Naciones Unidas

CAT/C/71/D/896/2018

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general

30 de agosto de 2021

Español

Original: inglés

Comité contra la Tortura

Decisión adoptada por el Comité en virtud del artículo 22 de la Convención, respecto de la comunicación núm. 896/2018 * **

Comunicación presentada por:

T. S. (actualmente representado por Leijen & Nandoe Advocaten; abogado anterior: Anton Hol)

Presunta víctima:

El autor

Estado parte:

Países Bajos

Fecha de la queja :

2 de noviembre de 2018 (presentación inicial)

Referencias:

Decisión adoptada con arreglo al artículo 115 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 13 de noviembre de 2018 (no se publicó como documento)

Fecha de la presente decisión:

19 de julio de 2021

Asunto:

Expulsión a Sri Lanka

Cuesti ón de procedimiento:

Ninguna

Cuestión de fondo:

Riesgo de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de expulsión al país de origen (no devolución)

Artículo de la Convención :

3

1.1El autor de la queja es T. S., nacional de Sri Lanka, nacido en 1987. Sus solicitudes de asilo en los Países Bajos han sido rechazadas y corre peligro de ser expulsado a Sri Lanka. El autor afirma que, si procedieran a su expulsión, los Países Bajos incumplirían las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 3 de la Convención. El Estado parte formuló la declaración prevista en el artículo 22, párrafo 1, de la Convención, en vigor desde el 20 de enero de 1989. El autor cuenta con representación letrada.

1.2El 13 de noviembre de 2018, el Comité, de conformidad con el artículo 114, párrafo 1, de su reglamento y actuando por conducto del Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales, solicitó al Estado parte que no se expulsara al autor a Sri Lanka mientras el Comité estuviera examinando la comunicación.

Los hechos expuestos por el autor

2.1El autor, nacional de Sri Lanka de etnia tamil, nació en el distrito de Jaffna, en la Provincia del Norte de Sri Lanka. En 1995, el autor huyó a Kilinochchi, una ciudad que, en ese momento, estaba bajo el control de los Tigres de Liberación del Ílam Tamil. De 2005 a 2008, el autor trabajó como soldador en un taller que pertenecía a unos miembros de los Tigres Tamiles.

2.2En enero de 2008, el autor, junto con su hermano y su hermana, fue obligado a participar en un programa de instrucción física con los Tigres de Liberación del Ílam Tamil. Durante dos o tres meses, se le obligó a cavar búnkeres y a desplazarse a gatas durante varias horas al día. Como consecuencia de ello, ahora tiene una cojera.

2.3Cuando se intensificaron los enfrentamientos entre las autoridades de Sri Lanka y los Tigres de Liberación del Ílam Tamil, el autor, sus hermanos y sus padres empezaron a buscar refugio donde fuera posible. En 2008, el autor presenció la muerte de su hermano en un ataque aéreo perpetrado por el Ejército de Sri Lanka. En mayo de 2009, los Tigres Tamiles se volvieron a poner en contacto con el autor y lo obligaron a cavar búnkeres. También los ayudó a transportar heridos.

2.4El 14 de mayo de 2009, el autor y su hermana se marcharon de Mullivaikkal y se entregaron al Ejército de Sri Lanka. Fueron recluidos en un campamento provisional del Ejército en Omanthai, donde se les interrogó sobre sus posibles vínculos con los Tigres de Liberación del Ílam Tamil. El 15 de mayo de 2009, el autor y su hermana fueron trasladados a un campamento de refugiados de Vayuniya. Ambos fueron interrogados en múltiples ocasiones y maltratados por oficiales. El autor indica que fue objeto de una agresión sexual, pero que no fue violado. En septiembre de 2009, el autor fue trasladado al centro de reclusión Joseph. Mientras permaneció recluido, el autor fue sometido a interrogatorios con carácter periódico y se le preguntó por sus vínculos con los Tigres de Liberación del Ílam Tamil y si conocía a personas que fueran miembros de la organización. En varias ocasiones fue torturado en el transcurso de los interrogatorios. El autor negó sistemáticamente que tuviera algún vínculo con los Tigres Tamiles.

2.5En febrero de 2011, el autor escapó del centro de reclusión Joseph con la ayuda de su tío, que había pagado un soborno a las autoridades. Se fue a Colombo, donde permaneció unos días mientras esperaba a que un pasador organizara su vuelo desde Sri Lanka con documentos de viaje falsificados. Llegó a los Países Bajos el 7 de marzo de 2011.

