32° período de sesiones

Acta resumida de la 680ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 24 de enero de 2005, a las 15.00 horas

Presidenta:Sra. Manalo

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Informe inicial e informes periódicos segundo y tercero combinados de Samoa (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15. 00 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continu a ción)

Informe inicial e informes segundo y tercero combinados de Samoa (continuación) (CEDAW/C/WSM/1-3; CEDAW/PSWG/2005/I/CRP. 1/Add.7 y CRP.2/Add.6)

Por invitación de la Presidenta, la delegación de Samoa toma asiento a la mesa del Comité.

Artículos 7 y 8 (continuación)

La Sra. Heather-Latu (Samoa), respondiendo a las preguntas formuladas en la sesión anterior sobre la insuficiente representación de las mujeres en la Asamblea Legislativa, dice que hay que comprender el contexto de Samoa. El elemento fundamental de la cultura samoana es que la identidad de la persona está determinada por su ascendencia y por sus antepasados, tanto hombres como mujeres, y no por su sexo, como sucede también con respecto al derecho a heredar al título de jefe; tradicionalmente, sólo los hombres podían ostentar ese título y sólo los jefes podían ocupar escaños en los órganos de gobierno. La Constitución que se aprobó después de la independencia, que, según se acordó, debía reflejar la cultura ancestral, establece el reconocimiento del título de jefe sólo por consanguinidad, pero, en la actualidad ese título se reconoce también por adopción o por servicio, y hay gran número de mujeres que ostentan el título de jefe, tres de ellas en la propia delegación. En 2005, más de 2.000 mujeres ostentan ese título, el doble que en los últimos tres años. La Constitución preveía también que las únicas personas que podían votar eran los hombres registrados como jefes y los hombres o las mujeres registrados en la lista de votantes individuales (CEDAW/C/WSM/1-3, pág. 18), abierto a los samoanos de ascendencia europea que no tienen títulos de jefes. Así, la institución en 1991 del sufragio universal supuso un progreso importante, aún que sólo fue el comienzo. El Gobierno tuvo que proceder con cautela en una cultura basada en un concepto particular de la identidad y en el principio del control familiar —no el control gubernamental— sobre la concesión de los títulos de jefe. El Gobierno prefirió esperar a que se produjeran cambios sociales y culturales y a que cambiara la mentalidad en lugar de recurrir a la aplicación de la ley. De hecho, cada vez son más las mujeres que reclaman el título de jefe, al que tienen derecho por consanguinidad.

Las familias esperan que las mujeres cumplan sus deberes cívicos y, en la actualidad, muchas de ellas participan en el Gobierno y en la vida empresarial. Con su ejemplo, las mujeres mayores que participan en la vida pública alientan a las jóvenes, y es evidente que la función pública es una opción realista, especialmente en las zonas urbanas.

Parte de la futura reforma de la Ley de la familia consistirá en establecer una edad mínima adecuada para poder presentarse como candidatos, que esté en conformidad con las normas internacionales pertinentes. En la actualidad la edad mínima para votar es de 21 años, de 18 y 16 años para contraer matrimonio, y de 16 años la edad de responsabilidad penal.

La Sra. Eteuati-Shon (Samoa), refiriéndose a la pregunta sobre el VIH/SIDA, dice que el Gobierno ha creado una Comité Nacional de Coordinación para desarrollar políticas y programas y promover su campaña contra la enfermedad. En el decenio de 1990, el antiguo Ministerio de Asuntos de la Mujer —actualmente reorganizado como Ministerio de la Mujer, la Comunidad y el Desarrollo Social— preparó un plan de acción estratégico sobre el VIH/SIDA y las mujeres de Samoa, aprobado por el Consejo Nacional sobre el VIH/SIDA y aplicado por la Asociación CEDAW, el órgano interministerial encargado de la aplicación de la Convención. Con el fin de poner en práctica el plan estratégico para 2001-2005 se estableció un grupo de trabajo intersectorial, y, hasta la fecha, se ha llevado a cabo más de 60% de las actividades previstas. Además, la División de la Mujer del Ministerio de la Mujer, la Comunidad y el Desarrollo Social llevan a cabo programas permanentes, como los seminarios sobre VIH/SIDA para matrimonios y el plan de pequeñas donaciones de los comités de mujeres de las aldeas, a través del cual se conceden fondos a las mujeres para organizar en la aldea una sesión de un día de duración sobre el VIH/SIDA, usando métodos de enseñanza tradicionales como canciones, bailes y poemas.

