Naciones Unidas

CED/C/MRT/CO/1

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

Distr. general

13 de octubre de 2023

Español

Original: francés

Comité contra la Desaparición Forzada

Observaciones finales sobre el informe presentado por Mauritania en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención *

1.El Comité contra la Desaparición Forzada examinó el informe presentado por Mauritania en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención en sus sesiones 443ª y 444ª, celebradas los días 11 y 12 de septiembre de 2023. En su 471a sesión, celebrada el 29 de septiembre de 2023, aprobó las presentes observaciones finales.

A.Introducción

2.El Comité acoge con beneplácito el informe presentado por Mauritania en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, que fue preparado de acuerdo con las directrices del Comité. Además, el Comité agradece al Estado parte las respuestas presentadas por escrito a la lista de cuestiones.

3.El Comité expresa además su agradecimiento por el diálogo constructivo mantenido con la delegación del Estado parte sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la Convención y celebra la apertura con la que la delegación respondió a las preguntas formuladas por el Comité. Agradece al Estado parte la información adicional y las aclaraciones recibidas de forma oral.

B.Aspectos positivos

4.El Comité acoge con beneplácito la adhesión del Estado parte a todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos varios protocolos facultativos, como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2012.

5.El Comité también acoge con satisfacción los avances del Estado parte en esferas relacionadas con la Convención, tales como:

a)La creación de la Oficina del Comisionado para los Derechos Humanos, la Acción Humanitaria y las Relaciones con la Sociedad Civil en el Gobierno;

b)La aprobación de la Ley núm. 2015-033 relativa a la lucha contra la tortura y la Ley núm. 2015-034 por la que se establece el mecanismo nacional de prevención de la tortura;

c)El establecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que obtuvo en 2020 la acreditación de categoría “A” de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París);

d)La aprobación de la Ley núm. 2003-025 de represión de la trata de personas y el establecimiento de una instancia nacional de lucha contra este delito.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

6.El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para cumplir las obligaciones que dimanan de la Convención. Sin embargo, considera que, en el momento de aprobarse las presentes observaciones finales, la legislación vigente en el Estado parte para prevenir y castigar las desapariciones forzadas y garantizar los derechos de las víctimas, su aplicación, así como la conducta de algunas autoridades competentes, no se ajustaban plenamente a las obligaciones derivadas de la Convención. Al Comité le preocupa especialmente el número de denuncias de desapariciones forzadas y de vulneraciones de la Convención que se han recibido, algunas de las cuales se produjeron después de la entrada en vigor de ese instrumento. Alienta al Estado parte a que aplique sus recomendaciones, que se han formulado en un espíritu constructivo de cooperación, con el fin de garantizar, en la ley y en la práctica, la plena aplicación de la Convención. A este respecto, invita al Estado parte a que aproveche los debates en curso sobre diversos proyectos de ley en ámbitos relacionados con la Convención para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales.

1.Información general

Competencia del Comité en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención

7.El Comité toma nota de la información de que el Estado parte considera la posibilidad de reconocer la competencia del Comité para recibir comunicaciones individuales o interestatales. No obstante, lamenta que el Estado parte no haya realizado las declaraciones necesarias a tal efecto (arts. 31 y 32).

8. El Comité invita al Estado parte a formular con prontitud las declaraciones necesarias para reconocer la competencia del Comité en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención. También lo invita a comunicar las medidas adoptadas y los plazos fijados para alcanzar este objetivo.

Aplicabilidad de la Convención

9.El Comité acoge con satisfacción la información de que los tratados y acuerdos internacionales ratificados o aprobados por el Estado parte se aplican tan pronto como se publican, de conformidad con el artículo 80 de la Constitución. No obstante, el Comité lamenta que ninguno de los casos de desaparición forzada puestos en conocimiento de las autoridades judiciales nacionales haya dado lugar a una resolución judicial.

10. El Comité recomienda al Estado parte que redoble esfuerzos para garantizar que los jueces, fiscales y abogados reciban formación sobre la Convención, a fin de que los tribunales nacionales la apliquen y la tengan en cuenta.