2.6El 30 de marzo de 2011, el autor presentó su primera solicitud de asilo, que fue rechazada por el Servicio de Inmigración y Naturalización el 7 de abril del mismo año. El Servicio consideró que el relato del autor carecía de credibilidad, en particular en lo relativo a su instrucción y otras actividades con los Tigres de Liberación del Ílam Tamil, su detención por el Ejército de Sri Lanka y las circunstancias de su fuga del centro de reclusión. El 7 de abril de 2011, el autor presentó una solicitud de revisión judicial de esa decisión ante el Tribunal de Distrito de La Haya. Dicha solicitud fue desestimada el 28 de abril de 2011. El Tribunal determinó que, habida cuenta de la información general sobre el país y de las circunstancias particulares del caso, no se podía inferir que el autor tuviera un perfil de riesgo que permitiera al Tribunal concluir que se enfrentaba a un riesgo real y previsible de tortura o malos tratos en caso de regresar a Sri Lanka. El 5 de mayo de 2011, el autor interpuso un recurso ante la División de Jurisdicción Administrativa del Consejo de Estado, el cual fue rechazado en una decisión de fecha 19 de mayo de 2011, por considerarse manifiestamente infundado.

2.7En diciembre de 2011 o enero de 2012, el autor escribió una carta a su madre para preguntarle sobre la situación en Sri Lanka. El tío del autor respondió a esa carta e informó al autor de que las autoridades de Sri Lanka seguían buscándolo. Su tío le adjuntó tres documentos en nombre de su madre, a saber, una carta de la comisaría de Kilinochchi de fecha 21 de febrero de 2011, una citación con una lista de los cargos imputados contra el autor de fecha 3 de noviembre de 2011 y una orden de detención contra el autor de fecha 8 de diciembre de 2011.

2.8El 14 de junio de 2012, el autor volvió a solicitar un permiso de residencia temporal como asilado basándose en las nuevas pruebas que había recibido de su tío. El Servicio de Inmigración y Naturalización rechazó su solicitud de asilo el 22 de junio de 2012. La decisión del órgano de primera instancia se basó en la opinión de la Real Policía Militar y de Fronteras, que había llegado a la conclusión de que, habida cuenta de las irregularidades detectadas en su formato, los documentos presentados no habían sido redactados ni emitidos por las autoridades competentes. El recurso interpuesto por el autor fue desestimado por el Tribunal de Distrito de La Haya el 19 de agosto de 2014, en una decisión que no fue apelada.

2.9El 15 de abril de 2015, el autor presentó su tercera solicitud de asilo, que fundamentó en el hecho de que, a principios de diciembre de 2014, se había tatuado el símbolo de los Tigres de Liberación del Ílam Tamil en el brazo derecho. Esta solicitud fue desestimada el 20 de noviembre de 2015 debido a que el tatuaje no constituía una razón para considerar que el autor era una personalidad destacada que desempeñase un papel importante en el separatismo tamil o en cualquier actividad dirigida contra el Gobierno de Sri Lanka. Los recursos interpuestos por el autor fueron rechazados por el Tribunal de Distrito de La Haya y por la División de Jurisdicción Administrativa del Consejo de Estado el 18 de diciembre de 2015 y el 5 de febrero de 2016, respectivamente.

2.10El 2 de junio de 2017, el autor presentó una nueva solicitud de asilo, fundamentada en un informe médico elaborado por el Institute for Human Rights and Medical Assessment (Instituto de Derechos Humanos y Evaluación Médica). El 7 de junio de 2017, su solicitud fue rechazada por el Servicio de Inmigración y Naturalización. El 28 de junio de 2017, el Tribunal de Distrito de La Haya resolvió que la solicitud de revisión judicial presentada por el autor estaba debidamente fundada. Dicha decisión fue impugnada por el Ministro de Migración y, por sentencia de 7 de noviembre de 2017, la División de Jurisdicción Administrativa del Consejo de Estado declaró infundada la solicitud de revisión presentada por el autor.

2.11En relación con tales procedimientos, el autor afirma que ha agotado todos los recursos internos disponibles.

2.12Se afirma además que el autor ha participado activamente en diversos actos organizados por los tamiles en los Países Bajos, como la conmemoración anual del Día de los Héroes. El 20 de marzo de 2013, el autor se afilió a la Organización de Jóvenes Tamiles de los Países Bajos. Además de participar en manifestaciones contra el Gobierno de Sri Lanka, ayuda a organizar los actos. El 20 de mayo de 2015 se afilió también al Foro Tamil Neerlandés, un grupo cuyo objetivo es promover la creación de un Estado tamil independiente.

