24° período de sesiones

Acta resumida de la 497ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 23 de enero de 2001 a las 15.00 horas.

President a :Sra. Açar (Vicepresidenta)

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)

Informe inicial de Kazajstán (continuación)

En ausencia de la Sra. Abaka, ocupa la Presidencia la Sra. Açar, Vicepresidenta.

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)

Informe inicial de Kazajstán (continuación) (CEDAW/C/KAZ/1)

Por invitación de la Presidenta, la Sra. Samakova (Kazajstán) toma asiento a la mesa del Comité.

La Sra. Samakova (Kazajstán), en respuesta a la pregunta de si la Convención ha sido aplicada en algún caso concreto por los tribunales de Kazajstán, dice que la Constitución estipula que los acuerdos internacionales ratificados por Kazajstán tienen primacía sobre la legislación nacional y pueden ser aplicados directamente, salvo cuando ello requiera la sanción de nuevas normas legislativas. Así pues, la Convención forma parte integral de la legislación actual del país, pero, desde luego, sólo se aplicará plenamente cuando la legislación nacional esté plenamente coordinada con ella. Por consiguiente, actualmente se está trabajando en el perfeccionamiento de la base legislativa del país. Ése es uno de los principales cometidos de la Comisión Nacional para la Mujer y la Familia. Hasta la fecha, la Convención ha sido considerada sólo una vez en los tribunales, cuando el Consejo Constitucional conoció de una apelación presentada por miembros del Parlamento tendiente a determinar si el decreto del gobierno por el que se asignaban 4,5 millones para el desarrollo de empresas de mujeres estaba de acuerdo con la Constitución. El Consejo determinó, sobre la base del artículo 4 de la Convención, que estaba de acuerdo.

En lo tocante a los proyectos de ley sobre la igualdad de derechos y oportunidades y sobre violencia doméstica, la oradora dice que estaba previsto que el primero de ellos se tratara en el año 2000, pero a finales de 1999 sus patrocinadores no fueron reelegidos como miembros del Parlamento. Los miembros del grupo parlamentario Sem’ya (Familia) están elaborando un nuevo proyecto, que debería ser sancionado en 2001. En consonancia con las observaciones del Comité, se procurará definir el sentido de discriminación “directa” e “indirecta”. El proyecto de ley sobre violencia doméstica, que también se consideraría en 2001, está siendo actualmente objeto de examen por los Ministerios de Justicia y Asuntos Internos. Un grupo de trabajo, en el que participaron miembros de la Comisión Nacional, también está redactando un proyecto de ley con arreglo al cual se nombraría una persona como ombudsperson para defender los derechos individuales y promover la igualdad de género.

En lo tocante a la aplicación del Concepto de la política del Estado para el mejoramiento de la condición jurídica y social de la mujer en la República de Kazajstán, el Plan Nacional de Acción para mejorar la condición de la mujer y la Estrategia Kazajstán 2030, la oradora dice que el Plan fue elaborado sobre la base del Concepto, de Kazajstán 2030 y de la Plataforma de Acción de Beijing. Contiene 12 puntos prioritarios y 105 medidas comprensivas con metas y plazos concretos. El Gobierno recibió recientemente un informe sobre la aplicación del Plan, que indica que todas las metas se están alcanzando en los plazos previstos.

La Comisión Nacional, un órgano asesor que preside la oradora, está integrada por 28 miembros, entre ellos, la primera mujer Presidenta de la Academia Nacional de Ciencias y la esposa del Presidente de la República. Se establecieron comisiones análogas en las ciudades de Astana y Almaty, como se describe en el párrafo 31 del informe. La oradora también señala a la atención el párrafo 32, en el que se reseñan las actividades de la Comisión de Derechos Humanos. Ambos órganos trabajan en estrecho contacto entre sí, así como con otras instituciones gubernamentales y con organizaciones internacionales y no gubernamentales. De hecho, muchas de estas últimas han colaborado con la Comisión Nacional en la elaboración del informe inicial del país. En el último año no se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos denuncias de discriminación contra las mujeres en relación con el trabajo. Ambos órganos fiscalizaron la aplicación de la legislación nacional y los instrumentos internacionales. En lo tocante a la libertad de religión, la oradora dice que la discriminación por motivos de religión, entre otras, está prohibida con arreglo al artículo 14 de la Constitución.

