Comité de Derechos Humanos

Decisión adoptada por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 2582/2015 * **

Comunicación presentada por:	G. I. (representado por el abogado Panayote Elias Dimitras, de Greek Helsinki Monitor)
Presunta víctima:	El autor
Estado parte:	Grecia
Fecha de la comunicación:	26 de enero de 2015 (presentación inicial)
Referencias:	Decisión adoptada con arreglo al antiguo artículo 97 (actualmente artículo 92) del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 6 de marzo de 2015 (no se publicó como documento)
Fecha de adopción de la decisión:	25 de julio de 2019
Asunto:	Desalojo forzoso de asentamiento informal
Cuestiones de procedimiento:	Abuso del derecho a presentar comunicaciones; admisibilidad: comunicación manifiestamente infundada; admisibilidad: condición de víctima
Cuestiones de fondo:	Injerencia arbitraria/ilegal; tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; discriminación; recurso efectivo; derechos de la familia; derecho a la vivienda
Artículos del Pacto:	7 y 17, párrs. 1 y 2; y 23, párr. 1, 26; y 27, cada uno de ellos leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrs. 1, 2 y 3
Artículos del Protocolo Facultativo:	1 y 2

1.1El autor de la comunicación es G. I., nacional de Albania, de origen romaní, nacido el 6 de agosto de 1960. En el momento en que se presentó la comunicación el autor residía en Grecia; actualmente reside en Albania. El autor afirma que, al desalojarlo por la fuerza del asentamiento de Makrygianni en Patras (Grecia) en 2006, el Estado parte vulneró los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 7 y 17, párrafos 1 y 2; y 23, párrafo 1; 26 y 27, cada uno de ellos leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrafos 1, 2 y 3, del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para Grecia el 5 de agosto de 1997. El autor está representado por un abogado.

1.2 El 6 de julio de 2015, el Comité, actuando por conducto de sus Relatores Especiales sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, denegó la solicitud del Estado parte de que se examinasen por separado la admisibilidad y el fondo de la comunicación.

Los hechos expuestos por el autor

2.1En agosto de 2004 el autor y otros romaníes albaneses fueron expulsados del asentamiento de Riganokampos en Patras. Tras el desalojo, el autor se trasladó a Makrygianni, otro asentamiento romaní en Patras. Las condiciones de vida en ambos asentamientos eran similares. En Makrygianni, el autor vivía en un cobertizo sin acceso a electricidad, alcantarillado, sistema de eliminación de basuras ni agua corriente. En 2004, el Asesor sobre Calidad de Vida del Primer Ministro griego describió Makrygianni como “el peor de los 75 asentamientos del país” [y] “una ofensa a nuestra humanidad”.

2.2En julio de 2006, el autor y otros romaníes albaneses fueron expulsados de Makrygianni, a raíz de lo cual se trasladaron a Atenas. Vivían en el asentamiento romaní de Votanikos, pero fueron desalojados en junio de 2007. Los posteriores desalojos los llevaron a dispersarse a diversas zonas del área metropolitana de Atenas y el Ática. Las autoridades locales de Patras se jactaron de estos desalojos masivos, a los que se dio amplia cobertura en los medios de comunicación locales.

2.3Los desalojos fueron motivo de una visita urgente del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, invitado por el actual abogado del autor, que representaba a todas las comunidades romaníes de los dos asentamientos. El abogado del autor acompañó al Comisario a los asentamientos de Riganokampos y Makrygianni, y el 1 de diciembre de 2006 el Comisario remitió al Ministro del Interior una carta sobre la situación de los romaníes en Grecia. En lo que respecta a las condiciones de vida en Riganokampos y Makrygianni, el Comisario decía en su carta: “He visto a familias romaníes que viven en condiciones muy precarias. También me entrevisté con una familia cuyo modesto alojamiento había sido arrasado esa misma mañana. Les rogaría me facilitasen más información sobre las medidas adoptadas para indemnizar y realojar a las familias romaníes tras el desalojo o la ‘suspensión administrativa’ y sobre la seguridad de la tenencia de su vivienda actual”. Las autoridades griegas no respondieron a esta carta ni a otra posterior del Comisario relativa a los desalojos forzosos llevados a cabo en 2007 en Votanikos, Atenas.

2.4El 13 de diciembre de 2006, el abogado del autor presentó una querella ante la Fiscalía de Primera Instancia de Patras en relación con los desalojos. A raíz de ello se inició una investigación judicial preliminar. El 11 de enero, el 23 de enero y el 23 de febrero de 2007, el abogado del autor presentó solicitudes para que 76 romaníes, entre ellos el autor, se constituyesen como parte civil demandante en las actuaciones penales. Cada uno de los demandantes solicitó 33 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios. En la querella se citaba al alcalde y a dos tenientes de alcalde de Patras como acusados y se alegaba que se habían jactado públicamente de su “operación de limpieza” para desalojar a los romaníes. El alcalde y dos tenientes de alcalde fueron acusados de presuntas infracciones de los artículos 13 a) y 263 a) del Código Penal. Concretamente, se los acusaba de haber incumplido con intención dolosa su obligación de prestar servicio como funcionarios del Estado, con el fin de otorgar un beneficio ilegal a terceros. En la acusación se indicaba que la vulneración se había producido cuando los tres acusados organizaron cuadrillas de demolición el 27 de julio de 2006 en Makrygianni y el 15 de septiembre de 2006 en Riganokampos y ordenaron el derribo de viviendas improvisadas habitadas por romaníes en esos asentamientos. También se afirmaba en la acusación que los acusados habían infringido el Decreto Presidencial núm. 267 2/21-8/1998, que establece que la demolición de viviendas ilegales debe llevarse a cabo previa orden de la oficina de planificación urbana correspondiente. Además, se afirmaba que los acusados habían intentado perjudicar a los romaníes que vivían en las chabolas y embellecer la zona en beneficio de las personas no romaníes que residían en ella.