La queja

3.1El autor sostiene que su expulsión a Sri Lanka constituiría una violación de los derechos que lo asisten en virtud del artículo 3 de la Convención. Afirma que hay razones fundadas para creer que sería sometido a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las autoridades de Sri Lanka.

3.2Concretamente, el autor alega que en el pasado fue objeto de malos tratos por parte del Ejército de Sri Lanka. Subraya que el informe médico forense confirma su explicación sobre la causa de sus lesiones. De los documentos que aporta, como la orden de detención dictada en su contra, se desprende también que sigue siendo una persona de interés para las autoridades de Sri Lanka. El autor subraya que en la citación de fecha 3 de noviembre de 2011 emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Colombo a petición de la División de Investigaciones Antiterroristas se indicaba que se le habían imputado delitos de complicidad con terroristas. La autenticidad de esos documentos fue verificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Sri Lanka el 10 de febrero de 2012.

3.3El autor afirma que, desde su llegada a los Países Bajos, ha sido un miembro activo de la diáspora tamil. Ha colaborado estrechamente con dos líderes de los Tigres de Liberación del Ílam Tamil en la preparación de varios actos tamiles de la Organización de Jóvenes Tamiles de los Países Bajos. Esas personas figuran en la lista de terroristas del Boletín Oficial del Estado de Sri Lanka. El autor afirma que su activismo político en los Países Bajos no ha cesado.

Observaciones del Estado parte sobre el fondo

4.1El 13 de mayo de 2019, el Estado parte presentó sus observaciones sobre el fondo de la comunicación. Tras explicar la legislación y los procedimientos aplicables al caso del autor, así como la situación en Sri Lanka, el Estado parte sostiene que el autor no ha demostrado satisfactoriamente que, en caso de ser devuelto a Sri Lanka, correría el riesgo de recibir un trato contrario al artículo 3 de la Convención. El Estado parte indica que el autor fue entrevistado en varias ocasiones con la ayuda de un intérprete durante los procedimientos relativos a sus solicitudes de asilo. El autor también tuvo la oportunidad de introducir correcciones y adiciones en los informes relativos a esas entrevistas y de responder a las notificaciones en las que se expresaba la intención de denegar sus solicitudes de asilo. Durante todos los procedimientos contó con representación letrada. Por lo tanto, durante los procedimientos de asilo, en los que se adoptaron las salvaguardias necesarias, el autor tuvo suficientes oportunidades para demostrar debidamente la veracidad de su relato. El Tribunal de Distrito de La Haya y la División de Jurisdicción Administrativa del Consejo de Estado evaluaron cuidadosamente sus reclamaciones en el marco de cuatro procedimientos distintos. No obstante, se determinó que la mayoría de los elementos del relato del autor no eran creíbles y que otros factores de riesgo citados por él, considerados por separado y acumulativamente, no demostraban que, hasta el presente, hubiera sido una persona de interés para las autoridades de Sri Lanka.

4.2Remitiéndose a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto N. A. c. el Reino Unido y a la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Sala de Inmigración y Asilo) en el asunto G.J. and others v. Secretary of State for the Home Department, y basándose en las afirmaciones del autor, el Estado parte considera que, a diferencia de los asuntos mencionados, en el presente caso no existe un riesgo real de que se perciba al autor como alguien que desempeña un papel importante en las actividades de la diáspora destinadas a desestabilizar el Estado unitario de Sri Lanka y a reavivar el conflicto armado interno.

4.3El Estado parte considera que el autor no ha demostrado debidamente que las autoridades de Sri Lanka tuvieran conocimiento de su participación en actividades de instrucción y de otra índole relacionadas con los Tigres de Liberación del Ílam Tamil. A ese respecto, el Estado parte subraya que las autoridades nacionales no han considerado creíble el relato del autor por las siguientes razones: a) en varios pasajes relativos a las circunstancias de sus actividades de instrucción con los Tigres de Liberación del Ílam Tamil formuló declaraciones superficiales y contradictorias; b) es inverosímil que, a pesar de que el autor haya afirmado lo contrario, durante esas actividades de instrucción no se le exigiera el uso de armas, habida cuenta del tenso conflicto que existía por aquel entonces entre los Tigres Tamiles y las autoridades de Sri Lanka; c) es inverosímil, a la luz de la situación general del país, que, a pesar de que el autor haya afirmado lo contrario, ni él ni sus familiares fueran reclutados por los Tigres de Liberación del Ílam Tamil antes de 2008; d) es inverosímil que, a pesar de que el autor haya afirmado lo contrario, este no participase en ningún momento en el conflicto armado entre los Tigres Tamiles y las autoridades de Sri Lanka, y su explicación de que logró ocultarse de las autoridades era poco convincente; e) su relato carecía de detalles sobre las circunstancias de su reclusión, a pesar de su larga duración (17 meses); y f) sus declaraciones sobre las circunstancias de su fuga del centro de reclusión también se consideraron inverosímiles.