En respuesta a la pregunta de por qué en el Concepto no se hace mención a la igualdad de género, la oradora dice que dicha igualdad es fundamental para la legislación de Kazajstán y los programas gubernamentales, como lo confirma la investigación emprendida en 1999 por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos. Sobre el tema de la violencia doméstica, la oradora remite al Comité a la detallada información contenida en el informe y en su exposición oral. Las normas relativas a la violación se hicieron más estrictas en el año 2000: ya no está permitido detener los procedimientos judiciales por acuerdo entre las partes, y se han previsto sanciones más severas. La sección 10 del Código Penal, titulada “Delitos contra la salud y la moral públicas”, enumera los actos inmorales que se consideran delitos. Entre ellos figuran el reclutamiento de personas para ejercer la prostitución; el establecimiento o el mantenimiento de locales para prostitución o proxenetismo; la distribución ilícita de materiales u objetos pornográficos o de publicaciones en las que se haga la apología de la crueldad y la violencia; la comisión de ultrajes contra cadáveres o sus lugares de entierro; y la crueldad contra los animales.

En lo tocante a los centros de crisis, la oradora dice que, en los últimos días, se abrió el décimo tercero de tales centros, en la ciudad de Karagande. En el año 2000, el centro de Almaty recibió aproximadamente 1.500 llamados telefónicos de mujeres víctimas de la violencia, que recibieron asistencia psicológica y jurídica, y, en caso necesario, médica. El Plan Nacional de Acción prevé el establecimiento de centros de crisis en todas las regiones para 2005 y en todos los distritos para 2010. Los centros de crisis son establecimientos no gubernamentales, aun cuando el gobierno central y los gobiernos locales ayudaban proporcionando y manteniendo los locales y estableciendo vínculos con los organismos médicos y de ejecución de la ley.

En lo tocante a los cambios en el Código Penal, la oradora dice que se han incrementado las sanciones para una amplia gama de delitos, entre ellos, la realización de abortos ilegales, la violación, los actos violentos de naturaleza sexual, las relaciones sexuales con un menor, las relaciones sexuales forzadas, la sodomía, el lesbianismo u otros actos de naturaleza sexual, y la corrupción de menores. Otro de los cambios consiste en que la violación ya no será de acción privada. Se confía en que, si los procedimientos en tales casos son llevados adelante en forma independiente por la policía y los tribunales, las mujeres estarán mejor protegidas. La oradora señala que la sodomía y el lesbianismo sólo son delitos si se emplean violencia o amenazas o si la víctima está indefensa.

En cuanto a si las mujeres pueden apelar ante el Consejo Constitucional, la oradora dice que quienes están legitimados para comparecer ante el Consejo son el Presidente, el Presidente del Senado, el Presidente del Majlis, el Primer Ministro y un grupo de diputados no menor a la quinta parte del total de miembros. El Consejo también considera los casos en que un juez ha determinado que una ley o un reglamento infringe los derechos y libertades constitucionales de una persona Los ciudadanos a título individual no están legitimados para comparecer ante el Consejo.

La discriminación en el lugar de trabajo es ilegal, y quienes estimen que han sido víctimas de tal discriminación pueden comparecer ante los tribunales. En cuanto al papel del empleador en el pago de prestaciones sociales, la legislación actual establece que el empleador debe pagar prestaciones en los casos de enfermedad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; embarazo y parto, y prestaciones de maternidad o paternidad. El empleador también paga un impuesto social del 22% que se destina a fines de educación, salud y protección social. También se impone obligatoriamente a todos los trabajadores una contribución jubilatoria del 10%. Se está trabajando en la elaboración de un plan de protección social que permitiría el seguro privado y el consiguiente impulso a los empleos y los salarios. El objetivo es distribuir la carga entre el Estado, los empleadores y los empleados. Se necesitará todo un conjunto de nuevas normas legislativas.

En cuanto a la pregunta de por qué la remuneración de las mujeres es inferior a la de los hombres, la oradora dice que la legislación del país respeta estrictamente el principio de igual remuneración para un trabajo de igual valor; en el año 2000 ratificó el Convenio N° 100 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de remuneración, 1951. Las diferencias de remuneración que existan en la realidad se deben a diferencias en los empleos que se ocupan y en el nivel de responsabilidades y calificaciones. En cuanto a la afirmación de que las mujeres son las primeras en ser despedidas y de que los empleadores tratan de evitar pagarles prestaciones, la oradora dice que las mujeres pueden comparecer ante los tribunales en tales situaciones y que ha habido numerosos ejemplos de fallos favorables.

Las mujeres están considerablemente mejor representadas en el sistema de justicia que en otras esferas; de hecho, entre los abogados y los administradores jurídicos las mujeres constituyen la mayoría absoluta. En los cargos de magistrados, las mujeres representan el 38% del personal de la Suprema Corte de la República y ocupan el 25% de las presidencias de juntas judiciales. Las mujeres constituyen el 56% del personal administrativo de la Suprema Corte.