2.5El 11 de diciembre de 2012, todos los acusados fueron absueltos de los cargos en el juicio celebrado ante la Sala Primera del Tribunal Colegiado de Faltas de Patras, integrado por tres magistrados. En su sentencia, el Tribunal señaló que el asentamiento de Makrygianni estaba situado en un terreno de propiedad pública. El Tribunal declaró que “en relación con la vivienda improvisada que [el autor] utilizaba ocasionalmente, se determinó que no era su propietario legítimo ni la utilizaba. Además, en esa fecha (27 de julio de 2006), esa vivienda improvisada parecía desierta, ya que [el autor] estuvo muchos meses fuera buscando empleo en Zante. Nadie podía saber que tuviera intención de regresar al asentamiento”.

2.6El Tribunal declaró además en su sentencia que los acusados no habían tenido la intención de perjudicar a las familias romaníes ni de proporcionar ilegalmente un beneficio a los residentes no romaníes de la zona que se habían quejado de la presencia de los romaníes, sino que sus acciones habían estado motivadas por cuestiones de salud pública que afectaban tanto a los residentes romaníes como a los no romaníes. El Tribunal consideró que la falta de alcantarillado, agua corriente y recogida de basuras planteaba graves peligros para la salud de los romaníes y los residentes de zonas contiguas. El Tribunal observó asimismo que el derecho a la vivienda se aplicaba a todos sin discriminación, y consideró que no había pruebas de que los acusados hubieran intentado obstaculizar el ejercicio del derecho a la vivienda por los residentes romaníes. El Tribunal sostuvo que el municipio de Patras ya había concedido subsidios de alquiler a muchos romaníes que vivían en Makrygianni y Riganokampos para garantizarles unas condiciones de vida adecuadas. Además, el municipio había proporcionado alimentos a los romaníes a través del Banco de Alimentos y les había concedido subvenciones. Según el Tribunal, esto demostraba que el municipio se interesaba por los romaníes como grupo social y había tratado de encontrar un equilibrio entre los intereses en conflicto de, por una parte, los romaníes que se habían asentado ilegalmente y vivían en condiciones de miseria y, por otra, los residentes no romaníes que se veían afectados por las inaceptables condiciones sanitarias que imperaban en los asentamientos situados junto a sus casas.

2.7El autor sostiene que, a pesar de la decisión negativa del Tribunal, la demolición de su vivienda por los acusados fue una operación ilegal por partida doble puesto que: a) no se proporcionó un alojamiento alternativo; y b) la autoridad para demoler viviendas estaba conferida a los servicios de planificación urbana, no a los acusados, que eran empleados municipales. En la decisión del Tribunal no se explicó por qué no se ofreció al autor una vivienda alternativa adecuada antes del derribo de su casa.

2.8Según el autor, la investigación judicial inicial fue parcial, ya que los fiscales de Patras se negaron a acusar a altos funcionarios municipales, y las autoridades odiaban a los romaníes. Durante el juicio, no fue el fiscal quien planteó el argumento de la salud pública, sino los magistrados. El ordenamiento jurídico de Grecia excluye la provisión obligatoria de un recurso efectivo a los romaníes, dado que queda a la discreción de los fiscales y los jueces enjuiciar y condenar a las personas que hayan participado claramente en desalojos forzosos de romaníes y no existe ninguna disposición legal específica que castigue tales desalojos. Este sistema explica por qué los tribunales griegos nunca han condenado a nadie por desalojar por la fuerza a romaníes. El autor cita en apoyo de sus argumentos varios informes que indican que las autoridades griegas no han proporcionado efectivamente a los romaníes justicia o una vivienda adecuada. El autor sostiene que el Comité debería seguir el enfoque que adoptó en su dictamen sobre el caso Georgopoulos c. Grecia (CCPR/C/99/D/1799/2008), en la que se exponían hechos casi idénticos.

2.9El autor ha agotado los recursos internos porque la decisión del Tribunal Colegiado de Faltas de Patras es inapelable. Además, no existe ningún recurso legal que hubiera permitido al autor evitar el desalojo u obtener una indemnización del Gobierno o un alojamiento alternativo de emergencia.

La denuncia

3.1El autor sostiene que, al desalojarlo arbitrariamente del asentamiento de Makrygianni el 27 de julio de 2006, demoler su vivienda y no proporcionarle un alojamiento alternativo de emergencia ni una indemnización, el Estado parte vulneró los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 7y 17, párrafos 1 y 2; y 23, párrafo 1, 26 y 27, cada uno de ellos leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrafos 1, 2 y 3, del Pacto.

3.2En relación con el artículo 7 del Pacto, el autor remite a la decisión del Comité contra la Tortura sobre el caso Dzemajl y otros c. Yugoslavia (CAT/C/29/D/161/2000), en la que el Comité llegó a la conclusión de que la destrucción de viviendas pertenecientes a los romaníes constituía un “trato cruel, inhumano o degradante”. El autor remite también a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, en la que se indica que la destrucción de viviendas puede constituir, en determinadas circunstancias, un trato inhumano y degradante. Además, el autor afirma que, después de que el Tribunal de Primera Instancia de Patras emitiera las decisiones núms. 312/2005 y 323/2005, sintió alivio porque pensó que la amenaza de desalojo se había disipado. Sin embargo, sus esperanzas se vieron frustradas cuando su casa fue destruida. Como consecuencia, el autor se sintió inferior y degradado y comenzó a padecer ansiedad con respecto a su futuro y al de su familia. No entendía por qué las autoridades no le habían proporcionado un alojamiento adecuado y habían tratado de desalojarlo durante su ausencia, impidiéndole así que tomara algún tipo de medida para mejorar su situación.

3.3El desalojo constituyó una injerencia arbitraria e ilegal en la familia y el domicilio del autor, lo que contraviene el artículo 17 del Pacto. No se cumplieron los requisitos administrativos establecidos en la legislación nacional (a saber, la expedición y notificación de un protocolo de desalojo), y el derecho interno no preveía protección alguna para el autor contra el desalojo forzoso. Además, el hecho de que en la legislación interna no existan recursos efectivos frente a la demolición de viviendas informales de romaníes constituye una vulneración del artículo 17, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafos 1, 2 y 3, del Pacto.