No se dispone de estadísticas oficiales sobre prostitución, incluida la prostitución masculina. El Gobierno ha recomendado que se encargue un estudio para determinar la participación de hombres, mujeres y niños en la prostitución, fenómeno cuya existencia no se puede negar.

Por lo que respecta al sistema de títulos de jefe, se considera que el jefe es el representante de la familia extensa y, como tal, tiene derecho al voto y a presentarse a las elecciones, es el custodio de las tierras y los bienes de la familia y es el responsable de la conducta de toda la familia. Las mujeres no heredan los títulos de jefe, en parte por la tradicional deferencia hacia los varones de la familia y en parte porque se resisten a asumir la responsabilidad que ello entraña. Sin embargo, las mujeres que detentan el título tienen los mismos privilegios y responsabilidades, y tienen derecho a ocupar un lugar en el consejo de la aldea, que es el órgano deliberativo de los jefes de aldea.

El comité de mujeres de la aldea es un consejo integrado por las mujeres de la aldea, que toma decisiones sobre las cuestiones que les afectan. Los comités han resultado ser sumamente eficaces para el progreso de la comunidad.

El Gobierno está pensando en prescindir de la Lista de Votantes Individuales, que se considera discriminatoria.

Entre las medidas especiales destinadas a las jóvenes, la División de la Mujer ofrece formación en técnicas de subsistencia, como técnicas de negociación y adopción de decisiones, para mujeres jóvenes, con el fin de ayudarlas a mejorar su autoestima. Asimismo, la División de la Juventud del Ministerio celebra anualmente un foro nacional para jóvenes como parte de su programa de formación para el liderazgo destinado a los jóvenes. Además, una de las estrategias del proyecto de Plan Nacional de Acción sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se aprobará y aplicará más adelante en 2005, consiste en desarrollar programas de fomento de la confianza y promoción de la formación para mujeres, jóvenes dirigentes y personas con necesidades especiales. En el marco de otra estrategia se ha impartido formación a mujeres para que puedan participar en la vida política nacional y en los partidos políticos ayudándolas a desarrollar técnicas de promoción y defensa de sus ideas.

Aunque en Samoa la Iglesia está separada del Estado, el Gobierno ha puesto en marcha consultas acerca de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño con el Consejo Nacional de Iglesias y con dirigentes religiosos, a través del Ministerio de la Mujer, la Comunidad y el Desarrollo Social y sus Divisiones para la Mujer y la Juventud.

Artículos 9 a 11

La Sra. Saiga pregunta de si ambos progenitores pueden transmitir la nacionalidad a sus hijos.

La Sra. Dairiam pregunta si ha entendido correctamente del capítulo relativo al fortalecimiento del papel de la mujer en la estrategia de desarrollo del Gobierno para 2002-2004 que las mujeres están asociadas sistemáticamente a la comunidad o los servicios sociales o que se las canaliza hacia éstos, enfoque que podría mantenerlas al margen de las actividades de desarrollo previstas. En la nueva estrategia de desarrollo para 2005-2007, pregunta cuál va a ser la función de las mujeres, si se incluirán medidas temporales especiales para garantizarles la igualdad de oportunidades, y si las mujeres se beneficiarán por igual del crecimiento económico. Aparentemente, todos los planes de desarrollo se han de presentar a un comité del Gabinete para que examine sus repercusiones para las mujeres, pero no se indica cómo se evalúan esas repercusiones ni si se utiliza como referencia la Convención. Además, desearía saber quién se encargará de supervisar la reforma en marcha del sector público a fin de garantizar que la cuestión de la mujer forma parte integrante de las actividades de todos los Ministerios.

