Marco legislativo y definición de la discriminación

La situación del proyecto de ley sobre “Igualdad de trato de mujeres y hombres” sigue siendo la misma sobre la que se informó. Es importante mencionar que, si bien el proyecto de revisión del Código Civil no incluye una definición específica de la discriminación, sí incorpora el principio de la igualdad entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, con el ejercicio conjunto de la patria potestad o la decisión sobre el apellido del niño (se puede elegir entre el apellido del padre, el de la madre o una combinación de ambos). A diferencia de la revisión del Código Civil, la revisión del Código Penal, aprobada en 2015, contiene una definición de la discriminación (artículo 126a). Esta definición es aplicable tanto a hombres como a mujeres y es acorde con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDCM). Además, el artículo 500a del Código Penal revisado, que se refiere a la discriminación laboral, menciona la orientación sexual explícitamente como motivo de discriminación.

Visibilidad de la Convención

No hay casos (por ejemplo, de divorcio, pensión alimenticia, guarda u orden de alejamiento) en los que los tribunales nacionales hayan invocado las disposiciones de la Convención. Sin embargo, se están haciendo referencias indirectas a la Convención. Por ejemplo, en los casos de violencia doméstica se hace referencia a la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica, en la cual la Convención se menciona como una de las consideraciones que han llevado a la redacción de dicha ley. Lo mismo se aplica a los casos de hostigamiento criminal. La Convención se ha traducido al neerlandés, nuestro idioma oficial; las recomendaciones generales todavía no se han traducido. La CEDCM y otros instrumentos internacionales relativos a los derechos de la mujer se han difundido ampliamente entre las instituciones y organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, como los ministerios, el Parlamento, los tribunales de justicia, las ONG, las bibliotecas y el público en general. La Convención y las recomendaciones generales todavía no se han integrado sistemáticamente en los programas de desarrollo de la capacidad destinados a legisladores, magistrados, fiscales, abogados, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Durante la elaboración de los informes periódicos cuarto a sexto combinados de Suriname, la Oficina de Asuntos de Género en 2012 celebró sesiones de consulta con organizaciones de la sociedad civil (OSC) y ONG que se ocupan de la mujer y las cuestiones de género, durante las cuales se presentó el contenido de la CEDCM.

En octubre de 2017, varios funcionarios gubernamentales participaron en un curso de formación sobre la CEDCM con un enfoque basado en los derechos humanos, organizado en Paramaribo (Suriname) en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En este curso de formación se abordaron tanto la Convención como la lista de cuestiones, a fin de ayudar a los participantes a comprender el alcance de la Convención y la forma de responder a la lista de cuestiones. En octubre de 2017 el Ministerio de Justicia y Policía empezó a formar a su personal en materia de género y cuestiones conexas. En este curso de formación también se abordan los contenidos de la CEDCM y su lista de cuestiones. Cada semana recibe formación un grupo de funcionarios, que incluye a personal encargado de vigilar el cumplimiento de la ley. Esta capacitación, que se lleva a cabo en colaboración con la Oficina de Asuntos de Género, continuará en 2018 y debería desembocar en la aplicación de una política que tenga en cuenta las cuestiones de género por parte del Ministerio de Justicia y Policía.

Acceso a la justicia

Si bien no hay mecanismos ni procedimientos especiales disponibles para que las mujeres hagan valer sus derechos en virtud de la Convención, cabe señalar que las mujeres tienen acceso a la justicia mediante los procedimientos habituales de los tribunales. El Gobierno ofrece asistencia jurídica y letrada gratuita a las personas económicamente débiles, independientemente del sexo, a través de la Oficina de Asistencia Jurídica (Bureau Rechtszorg) del Ministerio de Justicia y Policía. La asistencia jurídica gratuita incluye servicios de asesoramiento en todos los ámbitos del derecho, proporcionada por funcionarios juristas y, en caso necesario, a los clientes se los remite a abogados a quienes el Gobierno remunera sus servicios. Por ejemplo, en los casos de violencia doméstica, la Oficina de Asistencia Jurídica (Bureau Rechtszorg) presta asistencia jurídica específica a las mujeres víctimas y administra sentencias judiciales a los autores de los delitos mediante agentes judiciales a quienes contrata. La Oficina de Asistencia Jurídica (Bureau Rechtszorg) tiene como meta garantizar así la calidad de la asistencia jurídica y el asesoramiento que presta. No se ha realizado ninguna evaluación de estos servicios prestados por la Oficina de Asistencia Jurídica (Bureau Rechtszorg).

Mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer

En 2015 la Oficina Nacional de Política para la Mujer pasó a denominarse Oficina de Asuntos de Género.

El organigrama y el reparto de los distintos cargos se están ultimando. Para el fortalecimiento continuo del mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer, se ofrecieron diversas iniciativas de fortalecimiento de la capacidad al personal de la Oficina de Asuntos de Género y a los coordinadores de cuestiones de género, como la capacitación en la realización de encuestas sobre el empleo del tiempo, la capacitación sobre la elaboración de indicadores de género y la recopilación de datos de género, una formación básica en materia de igualdad entre los géneros y la transversalización de la perspectiva de género, una profunda formación de formadores en cuestiones de género y, recientemente en octubre de 2017, un curso de capacitación sobre el enfoque basado en los derechos humanos en el que se incluyó la CEDCM como estudio de caso.

La Comisión Nacional de Legislación en materia de Género, una comisión especial establecida en diciembre de 2013 por un período de un año, presentó propuestas de enmiendas a las leyes ante el Ministro del Interior. Después de diciembre de 2014, el mandato de la Comisión no se prorrogó.