3.4Dado que no había recursos a disposición del autor (como una acción legal preventiva para evitar su desalojo o mecanismos legales para solicitar una indemnización y un alojamiento de emergencia) y que los romaníes eran los únicos que se enfrentaban a este tipo de problemas, el Estado parte vulneró los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 23, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafos 1, 2 y 3, del Pacto.

3.5Respecto de los artículos 26 y 27, cada uno de ellos leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrafos 1, 2 y 3, del Pacto, el autor sostiene que los romaníes son el único grupo en Grecia que es objeto con frecuencia de desalojos forzosos, debido a su particular situación socioeconómica. Por motivo de su origen étnico, el autor ha sido objeto de discriminación y se ha visto sometido a desalojos forzosos y privado de todo recurso. Estas prácticas constituyen una pauta recurrente que afecta en toda Grecia a los romaníes que viven en tiendas de campaña.

3.6Como medida de reparación, el autor pide al Estado parte una indemnización por no haberle ofrecido un alojamiento adecuado, por los daños morales y materiales que sufrió como consecuencia de los desalojos forzosos y por no haberle proporcionado un recurso efectivo por esas vulneraciones. También pide al Estado parte que examine detenidamente la aplicación de las disposiciones de la legislación penal contra el racismo y la discriminación, que esclarezca los motivos por los que apenas se aplican y que adopte medidas apropiadas para que se apliquen íntegramente. El autor pide asimismo al Estado parte: a) que facilite la presentación de denuncias por parte de personas que aleguen ser víctimas de racismo o discriminación; b) que siga impartiendo formación en materia de derechos humanos a los fiscales y los jueces e intensifique dicha labor; c) que cree conciencia entre las autoridades locales sobre la necesidad de respetar los derechos y la cultura de los romaníes; d) que, antes de llevar a cabo cualquier desalojo forzoso planificado, se asegure de que se hayan explorado todas las alternativas viables en consulta con las personas afectadas, con miras a evitar o al menos reducir al mínimo el uso de la fuerza; e) que adopte todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para que las personas afectadas dispongan de una vivienda alternativa y/o reciban una indemnización adecuada; y f) que vele por que todos los desalojos se lleven a cabo de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y con los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad

4.1En sus observaciones sobre la admisibilidad de fecha 6 de mayo de 2015, el Estado parte sostiene que la comunicación es inadmisible por cuatro motivos. En primer lugar, en la comunicación no se proporciona información suficiente sobre el autor y sus circunstancias. Concretamente, aunque el autor afirma que fue desalojado y no pudo encontrar un alojamiento alternativo, no proporciona detalles sobre los presuntos desalojos ni sobre su situación actual en materia de vivienda. El autor tampoco especifica su dirección actual. Si bien afirma que sigue sufriendo privaciones económicas y sociales, no proporciona información sobre su actual situación económica y social. Aunque afirma haber sufrido injerencias en su familia, no proporciona información sobre ella.

4.2La comunicación es asimismo inadmisible porque constituye un abuso del derecho a presentar comunicaciones. En los procedimientos se produjeron varias demoras considerables, que son atribuibles únicamente al autor y/o a su abogado. En primer lugar, el autor presentó la comunicación casi ocho años y medio después de la supuesta demolición, a pesar de que la cuestión del desalojo sin alojamiento alternativo exige una respuesta rápida. Aunque la investigación penal relativa a los hechos ocurridos en la zona de Makrygianni concluyó en 2012, el abogado del autor afirmó en el caso Georgopoulos y otros c. Grecia que la incoación de un proceso penal contra las personas consideradas responsables de la demolición de una vivienda improvisada no era una opción legal que fuera a permitir al autor regresar a la parcela de terreno de la que había sido desalojado. Por lo tanto, los procedimientos penales son irrelevantes para el análisis en cuestión. En segundo lugar, el abogado del autor presentó las primeras alegaciones en relación con una comunicación sobre el desalojo de Riganokampos en junio de 2007 y febrero de 2008, mientras que esperó hasta enero de 2015 (más de siete años después) para presentar esta comunicación. El abogado alega que las circunstancias en ambos casos son idénticas. Han transcurrido cuatro años y medio desde que el Comité emitió su dictamen sobre la comunicación relativa al desalojo de Riganokampos. En tercer lugar, transcurrieron dos años entre el momento en que el autor autorizó a su abogado a representarlo en las actuaciones ante el Comité (en enero de 2013) y la presentación de la actual comunicación (en enero de 2015). Por último, la comunicación se presentó más de ocho meses después de que se aconsejara al abogado que separara las reclamaciones del autor de las formuladas en el caso Georgopoulos y otros c. Grecia y que las presentara por separado. La explicación del abogado de que esta última demora se debió al volumen de trabajo y a la escasez de recursos no es convincente, ya que el abogado únicamente tenía que volver a presentar la comunicación del autor por separado.

4.3Además, la comunicación es inadmisible porque carece de fundamento y de una base fáctica concreta. El autor está litigando por analogía. En lugar de presentar los hechos de manera clara y detallada, se limita a equiparar la presente comunicación al caso Georgopoulos y otros c. Grecia y pide al Comité que llegue a la misma conclusión. El caso Georgopoulos se refería a diferentes autores cuyas viviendas improvisadas habían sido demolidas en una zona distinta de Patras en diferentes fechas. Los autores de ese caso iniciaron su reclamación inmediatamente después de que ocurrieran los hechos. En la presente comunicación no se describen las circunstancias en que se produjo el presunto desalojo. Además, hay importantes incoherencias entre la comunicación y la declaración que el autor hizo ante el Tribunal Colegiado de Faltas de Patras. En la comunicación, el autor afirma que, tras el desalojo de julio de 2006, se trasladó al asentamiento romaní de Votanikos en Atenas. Sin embargo, ante el Tribunal declaró que, después del desalojo de julio de 2006, se había reasentado en la zona de Makrygianni hasta 2007, cuando su nueva chabola fue demolida. El Tribunal determinó que el autor no era propietario legítimo de su vivienda provisional y que no la utilizaba legítimamente, ya que solo hacía un uso ocasional de ella. El Tribunal determinó también que la vivienda parecía estar abandonada, porque el autor estuvo ausente durante muchos meses trabajando en una isla cercana. El Tribunal consideró asimismo que nadie podía saber que el autor tuviera presuntamente la intención de regresar al asentamiento. El autor no impugna estas conclusiones del Tribunal ni presenta un relato fáctico distinto.