4.4El Estado parte indica que, además, los tribunales nacionales no pudieron aceptar como prueba ninguno de los documentos presentados por el autor porque la Real Policía Militar y de Fronteras concluyó, habida cuenta de las irregularidades detectadas en su formato, que no habían sido emitidos por las autoridades competentes. A pesar de que el Tribunal de Distrito de La Haya brindó al autor la oportunidad de obtener, en un plazo de tres meses, otro dictamen pericial para demostrar la autenticidad de los documentos, este no la aprovechó.

4.5En cuanto al informe médico forense presentado en el marco del cuarto procedimiento de asilo, el Estado parte señala que el 14 de marzo de 2011 se sometió al autor a un reconocimiento y se determinó que, desde un punto de vista médico, era apto para ser entrevistado. Durante sus entrevistas, el autor declaró explícitamente que no había ninguna razón médica por la que no pudiera ser entrevistado. No fue sino en el marco del cuarto procedimiento que el autor indicó que su estado de salud, en particular la evolución de su trastorno por estrés postraumático, podía haber interferido con su capacidad de presentar un relato completo y coherente de su caso. El Estado parte sostiene a este respecto que el autor carece de credibilidad no solo por las incoherencias observadas en su relato, sino también porque algunas de sus alegaciones parecen estar en contradicción con la información general sobre el país. A la luz de tales circunstancias, los tribunales nacionales no consideraron necesario solicitar un nuevo reconocimiento médico ni conceder al autor el beneficio de la duda. En lo que respecta a las causas de las lesiones del autor, el Estado parte subraya que en el informe médico se aceptaron como hechos probados las declaraciones del autor y no se consideraron otras circunstancias en las que pudiera haber sufrido dichas lesiones o por las que podría haber desarrollado un trastorno por estrés postraumático. Por consiguiente, el Estado parte concluye que no tenía obligación de seguir investigando el riesgo que correría el autor de ser sometido a un trato contrario al artículo 3 de la Convención en caso de que fuera devuelto a Sri Lanka.

4.6El Estado parte sostiene que, contrariamente a lo que afirma el autor, no se puede dar por supuesto que saliera ilegalmente de Sri Lanka. No ha presentado ningún documento para demostrar su nacionalidad, identidad o itinerario de viaje, o la veracidad de sus declaraciones. Tampoco ha aportado información detallada, coherente y verificable acerca de su viaje. Por ejemplo, no ha especificado con qué aerolínea voló desde Sri Lanka. Tampoco ha sido capaz de recordar el nombre que figuraba en su pasaporte falso ni el idioma en que estaba emitido el pasaporte. Es razonable esperar que pueda proporcionar esa información básica.

4.7El Estado parte observa, además, que el autor no ha demostrado que las autoridades de Sri Lanka estén al corriente de su relación con la Organización de Jóvenes Tamiles de los Países Bajos ni de su participación en varias manifestaciones contra las autoridades de Sri Lanka. En cualquier caso, esas actividades no tienen la relevancia necesaria para que el autor pueda ser considerado un activista de interés para el Gobierno de Sri Lanka. Las declaraciones adicionales del autor a ese respecto, a saber, que ha trabajado con personas identificadas como terroristas por el Gobierno de Sri Lanka, no alteran esta conclusión, dado que no se han presentado pruebas que corroboren dichas afirmaciones.

4.8Basándose en la conclusión de los tribunales nacionales de que el autor carece de credibilidad y no participó en el conflicto armado en Sri Lanka, sino que ha llevado a cabo actividades poco relevantes fuera de su país de origen, el Estado parte concluye que por el mero hecho de que se hiciera un tatuaje no cabe inferir que corre el riesgo de ser considerado una persona de especial interés para las autoridades de Sri Lanka. En lo que respecta a las cicatrices presentes en el cuerpo del autor, el Estado parte reitera que el informe médico no descarta que las lesiones tengan otras causas distintas de las indicadas por el autor. En cualquier caso, dado que no hay ningún indicio de que el autor haya llamado desfavorablemente la atención de las autoridades de Sri Lanka, no hay razón para concluir que vaya a hacerlo únicamente por sus cicatrices.