La Comisión Nacional no tiene presupuesto propio. Sólo se suministran fondos para los salarios y el apoyo técnico de la secretaría de la Ministra que preside la Comisión, que forma parte de la Oficina del Primer Ministro. Las medidas previstas en el Plan Nacional de Acción con el fin de mejorar la condición de la mujer están financiadas por los Ministerios y organismos responsables de aplicarlas. Sin embargo, se han asignado a la Comisión otros 2 millones de dólares, con cargo a fondos extrapresupuestarios, con el fin de aplicar determinadas partes del Plan. En ese contexto, la oradora confirma que el mandato de la Comisión es mejorar la condición de la mujer y concretamente lograr una real igualdad con los hombres.

En cuanto a la necesidad de medidas especiales de carácter temporal para lograr tal igualdad, la oradora dice que las mujeres se jubilan cinco años antes que los hombres, a los 57,5 años en lugar de a los 62,5 años. A partir del 1° de julio de 2001, esas edades se elevarán a 58 y 63 años. Las mujeres de las zonas rurales con familias de cinco o más hijos a los que hayan criado hasta los ocho años de edad pueden obtener una pensión a los 50 años, edad que se elevará a 53 años a partir del 1° de julio de 2004. Ambas medidas podrían considerarse ejemplos de discriminación positiva. A medida que las condiciones sociales y económicas del país vayan mejorando y se logre una mayor igualdad entre los sexos, se podrían introducir enmiendas a esas disposiciones.

El Gobierno está tomando medidas temporales para reducir la desocupación de las mujeres, entre las que figura un programa para la rehabilitación y el desarrollo de la industria ligera en el período 1999‑2003 mediante la creación de condiciones económicas favorables. Entre las medidas de acción afirmativa figura el apoyo a las mujeres empresarias mediante el otorgamiento de crédito en condiciones favorables. No se necesitan medidas especiales de carácter temporal para las mujeres en materia de educación, donde ya se puede observar una discriminación positiva en favor de las mujeres. Todas las 105 medidas previstas en el Plan Nacional de Acción para mejorar la condición de la mujer en la República de Kazajstán están encaminadas a lograr la igualdad de facto entre hombres y mujeres. La Comisión Nacional supervisa la aplicación del Plan y moviliza recursos extrapresupuestarios para programas determinados.

Con respecto a la explotación de las mujeres, el artículo 128 del Código Penal penaliza el uso de fraude pare reclutar personas con fines de explotación sexual o de otro tipo. La comisión de ese delito por un grupo de personas, mediante acuerdo previo o con respecto a un menor, se pena con hasta cinco años de prisión. La comisión de ese delito por un grupo organizado con el fin de transportar a las personas reclutadas a través de las fronteras estatales se castiga con pena de prisión de tres a ocho años, con o sin confiscación de bienes. El artículo 133 del Código Penal se refiere a la trata de menores, que se define como la transferencia de un menor o una menor de sus padres o tutores a otra persona a cambio de una compensación monetaria. Esos delitos se castigan con pena de prisión de tres a diez años, con o sin confiscación de bienes. La pena para los casos en que se produzcan consecuencias graves en materia de salud o de otra índole es de siete a quince años de prisión.

En cuanto a la educación de género, se están realizando considerables esfuerzos en las instituciones de enseñanza para brindar a los niños modelos sociales y culturales basados en la igualdad de género. En todas las escuelas secundarias se están estudiando temas tales como los derechos fundamentales y la ética y la psicología de la vida familiar, y todos los estudiantes tienen igualdad de acceso a la información sobre salud, planificación de la familia y cuestiones jurídicas. Casi todas las escuelas y más de la mitad de las instituciones de enseñanza superior y secundaria especializada tienen un programa sobre higiene personal, sobre los efectos del tabaco, los narcóticos y otras toxinas sobre el cuerpo, y sobre la prevención del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y de las enfermedades de transmisión sexual. A partir de 2001, en todo el sistema de educación superior y secundaria se implantarán estudios de género.

Los medios de comunicación están haciendo grandes esfuerzos por luchar contra los estereotipos de género y promover la igualdad de género. En el año 2000, sólo por los medios de comunicación estatales, las cuestiones de la mujer fueron el centro de más de 400 artículos y entrevistas y más de 300 programas de televisión. También se está luchando contra los estereotipos de género mediante un marco conceptual para la elaboración de proyectos de ley y programas estatales. Todos los medios de comunicación de Kazajstán deben cumplir una ley de 1999 sobre los medios de comunicación, que, entre otras cosas, regula la venta al detalle de revistas eróticas y prohíbe la difusión por medios electrónicos de producciones de naturaleza pornográfica o erótica. Se ha elaborado un proyecto de ley sobre publicidad, con el fin de prohibir la publicidad que condone la discriminación por motivos de género.