La Sra. Arocha Domínguez dice que la información sobre la situación económica de las mujeres parece contradictoria y solicita más datos sobre las consecuencias de la transición económica en curso para las mujeres, en particular en el sector manufacturero, donde las condiciones de trabajo, especialmente las de las mujeres, suelen ser deficientes, y en el sector agropecuario, en el que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la familia y en la agricultura sin recibir una remuneración. También desea saber si se ha hecho algo con miras a reducir los efectos de los problemas relacionados con el clima, a los que son tan vulnerables los pequeños Estados insulares en desarrollo, y pide que se aclare el número de hombres y mujeres que desarrollan un trabajo no remunerado, y que se explique la disminución del número de mujeres que trabajan como asalariadas.

La Sra . Patten pregunta si existe algún instrumento legislativo que garantice la igualdad salarial de hombres y mujeres por un trabajo de igual valor igual y, de ser así, en qué en medida se aplica a esa legislación y si existen mecanismos que garanticen que las mujeres reciben una formación y un asesoramiento laboral eficaces, también por lo que respecta a las funciones no tradicionales, tanto en el sector público como el sector privado. Habida cuenta ante que las condiciones laborales suelen ser mejores en el sector público que en el sector privado, por ejemplo, por lo que respecta a la licencia de maternidad, pregunta si el Gobierno está tomando alguna medida para mejorar las condiciones laborales de las mujeres en el sector privado. También agradecería más información acerca de si el proyecto de ley sobre salud y seguridad en el empleo, de 2001, que se menciona en el informe (CEDAW/C/WSM/1-3, pág. 72) ha llegado a aprobarse.

La respuesta del Estado parte a la pregunta 25 del Comité (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.2, pág. 22) es insuficiente; es esencial que se apruebe legislación para proteger a las mujeres contra la discriminación por motivos sexo, estado civil o embarazo. Es preciso revisar la Ley del trabajo y el empleo a la luz de ese requisito y pregunta si se han ratificado los Convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, incluido el Convenio N° 103 (revisado), de 1952, relativo a la protección de la maternidad. También es importante tomar medidas para prevenir el acoso sexual, que atenta contra la dignidad de las mujeres y afecta su capacidad de contribuir plenamente a la sociedad y desempeñar eficazmente su trabajo; en ese contexto, recuerda la recomendación general 19 del Comité sobre violencia contra la mujer. Por último, pregunta en qué medida el Ministerio de la Mujer, la Comunidad y el Desarrollo Social participa en el examen de las cuestiones de género que está llevando a cabo el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, y si el examen se centra en la incorporación de una perspectiva de género en todos los ámbitos.

La Sra. Tavares da Silva pregunta cómo se arreglan las mujeres dado que no existe una licencia de maternidad con sueldo; se pregunta si se acogen a una baja por enfermedad, y subraya que la maternidad es una función social básica, no una enfermedad, que requiere que se otorgue a las mujeres un trato especial, incluida la protección contra el despido por estar embarazada. Está de acuerdo en que la respuesta del Estado parte a la pregunta 25 del Comité es insuficiente y pregunta cuándo y cómo se propone el Gobierno aprobar legislación para proteger a las mujeres en el mercado laboral y ampliar las prestaciones del sector público al sector privado.

Por lo que respecta a los servicios de guardería, el Estado parte ha indicado que la mayoría de las guarderías, para niños de 2 a 5 años, están a cargo de las iglesias y de organizaciones no gubernamentales, pero que se carece de suficientes servicios de guardería para niños de hasta 2 años de edad (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.6, pág. 22). Los servicios de guardería son esenciales a la vista de los cambios que está sufriendo la familia y del mayor número de mujeres que trabajan; el Gobierno tiene la responsabilidad de satisfacer la creciente demanda de guarderías y ocuparse del problema. También manifiesta su preocupación por que la calidad de vida de las mujeres mayores de las zonas rurales, dado que cada vez son más las que son enviadas a residencias de ancianos en vez de ser atendidas por sus familias; por consiguiente, agradecería más información acerca de Documento de Política relativo a la atención a los ancianos presentado por el Consejo Nacional de la Vejez.