4.4Por último, la comunicación es inadmisible porque las reclamaciones del autor en nombre del pueblo romaní exceden el alcance permitido para las comunicaciones individuales.

Comentarios del autor acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad

5.1En sus comentarios de fecha 1 de junio de 2015, el autor impugna la afirmación del Estado parte de que la comunicación no contiene información suficiente. El paradero del autor tras su desalojo de la zona de Votanikos en Atenas en junio de 2007 es irrelevante. Es una práctica habitual que las organizaciones no gubernamentales faciliten sus propias direcciones para la correspondencia, ya que las personas a las que representan se encuentran en situaciones precarias y se desplazan con frecuencia. En cualquier caso, el autor se inscribió ante las autoridades regionales y del Gobierno central a los efectos de obtener su permiso de residencia. Cuando se presentó la comunicación, el autor vivía con su familia en la zona de Atenas.

5.2En cuanto al presunto abuso del derecho a presentar comunicaciones, el autor sostiene que su abogado presentó dentro del plazo establecido varias demandas en nombre del autor y de otros romaníes, que dieron lugar al juicio penal que se celebró varios años más tarde. La demanda presentada en diciembre de 2006 terminó con el sobreseimiento del asunto en abril de 2009, cuando a petición del Fiscal del Tribunal de Apelación de Patras se decretó el archivo definitivo del caso. Sin embargo, en abril de 2011, el abogado del autor presentó una solicitud para que se reabriera la causa penal “en nombre de todos los romaníes”. En junio de 2011 se accedió a la solicitud, con lo que el autor volvió a ser parte civil demandante en el proceso penal contra los presuntos autores de su desalojo. No tuvo motivos para buscar otro recurso hasta que el juicio concluyó con la emisión de un fallo definitivo en diciembre de 2012. Fue entonces cuando comenzó el plazo para que el autor presentara una comunicación. El abogado también refuta las otras alegaciones del Estado parte relativas al presunto abuso del derecho a presentar comunicaciones.

5.3La comunicación está fundamentada, es procedente en cuanto al fondo y tiene una base fáctica concreta. Las circunstancias del desalojo se presentaron claramente y fueron aceptadas por el Tribunal nacional, que nunca declaró que los hechos fueran poco claros, sino que, al contrario, consideró que el desalojo no se había llevado a cabo de conformidad con los procedimientos legales habituales por motivos de salud pública. Además, cualquier supuesta discrepancia entre las actas del Tribunal en lengua griega y el contenido de la comunicación en lengua inglesa se explica por el hecho de que las actas del Tribunal no son transcripciones literales, sino meros resúmenes. El Estado parte no ha proporcionado una traducción al inglés de las actas del Tribunal.

5.4El autor reconoce que en el momento del desalojo estaba residiendo en Zante por la temporada estival. Sin embargo, esa era también la situación de los autores del caso Georgopoulos y otros c. Grecia. Además, ni los autores del caso Georgopoulos ni el autor de la presente comunicación eran propietarios de las viviendas de las que fueron desalojados.

Observaciones del Estado parte sobre el fondo

6.1En sus observaciones de 20 de noviembre de 2015, el Estado parte reitera sus argumentos anteriores y añade las siguientes alegaciones. En los procedimientos internos se demostró que, durante el desalojo en el asentamiento de Makrygianni el 27 de julio de 2006, al menos seis de los diez cobertizos derribados pertenecían a personas que los habían abandonado definitivamente después de haber aceptado un subsidio de alquiler para encontrar un alojamiento alternativo. Además, se estableció ante el Tribunal de Patras que, después de que los beneficiarios del subsidio se marcharan, el asentamiento daba una impresión general de abandono y estaba parcialmente cubierto de escombros de cobertizos demolidos y semidemolidos que debían ser retirados para proteger la salud pública. Además, también se indicó que algunas viviendas improvisadas habían sido demolidas total o parcialmente por personas no identificadas que probablemente buscaban materiales de construcción. Así pues, los servicios de limpieza del municipio de Patras tenían razones para creer que, al derribar el cobertizo del que el autor no era propietario legítimo, no estaban demoliendo una vivienda en uso ni desalojando a un residente. El cobertizo no parecía estar habitado por nadie, tampoco por el autor en particular. El propio autor había facilitado una dirección diferente para su permiso de residencia y no se presentó ante ninguna autoridad para protestar por la destrucción de ese “domicilio”. Por lo tanto, las autoridades municipales no tenían conocimiento del autor. La única información disponible sobre el autor fue la proporcionada durante el proceso penal ante el Tribunal Colegiado de Faltas de Patras, y el autor ni siquiera compareció durante ese juicio.

6.2En vista de los hechos mencionados, las autoridades no pudieron considerar la posibilidad de ofrecer un alojamiento alternativo al autor o prestarle apoyo de otro modo. A este respecto, el abogado del autor no explica por qué ni el autor ni su abogado se han puesto en contacto con las autoridades competentes. El Estado parte refuta el argumento del autor de que es inútil que los extranjeros que residen legalmente en el país, como el autor, soliciten asistencia a las autoridades municipales.