4.9El Estado parte sostiene que la devolución del autor de los Países Bajos a Sri Lanka sin un documento de identidad no es en sí motivo suficiente para considerar que sería sometido a malos tratos a su regreso. El Estado parte alega que las autoridades de Sri Lanka son conscientes de que muchas personas emigran por motivos económicos y que cada año el número de solicitantes de asilo tamiles que son devueltos por la fuerza a Sri Lanka varía entre unos pocos y más de un millar. Si bien se reconoce que algunas de las personas devueltas han sido víctimas de un trato contrario a la Convención, no se puede por ello concluir que todas las personas devueltas corren ese riesgo.

4.10Habida cuenta de lo que antecede, el Estado parte concluye que el autor no ha demostrado satisfactoriamente que a su regreso a Sri Lanka sería sometido a un trato contrario al artículo 3 de la Convención. Por consiguiente, su devolución a Sri Lanka no constituiría una violación de dicho artículo.

Comentarios del autor acerca de las observaciones del Estado parte sobre el fondo

5.El 18 de julio de 2019, el autor presentó sus comentarios acerca de las observaciones del Estado parte sobre el fondo de la comunicación. En ellos refuta principalmente la posición del Estado parte en el sentido de que su relato fue considerado como carente de credibilidad por las autoridades nacionales debido a las incoherencias en sus declaraciones. Subraya que en el primer procedimiento de asilo estuvo representado por un abogado que no explicó a las autoridades del Estado parte que el autor había logrado salir del centro de reclusión gracias a un soborno y que, por tanto, los argumentos del Estado parte a ese respecto no son válidos. Explica que informó al Estado parte de que había trabajado como soldador en un taller y reparado vehículos de los Tigres de Liberación del Ílam Tamil que se empleaban para transportar armas, alimentos, medicamentos, combustible y militantes heridos, y que esa es probablemente la razón por la que los Tigres Tamiles no se habían puesto en contacto con él antes de 2008. Sostiene que no recuerda ninguno de los nombres de los líderes del campamento de instrucción porque no les fueron revelados a los reclusos, que estaban obligados a llamar a los líderes “hermano mayor” en tamil. En cuanto al argumento del Estado parte sobre las declaraciones contradictorias del autor acerca de si había cavado trincheras o búnkeres, afirma que ese malentendido se debe a un error de traducción. Señala que, contrariamente a lo que afirma el Estado parte, presentó una descripción detallada de las condiciones de su reclusión. A ese respecto, el autor se remite al acta de su segunda entrevista. Además, sostiene que el Estado parte saca conclusiones improcedentes del informe médico elaborado por el Institute for Human Rights and Medical Assessment.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1Antes de examinar toda queja formulada en una comunicación, el Comité debe decidir si esta es admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 22, párrafo 5 a), de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional.

6.2El Comité recuerda que, de conformidad con el artículo 22, párrafo 5 b), de la Convención, no examinará ninguna comunicación de una persona a menos que se haya cerciorado de que la persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer. El Comité toma nota de que, el 7 de abril de 2011, el autor interpuso ante el Tribunal de Distrito de La Haya un recurso contra la decisión por la que se denegó su solicitud de asilo y de que presentó una solicitud de admisión a trámite de otro recurso ante la División de Jurisdicción Administrativa del Consejo de Estado, que fue rechazada el 19 de mayo de 2011. El recurso interpuesto por el autor contra la decisión por la que se denegó su segunda solicitud de asilo fue desestimado por el Tribunal de Distrito el 19 de agosto de 2014. El autor interpuso un recurso contra la decisión por la que se denegó su tercera solicitud de asilo ante el Tribunal de Distrito y presentó una solicitud de admisión a trámite de otro recurso ante la División de Jurisdicción Administrativa, pero ambos fueron desestimados el 18 de diciembre de 2015 y el 5 de febrero de 2016, respectivamente. La cuarta solicitud de asilo del autor fue rechazada el 7 de junio de 2017; sin embargo, el Tribunal de Distrito resolvió que la solicitud de revisión judicial presentada por el autor estaba debidamente fundada. Dicha decisión fue impugnada por el Ministro de Migración y, por sentencia de 7 de noviembre de 2017, la División de Jurisdicción Administrativa declaró infundada la solicitud de revisión presentada por el autor. El Comité observa que, en el presente caso, el Estado parte no se opone a la admisibilidad de la comunicación por tales motivos. En consecuencia, el Comité considera que lo dispuesto en el artículo 22, párrafo 5 b), de la Convención no le impide examinar la presente comunicación.