Institución nacional de derechos humanos

11.El Comité celebra la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en virtud de la Ley Orgánica núm. 2017-016 de 5 de julio de 2017 por la que se establece su composición, su funcionamiento y su organización. También acoge con satisfacción que la Comisión volviera a recibir el 7 de diciembre de 2020 la acreditación de la categoría “A” de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que esté facultada para recibir denuncias relativas a las obligaciones dimanantes de la Convención y que haya establecido un mecanismo a tal efecto. No obstante, el Comité observa que el Estado parte no proporciona información suficiente acerca de las medidas adoptadas para que la Comisión disponga de los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para desempeñar eficazmente sus funciones en todo el territorio del Estado parte. El Comité observa también la falta de transparencia respecto a la transmisión efectiva por el Estado parte a la Comisión de las informaciones relativas a las investigaciones llevadas a cabo por el Gobierno sobre la suerte de los mauritanos desaparecidos.

12.El Comité recomienda al Estado parte que vele por que la Comisión Nacional de Derechos Humanos disponga de los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para desempeñar plenamente sus funciones en todo el territorio nacional. Recomienda también que promueva medidas para dar a conocer la Comisión y sus competencias, en particular aquellas relacionadas con las desapariciones forzadas, entre toda la población y las autoridades nacionales y locales.

Participación de las partes interesadas en la elaboración del informe

13.El Comité toma nota de la información según la cual se invitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la elaboración del informe del Estado parte. No obstante, lamenta la falta de detalles respecto a los procesos de consulta que se llevaron a cabo y observa con preocupación que, según se informa, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de las desapariciones forzadas no fueron invitadas a participar en ellos.

14. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que se consulte e informe periódicamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de las desapariciones forzadas, sin excepción, sobre todo lo relacionado con la aplicación de la Convención.

2.Definición y tipificación como delito de la desaparición forzada (arts. 1 a 7)

Información estadística y registro nacional

15.El Comité lamenta la falta de datos estadísticos desglosados de las personas desaparecidas en el Estado parte (arts. 1 a 3, 12 y 24).

16. El Comité invita al Estado parte a que establezca un registro nacional único de personas desaparecidas a fin de generar sin demora información estadística precisa y actualizada sobre dichas personas, desglosada por sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, nacionalidad, lugar de origen y origen racial o étnico. Dicha información debería contener la fecha y la hora de la desaparición; el número de personas que han sido localizadas, vivas o no; y el número de casos en los que el Estado presuntamente ha participado en la desaparición, de una manera u otra, en el sentido del artículo 2 de la Convención.

Delito de desaparición forzada

17.El Comité observa con preocupación que la legislación nacional no tipifica la desaparición forzada como delito independiente y que los artículos 111 y 319 del Código Penal mencionados por el Estado parte no definen la desaparición forzada de manera plenamente acorde con el artículo 2 de la Convención. El Comité considera que la referencia a una serie de delitos existentes y actos análogos no basta para abarcar todas las modalidades y elementos constitutivos del delito de desaparición forzada previstos en la Convención ni tiene en cuenta la gravedad ni el carácter específico de ese delito. No obstante, toma nota con satisfacción de la afirmación de la delegación de que el Estado parte tiene previsto incluir en su legislación penal una definición de la desaparición forzada acorde con la Convención y castigar dicho delito con penas adecuadas (arts. 2, 4 y 6 a 8).

18. El Comité recomienda al Estado parte que incorpore sin demora la desaparición forzada a la legislación interna como delito independiente, definido de conformidad con el artículo 2 de la Convención, y como crimen de lesa humanidad, en consonancia con el artículo 5 de ese instrumento. Asimismo, le recomienda que vele por que:

a) Se incluyan todas las circunstancias atenuantes y agravantes mencionadas en el artículo 7, párrafo 2, de la Convención en la legislación penal;

b) Se castigue la desaparición forzada con penas adecuadas que tengan en cuenta su extrema gravedad, excluyendo la pena de muerte y los trabajos forzados.

Responsabilidad penal de los superiores y obediencia debida

19.El Comité toma nota con interés del principio de no invocación de circunstancias excepcionales para justificar violaciones graves de los derechos humanos como la tortura, recogido en el artículo 14 de la Ley núm. 2015-033 de 10 de septiembre de 2015 relativa a la lucha contra la tortura, así como el principio de desobediencia a una orden de tortura, consagrado en el artículo 15 de la misma ley. No obstante, le preocupa el principio de obediencia jerárquica, previsto en el artículo 8 de la Ley núm. 93-09 de 18 de enero de 1993 del estatuto general de los funcionarios y los agentes contractuales del Estado, así como la posibilidad legal de eximir a los subordinados de toda responsabilidad en virtud del artículo 111 del Código Penal. El Comité observa asimismo que la legislación penal no aborda suficientemente la cuestión de la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos (arts. 1, 6 y 23).

20. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que no se pueda invocar ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil, militar o de otra índole, para justificar un delito de desaparición forzada, ni se sancione a los subordinados que se nieguen a obedecer la orden de someter a alguien a desaparición forzada. También le recomienda que establezca la responsabilidad penal del superior de conformidad con el artículo 6, párrafo 1 b), de la Convención.

Justicia transicional

21.El Comité toma nota de las consultas en curso con el fin de definir las medidas que se pueden adoptar para solucionar lo sucedido en el período denominado “pasivo humanitario”. No obstante, observa que hasta el momento las propuestas para establecer una suerte de proceso de acceso a la verdad y a la reconciliación no se han examinado a fondo (arts. 11, 12 y 24).

22. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para lograr sin demora que:

a) Todos los casos de desaparición forzada que acontecieron durante el período denominado “ pasivo humanitario ” sean objeto de una investigación exhaustiva e imparcial hasta que se esclarezca la suerte de las personas desaparecidas;

b) Todas las personas que hayan participado en la comisión de un delito de desaparición forzada, incluidos los superiores jerárquicos militares y civiles, sean enjuiciadas, y, en caso de ser declaradas culpables, sean condenadas a penas acordes con la gravedad de sus actos;

c) Se busque y se localice de inmediato a todas las personas desaparecidas cuya suerte se desconoce y que, en caso de fallecimiento, se identifiquen, se respeten y se restituyan sus restos a sus allegados mediante los medios y procedimientos necesarios para que tengan un funeral digno y conforme a los deseos y tradiciones culturales de la familia y de la comunidad a la que se restituyen;

d) Toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada obtenga una reparación rápida, integral y adecuada, adoptando un enfoque diferenciado que tome en cuenta, entre otras cosas, la dimensión de género y las necesidades específicas de las víctimas.

Amnistía

23.El Comité está preocupado por que la Ley núm. 93-23 de 14 de junio de 1993, que concede una amnistía a los miembros de las fuerzas de seguridad respecto de los delitos cometidos durante el período denominado “pasivo humanitario”, pueda aplicarse a los delitos de desaparición forzada.

24. El Comité recomienda al Estado parte que derogue cualquier disposición que tenga por efecto eximir a los autores de desapariciones forzadas de ser enjuiciados o incurrir en sanciones penales. En particular, le recomienda que elimine la posibilidad de que se conceda una amnistía en casos de delitos internacionales, incluida la desaparición forzada.

3.Responsabilidad penal y cooperación judicial en materia de desaparición forzada (arts. 8 a 15)

Prescripción

25.El Comité observa con preocupación que el plazo de prescripción de diez años, previsto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, no puede considerarse proporcional frente a la extrema gravedad del delito de desaparición forzada (art. 8).

26. El Comité recomienda al Estado parte que garantice que, de conformidad con el artículo 8 de la Convención, el plazo de prescripción aplicable a los casos de desaparición forzada sea de larga duración y proporcional a la extrema gravedad del delito y que, habida cuenta del carácter continuado del delito, dicho plazo se cuente a partir del momento en que este cesa.

Jurisdicción universal

27.El Comité toma nota de las informaciones proporcionadas por el Estado parte respecto a la legislación aplicable en cuanto a la jurisdicción de sus tribunales, en particular los artículos 621 y ss. del Código de Procedimiento Penal. Dado que la desaparición forzada no está tipificada como un delito independiente en Mauritania, el Comité señala la falta de claridad de la legislación nacional con respecto a la posibilidad de que el Estado parte ejerza su jurisdicción para conocer de hechos de desaparición forzada cuando el presunto autor sea una persona extranjera o apátrida que no tenga residencia permanente en el Estado parte, se encuentre en su territorio y no sea extraditada o entregada a otro Estado, y la desaparición forzada no esté tipificada de manera expresa en el país en que se ha cometido ese delito (art. 9).

28.El Comité recomienda al Estado parte que garantice el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales nacionales para conocer de casos de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones derivadas del artículo 9 de la Convención y el principio aut dedere aut iudicare que en él se enuncia.