Para un funcionamiento eficaz del sistema de gestión del género, la Oficina de Asuntos de Género formuló, en colaboración con los coordinadores de cuestiones de género, la descripción de funciones para estos y la presentó en 2016 al Ministro del Interior para su examen y aprobación.

Dentro del sistema de gestión del género, los coordinadores de cuestiones de género son responsables de la transversalización de la perspectiva de género en sus respectivos ministerios y es su responsabilidad velar por que las cuestiones de género se incorporen en los proyectos y programas, y que trabajen con perspectiva de género en el presupuesto anual de su propio ministerio. La Oficina de Asuntos de Género presta asistencia técnica al mecanismo nacional.

En diciembre de 2016, el Ministerio de Justicia y Policía puso en marcha el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo con lo planificado, se establecerá un período de transición de cuatro años durante el cual el Instituto se organizará de manera que cumpla con los requisitos acordes con los Principios de París. Esto significa que, en ese período, el Instituto se transformará en una institución independiente. En la última etapa de la transición, el Instituto será completamente independiente. Este se encargará de la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Además, habrá un ombudsman general vinculado al Instituto. La institución del ombudsman se estructurará en dos divisiones, una para los niños y otra para los adultos.

En el Código Penal revisado se han intensificado y renovado considerablemente las disposiciones relativas a la lucha contra la corrupción. Con respecto a la cuestión de la corrupción, el libro 2 del Código Penal, en sus títulos 7, 25 y 28, incluye determinados actos de corrupción que son punibles en el contexto de los delitos contra la autoridad pública, de engaño y de conducta indebida. Sin embargo, el enfoque de la corrupción no debería limitarse a la perspectiva de la justicia penal (represiva), sino que también debería centrarse en la prevención. En este sentido, la Ley contra la Corrupción fue aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento) el 31 de agosto de 2017 para abordar el problema de la corrupción en el sector público en una etapa temprana. Esta ley incluye la introducción de normas para prevenir y combatir la corrupción en el sector público y se aplica a todas las personas; en otras palabras, es neutra en cuanto al género. Esta ley puede ayudar a promover la confianza de los ciudadanos y empresarios en la administración pública. No obstante, la política gubernamental que la acompaña todavía debe formularse y aún no se ha examinado la aplicación práctica en relación con los derechos humanos.

Obligaciones extraterritoriales

Hay varias leyes en industrias como el oro, el petróleo y el agronegocio, aunque los derechos de la mujer no se abordan específicamente en tales leyes. Para ilustrar la legislación nacional a este respecto sirven los siguientes ejemplos:

Sectores de actividad del oro, el petróleo y el agronegocio

•Decreto sobre la Minería (Decreet Mijnbouw) S.B. 1986 núm. 28, según la última enmienda de S.B. 1997 núm. 44;

•Orden Estatal sobre las Instalaciones de Minería (Besluit Mijnbouwinstallaties) S.B. 1989 núm. 38;

•Ley del Petróleo (Petroleumwet 1990) S.B. 1991 núm. 7, z.l.g. bij S.B. 2001 núm. 58;

•Ley de Perforaciones (Wet betreffende het doen van boringen) G.B. 1952 núm. 93;

•Regulación de la Exportación en la Agricultura, la Horticultura y los Productos Forestales (Uitvoerverordening van Landbouw -, tuinbouw -, en boschproducten) G.B. 1936 núm. 77;

•Ley de Protección Fitosanitaria (Plantenbeschermingswet 1965) G.B. 1965 núm. 102 según la última enmienda de S.B. 1980 núm. 116);

•Decisión sobre Protección Fitosanitaria (Plantenbeschermingsbesluit) G.B. 1965 núm. 142;

•Ley de Hostigamiento (Hinderwet 1930) G.B. 1930 núm. 64 según la última enmienda de S.B. 2001 núm. 63).

Agronegocio

•Ley de Protección Fitosanitaria (Plantenbeschermingswet) de 8 de septiembre de 1965 sobre la prevención y el control de enfermedades en los cultivos, enmendada por última vez mediante G.B. 1972 núm. 163, S.B. 1980 núm. 116;

•Ley de Plaguicidas (Bestrijdingsmiddelenwet) de 7 de diciembre de 1972 G.B. 1972 núm. 151 sobre la regulación del comercio y la utilización de plaguicidas; Enmienda de la Ley de Plaguicidas S.B. 2005 núm. 18;

•Ley de Control y Prevención de Enfermedades de los Animales (Landsverordening van 3 april 1954 ter voorkoming en bestrijding van dierziekten) G.B. 1954 núm. 23. Aunque no hay ninguna mención oficial como título en la ley, se la denomina Ley de Control y Prevención de Enfermedades de los Animales;

•Ley de Inspección de Carnes y Otros Productos Animales (Wet inspectie vlees en overige dierlijke produkten), ampliación de la antigua Ley de Inspección de Carnes S.B. 2017 núm. 17);

•Ley de Bienestar Animal (Wet dierenwelzijn) de 16 de enero de 2017 sobre el bienestar de los animales y enmienda posterior al Código Penal S.B. 2017 núm. 4;

•Ley de la Leche (Landsverordening van 9 mei 1959 regelende de uitoefening van bedrijven tot bewerking en verwerking van melk alsmede de verkoop van consumptiemelk) G.B. 1959 núm. 39;

•El Proyecto de Ley sobre la Alimentación Animal para la Producción de Animales (Conceptwet op diervoeders van dierlijke productie), que sigue siendo un borrador interno. Incluye normas para la producción animal tomadas de la última Ley de Inspección de Carnes y de la Ley de Bienestar Animal.

