Comité contra la Desaparición Forzada

23 er período de sesiones

12 a 23 de septiembre de 2022

Tema 6 del programa provisional

Examen de los informes de los Estados partes en la Convención

Respuestas de Chequia a la lista de cuestiones relativa a su informe presentado en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención *

[Fecha de recepción: 12 de agosto de 2022]

I.Introducción

1.La República Checa presenta a continuación sus respuestas a la lista de cuestiones (CED/C/CZE/Q/1) relativa a su informe inicial sobre la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED/C/CZE/1).

II.Respuestas a la lista de cuestiones (CED/C/CZE/Q/1)

Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones

2.La aplicabilidad directa de la Convención depende de la autoejecutabilidad de sus disposiciones. La ley no establece ningún criterio al respecto, por lo que los tribunales aplicarán sus disposiciones con consideración a cada caso. No obstante, incluso si la disposición no es autoejecutable, el derecho interno debe interpretarse de acuerdo con ella y desde el mayor respeto posible.

3.Puesto que la Convención fue ratificada en fecha reciente, los tribunales aún no han tenido la posibilidad de invocar sus disposiciones.

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

4.El informe nacional ha sido elaborado principalmente por las autoridades públicas. Sin embargo, se han tenido en cuenta los informes y experiencias del Defensor del Pueblo. Sus actividades en relación con la Convención guardan predominantemente relación con los migrantes. El Defensor del Pueblo se ocupa de supervisar los retornos forzosos a que den lugar los procedimientos administrativos o penales de expulsión. También interviene en otros procedimientos administrativos de extranjería relacionados con el asilo, el internamiento y los permisos de residencia. Por último, visita los centros de internamiento para migrantes ilegales en su calidad de mecanismo nacional de prevención designado de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura

5.El mandato del Defensor del Pueblo se ajusta en general a los Principios de París. La Oficina del Gobierno ha examinado recientemente la posibilidad de introducir algunas modificaciones en ese mandato. Sin embargo, el Gobierno aún no ha decidido cómo proceder.

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

6.En el Estado, ninguna persona ha sido sometida a desaparición forzada durante el período sobre el que se informa. En el anexo se indica el número de víctimas de los delitos comprendidos en la definición de desaparición forzada que figura en la Convención.

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

7.Como se indica en el informe, la legislación checa no permite que por las circunstancias excepcionales descritas en la Convención se justifique la desaparición forzada o cualquier otro acto delictivo. Si bien el Código Penal reconoce circunstancias atenuantes tradicionales, como la defensa propia o el estado de necesidad, esas excepciones son en la práctica inaplicables a la desaparición forzada o a otros delitos similares.

8. La pandemia de COVID-19 no afectó en modo alguno a la labor de las autoridades de orden público de la República Checa, que siguieron desempeñando sus tareas. Una normativa especial permitió prorrogar en beneficio de las víctimas y otras partes los plazos procesales penales que no pudieran cumplirse por causa de la pandemia. En las demandas de indemnización se procedió de igual modo con las víctimas.

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

9.En la tipificación de los delitos de privación y restricción de la libertad personal se sanciona de manera directa toda vulneración de la libertad personal. Se entiende por tal el encarcelamiento o la privación o restricción de la libertad personal de carácter ilegal, con independencia de su forma o duración. El atentado contra la libertad personal es el elemento constitutivo principal del tipo penal y el no reconocimiento u ocultamiento podrían considerarse circunstancias agravantes. El delito de traslado involuntario comprende el movimiento transfronterizo forzado de personas. En el derecho penal checo, la definición de secuestro exige que la víctima sea una persona dependiente (por ejemplo, un niño), ya que el secuestro de un adulto estaría comprendido en alguno de los tipos de lesión de la libertad personal señalados o se consideraría toma de rehenes o extorsión. Algunos supuestos de privación o restricción de la libertad personal vinculados con fines de explotación sexual, tráfico de órganos, esclavitud, trabajos forzosos u otras formas de explotación están comprendidos en el delito de trata de personas. La comisión de esos ilícitos por agentes de la autoridad puede constituir circunstancia agravante o dar lugar a la calificación de los hechos como delito especial de abuso de autoridad. Según las autoridades checas, esas disposiciones permiten sancionar todos los actos delictivos pertinentes, por lo que la tipificación de un delito especial de desaparición forzada no se considera necesaria por el momento.

