Denuncia

2018/19

2019/20

Discurso de odio

140

260

Discriminación injusta

258

240

Acoso

22

59

Difusión de información y publicaciones que discriminen injustamente

10

24

Discriminación injusta y discurso de odio

28

13

Ninguna indicación

0

8

Discurso de odio y acoso

2

7

Discriminación injusta y acoso

5

6

Discurso de odio, difusión de información y publicaciones que discriminen injustamente

7

1

Total general

247

621

Sírvanse aclarar la situación en lo que respecta a la segunda versión del proyecto de ley sobre los tribunales tradicionales, aprobado por la Asamblea Nacional en el Parlamento en marzo de 2019, y las disposiciones del proyecto de ley que tengan por objeto transformar los tribunales tradicionales para garantizar que se ajusten a las disposiciones de la Constitución y la Convención.

Respuesta

El proyecto de ley sobre los tribunales tradicionales tiene por objeto sustituir el marco legislativo actual para decidir qué controversias se resuelven con arreglo al derecho consuetudinario, de acuerdo con las obligaciones y los valores constitucionales. En el documento se regulan de nuevo la estructura y el funcionamiento de los tribunales tradicionales, prestando atención a la protección y la ampliación de los derechos de los miembros vulnerables de la sociedad. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley en el ejercicio económico 2018/19 y lo remitió al Consejo Nacional de Provincias para su anuencia. Durante el ejercicio económico 2019/20, los nueve órganos legislativos provinciales y sus estructuras colaboraron en el proyecto de ley, que todavía debe ser examinado por el Consejo Nacional de Provincias.

Se han adoptado disposiciones destinadas a garantizar que las mujeres puedan optar por no participar en las actuaciones celebradas por tribunales tradicionales y puedan apelar ante los tribunales ordinarios cualquier decisión adoptada por un tribunal tradicional.

Según el párrafo 30, el Servicio de Asistencia Jurídica de Sudáfrica ha determinado que los derechos de las mujeres y de los niños merecen especial atención en la prestación de sus servicios jurídicos. Sírvanse proporcionar datos sobre el tipo de servicios que el Servicio de Asistencia Jurídica de Sudáfrica presta a las mujeres y las niñas, desglosados por múltiples motivos, entre ellos raza, origen étnico, nacionalidad, edad, discapacidad, situación socioeconómica, albinismo y otra información relativa a la situación de la denunciante. Sírvanse especificar cualquier otra medida jurídica e institucional destinada a fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres y niñas que se encuentran en situaciones vulnerables y se enfrentan a la marginación, en particular las que viven en asentamientos informales y en zonas rurales.

Respuesta

En el Servicio de Asistencia Jurídica de Sudáfrica se ofrece representación a los grupos de personas vulnerables o grupos específicosa través de nuestro mecanismo de modelo mixto de prestación de servicios. Las oficinas locales del Servicio de Asistencia Jurídica de Sudáfrica han establecido vínculos con 948 organizaciones que trabajan con grupos vulnerables. El Servicio trabaja junto con consultorios jurídicos universitarios que tienen capacidades especializadas para ayudar a determinados grupos vulnerables, como los refugiados.

Del total de clientes a los que se prestó asistencia en asuntos civiles, el 57 % fueron mujeres. Se brindó ayuda a 2.517 niños en asuntos de administración del patrimonio de personas fallecidas y se pagaron 50 millones de rand a los beneficiarios en asuntos patrimoniales. El Servicio de Asistencia Jurídica de Sudáfrica también ofrece asistencia judicial a las personas de edad y los pacientes de salud mental, así como a los refugiados.

El Servicio de Asistencia Jurídica de Sudáfrica también colabora con Childline SA y está en contacto con la Teddy Bear Foundation para brindar un mayor acceso a servicios jurídicos para los niños y sus cuidadores; además, colabora con el Movimiento Nacional de Refugios para ofrecer la opción de remisión de casos para la prestación de servicios jurídicos a las personas afectadas por la violencia de género.

Se realizarán actividades de educación y de concienciación pública sobre el cambio climático en las comunidades rurales orientadas a la población que vive en lugares aislados del medio rural y en condiciones de pobreza, donde hay unos niveles elevados de analfabetismo. Para realizar esta actividad será necesario determinar las comunidades vulnerables de Sudáfrica y dar prioridad a las actividades de divulgación orientadas a los más vulnerables. Se establecen prioridades debido a la escasez de los recursos financieros que se facilitan.