En relación con el artículo 7 de la Convención, en 1999 se registró el primer partido político femenino, la Alianza Política de Organizaciones de Mujeres, con el fin de consolidar los esfuerzos de las mujeres que hacen campaña para cargos públicos. Posteriormente se reorganizó como Partido Democrático Femenino. En Kazajstán, que apenas ha cumplido 10 años, los partidos y movimientos políticos todavía están en vías de formación. La cuestión de las cuotas es objeto de un amplio debate; muchos estiman que el elevado nivel de educación y “adelanto” de las mujeres kazakas hace que las cuotas sean innecesarias. Las mujeres representan el 54% de los funcionarios públicos y más del 40% de las personas empleadas en todos los niveles de La administración estatal y la judicatura. Ello ha creado una sólida base para la promoción de las mujeres a puestos de adopción de decisiones.

Sobre un total de 7.275 candidatos para los órganos representativos locales (maslikhats) en los niveles regional, de comarca y de ciudad o pueblo, 1.355 (un 19%) eran mujeres. Sobre un total de 3.322 candidatos elegidos en todos los niveles, 639 (un 19%) son mujeres. Así pues, la proporción de mujeres elegidas corresponde a la proporción de mujeres candidatas. Actualmente, las mujeres representan aproximadamente el 50% de los trabajadores de los órganos administrativos regionales.

El Gobierno estima que las garantías constitucionales y la legislación en vigor, en particular la Ley sobre la igualdad de derechos y oportunidades, son suficientes para asegurar la expansión de la participación de las mujeres en la vida política. En su mensaje anual al pueblo de Kazajstán, el jefe de Gobierno puso de relieve la necesidad de que el gobierno prestase apoyo a las organizaciones no gubernamentales, en parte mediante el sistema de subsidios para la aplicación de proyectos socialmente beneficiosos. Además, recientemente se simplificaron los procedimientos de formación y registro de las organizaciones no gubernamentales.

Con arreglo a la Constitución, la legislación en vigor y los instrumentos internacionales, las mujeres y los hombres gozan de igualdad de derechos con respecto a la nacionalidad de sus hijos, según lo requiere el artículo 9 de la Convención.

En la esfera de la educación, en el año académico 1999-2000, entre los profesores y maestros de las instituciones de educación superior había 3.500 mujeres con diplomas de candidatas en ciencias, cifra que representaba el 42% del total, y 2.400 mujeres docentes superiores, cifra que representaba el 40% del total. También había 246 mujeres con diplomas de doctoras en ciencias (16%) y 334 mujeres profesoras (17%). La mayoría de los docentes de instituciones de educación superior son mujeres.

El Plan Nacional de Acción para mejorar la condición de la mujer comprende un conjunto de medidas para el adelanto político y económico de las mujeres, entre ellas, medidas para perfeccionar los conocimientos jurídicos básicos de las mujeres, la implantación de estudios de género en todo el sistema de educación superior y secundaria y el perfeccionamiento de la legislación nacional atinente a las mujeres y los niños. Las medidas adoptadas para el adelanto económico de las mujeres comprenden programas de distribución de tierras y microcrédito. Se han asignado aproximadamente 4,5 millones de dólares para prestar apoyo a mujeres empresarias. A fin de promover el avance de las mujeres a niveles de adopción de decisiones en todos los órganos gubernamentales, se formó una bolsa con todas las mujeres ejecutivas. En febrero de 2001, el Jefe del Organismo del Servicio del Estado y diputados integrantes del grupo sobre la familia irán a Suecia a estudiar la experiencia de ese país en materia de promoción de las mujeres a niveles de adopción de decisiones.

Las estadísticas indican que las niñas y las mujeres son más numerosas que los niños y los hombres en la educación secundaria y superior. La política del Estado en materia de educación se funda en la obligatoriedad de la enseñanza secundaria y la igualdad de acceso a las instituciones de enseñanza; nunca ha habido un tratamiento preferencial por motivos de género. Los elevados niveles de educación de las mujeres les dan acceso a empleos con elevado nivel de remuneración. Por ejemplo, las mujeres representan las dos terceras partes del total de empleados de instituciones financieras y de crédito, en las cuales los niveles de remuneración son bastante elevados.

La legislación de Kazajstán ni prohíbe ni fomenta la separación por sexos en la enseñanza. Sin embargo, hay algunas escuelas secundarias separadas por sexo, como la escuela militar y algunas escuelas secundarias financiadas por países extranjeros; dichas escuelas representan menos del 3% del total de escuelas secundarias. El Gobierno establece normas uniformes para todas las escuelas secundarias.