6.3La comunicación no contiene información fundamentada sobre la situación del autor en materia de vivienda después de los hechos en disputa de 2006. Esta información es relevante para determinar si el autor pasó a ser una persona sin hogar después del presunto desalojo. Esto reviste aún más importancia si se tiene en cuenta que el autor nunca ha presentado personalmente ninguna solicitud a las autoridades competentes en relación con su situación en materia de vivienda. La descripción que el autor hace de sí mismo como víctima de sucesivos desalojos como consecuencia de una política estatal de desalojos forzosos dirigidos contra los romaníes es engañosa. Estas alegaciones no están corroboradas. La solicitud de renovación del permiso de residencia del autor, que había expirado el 7 de agosto de 2008, fue denegada el 5 de marzo de 2014 porque no había presentado los documentos necesarios. En consecuencia, se pidió al autor que abandonara el país voluntariamente.

6.4La demolición de una vivienda improvisada, que se supone razonablemente que ha sido abandonada por el autor, que estuvo ausente del asentamiento durante varios meses, no constituye un trato contrario al artículo 7 del Pacto. En cuanto a los artículos 26 y 27 del Pacto, el autor no ha aportado ninguna prueba de discriminación por ningún motivo. Los presuntos desalojos no guardaban relación con el origen étnico del autor. Con respecto al artículo 2 del Pacto, el autor no interpuso en modo alguno recursos internos ante una autoridad judicial o no judicial, con excepción de su solicitud de ser admitido como parte civil en un proceso penal contra funcionarios municipales, únicamente por daños morales. El autor no ha presentado una demanda de indemnización por daños materiales. Durante las actuaciones nacionales, el abogado alegó que el daño material supuestamente sufrido era de unos 100 euros. La cantidad que el autor solicitó en realidad, en concepto de daños morales, no superaba los 40 euros.

6.5La declaración del autor de que vivía con su familia en la zona de Atenas cuando se presentó la comunicación es vaga. Parece que está ocultando información relevante sobre su dirección. En una comunicación similar presentada por el mismo abogado, este indicó el lugar de residencia de los autores en ese momento.

6.6Las explicaciones del autor sobre los retrasos en la presentación de la comunicación no son convincentes, sobre todo en lo que respecta a la demora de siete años desde la presentación de la comunicación Georgopoulos, que era casi idéntica. El autor afirma que no habría tenido ningún motivo para presentar la comunicación si los funcionarios municipales hubieran sido condenados durante los procedimientos internos. Por lo tanto, parece que el verdadero propósito del autor al presentar la comunicación no es impugnar su presunto desalojo, sino más bien la decisión de absolver a los acusados. No es razonable que el autor haya esperado a que concluyera el procedimiento penal para presentar la actual comunicación, que se refiere a un asunto urgente relacionado con un presunto desalojo forzoso sin realojamiento.

Comentarios del autor acerca de las observaciones del Estado partesobre el fondo

7.1En sus comentarios de 22 de febrero de 2016, el autor reitera sus argumentos y sostiene que su caso es prácticamente idéntico al asunto Georgopoulos. Se celebró un juicio penal para ambos casos. El Tribunal llegó a la conclusión de que se habían producido desalojos, incluida la demolición de las viviendas de las dos familias, y que esos desalojos habían sido llevados a cabo por autoridades municipales no autorizadas, que habían incumplido las leyes aplicables. Sin embargo, el Tribunal absolvió a los acusados alegando una presunta imperiosa preocupación de salud pública que supuestamente eximió de responsabilidad a las autoridades municipales por sus actos. Esto pone de manifiesto un racismo extremo contra los romaníes. Una amenaza para la salud pública debería resolverse mediante obras de infraestructura y de otro tipo para mejorar las condiciones de vida, y no mediante la demolición arbitraria de viviendas romaníes. En una decisión de 11 de diciembre de 2009, el Comité Europeo de Derechos Sociales consideró que los desalojos forzosos de romaníes en Patras, Votanikos y Chania habían sido contrarios al artículo 16 de la Carta Social Europea, en la medida en que en muchos de los casos no se habían celebrado consultas previas, no había habido una notificación adecuada ni se había ofrecido un alojamiento alternativo. El Comité Europeo de Derechos Sociales también consideró que los recursos jurídicos no eran suficientemente accesibles y que, debido a las circunstancias particulares de las familias romaníes que corrían el riesgo de ser desalojadas, había que prestarles un apoyo especial, incluido asesoramiento específico sobre la disponibilidad de asistencia letrada y sobre los recursos de apelación.

7.2Los romaníes de Riganokampos y Makrygianni residían allí legalmente, y no ilegalmente como afirma el Estado parte. De hecho, el Tribunal de Primera Instancia de Patras dictaminó, en sus decisiones núms. 312/2005 y 323/2005, que se permitiera a los romaníes de esas zonas permanecer allí, porque las autoridades estatales competentes y, en particular, el municipio de Patras, no habían designado una zona en la que los romaníes de Patras pudieran vivir en condiciones humanas.

7.3En una entrevista concedida a un periódico el 2 de febrero de 2007, el entonces Fiscal Adjunto del Tribunal Supremo griego indicó que se había resuelto el problema de los romaníes que vivían en Makrygianni, y declaró que “no se puede permitir que Patras se convierta en una ciudad gitana”. Las autoridades griegas nunca investigaron estas declaraciones racistas, a pesar de que aseguraron que lo harían.