La Sra. Heather-Latu (Samoa) dice que la nueva Ley de la ciudadanía, de 2004, otorga a los hombres y a las mujeres en los mismos derechos por lo que respecta a la obtención y la transmisión en la nacionalidad samoana, ya sea por matrimonio, nacimiento, descendencia o naturalización. También se están tomando medidas para garantizar que los cambios socioeconómicos que se están produciendo a nivel de las aldeas no dejan atrás a las mujeres rurales, incrementando el acceso al crédito en el marco de planes de microcrédito destinados a las mujeres que no tienen tierras ni bienes que puedan utilizar como garantía; también están en marcha proyectos destinados a ayudar a las mujeres urbanas. La política de Gobierno en materia de microcréditos ha dado lugar a un verdadero aumento del número de mujeres que ponen en marcha empresas agropecuarias. Las cifras que indican que ha disminuido el número de mujeres asalariadas se pueden explicar por el hecho de que, en la actualidad, muchas mujeres son propietarias de sus propias empresas, lo que significa que, técnicamente, han dejado de ser asalariadas; de hecho, muchas de las consideradas desempleadas son trabajadoras por cuenta propia y disponen de una tienda, o se dedican a la venta o la fabricación de productos. La cuestión de la igualdad salarial se rige por la Constitución y por la Ley del trabajo y el empleo y depende del Comisionado del Trabajo; el enfoque de su Gobierno ha consistido, en primer lugar, en garantizar la plena igualdad en el sector público y, actualmente, se están tomando las medidas necesarias para garantizar unas condiciones laborales equivalentes en el sector privado.

En la revisión de la legislación se han abordado cuestiones como la de los derechos de las mujeres durante el embarazo; se están tomando medidas y la situación se evaluará a lo largo de los dos próximos años; en el futuro próximo se abordarán todas las cuestiones que afectan al empleo de la mujer. Los Ministerios están presentando proyectos de enmienda o proyectos de ley a la Oficina del Fiscal General, que se las presenta a los Ministerios interesados para que formulen sus observaciones, incluido el Ministerio de la Mujer, la Comunidad y el Desarrollo Social; también se tienen en cuenta las prácticas internacionales más idóneas.

Señala que el proyecto de ley de 2001 sobre salud y seguridad en el empleo se ha aprobado pero todavía no ha entrado en vigor porque no se ha establecido la estructura administrativa de apoyo a necesaria. Se está debatiendo si es preciso modificar el proyecto de ley a fin de incluir disposiciones de carácter general sobre el acoso sexual o si éstas se deben incluir en la nueva Ley del trabajo y el empleo. Por lo que respecta a la licencia de maternidad, dice que las condiciones del sector público sirven de referente y que se está haciendo lo posible por que el sector privado disponga en el mismo nivel de prestaciones; la nueva Ley del empleo a incluirá una definición de las causas de despido, incluidas las improcedentes, como el embarazo.

La Sra. Simi (Samoa), refiriéndose a las consecuencias del desarrollo económico para las mujeres, dice que ha habido un enorme incremento de la participación de las mujeres en microempresas y pequeñas empresas, especialmente en las zonas rurales. Se han puesto en marcha planes de crédito público; en colaboración con el Banco Asiático de Desarrollo, se ha inaugurado un servicio para el desarrollo de la pequeña empresa el 60% de cuyos préstamos se han concedido a mujeres, en particular para desarrollar actividades empresariales, y se ha organizado un plan de promoción de la pequeña empresa en colaboración con socios en el desarrollo, las destinatarias del 54% de cuyos préstamos han sido mujeres. También existen mecanismos gubernamentales destinados a garantizar las mujeres el acceso al crédito.

Se considera que las mujeres que trabajan en explotaciones agrícolas familiares son trabajadoras no remuneradas y recuerda que 49% de la población se dedica todavía a la agricultura de subsistencia para satisfacer las necesidades básicas de la familia; los excedentes se venden en el mercado. En los próximos tres años se desarrollarán unos indicadores de la situación económica de las mujeres en consulta entre el Ministerio de la Mujer, la Comunidad y el Desarrollo Social y las partes interesadas con el fin de establecer un marco basado en las disposiciones de la Convención que permita evaluar las repercusiones del desarrollo económico en las mujeres.