Con respecto al empleo, el cambio en las proporciones respectivas de las mujeres que trabajan en los sectores público y privado refleja los efectos de la privatización y la creación de condiciones económicas para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y de empresas privadas. En 1995, el 88% de los integrantes de la fuerza de trabajo eran asalariados; para 1999, esa cifra había descendido al 52%.

La Ley sobre el empleo brinda garantías estatales de igualdad de oportunidades en materia de empleo, salarios, seguro de desocupación y asistencia social. Existen medidas especiales dirigidas a grupos tales como los pobres, las personas que viven solas, los progenitores de familias numerosas o de niños pequeños y las personas en edad prejubilatoria. La ley prevé la participación de los empleadores en lo tocante a la garantía de empleo para los habitantes; con tal fin, el Gobierno y las autoridades locales, con la participación de los empleadores, elaboran programas apropiados cada año. Las mujeres pueden trabajar a tiempo parcial o en sus casas en todos los sectores económicos, inclusive en la industria. Las condiciones y estándares laborales se convienen en los contratos individuales de trabajo con los empleadores. En 1999, las dos terceras partes del total de trabajadores con horarios de trabajo reducido eran mujeres.

La Ley sobre la protección del trabajo limita el acceso de las mujeres a los empleos con condiciones de trabajo riesgosas o peligrosas y los empleos que requieren levantar manualmente cargas pesadas. Los trabajadores deben tener un certificado médico de aptitud para poder ser contratados en tales empleos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elabora una lista de los lugares de trabajo, los empleos y las tareas que exigen trabajos riesgosos, peligrosos o pesados, con respecto a las cuales se permite una semana de trabajo reducida (36 horas).

En 1999, el 52% de los solicitantes presentados ante agencias de empleo fueron mujeres; casi la mitad de ellas obtuvieron trabajo. El desempleo de las mujeres está descendiendo gradualmente. En 1996, 178.000 mujeres estaban registradas oficialmente como desocupadas; en el año 2000, esa cantidad habían descendido a 140.000. Los principios y normas básicos del sistema de colaboración social entre las autoridades, los empleadores y los sindicatos están establecidos por ley. Las partes conciertan acuerdos generales, sectoriales o regionales. En el año 2000, se firmó un acuerdo general entre el Gobierno, la asociación de empleadores y la Federación de Sindicatos de Kazajstán. Está listo para la firma un proyecto de acuerdo general para el período 2001‑2002.

Aproximadamente el 6% de los niños menores de 3 años y el 28% de los niños de 3 a 6 años están en el sistema de educación preescolar. Dicho sistema se irá expandiendo a medida que mejore la situación socioeconómica del país.

En relación con la atención de la salud, el empeoramiento de la situación socioeconómica del país como resultado de la reestructuración económica ha reducido la cuantía de los fondos disponibles para la atención de la salud, y han cerrado numerosos establecimientos médicos, en particular servicios de atención primaria. Posteriormente se tomaron medidas de emergencia para mejorar los servicios médicos, tales como la decisión del Gobierno de asignar recursos financieros adecuados para el desarrollo de servicios de atención médica primaria en las zonas rurales. En el período 1999-2000, reabrieron más de 800 puestos de salud comunitarios, que prestan servicios paramédicos y de partería y consulta familiar externa.

En el período 1999-2000, el programa de prevención y lucha contra las enfermedades de transmisión sexual ha tenido resultados positivos. Por ejemplo, entre 1996 y 1999, se redujo en un 28,5% la cantidad de pacientes de sífilis, la mitad de los cuales eran mujeres, y se redujo en un tercio la cantidad de pacientes de gonorrea, el 40% de los cuales eran mujeres. La cantidad de abortos descendió un 29% durante los tres últimos años como resultado de las iniciativas de planificación de la familia aplicadas con el apoyo de organizaciones internacionales. La cantidad de casos de cáncer de mama sigue siendo estable pero elevada, en 31,4 casos por cada 100,000 mujeres. Ello es principalmente resultado de la mala situación ecológica del país y del inadecuado financiamiento para la compra de equipo de diagnóstico. El consumo de tabaco es significativamente menos común entre las mujeres que entre los hombres, pero el porcentaje de mujeres fumadoras se ha incrementado en los últimos años. El incremento de la cantidad de mujeres que fallecen por enfermedades cardiovasculares se debe principalmente a la edad y a otros factores. Se están realizando esfuerzos de prevención; por ejemplo, en diciembre de 2000, el Parlamento adoptó un nuevo Código Administrativo que penaliza la venta de tabaco a menores.