7.4El autor rebate la afirmación del Estado parte de que no ha proporcionado información suficiente sobre el desalojo. El Tribunal nacional llegó a la conclusión de que la vivienda improvisada del autor había sido derribada el 27 de julio de 2006. Aunque el Estado parte hace alusión a la disponibilidad de un subsidio de alquiler, el autor afirma que esa afirmación es engañosa, ya que solo los romaníes que estaban inscritos en los censos municipales de población de Patras tenían acceso al programa de subsidios de alquiler. No se podían acoger a él los romaníes griegos que residían en Patras pero estaban registrados en otros municipios ni los romaníes albaneses que residían en Patras. Además, aunque el Estado parte afirma que las autoridades no podían saber que los habitantes del asentamiento regresarían, durante el proceso penal el Presidente de la Asociación Cultural Makrygianni, Spyros Marinis, dijo que “todos los años en mayo, la zona quedaba desierta. Los romaníes se marchaban para buscar trabajos de temporada en otros lugares y volvían en otoño. Durante el verano solo se quedaban unos pocos”. Así pues, las autoridades conocían bien la intención del autor de regresar al asentamiento. Aunque el Tribunal consideró que el autor estaba haciendo un uso “ocasional” del cobertizo, en realidad lo estaba utilizando “por temporadas”. La afirmación del Estado parte de que el asentamiento daba una impresión general de abandono es falsa y engañosa. En su declaración jurada durante el proceso penal, el Jefe de los Servicios de Recogida de Basura del municipio de Patras declaró que “los romaníes estuvieron presentes durante la operación. No tocamos ninguno de los cobertizos de los romaníes”. Además, los días 3, 4 y 5 de agosto de 2006, todos los romaníes que vivían en la zona de Makrygianni recibieron dos citaciones para comparecer ante el Fiscal del Tribunal de Primera Instancia el 7 de agosto de 2006, en respuesta a dos solicitudes de medidas provisionales presentadas por el organismo estatal propietario del terreno y por el ayuntamiento de Patras. En su solicitud de fecha 1 de agosto de 2006, el ayuntamiento de Patras declaró que los romaníes del asentamiento “se negaron a abandonarlo”. Por lo tanto, es evidente que el ayuntamiento sabía, durante el desalojo de julio de 2006, que el asentamiento de Makrygianni no había sido abandonado.

7.5El autor proporciona información adicional sobre los desalojos de 2004 y 2006. El autor se instaló en Riganokampos en 2000. En 2004, según una carta de fecha 3 de septiembre de 2004 del ayuntamiento de Patras a la región de Grecia Occidental, 35 familias romaníes albanesas, incluido el autor, fueron desalojadas por el ayuntamiento de Patras, y sus cobertizos fueron derribados. Cuando el autor regresó a la zona, fue informado del desalojo por otros romaníes que habían estado presentes en ese momento. El desalojo tuvo lugar mientras se celebraban en Atenas los Juegos Olímpicos de 2004.

7.6A finales de marzo de 2006, varios funcionarios hicieron declaraciones públicas en las que indicaron que se iban a producir desalojos en Makrygianni y Riganokampos, y a lo largo del año anterior se habían iniciado procedimientos judiciales contra “algunos o todos” los romaníes que vivían en esos dos asentamientos. A raíz de ello, el 30 de marzo de 2006, el abogado del autor y otras dos organizaciones no gubernamentales escribieron una carta a las autoridades municipales y regionales competentes para solicitar información sobre el realojamiento de las familias romaníes que vivían en Makrygianni y Riganokampos. Nunca recibieron respuesta. El 20 de junio de 2006, el abogado del autor presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo griego. En consecuencia, el 28 de junio de 2006, el Defensor del Pueblo escribió a las autoridades griegas recordándoles su obligación de responder a la carta de 30 de marzo de 2006.

7.7Los desalojos de Makrygianni y Riganokampos tuvieron lugar en 2006, durante la celebración del evento Patras Capital Europea de la Cultura. El 27 de julio de 2006, a las 6.00 horas, la policía registró numerosos cobertizos en Makrygianni en presencia de un fiscal. Según los romaníes griegos que estuvieron presentes en el momento de la operación, el fiscal les dijo que tenían 30 minutos para desalojar los cobertizos. Los romaníes se negaron a desalojarlos hasta que las autoridades los informaran de dónde serían realojados. El fiscal se marchó enfurecido. Las viviendas de los romaníes que estaban presentes no fueron demolidas debido a sus protestas. El atestado policial de la operación indica que a las 8.40 horas, varios romaníes de la zona agredieron al operario de la excavadora, pero huyeron antes de que la policía pudiera detenerlos. En las horas siguientes, los cobertizos de los romaníes albaneses que no estaban presentes fueron demolidos. El autor aporta fotografías que supuestamente muestran cobertizos demolidos pertenecientes a romaníes albaneses y dos cobertizos pertenecientes a romaníes griegos que detuvieron la demolición de sus viviendas.

7.8El 2 de mayo de 2007 representantes de la Dirección de Salud de Patras visitaron el asentamiento de Makrygianni y posteriormente publicaron un informe en el que se afirmaba que, dado que las condiciones de vida allí eran inaceptables, había que realojar a los romaníes. Sin embargo, las autoridades no tomaron ninguna medida en respuesta al informe. Las importantes obras de construcción que se estaban llevando a cabo en el asentamiento hacían que las condiciones de vida fuesen aún más difíciles, y el 16 de septiembre de 2007, las excavadoras demolieron las viviendas en el marco de un proyecto de obras públicas. Los numerosos romaníes que vivían allí recogieron sus enseres y se marcharon entre el 9 y el 14 de septiembre de 2007. Así pues, el asentamiento de Makrygianni fue desmantelado, y la mayoría de sus residentes fueron desalojados sin haber recibido un alojamiento alternativo o una indemnización.

7.9En lo que respecta al artículo 7 del Pacto, el Estado parte tenía conocimiento de la presencia del autor en Patras, porque durante el juicio penal uno de los acusados declaró que, según lo dispuesto en una orden policial, el autor debería haberse personado en la Comisaría de Policía núm. 5 de Patras entre septiembre de 2005 y octubre de 2006. Aunque el Estado parte alega que el autor no ha proporcionado información sobre su situación en materia de vivienda después del desalojo, el autor ha afirmado que se limitó a trasladarse de un asentamiento indigente a otro, de los que también fue desalojado.

7.10En cuanto al artículo 17 del Pacto, el autor presentó su reclamación por las vías administrativa y judicial. El abogado del autor (actuando en nombre de todos los romaníes desalojados, incluido el autor) se comunicó en reiteradas ocasiones con las autoridades griegas, incluido el Defensor del Pueblo griego, antes y después del desalojo de julio de 2006.

