24° período de sesiones
Acta resumida de la 504ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 29 de enero de 2001, a las 10.30 horas
Presidente:Sra. Abaka
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto combinados de Mongolia
Se declara abierta la sesión a las 10.40 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto combinados de Mongolia (CEDAW/C/MNG/3-4)
Por invitación de la Presidenta, el Sr. Enkhsa i khan (Mongolia) y la Sra. Udval (Mongolia) toman asiento a la mesa del Comité.
El Sr. Enkhsaikhan (Mongolia) dice que la presentación del informe estará a cargo de la Sra. Natsag Udval, Viceministra de Salud de Mongolia y miembro de la Comisión Nacional para la Igualdad de Género.
La Sra. Udval (Mongolia) recuerda que su país figuró entre los primeros en ratificar la Convención en 1981 y que el Gran Hural del Estado, el Parlamento de Mongolia, ratificó el párrafo 1 del artículo 20 en 1998. En septiembre de 2000, el Gobierno de Mongolia firmó el Protocolo Facultativo, y su ratificación es actualmente objeto de estudio en el Parlamento. Por otra parte, el Parlamento aprobó en fecha reciente la Ley sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su aplicación está en curso. En coordinación con la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la capital del país, el Gobierno también puso en marcha un debate nacional a fin de formular un programa nacional de derechos humanos.
En los diez años transcurridos desde la presentación de su segundo informe al Comité, Mongolia ha experimentado cambios políticos, económicos y sociales radicales. Como producto de estos cambios, se han creado las instituciones de la democracia, se han promovido los derechos humanos y las libertades fundamentales y se ha liberado la fuerza empresarial y creativa del pueblo, lo que facilita su participación activa en los procesos económicos, sociales y políticos. Mongolia se ha transformado en un país con un sistema parlamentario pluripartidista. Las últimas elecciones pusieron de manifiesto que la democracia y el respeto de los derechos humanos se han convertido en una opción irreversible. El nuevo Gobierno trata de proseguir las reformas democráticas, fortalecer la buena gobernanza en favor de la seguridad humana, promover el desarrollo centrado en la persona humana y luchar contra la corrupción. Está resuelto a cooperar estrechamente con las organizaciones no gubernamentales y con otros representantes de la sociedad civil en lo referente a la aplicación de esas políticas, en particular las destinadas a mejorar la condición jurídica y social de la mujer.
Con miras a establecer un marco jurídico para alcanzar esos objetivos, Mongolia ya es parte en 30 convenciones y tratados internacionales de derechos humanos. Se han aprobado nuevas medidas legislativas y se ha procedido a la revisión de las leyes más antiguas a fin de incorporar las cuestiones de género en las políticas y programas nacionales. En ese sentido, la oradora menciona el Código Laboral de 1998, que prohibe la discriminación en el lugar de trabajo, y la Ley de la familia de 1999, que protege la igualdad de derechos de la mujer a heredar, a hacer uso de la tierra y a ser propietaria de cabezas de ganado y otros bienes. En asociación con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Gobierno de Mongolia ha elaborado un memorando de entendimiento conjunto para fomentar el empoderamiento económico y político de las mujeres mongolas. En ese sentido, el Gobierno ha realizado un análisis situacional, que se centra en particular en la repercusión que la transición del país hacia una economía de mercado ha tenido en la condición jurídica y social de la mujer. Sobre la base de los resultados de ese análisis, el Gobierno formulará, en forma conjunta con el UNIFEM, un programa para el país.
La piedra angular de la protección legislativa de los derechos de las mujeres en Mongolia es la Constitución, que establece que nadie será objeto de discriminación, entre otras razones, por motivos de sexo y que toda persona tiene derecho a actuar como persona jurídica. La oradora menciona un gran número de leyes nacionales que versan sobre esa disposición básica y que se describen más ampliamente en el informe. En la Política Demográfica del Estado, de 1996, se proponía un concepto de desarrollo centrado en la persona humana y basado en los derechos humanos y libertades fundamentales, así como en el desarrollo de la persona y de la familia.