Artículos 12 y 14

La Sra. Khan dice que parece haber información contradictoria sobre la salud; por ejemplo, aunque la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, las mujeres sólo representan el 47% de la población y pregunta cómo se explica su tasa de mortalidad, en apariencia más elevada. Aunque en el informe se indica que toda la población tiene acceso a servicios de salud, una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres son las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto; pregunta si esto se puede explicar por alguna razón relacionada con su sexo, por ejemplo, porque las mujeres tengan que permanecer en el hogar y no puedan acceder con facilidad a esos servicios.

También manifiesta su preocupación por el hecho de que, a pesar de la elevada tasa de alfabetización, la tasa de fecundidad, que es de 4,3 en un, sigue siendo alta, y por que la tasa de utilización de métodos anticonceptivos, que en 1999 era del 33%, sigue siendo baja. Pregunta si esas cifras se pueden explicar por la falta de acceso a los servicios a pesar de la afirmación de que toda la población tiene pleno acceso a los servicios de salud. Agradecería que se le indicara cuánta información sobre métodos anticonceptivos se facilita a los adolescentes para evitar los embarazos y cuál es el porcentaje de abortos ilegales. También pregunta si puede existir algún sesgo cultural en favor de los bebés varones, que suelen sufrir menos deficiencias nutricionales, y pide información sobre la tasa de suicidios de mujeres. Agradecería asimismo más datos sobre el número de mujeres discapacitadas y sobre las medidas especiales que se hayan adoptado, de haberlas, para satisfacer sus necesidades, y sobre si es obligatoria o no la prueba del VIH para las mujeres embarazadas.

La Sra. Belmihoub-Zerdani, observando que, según el informe (CEDAW/C/WSM/1-3), la atención prenatal es gratuita, pregunta si también es gratuito el seguimiento del niño, incluidas las vacunas, y durante cuánto tiempo. Dice que la disminución de la tasa de fecundidad se puede explicar por los matrimonios más tardíos, el retraso del primer embarazo o la utilización de métodos anticonceptivos, pero considera que la tasa de utilización de esos métodos, el 33%, sigue siendo insuficiente; en principio, el crecimiento económico dará lugar a una disminución considerable de las tasas de fecundidad. Agradecería más información sobre el papel que desempeñan las clínicas móviles de planificación familiar y educación para la salud. Manifiesta su preocupación por el hecho de que algunas jefas se opongan a la planificación familiar y también la manifiesta su preocupación por que el aborto sea ilegal en caso de violación a menos que esté en peligro la vida de la mujer; se pregunta si es aconsejable permitir que nazca un niño, sin duda no deseado, y destaca que las mujeres que piensan en la posibilidad de abortar se encuentran en una situación de gran angustia.

La Sra. Simms se felicita de las excelentes intenciones del Gobierno con respecto a la salud de la mujer, intenciones que se ponen de manifiesto en la Política de lactancia materna (1995), la Política de alimentación y nutrición (1996) y la Política de población (CEDAW/C/WSN/1-3, pág. 79), pero pregunta si se han aplicado en su totalidad y si contienen objetivos y plazos específicos. Esas políticas se deben aplicar de manera equitativa a fin de que beneficien por igual a hombres y mujeres.

Por lo que respecta a la cuestión de los estereotipos (CEDAW/C/WSN/1-3, págs. 45 a 47) dice que las estructuras, tanto tradicionales como más modernas, de las que estas últimas están representadas por las estructuras y las actitudes coloniales, están perpetuando la discriminación y las actitudes patriarcales. Ambas sitúan al hombre en un nivel superior con respecto a la mujer, y la oradora subraya la necesidad de que mujeres como las que son miembros de la delegación, mujeres que ocupan cargos de responsabilidad al más alto nivel, garanticen la eliminación de esos estereotipos.

La Sra. Zou Xiaoqiao, observando que el 78% de la población de Samoa vive en zonas rurales pero que muchas personas trabajan en zonas urbanas, pregunta qué porcentaje de hombres y mujeres rurales se dedican exclusivamente a la producción agrícola. Pregunta si se puede elegir a mujeres oficiales de enlace o si tienen que ostentar el título de jefe, y si las mujeres rurales que consideran que se han violado sus derechos básicos tienen que presentar su denuncia al oficial de enlace o al comité de la aldea.