Su objetivo principal es regular las actividades, así como proporcionar salvaguardias para los seres humanos, el medio ambiente y los animales. En el sector agrícola, hay legislación destinada a garantizar la inocuidad de los alimentos, las inspecciones sanitarias, la concesión de licencias, etc. Existen mecanismos de control dispuestos dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para vigilar el cumplimiento de las leyes y asegurar que las actividades no afecten negativamente a los derechos humanos (no específicamente los derechos de la mujer) ni pongan en peligro las normas que rigen la protección del medio ambiente, el trabajo, la salud y otras materias en general.

Medidas especiales de carácter temporal

Después de las actividades celebradas en el marco de las elecciones generales de 2015 para concienciar sobre la importancia de la participación en pie de igualdad en la vida pública y en los puestos con responsabilidad en la toma de decisiones, no se han adoptado medidas especiales de carácter temporal. Tampoco se han adoptado medidas provisionales con respecto a los sectores de empleo con dominio masculino y a fin de abordar las formas interrelacionadas de discriminación que sufren ciertos grupos desfavorecidos de mujeres, en particular las mujeres cimarronas, las mujeres del interior y las mujeres con discapacidad.

Estereotipos

El Estado reconoce que las actitudes patriarcales y los estereotipos de género profundamente arraigados desempeñan una función en la familia y la sociedad surinamesas. Se han organizado diversas actividades para hacer frente a esta cuestión, a saber:

En diciembre de 2015 se impartió la capacitación sobre “Intervención en casos de violencia doméstica para expertos de comunicación del Gobierno, trabajadores de los medios de comunicación y artistas”, iniciativa en la que participaron 11 hombres y 20 mujeres. El objetivo de esta actividad de formación era desarrollar prácticas de participación destinadas a eliminar la violencia contra la mujer y proporcionar a los asistentes herramientas para crear producciones (por ejemplo, artículos de prensa y música). Este grupo de comunicadores puede desempeñar un papel de liderazgo para combatir la violencia doméstica. No se ha realizado ninguna evaluación oficial pero, después de la formación, un periodista escribió un artículo sobre la violencia doméstica en un diario. El mismo periodista redactó otro artículo durante la epidemia del virus del Zika en Suriname en 2016. Señaló la necesidad de no centrarse únicamente en las mujeres (embarazadas) para la prevención y la protección frente a la enfermedad del Zika, sino también en los hombres.

En enero de 2016, el Ministerio del Interior impartió capacitación en asuntos de género y cuestiones conexas a varios funcionarios de distintos ministerios, organizaciones confesionales y ONG. Todavía no se ha realizado una evaluación estructural para valorar todos los cursos de capacitación.

Tras el éxito del grupo de presión de la Oficina de Asuntos de Género, la perspectiva de género se ha incorporado desde 2016 en los planes de estudio de los cursos impartidos por el Ministerio del Interior a los funcionarios públicos. Uno de los temas que se abordan en estos cursos es la fijación de estereotipos de género.

Una breve evaluación ha puesto de manifiesto que los estudiantes tienen una mejor comprensión de los asuntos de género y las cuestiones conexas.

En 2017 se celebró un curso de capacitación para los trabajadores de los medios de comunicación en el distrito de Nickerie, a cargo del Ministerio del Interior. En la formación se incluyeron los párrafos relativos a la fijación de estereotipos de género de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la CEDCM.

Violencia de género contra la mujer

En 2014 el Comité Directivo sobre la Violencia Doméstica presentó el Plan de Política Nacional 2014-2017 sobre la Violencia Doméstica al Ministro de Justicia y Policía para su aprobación. Este plan está aún en fase de proyecto y está siendo actualizado por el Consejo sobre la Violencia Doméstica, que estableció el Ministro de Justicia y Policía en junio de 2017. El Ministro se ha comprometido a ejecutar este proyecto de plan.

Aunque todavía no se ha estudiado el impacto de la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica y el Código Penal en relación con las revisiones sobre la penalización de la violación conyugal, y a pesar de que el Plan de Política Nacional sobre la Violencia Doméstica todavía se encuentra en fase de proyecto, se pueden presentar los siguientes datos.

Número de víctimas de la violencia doméstica desde 2009 registradas en la policía

Año	Hombres	Mujeres	Total	% mujeres
2009	342	1 574	1 916	82
2010	518	1 033	1 551	67
2011	364	1 095	1 459	75
2012	202	1 237	1 439	86
2013	233	1 220	1 453	84
2014	369	1 496	1 865	80
2015	757	999	1 756	57
2016	305	946	1 251	76

Número de casos de violación en la familia (incluidas las violaciones conyugales) registrados en la policía

Año	Número
2014	20
2015	28
2016	32

Mujeres muertas a manos de su pareja o expareja

Año	Número
2009	1
2010	4
2011	0
2012	6
2013	3
2014	7
2015	10
2016	13

Fuente: Cuerpo de Policía de Suriname

Número de casos de violencia contra niñas y adolescentes, mujeres adultas y ancianas que fueron enjuiciados, en proporción al número total de denuncias de actos de violencia contra la mujer

Período	Número de informes policiales, de cuya investigación el resultado está documentado en un archivo de procesamiento y se ha remitido al Ministerio Fiscal (casos penales)	Número de casos que concluyeron en los tribunales (casos penales)
2013 (octubre a diciembre)	16	3
2014	195	24
2015	170	21
2016 (enero a julio)	52	6
Total	433	54

Fuente: Ministerio Fiscal, información con fecha de agosto de 2016.