Aunque la Constitución dispone lo necesario para que todos los ciudadanos participen en la conducción de los asuntos del Estado, bien sea directamente o por conducto de los órganos de representación, el número de mujeres miembros del Parlamento sigue siendo bajo, ya que ronda el 10%. Entre los integrantes del Gobierno hay una viceministra, pero ninguna embajadora. El derecho de la mujer a la educación está bien protegido y el porcentaje de mujeres en el sistema educativo oscila entre el 50% en las escuelas primarias y el 60% en la enseñanza superior. El derecho de la mujer al empleo está garantizado en la Constitución y otras leyes. Esa protección se aplica a las mujeres casadas y a todas las mujeres en edad fértil y se han aprobado nuevas leyes que versan sobre la familia, cuestiones laborales, la justicia penal, los tribunales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se han introducido modificaciones a las leyes sobre bienestar social y seguridad social.
En el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer se recogen cuestiones de interés para las mujeres de las zonas rurales y se han emprendido iniciativas para introducir tecnologías nuevas y avanzadas en esas zonas a fin de facilitar la labor de las mujeres que viven en ellas. La principal fuente de protección de los derechos civiles de las mujeres es la Constitución, aunque también tiene su origen en las leyes de ciudadanía, de la familia y del registro civil, así como en el derecho civil.
Entre los logros alcanzados en el proceso de cumplimiento de las obligaciones que impone la Convención, la oradora menciona el establecimiento de un entorno jurídico apropiado, una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales, el aumento de la asistencia prestada por la comunidad internacional, la elaboración y aplicación de políticas de igualdad entre los géneros y el logro de porcentajes y niveles más altos en la enseñanza en comparación con los hombres. Entre las deficiencias cabe mencionar la falta de un mecanismo nacional específicamente destinado a la aplicación de la Convención, la desigualdad dentro de grupos sociales y zonas geográficas, el aumento de la violencia en el hogar contra las mujeres, su falta de conocimiento del sistema jurídico, la ausencia de servicios de asesoramiento y el retroceso que han registrado algunos indicadores sociales, como la mortalidad materna, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual y la participación de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones.
Con respecto a las experiencias adquiridas en el proceso, la oradora enumera la necesidad de una labor de planificación y orientación, así como de una mejor coordinación e integración, la necesidad de fortalecer el papel rector del Gobierno en la esfera de la elaboración de informes y la promoción de la creación de capacidad nacional y la necesidad de modificar algunas leyes vigentes y de adoptar una ley especial sobre la violencia contra las mujeres. Para ello, el Gobierno tratará de mejorar aún más los mecanismos nacionales de coordinación e integración, fortalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establecer una base de datos integrados y redes sobre cuestiones referentes a las mujeres, analizar y revisar la legislación vigente, realizar un estudio exhaustivo del sector rural, mejorar y sistematizar la vigilancia y evaluación así como los procedimientos de presentación de informes sobre la aplicación de la Convención y reforzar la cooperación entre el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales a fin de mejorar los conocimientos jurídicos elementales entre las mujeres y prestar servicios de asesoramiento.
La Sra. Açar dice que en el informe queda de manifiesto que las cuestiones referentes a la manera de aplicar la Convención son objeto en Mongolia de un examen muy consciente y orientado hacia los objetivos. Sin embargo, en los informes de los países surge siempre un problema en relación con el artículo 5 de Convención, que tiene que ver con la adopción de medidas apropiadas para modificar la conducta y eliminar prejuicios y estereotipos. En los patrones culturales tradicionales de conducta está el meollo del problema de la discriminación contra la mujer en muchas sociedades. Si bien Mongolia señala en su informe que trata de fomentar el respeto por las tradiciones, en un afán por promover la estabilidad social, no deja de reconocer que algunas de éstas pueden ser un obstáculo a la aplicación de la Convención, en particular del artículo 5. La oradora se pregunta si, por ejemplo, el plan de restablecer el uso de los antiguos apellidos simplemente reforzará las tradiciones patriarcales que en el pasado fueron discriminatorias. Desea saber más acerca de las tradiciones y políticas de que se trata y si el Gobierno ha verificado el efecto que tendrán esas tradiciones en la aplicación plena de la Convención. Otro problema es la actitud básica de una sociedad ante la violencia contra las mujeres. Pregunta qué medidas se han adoptado en Mongolia para sensibilizar a la opinión pública frente al problema y para luchar contra las tradiciones discriminatorias, en especial la violencia contra las mujeres.