6.3El Comité considera que el autor ha fundamentado suficientemente, a efectos de la admisibilidad, sus alegaciones de que correría el riesgo de ser objeto de tortura u otros malos tratos por parte de las autoridades de Sri Lanka a causa de sus presuntos vínculos con los Tigres de Liberación del Ílam Tamil. El Comité observa que el Estado parte no ha cuestionado la admisibilidad de la comunicación por ningún motivo. Dado que no encuentra ningún otro obstáculo a la admisibilidad, el Comité declara las quejas formuladas por el autor en relación con el artículo 3 de la Convención admisibles y procede a examinarlas en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1De conformidad con el artículo 22, párrafo 4, de la Convención, el Comité ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes.

7.2En el presente caso, la cuestión que el Comité debe examinar es si la expulsión del autor a Sri Lanka constituiría una violación de la obligación que tiene el Estado parte en virtud del artículo 3 de la Convención de no proceder a la expulsión o la devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

7.3El Comité debe evaluar si hay razones fundadas para creer que el autor correría un riesgo personal de ser sometido a tortura a su regreso a Sri Lanka. Al evaluar ese riesgo, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones del caso, con arreglo al artículo 3, párrafo 2, de la Convención, incluida la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Sin embargo, el Comité recuerda que el objetivo de este análisis es determinar si el interesado correría personalmente un riesgo previsible y real de ser sometido a tortura en el país al que sería devuelto. De ahí que la existencia en un país de un cuadro de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos no constituya de por sí un motivo suficiente para establecer que una persona determinada estaría en peligro de ser sometida a tortura al ser devuelta a ese país; deben aducirse otros motivos que permitan considerar que el interesado estaría personalmente en peligro. A la inversa, la inexistencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que deba excluirse la posibilidad de que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura en su situación particular.

7.4El Comité recuerda su observación general núm. 4 (2017), relativa a la aplicación del artículo 3 de la Convención en el contexto del artículo 22, en la que se establece que el Comité evaluará las “razones fundadas” y considerará que el riesgo de tortura es previsible, personal, presente y real cuando la existencia de hechos creíbles relacionados con el riesgo por sí misma, en el momento de emitir la decisión, afectaría a los derechos que asisten al autor de la queja en virtud de la Convención si fuera expulsado. Entre los indicios de riesgo personal cabe destacar los siguientes: a) el origen étnico del autor; b) la afiliación o actividades políticas del autor o de sus familiares; c) la detención o prisión sin garantías de un trato justo y un juicio imparcial; d) la condena en rebeldía; y e) la tortura previa (párr. 45). Con respecto al fondo de las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 22 de la Convención, la carga de la prueba recae en el autor de la comunicación, que debe presentar un caso defendible, es decir, argumentos fundados que demuestren que el peligro de ser sometido a tortura es previsible, presente, personal y real (párr. 38). El Comité recuerda asimismo que otorga una importancia considerable a la determinación de los hechos dimanante de los órganos del Estado parte de que se trate; sin embargo, no está vinculado por esa determinación, ya que puede evaluar libremente la información de la que disponga, de conformidad con el artículo 22, párrafo 4, de la Convención, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes en cada caso (párr. 50).

7.5Al evaluar el riesgo de tortura en el presente caso, el Comité toma nota de la afirmación del autor según la cual, si fuera devuelto a Sri Lanka, correría el riesgo de ser sometido a un trato contrario al artículo 3 de la Convención por el Ejército de Sri Lanka debido a su pertenencia a la etnia tamil y a sus presuntos vínculos con los Tigres de Liberación del Ílam Tamil. A este respecto, el Comité toma nota también de la afirmación del autor de que trabajó como soldador en un taller que pertenecía a unos miembros de los Tigres de Liberación del Ílam Tamil y que, durante varios meses, se le obligó a someterse a una instrucción militar en un campamento dirigido por los Tigres Tamiles. El Comité toma nota además de su afirmación de que fue privado de libertad en centros de reclusión por el Ejército de Sri Lanka, donde fue sometido a múltiples interrogatorios para preguntarle por sus vínculos con los Tigres de Liberación del Ílam Tamil, y de que fue torturado en varias ocasiones en el transcurso de esos interrogatorios. El Comité toma nota de su afirmación de que escapó del centro y logró salir de Sri Lanka después de que su tío pagara un soborno para conseguir su liberación. El Comité tiene presentes los documentos que se le han presentado, incluidos una orden de detención contra el autor y un informe médico elaborado por el Institute for Human Rights and Medical Assessment. El Comité toma nota de la afirmación del autor de que se tatuó el símbolo de los Tigres de Liberación del Ílam Tamil en el brazo derecho. El Comité observa que el autor es miembro de la Organización de Jóvenes Tamiles de los Países Bajos y del Foro Tamil Neerlandés y que participó en diversos actos organizados por grupos tamiles en los Países Bajos, en el marco de los cuales colaboró con personas que figuran en la lista de terroristas publicada por el Boletín Oficial del Estado de Sri Lanka.