Investigaciones de casos de desaparición forzada

29.El Comité toma nota de la declaración del Estado parte de que no se ha denunciado ningún caso de desaparición forzada, así como de la información proporcionada sobre el marco jurídico e institucional que rige las investigaciones de las fuerzas de seguridad y agentes del Estado y sobre el mandato del Consejo Superior de la Fetua y los recursos de gracia. No obstante, lamenta no haber recibido información sobre la manera en que el Estado parte vela por que todo caso de desaparición forzada puesto en conocimiento de las autoridades competentes se investigue de oficio de inmediato y con exhaustividad, imparcialidad, independencia y un enfoque diferenciado, aun cuando no se haya presentado una denuncia oficial, y garantizando el derecho de los familiares de la persona desaparecida a participar activamente en el proceso como titulares de los derechos reconocidos en el artículo 71, párrafo 3, del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, el Comité lamenta la falta de información sobre el número de denuncias recibidas en relación con los actos definidos en el artículo 2 de la Convención cometidos tanto con anterioridad a la entrada en vigor de ese instrumento, en especial durante el período denominado “pasivo humanitario”, como desde su entrada en vigor, sobre las medidas adoptadas para actuar judicialmente respecto de esas denuncias y sobre la participación de las víctimas en los procedimientos de búsqueda e investigación (arts. 2, 12 y 24).

30. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Recopile, sistematice y haga públicas estadísticas fidedignas y actualizadas del número de denuncias presentadas de casos de desaparición forzada;

b) Se asegure de que todas las desapariciones forzadas se investiguen de inmediato, con exhaustividad, eficacia e imparcialidad, aun cuando no haya denuncia oficial, y por que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, castigados con penas proporcionales a la gravedad del delito;

c) Vele por que cualquier persona con un interés legítimo, como los allegados, la familia y los representantes legales de las personas desaparecidas, participe en la investigación y en todas las fases del procedimiento, en el marco de un proceso con todas las garantías, y por que se la informe periódicamente de los avances y conclusiones de las investigaciones.

Suspensión de funciones de los funcionarios sospechosos

31.El Comité lamenta no haber recibido información clara del Estado parte sobre los mecanismos que permiten excluir de la investigación de una desaparición forzada a un agente de las fuerzas del orden o de seguridad, o a cualquier otro funcionario público, si se sospecha que ha participado en la comisión del delito, o suspenderlos de funciones desde el inicio de la investigación. Al Comité le preocupan las alegaciones recibidas de que personas sospechosas de haber cometido violaciones graves de los derechos humanos, incluida la desaparición forzada durante el período denominado “pasivo humanitario”, ocupan presuntamente funciones públicas en el Estado parte, lo que propicia que siga habiendo un clima de impunidad (art. 12).

32. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Vele por que los funcionarios públicos sospechosos de estar involucrados en la comisión de un delito de desaparición forzada sean suspendidos de sus funciones desde el inicio de la investigación y mientras esta dure, sin perjuicio del respeto del principio de presunción de inocencia, y por que los agentes de las fuerzas del orden o de seguridad sospechosos de haber participado en la comisión de una desaparición forzada no puedan participar en la investigación;

b) Adopte medidas de verificación de los antecedentes judiciales para evitar que las personas sospechosas de haber vulnerado disposiciones de la Convención ocupen cargos públicos y logren ascensos.

Protección de las personas que denuncian una desaparición forzada o participan en la investigación de una desaparición forzada

33.El Comité lamenta no haber recibido información precisa sobre las medidas adoptadas en el Estado parte para proteger a las víctimas y los testigos (art. 12).

34. El Comité recomienda al Estado parte que establezca mecanismos, incluido un programa estructurado, para proteger de manera eficaz a todas las personas a las que se refiere el artículo 12, párrafo 1, de la Convención contra todo maltrato o intimidación por haber presentado una denuncia o haber hecho una declaración.

Extradición

35.El Comité está preocupado por la lista de obstáculos a la extradición proporcionada por el Estado parte, en particular el principio de no extradición de ciudadanos mauritanos, lo que impide toda acción penal en el Estado parte por hechos cometidos en el territorio nacional o en el extranjero por un ciudadano del Estado parte. Asimismo, el Comité está preocupado por las consecuencias del requisito del principio de doble incriminación en los tratados de extradición existentes, habida cuenta de que el Código Penal vigente no considera la desaparición forzada como un delito independiente (art. 13).

36. El Comité recomienda al Estado parte que elimine todos los obstáculos a la extradición que existen en la legislación nacional, de conformidad con el artículo 13, párrafos 2 a 5, de la Convención.