La Presidenta, haciendo uso de la palabra a título personal, señala, en relación con el artículo 5 de la Convención, que si el Gobierno tiene alguna duda sobre lo que constituye violencia contra las mujeres, el Comité lo ha explicado en detalle en la recomendación general No. 19.
La Sra. Feng Cui dice que parece haber un solo funcionario responsable de los asuntos de la mujer en el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, y se pregunta si esa persona puede realizar todo el trabajo necesario. Pregunta asimismo sobre el Consejo Nacional para las Cuestiones relativas a la Mujer, en particular cómo está integrado, su relación con el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, su método de trabajo y el papel que desempeña en la formulación de políticas y leyes. En la sección del informe que trata del alivio de la pobreza, la exposición relativa a las prestaciones para mujeres con más de cuatro hijos suscita cierta preocupación. En vista de que los artículos pertinentes de la Ley de pensiones al parecer se utilizan en ocasiones para despedir a esas mujeres, se pregunta si no se está desalentando a las mujeres que esperan hacer una carrera y lograr ascensos.
La Sra. Ferrer Gómez dice que la transición hacia una economía de mercado en Mongolia, pese a que incrementa las capacidades y oportunidades económicas en general, ha tenido un efecto desfavorable en distintos sectores y grupos sociales. A pesar del gran número de leyes que se han promulgado para proteger los derechos de los ciudadanos en general, y de las mujeres en particular, se ha registrado un aumento del desempleo y la pobreza durante el período de transición, en especial entre las mujeres y sobre todo entre las mujeres con muchos hijos, porque son quienes padecen mayor inseguridad en el empleo y peores condiciones de trabajo que los hombres y corren también mayor riesgo de ser despedidas. Las respuestas de Mongolia a la lista de cuestiones y preguntas muestran los resultados de una serie de encuestas y estudios gubernamentales que confirman las repercusiones negativas de la reforma económica y el ajuste estructural, en particular en las mujeres. La oradora pide que se proporcionen estadísticas más completas sobre el porcentaje cada vez mayor de mujeres que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, como también sobre la inclusión de las mujeres en programas sobre alivio de la pobreza y la medida en que las han beneficiado. Habida cuenta del gran número de hijos en muchas familias, en especial entre mujeres que viven en la pobreza, le preocupa saber qué medidas se adoptan para alentar y facilitar el uso de anticonceptivos, que parece ser bajo. Por lo visto, la mortalidad materna ha aumentado, lo que puede suscitar temores entre las mujeres de dar a luz y el incremento de abortos practicados en condiciones de riesgo. Pregunta sobre los alcances de la educación sexual y el motivo por el que, al parecer, no se han gastado porciones considerables del presupuesto público asignadas a asuntos de la mujer. Observa que persisten las diferencias entre los salarios abonados a las mujeres y a los hombres y pregunta cómo se está encarando ese problema. Por último, pregunta qué se hace en beneficio del gran número de niños de la calle, que siempre son vulnerables al abuso sexual y de otra índole.
La Sra. Udval (Mongolia) dice, en respuesta a las preguntas planteadas por miembros del Comité, que en la actualidad se lleva a cabo un estudio sobre las tradiciones familiares para determinar cuáles no se ajustan a la Convención. Con objeto de luchar contra la violencia de que son víctimas las mujeres, el Centro Nacional contra la Violencia, una organización no gubernamental, ha establecido un programa para prestar servicios de asesoramiento psicológico a hombres violentos. Además, se ha propuesto un proyecto de ley de lucha contra la violencia en el hogar, que pronto se presentará al Parlamento para su examen y aprobación. El uso del concepto del árbol genealógico está muy difundido en el país a fin de prevenir la endogamia. Esa costumbre no entraña ninguna discriminación.
