26° período de sesiones
Acta resumida de la 547ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 29 de enero de 2002, a las 10.00 horas
Presidente:Sra. Abaka
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos combinados inicial, segundo y tercero de Trinidad y Tabago (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 10.45 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos combinados inicial, segundo y tercero de la República de Trinidad y Tabago (continuación) (CEDAW/C/TTO/1-3)
A invitación de la Presidenta, el Sr. McKenzie, la Sra. Sirjusingh, la Sra. McFee y el Sr. Spencer (Trinidad y Tabago) toman asiento a la mesa del Comité.
El Sr. McKenzie (Trinidad y Tabago) dice que, con sus preguntas, los miembros del Comité han demostrado conocer, comprender y valorar las necesidades de las mujeres de su país. Señala una vez más que la Constitución, basada en el modelo anterior a la independencia, fue adoptada a raíz de ésta en 1962 y ha sido modificada en los años noventa a la luz de la evolución de la sociedad.
La Sra. Sirjusingh (Trinidad y Tabago), en respuesta a las preguntas generales formuladas por el Comité, afirma que el Gobierno está estudiando la enmienda al párrafo 1 del artículo 20, de la Convención, aunque todavía no contempla la adhesión al Protocolo Facultativo. El retiro de la reserva del párrafo 1 del artículo 29, no se está considerando por el momento.
En cuanto a las preguntas relativas a la Constitución, dice que aunque el artículo 2 de la Constitución establece la nulidad de las leyes incompatibles con ella, el artículo 13 permite a la Corte Suprema mantener en vigor una ley que pueda derogar un derecho fundamental si estima que existe una razón que lo justifique. Un ejemplo de ello es la Ley de Violencia Doméstica de 1999, ya que permite a la policía entrar en un domicilio sin orden judicial cuando existan motivos razonables para creer que alguien esté cometiendo actos de violencia que puedan provocar lesiones o muerte.
La Constitución, aunque no distingue entre discriminación intencionada y discriminación de resultado, protege a las mujeres frente a cualquier discriminación con respecto a los derechos fundamentales que se reconocen en ella, incluido el derecho a la igualdad ante la ley y la igualdad de trato por parte de las autoridades públicas. El empleo del género en la Constitución es una herencia de la tradición jurídica británica, pero las leyes del país determinan claramente que el contenido de las disposiciones escritas se aplica por igual a hombres y mujeres.
En respuesta a las preguntas sobre las posibilidades de recurso judicial, señala que en caso de infracción de lo dispuesto en los artículos de la Constitución relativos a los derechos fundamentales es posible recurrir ante la Corte Suprema y, con arreglo a la Ley de Recursos Judiciales de 2000, podrán recurrirse las decisiones de los tribunales, órganos judiciales, organismos o autoridades públicas inferiores. Las acciones por motivos de interés público sólo pueden ejercitarse en los términos previstos en la Ley de Recursos Judiciales. Sin embargo, no podrá interponerse recurso contra las leyes que discriminen a la mujer, que sólo pueden impugnarse según lo dispuesto en la Constitución. Las estadísticas sobre los recursos judiciales interpuestos no están desglosadas por sexo. Aproximadamente, entre 1991 y 1999 se interpusieron 248 recursos; las mujeres tuvieron igualdad de acceso al procedimiento.
La Ley de Igualdad de Oportunidades de 2000 prohíbe la discriminación y promueve la igualdad de oportunidades con independencia del sexo, el color, la raza, el origen étnico, la procedencia, la religión, el estado civil o la discapacidad en relación con el empleo, la educación, la provisión de bienes y la prestación de servicios, y el alojamiento. Las denuncias por infracciones de la Ley deberán presentarse por escrito a una comisión de cinco miembros, que podrá investigar e intentar resolver la controversia mediante conciliación. Si el asunto no se resuelve, podrá interponerse recurso ante un tribunal. El Gobierno esta resolviendo los problemas administrativos relacionados con la puesta en marcha de la comisión y el tribunal, por lo que la ley aún no está plenamente en vigor. El hecho de que la ley no mencione la preferencia sexual no significa que el Gobierno apruebe la discriminación de lesbianas y homosexuales, si bien la población posee principios morales fundamentalmente conservadores y no está preparada para aceptar dichas prácticas. Dado que la homosexualidad y el lesbianismo aún no han sido despenalizados en Trinidad y Tabago, no era recomendable que la legislación se extendiera para dar cabida a la discriminación por motivos de orientación sexual.