Por último, en el marco de sus esfuerzos por sensibilizar al público sobre la importancia de la incorporación de las cuestiones del género y el cambio climático, el Departamento prevé celebrar un diálogo nacional,que irá destinado a la sociedad civil, incluidos los grupos comunitarios y dirigidos por jóvenes, y a representantes del mundo empresarial.

Mecanismos nacionales

Según los párrafos 35 y 36, el Ministerio de la Mujer ha examinado su capacidad institucional y está estableciendo recursos humanos, financieros y técnicos para aumentar las capacidades en materia de supervisión y evaluación de su Departamento de la Mujer, que ha sido reconfigurado.

Sírvanse especificar los recursos humanos, financieros y técnicos que se han asignado al Ministerio de la Mujer para cuestiones relacionadas con la igualdad entre los géneros, así como el número de coordinadores de cuestiones de género que forman parte de los ministerios competentes y de las administraciones municipales, así como la categoría y ubicación de sus puestos.

Respuesta

Al igual que en 2018, algo más de la mitad de los departamentos (el 56 %) confirmaron que tenían dependencias de género plenamente formadas. El 53 % de los departamentos informaron de que la categoría y la ubicación del coordinador o la coordinadora de cuestiones de género no le permitía participar en las estructuras y los procesos de toma de decisiones del departamento. Muchos departamentos, como la Presidencia de la Corte Suprema, informaron de que su influencia se había visto reforzada gracias al apoyo de la Contaduría a las cuestiones de género. La mayoría de los departamentos (un 84 %) confirmaron que se adaptan a las necesidades de las mujeres, los hombres y las personas con discapacidad estableciendo prácticas de ajustes razonables.

Sírvanse asimismo proporcionar información sobre los mecanismos establecidos para coordinar la aplicación y el seguimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre los géneros a nivel nacional, regional y local y en el sistema de justicia. Aclaren si se está elaborando o implementando un plan de acción nacional para las mujeres, y expliquen los resultados orientados específicamente a lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en el marco del plan nacional de desarrollo y su marco estratégico de mediano plazo para el período comprendido entre 2014 y 2019. Aclaren también la relación entre la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos y la Comisión para la Igualdad de Género y proporcionen más información sobre la situación de esta última y sobre los recursos humanos, financieros y técnicos que se han puesto a su disposición.

Respuesta

Medidas especiales de carácter temporal

Según el párrafo 98, el partido gobernante sigue aplicando su política para lograr el equilibrio de género en materia de representación. Sírvanse dar ejemplos de la forma en que se ha aplicado la política para garantizar que las mujeres participen de manera significativa y permanezcan en la vida pública y política. Sírvanse también proporcionar información sobre la medida en que se han incluido en otras políticas y programas nacionales del Gobierno medidas especiales de carácter temporal para lograr una igualdad sustantiva entre los géneros. Sírvanse especificar las iniciativas emprendidas con el fin de elaborar e implementar medidas especiales de carácter temporal en los ámbitos contemplados en la Convención en que las mujeres estén en situación de desventaja e insuficientemente representadas, en particular en funciones directivas, a nivel de la Presidencia de la Corte Suprema, y en el sector privado, así como en el Consejo Nacional de Provincias.

Respuesta

Como lugar de trabajo, la administración pública tiene obligación de facilitar un entorno de trabajo seguro, saludable y amigable y debe tomar medidas para mantenerlo, ya sea cumpliendo las obligaciones legales o aplicando prácticas justas.

Según el capítulo 10 (artículo 195[1]) de la Constitución de la República, la administración pública debe regirse por los valores y principios democráticos consagrados en la Constitución, incluido el siguiente principio:

La administración pública debe ser ampliamente representativa del pueblo sudafricano y aplicar prácticas de empleo y gestión del personal basadas en la capacidad, la objetividad, la justicia y la necesidad de remediar los desequilibrios del pasado para lograr una representación amplia.

La administración pública se comprometió a erradicar todas las formas de discriminación en el lugar de trabajo que había heredado en 1994, ya que era evidente que la administración pública de ese momento no era realmente representativa de la sociedad a la que servía. En el Libro Blanco sobre la Transformación de la Administración Pública, de 1995, se indicó la necesidad de “crear una administración pública realmente representativa que refleje las principales características de la demografía sudafricana, sin erosionar la eficiencia y la competencia”, lo que se tradujo en el compromiso adquirido por el Gobierno de Unidad Nacional de “mejorar continuamente las vidas de los habitantes de Sudáfrica mediante una administración pública transformada que sea representativa, coherente, transparente, eficiente, eficaz, responsable y capaz de responder a las necesidades de todos” (Libro Blanco sobre la Transformación de la Administración Pública, 1995: 6). El Libro Blanco introdujo varias metas vinculadas a la igualdad en el empleo con respecto a la representatividad en materia de raza, género y discapacidad, que debían alcanzarse en un plazo determinado como parte de la transformación de la administración pública.