Número y porcentaje de procesos penales iniciados por delitos de feminicidio, homicidio y asesinato, comparado con el número y porcentaje de casos penales con juicio y fallo (sentencia condenatoria o absolutoria) por delitos de feminicidio, homicidio y asesinato

Período	Descripción	Número total
2014	Asesinato	20
	Homicidio	3
	Feminicidio	3
	Procesos penales	23
	Sentencia	Tres casos de feminicidio se celebran ante un tribunal y los sospechosos reciben una sentencia.
2015	Asesinato	23
	Homicidio	5
	Feminicidio	7
	Procesos penales	21
	Sentencia	Dos casos de feminicidio se celebran ante un tribunal y los sospechosos reciben una sentencia, mientras que los otros cinco casos siguen pendientes ante los tribunales.
2016 (enero a julio)	Asesinato	8
	Homicidio	4
	Feminicidio	1
	Procesos penales	2
	Sentencia	Un caso de feminicidio sigue pendiente ante los tribunales.

Fuente: Ministerio Fiscal (información con fecha de agosto de 2016).

Número de solicitudes de órdenes de protección en casos de violencia doméstica presentados en el tribunal civil

Período de sesiones anual Octubre a septiembre	Número de solicitudes*
2013–2014	420
2014–2015	418
2015–2016	412
2016–2017 (febrero)	195

Fuente: informe de un taller de la Fundación Stop Violence against Women, marzo de 2017.

*Estas solicitudes de órdenes de protección corresponden en su mayoría a nuevas causas.

Desde 2014 se han designado cuatro jueces cantonales para Paramaribo y alrededores por una duración de dos períodos de sesiones anuales, para que aborden las solicitudes de órdenes de protección en casos de violencia doméstica, además de desempeñar sus funciones ordinarias. Para el distrito de Nickerie se ha nombrado también a un juez para similares fines. El número de solicitudes ha aumentado hasta el punto de que todo juez en un período de sesiones anual concluye con alrededor de 100 nuevas solicitudes, debe ocuparse de una media de 12 a 16 nuevas solicitudes por mes, estudia al menos 3 o 4 nuevas solicitudes cada semana y al menos se juzgan 3 o 4 casos en una sesión cada semana.

La Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica proporciona protección en una etapa temprana y mediante un procedimiento rápido. La protección se consigue mediante la imposición de preceptos y prohibiciones para el acusado, que figuran dentro de una orden de protección. Las órdenes de protección son dictadas por el juez cantonal responsable de los litigios civiles. La evaluación de los resultados de esas medidas se llevará a cabo en 2018.

En la actualidad solamente existe un albergue de titularidad gubernamental para las mujeres víctimas de la violencia doméstica y sus hijos de hasta 12 años de edad. Por razones de seguridad, la dirección donde se ubica este albergue es secreta. Desde 2012 ha proporcionado alojamiento a una media de entre 12 y 15 clientes cada año. El albergue proporciona orientación práctica (durante las visitas a la policía, al médico de familia, al departamento de urgencias en caso necesario, así como para organizar los encuentros con el empleador y el transporte de los niños a la escuela), orientación emocional mediante el diálogo, asesoramiento jurídico y emocional al solicitar una orden de protección y al acudir personalmente a los tribunales, la fiscalía o la Oficina de Asuntos de Derecho de Familia. Los servicios que proporciona el albergue se evalúan periódicamente para mejorarlos.

Trata y explotación de la prostitución

El Código Penal se revisó en 2015 con respecto a la trata de personas y ahora se caracteriza por estar más en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en particular el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. La revisión incluye en primer lugar una ampliación de la jurisdicción, lo que significa que el Código Penal de Suriname también es aplicable a las personas de nacionalidad surinamesa que cometan delitos de trata de personas fuera de Suriname. En segundo lugar, la revisión incluye la prescripción del delito y la exclusión de los procesos penales al transcurrir un período de tiempo determinado. Por lo general, el período de tiempo para la prescripción empieza a contarse el día después de que se haya cometido el delito penal. Se hace una excepción para aquellos casos en que la trata se comete contra una persona que aún no ha alcanzado la edad de 18 años. En estos casos, la duración del período de tiempo para la prescripción del delito empieza a contarse el día en que la víctima cumple 18 años. En tercer lugar, además de la explotación sexual, se han incluido otros propósitos de la trata de personas, como los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas y la extracción de órganos. En cuarto lugar, para lograr un equilibrio mutuo entre las penas máximas, se han incrementado las penas.

Las estadísticas de la policía muestran lo siguiente:

Año	Número de casos	Número de detenciones	Número de custodias	Número de hombres bajo custodia	Número de mujeres bajo custodia	Número de registros	Número de víctimas
2015	17 (9 trata de personas / 8 tráfico ilícito)	20	20	12	8	45	13
2016	39 (3 trata de personas / 36 tráfico ilícito)	63	38	34	4	69	5
2017 (enero a octubre)	15 (4 trata de personas / 11 tráfico ilícito)	37	34	18	16	27	5

Se dispone de un refugio para mujeres y niños víctimas de la trata de personas, que por motivos de seguridad se ubica en una dirección secreta. El albergue proporciona alojamiento, incluidas la alimentación y otras necesidades, a más de 20 víctimas. También existe un albergue separado para hombres víctimas de la trata de personas, que por motivos de seguridad se ubica en una dirección secreta.

