con la ayuda de legisladores, organizaciones no gubernamentales y el público en general, qué medidas legislativas se necesitan para poner en práctica esa política.
La promulgación de la ley por la que se establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un logro que merece celebrarse. Preocupa, no obstante, que ninguno de los tres comisionados sea mujer, ya que muchas de las cuestiones de las que se ocupará la Comisión tendrán que ver con la discriminación contra las mujeres. Es de esperar que el Gobierno de Mongolia tenga una estrategia clara para incorporar una perspectiva de género en su actividad general y que todos los organismos públicos desplegarán esfuerzos en ese sentido, con la ayuda de las organizaciones no gubernamentales.
La Sra. González dice que la ha decepcionado observar que Mongolia, pese a haber sido uno de los primeros países en ratificar la Convención, no se ha atenido a las directrices del Comité y no ha proporcionado detalles completos sobre la aplicación de cada uno de los artículos de la Convención. También le resulta decepcionante ver que el grave problema de la violencia en el hogar se trata en la sección titulada “Cuestiones diversas”, pese a que la violencia en el hogar es un problema de derechos humanos que afecta a la sociedad en su conjunto y debe tratarse como una prioridad nacional.
Mongolia ha realizado importantes avances en los ámbitos de la democracia, la transparencia y la educación de la mujer. Sin embargo, es preciso prestar mayor atención al problema de la violencia en el hogar, y todos los sectores de la sociedad deben intervenir en su solución. Se necesita elaborar un plan de acción exhaustivo, que abarque todas las iniciativas ya previstas o aplicadas, como campañas de información, mecanismos de vigilancia y cursos de capacitación para profesionales del derecho y personal encargado de hacer cumplir la ley, maestros, padres y organizaciones no gubernamentales en pro de mujeres. Además, hay que poner mayor empeño en cambiar los estereotipos basados en el género y en asegurar el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres. Se tiene que impartir instrucción y capacitación a las propias mujeres en el ejercicio de sus derechos dentro de la familia y en la sociedad.
La Sra. Udval (Mongolia) dice, en respuesta a la Sra. Taya, que si bien actualmente no hay programas de sensibilización sobre cuestiones de género para funcionarios del poder judicial y de los ministerios, el Gobierno tiene previsto organizar un seminario sobre el análisis de las cuestiones de género, al que seguirá un curso de capacitación respecto de esas cuestiones.
El Sr. Enkhsaikhan (Mongolia) hace notar que, en relación con la ley de Mongolia sobre la prostitución, la Sra. Taya se ha referido al informe elaborado por representantes de organizaciones no gubernamentales mongolas. Si bien el Gobierno de Mongolia colabora estrechamente con esas organizaciones, que comparten sus objetivos, el orador no está de acuerdo con la afirmación recogida en dicho informe en el sentido de que sólo las prostitutas están sujetas a detención y privación de libertad, mientras que los proxenetas eluden el castigo. La ley en cuestión no discrimina entre mujeres y hombres; simplemente prohibe la prostitución y las actividades conexas y prevé penas para quienes la ejerzan y realicen todas las actividades de apoyo directo o indirecto a la prostitución.
La Sra. Udval (Mongolia) dice que la colaboración con las organizaciones no gubernamentales no plantea ningún problema para su Gobierno. El Gobierno cuenta con una política sobre microcréditos que está dirigida a las mujeres de las zonas rurales, pero su alcance es todavía muy limitado.
En respuesta a la Sra. Achmad, dice que la legislación vigente no se hace cumplir en grado suficiente y que la debilidad de Mongolia en esa esfera radica en la falta de medidas bien planificadas para aplicar la Convención. Se pondrá empeño en elaborar esos planes. Con respecto a las reformas jurídicas en curso, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil no desempeñan una función importante en la formulación del marco jurídico; su papel tiene que ver más bien con la aplicación activa de las leyes y la sensibilización del público. El sector privado y los medios de comunicación también están llamados a desempeñar un papel en la promoción de la aplicación de la Convención, y se tratará de aumentar su participación. En lo referente al mecanismo nacional, en el próximo informe de Mongolia se proporcionará un organigrama con los órganos y funcionarios integrantes de la Comisión Nacional para la Igualdad de Género. Esa Comisión, que anteriormente se denominaba Consejo Nacional para las Cuestiones relativas a la Mujer y que formaba parte del Ministerio de Salud y Bienestar Social, dependerá directamente de la oficina del Primer Ministro.