Los asuntos de la mujer son de la incumbencia del Ministerio de Salud y Bienestar Social. Será necesario reforzar la capacidad nacional en ese sentido. En consecuencia, en breve se emprenderá la reorganización del Consejo Nacional para las Cuestiones relativas a la Mujer que pasará a ser la Comisión Nacional sobre la Igualdad de Género y dependerá de la oficina del Primer Ministro. La Ley de pensiones no es discriminatoria para las mujeres; esta ley establece que los hombres que hayan cumplido 60 años de edad y las mujeres que hayan cumplido 55 años de edad, y que hayan abonado las primas del seguro de pensiones durante un período no menor de 20 años, tendrán derecho a recibir una pensión de jubilación.
El Sr. Enkhsaikhan (Mongolia) dice que, si bien los hombres al igual que las mujeres tienen derecho a recibir una pensión de jubilación, puede garantizar a los miembros del Comité que esa disposición no se habrá de utilizar como excusa para obligar a los empleados a jubilarse o para despedirlos. Por ahora no se tiene previsto modificar la disposición.
La Sra. Udval (Mongolia) admite que, como resultado de los cambios socioeconómicos que se han producido recientemente, la mayoría de los desempleados y de los pobres son mujeres. El 44% de todas las mujeres, incluido el 60% de todas las mujeres casadas, utiliza alguna forma de anticoncepción. Sin embargo, el uso, por regla general poco frecuente, de anticonceptivos en el campo puede atribuirse a la resistencia de las mujeres de las zonas rurales a utilizar los dispositivos. El aborto es legal en Mongolia y se practica en muchos hospitales privados y públicos con escasos fallecimientos maternos como resultado del procedimiento; además, el programa nacional de salud reproductiva se centra en reducir las complicaciones y mejorar la calidad de la intervención. Existe un programa de educación sexual y de salud para las escuelas primarias y secundarias, lo mismo que para las universidades.
En el presupuesto del Estado no se asignan fondos suficientes al Programa Nacional de Acción para el adelanto de la mujer. Sin embargo, se recibe apoyo financiero de organismos de las Naciones Unidas, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA) y el PNUD. El Programa mantiene vínculos con muchos otros proyectos nacionales, incluidos los de salud reproductiva y educación. Por lo tanto, todas las mujeres resultan beneficiadas en cierta medida.
La cifra de 30.000 niños de la calle no es correcta; según las estadísticas oficiales, suman alrededor de 1.000. El Gobierno está en vías de formular una estrategia basada en la comunidad para tratar ese problema. Dicho programa está compuesto por elementos como campañas para vacunar a los niños y para educarlos sobre la prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual; controles médicos y el traslado de los niños a refugios, en especial en invierno. Se está tratando también de reintegrarlos a sus familiares y de averiguar por qué abandonaron sus hogares, en primer lugar.
La Sra. Goonesekere felicita a Mongolia por su sistema transparente de gobernanza y por su interés en ratificar y aplicar muchos tratados internacionales, incluida la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aunque el alto nivel de instrucción entre las mujeres es digno de encomio, por desgracia no les ha reportado oportunidades de empleo. Sucede más bien lo contrario, pues las mujeres quedan excluidas de los puestos decisorios y, como resultado de las transformaciones económicas en curso, se les expulsa de la fuerza de trabajo con la consiguiente feminización de la pobreza.
En ese sentido, pregunta si la política del Gobierno de alentar a las mujeres a que tengan más hijos no es un factor que contribuya a su marginación. En contra de lo que se afirma en el informe, la crianza de los hijos debe ser una responsabilidad compartida y el Gobierno debe hacer lo posible por formular un concepto de la crianza y las responsabilidades familiares como una responsabilidad social que no es asunto exclusivo de las mujeres. En pocas palabras, el Gobierno hace bien en centrar su atención en las contradicciones entre los logros de las mujeres mongolas, los problemas sociales que enfrentan con respecto a la violencia de que son víctimas y los procesos económicos que las excluyen.