7.11Con respecto al artículo 23 del Pacto, el autor vivía en su cobertizo con su esposa e hijos. En las órdenes de desalojo utilizadas por el Gobierno de Grecia no se nombra a todos los miembros de la familia, sino a uno solo. Por lo tanto, el autor no nombró a los miembros de su familia al impugnar el desalojo.

7.12En lo que respecta a los artículos 26 y 27 del Pacto, el Estado parte no ha proporcionado ninguna información sobre viviendas de personas no romaníes que, de la misma manera que la vivienda del autor, hubieran sido derribadas en su ausencia, mientras estaban realizando trabajos de temporada, sin proporcionarles un alojamiento alternativo.

7.13El autor reside actualmente en su localidad natal de Shijak (Albania). Sospecha que el Estado parte insistió en obtener su dirección actual para expulsarlo de Grecia tras la expiración de su permiso de residencia.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

8.1Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si dicha comunicación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

8.2En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional, y de que lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo no obsta para que examine la comunicación.

8.3Puesto que el Estado parte no ha formulado objeción alguna en relación con el agotamiento de los recursos internos por el autor, el Comité considera que lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo no es óbice para la admisibilidad de la comunicación.

8.4El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que la comunicación constituye un abuso del derecho a presentar comunicaciones debido al lapso de tiempo transcurrido entre las diversas etapas del procedimiento. El Comité recuerda que, con arreglo al artículo 99 c) de su reglamento, podrá constituir abuso de ese derecho la presentación de una comunicación cinco años después del agotamiento de los recursos internos por su autor o, en su caso, tres años después de la conclusión de otro procedimiento de examen o arreglo internacionales, a menos que la demora esté justificada habida cuenta de todas las circunstancias de la comunicación. El Comité señala como relevante en el presente caso que, el 11 de diciembre de 2012, la Sala Primera del Tribunal Colegiado de Faltas de Patras absolvió al alcalde y a los tenientes de alcalde de Patras de los cargos relacionados con el desalojo del autor de Makrygianni el 27 de julio de 2006. El Comité observa que el Estado parte considera que esta fecha no es pertinente porque era imposible que el proceso penal tuviera un resultado que hubiera permitido al autor regresar a la parcela de tierra que reclamaba en Makrygianni. Sin embargo, el Comité observa que, para agotar los recursos internos, no se exige necesariamente que el autor haya solicitado una restitución que le permita recuperar la situación que tenía antes de la comisión de la presunta violación. No obstante, el autor debe haber planteado, a través de todos los mecanismos nacionales de reparación efectivos y disponibles, el fundamento de las reclamaciones que son objeto de la comunicación que tiene ante sí el Comité. El Comité observa también que el Estado parte no ha alegado que el autor no haya agotado los recursos internos ni que los agotara en una fecha diferente. Por consiguiente, el Comité considera que la comunicación del autor, presentada el 26 de enero de 2015, se presentó dentro de los cinco años siguientes al 11 de diciembre de 2012, fecha en que se agotaron los recursos internos, y no constituye un abuso del derecho a presentar comunicaciones.

8.5El Comité toma nota del argumento del Estado parte de que la comunicación es inadmisible por falta de fundamentación y de que las reclamaciones del autor en nombre del pueblo romaní son inadmisibles ratione materiae. El Comité toma nota de la alegación del autor en relación con el artículo 27 del Pacto de que el Estado parte desaloja con frecuencia por la fuerza a los romaníes que viven en tiendas de campaña debido a su situación socioeconómica particular y a su origen étnico. El Comité recuerda su jurisprudencia según la cual una persona no puede alegar ser víctima en el sentido del artículo 1 del Protocolo Facultativo a menos que una acción u omisión de un Estado parte ya haya afectado negativamente a su goce de ese derecho o bien que tal efecto sea inminente, por ejemplo, en función del derecho vigente o de una decisión o práctica judicial o administrativa. Al mismo tiempo, el Comité recuerda su observación general núm. 23 (1994) sobre el derecho de las minorías, en la que reconoce que “aunque los derechos amparados por el artículo 27 sean derechos individuales, dichos derechos dependen a su vez de la capacidad del grupo minoritario para conservar su cultura, su idioma o su religión”. En el presente caso, el Comité observa que el autor no especifica por qué considera que el Estado parte vulneró sus derechos individuales, interpretados desde una dimensión colectiva, a disfrutar de su propia cultura, profesar una religión o utilizar su idioma en común con otros miembros de un grupo minoritario. Por lo tanto, el Comité considera que la reclamación del autor en relación con el artículo 27 del Pacto no está suficientemente fundamentada y es, por lo tanto, inadmisible en virtud de los artículos 1 y 2 del Protocolo Facultativo.

8.6El Comité toma nota de las alegaciones del autor de que el Estado parte vulneró los derechos que lo asisten en virtud del artículo 17, párrafos 1 y 2, del Pacto al desalojarlo arbitrariamente de su domicilio en Makrygianni. El Comité toma nota de la grave preocupación que plantea el autor con respecto a la situación general de los romaníes en los asentamientos de Riganokampos y Makrygianni. No obstante, aunque le preocupan las alegaciones del autor de que fue desalojado sucesivamente de diferentes asentamientos tanto en Patras como en Atenas, el Comité solo puede examinar los derechos del autor con respecto al desalojo de Makrygianni en 2006, por el que el autor interpuso un recurso interno y que constituye el objeto de la presente comunicación. Por consiguiente, la cuestión preliminar que tiene ante sí el Comité no son las condiciones de vivienda de los romaníes o del autor en los asentamientos griegos, sino la situación concreta de si el autor ha fundamentado su afirmación de que el cobertizo de Makrygianni era su domicilio el 27 de julio de 2006, a los efectos del artículo 17 del Pacto.