Además del Libro Blanco sobre la Transformación de la Administración Pública, en 1998 se introdujo el Libro Blanco sobre la Acción Afirmativa, que tenía por objeto velar por que se aplicaran medidas para alcanzar las metas previstas en materia de raza, género y discapacidad. El Departamento de Administración y Gestión Públicastiene el mandato de velar por que se lleve a cabo este proceso en la administración pública. Hasta ahora, se ha logrado avanzar mucho hacia el logro de la representatividad racial, pero poco hacia la representatividad en materia de género y discapacidad.

La administración pública sigue aplicando la política de representación equitativa de género establecida por el partido gobernante.

El Departamento de Administración y Gestión Públicas sigue fomentando el logro de las metas de igualdad aplicando el Marco Estratégico de Igualdad de Género.

Objetivo estratégico 1: Adoptar una amplia gama de opciones para el desarrollo de la capacidad a fin de lograr el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género con miras a la creación de un Estado no sexista.

Para lograr los subobjetivos en esta esfera, los departamentos deben fomentar el conocimiento sobre los mandatos legales relativos al empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, entre otras cosas creando una reserva de líderes a través de la cual se pueda capacitar a las mujeres y fomentar su desarrollo profesional, inclusive estableciendo programas para el desarrollo del liderazgo, como becas, mentorías, pasantías y programas avanzados de desarrollo.

Objetivo estratégico 2:Adoptar una amplia gama de opciones para el apoyo institucional a fin de promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género.

Para lograr los subobjetivos en esta esfera, los departamentos deben incorporar las cuestiones de género en sus planes de desempeño estratégicos y anuales, entre otras cosas mediante el fomento de la conciliación de la vida laboral y personal, la prevención del acoso sexual y el establecimiento de servicios de guardería.

Objetivo estratégico 3: Adoptar una amplia gama de opciones de gobernanza y desarrollo institucional para fomentar el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género.

Para lograr los objetivos estratégicos en esta esfera, los departamentos deben elaborar medidas de acción afirmativa, incluir indicadores de género en los procesos de seguimiento y evaluación, establecer dependencias de género y ubicarlas en lugares adecuados y dotarlas del personal apropiado, y por encima de todo, institucionalizar el Plan de acción de ocho principios del jefe de departamento y el director general para promover el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre los géneros en el puesto de trabajo dentro de la administración pública, que impone al jefe de departamento la responsabilidad de incorporar la perspectiva de género.

Objetivo estratégico 4: Adoptar una amplia gama de opciones para el crecimiento y el desarrollo económicos a fin de fomentar el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género.

Para lograr los objetivos estratégicos en esta esfera, los departamentos deben velar por que en las iniciativas de desarrollo económico y alivio de la pobreza se incluya a las mujeres de distintas categorías: mujeres jóvenes, mujeres rurales y urbanas, mujeres de edad y mujeres con discapacidad. Además, los departamentos también deberán formar alianzas con las organizaciones de la sociedad civil y con empresas de sus sectores pertinentes en beneficio de las mujeres.

Los departamentos informan sobre la aplicación de los marcos el 30 de abril de cada año.

El Departamento de Administración y Gestión Públicas también introdujo el Plan de acción de ocho principios del jefe de departamento y el director general para promover el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre los géneros en el puesto de trabajo dentro de la administración pública a fin de incluir en las funciones del Oficial Contable la agenda de la incorporación de las cuestiones de género, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sobre la base de los principios siguientes:

•Principio 1: Transformación para eliminar el sexismo - Informen sobre el progreso alcanzado en los esfuerzos por fomentar y proteger la dignidad humana y los derechos humanos de las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad;

•Principio 2: Establecer un entorno de políticas - Informen sobre el progreso alcanzado en la aplicación plena de políticas nacionales y directrices de aplicación en relación con el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género mediante la elaboración de directrices y procedimientos operativos estándar específicos para cada departamento y sector;

•Principio 3: Cumplir las metas de igualdad - Se prevé que los departamentos informen sobre el porcentaje de metas de igualdad en el empleo alcanzado hasta la fecha en lo relativo a la presencia de las mujeres en los cargos directivos superiores, mostrando las categorías pertinentes, así como las medidas adoptadas para lograr la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones. Indiquen cuál es el porcentaje de mujeres con discapacidad en el total de mujeres que ejercen cargos directivos superiores;