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

10.Las penas principales para los delitos de privación y restricción de la libertad personal son, respectivamente, hasta 2 años de prisión y de 2 a 8 años de prisión. Ciertas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, como el daño físico, el móvil discriminatorio, la delincuencia organizada o el afán de lucro, agravan la pena hasta la horquilla de 8 a 12 años, y la muerte de la víctima, hasta la horquilla de 10 a 16 años. El traslado involuntario se castiga con la misma pena que la privación de libertad y la toma de rehenes, como norma general, con la pena máxima de 18 años si la infracción causó la muerte de otros. La trata de personas está castigada con penas de 2 a 10 años y, si la infracción causare la muerte de otros, con penas de hasta 18 años. La ley, si bien no regula de manera expresa el impacto en la pena de la concurrencia de circunstancias agravantes, exige al tribunal la consideración de esas circunstancias y la imposición de la sanción prevista para el tipo penal en su grado superior.

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

11.No se han registrado casos de ese tipo.

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

12.En la legislación checa, el crimen de lesa humanidad abarca también “la privación de la libertad personal, el ingreso en un establecimiento no declarado y cualquier otra restricción de la libertad personal que conlleve la desaparición involuntaria de personas en el contexto de un ataque sistemático o a gran escala contra la población civil”. Ese tipo de atentado se castiga con penas de 12 a 20 años de prisión o, incluso, con la pena excepcional de 20 a 30 años de prisión o cadena perpetua.

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

13.Como se indica en el informe, el derecho penal checo establece la responsabilidad penal por la preparación, la tentativa, la organización, la inducción, la cooperación y la complicidad, por lo que todos los elementos enunciados en la Convención deberían estar cubiertos. Los partícipes en el delito son criminalmente responsables y pueden ser sentenciados a la misma pena que el autor material. La ley también alienta al partícipe en el delito a evitar la responsabilidad criminal informando a las autoridades antes de que se cometa el delito o evitando su comisión de cualquier otra manera. El cumplimiento de las órdenes, si bien no justifica la incoación automática de la acción, puede tomarse en consideración al evaluar la responsabilidad y determinar la pena. No obstante, como norma general, el subordinado no está obligado a cumplir una orden si ello acarrea la comisión de un acto ilícito. Con arreglo a lo dispuesto en la normativa pertinente sobre las fuerzas armadas y de seguridad, el incumplimiento de la orden en ese supuesto no dará lugar a enjuiciamiento por desobediencia.

Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones

14.En el párrafo 24 del informe se afirma que los delitos relacionados con la privación de la libertad personal prescriben una vez transcurridos entre 10 y 15 años. El plazo de prescripción varía entre 3 y 10 años. Los delitos de trata de personas prescriben a los 15 años. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 a) del Código Penal, la mayoría de los crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la paz y los crímenes de guerra, inclusive el delito contra la humanidad antes descrito, nunca prescriben. Según el artículo 34, párrafo 2, del Código Penal, los plazos prescriptivos se computan a partir del momento en que acaba la conducta ilícita, es decir, desde el cese de la infracción.

15. Los plazos de prescripción anteriores se aplican al derecho de la víctima a personarse para reclamar daños y perjuicios ex delicto. En los procedimientos civiles, el plazo de prescripción es de tres años desde el descubrimiento de los hechos pertinentes (el daño y su autor). Si la víctima desea solicitar asistencia financiera pública, el plazo máximo de prescripción será de cinco años y se computará desde la fecha de la comisión del delito.

Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones

16.Como se explica en el informe, el derecho penal checo tiene jurisdicción en todos los supuestos contemplados en el artículo 9, párrafo 1, de la Convención. Al amparo del artículo 9, párrafo 2, la República Checa podrá extraditar al infractor extranjero a su país de origen o, si este lo solicita, incoar la causa por sí misma. No obstante, es requisito previo para la extradición que el hecho se tipifique tanto en la República Checa como en el otro país. La excepción a esa norma es el delito de lesa humanidad, cuyo enjuiciamiento podrá iniciarse en cualquier caso.

Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

17.En la República Checa no existe un orden castrense diferenciado. La Policía Militar cumple la función de las fuerzas del orden en las causas relativas a los delitos perpetrados por miembros de las fuerzas armadas o que guarden relación con el ejército. Sus competencias son las mismas que las de las autoridades ordinarias.

Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones

18.En el informe se describe la regulación jurídica de la restricción de la libertad personal, restricción que permite poner al infractor a disposición de la justicia y evitar que se fugue, presione a los testigos o siga delinquiendo. El autor de una desaparición forzada se somete a un procedimiento penal ordinario, igual al que se sustancia en relación con cualquier otra infracción, y se le aplican las medidas de investigación habituales. El autor no estará necesariamente privado de libertad durante el proceso, pero deberá cooperar con las fuerzas del orden y la autoridad judicial podrá sujetarlo a medidas de vigilancia, imponerle el pago de una fianza y prohibirle viajar.

19.El derecho a la protección consular es uno de los derechos que asisten a la persona detenida o recluida. Todo extranjero tiene derecho a notificar sin demora su situación a sus autoridades consulares o a solicitar que esas autoridades sean informadas por las fuerzas del orden. Las autoridades consulares también serán informadas de su puesta en libertad. El extranjero tiene derecho a mantenerse en contacto con las autoridades consulares y sus comunicaciones, que serán gratuitas, no podrán ser objeto de vigilancia. Las autoridades policiales deben informar al extranjero de ese derecho.

Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones

20.Desde que se presentó el informe no se han registrado casos de desaparición forzada en la República Checa. El número de casos de otros delitos concernidos figura en el anexo.

21.Los casos de desaparición forzada y de vulneración de la libertad personal se investigan con arreglo a los procedimientos penales habituales. Las autoridades responsables de hacer cumplir la ley no tienen en modo alguno restringido su acceso a los lugares de detención, incluidas las prisiones. Por el contrario, cada prisión está supervisada por el fiscal del distrito, que vigila la legalidad de la detención y el trato dispensado a los reclusos. Lo mismo puede afirmarse de la documentación pertinente.

22.La objetividad e imparcialidad de las fuerzas del orden es un principio fundamental que debe cumplir toda investigación penal. La persona en riesgo de sesgo, con independencia de su cargo, será excluida de la investigación y los resultados de sus actuaciones no serán invocables en la causa.

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

23.Como se explica en el informe, cualquier persona, incluida la víctima, puede incoar acción en caso de desaparición forzada, sin condiciones ni restricciones de forma. La víctima tiene derecho a ser informada sobre el resultado de las actuaciones y podrá objetar el aplazamiento, el sobreseimiento, la interrupción o la remisión de la causa. La denuncia será atendida por la Fiscalía.

24.Las fuerzas del orden también están obligadas, en ausencia de denuncia, a recibir e investigar de oficio cualquier información o alegación relativas a la comisión de un delito, incluido el de desaparición forzada. Las autoridades policiales procederán con diligencia y sin demoras indebidas en relación con los derechos y las libertades de las partes.

25.La protección dispensada a los testigos y denunciantes se describe en el informe. El testigo puede mantener su identidad oculta en las actuaciones, los autos y las pruebas testificales. Otras posibles medidas son la protección personal, la reubicación y la atribución de una nueva identidad. Esas medidas deberán ser aprobadas por el Ministro del Interior, a solicitud de las autoridades policiales, y contar con el consentimiento del interesado. El testigo también puede solicitar que se le informe en caso de puesta en libertad o fuga del acusado o infractor y, si la situación entrañara riesgo, las fuerzas del orden tomarán de oficio medidas de protección. Las víctimas del delito cuentan con las mismas posibilidades e incluso pueden solicitar el amparo judicial contra el infractor.

Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones

26.El sistema de cooperación judicial internacional en materia penal se describe en los párrafos 49 a 59 del informe.

Respuesta al párrafo 17 a) de la lista de cuestiones

27.Para la República Checa, lo importante es la descripción fáctica del acto delictivo, no su calificación formal. Por tanto, si el delito de desaparición forzada está calificado en la legislación checa mediante otros tipos penales, como los señalados en el párrafo 6 del informe, se tiene por cumplida la condición de punibilidad recíproca, ya que los hechos en cuestión están tipificados en ambos países aunque lo estén con denominaciones y calificaciones diferentes.