4.Medidas para prevenir las desapariciones forzadas (arts. 16 a 23)

No devolución

37.El Comité toma nota de las informaciones proporcionadas por el Estado parte sobre la prohibición de expulsión, devolución o extradición en caso de riesgo de tortura o sanción por motivos de raza, color de piel, origen, religión, sexo, nacionalidad u opiniones políticas, así como sobre los procedimientos de extradición previstos en los artículos 719 y ss. del Código de Procedimiento Penal. No obstante, lamenta la falta de información acerca de las garantías frente al riesgo de ser víctima de desaparición forzada y en particular acerca de:

a)Los criterios utilizados para evaluar ese riesgo y la manera de verificar en la práctica la información proporcionada tanto por el Estado receptor como por la persona objeto de expulsión, devolución, entrega o extradición;

b)Las condiciones en las que el Estado parte acepta las garantías diplomáticas cuando hay razones fundadas para creer que la persona estaría en peligro de ser víctima de desaparición forzada;

c)La posibilidad de interponer un recurso contra una decisión que autorice la expulsión, la devolución, la entrega o la extradición, precisando quiénes pueden interponerlo, ante qué autoridades, cuáles son las etapas y si ese recurso tiene efecto suspensivo;

d)Los casos en que el Estado parte ha aplicado el artículo 16 de la Convención.

38. El Comité recomienda al Estado parte que garantice el respeto sistemático y estricto del principio de no devolución. En ese sentido, le recomienda que:

a) Considere la posibilidad de incluir expresamente en la legislación nacional la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición de una persona cuando haya razones fundadas para creer que correría el riesgo de ser víctima de desaparición forzada;

b) Establezca criterios claros y específicos para las expulsiones, devoluciones, entregas o extradiciones y vele por que se lleve a cabo una evaluación individual coherente y exhaustiva a fin de determinar y verificar el riesgo que corría la persona de ser víctima de desaparición forzada en el país de destino, incluso cuando se trate de un país considerado seguro;

c) Vele por que las garantías diplomáticas se evalúen con eficacia y la máxima atención y por que no se acepten en ningún caso cuando haya razones fundadas para creer que una persona correría el riesgo de ser víctima de desaparición forzada;

d) Ofrezca formación sobre el concepto de desaparición forzada y sobre la evaluación de los riesgos conexos a los funcionarios que participan en los procedimientos de asilo, devolución, entrega o extradición y a los agentes de la policía fronteriza ;

e) Vele por que toda decisión que se adopte en el marco de una devolución para ejecutar una orden de expulsión pueda ser recurrida y que dicho recurso tenga efecto suspensivo.

Desaparición forzada en el contexto de la migración

39.A la luz de los informes sobre expulsiones colectivas de migrantes indocumentados y refugiados, el Comité está preocupado por la falta de respuesta del Estado parte sobre las medidas adoptadas para prevenir la desaparición de migrantes y solicitantes de asilo, en particular con respecto a los servicios de apoyo disponibles para los migrantes, los solicitantes de asilo y sus familias en caso de desaparición (art. 16).

40. El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas legislativas y prácticas necesarias para excluir cualquier devolución o expulsión colectiva de migrantes y a que garantice que todas las denuncias relacionadas con esas prácticas sean debidamente investigadas y que los responsables sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados. También le recomienda que contribuya activamente a reforzar la asistencia judicial recíproca con miras a facilitar el intercambio de información y pruebas y la búsqueda e identificación de los migrantes desaparecidos. El Comité alienta al Estado parte a que tome en consideración su observación general núm. 1 (2023) relativa a las desapariciones forzadas en el contexto de la migración al aplicar estas recomendaciones.

Reclusión en régimen de incomunicación y garantías jurídicas fundamentales

41.El Comité toma nota de los registros de las personas privadas de libertad previstos en los artículos 59 y 648 del Código de Procedimiento Penal y en el Decreto núm. 70-153, de 23 de mayo de 1970, sobre el régimen interno de las instituciones penitenciarias, así como de la voluntad expresada por el Estado parte de digitalizar dichos registros siguiendo las experiencias piloto en curso en las prisiones de la capital. El Comité también toma nota de los derechos garantizados por el artículo 4 de la Ley núm. 2015-033 relativa a la lucha contra la tortura, que atañe a las personas privadas de libertad, así como de las visitas periódicas realizadas, de manera anunciada o no, por el mecanismo nacional de prevención y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, preocupa al Comité que esos registros no contengan toda la información prevista en el artículo 17, párrafo 3, de la Convención y lamenta que el Estado parte no haya descrito las medidas adoptadas para que esos registros se rellenen tan pronto como la persona sea privada de libertad y se actualicen siempre que sea necesario. El Comité también lamenta que, habida cuenta de las denuncias de reclusión en régimen de incomunicación, no haya recibido ninguna información sobre la aplicación en la práctica de las garantías establecidas en el artículo 4 de la Ley núm. 2015-033, en particular respecto de las personas acusadas de terrorismo (arts. 17 y 18).