Desea saber por qué no se invoca la Constitución para hacer cumplir las normas que han sido reconocidas. Especula que la falta de respuesta sobre el número de causas judiciales que permiten a las mujeres ejercer los derechos que les confieren las leyes presuntamente no discriminatorias obedece a que Mongolia no cuenta con un mecanismo de observancia. Recomienda, por consiguiente, que cuando se lleve a cabo un examen legislativo en Mongolia, se estudie la posibilidad de utilizar la Constitución como método de observancia.
Con respecto a la educación, la oradora señala que, según el informe, el aumento de las tasas de matrícula como resultado de la privatización de la enseñanza hace más difícil que las familias de bajos ingresos puedan sufragar los gastos conexos. Si esa situación no se vigila, muchas niñas pueden verse sin acceso a la educación. Hay que poner remedio a la ausencia de programas públicos para sensibilizar a la judicatura sobre cuestiones de género. En relación con el matrimonio, pregunta si el Gobierno tiene previsto reconocer las uniones consensuales.
La Sra. Schöpp-Schilling solicita mayor información sobre la situación de las mujeres en las zonas rurales, que abarque entre otros aspectos la manera en que las afecta la propiedad del ganado y la privatización de la tierra. Quisiera saber también si el informe cuenta con el visto bueno del Gobierno. Respecto de la cuestión de los mecanismos nacionales para tratar los asuntos relativos a la mujer, dice que agradecerá que se proporcione información sobre la vigilancia ejercida en todos los ministerios de las leyes relacionadas con dichos asuntos, así como sobre los mecanismos de verificación que permiten asegurarse de que las leyes no acarrean discriminación directa o indirecta, según se define esta expresión en el artículo 1 de la Convención. Aunque la cooperación entre el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales es importante, a la oradora le preocupa que el Gobierno pueda delegar en esas organizaciones una cantidad excesiva de las responsabilidades que le competen. En ese sentido, se pregunta si existe algún plan para financiar organizaciones no gubernamentales cuyos programas están comprendidos en el mandato del Gobierno.
Sugiere que se aplique en mayor grado lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, y que el Gobierno se comprometa sin ambigüedades a aumentar la participación de las mujeres en los órganos de la administración pública y posiblemente a establecer cuotas en la esfera de la formación profesional, en especial en las disciplinas profesionales más orientadas hacia el futuro. Pregunta si existe algún plan para incorporar la enseñanza de los derechos humanos en los programas de aprendizaje a distancia que ofrece el Gobierno y que tan buenos resultados han dado, si se han realizado estudios sobre la concesión de microcréditos y, en particular, si las mujeres realmente obtienen un salario vital de los pequeños negocios que establecen .
Pregunta qué planes tiene el Gobierno en relación con el segmento de la población que se ha quedado sin acceso a la atención de salud. Sería interesante saber si se otorgan prestaciones de la seguridad social, como una indemnización por desempleo, sobre la base del historial de ingresos de las personas más que de las familias.
La Sra. Livingstone Raday expresa su preocupación por la aparente disparidad entre la aceptación por parte del Gobierno de los principios enunciados en la Convención y el gran potencial para el adelanto de la mujer en Mongolia, como lo demuestra el nivel extraordinariamente alto que las mujeres han alcanzado en la esfera de la educación, y su difícil situación de facto en términos políticos y económicos.
Parece que la pobreza de las mujeres se ve reforzada por actitudes culturales y estereotipos, como lo ilustra su situación en el empleo. Con respecto al principio de igual remuneración por igual trabajo, que denota también trabajo de igual valor, se tienen que adoptar medidas para contrarrestar el supuesto de que los hombres perciben una remuneración mayor porque ocupan puestos de nivel superior y realizan labores físicas más arduas. Pregunta qué se hace para asegurar la igualdad de las mujeres en cargos directivos, si existen datos sobre las mujeres que los desempeñan, si hay algún mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades en el empleo y que permita a las mujeres evaluar la posición que ocupan frente a los hombres en relación con el trabajo de igual valor y si hay leyes que les otorgue las mismas posibilidades de recurso ante los tribunales. Pregunta qué significa la expresión “estudios de perfeccionamiento”, por qué son tan pocas las mujeres en ese nivel, por qué reciben los programas educacionales para las mujeres menos financiación en términos relativos que los destinados a los hombres y si hay algún sistema de guarderías.