La Sra. Pimentel, señalando que, por lo general, las mujeres rurales carecen de acceso a los servicios de atención de la salud, pregunta qué medidas está tomando el Gobierno para evitar las consecuencias para la salud de los abortos ilegales, especialmente para las mujeres rurales.

La Sra. Simi (Samoa) dice que en los últimos diez años la tasa de fecundidad de Samoa ha disminuido. La tasa actual de utilización de métodos anticonceptivos es del 42,3%, lo que también supone una mejora. Sin embargo, todavía no se ha podido obtener datos específicos sobre las tasas de alfabetización a partir del último censo realizado en 2001. Según un estudio reciente de la malnutrición, concluido en 1999, las tasas de malnutrición han disminuido considerablemente, pasando del 6% a principios del decenio de 1990 a un 1,9%. Alrededor del 25% de los suicidios corresponden a mujeres. Por lo que respecta a las pruebas del VIH, se realizan con la autorización que la interesada. La atención prenatal y postnatal es gratuita.

El hecho de que la planificación familiar no se lleve a cabo a gran escala responde más a una cuestión de mentalidad que a obstáculos culturales. Aunque todas las mujeres del país tienen pleno acceso a los mismos servicios de planificación familiar, en la actualidad esos servicios se encuentran en los centros urbanos, y la población, especialmente los adolescentes y los jóvenes, pueden acceder a ellos fácilmente de manera anónima. Se requiere tiempo para superar los obstáculos relacionados con la mentalidad. Por lo que respecta al sector de la salud, se ha dado prioridad al desarrollo de instrumentos de política en las tres esferas mencionadas por la Sra. Simms. Sin embargo, por el momento no puede indicar cuándo estarán listos esos instrumentos. Cerca de 48% de las mujeres se dedican a la producción agrícola, frente al 52% de los hombres.

La Sra. Heather-Latu (Samoa) dice que la legislación del país sobre el aborto no responde a la situación actual. Como el aborto es ilegal, algunas madres abandonan a sus hijos al nacer y otras mujeres viajan al extranjero para abortar legalmente, mientras que, como ha sucedido en un caso que ha salido a la luz recientemente, otras recurren a los servicios de abortistas clandestinas. En este último caso, el Presidente del Tribunal Supremo de Samoa emitió en 2000 un fallo en el que se instaba al Gobierno a estudiar de inmediato la posibilidad de contemplar el aborto en la legislación de Samoa. Los debates sobre la cuestión empezarán en breve. Es evidente que para ello es preciso celebrar consultas con la comunidad a fin de determinar cómo va a responder el país a esa cuestión.

La Sra. Eteuati-Shon (Samoa) señala que las mujeres no tienen que ostentar el título de jefe para ser elegidas oficiales de enlace por las mujeres de la aldea. Por lo que respecta a la pregunta de si es la oficial de enlace o el comité de mujeres de la aldea el que se ocupa de las violaciones de los derechos básicos, señala que, habida cuenta de que la labor de las oficiales de enlace es muy nueva, se requiere tiempo para establecer sus responsabilidades concretas.

Artículos 15 y 16

La Sra. Tan felicita al Gobierno por su colaboración con las organizaciones no gubernamentales. Es urgente adoptar legislación contra la violencia por motivos de sexo y una ley sobre la familia. Pregunta si el Gobierno tiene previsto establecer vías alternativas para las víctimas de la violencia doméstica que no desean acudir a los tribunales pero necesitan una orden de protección inmediata.