42. El Comité recomienda al Estado parte que garantice que nadie sea recluido en régimen de incomunicación, en particular velando por que las personas privadas de libertad gocen de todas las garantías fundamentales enunciadas en el artículo 17 de la Convención. En este sentido, el Estado parte debe:

a) Asegurarse de que las personas privadas de libertad sean recluidas únicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados en todas las fases del procedimiento;

b) Garantizar que todas las personas, desde el momento de su detención e independientemente del delito que se les impute, tengan acceso efectivo a un abogado, y que su privación de libertad y su lugar de detención se comuniquen efectivamente a sus familiares, a cualquier otra persona de su elección y, en el caso de ciudadanos extranjeros, a las autoridades consulares de su país;

c) Garantizar a toda persona privada de libertad, incluida toda persona en detención policial, y, en caso de sospecha de desaparición forzada, por encontrarse la persona privada de libertad en la incapacidad de ejercer este derecho, a toda persona con un interés legítimo el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para que este determine sin demora la legalidad de la privación de libertad y ordene la liberación si dicha privación de libertad fuera ilegal;

d) Inscribir todos los casos de privación de libertad, sin excepción, en un registro central interoperable de todos los lugares de privación de libertad del territorio nacional, que debe incluir todas las privaciones de libertad, sin excepción, y contener como mínimo la información requerida en el artículo 17, párrafo 3, de la Convención, y velar por que esta información se registre y se actualice con rapidez y precisión, y se someta a controles periódicos;

e) Garantizar que las autoridades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas y de investigar su desaparición, así como cualquier persona con un interés legítimo, puedan acceder sin dilación al registro.

Detención policial

43.Si bien la Ley núm. 2015-033 relativa a la lucha contra la tortura consagra todas las garantías fundamentales desde el comienzo de la privación de libertad, el Comité contra la Desaparición Forzada comparte la preocupación expresada por el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura respecto a la nula o limitada aplicación de sus disposiciones, ya que se aplican prioritariamente las del Código de Procedimiento Penal relativas al régimen de detención policial, así como las leyes relativas al terrorismo, la corrupción o los estupefacientes. Por consiguiente, las personas detenidas por delitos previstos en dichas leyes pueden ser privadas de libertad por períodos muy largos —hasta 45 días en los casos de terrorismo—, sin ser llevadas ante un juez ni tener acceso a asistencia jurídica (art. 17).

44.El Comité exhorta encarecidamente al Estado parte a que vele por que todas las personas privadas de libertad, independientemente del delito del que se las acuse, gocen de iure y de facto de todas las garantías jurídicas fundamentales establecidas en el artículo 17 de la Convención desde el comienzo de su privación de libertad. En este sentido, el Comité contra la Desaparición Forzada apoya las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura , y destaca que el Estado parte debe con carácter urgente:

a) Revisar las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y de las leyes relativas a la lucha contra el terrorismo, la corrupción y los estupefacientes que están en conflicto con la Ley núm. 2015-033 relativa a la lucha contra la tortura, y ajustarlas a las normas internacionales en materia de garantías fundamentales;

b) Velar por que la duración máxima de la detención policial no supere en principio las 48 horas, incluidos los días no laborables, independientemente de los cargos que se imputen al detenido y que esa duración solo sea prorrogable en circunstancias extraordinarias debidamente justificadas.

Formación

45.El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte según la cual se organizan actividades de formación sobre las convenciones relativas a los derechos humanos ratificadas por el Estado parte dirigidas a un público amplio y se publicó una edición especial del Boletín Oficial que contenía todas las convenciones y todos los compromisos internacionales de Mauritania con fines informativos. No obstante, el Comité observa con preocupación que actualmente no se imparte ningún programa de formación específico sobre la Convención a los funcionarios públicos y otras personas (art. 23).

46. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que todo el personal civil o militar encargado de la aplicación de la ley, así como el personal médico, los funcionarios y otras personas que puedan intervenir en la custodia de las personas privadas de libertad o tratar con estas, como jueces, fiscales y demás funcionarios encargados de la administración de justicia, reciban periódicamente formación específica sobre la Convención, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 23.