Respuesta al párrafo 17 b) de la lista de cuestiones

28.Para la República Checa, la situación descrita en el párrafo anterior se ajusta a las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención y no hay planes de cambio por el momento. Los tratados o acuerdos de extradición en los que la República Checa es parte no comprenden, en la mayoría de los casos, una lista de delitos que pueden dar lugar a extradición. Antes bien, se basan en el principio de punibilidad recíproca descrito en el párrafo anterior. Por tanto, la extradición por la comisión de un delito de desaparición forzada invocaría ese mismo principio.

Respuesta al párrafo 17 c) de la lista de cuestiones

29.Las normas reguladoras de la expulsión, la devolución, la entrega y la extradición se describen en los párrafos 60 a 66 del informe. En el orden penal, es principalmente el tribunal el que resuelve en lo relativo a la extradición. La resolución de expulsión administrativa o de devolución de la policía extranjera puede ser objeto de revisión judicial con efecto suspensivo. En todos los procedimientos se aplica de manera estricta el principio de no devolución. Su formulación, si bien presenta ciertas diferencias, va en la misma dirección. El artículo 179, párrafo 2, de la Ley de Residencia de Nacionales Extranjeros remite en su definición de riesgo cierto al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, según lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El artículo 91, párrafo 1 o), de la Ley de Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal aborda los casos en que no es posible la extradición, ya que contravendría las obligaciones internacionales de la República Checa en materia de derechos humanos. Otro impedimento es, pues, el riesgo de persecución señalado en el informe.

Respuesta al párrafo 17 d) de la lista de cuestiones

30.Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 91, párrafo 1 h), las garantías diplomáticas solo se aceptan en caso de que pudiera imponerse la pena de muerte, no en otros asuntos (por ejemplo, violaciones de las normas internacionales de derechos humanos).

Respuesta al párrafo 17 e) de la lista de cuestiones

31.Como ya se ha mencionado, todas las decisiones de expulsión, devolución, entrega o extradición están sujetas a revisión judicial. La acción supone, también en este caso, un efecto suspensivo automático. En el procedimiento penal, el interesado puede objetar la extradición ante el tribunal superior, lo que también supone un efecto suspensivo.

32. El tenor del artículo 3, párrafo d 2), de la Ley de Asilo, en el que se prohíbe que el solicitante de asilo sea expulsado del territorio del Estado por resolución judicial o administrativa, no se contradice con lo dispuesto en el artículo 350, párrafo b 4), del Código de Procedimiento Penal, en el que solo se prevé la aplicación de esa disposición si el juez decreta, de oficio o a instancias del solicitante, que se suspenda la ejecución de la sentencia de extradición.

Respuesta al párrafo 17 f) de la lista de cuestiones

33.Como se indica al final del párrafo 62, si el extranjero no puede acogerse a la protección frente a la no devolución en la República Checa, podrá solicitar la protección de otro Estado en un plazo de 60 días. Si no la logra, podrá obtener un visado de tolerancia que le permitirá residir en la República Checa durante 90 días.

Respuesta al párrafo 18 a) de la lista de cuestiones

34.La protección contra la detención secreta se describe en los párrafos 67 a 93 del informe. El Estado no tiene conocimiento de ninguna alegación de detención secreta practicada en el contexto del terrorismo.

Respuesta al párrafo 18 b) de la lista de cuestiones

35.Los derechos en materia de asistencia y visita se describen en los párrafos 76 a 87 del informe. Todos los establecimientos disponen de reglamentos de visita y control. Lo señalado en el informe respecto a las prisiones y los calabozos policiales se aplica igualmente a las zonas de control de extranjeros, los centros de internamiento y los centros de asilo, establecimientos en los que se permiten las visitas con arreglo a su normativa interna. El extranjero tiene derecho a ser visitado en cuatro ocasiones semanales por un máximo de cuatro personas durante una hora. También tiene derecho a ser visitado, en este caso sin límite de tiempo o frecuencia, por su representante legal, los funcionarios de la embajada (funcionarios consulares) y las organizaciones asistenciales. En los establecimientos para extranjeros en espera de expulsión administrativa se provee asistencia jurídica gratuita. Los regímenes de visita en los hospitales psiquiátricos pueden aplicar regulaciones específicas en función del estado de salud del paciente, pero, en general, los pacientes internados en esos establecimientos también gozan del derecho de visita y asistencia. Lo mismo se aplica a los hogares de atención social. Las limitaciones descritas en el informe son taxativas y, como también se indica en él, las visitas de los representantes legales no están limitadas ni en tiempo ni en frecuencia.