7.6El Comité observa que las autoridades del Estado parte consideraron que el autor carecía de credibilidad porque había hecho declaraciones incoherentes y vagas sobre elementos esenciales de su relato. Asimismo, toma nota de la observación del Estado parte en el sentido de que, durante los procedimientos de asilo, el autor, que contaba con representación letrada, fue sometido a un reconocimiento y se determinó que, desde un punto de vista médico, era apto para ser entrevistado. No fue sino en el marco del cuarto procedimiento que el autor indicó que su estado de salud, en particular la evolución de su trastorno por estrés postraumático, podía haber interferido con su capacidad de presentar un relato completo y coherente de su caso. El Comité toma nota también de la posición del Estado parte de que el informe elaborado por el Institute for Human Rights and Medical Assessment no demuestra que el autor fuera sometido a tortura, ya que las cicatrices que en él se describen pueden deberse a otras causas. El Comité toma nota asimismo de la declaración del Estado parte de que, habida cuenta de las irregularidades detectadas en su formato, se consideró que la orden de detención y los documentos adicionales presentados por el autor no habían sido emitidos por las autoridades competentes, algo que no fue refutado por el autor pese a que tuvo oportunidad de hacerlo. El Comité observa la posición del Estado parte de que no hay indicios de que el autor esté en busca y captura o haya llamado desfavorablemente la atención de las autoridades de Sri Lanka, y de que las actividades que lleva a cabo actualmente no tienen la relevancia necesaria para interesar a las autoridades.

7.7El Comité tiene en cuenta la situación actual de los derechos humanos en Sri Lanka y se remite a sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico del país, en las que expresó preocupación, entre otras cosas, por las denuncias sobre la persistencia de los secuestros, la tortura y los malos tratos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado, incluidos el Ejército y la Policía, que habían proseguido en muchas zonas del país tras el fin del conflicto con los Tigres de Liberación del Ílam Tamil en mayo de 2009. También se remite a los informes fidedignos de organizaciones no gubernamentales sobre el trato dispensado por las autoridades de Sri Lanka a las personas devueltas al país. No obstante, el Comité recuerda que la existencia de vulneraciones de los derechos humanos en el país de origen no basta de por sí para llegar a la conclusión de que el autor de una queja corre un riesgo real y personal de ser sometido a tortura.

7.8En la presente comunicación, el Comité observa que el autor tuvo la oportunidad de proporcionar a las autoridades nacionales más detalles y pruebas para justificar sus alegaciones en el transcurso de cuatro procedimientos, y que las autoridades tuvieron en cuenta las declaraciones que el autor hizo de forma oral a falta de documentos que demostraran su nacionalidad, identidad o itinerario de viaje. El Comité toma nota de las incoherencias y lagunas en las declaraciones orales del autor, que llevaron a las autoridades nacionales a concluir que este no había demostrado que, en caso de que fuera devuelto a Sri Lanka, correría un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a tortura. A este respecto, el Comité considera que las autoridades nacionales se basaron en gran medida en la evaluación negativa de la credibilidad del autor, aunque algunas incoherencias en las declaraciones del autor podrían considerarse de poca importancia y otras podrían deberse a errores de traducción o tenido una explicación razonable. Además, como se indica en el acta de la audiencia del autor, este proporcionó información adicional sobre las circunstancias de su reclusión. El Comité toma nota de la alegación del Estado parte de que varias de las afirmaciones del autor —a saber, que nunca había practicado con un arma en el campamento de instrucción, que en ningún momento participó en el conflicto armado y que no había sido contactado por los Tigres de Liberación del Ílam Tamil antes de 2008— no concuerdan con la información general sobre Sri Lanka. Sin embargo, el Comité observa que el mero hecho de que la información general sobre el país pueda desautorizar algunas afirmaciones hechas por el autor no debería necesariamente poner en entredicho la veracidad de todo su relato. El Comité recuerda que por lo general no cabe esperar una precisión absoluta por parte de las víctimas de tortura, y señala que el autor ha aportado documentos que indicaban que en la época en que fue entrevistado sufría trastorno por estrés postraumático y depresión.