Parece que no se han tenido suficientemente en cuenta las necesidades de las madres trabajadoras, que están metidas en la trampa de la pobreza en parte por presiones tradicionales que restringen el uso de métodos de planificación familiar, pero debido también a deficiencias de la legislación que, por ejemplo, no contempla las prestaciones de maternidad. Cabe esperar que esta omisión se subsane con carácter urgente. Pregunta si el Gobierno estudia la posibilidad de convertir los derechos de las madres en derechos de ambos progenitores, mediante la concesión, entre otras cosas, de licencias para el cuidado de los hijos.
La oradora expresa su preocupación por la afirmación de que muchas mujeres con estudios superiores prefieren no trabajar, porque denota que se trata únicamente de una elección personal, y pregunta qué presiones motivan a las mujeres a hacerla. De acuerdo con los resultados de un estudio, cerca del 30% de las mujeres dicen que sus cónyuges no les permiten trabajar, lo que sugiere que en muchos casos se coacciona a las mujeres para que no trabajen.
En el contexto de la pobreza y del desempleo de las mujeres, es preciso que se aclare la actitud del Gobierno, carente al parecer de sentido crítico, frente al colegio privado “Mother Oulen”, cuyo propósito declarado es preparar activistas para organizaciones de mujeres y “amas de casa diligentes”. Los programas del Gobierno sobre creación de empleos son dignos de encomio, aunque el hecho de que muchas mujeres no se registren como desempleadas puede dar por resultado que se subestime su número. Para asegurarse de que las mujeres aprovechan su potencial al máximo, entre los puestos creados debe haber cargos de nivel superior que suelen desempeñar los hombres.
Hay que considerar que la situación desventajosa de la mujer en el seno de la familia, pese a lo previsto en el Código Civil, que en esencia certifica la separación de bienes de los cónyuges cuando el ingreso familiar procede de la capacidad individual de uno de ellos, queda reflejada en la ausencia de las mujeres del mercado de trabajo, en los ingresos incomparablemente superiores de los hombres y en la división tradicional del trabajo. No cabe duda de que esta situación perjudica a las mujeres divorciadas, en especial a las de mayor edad, y les crea una trampa de pobreza. Al observar el aumento del número de divorcios, pregunta si está en estudio la posibilidad de reformar las disposiciones pertinentes de la Ley de la familia. Como se admite en el informe, la violencia en el hogar y la violación marital son otros factores que pueden contribuir a la trampa de la pobreza.
Hace falta más información sobre el grado en que se siguen en la práctica los procedimientos vigentes en materia de enjuiciamiento, y que se aporten datos sobre el número de causas y sentencias condenatorias, así como sobre el tipo de penas impuestas. Ante la preocupante disminución de la representación de las mujeres en los puestos decisorios y, concretamente, en el Parlamento, tal vez sea necesario establecer un sistema de cuotas de carácter temporal a fin de encarar esos problemas. Pregunta cuántas candidatas a ocupar escaños en el Parlamento han sido elegidas.
La Sra. Tavares da Silva dice que, en vista de la disparidad entre la situación de jure y de facto de las mujeres, le complace oír que está en vías de realizarse un estudio sobre las presiones culturales y tradicionales a que están sujetas y que sus resultados se recogerán en políticas orientadas hacia el futuro. Pone en duda la insinuación de que la falta de participación de las mujeres en la vida política obedece a su falta de iniciativa, y se pregunta si no es posible atribuirla a las condiciones en que viven las mujeres y a los mitos culturales prevalecientes en torno a los papeles y capacidades de hombres y mujeres. En todo caso, se necesitan medidas más dinámicas para alentar la participación de las mujeres.