36.Es cierto que, durante la pandemia de COVID-19, en particular a su inicio, fue necesario limitar o suspender las visitas a los establecimientos de régimen cerrado debido al alto riesgo de contagio entre la población reclusa y las personas de edad residentes en hogares de asistencia. En esos momentos se tomaron medidas para que los internos tuvieran contacto a distancia con sus asesores jurídicos y familiares gracias a las herramientas de teleconferencia (por ejemplo, Skype). Esos establecimientos han recibido la tecnología necesaria para ello. Más tarde, a medida que avanzaba la vacunación (que se inició con el colectivo vulnerable de las personas de edad), se permitieron las visitas, siempre que se mostrara un pase COVID o los resultados de las pruebas pertinentes. No hay jurisprudencia disponible sobre esta cuestión.

Respuesta al párrafo 18 c) de la lista de cuestiones

37.En principio, la revisión judicial de la detención de extranjeros o solicitantes de asilo solo puede ser incoada por la persona detenida. La labor de supervisión que lleva a cabo la Fiscalía en los establecimientos penitenciarios ayuda a hacer efectivo ese recurso. Cualquier restricción de los derechos de la persona detenida supondría un incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y podría ser constitutiva de infracción disciplinaria o incluso de delito.

Respuesta al párrafo 18 d) de la lista de cuestiones

38.Los registros señalados en los párrafos 92 y 95 son el mismo. Las personas detenidas en los calabozos policiales y en los centros de internamiento de extranjeros son inscritas en registros especiales que comprenden toda la información enumerada en el artículo 17, párrafo 3, de la Convención. Las autoridades competentes están obligadas a incluir en esos registros toda la información pertinente sobre cada detención. La omisión en los registros de información obligatoria sobre la detención, así como la declaración o la facilitación de información falsa y la ocultación de datos pueden ser constitutivas de infracción disciplinaria.

Respuesta al párrafo 18 e) de la lista de cuestiones

39.Las condiciones de acceso a la información relativa a las personas detenidas en los establecimientos penitenciarios se describen en el párrafo 95 del informe. La persona a la que se haya denegado el acceso a esa información puede presentar una queja. Cualquier restricción ilegal en el acceso a la información es también sancionable como infracción disciplinaria. El acceso a la información relativa a la detención en calabozos policiales se describe en el párrafo 76 del informe. Una normativa similar se aplica al acceso a la información sobre la detención en los centros de internamiento de extranjeros. El personal de todos esos establecimientos debe permitir que la persona detenida mantenga correspondencia con el mundo exterior, por ejemplo con organismos públicos y organizaciones internacionales y con sus familiares. En los hospitales psiquiátricos, como en los demás establecimientos sanitarios, los allegados del paciente tienen derecho a ser informados, entre otras cosas, sobre su hospitalización, estado de salud y tratamiento, en particular en el supuesto de hospitalización involuntaria. También en este caso, la persona a la que se deniegue información podrá presentar una queja.

Respuesta al párrafo 18 f) de la lista de cuestiones

40.En la República Checa no existen otros mecanismos de control que los señalados en los párrafos 88 a 91.

Respuesta al párrafo 18 g) de la lista de cuestiones

41.El Registro de Actuaciones Penales contiene información sobre la puesta en libertad de las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios. Los calabozos policiales y los centros de internamiento de extranjeros también cuentan con registros similares que se rigen por los mismos principios. Todo ello garantiza que las averiguaciones llevadas a cabo en las inspecciones periódicas a los centros de detención permitan la inmediata puesta en libertad de las personas cuya detención ya no sea requerida por la ley.

Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones

42.La Policía de la República Checa gestiona la base nacional de datos de ADN, que contiene, entre otras cosas, los perfiles genéticos de las personas en paradero desconocido, de sus familiares y de los cadáveres no identificados, y al que se recurre para buscar e identificar a personas desaparecidas y para determinar la identidad de personas y restos humanos sin identificar. Durante el proceso de determinación de la identidad, que forma parte de la investigación policial oficial, la policía puede acceder a toda la información pertinente. Una vez determinada la identidad de la persona se informa sin demora a sus familiares y, tras las preceptivas diligencias (por ejemplo, la autopsia), se les entrega el cuerpo.

Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones

43.Las fuerzas del orden reciben formación continua sobre el trato debido a las personas privadas de libertad con arreglo a las normas de derechos humanos. En esas actuaciones de capacitación se abordan principalmente los derechos de los detenidos, la comunicación con ellos, la información de derechos y obligaciones al detenido y la prohibición de los malos tratos. A la información facilitada en el párrafo 100 del informe conviene añadir que el trato a los detenidos forma parte de la capacitación básica obligatoria que se imparte a los agentes de la policía, en particular las normas internacionales en la materia, como las emanadas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, y la jurisprudencia pertinente, por ejemplo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El otro lugar en que se imparte capacitación es la Academia Judicial, cuya labor se centra en los jueces, los fiscales y el resto del personal judicial. La Academia imparte cursos sobre normas de derecho penal, incluidas las relativas a la restricción de la libertad personal y su control judicial. Los cursos especiales se centran en la trata de personas, las víctimas vulnerables de la delincuencia, las víctimas y los infractores romaníes y la migración, y se imparten con la colaboración de expertos externos y organizaciones internacionales como el Consejo de Europa. El personal sanitario y los trabajadores sociales reciben capacitación sobre la detección de señales de maltrato, victimología, discriminación, comunicación con grupos vulnerables, discapacidad mental y violencia de género.

Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

44.Como consta en el párrafo 104 del informe, la definición de víctima que figura en la Ley de Víctimas de Delitos se ajusta plenamente a la Convención. La persona desaparecida sufre, obviamente, un daño personal físico o moral. Cualquier otra persona que sufriera secuelas similares como consecuencia del delito se considera también víctima de la delincuencia. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 3, de la Ley de Víctimas de Delitos, en caso de fallecimiento de la víctima, la condición de víctima se extenderá a sus ascendientes y descendientes, hermanos, cónyuge, pareja y persona dependiente a cargo.

Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones

45.En primer lugar, conviene señalar que la víctima del delito no puede por sí misma incoar acción penal. Solo la Fiscalía puede hacerlo. La víctima puede formular denuncia para instar a que se inicie el procedimiento, pero la incoación depende del criterio del fiscal, aunque oficialmente el fiscal está obligado a perseguir todo delito del que tenga conocimiento. Una vez iniciadas las actuaciones penales, la víctima puede personarse y formular sus pretensiones. Si no se inician esas actuaciones, la víctima puede reclamar una indemnización en los tribunales civiles.

46.La mayoría de las acciones penales y civiles de reparación de daños prescriben en un plazo máximo de diez años, que se computa desde la fecha de la infracción. Sin embargo, las reclamaciones por actos lesivos para la vida, la libertad y la salud están sujetas a un plazo de prescripción de tres años desde que se tuvo conocimiento del perjuicio. Las demandas de cesación, no reincidencia y restitución no están sujetas a plazo de prescripción alguno.

47.La asistencia estatal a las víctimas del delito se describe en los párrafos 112 y 113 del informe. Esa ayuda, cuyo objetivo es resarcir a la víctima por las consecuencias sociales y las dificultades económicas generadas por el delito, cubre el lucro cesante, los gastos sanitarios y terapéuticos y cualquier otra prestación asistencial que permita superar esas secuelas o la pérdida del cuidador y sostén familiar. Además de la asistencia financiera, las víctimas tienen derecho a ayuda profesional, en particular asesoramiento jurídico y apoyo psicológico y de otra índole, y a beneficiarse de los programas gratuitos de rehabilitación para víctimas vulnerables, concepto que se define en el párrafo 104 del informe.

48. La víctima del delito puede, entre otras cosas, personarse en la causa, obtener toda la información pertinente, consultar los autos y ser oída en el tribunal. Incluso si no incoa el procedimiento de adhesión, puede solicitar información sobre el delito, la investigación, el acusado, la víctima y la situación del procedimiento, entre otras cosas. La víctima puede obtener la información necesaria de todas esas fuentes para esclarecer la verdad sobre el delito y la suerte que corrió la víctima.

Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones

49.La búsqueda de personas desaparecidas es una de las principales tareas de la policía checa. Su función en este caso es encontrar a la persona desaparecida y esclarecer su paradero o suerte, así como determinar la identidad de los cadáveres y de las partes o los restos corporales encontrados, así como establecer la causa y las circunstancias del fallecimiento. Cualquier persona puede informar a la policía sobre la desaparición y la policía inicia de inmediato las pesquisas pertinentes. No hay plazos previstos para la investigación. En el curso de esta, la policía tiene acceso a toda posible fuente de información, inclusive a datos telefónicos y de tráfico en Internet, datos bancarios y datos sobre la prestación de servicios sanitarios y sociales. Como se indica en el párrafo 124 del informe, los agentes de policía están autorizados a inspeccionar vehículos, interrogar a personas y comprobar su identidad. El resto de los organismos públicos y entidades privadas tienen el deber de cooperar en esas labores. Toda la información es confidencial y solo puede utilizarse en aras de la investigación.

Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones

50.La declaración de ausencia tiene por objeto facilitar la gestión de los asuntos cotidianos de la persona desaparecida, principalmente los de carácter patrimonial, y la designación judicial de un curador que se ocupe de esos asuntos en ausencia de la persona desaparecida y en su mejor interés. Otras cuestiones, como las atenientes al estado civil y las prestaciones públicas (por ejemplo, el matrimonio, las relaciones familiares y los derechos de pensión), permanecen sin cambio. De hecho, la persona desaparecida es sustituida durante su ausencia y de manera temporal por el curador, pero su situación y sus derechos permanecen inalterados en la mayor medida posible, de modo que su retorno y reintegración no tropiecen con dificultades. No existe una duración máxima legal para la situación de ausencia, aunque en la práctica el asunto puede complicarse con el transcurrir del tiempo.

51. Si la persona no es encontrada con vida en un plazo razonable, el paso siguiente puede ser la declaración de fallecimiento. El tribunal podrá declarar el fallecimiento presunto si existen dudas fundadas de que la persona desaparecida siga viva. Para que se pueda declarar judicialmente fallecida a la persona desaparecida debe haber transcurrido, por disposición legal, un mínimo de cinco años desde su ausencia, plazo con el que se pretende asegurar que se han llevado a cabo suficientes actuaciones para esclarecer su paradero. Si se obtiene noticia sobre la persona desaparecida, ese plazo se prolongará hasta un mínimo de siete años. La declaración de fallecimiento puede ser instada, también en este caso, por cualquier persona con interés legítimo (por ejemplo, un familiar). El tribunal determina la fecha a partir de la cual la persona desaparecida no habría sobrevivido, fecha que se considera la de defunción. A partir de entonces se inician todos los trámites post mortem habituales, en particular los relativos a la herencia. El matrimonio de la persona fallecida queda también disuelto desde la fecha del fallecimiento presunto. Si posteriormente se descubre que la persona declarada fallecida estaba viva, la declaración de fallecimiento será nula de pleno derecho y se revocarán todos sus efectos (por ejemplo, la persona recobrará sin merma su estatus y condición jurídicos, en particular sus derechos patrimoniales). Su matrimonio, sin embargo, no se restablece por imperativo legal.

Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones

52.El derecho checo tipifica como delito el secuestro del menor de edad perpetrado con el fin de sustraerlo del cuidado de la persona responsable de su custodia y ponerlo a cargo de un extranjero para que lo adopte o para cualquier otro propósito similar. Esos delitos pueden ser castigados con hasta 3 años de prisión y, en casos graves, con hasta 10 años de prisión. Si intervienen otros supuestos, en particular los fines de trabajo forzoso, abuso sexual o cualquier otra forma de explotación, el delito podrá calificarse como trata de personas y castigarse con hasta 15 años de prisión. Las infracciones menores, como la tentativa ilegal de adopción, se castigan con sanciones pecuniarias.

53. Cualquier causa grave para el adoptante o el adoptado puede motivar la revocación de la adopción, en particular la comisión de actos ilícitos durante el proceso adoptivo. Esa razón puede ser invocada en cualquier momento y sin plazo máximo. Una vez revocada la adopción, todos los vínculos legales entre el adoptante y el adoptado quedan disueltos y se restablecen los vínculos previos con la familia de origen. Sin embargo, los regímenes y relaciones patrimoniales permanecen inalterados.

54. Las medidas para la protección de los niños frente a la adopción ilegal se describen en los párrafos 117 a 122 del informe.