5.Medidas para proteger y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada (art. 24)

Derechos de las víctimas

47.El Comité observa con preocupación que en el derecho interno no se prevé un sistema general de reparación integral ni se reconoce el derecho de todas las víctimas a acceder a la verdad. Asimismo, observa que las medidas puestas en marcha para reparar los delitos cometidos durante el período denominado “pasivo humanitario” mencionadas durante el diálogo siguen siendo limitadas (art. 24).

48. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, sin excepción, pueda ejercer los derechos garantizados por la Convención, en particular los derechos a la justicia, a la verdad y a una reparación integral, que incluye no solo la indemnización, sino también la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. También le recomienda que reconozca en la legislación nacional el derecho de las víctimas de desaparición forzada a conocer la verdad y establezca un sistema de reparación integral que esté en plena conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafos 4 y 5, de la Convención y otras normas internacionales en la materia. Le recomienda además que se asegure de que ese sistema pueda aplicarse aun cuando no se haya iniciado ningún procedimiento judicial y se base en un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las circunstancias particulares de cada víctima, como su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, origen racial o étnico, condición social y discapacidad.

Situación jurídica de las personas desaparecidas cuya suerte no ha sidoesclarecida

49.El Comité considera que un sistema de determinación de la situación jurídica de las personas desaparecidas cuya suerte no ha sido esclarecida como el previsto en el derecho interno del Estado parte, que obliga a declarar la ausencia y posteriormente el fallecimiento de la persona desparecida, no tiene suficientemente en cuenta la situación de vulnerabilidad social y económica en que se ven sumidas las familias de las personas desaparecidas (art. 24).

50. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas legislativas necesarias para regular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo 6, de la Convención, la situación jurídica de las personas desaparecidas cuya suerte o paradero no haya sido esclarecido y la de sus allegados en ámbitos como la protección social, el derecho de familia y los derechos de propiedad, en un plazo razonable y sin que sea necesario declarar la presunta muerte de la persona desaparecida. A este respecto, le alienta a que establezca en su legislación una declaración de ausencia por desaparición forzada que se ajuste a lo dispuesto en la Convención.

Situación de las mujeres familiares de personas desaparecidas

51.El Comité recuerda las limitaciones a las que se enfrentan las mujeres mauritanas, entre otras cosas con respecto a la custodia de los hijos, la herencia y el acceso a las prestaciones sociales, señaladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y muestra preocupación por el posible efecto negativo de dichas limitaciones en el pleno disfrute de los derechos de la mujer consagrados en el artículo 24 de la Convención (art. 24).

52. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que todas las mujeres y niñas que son familiares de personas desaparecidas puedan disfrutar de todos los derechos consagrados en la Convención, incluidos los que figuran en el artículo 24, sin restricciones.

Búsqueda de las personas desparecidas y bases de datos genéticos

53.El Comité acoge con satisfacción la información proporcionada por la delegación durante el diálogo sobre la creación de una base de datos genéticos y el establecimiento de cuatro laboratorios de análisis genéticos, así como sobre la formación de médicos forenses. Lamenta, sin embargo, que el Estado parte no haya aportado información sobre las medidas que se están adoptando para buscar e identificar a las personas desaparecidas (arts. 19 y 24).

54. El Comité alienta al Estado parte a que elabore y aplique estrategias integrales de búsqueda en consonancia con los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y le recomienda que redoble sus esfuerzos para:

a) Buscar, localizar y liberar lo antes posible a las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, identificar y restituir sus restos en condiciones dignas y con el debido respeto de sus costumbres;

b) Seguir asegurándose de que las autoridades públicas busquen a las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, identifiquen y restituyan sus restos, y de que los familiares de las personas desaparecidas puedan participar en el proceso, llegado el caso;

c) Acelerar la creación de una base de datos genéticos de las víctimas, velando por que esta sea interoperable con los bancos de perfiles genéticos de otros países;

d) Garantizar que los órganos encargados de la búsqueda de las personas desaparecidas y la identificación de sus restos en caso de fallecimiento cuenten con los recursos financieros y técnicos necesarios y personal cualificado para cumplir debidamente su misión;

e) Garantizar que la búsqueda prosiga hasta que se haya esclarecido la suerte de las personas desaparecidas.