•Principio 4: Crear un entorno favorable - Informen sobre el progreso alcanzado para establecer sistemas de gestión de las cuestiones de género para departamentos y sectores específicos, así como mecanismos institucionales adecuados y dependencias de género específicas. Expliquen cómo han favorecido estos mecanismos y sistemas la transformación del departamento en materia de género;

•Principio 5: Incorporación de la perspectiva de género - Informen sobre el progreso alcanzado por cada departamento para incorporar una perspectiva de género e incorporar las cuestiones de género en todos los instrumentos, las políticas, los programas, los proyectos y las herramientas de seguimiento;

•Principio 6: Empoderamiento - Informen sobre las iniciativas o intervenciones de desarrollo de la capacidad emprendidas para el adelanto de las mujeres y la igualdad de género en el departamento, aportando datos desglosados;

•Principio 7: Proporcionar recursos adecuados - Informen sobre los recursos humanos, físicos y financieros disponibles en el departamento para impulsar la igualdad de género. ¿Son suficientes los recursos? ¿Los recursos se incorporan en todos los programas, o están centralizados?

•Principio 8: Rendición de cuentas, seguimiento y evaluación - Informen sobre las intervenciones realizadas para que el departamento se implique en el fomento de la igualdad de género, se haga responsable y rinda cuentas plenamente de ello, y se presenten informes completos al respecto. Indiquen de qué es responsable cada persona y cómo apoyan e impulsan el jefe de departamento y los altos directivos del departamento las intervenciones para impulsar la igualdad de género en el departamento.

La aplicación del Plan de acción de ocho principios se lleva a cabo a través de la reunión anual de la Semana de la Mujer Directiva en la Administración Pública, que se celebra la última semana de agosto.

Todos los departamentos deben organizar, la última semana de agosto, una reunión para que las mujeres que ejercen cargos directivos superiores dialoguen sobre los principios mencionados.

Los ocho criterios estándar para que la Semana de la Mujer Directiva en la Administración Pública cumpla sus objetivos son los siguientes:

a)Debe celebrarse una reunión oficial, y no solo un evento sobre cuestiones de género;

b)La reunión debe celebrarse en las fechas establecidas, a saber, la última semana de agosto;

c)El Director General o Jefe de Departamento debe presidir la reunión;

d)Solo deben asistir a la reunión las mujeres que gestionan servicios directivos superiores;

e)La agenda debe centrarse en la aplicación del Plan de acción de ocho principios;

f)Debe presentarse un informe sobre la implementación de la Semana de la Mujer Directiva en la Administración Pública al Departamento de Administración y Gestión Públicas usando la plantilla establecida;

g)El informe sobre la implementación debe presentarse al Departamento de Administración y Gestión Públicas a más tardar el 31 de octubre; y

h)El Director General o Jefe de Departamento debe firmar el informe sobre la implementación.

En 2013, el Departamento de Administración y Gestión Públicas elaboró una política y un procedimiento para la gestión del acoso sexual en la administración pública con el fin de promover un lugar de trabajo libre de acoso sexual, favores sexuales, intimidación y victimización, en el que el empleador y los empleados respeten la integridad, dignidad y privacidad de cada uno y el derecho a la igualdad en el lugar de trabajo. La política también establece un enfoque sistemático y coherente para gestionar el acoso sexual y las medidas que deben adoptarse cuando este ocurre durante el ejercicio y en el ámbito de la administración pública. La política y el procedimiento en cuestión van acompañados de una plantilla de seguimiento mediante la cual los departamentos deben informar, cada 30 de abril, al Departamento de Administración y Gestión Públicas. El sistema revisado de gestión del desempeño para los jefes de departamento, que entró en vigor el 1 de abril de 2018, incluye indicadores para el siguiente indicador clave del desempeño: “Desarrollar y aplicar un sistema eficaz y efectivo de gestión de la diversidad y transformación”. Los jefes de los departamentos en que no se alcance un 50 % de representación de mujeres en cuadros directivos superiores deben elaborar y aplicar continuamente planes correctivos hasta que se alcancen las metas de igualdad.

Representación de las mujeres en los puestos directivos superiores de la administración pública

En 1994, solo había un 5 % de representación de mujeres en los puestos directivos superiores, mientras que los hombres ocupaban el 95 % de estos puestos. El 31 de marzo de 2021, en la administración pública había 9.385 plazas cubiertas de puestos directivos superiores, 4.108 de ellas (el 43,77 %) cubiertas por mujeres, y 5.277 (el 56,22 %), por hombres.