La oradora anuncia que se inició un programa especial del Estado de lucha contra la tuberculosis y a partir de 1998 se están utilizando fondos del presupuesto nacional para comparar medicamentos antituberculosos. También se están haciendo esfuerzos por diagnosticar la tuberculosis en una etapa temprana y brindar un tratamiento especial a quienes sufren de esa enfermedad dentro de la población carcelaria. La detección de la enfermedad ha mejorado y, como consecuencia de ello, la tasa de mortalidad por esa causa ha descendido un 25% en los dos últimos años. Además, las medidas adoptadas para facilitar el acceso a la atención primaria de la salud han detenido el empeoramiento de la salud de los habitantes y, como resultado de ello, la esperanza de vida se incrementó 1,6 años para las mujeres y 2,3 años para los hombres.

La rehabilitación del medio ambiente es una de las tareas más importantes a que se enfrenta Kazajstán y, con tal fin, se ha iniciado un programa especial del Estado denominado “Salud y medio ambiente”, junto con varios otros planes. Para su aplicación se gastaron más dos mil millones de tenge durante los dos años anteriores. Se están llevando a cabo siete programas regionales patrocinados por organizaciones internacionales, pero se necesitará la ayuda de la comunidad internacional en general para resolver todos los problemas ecológicos del país.

Las mujeres trabajadoras reciben prestaciones sociales pagadas por el empleador durante el embarazo y cuando dan a luz. Las madres no trabajadoras con cuatro o más hijos menores de siete años reciben prestaciones sociales independientemente del nivel de ingresos de la familia. Las madres que han criado a ocho o más hijos reciben una medalla y asimismo tienen derecho a una prestación estatal independientemente del nivel de ingresos de la familia. El Estado procura por esa vía ayudar a las familias numerosas y, al mismo tiempo, mejorar la situación demográfica. En análogo sentido, se está considerando un proyecto de ley titulado “Asistencia social estatal selectiva” para brindar ayuda a las familias pobres. Se debería aliviar la escasez de alimentos mediante un incremento general de la producción agrícola. En las zonas rurales casi todas las familias tienen una pequeña parcela en la que pueden cultivar alimentos, y las autoridades locales las ayudan suministrando combustible y lubricantes.

Las mujeres de las zonas rurales (en realidad, todas las mujeres) gozan de igualdad con los hombres en todas las esferas de la vida y la actividad. Se está ejecutando un programa estatal de microcrédito para los miembros más pobres de la población rural, destinado preferentemente a las mujeres y las familias numerosas. El 80% de las mujeres a quienes se les otorgaron microcréditos han formado grupos y establecido pequeñas empresas. En algunas zonas se están llevando a cabo programas regionales encaminados a promover el desarrollo socioeconómico y cultural de las aldeas.

Si bien las mujeres de las zonas rurales tienen más hijos que las de las zonas urbanas, participan activamente en la vida de la sociedad. Casi las dos terceras partes de los maestros y médicos rurales son mujeres. Las reformas del mercado han cambiado fundamentalmente la mentalidad de las personas de la campaña, en particular de las mujeres. Las mujeres de las zonas rurales tienen vivo interés por establecer pequeñas empresas y organizaciones no gubernamentales y participan en concursos y exposiciones. Además, a fin de resolver sus problemas, han establecido la Confederación de Mujeres Empresarias de Kazajstán, que tiene filiales en todas las zonas y reúne a más de 5.000 mujeres de zonas rurales.

Pasando a la pregunta relativa a los casos de matrimonio entre parejas menores de edad, la oradora explica que deben darse buenas razones y que sólo se permite el matrimonio antes de los 18 años con el consentimiento de los futuros contrayentes.

Si bien el sector de la salud rural ha sido más afectado que cualquier otro por el proceso de reforma, se está restaurando la red de atención primaria de la salud y el Gobierno ha adoptado una estrategia para el desarrollo de la salud pública que comprende la restauración de los servicios salud de la campaña. Se incrementará la cantidad de servicios rurales para pacientes externos, así como los fondos destinados al suministro de medicamentos y equipo para medicina preventiva.

En consonancia con el artículo 29 de la Ley sobre el matrimonio y la familia, las cuestiones relacionadas con la crianza de los hijos son resueltas por la madre y el padre conjuntamente. Los cónyuges están obligados a hacer todo lo posible por promover el bienestar de la familia y la salud y el desarrollo de sus hijos. No hay estadísticas sobre poligamia, pues está prohibida en Kazajstán.