Se están llevando a cabo programas de sensibilización sobre la trata de personas para las comunidades de cimarrones y las mujeres y las niñas en el interior. Estos programas se transmiten en los idiomas neerlandés, sranan tongo y aucan (idioma local de una de las comunidades cimarronas) a través de Radio Kojeba, dado que esta emisora de radio es popular entre las comunidades de cimarrones. La comunidad cimarrona ha respondido positivamente a estas emisiones haciendo uso de las posibilidades que se ofrecen al público para llamar y participar por teléfono.

Además de lo anterior, con frecuencia se ofrece información sobre la trata de personas a través de los medios de comunicación (televisión, radio, prensa) y en el sitio web de la Policía de Suriname. En colaboración con otras partes interesadas, se preparan más programas de concienciación para aplicarlos en breve, dirigidos específicamente a las regiones del interior.

El Estado parte se halla inmerso en el proceso de recopilar información y responderá durante el diálogo con el Comité.

Participación en la vida política y pública

A pesar de la ausencia de un plan de acción para introducir un sistema de cuotas, se han realizado progresos para aumentar la representación de la mujer en la vida pública y en los puestos de adopción de decisiones políticas.

Tras las elecciones generales de 2015, la Oficina de Asuntos de Género envió una carta a los medios de comunicación, incluidos los diarios, con un llamamiento a los partidos políticos de la coalición gubernamental para que eligiesen y designasen a mujeres en igualdad de condiciones con los hombres con vistas a ocupar diversos puestos públicos con responsabilidades para la adopción de decisiones.

Las actividades que se mencionan en el informe (párr. 75) se han traducido en un aumento del número de mujeres en la Asamblea Nacional (Parlamento). En la actualidad hay 14 mujeres (28%) y 38 hombres en la Asamblea Nacional (Parlamento). También ha mejorado la participación de la mujer a nivel local.

Por ejemplo, la proporción de mujeres miembros de los Consejos de Distrito (administración local) aumentó del 32% en 2010 al 37% en 2015, mientras que los Consejos Locales (administración local) registraron un aumento del 36% al 42% en 2015. Entre 2010 y 2017, la proporción de Comisionadas de Distrito aumentó del 27% al 29%.

Como se menciona en el informe del Estado (párr. 87), en 2010 las mujeres juezas eran mayoría en el Tribunal de Justicia; la proporción de mujeres respecto a hombres en la judicatura aumentó del 63% en 2013 al 74% en 2017.

Suriname tiene 20 cooperativas agrícolas con 802 miembros. La representación de las mujeres dentro de estas 20 cooperativas es del 31%. De estas 20 cooperativas, 6 están dirigidas por mujeres.

Educación

En Suriname hay 28 escuelas para niños con discapacidad. Se encuentran situadas principalmente en las tres zonas de Paramaribo y los distritos rurales de Wanica y Nickerie. No se han adoptado medidas para aumentar la accesibilidad de las niñas indígenas y cimarronas con discapacidad, que viven en regiones del interior, o las niñas pertenecientes a grupos minoritarios y que viven en situación de pobreza.

El instituto de formación profesional, dependiente del Ministerio de Trabajo, ofrece cursos de capacitación accesibles para hombres y mujeres. En la promoción de la capacitación a través de los medios de comunicación (sociales), se hace especial hincapié en las mujeres como estudiantes de profesiones no tradicionales. También se ponen de relieve las ventajas sociales y financieras de participar en estos cursos de capacitación durante las actividades de promoción.

Los datos muestran que hay más mujeres que hombres que asisten a la Universidad Anton de Kom de Suriname, por lo que también están representadas en los estudios de ciencias, matemáticas y tecnologías de nivel superior. Por ejemplo, la tasa de matriculación de mujeres en la Facultad de Matemáticas y Física alcanza el 73%.

Con respecto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el plan de estudios se centra en la mejora de la comunicación, el aumento de la sensibilización y la capacidad de adoptar decisiones responsables que conduzcan a unas relaciones sexuales saludables. En el marco del Proyecto de Mejora de la Enseñanza Básica del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, en 2011 se contrató al Instituto Neerlandés para el Desarrollo de Planes de Estudio (SLO) a fin de elaborar un marco de planes de estudios para un programa de educación básica de 11 años en Suriname.

El objetivo general de este programa compuesto por múltiples fases es incrementar los resultados de aprendizaje de los estudiantes en el sistema educativo nacional de Suriname, desde el nivel preescolar hasta la educación secundaria, y mejorar la eficiencia interna y la calidad del nuevo sistema de educación básica. Entre septiembre de 2010 y marzo de 2011, un gran grupo de interesados de la esfera de la educación, bajo la dirección de SLO, trabajó en el marco de los planes de estudios y en el programa educativo nacional.

Aún no están disponibles los datos desglosados por edad y región sobre las tasas de deserción escolar de las niñas debida a embarazos.

Desde 2016, el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura ha establecido un protocolo de embarazo mediante una decisión ministerial para garantizar la regulación en la enseñanza secundaria e impedir que los directores de escuelas tomen sus propias decisiones en cuanto a si se debe excluir a las adolescentes embarazadas y madres de los centros escolares.

Con respecto a las adolescentes embarazadas que abandonan el sistema escolar formal, se les brinda la oportunidad de proseguir su educación mediante los cursos de capacitación que ofrecen el Ministerio de Trabajo y las ONG.