Estereotipos y prácticas nocivas

Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que se hayan adoptado para elaborar y aplicar una estrategia integral destinada a eliminar las prácticas nocivas, en particular el secuestro de mujeres y niñas con fines de matrimonio forzado (ukuthwala), el asesinato de las llamadas “brujas”, la mutilación genital femenina, los matrimonios infantiles y forzados, la poligamia y las denominadas “pruebas de virginidad”.

Respuesta

El artículo 28 del proyecto de ley sobre prácticas consuetudinarias de iniciación, de 2018, aborda las cuestiones de la mutilación genital femenina y las pruebas de virginidad y establece que ninguna persona menor de 16 años puede asistir a una escuela de iniciación con el fin de ser iniciada: 3) a) Un menor de entre 16 y 18 años de edad no podrá asistir a una escuela de iniciación con el fin de ser iniciado a menos que el menor y sus progenitores o su tutor consuetudinario o legal, según corresponda, den su autorización por escrito para que el menor lleve a cabo la iniciación; b) Una persona de 18 años o más no podrá asistir a una escuela de iniciación con el fin de ser iniciada a menos que esa persona dé su autorización escrita para llevar a cabo la iniciación.

4) Con arreglo al artículo 12 3) de la Ley de la Infancia, la mutilación genital o circuncisión de niñas está prohibida y, por tanto, el consentimiento contemplado en este artículo no puede incluir el consentimiento a dicha mutilación o circuncisión ni puede formar parte de ninguna práctica de iniciación.

5) a) Con arreglo al artículo 12 4) de la Ley de la Infancia, las pruebas de virginidad a menores de 16 años están prohibidas, por lo que el consentimiento contemplado en este artículo no puede incluir el consentimiento a dichas pruebas de virginidad en el caso de menores de 16 años; b) Las pruebas de virginidad a menores de entre 16 y 18 años de edad están sujetas a las disposiciones del artículo 12 5), 6) y 7) de la Ley de la Infancia y las normas 3 y 4 de las Normativas Generales sobre la Infancia, y solo pueden formar parte de un proceso de iniciación si se han cumplido las disposiciones de ese artículo y los reglamentos; c) Las pruebas de virginidad de una persona de 18 años de edad o más solo pueden ser realizadas como parte de un proceso de iniciación si la persona ha dado su consentimiento por escrito para esas pruebas; d) No puede obligarse a ningún niño u otra persona a someterse a pruebas de virginidad como parte de un proceso de iniciación.

El Gobierno de Sudáfrica está elaborando una política de matrimonio (2021) por la que se suprimen los matrimonios infantiles al establecer la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, tanto para las niñas como para los niños, en virtud de la Ley de Reconocimiento del Matrimonio Consuetudinario. Con esta política se proscribirán todos los matrimonios consuetudinarios de menores de 18 años.

Sírvanse reseñar las medidas adoptadas para armonizar las leyes y prácticas consuetudinarias y para revisar y modificar las políticas y las leyes, como la Ley de la Infancia, de 2005, a fin de prohibir las prácticas nocivas, en consonancia con la Convención y con los artículos 5 y 17 del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de Maputo), de 2003. Sírvanse proporcionar estadísticas sobre la prevalencia de las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas enumeradas anteriormente, desglosadas por edad, origen étnico, raza, situación socioeconómica, nacionalidad, discapacidad, albinismo y cualquier otra situación.

Respuesta

El Gobierno de Sudáfrica está elaborando una política de matrimonio (2021) por la que se suprimen los matrimonios infantiles al establecer la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, tanto para las niñas como para los niños, en virtud de la Ley de Reconocimiento del Matrimonio Consuetudinario. Con esta política se proscribirán todos los matrimonios consuetudinarios de menores de 18 años.

En el párrafo 42 del informe, el Estado parte hace una breve referencia a las medidas adoptadas para aumentar la sensibilización pública con respecto a los derechos de las mujeres a través de los medios de difusión y otras plataformas de comunicación. Describan las medidas que se hayan adoptado para eliminar las representaciones patriarcales y estereotipadas de las mujeres en los medios de difusión y la publicidad, incluidos el tipo de medios, su cobertura, el contenido y los grupos destinatarios, y los resultados de toda evaluación del impacto que se haya llevado a cabo al respecto. Sírvanse también especificar las medidas que se hayan adoptado para implementar la recomendación anterior del Comité (CEDAW/C/ZAF/CO/4, párr. 23) de preparar y emprender campañas eficaces de educación para combatir las presiones comunitarias y familiares que se ejercen sobre las niñas y las mujeres para que se sometan a las denominadas “pruebas de virginidad”.