8.7El Comité recuerda que el concepto de “domicilio” en el sentido del artículo 17 del Pacto se refiere al lugar en el que una persona reside o ejerce su ocupación habitual. Por lo tanto, un “domicilio” no se limita a los locales ocupados legalmente o que se han establecido legalmente con arreglo a la legislación nacional, ni a las residencias tradicionales o a las residencias fijas. El Comité remite a su jurisprudencia en la que se indica que la determinación de si un lugar de residencia o de ocupación habitual constituye un “domicilio” al que se aplique la protección del artículo 17 depende de las circunstancias de hecho, concretamente de la existencia de una ocupación continuada e indiscutible del lugar específico en cuestión. Aunque no se requiere la presencia física diaria en el domicilio, la persona debe presentar pruebas creíbles de la ocupación del domicilio. Si la persona está ausente voluntariamente en el momento de la supuesta injerencia, se debe demostrar que no se han roto los vínculos con el domicilio. Además, a falta de una alegación de poseer un interés jurídico en el domicilio, los vínculos de la persona con el domicilio deben derivarse de pruebas de una ocupación indiscutible o del ejercicio de su ocupación habitual durante un período de tiempo.

8.8Al evaluar si el cobertizo en Makrygianni constituía el “domicilio” del autor a los efectos del artículo 17, el Comité toma nota de las declaraciones del autor de que se había trasladado a Makrygianni dos años antes de la demolición, había estado utilizando el cobertizo por temporadas y en el momento de la demolición estaba residiendo en la isla de Zante durante la temporada estival. El Comité toma nota de la afirmación del autor de que era habitual que algunos romaníes abandonaran el asentamiento durante el verano y que las autoridades del Estado parte sabían que regresaría. Sin embargo, el Comité observa que el autor no había informado a las autoridades de que vivía en el asentamiento de Makrygianni y que había facilitado a las autoridades una dirección diferente para su permiso de residencia. El autor no ha explicado por qué no informó a las autoridades municipales de que vivía allí, antes o después de la demolición. El Comité observa también que el autor no ha proporcionado información que contradiga la conclusión del Tribunal Colegiado de Patras de que el cobertizo, sobre el que no tenía ningún interés jurídico, parecía abandonado en el momento de la demolición. El autor no ha alegado que hubiera dejado en el cobertizo ningún objeto personal u otras señales de ocupación para indicar que se había reclamado como residencia en el momento de los hechos. Si bien observa la información del autor de que uno de los tenientes de alcalde declaró durante el juicio penal que el autor debería haberse personado ante la policía en Patras en 2005 y 2006, el Comité considera que el autor no ha proporcionado información suficiente para demostrar que las autoridades sabían o deberían haber sabido que residía en el asentamiento de Makrygianni. El Comité también toma nota del argumento no refutado del Estado parte de que la demanda civil del autor en el contexto del proceso penal se refería a daños morales y no materiales. El Comité observa que el autor no ha afirmado que haya sufrido daños materiales ni que haya establecido fuertes lazos comunitarios que lo vinculen con Makrygianni. Si bien el autor se basa en el dictamen del Comité en Georgopoulos y otros c. Grecia, el Comité observa que en ese caso los autores habían nacido en el asentamiento del que fueron desalojados, siempre habían vivido allí —menos cuando se encontraban en otros lugares realizando trabajos de temporada— y se pusieron inmediatamente en contacto con las autoridades municipales para interponer un recurso administrativo tras conocer que habían sido desalojados.

8.9El Comité observa que, aunque el autor sostiene que las autoridades aceptaron la ocupación del asentamiento mediante la decisión núm. 323 en 2005, según el Tribunal Colegiado de Faltas de Patras esta decisión reflejaba una medida temporal que permitía a las autoridades proporcionar un alojamiento alternativo a los residentes de Makrygianni, y que posteriormente las autoridades municipales concedieron subsidios de alquiler a los residentes que estaban inscritos en el municipio. El Comité observa que el Tribunal determinó que muchas personas habían abandonado definitivamente el asentamiento para buscar un alojamiento alternativo. El Comité toma nota asimismo de la declaración del autor de que, a finales de marzo de 2006, varios funcionarios públicos hicieron declaraciones públicas en las que indicaron que se llevarían a cabo desalojos en Makrygianni; y de que recientemente se había iniciado un proceso judicial contra “algunos o todos” los romaníes que vivían en esos dos asentamientos. El Comité observa también que el autor no ha indicado que se estuvieran suministrando servicios públicos básicos al asentamiento para indicar que las autoridades habían en efecto consentido su existencia. De hecho, el Comité toma nota de la conclusión del Tribunal de que, en el momento de la demolición, la falta de alcantarillado, de sistema de recogida de basura, de agua corriente, etc., en Makrygianni constituía una grave amenaza para la salud tanto de los residentes romaníes como de los no romaníes. Si bien el Comité toma nota de la afirmación del autor de que el Tribunal utilizó este argumento de salud pública como pretexto para desalojar a los romaníes, observa que el autor no ha proporcionado información que contradiga las preocupaciones de salud pública y ha declarado que, durante el año que siguió a la demolición, la Dirección de Salud de Patras publicó un informe en el que declaraba que las condiciones de vida en Makrygianni eran inaceptables.

8.10A la luz de todas las circunstancias mencionadas, el Comité considera que la información proporcionada por el autor es insuficiente para fundamentar sus alegaciones de que, en el momento de la demolición, el cobertizo constituía su domicilio en el sentido del artículo 17 del Pacto. Además, haciendo referencia a las mismas circunstancias, el Comité considera que el autor no ha proporcionado información suficiente que indique que las autoridades lo sometieron a un trato cruel, inhumano o degradante; que sabían o deberían haber sabido de la existencia de su vida en familia en Makrygianni; o que lo han discriminado. En consecuencia, el Comité considera que las reclamaciones del autor en relación con los artículos 7; 17, párrafos 1 y 2; 23 y 26 son inadmisibles por falta de fundamentación, de conformidad con el artículo 2 del Protocolo Facultativo.

9.Por lo tanto, el Comité decide:

a)Que la comunicación es inadmisible en virtud de los artículos 1 y 2 del Protocolo Facultativo;

b)Que la presente decisión se ponga en conocimiento del Estado parte y del autor.