Desde 2016, el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura ha establecido un protocolo de embarazo mediante una decisión ministerial para garantizar la regulación en la enseñanza secundaria e impedir que los directores de escuelas tomen sus propias decisiones en cuanto a si se debe excluir a las adolescentes embarazadas y madres de los centros escolares.

La Oficina de Asuntos de Género, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas, recientemente inició la primera fase del proyecto Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales en el distrito de Nickerie. El objetivo del proyecto es empoderar económicamente a las mujeres (desempleadas), a fin de que puedan generar ingresos propios. Ya se ha llevado a cabo un curso de capacitación sobre técnicas de propagación para vegetales.

Wi Uma fu Sranan es la primera cooperativa agrícola de mujeres de Suriname (se puso en marcha en febrero de 2016). Está compuesta por 40 cimarronas. Esta cooperativa tiene por objeto contribuir conjuntamente al desarrollo de las regiones del interior de Suriname mediante un aumento de las oportunidades de empleo para las mujeres cimarronas.

La cooperativa está activa en los distritos de Brokopondo, Saramacca, Para y Wanica, y colabora con asociados estratégicos, incluido el Gobierno. En la actualidad produce y vende una variedad de cereales elaborados a partir de mandioca.

La Ilse Henar-Hewitt Foundation ha presentado un proyecto de Ley sobre el Acoso Sexual ante el Ministerio de Trabajo y existe la intención de finalizar este proyecto de ley en 2018.

En lo que respecta a la licencia de maternidad remunerada, la situación del proyecto de Código Civil es la misma de la que ya se ha informado y solo regula la licencia de maternidad para las mujeres. En el proyecto de Código Civil, la mujer tendrá derecho a una licencia de maternidad remunerada durante un mínimo de 12 semanas y un máximo de 14 semanas.

Además, el Ministerio de Trabajo ha redactado un proyecto de ley sobre la protección de la maternidad. La Ley de Protección de la Maternidad regulará la baja laboral de la madre y del padre en el sector privado y ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2017. Este proyecto de ley aún debe presentarse al Consejo Consultivo del Estado. La Ley de Protección de la Maternidad incluirá nuevas disposiciones en materia de seguridad y salud ocupacional, así como en materia de lactancia materna.

En lo que respecta a la enmienda a la Ley de los Funcionarios Públicos (Personeelswet), no se han hecho progresos.

El Estado parte tiene la intención de reunir datos desglosados por sexo sobre la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical. En ese sentido, se deberían adoptar dos medidas. La primera medida es instalar un sistema de información sobre el mercado de trabajo, lo que actualmente está en marcha. La segunda medida consiste en actualizar la Ley de Inscripción de los Trabajadores, que en la actualidad ya no está vigente y no se aplica. Esta ley se actualizará en 2018. Estas medidas se adoptan con miras a fortalecer los esfuerzos dedicados a aplicar el principio de igualdad de remuneración por un mismo trabajo, de conformidad con el Convenio núm. 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A ese respecto, el Ministro de Trabajo también ha establecido dos comités especiales para preparar la Ley sobre la Igualdad de Trato y la Ley sobre la Violencia en el Lugar de Trabajo, que se completarán durante el primer trimestre de 2018.

Salud

En lo que respecta a la asignación del presupuesto nacional a la salud de la mujer y a satisfacer las necesidades básicas de salud sexual y reproductiva de las mujeres, el Ministerio de Salud asigna una proporción de su presupuesto a esos ámbitos de la salud. Actualmente hay actividades y proyectos en curso de ejecución. Lamentablemente, esta proporción del presupuesto no se expresa como un porcentaje del presupuesto anual y no puede extraerse como tal.

Los artículos 355, 356 y 357 del Código Penal no se han enmendado y no se han realizado progresos para legalizar el aborto. En la actualidad, el aborto no está permitido legalmente por ningún motivo. No existe ninguna excepción legal explícita para salvar la vida de la madre, aunque en la práctica esta excepción sí se aplica.

En lo que respecta al acceso a los anticonceptivos, las personas con seguro médico tienen acceso a anticonceptivos. Quienes no cuentan con un seguro médico tienen que pagarlos de su bolsillo o pueden obtenerlos a través del Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda. En las regiones del interior, los anticonceptivos se distribuyen a través de la Misión Médica. Mediante el programa del Ministerio de Salud para la malaria también se distribuyen anticonceptivos en el interior. En 2017 se ha firmado un acuerdo con las ONG para que, mientras realizan sus programas de divulgación, en los campos de minería también distribuyan anticonceptivos.

El Plan Estratégico Nacional (PEN) para un enfoque multisectorial del VIH en Suriname 2014-2020 hace hincapié en la prevención de la infección por VIH/SIDA en grupos de alto riesgo, a saber, las mujeres que ejercen la prostitución y las mujeres que se prostituyen en la esfera de la minería en el interior, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las lesbianas, los gais, los bisexuales, los trans, los intersexuales y los jóvenes. También hace hincapié en la necesidad de reducir el estigma y la discriminación contra las mujeres que viven con el VIH.

Con respecto a la inclusión de los programas de prevención del VIH para las mujeres casadas o involucradas en otros tipos de relaciones conyugales, no se ha producido ninguna mención específica de esos grupos.