Respuesta

Violencia por razón de género contra la mujer

Sírvanse indicar las medidas adoptadas para garantizar que todas las entidades gubernamentales pertinentes dispongan de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la implementación del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio (2020-2030) y concretar las medidas que se hayan adoptado para aplicar un enfoque multidisciplinario e intersectorial sostenible y coordinado para poner fin a la violencia de género. Especifiquen las medidas adoptadas para garantizar la implementación eficaz del Plan mediante una mejor coordinación intergubernamental y una supervisión y evaluación basadas en los resultados. Sírvanse proporcionar información sobre la implementación de medidas o programas de carácter preventivo relacionados con la violencia sexual y por razón de género que estén orientados hacia la investigación o basados en pruebas.

Respuesta

Marco reglamentario: Consejo Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio

Se ha elaborado el borrador de un proyecto de ley, cuyos trámites se están acelerando con miras a su promulgación.

El proyecto de ley prevé un enfoque multisectorial e intersectorial para la implementación del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio en los planos nacional, provincial y local, en las comunidades y en otros foros.

El Parlamento ha aprobado tres proyectos de ley sobre la violencia de género y el feminicidio para mejorar la rendición de cuentas con respecto a su ejecución: la Ley de Enmienda de la Ley Penal (Delitos Sexuales y Asuntos Conexos), el proyecto de enmienda de la Ley contra la Violencia Doméstica y el proyecto de enmienda de la Ley sobre Asuntos Penales y Conexos.

Primer Fondo de Respuesta del Sector Privado a la Violencia de Género y el Feminicidio

En febrero de 2021 se puso en marcha el Primer Fondo de Respuesta del Sector Privado a la Violencia de Género y el Feminicidio, para el que se recaudó un importe inicial de 128 millones de rand. El fondo sigue los principios consagrados en el Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio de aprovechar las funciones, las responsabilidades y los recursos de todas las partes interesadas.

Este Fondo tiene por objeto transmitir un claro mensaje, a toda Sudáfrica y al mundo, de que el sector privado está decidido a adquirir firmes compromisos financieros para implementar el Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio y dar una respuesta amplia a la violencia de género y el feminicidio en el país.

Debido a la lucha contra la COVID-19, se han reducido los fondos disponibles para las prioridades principales del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio. El fondo del sector privado reduce estas brechas al aportar financiación para esferas prioritarias y lecciones que se aplicarán cuando se establezca el fondo general contra la violencia de género y el feminicidio.

Una vez establecido, el Consejo Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio, que se prevé que sea una entidad oficialindependiente, establecerá un fondo multisectorial contra la violencia de género y el feminicidio.

La violencia de género y el feminicidio como prioridades nacionales: supervisión y rendición de cuentas

El Presidente ha estado en primera línea y ha encabezado la respuesta nacional a la violencia de género y el feminicidio. En este contexto, se ha reconocido que la violencia de género y el feminicidio son una pandemia paralelaa la COVID-19 y se les ha dado prioridad.

Este hecho ha contribuido a que distintos sectores de la sociedad abordaran la violencia de género y el feminicidio y tomaran conciencia de la urgencia de adoptar un enfoque pangubernamental.

En junio de 2020 se estableció el Comité Interministerial, que, durante el primer año de implantación del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio, contribuyó a garantizar que este Plan se integrara en los procesos de planificación gubernamental, que contara con los recursos necesarios y que se alcanzaran resultados concretos y tangibles.

Plataforma de colaboración multisectorial

En ausencia del Consejo Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio, el establecimiento de una plataforma de colaboración multisectorial voluntaria ha garantizado la participación de todos los interesados, en particular la sociedad civil.

Esta plataforma de colaboración dinámica, dirigida por el Gobierno con el apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ha pasado de contar con 36 organizaciones de la sociedad civil a 82, así como unos 400 particulares del Gobierno, la sociedad civil y el mundo laboral.

La plataforma lleva a cabo intervenciones rápidas de alto nivel para apoyar los resultados más amplios del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio, y su continuo crecimiento refleja el progreso en el fomento de la colaboración multisectorial. Asimismo, cuenta con el apoyo técnico de los asociados para el desarrollo.

El establecimiento de Faith Action to End Gender-Based Violence también ha contribuido a esta plataforma. Este colectivo, que ha pasado de estar integrado por 44 organizaciones a 182 desde que se estableció en 2020, se centra principalmente en mejorar la situación realizando actividades de prevención y reconstruyendo la cohesión social.