La Sra. McFee (Trinidad y Tabago) subraya el avance de la política de género del país y dice que las primeras actividades comenzaron en 1988 y que en 1999 estaba listo un primer proyecto de política de género para su examen. Se estudiaron varias opciones y se decidió contratar a un consultor para que dirigiera el proceso; se ha recabado la asistencia técnica de varias organizaciones internacionales, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para completar la declaración de principios y el plan de acción. Mientras tanto, el Gobierno se ha orientado por el Marco Político de Mediano Plazo (que define los principales objetivos de la mujer, como un mayor poder económico, o una participación en la política y la reducción de la violencia, en su contra) el Plan de Acción del CARICOM y la Plataforma de Acción de Beijing.
La Sra. Sirjusingh (Trinidad y Tabago), en respuesta a las preguntas sobre la composición de la judicatura, dice que cuatro magistrados de la Corte Suprema y dos de la Corte de Apelaciones son mujeres y hay también jueces mujeres. La selección de los miembros de la carrera judicial corresponde a la Comisión Judicial y del Servicio Jurídico, de carácter independiente, nombrada por el Presidente previa consulta con el Primer Ministro y el líder de la oposición. Recientemente se ha creado un Comité de Educación Judicial entre cuyas actividades se encuentra la organización de retiros para los jueces en los que se realizan talleres y se discuten temas de interés; la sensibilidad hacia el género ha sido uno de los temas tratados. Existe una conciencia cada vez mayor sobre cuestiones como la violencia doméstica. El Gobierno no tiene conocimiento de decisiones judiciales discriminatorias para la mujer, especialmente en casos de violencia doméstica.
Un examen de las estadísticas revela que en 1999, 2000 y 2001 las denuncias de mujeres representaron, por término medio, un 29% de todas las denuncias de discriminación. Con arreglo a la Ley del Ombudsman, las denuncias pueden presentarse ante la policía, la Comisión de la Administración Pública, las autoridades penitenciarias y/o las autoridades educacionales y son fiscalizadas para velar por que sean objeto de las medidas del caso. La oficina del Ombudsman no está integrada en el organigrama del servicio público. El Ombudsman es nombrado por el Presidente previa consulta con el Primer Ministro y el líder de la oposición, y es un miembro del Parlamento.
La Ley sobre Asistencia Judicial ha sido modificada recientemente para ampliar el número de asuntos para los cuales se puede obtener. En la práctica, la mayor parte del trabajo que realiza el Servicio de Asistencia Judicial se refiere al mantenimiento y custodia de los niños. Sólo se concede asistencia gratuita para asuntos constitucionales cuando la referida autoridad estima que debe zanjarse una cuestión constitucional importante.
En cuanto a la violación marital, afirma que la legislación sobre delitos sexuales recientemente aprobada establece que, en la actualidad, un marido, mujer o compañero pueden ser acusados de violación marital mientras dure el matrimonio o la relación de cohabitación, tanto si los interesados están separados como si no, y que la ley ya no exige para ello el consentimiento de la Fiscalía del Estado.
La Sra. McFee (Trinidad y Tabago) dice que la División de Asuntos de Género está encargada de la planificación en materia de género a escala nacional y que el Consejo Nacional de la Mujer y el Comité Interministerial desempeñan una función consultiva en la formulación de la política de género. La importancia de la triple función que realizan no debe pasarse por alto. El Consejo Nacional de la Mujer está compuesto por organizaciones comunitarias y no gubernamentales. El Gobierno está tratando de crear una estructura que permita la colaboración entre estas tres entidades.