7.9El Comité recuerda que los malos tratos sufridos en el pasado son solo uno de los elementos que deben tenerse en cuenta, pues la cuestión pertinente que debe determinar el Comité es si el autor corre actualmente el riesgo de ser torturado si se lo devuelve a Sri Lanka. El Comité considera que, aunque hiciera caso omiso de las supuestas incoherencias en el relato del autor sobre sus experiencias pasadas en Sri Lanka y aceptara sus declaraciones como ciertas, el autor no ha proporcionado ninguna información que indique de manera creíble que en la actualidad sería una persona de interés para las autoridades de Sri Lanka. A este respecto, el Comité observa que, aunque los nacionales de Sri Lanka de etnia tamil con un vínculo personal o familiar anterior con los Tigres de Liberación del Ílam Tamil que vayan a ser devueltos por la fuerza a Sri Lanka pueden correr el riesgo de sufrir tortura, en el presente caso, según el propio relato del autor, este no participó en ningún momento en el conflicto armado y, mientras permaneció recluido, negó sistemáticamente que hubiera colaborado con los Tigres Tamiles. El Comité observa además que los documentos presentados para demostrar el interés de las autoridades por el autor datan de 2011 y que se ha determinado que no fueron emitidos por las autoridades competentes. Pese a que el autor tuvo la oportunidad de refutar ese dictamen pericial, no adoptó ninguna medida a tal efecto. Además, si bien se tiene en cuenta el informe elaborado por el Institute for Human Rights and Medical Assessment, en el que se indicaba que las cicatrices del autor coincidían con lo descrito en su relato, cabe señalar que las conclusiones no descartan que las lesiones del autor puedan deberse a otras causas. Por otro lado, el hecho de que el autor pudiera salir de Sri Lanka sin ningún problema muestra también la falta de interés de las autoridades estatales por su paradero, especialmente en vista de que no ha podido demostrar que salió del país de forma ilegal. De hecho, las autoridades neerlandesas no han considerado verosímil la afirmación del autor de que logró huir del país con un pasaporte falso puesto que no proporcionó ningún documento de identidad o de viaje y no pudo dar ningún detalle sobre su itinerario. El Comité toma nota de los documentos que sustentan la afirmación del autor de que ocho hombres no identificados se presentaron en el domicilio de sus padres para preguntar por su paradero en diciembre de 2014. Sin embargo, las autoridades nacionales no reconocieron valor probatorio a esos documentos porque habían sido redactados a petición de la madre del autor. En lo que respecta a la participación del autor en actividades organizadas por grupos tamiles en los Países Bajos, el Comité observa que, aunque las autoridades de Sri Lanka pudieran identificarlo en fotografías publicadas en los medios sociales, su mera participación en esos eventos no confiere al autor la consideración de simpatizante destacado de los Tigres de Liberación del Ílam Tamil. Las declaraciones del autor según las cuales había trabajado con personas identificadas como terroristas por el Gobierno de Sri Lanka no alteran esta conclusión, dado que no se han presentado pruebas que corroboren dichas afirmaciones. De la información que se ha facilitado al Comité no se desprende que, diez años después de que se produjeran los presuntos hechos, el autor corra el riesgo de ser sometido a tortura si es devuelto a su país de origen. El Comité considera, por consiguiente, que el autor no ha aportado pruebas suficientes ni ha fundamentado debidamente su afirmación de que los presuntos acontecimientos del pasado suscitarían el interés de las autoridades de Sri Lanka. Habiendo considerado asimismo la situación general de los derechos humanos en el país, el Comité dictamina que el autor no ha fundamentado sus alegaciones de que su expulsión a Sri Lanka lo expondría a un trato contrario al artículo 3 de la Convención.

8.Por consiguiente, el Comité concluye que el autor no ha aducido razones suficientes que le permitan considerar que correría un riesgo real, previsible, personal y presente de ser sometido a tortura si fuera devuelto a Sri Lanka.

9.El Comité, actuando en virtud del artículo 22, párrafo 7, de la Convención, concluye que la expulsión del autor a Sri Lanka por el Estado parte no constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.