La Sra. Gnacadja destaca la importancia de aprobar legislación a fin de aumentar la edad mínima para contraer matrimonio tanto para los hombres como para las mujeres, y de garantizar que esa edad sea la misma para ambos sexos. A ese respecto, desea saber a qué edad se puede contraer matrimonio libremente sin tener que solicitar la autorización de terceras partes. Además, la delegación debería indicar qué tipos de limitaciones puede imponer el derecho consuetudinario a la libertad de movimiento y la libertad para elegir domicilio. Por lo que respecta al párrafo 16.1 del informe del Estado parte, pide que se explique de la afirmación: “una mujer casada puede verse afectada por decisiones adoptadas por hombres y mujeres de la familia ampliada de su esposo”. Observando que el derecho consuetudinario y la jurisprudencia sientan las bases sobre las que los tribunales determinan el reparto de los bienes conyugales, agradecería que la delegación explicara cuál es el derecho consuetudinario e indicara las tendencias que se observan en la jurisprudencia.

La Sra. Šimonović, señalando que las causas de divorcio son distintas para los hombres y para las mujeres, manifiesta su especial preocupación por la obligación de las mujeres de suministrar pruebas de que han sido víctimas de crueldad habitualmente durante tres años. A ese respecto, desea saber qué tipo de pruebas se requieren y quiénes deciden qué constituye conducta cruel. Sería interesante saber si el Gobierno tiene planes de revisar y modificar las causas de divorcio.

La Sra. Shin dice que la edad legal para contraer matrimonio es de 16 años en el caso de las mujeres y de 18 en el que los hombres, lo que no sólo es contrario a la Convención, sino también a la Convención sobre los Derechos del Niño. Habida cuenta de que, en la actualidad, los samoanos contraen matrimonio más tarde, el Gobierno debería estudiar la posibilidad de modificar la edad mínima para contraer matrimonio a fin de ponerla en conformidad con la Convención. Por lo que respecta a los embarazos de adolescentes, desea saber qué medidas está tomando el Gobierno para prohibir las medidas punitivas contra las madres adolescentes y sus familias a nivel de las aldeas. La delegación debería facilitar detalles sobre los casos que se hayan presentado ante los tribunales.

La Sra. Heather-Latu (Samoa) dice que su Gobierno se ha comprometido a adoptar legislación sobre la violencia doméstica. Parte de ese proceso consistirá en identificar y revisar las diversas opciones legislativas existentes en el mundo y decidir cómo se pueden adaptar al contexto cultural y social de Samoa. Por lo general, se ha hecho hincapié en el aspecto punitivo de la legislación a fin de fijar unas penas elevadas adecuadas para combatir la violencia doméstica. Sin embargo, la legislación definitiva también incluirá órdenes de protección, tratamiento para los maltratadores y medidas de rehabilitación. Al carecer de la legislación necesaria, los tribunales y el Tribunal Supremo han aprovechado la disposición existente en el artículo 111 de la Constitución que les permite incluir la evolución del derecho consuetudinario en Gran Bretaña y el resto del Commonwealth. Reconoce que la diferencia en la edad mínima para contraer matrimonio es inadecuada y habrá que abordarla en el contexto de la reforma legislativa general.

Por lo que respecta a la disolución del matrimonio, el sistema de Samoa se basa en la culpabilidad, lo que es un vestigio de su pasado colonial. La región ha recibido bien su recomendación de posibilitar el divorcio sin declarar culpable a uno de los cónyuges. Por lo que respecta a los bienes matrimoniales, las deficiencias de la legislación actual de Samoa, y el hecho de que no existan disposiciones legislativas específicas, han dado lugar a cierta innovación jurídica, como la inclusión en la jurisprudencia de algunos fallos neozelandeses en los que se prevé un reparto al 50%. En Samoa, los abogados desaconsejan activamente a las parejas que recurran a los tribunales y las alientan a que esperen el periodo de separación de tres años. En un caso reciente, de fecha 19 de abril de 2002, el juez confirmó el reparto a partes iguales de las propiedades entre el marido y la mujer. Sin embargo, es evidente que es necesario proceder a una revisión general de la legislación sobre el matrimonio.

Es preciso hacer mucho más para afrontar el problema de los embarazos de adolescentes, del aborto y de la utilización de métodos anticonceptivos en Samoa, especialmente habida cuenta de que el programa de estudios escolares no incluye la educación sexual y reproductiva. La mentalidad imperante sigue siendo el principal obstáculo para el logro progresos en ese ámbito, por lo que el Gobierno, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, está haciendo lo posible por promover un cambio de actitud mediante campañas de sensibilización sobre cuestiones relacionadas con la salud.