La División de Asuntos de Género está empeñada en extender sus actividades sobre la base de un sistema de colaboración interinstitucional. Una gran parte de la labor de la División consiste en la formación de capacidad en organizaciones comunitarias y no gubernamentales de mujeres, con objeto de mejorar la calidad de vida de sus miembros. Sin embargo, reconoce que es necesario que dichos grupos integren sus intereses en el contexto de los problemas de desarrollo del país.
Los ministerios que participan en el Comité Interministerial se enumeran en el texto con las respuestas que el Gobierno ha hecho distribuir; cada uno tiene un encargado de las cuestiones de género. Los miembros del Comité han aportado información a la División y ésta, por su parte, les ha ayudado a integrar las cuestiones de género en sus respectivos sectores. Asimismo, como parte de un programa de fortalecimiento institucional del Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo, se ha enseñado a los miembros del Comité a emprender iniciativas de capacitación en materia de género.
Las organizaciones comunitarias son las organizaciones de base de las mujeres y expresan las preocupaciones de sus comunidades y zonas geográficas específicas; por otra parte, las organizaciones no gubernamentales se ocupan de cuestiones de interés nacional, y muchas representan en general los intereses de las organizaciones comunitarias a nivel nacional, regional e internacional.
La División de Asuntos de Género cuenta con 30 funcionarios, 7 de los cuales ocupan puestos administrativos. La asignación presupuestaria de unos 2,3 millones de dólares de Trinidad y Tabago que tenía en el ejercicio fiscal 2000-2001 ha sido aumentada a 4,9 millones para 2001-2002.
La Sra. Sirjusingh (Trinidad y Tabago) dice que no se han hecho estudios de la aplicación de la Convención por los tribunales para interpretar la legislación interna. Las disposiciones de los tratados internacionales no quedan automáticamente incorporadas en la legislación interna. Por regla general, el Gobierno ratifica los instrumentos jurídicos internacionales o se adhiere a ellos y acto seguido procura que sus leyes internas se adecuen paulatinamente a sus disposiciones. Sin embargo, nada impide que los tribunales hagan valer la Convención para apoyar un argumento o defender una decisión. No obstante, si la Convención entra en conflicto con la ley interna, lo más probable es que prevalezca la ley interna.
El informe, al que se ha adjuntado una copia de la Convención, se ha difundido ampliamente en todas las organizaciones no gubernamentales y comunitarias que se ocupan de cuestiones de la mujer y en las escuelas secundarias, bibliotecas públicas, órganos judiciales y ministerios. También ha sido sometido al Parlamento y el Ministro de Justicia ha emitido una declaración para subrayar la ocasión.
Una de las funciones de la Unidad de Derechos Humanos es educar a la población sobre sus derechos con arreglo a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Debe reconocerse que aún queda mucho por hacer. La Unidad se ha centrado en la elaboración de informes periódicos y colaborará con la División de Información para publicar dichos informes en la página de Internet del Gobierno. También pretende divulgar más información sobre la Convención y que la población sea más consciente de su contenido. Actualmente, no existen programas escolares ni universitarios sobre la Convención.
La Sra. McFee (Trinidad y Tabago) dice que las cintas de vídeo mencionadas en el informe examinan los comportamientos culturales que fomentan los estereotipos de género y la violencia de género. Son un elemento importante del programa de capacitación y concienciación en materia de género de la División y también se han distribuido a personas que imparten cursos sobre género.
En 1995 se creó el Comité de Apoyo Masculino, lo que trajo como consecuencia la elaboración del Programa de Apoyo Masculino, que entre otras cosas se centró en capacitar a los líderes religiosos para que presten ayuda a los hombres que ejercen la violencia doméstica y en la sensibilización en materia de género y los programas de capacitación para los estudiantes masculinos de las escuelas secundarias. La delegación facilitará información complementaria sobre este programa.
La División de Asuntos de Género es la encargada a nivel nacional de la incorporación de la perspectiva de la igualdad de género. El Gobierno planea establecer un sistema de gestión, que introducirá la perspectiva de género en los ámbitos de las finanzas, la educación, el servicio público, el comercio y la industria, la agricultura y el desarrollo rural, la información y la comunicación y el empleo.