Refiriéndose a las recomendaciones de las integrantes del Comité, la oradora dice que las que se refieren a cuestiones relacionadas con el género ya se están aplicando con arreglo al Plan de Acción Nacional. Insta a las integrantes del Comité a examinar la documentación en la que se describen los esfuerzos de su país por mejorar la condición de la mujer, que la delegación de Kazajstán suministró el 18 de enero. En cuanto a la cooperación con las Naciones Unidas, Kazajstán está trabajando con todos sus organismos y ha apoyado vigorosamente la continuación de los trabajos sobre el género en el desarrollo. Se está considerando la abolición de la pena de muerte. El incremento de los niveles de vida y la continuación de la recuperación económica sobre la base de las ricas reservas petrolíferas del país desalentará la migración interna.

La oradora agradece al Comité por el un diálogo constructivo y espera con vivo interés sus observaciones finales, que serán una ayuda para el cumplimiento de todas las disposiciones de la Convención. Las observaciones finales se publicarán y, en cuanto la oradora regrese a su país no sólo ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre la reunión de Nueva York, sino que además se difundirá información al respecto en los periódicos nacionales y locales. Las observaciones del Comité se remitirán también al congreso de mujeres que se celebrará en junio.

La Presidenta invita a los miembros a formular preguntas u observaciones adicionales.

La Sra. Schöpp-Schilling, después de agradecer al Gobierno de Kazajstán por sus completas respuestas, expresa de todos modos algunas dudas acerca de la jubilación anticipada para las mujeres. Si bien podría considerarse una medida de protección con arreglo al párrafo 2 del artículo 4, para las mujeres que han llevado durante mucho tiempo la doble carga del empleo y el cuidado de sus familias, parecería estar en conflicto con el párrafo 1 del artículo 4. Por consiguiente, la oradora espera que, en el futuro, este párrafo sea visto como un instrumento para superar algunas formas de discriminación oculta, tales como los bajos salarios pagados en los sectores dominados por las mujeres. Debido a las normas patriarcales, las actividades de dichos sectores están consideradas como una prolongación del trabajo realizado en el hogar y como menos valioso que el trabajo pesado de los hombres; sin embargo, en el siglo XXI, esa actitud es inapropiada.

La Sra. Livingstone Raday dice que cree que las dificultades económicas experimentadas por Kazajstán son la razón del empeoramiento de la situación en que se encuentran las mujeres. Si bien la Ministra expresó la opinión de que, como las mujeres kazakas tienen un elevado nivel de calificación, podría no ser necesario tomar medidas de discriminación positiva en favor de ellas, las referencias contenidas en el informe al estereotipo de exclusión de las mujeres de los puestos gerenciales puede ser un indicio de discriminación oculta y no intencional que debería superarse mediante la adopción de medidas especiales hasta que se haya formado una masa crítica de mujeres en puestos de alto nivel. Además, el Gobierno debería rectificar la declinación de los derechos de las mujeres en materia de seguridad social y debería tener en cuenta la preocupación de las organizaciones de mujeres acerca de la negativa a transferir pagos a mujeres cuyos familias están debajo de la línea de pobreza. Se necesitan medidas temporales para volver a poner a las mujeres en el mapa y asegurar que sean las líderes del futuro.

La Sra. Goonesekere celebra que Kazajstán esté considerando la ratificación del Protocolo Facultativo y señala que entre los recursos constitucionales que se prevean debería figurar un método para hacer efectivos los derechos constitucionales. Sería útil contar con información acerca de las posibilidades de las mujeres de comparecer ante la Corte Constitucional y la Suprema Corte a fin de hacer valer tales derechos.

La Sra. Shin dice que le preocupa la edad de jubilación anticipada de las mujeres con familias numerosas porque, si bien podría considerarse una medida positiva especial en favor de las mujeres, también podría preservar la noción de que el papel principal de la mujer es el de madre y ama de casa; en otras palabras, exactamente lo contrario de lo que las mujeres están tratando de lograr en otras partes del mundo. El establecimiento de una misma edad jubilatoria para hombres y mujeres podría ayudar a terminar la discriminación contra la mujer en el empleo. Como teme que los esfuerzos del gobierno por tener en cuenta la carga del trabajo doméstico y la crianza de los hijos y su política de promoción del crecimiento demográfico determinen involuntariamente el refuerzo de ideas anticuadas acerca de la mujer, la oradora insta a que se tengan debidamente en cuenta otros aspectos de la cuestión.

La Sra. Taya dice que el Gobierno debería considerar la adopción de medidas especiales de carácter temporal, como las que se prevén en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, a fin de colmar la brecha existente entre la gran cantidad de mujeres muy capacitadas y las limitadas oportunidades de empleo.