Confía en que las medidas propuestas para facilitar el enjuiciamiento de los agresores mejoren la situación de violencia contra la mujer. Tras observar que se trata de una cuestión de crucial importancia en la esfera de los derechos humanos, se pregunta si la inclusión en el informe de una sección al respecto bajo el epígrafe de “Cuestiones diversas” no refleja el estereotipo de la violencia contra la mujer como una cuestión secundaria.
Hay que hacer notar que algunas medidas o disposiciones adoptadas con la mejor de las intenciones pueden tener consecuencias negativas en vista del gran número de mujeres con muchos hijos que han caído en la pobreza, y señalar también las consecuencias que para las mujeres trabajadoras pueden tener las disposiciones relativas a las mujeres embarazadas. En relación con la referencia a las madres como un grupo vulnerable que se hizo en respuesta a una pregunta, desea saber si esa es la manera en que se considera a todas las madres, o sólo a algunas, y si se les considera vulnerables por ser las únicas responsables de las tareas domésticas. El hecho de que las mujeres inviertan mucho más tiempo que los hombres en esas tareas denota una injusticia para los hombres, en la medida en que ellos no pueden disfrutar totalmente sus derechos de paternidad y sus derechos domésticos, además de que perpetúa las funciones estereotipadas. Éstas pueden verse reforzadas mediante la formulación de ciertas disposiciones o políticas. A título de ejemplo, la oradora cita la afirmación que figura en las respuestas en el sentido de que, en lo relativo al establecimiento y consolidación de la familia, el Estado seguirá aplicando la política de realzar el papel de jefe del hogar. En conclusión, y a pesar de las dificultades con que tropieza Mongolia, es de esperar que en el próximo informe queden reflejados los esfuerzos del Gobierno por convertir en realidad las políticas sobre cuestiones de género mediante la participación de todos los departamentos pertinentes de la administración pública y la vigilancia de sus actividades.
La Sra. Udval (Mongolia) dice, en respuesta a las preguntas planteadas por la Sra. Goonesekere, que su Gobierno reconoce que las mujeres se vieron particularmente afectadas por los cambios sociales y económicos registrados en el último decenio y que su participación en el mercado de trabajo no refleja su capacidad y alto nivel de instrucción. En relación con el argumento de que la marginación económica de las mujeres obedece a la carga de responsabilidad desproporcionada que asumen por el cuidado de los hijos y las labores domésticas, explica que hay una disparidad entre la Ley de la familia, que dispone que ambos cónyuges tienen las mismas obligaciones con respecto a la educación de los hijos y la manutención de los miembros de la familia, y la situación de facto. En la actualidad se imparte capacitación a los jueces respecto de las cuestiones de género para que de ese modo mejore la observancia de la legislación que prohibe la discriminación contra la mujer en el mercado de trabajo.
De acuerdo con un estudio sobre el empleo del tiempo, realizado por la Oficina Nacional de Estadística, la carga asumida por las mujeres ha aumentado a raíz de la privatización. Son las responsables no sólo del cuidado de los hijos y las labores domésticas, sino también de la cría del ganado. Debido a los altos costos de la gasolina y del transporte, su acceso a la atención de salud es limitado, y las empresas privadas aún no han colmado el vacío que dejó la eliminación en las zonas rurales de muchos servicios públicos. Las mujeres de las zonas rurales figuran entre las beneficiarias del programa de aprendizaje a distancia del Gobierno, que en breve contará con un componente de derechos humanos. Se llevará a cabo un estudio para evaluar los resultados de los proyectos sobre microcréditos a los que hizo referencia la Sra. Schöpp-Schilling. El quinto informe periódico de Mongolia contendrá información sobre dichos proyectos, así como más datos derivados del estudio sobre el empleo del tiempo y sobre la situación de las mujeres en las zonas rurales en general.