El Sr. Spencer (Trinidad y Tabago) dice que la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) ha contribuido a formular un plan de acción para la introducción de la política de género en Tabago; los resultados de este proyecto se utilizarán como un modelo de buena práctica en toda la región del Caribe. Asimismo, existe un programa destinado a la población masculina, al que están adscritos funcionarios que trabajan en el sector de la salud, que apunta a que el hombre cobre conciencia de los problemas que le llevan a reaccionar violentamente en sus relaciones tanto con hombres como con mujeres.
La Sra. Sirjusingh (Trinidad y Tabago) dice que aunque no existe ningún comité parlamentario responsable de los asuntos de género, los miembros del Parlamento consultan, cuando lo estiman oportuno, a la División de Asuntos de Género para cerciorarse de que la perspectiva de género se tenga en cuenta en la legislación. La Oficina Central de Estadística recopila datos desglosados por sexo en relación, entre otros extremos, con la fuerza de trabajo, la educación, la delincuencia, los accidentes de tráfico y las estadísticas sobre esperanza de vida.
El comité que supervisó la aprobación de la Ley sobre Contabilización del Trabajo no Remunerado de 1996 estaba compuesto de representantes de varios ministerios. La evaluación del trabajo no remunerado tenía por objeto incluirlo en el presupuesto nacional. También se espera que los datos sobre el trabajo no remunerado aporten información útil sobre la división del trabajo entre los sexos.
En sus planes para eliminar la pobreza, el Gobierno ha creado la Unidad de Gestión del Cambio para la erradicación de la pobreza y el fomento de la equidad, que cuenta con siete funcionarios. Entre sus iniciativas destacan talleres regionales, programas de formación de consenso, programas comunitarios y programas de microcrédito.
Actualmente, no es intención del Gobierno establecer un sistema de cuotas para aumentar la participación de la mujer en la vida política. La Ley de Igualdad de Oportunidades prohíbe la discriminación en el empleo y el Gobierno ha adoptado el principio de igual remuneración por igual trabajo. Los trabajadores no comprendidos en convenios colectivos y contratos de trabajo pueden recurrir a la División de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Desarrollo de los Recursos Humanos y Relaciones Industriales. También se ha propuesto legislación que regulará las condiciones básicas de trabajo de todos los trabajadores.
El proyecto de Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo pretendía garantizar especialmente que los empleadores no expusieran a las mujeres embarazadas a productos químicos o cualesquiera otras sustancias peligrosas para la salud del hijo. Dicho proyecto no fue aprobado, principalmente porque los empleadores rechazaron una disposición que permitía a los empleados oponerse a realizar un determinado trabajo si creían que podía representar un peligro para sí mismos o para otros empleados. El proyecto va a ser sometido de nuevo a la consideración del Parlamento.
La Ley de Pensiones de la Tercera Edad prevé la concesión de pensiones mensuales por valor de 800 dólares de Trinidad y Tabago. Actualmente, un grupo de trabajo revisa ese monto. El Gobierno también presta asistencia financiera a nueve hogares comunitarios para personas mayores con un costo anual de unos 100.000 dólares de Trinidad y Tabago. Hoy en día existen 60 instituciones que prestan asistencia a las personas mayores. La Ley de la Tercera Edad de 2000, aún no en vigor, establecerá una División de Envejecimiento que será responsable de conceder las licencias a los hogares para las personas mayores, llevar a cabo investigaciones, elaborar normas mínimas sobre cuidados y supervisar y coordinar la política nacional sobre el envejecimiento.
La Ley de Protección de la Maternidad no ampara a los miembros del Parlamento porque no se consideran empleados; sin embargo sí están comprendidas las empleadas del Parlamento.
No existen datos de que en Trinidad y Tabago se practique la mutilación genital femenina. La Ley de Violencia Doméstica concede mayor protección a las víctimas pero no tipifica la violencia doméstica como un delito específico: los autores de violencia doméstica son procesados con arreglo a la Ley de Delitos contra las Personas. En 2000, se denunciaron 1.229 casos de violencia doméstica. En 2001, se han denunciado 490 incidentes de violación e incesto (lo que se ha traducido en el procesamiento de 33 personas) y 137 de ultraje grave al pudor (96 personas fueron procesadas). Se dará información al Comité sobre órdenes de protección y sobre incesto tan pronto como esté disponible.