La Sra. Corti insta al Gobierno a cumplir lo antes posible su compromiso de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención y la enmienda del párrafo 1 del artículo 20. Como ha reconocido la delegación, la aplicación de la Convención en Kazajstán deja mucho que desear. Sin embargo, el hecho de que el informe inicial haya sido presentado tan poco tiempo después de la ratificación de la Convención es prueba de voluntad política, y la Convención ayudará a Kazajstán a avanzar hacia la igualdad de género y resolver muchos de los problemas a que se enfrentan los países en transición.

La oradora insta al Gobierno a tener en cuenta las recomendaciones del Comité y a tomar todas las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias, incluida la cooperación con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, a fin de garantizar que las mujeres con elevado nivel educacional con que cuenta la nación gocen plenamente de sus derechos humanos. La riqueza mineral de Kazajstán ha de colocar al país a breve plazo entre las filas de los países desarrollados, y las aptitudes de las mujeres serán necesarias cuando la nación emerja de la pobreza.

Por último, la oradora celebra el plan del Gobierno de difundir información sobre la consideración del informe inicial por parte del Comité, así como su cooperación con varios organismos de las Naciones Unidas.

La Sra. Samakova (Kazajstán) agradece al Comité por ayudar a su Gobierno a elaborar el informe inicial y por las numerosas observaciones constructivas formuladas por sus integrantes.

Es cierto que los salarios son bajos en los sectores de la salud y la educación, en los que predominan las mujeres. Sin embargo, los salarios en dichas esferas se incrementaron un 30% en enero de 2001 y se prevén nuevos progresos en el futuro. La oradora reconoce la necesidad de mejorar las oportunidades de empleo para las mujeres; por ejemplo, si bien actualmente las mujeres ocupan más del 40% de los puestos de nivel medio en la administración pública, están insuficientemente representadas en los niveles superiores.

El Parlamento ha examinado la posibilidad de establecer una edad jubilatoria única para hombres y mujeres, pero existe una considerable oposición a esa propuesta, pues numerosas mujeres, en particular las que tienen familias numerosas, celebran la oportunidad de jubilarse anticipadamente. Es probable que tales actitudes cambien a medida que se incremente el nivel de vida nacional.

El Gobierno está comprometido a mejorar la condición de la mujer, mediante, entre otras cosas, la Estrategia Kazajstán 2030 y el Plan de Acción Nacional. La legislación vigente es adecuada; el principal desafío consiste en incorporar su aplicación al nivel de la vida cotidiana. Además, se proyecta sancionar nuevas leyes: Kazajstán se ha adherido a más de 30 convenciones internacionales y está comprometido a aplicar sus disposiciones.

La Presidenta dice que el Comité celebra el compromiso del Gobierno de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención y la enmienda al párrafo 1 del artículo 20. Está claro que existe la voluntad política de cumplir la Convención y que se ha establecido una base firme para futuros progresos.

Si bien la legislación nacional es esencialmente igualitaria, debería incorporarse en ella una definición de discriminación. La oradora celebra la intención del Gobierno de tomar medidas a ese respecto, de fortalecer el mecanismo nacional para los derechos de las mujeres y de establecer el cargo de ombudsperson. Es alentador que el Gobierno esté tratando de luchar contra los estereotipos de género, en particular en el plan de estudios escolar, y que esté considerando la posibilidad de incluir en la nueva legislación sobre los medios de comunicación la prohibición de discriminar por motivos de género. La oradora también celebra la decisión de dejar que los fiscales tomen la iniciativa en lo tocante al enjuiciamiento de los violadores.

El Gobierno debería tratar de incrementar la aceptación pública de las cuotas para mujeres en los puestos de adopción de decisiones; muchas sociedades creen que tales medidas promoverán la mediocridad en los cargos públicos, pero el elevado porcentaje de mujeres educadas en Kazajstán disipa esos temores. Además, la incorporación a las normas jurídicas del concepto de discriminación indirecta ayudará a colmar la brecha entre los salarios de los hombres y los de las mujeres.

La oradora espera con interés recibir información sobre la sanción y la aplicación del proyecto de ley sobre violencia doméstica; ese problema es demasiado importante para resolverlo mediante las disposiciones generales de un Código Penal, por mejor redactado que esté.

Por último, el plan del Gobierno de difundir las observaciones finales del Comité sobre el informe inicial son un buen augurio para el continuo éxito de un joven país comprometido con la promoción y la protección de los derechos humanos de las mujeres.

La Sra. Samakova (Kazajstán) agradece nuevamente al Comité, a la Oficina en Kazajstán del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y a los representantes de organizaciones internacionales con los cuales su delegación se reunió en Nueva York.

Se levanta la sesión a las 17.05 horas.