Recursos humanos y apoyo técnico para la lucha contra la violencia de género y el feminicidio

Se está llevando a cabo la adaptación del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio al contexto local. En las provincias se está observando la urgencia de establecer estructuras de coordinación multisectoriales en los ámbitos provincial, local y de distrito o revitalizarlas, así como de elaborar planes de aplicación y coordinar la aplicación y la presentación de informes.

Mediante el apoyo del programa de la Unión Europea para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se está adquiriendo una mayor capacidad para reforzar la institucionalizacióndel Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio y la capacidad de planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación que respondan a las cuestiones de género en todos los ámbitos de la administración. A través de este programa, se está empleando a especialistas en seguimiento y evaluación, así como a personal para la captura de datos, a fin de fomentar la capacidad para impulsar el Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio a nivel provincial y el establecimiento y funcionamiento de las estructuras multisectoriales de respuesta rápida a nivel local.

A fin de garantizar que no haya demoras en la aplicación del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio, se ha designado un equipo técnico en régimen contractual a nivel nacional para desempeñar funciones de secretaría en ausencia del Consejo Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio y fomentar la participación de todos los interesados, prestando especial atención a la participación de la sociedad civil.

Seguimiento y evaluación

Se ha elaborado un marco de seguimiento y evaluación quinquenal para el período 2020-2024 a fin de guiar los sistemas y procesos de seguimiento, evaluación y presentación de informes sobre los resultados de las intervenciones descritas en el Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio.

En este marco figuran la teoría del cambio, las definiciones de los indicadores técnicos, los procesos de flujo de datos, las funciones y responsabilidades, y la capacidad necesaria para la aplicación.

Además, se ha apoyado este proceso mediante la elaboración de una estrategia de comunicación, una estrategia nacional amplia de prevención de la violencia de género y el feminicidio, y la determinación de costos del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio.

Se ha brindado un fuerte apoyo a todos estos procesos mediante los conocimientos técnicos de los asociados para el desarrollo.

Se han elaborado herramientas y se han establecido mecanismos para la presentación de informes. Desde junio de 2020 se han utilizado, de forma experimental, informes de seguimiento semanales para institucionalizar el proceso de presentación de informes sobre los progresos alcanzados. A partir de febrero de 2021, cada mes se presentan al Presidente informes sobre los progresos realizados en la aplicación, con miras a evaluar oportunamente el progreso alcanzado y determinar los posibles ámbitos de mejora. Se están aplicando procesos para mejorar la presentación de informes por sectores distintos del gubernamental, prestando especial atención a las organizaciones de la sociedad civil.

La COVID-19 ha reducido el alcance de las actividades, ya que gran parte de las interacciones han sido virtuales. El Gobierno está usando la radio y los medios sociales como vías de comunicación para llegar a la comunidad en general y ampliar su alcance en las comunidades rurales.

El Presidente encomendó a un Comité Directivo Interino sobre la Violencia de Género y el Feminicidio que preparara un Plan de Acción de Respuesta de Emergencia para aplicarlo durante seis meses, del 1 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, y convocó una sesión conjunta del Parlamento para debatir la situación de la violencia contra las mujeres y las niñas y unir al país en torno al plan nacional. El Presidente también anunció una asignación presupuestaria especial de 1.600 millones de rand para este plan de emergencia semestral. El plan consistió en un programa de respuesta rápida de ámbito multisectorial, interdepartamental, gubernamental y de la sociedad civil orientado a catalizar y galvanizar la adopción de medidas sobre el terreno y detectar y subsanar las deficiencias en la prestación de servicios a las víctimas de esta violencia.

En el plan de emergencia se abordaban cinco intervenciones clave: i) brindar acceso a la justicia a las víctimas y supervivientes; ii) cambiar las normas y los comportamientos mediante actividades de prevención de alto nivel; iii) responder urgentemente a las víctimas y supervivientes de la violencia de género; iv) mejorar la rendición de cuentas y la estructura para responder adecuadamente al flagelo de este tipo de violencia; y v) dar prioridad a las intervenciones que faciliten oportunidades económicas para reducir la vulnerabilidad económica de las mujeres.

En marzo de 2020, el Gobierno de Sudáfrica aprobó el Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio, que tiene por objeto proporcionar un marco de política estratégica y de programación multisectorial y coherente para fomentar el logro, por parte del Gobierno de Sudáfrica y el país en general, de una respuesta nacional coordinada a la crisis de la violencia de género y el feminicidio. La estrategia está destinada a abordar las necesidades y los desafíos a que se enfrentan todas las partes, especialmente por motivos de edad, orientación sexual, e identidad sexual y de género, y grupos específicos, como las mujeres de edad, con discapacidad, migrantes o transgénero, que se ven afectadas por el flagelo de la violencia de género en Sudáfrica.