La Sra. Saiga solicita aclaraciones sobre la estructura de las aldeas. En primer lugar, según el informe, las personas que detentan el título de jefe representan a su familia extensa; desearía saber quiénes están incluidos en ese grupo. En segundo lugar, pregunta si las personas que no detentan el título de jefe pueden ser elegidas alcaldes de las aldeas y si pueden ostentarse el título de jefe personas menores de 21 años. En tercer lugar, pregunta cuál es la relación existente entre el consejo de la aldea y el comité de mujeres de la aldea. Por lo que respecta a este último, y a la vista de la importancia de la participación de los hombres en la promoción del adelanto de la mujer, pregunta por qué esos comités están compuestos exclusivamente por mujeres.

La Sra. Shin, refiriéndose a la cuestión de los castigos que se infligen en las aldeas, pregunta si el Gobierno podría emitir un decreto prohibiendo esas actividades porque es necesario trasmitir un mensaje claro en el que se subraye que son improcedentes. Por lo que se refiere a la proporción anormalmente baja de mujeres en la población con respecto a los hombres, pregunta si el Gobierno tiene previsto llevar a cabo un estudio para determinar sus causas y, a ese respecto, observa que, en las sociedades en las que se prefiere a los niños, son frecuentes los abortos de fetos femeninos.

La Sra. Eteuati-Shon (Samoa), respondiendo a las preguntas de la Sra. Saiga, dice que la familia extensa incluye a todos los miembros de la familia de la persona que ostenta el título de jefe, residan o no en la aldea. Los menores de 21 años pueden ostentar el título de jefe, pero sólo se permite votar en las elecciones a los mayores de 21 años. El alcalde de la aldea debe tener el título de jefe. Con arreglo a la tradición, las aldeas de Samoa se dividen en la aldea de los hombres y la aldea de las mujeres. El comité de la aldea de las mujeres, que está integrado por todas las mujeres que residen en la aldea, se ocupa de todos los aspectos de la vida de la aldea que afectan a las mujeres.

La Sra. Heather-Latu (Samoa) señala que las aldeas de Samoa son entidades autónomas. El alcalde de la aldea, al que se elige para un mandato de cinco años, es el portavoz oficial de la aldea y el presidente del consejo. En respuesta a la pregunta de la Sra. Shin, dice que el Gobierno central podría publicar un decreto prohibiendo a los particulares infligir castigos en las aldeas, siempre que esos castigos violen la Constitución.

La Presidenta da las gracias a la delegación de Samoa por su participación en los debates y, en particular, por su detallada explicación del sistema de jefes. El Comité ha manifestado su preocupación por varias cuestiones, incluida la limitada participación de la mujer en la vida política del país, el hecho de que no puedan transmitir su nacionalidad a sus hijos, la discriminación por razones de sexo en el lugar de trabajo y el número de abortos ilegales. Además, en el próximo informe se deben facilitar estadísticas oficiales sobre el número de mujeres infectadas por el VIH/SIDA y datos desglosados por sexos sobre las víctimas de trata.

Las elevadas tasas de fecundidad y morbilidad materna indican que, aunque las mujeres de Samoa tienen acceso a servicios de planificación familiar, la mentalidad tradicional les impide aprovechar plenamente esos servicios. Sin embargo, el establecimiento de oficiales de enlace en las aldeas es un logro importante.

La Sra. Eteuati-Shon (Samoa) manifiesta a su agradecimiento al Comité por el clima propicio que ha creado, que ha permitido a su delegación responder a las preguntas que se le ha planteado con la mayor sinceridad posible. Aunque Samoa ha logrado progresos, todavía queda mucho por hacer para promover el adelanto de la mujer en numerosos ámbitos: la actitud hacia las mujeres sigue estando fuertemente influenciada por las tradiciones del país, y el proceso de cambio cultural y social es largo. Sin embargo, el Gobierno se ha comprometido a tomar las medidas necesarias para garantizar la plena aplicación de la Convención y, a ese respecto, tendrá presentes las sugerencias del Comité.

Se levanta la sesión a las 17.10 horas.