Los principios rectores del PEN sí hacen referencia expresa, por ejemplo, a que se deberían incrementar los recursos y la capacidad de los servicios de asesoramiento y el suministro de anticonceptivos, con el fin de atender las necesidades no satisfechas de las mujeres seropositivas y sus parejas, así como integrar las pruebas de diagnóstico inicial para la detección del VIH, la sífilis y la hepatitis B y también las pruebas de embarazo dentro de los servicios de salud sexual y reproductiva y de salud maternoinfantil, a fin de que lleguen a las mujeres y sus parejas.

Vida económica y social

No se llevado a cabo ninguna evaluación de las repercusiones de la reforma legislativa (la Ley del Salario Mínimo por Hora, la Ley Nacional de Prestaciones del Régimen de Pensiones y la Ley del Seguro Médico Básico Nacional) y sobre la concesión de las prestaciones sociales que se enumeran en los párrafos 164 a 175 del informe sobre la reducción del nivel de pobreza de las mujeres. Aunque no se ha realizado ninguna evaluación sobre los efectos de las medidas de austeridad en las mujeres, el Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda todavía presta servicios sociales a los grupos y personas desfavorecidos que cumplan los requisitos.

Reducción del riesgo de desastres y cambio climático

Las regiones del interior son un ámbito de acción específico para el Centro de Coordinación Nacional para la Gestión de Desastres debido a la mayor frecuencia de las inundaciones y la situación vulnerable de la población, que depende en gran medida de su entorno natural para su subsistencia diaria. El Centro se esfuerza por garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas y cimarronas durante sus actividades en el interior, entre otros aspectos en la coordinación de las labores de asistencia ante situaciones de urgencia, de las cuales las mujeres suelen ser las beneficiarias. Un número cada vez mayor de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y cimarrones (capitanes o jefes y basyas o auxiliares) con quienes trabaja el Centro son mujeres y muchas aldeas cuentan con organizaciones de mujeres. Esas autoridades y organizaciones participan a nivel comunitario cuando se debate y analiza la gestión de desastres, incluidas la respuesta y la prevención. Además, el Centro está actualmente en proceso de ofrecer capacitación a las oficinas administrativas de distrito (Bestuursdienst) regionales sobre los procedimientos y la planificación de la gestión de desastres. En esas oficinas, un número considerable de los funcionarios son mujeres y proceden de las comunidades locales.

El Instituto Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo de Suriname (NIMOS) es el principal órgano asesor y de elaboración de políticas de gestión ambiental, además del principal instituto de investigación en el seno del Gobierno. El NIMOS coordina una serie de proyectos relacionados con el medio ambiente. Actualmente hay dos proyectos en marcha en los que es obligatorio que los hombres y las mujeres participen de manera proporcional.

Se trata de los siguientes proyectos:

El Proyecto de la Alianza del Japón y el Caribe contra el Cambio Climático (J-CCCP)

Este proyecto tiene por objeto fortalecer la capacidad de los países del Caribe para invertir en tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con las prioridades establecidas en sus medidas de mitigación apropiadas para cada país y los planes nacionales de adaptación.

Con respecto al segundo resultado (Adopción y aplicación de tecnologías de mitigación y adaptación), el proyecto debería indicar las funciones específicas, los beneficios previstos y los resultados negativos tanto para los hombres como para las mujeres.

Uno de los proyectos del J-CCCP que está ejecutando el Ministerio de Desarrollo Regional fue la aplicación a principios de 2017 de la iniciativa llamada Mejorar el acceso al agua potable para la comunidad cimarrona de Asigron Brokopondo, en la que el 42% de los participantes fueron mujeres, al tiempo que el 47,8% de los hogares estaban encabezados por mujeres. También participaron los jóvenes (el 53% mujeres) y las personas ancianas (el 55% mujeres).

Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (REDD-plus)

De acuerdo con el NIMOS, para que el programa REDD-plus tenga éxito, es imprescindible que todas las partes interesadas se impliquen y participen en todas las etapas del proceso. Desde febrero hasta junio de 2017, se celebraron sesiones de intercambio de información en las diferentes comunidades indígenas y cimarronas. Se informó a las comunidades acerca del cambio climático, de las fases actuales del proyecto REDD-plus y sobre cómo puede contribuir el proyecto REDD-plus a Suriname y ayudar a los distintos grupos específicos a los que está dirigido, como las mujeres, los niños, los jóvenes, etc. También se han celebrado consultas en distintas comunidades indígenas y cimarronas con vistas a desarrollar una estrategia REDD-plus nacional. Durante estas sesiones de intercambio de información y consultas, se estableció como requisito la participación de las mujeres de estas comunidades. Las mujeres participaron en diferentes niveles dentro del marco de la estrategia nacional de REDD-plus.

Las sesiones de intercambio de información están en curso. La última consulta acerca del proyecto REDD-plus sobre la estrategia nacional REDD-plus se celebró en septiembre/octubre de 2017.

En las sesiones de información participaron 487 personas procedentes de 59 comunidades indígenas y cimarronas, de las cuales el 54% eran mujeres.

Mujeres de las zonas rurales, mujeres cimarronas y mujeres indígenas que viven en el interior

El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2016 de Suriname no se ha evaluado oficialmente, debido a la falta de indicadores y metas. Cabe mencionar que la Asamblea Nacional (Parlamento) ha aprobado recientemente un plan de desarrollo 2017-2021.

A fin de prestar una atención específica al desarrollo de los pueblos indígenas y los cimarrones y los pueblos afrosurinameses del interior, se establecieron dos nuevas direcciones en el Ministerio de Desarrollo Regional en 2016, a saber:

Dirección para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas y Dirección para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Afrosurinameses/Cimarrones del Interior.