En respuesta a la Sra. Shin, dice que el programa de salud reproductiva de Mongolia tiene muchos componentes, como la planificación de la familia, la maternidad sin riesgo, la prevención del VIH/SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual y la salud reproductiva de los adolescentes. Cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El programa ha cosechado muchos éxitos y será objeto de examen en marzo de 2001; se elaborará una nueva estrategia para reflejar la evolución de la situación en esa esfera.
Es cierto que el esfuerzo por luchar contra la violencia de que son víctimas las mujeres es un componente débil del Programa Nacional de Acción para el adelanto de la mujer. La violencia en el hogar había sido un fenómeno oculto en Mongolia hasta el decenio de 1990. Aunque en la actualidad hay mayor conciencia de la repercusión de esa forma de violencia en las mujeres y los niños, la ley no la reconoce como un delito específico. En el derecho penal de Mongolia figuran referencias a amenazas, palizas y obstrucción del derecho de las mujeres a la igualdad en la vida familiar, pero no se reconocen los conceptos de daño psicológico y emocional. Las víctimas de la violencia en el hogar se resisten a revelar lo sucedido por vergüenza o porque consideran que esos actos son un asunto privado, o bien porque desconocen sus derechos. Del mismo modo, la policía se resiste a intervenir en lo que ven como controversias privadas. La oradora está de acuerdo en que es necesario diseñar, como primera medida, una política clara para luchar contra la violencia contra la mujer. Por último, asegura a la Sra. González que en la elaboración de futuros informes y políticas se tendrán en cuenta sus observaciones.
La Sra. Myakayaka-Manzini lamenta que no se haya proporcionado información concreta sobre el nuevo mecanismo y sobre la relación entre los distintos órganos nacionales que se ocupan de las cuestiones referentes a la mujer; en particular, se pregunta qué ministerios están representados en el Consejo Nacional para las Cuestiones relativas a la Mujer. En el informe se afirma que el Consejo es la autoridad suprema en cuestiones relativas a la mujer, con funciones de supervisión sobre la aplicación del Programa Nacional para el mejoramiento de la condición jurídica y social de la mujer. Sin embargo, la delegación de Mongolia mencionó que había problemas en esa esfera, y la oradora se pregunta si la cuestión se abordará durante el examen de que será objeto el nuevo mecanismo.
Los miembros del Parlamento integran el poder legislativo del Gobierno al que compete, entre otras funciones, la supervisión del poder ejecutivo. Le preocupa, por consiguiente, el conflicto de intereses que para los parlamentarios puede llegar a plantear su participación como miembros del Consejo Nacional, que está presidido por el Ministro de Salud y Bienestar Social. Por otra parte, es probable que las mujeres que tienen que participar, de manera simultánea, en el Consejo Nacional, el Comité Permanente de Política Social y el grupo parlamentario de mujeres no tengan tiempo para mantenerse al día con la labor de los comités que en el Parlamento se ocupan de asuntos políticos, económicos y financieros, que también afectan a las mujeres, o para participar en los comités de sus partidos. Pregunta qué hace el Gobierno para ayudar al reducido número de mujeres miembros del Parlamento a participar con eficacia en todos los aspectos de la labor parlamentaria.
La Sra. Kwaku dice que alaba las medidas adoptadas para aplicar la Convención y confía en que proseguirán los esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, a la luz de los altos niveles de instrucción y del elevado porcentaje de personas menores de 35 años, le resulta sorprendente que las mujeres no sean conscientes en general de los derechos que les confiere la ley, y solicita una explicación al respecto.