El acoso sexual no es un delito previsto en la ley de Trinidad y Tabago. No obstante, el proyecto de Ley de Condiciones Básicas de Trabajo contiene disposiciones que prohíben el acoso sexual y regula los procedimientos para presentar denuncias, y abarcará tanto el sector público como el privado. El proyecto no contempla disposición alguna sobre el trato preferencial de la mujer en el trabajo. No se sabe cuándo habrá de aprobarse el proyecto de ley.
Los clientes de prostitutas pueden ser procesados por promover la prostitución. En 2001, 19 mujeres fueron procesadas por ejercer la prostitución y varios hombres y mujeres lo fueron por promover la prostitución, dirigir o gestionar un burdel o vagabundear con el propósito de ejercer la prostitución. El Gobierno ya ha tomado importantes medidas para prevenir el abuso de las drogas y el alcohol; y dará al Comité información complementaria cuando lleve a cabo una investigación más exhaustiva. No existen pruebas de que exista tráfico de mujeres en Trinidad y Tabago, aunque no se han llevado a cabo investigaciones a este respecto.
Aunque no existen barreras manifiestas para que las mujeres participen en la política o en la adopción de decisiones, su participación sigue siendo baja: por ejemplo, sólo 6 de los 30 miembros de la cámara baja del Parlamento son mujeres. El Gobierno no ha considerado instituir un sistema de cuotas; tal vez sea necesario que las organizaciones no gubernamentales ejerzan más presión sobre el Gobierno para promover esta idea. Las preguntas sobre la existencia de disposiciones discriminatorias en la Ley de Ciudadanía se contestarán tan pronto como este extremo se investigue más en profundidad. La Ley de Ciudadanía establece que los niños nacidos en el extranjero podrán ser registrados como ciudadanos de Trinidad y Tabago cuando así lo solicite el “progenitor responsable”. El “progenitor responsable” se define previamente como el padre, pero la Ley fue reformada en 2000 para permitir que cualquiera de los progenitores pueda solicitar el registro de un hijo.
El Gobierno facilitará más información sobre la alfabetización de los adultos cuando disponga de ella. Tanto en las escuelas primarias como en las secundarias existen más niñas que niños matriculados. El Gobierno está construyendo nuevas escuelas y acondicionando las existentes para lograr el objetivo de la educación secundaria universal. La mayoría de las escuelas católicas, hindúes y musulmanas separan a sus alumnos por sexo, pero que sepa la oradora, todas las escuelas estatales son mixtas. A veces, las distintas escuelas ofrecen planes de estudios diferentes, dependiendo de la filosofía educativa que predominase en el momento en que se fundó la escuela. Uno de los objetivos del Programa de Modernización de la Escuela Secundaria es armonizar los planes de estudios. El género no se enseña como una asignatura separada, pero la asignatura de estudios sociales tiene contenidos de género. La pregunta sobre los planes de investigación acerca de los contenidos de género del plan de estudios primario se responderá una vez que se lleven a cabo consultas con el ministerio competente.
El derecho a la educación no está consagrado en la Constitución; sin embargo, la Constitución reconoce el derecho de los padres o tutores a elegir la escuela de sus hijos o pupilos. Por regla general, los niños comienzan la escuela primaria a la edad de 5 años, pues la educación es gratuita desde los 5 años hasta el final de la escuela secundaria. El Gobierno también subvenciona la mitad del costo de la educación terciaria.
En el marco de la descentralización del Ministerio de Educación, se han creado ocho distritos educacionales en Trinidad y Tabago, cada uno con varios inspectores escolares y otro personal. Poco a poco se está delegando a los distritos educacionales la aplicación de la política educativa del Gobierno, que previamente era responsabilidad de los servicios centrales del Ministerio de Educación. Existen escuelas privadas en todos los niveles del sistema educativo, dirigidas principalmente por particulares, y la Ley de Educación establece la supervisión de tales escuelas. A veces resulta difícil cubrir todas las vacantes para la enseñanza de determinadas materias. Para superar este problema se han tomado varias medidas, entre las que destaca la creación de una Unidad de Recursos Humanos en el Ministerio de Educación con la responsabilidad específica de que se cubran todos los puestos de profesores vacantes. Las preguntas sobre la capacitación en áreas no tradicionales se responderá cuando se disponga de más información.