Ambas direcciones tienen por objeto lograr el desarrollo sostenible para los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes del interior de Suriname. La tarea principal de esas direcciones consiste en desarrollar programas, proyectos y actividades que se consideran necesarios para mejorar sistemáticamente las condiciones de vida y fomentar la capacidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Suriname, sobre la base del principio del consentimiento libre, previo e informado.

Las direcciones sirven además como órganos que determinan, estimulan, facilitan, supervisan, evalúan y ajustan las iniciativas de desarrollo en las comunidades indígenas y afrodescendientes del interior de Suriname.

Las direcciones no se centran específicamente en los aspectos de género en esas comunidades tribales. No obstante, hay acontecimientos que contribuyen a las cuestiones de género, en particular en los casos en que cada vez más mujeres están representadas en las estructuras de las autoridades tradicionales de ambos grupos.

Grupos de mujeres desfavorecidas

La Constitución de la República de Suriname, en su artículo 8, párrafo 2, establece que nadie podrá ser discriminado por motivos de nacimiento, sexo, raza, idioma, origen religioso, educación, orientación política, situación económica o cualesquiera otras circunstancias.

Las mujeres con discapacidad, las mujeres cimarronas e indígenas tienen menos acceso al empleo debido a la falta de oportunidades que predomina generalmente en las zonas rurales. Cabe mencionar en este sentido que, con la inauguración del hospital “Marwina” en el distrito de Marowijne, se crean oportunidades de empleo para la población local.

En lo que respecta al acceso a los servicios financieros, en el distrito de Brokopondo tres bancos han instalado cajeros automáticos, concretamente el Finabank, el Surinaamse Postspaarbank (SPSB)y el Godo Bank. A fin de facilitar el acceso para las personas ancianas y las personas con discapacidad, el Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda introdujo la denominada Moni Karta en 2017 como alternativa de automatización del sistema de pagos. La Moni Karta es una tarjeta de débito mediante la cual mensualmente se ponen las diversas prestaciones financieras que proporciona el Gobierno a disposición de las personas beneficiarias que reúnan los requisitos.

Además, el Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda presta servicios sociales a los grupos desfavorecidos que se ajustan a los requisitos pertinentes.

La política que mantiene el Gobierno de ofrecer un seguro médico básico (BaZo-kaarten) a todas las personas en los grupos de edad de 0 a 17 años y de más de 60 años se aplica por igual a las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas y las cimarronas. Anteriormente este año, el Ministerio de Desarrollo Regional prestó asistencia en la distribución de las tarjetas de seguro médico a los habitantes del interior.

En lo que atañe al acceso de las mujeres rurales a los servicios de salud, varios proveedores (gubernamentales y no gubernamentales) ofrecen servicios de asistencia sanitaria en las zonas rurales para toda la población, independientemente del género. También cabe mencionar que se ha construido un nuevo hospital “Marwina” en el distrito de Marowijne y estará abierto al público en enero de 2018. Se construirán una sala de operaciones para realizar cirugías y algunas clínicas especializadas. También se llevarán a cabo misiones centradas en la cirugía ocular y ortopédica. Los servicios que se prestarán se ajustarán a las necesidades de la comunidad local. Este hospital colaborará con los distintos centros de asistencia sanitaria del Departamento Regional de Salud.

Además, se ha construido un centro de atención sanitaria en otras partes del distrito mencionado anteriormente. Asimismo, ya ha comenzado la construcción de un centro de atención sanitaria en Moengo, un municipio del distrito de Marowijne.

Las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas y las cimarronas tienen acceso a la educación. Pueden matricularse en escuelas de enseñanza primaria y secundaria, hay medios de transporte por tierra y agua disponibles para llegar hasta las instalaciones de los centros educativos, existen internados para quienes viven lejos de los centros de enseñanza, así como se brindan oportunidades de desarrollo mediante los denominados “núcleos centrales”.

En lo que respecta a la separación sistemática de las niñas de las mujeres privadas de libertad, puede decirse que la separación de las niñas de las mujeres detenidas en la institución penitenciaria central solo se produce en lo que respecta a los dormitorios. Se hace un uso conjunto de las instalaciones sanitarias y la cocina.

Igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares

En el informe sobre la CEDCM ya se indicaba que el proyecto de revisión del Código Civil fue examinado por el Consejo de Estado en julio de 2011 y se presentó al Presidente de la República de Suriname para remitirlo a la Asamblea Nacional (Parlamento). Este proyecto de revisión del Código Civil se actualizó en 2016-2017 y actualmente están en curso los preparativos para presentarlo una vez más.

El estado de la legislación sobre identificación es el mismo.

No existe una estrategia nacional para la prevención y eliminación de las uniones y los matrimonios infantiles.

Protocolo Facultativo y enmienda del artículo 20, párrafo 1

Como se informó, el carácter de las condiciones que deben establecerse antes de la ratificación del Protocolo Facultativo es más o menos legislativo. Esto incluye la reforma o revocación de las leyes discriminatorias de género existentes y la preparación o el ajuste de ciertas leyes para reforzar la posición de la mujer; por ejemplo, una ley sobre la licencia de maternidad remunerada para las empleadas del sector privado, una ley sobre la prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo y una ley sobre la igualdad de trato de hombres y mujeres. Además, también se deberían establecer medidas institucionales, como un departamento o comité especial que se encargase de atender las denuncias. La aceptación de la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativo al tiempo asignado a las reuniones del Comité, continúa bajo consideración por parte de Suriname.