En el informe, que fue publicado en 1999, se habla de planes para examinar una serie de instrumentos jurídicos de importancia crucial para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención. Casi dos años después, ese examen aún no ha concluido; cabe preguntar si el tiempo transcurrido es normal para el Gobierno o si denota que se presta poca importancia a la legislación destinada a promover el adelanto de la mujer.
El programa nacional para el alivio de la pobreza debía ejecutarse en dos fases: 1994-1996 y 1997-2000. Convendrá saber si con este programa se logró mejorar las condiciones de vida de las mujeres mongolas.
La delegación ha afirmado que en breve entrará en vigor la legislación para luchar contra la violencia en el hogar y que el Gobierno está en vías de adoptar medidas significativas para ayudar a las víctimas. Sin embargo, es importante buscar las causas fundamentales del aumento de esa forma de violencia, que más vale prevenir que remediar.
La Sra. Udval (Mongolia) dice, en respuesta a la Sra. Kwaku, que aunque Mongolia cuenta con una población joven y muy instruida, la enseñanza en materia de derechos de la mujer no forma parte de los programas escolares de estudios.
Por regla general, los exámenes legislativos abarcan un período de dos años. En realidad, la mayoría de los instrumentos mencionados ya han sido objeto de estudio; sólo está pendiente la nueva ley sobre la violencia en el hogar. Está de acuerdo en que hay que tratar de establecer cuáles son las causas fundamentales de esa forma de violencia.
A pesar del programa nacional para el alivio de la pobreza, que se ha ejecutado en cooperación con el PNUD y el Banco Mundial, se ha registrado un aumento del número de personas que vive por debajo del umbral de pobreza. Sin embargo, el Gobierno y las organizaciones donantes han observado una disminución del porcentaje de personas que vive en la pobreza absoluta.
En el Parlamento hay cinco comités permanentes; el Comité Permanente de Política Social está presidido por una mujer. El grupo de mujeres parlamentarias es un órgano de cabildeo. Las cuestiones relativas a las mujeres se abordan, en el plano legislativo, en el Parlamento, mientras que en el plano ejecutivo o de aplicación le incumben al Ministerio de Salud y Bienestar Social y en el plano consultivo corresponden al nuevo mecanismo, del que forma parte la Comisión Nacional para la Igualdad de Género.
El Sr. Enkhsaikhan (Mongolia) dice que el 10% de los escaños del Parlamento están ocupados por mujeres y que los miembros del órgano legislativo suelen formar parte de dos o más comités. En los últimos nueve años, se aprobaron más de 400 leyes y enmiendas, de manera que los parlamentarios, hombres y mujeres por igual, tuvieron que asumir una carga excesiva de obligaciones.
La Presidenta dice que es evidente que Mongolia afronta muchas dificultades en lo relativo a la aplicación de la Convención, como resultado de la transición política, económica y social. La alta tasa de mortalidad materna, en especial en las zonas rurales, obedece en parte a los abortos practicados en condiciones de riesgo; ese problema, a su vez, es consecuencia de un acceso limitado a los anticonceptivos y a los servicios de asesoramiento sobre planificación familiar.
Las mujeres mongolas tienen un alto nivel de instrucción y, sin embargo, su grado de participación en la vida política va en descenso y la violencia en el hogar es un problema grave. Es lamentable que la delegación no haya podido proporcionar información sobre el proyecto de ley; no obstante, se exhorta al Gobierno a que se remita a la recomendación general No. 19, en la que se define el concepto de violencia en el hogar. La violación marital se debe tipificar como delito y es necesario abordar el problema de la trata de mujeres.
En vista de las flagrantes disparidades entre hombres y mujeres en Mongolia, es preciso que las gestiones encaminadas a incorporar una perspectiva de género en todos los ámbitos vayan acompañadas de medidas específicas para acelerar el adelanto de la mujer. En conclusión, cabe esperar que en el próximo informe periódico se dé respuesta a todas las preguntas del Comité.
La Sra. Udval (Mongolia) dice que las preguntas y observaciones del Comité quedarán reflejadas en la futura aplicación de la Convención en Mongolia.