El informe que el Comité tiene ante sí fue elaborado por un grupo de trabajo presidido por el Viceministro de Bienestar Social y Trabajo y con la participación de representantes de otros ministerios. El proyecto final del informe se distribuyó a todos los ministerios y miembros del Gabinete. En lo referente a la incorporación de la perspectiva de género en la actividad general, dice que una dependencia de vigilancia y evaluación en cada ministerio se encarga de supervisar la formulación de la política social y la ejecución de los programas.
El Gobierno ha establecido una cooperación fructífera con las organizaciones no gubernamentales de Mongolia, que suman más de 1.500. Les delega un cierto número de funciones, en particular en las esferas de la salud y del bienestar social. Las organizaciones no gubernamentales han dado pruebas de su gran eficacia en la ejecución de programas destinados a grupos beneficiarios específicos, que abarcan las iniciativas para la prevención del VIH/SIDA. Algunas representantes de las 40 organizaciones no gubernamentales de mujeres son miembros del Consejo Nacional para las Cuestiones relativas a la Mujer. Todas las organizaciones no gubernamentales realizan sus actividades en régimen de autofinanciación.
En su manifiesto, el Gobierno de Mongolia se comprometió a tratar el problema del acceso de las personas no aseguradas a los servicios de atención de salud. Con respecto al seguro social, no hay disparidad alguna entre las sumas abonadas a hombres y mujeres en concepto de indemnización por desempleo
En respuesta a las preguntas planteadas por la Sra. Livingstone Raday, la oradora dice que el propósito de los estudios de perfeccionamiento, que cuentan con financiación del Gobierno, es permitir que los profesionales altamente calificados adquieran mayores conocimientos especializados en una disciplina en particular. Debido a la escasez de recursos disponibles, son pocos los profesionales, hombres o mujeres, que siguen esos cursos.
Es posible que el número real de mujeres desempleadas sea mayor que la cifra oficial, porque algunas de ellas no se registran como tales. Los programas públicos de creación de empleos se han destinado a la apertura de puestos de trabajo para obreros no especializados y semicalificados; queda por abordar, mediante iniciativas públicas, el desempleo entre las mujeres con antecedentes académicos. La oradora coincide en que el mercado de trabajo no aprovecha cabalmente el alto nivel de instrucción de las mujeres. Al mismo tiempo, las propias mujeres abandonan los empleos remunerados por los bajos salarios que perciben, en particular en el sector público, y optan en cambio por abrir pequeños negocios. Un reducido número de mujeres no trabaja por presión de sus maridos. Cualquiera de los dos progenitores puede solicitar licencia para el cuidado de los hijos.
El colegio privado “Mother Oulen” es la única institución del país que ofrece cursos de economía doméstica, trabajo social y administración de empresas. Cabe esperar que, en el futuro, esos cursos también se impartan en las instituciones del Estado.
En respuesta a las cuestiones planteadas por la Sra. Tavares da Silva, está de acuerdo en que en el informe faltan datos sobre algunas esferas. Resulta difícil explicar a qué se debe la baja participación de la mujer en la vida política. En el último decenio ha permanecido estable el número de mujeres elegidas miembros del Parlamento, a pesar de las gestiones emprendidas por las organizaciones no gubernamentales con los dirigentes de los principales partidos políticos. Es evidente que el Gobierno debe actuar con mayor dinamismo ante este problema. Está en curso una investigación sobre las repercusiones de las percepciones tradicionales de la mujer y de su papel en la sociedad, y los resultados se recogerán en el quinto informe periódico de Mongolia. La política de fortalecer el papel de jefe del hogar no debe interpretarse como la consolidación de un estereotipo porque, en Mongolia, no se da por supuesto que la cabeza de familia sea un hombre.
Se ha emprendido la redacción de una ley sobre la violencia en el hogar y, tras su aprobación, el Gobierno formulará una política al respecto. En fecha reciente, el Centro Nacional contra la Violencia llevó a cabo un estudio sobre las víctimas de esa forma de violencia, pero la muestra fue demasiado pequeña para ser representativa del país en su conjunto. Las estadísticas policiales no son fiables porque muchas mujeres no denuncian los malos tratos de que son objeto, posiblemente porque no son conscientes de sus derechos.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.