Derecho a formar organizaciones y asociaciones y a participar librementeen ellas

55.El Comité celebra la presencia de numerosos miembros de la sociedad civil mauritana durante el diálogo con el Estado parte, en particular de asociaciones de víctimas de desaparición forzada. No obstante, le preocupa la información de que, al parecer, las asociaciones de familias de personas desaparecidas y otras organizaciones que las apoyan no pueden ejercer plenamente los derechos reconocidos por el artículo 24 de la Convención y se enfrentan a impedimentos y medidas de intimidación o represalias por parte de las autoridades (art. 24).

56. El Comité recomienda al Estado parte que respete y promueva el derecho a formar libremente organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de las desapariciones forzadas y la suerte que han podido correr las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas. Además, exhorta encarecidamente al Estado parte a que respete y garantice el derecho de toda persona a participar libremente en tales organizaciones o asociaciones, y a proteger contra cualquier acto de represalia a todos los miembros de la sociedad civil que participaron en el examen del informe del Estado parte.

6.Medidas de protección de los niños contra las desapariciones forzadas (art. 25)

Legislación relativa a la apropiación de niños

57.El Comité acoge con satisfacción la información proporcionada por el Estado parte sobre las garantías jurídicas previstas en el Código Penal, el Código del Registro Civil, el Código General de Protección de la Infancia y la Ley núm. 2003-025 relativa a la trata de personas. También toma nota de la información sobre la campaña de inscripción en el registro civil que se está llevando a cabo en el Estado parte. No obstante, lamenta que no se haya informado de si existe un procedimiento jurídico en el derecho interno para revisar y, en caso necesario, anular todo proceso de adopción, acogimiento familiar o tutela de niños que tenga su origen en una desaparición forzada (art. 25).

58. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Tipifique como delitos independientes todas las conductas descritas en el artículo 25, párrafo 1, de la Convención, estableciendo penas acordes con la extrema gravedad de estos actos;

b) Adopte medidas efectivas para prevenir la falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en el artículo 25, párrafo 1 a), de la Convención;

c) Prevenga la desaparición de niños y localice e identifique a quienes puedan haber sido víctimas de apropiación de niños en el sentido del artículo 25, párrafo 1 a), de la Convención, y vele por que la información relativa a los niños no acompañados quede debidamente registrada.

D.Difusión y seguimiento

59. El Comité desea recordar las obligaciones contraídas por los Estados al ratificar la Convención y, en ese sentido, insta al Estado parte a asegurarse de que todas las medidas que adopte, independientemente de su naturaleza y de la autoridad de la que dimanen, se ajusten plenamente a las obligaciones que asumió al adherirse a la Convención y a otros instrumentos internacionales pertinentes.

60. El Comité destaca la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños. Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son especialmente vulnerables a la violencia sexual y otras formas de violencia de género. Las mujeres que son miembros de la familia de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir graves perjuicios sociales y económicos y a ser víctimas de violencia, persecución y represalias como resultado de sus esfuerzos para localizar a sus seres queridos. Los niños víctimas de desaparición forzada, ya sea porque ellos mismos son sometidos a desaparición o porque sufren a consecuencia de la desaparición de sus familiares, son particularmente vulnerables a múltiples violaciones de los derechos humanos, incluida la sustitución de su identidad. Asimismo, el Comité hace especial hincapié en la necesidad de que el Estado parte adopte enfoques que tengan en cuenta las cuestiones de género y las necesidades de los niños al hacer efectivos los derechos y obligaciones establecidos en la Convención.

61. Se alienta al Estado parte a que difunda ampliamente la Convención, su informe presentado en virtud del artículo 29, párrafo 1, las respuestas presentadas por escrito a la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes observaciones finales, con el fin de sensibilizar a las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y la población en general. También lo alienta a que promueva la participación de la sociedad civil, en particular las asociaciones de familiares de víctimas, en las acciones que se emprendan para dar seguimiento a las presentes observaciones finales.

62. En virtud del artículo 29, párrafo 3, de la Convención, el Comité solicita al Estado parte que presente, a más tardar el 29 de septiembre de 2026, información concreta y actualizada sobre la puesta en práctica de todas sus recomendaciones, así como cualquier otra información nueva relativa al cumplimiento de las obligaciones dimanantes de la Convención. El Comité alienta al Estado parte a que consulte a la sociedad civil, en particular las asociaciones de víctimas, al elaborar su respuesta e indique que desea proceder al examen de dicha respuesta en el marco de un diálogo constructivo con el Estado parte en septiembre de 2027.