El principio de igual remuneración por igual trabajo figura en el proyecto de Ley de Condiciones Básicas de Trabajo. Asimismo, Trinidad y Tabago ha ratificado el Convenio No. 100 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. La Ley de Modificación del Salario Mínimo establece penas para los empleadores que paguen menos del salario mínimo y un procedimiento para que los empleados reclamen los salarios en mora. La Ley de Empleo de la Mujer (Trabajo Nocturno) de 1939 será derogada cuando se apruebe el proyecto de Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aún no se conoce el número de trabajadores domésticos. Están amparados por la Ley de Protección de la Maternidad, que ha ampliado la definición de “trabajador” para incluir a los empleados domésticos, y por el proyecto de Ley de Condiciones Básicas de Trabajo. La División de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo es responsable de supervisar la aplicación del salario mínimo en lo que respecta a los trabajadores domésticos.
Se han puesto en marcha programas para aumentar la participación del hombre en la planificación familiar y para instruirlos en materia de salud sexual y reproductiva. La incidencia de la tuberculosis en pacientes con VIH/SIDA está aumentando y se están tomando medidas para invertir la tendencia. El Gobierno también procura que las mujeres rurales se integren plenamente en el proceso de producción de alimentos. Se han puesto en pie numerosas medidas para mejorar la situación de las mujeres discapacitadas y se ha solicitado una explicación de por qué las prestaciones por discapacidad se limitan solamente a las mujeres de entre 40 y 65 años. Se han llevado a cabo consultas entre un comité interministerial y las entidades religiosas para elevar la edad de celebración del matrimonio y armonizarla para los miembros de todos los grupos religiosos. Todavía no se ha alcanzado un consenso y el Gobierno continúa sus gestiones para zanjar el asunto. No obstante, las estadísticas indican que, en la práctica, se celebran pocos matrimonios precoces. La incidencia de la fístula vesicovaginal (FVV) es extremadamente baja en Trinidad y Tabago y no existen datos que indiquen la existencia de prácticas discriminatorias como la circuncisión.
El Sr. McKenzie (Trinidad y Tabago) dice que su país se enorgullece de su trayectoria de armonía racial y religiosa y de que se reconozcan sin discriminación los derechos de los ciudadanos de todos los grupos. Las mujeres han ocupado posiciones en las jerarquías de las religiones que se lo permiten. Trinidad y Tabago también se ha beneficiado de las actividades de la Comunidad del Caribe (CARICOM) para mejorar la situación de la mujer en la región.
La Presidenta agradece a los representantes de Trinidad y Tabago sus exhaustivas respuestas a las preguntas del Comité y observa con agrado la intención del Gobierno de aceptar la enmienda del párrafo 1 del artículo 20, de la Convención. Las disposiciones de la Convención, incluida la definición específica de discriminación prevista en su artículo 1, deben incorporarse plenamente en su legislación interna, tanto más cuanto que el Protocolo Facultativo establece que antes de someter una comunicación al Comité deberán agotarse todos los recursos internos disponibles. Insta al Gobierno a que continúe tratado de eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual y de estudiar más en profundidad la cuestión de la igualdad de remuneración para hombre y mujer. Se congratula de la información sobre la violación marital y la creación del Comité Interministerial sobre Género. Espera que las preguntas que todavía no se han contestado se respondan en el próximo informe y, además, se pregunta por qué la mayoría de los partidos políticos se basan en agrupaciones raciales si, según se afirma, existe un alto nivel de armonía racial. Espera que las observaciones finales del Comité se divulguen ampliamente en Trinidad y Tabago y elogia los progresos que el país ha realizado hasta ahora en la eliminación de la discriminación de la mujer.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.