El Presidente ha pedido que se le presenten informes semanales sobre el progreso alcanzado en la aplicación del plan estratégico nacional, lo que viene haciéndose desde que comenzó el confinamiento causado por la COVID-19 en el país. Además, en el marco de su mandato de supervisión, el Parlamento Nacional ha elaborado un marco de supervisión en materia de violencia de género y feminicidio, que se publicó en octubre de 2020, para el Sexto Parlamento de Sudáfrica. Se prevé que el Parlamento Nacional haga rendir cuentas a los distintos departamentos gubernamentales y a las estructuras provinciales y locales en lo que respecta a sus responsabilidades en la lucha contra el flagelo de la violencia de género y el feminicidio en el país, de conformidad con el Plan Estratégico Nacional.

El Gobierno de Sudáfrica también está reforzando y haciendo más estricto el estado de derecho como factor de disuasión para abordar y eliminar el flagelo de la violencia de género y el feminicidio en el país. Así pues, este año se han realizado enmiendas de tres leyes ya existentes, que el Parlamento Nacional está examinando con miras a ultimar los proyectos de ley y promulgarlos como leyes: i) el proyecto de enmienda de la Ley contra la Violencia Doméstica [B20-2020]; ii) el proyecto de enmienda de la Ley sobre Asuntos Penales y Conexos [B17-2020]; y iii) el proyecto de enmienda de la Ley Penal (Delitos Sexuales) [B16-2020]. El país también está estudiando la cuestión de las órdenes de protección en línea para las víctimas, especialmente durante la pandemia de COVID-19, y el flagelo de la violencia doméstica en los espacios confinados.

Además, uno de los objetivos de la Declaración de la Cumbre es establecer un Consejo Nacional contra la Violencia de Género. Está en marcha el proceso de nombramiento de los miembros del Consejo, y en 2021 el Gobierno también ha iniciado el proceso de contratación para la secretaría del Consejo.

El 18 de septiembre de 2019, el Presidente expresó el compromiso del país de combatir el flagelo de la violencia de género y el feminicidio, que habían alcanzado proporciones endémicas en Sudáfrica. El Presidente también anunció un plan de emergencia para combatir la violencia de género, que se aplicaría sin demora, basado en cinco objetivos, incluida la mejora del marco jurídico y normativo para reforzar la respuesta del Estado a este problema.

Una de las medidas que debían adoptarse, según se indicó, era hacer más estricta la Ley de Enmienda de la Ley Penal (Delitos Sexuales y Asuntos Conexos) de 2007 (Ley núm. 32 de 2007) (“la Ley principal”), entre otras medidas legislativas que se recomendaron para reforzar la respuesta de Sudáfrica a la violencia de género y el feminicidio, en particular la legislación que rige el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales.

El pilar 3 del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio también requería que el Departamento de Justicia elaborara un proyecto de ley de enmienda para reforzar la implementación del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. En noviembre de 2020, el Ministro de Justicia y Servicios Penitenciarios presentó en el Parlamento el proyecto de enmienda de la Ley Penal (Delitos Sexuales y Asuntos Conexos), en el que se proponían las modificaciones que surgieron de las 24 exigencias formuladas por el movimiento #TheTotalShutDown.

El proyecto de ley tiene, entre otros, los siguientes objetivos:

a)Ampliar el alcance del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales para incluir los datos de todos los delincuentes sexuales, y no solo los autores de delitos sexuales contra los niños y las personas con discapacidad mental;

b)Ampliar la lista de personas que deben protegerse para incluir a otras personas vulnerables, a saber, determinadas jóvenes, las personas con discapacidad física, mental, sensorial o intelectual y las personas mayores de 60 años que, por ejemplo, reciban servicios comunitarios de cuidado y apoyo; y

c)Prolongar los períodos en que los datos personales de un delincuente sexual deben permanecer en el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales antes de eliminarse de este. El proyecto de ley propone también ampliar el ámbito del delito de incesto e introduce un nuevo delito de intimidación sexual.

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley mencionado el 3 de junio de 2021 y lo envió al Consejo Nacional de Provincias para que diera su anuencia. El 1 de septiembre de 2021, el Consejo, en su sesión virtual, aprobó este y otros proyectos de ley. Se prevé que el proyecto de ley transforme el panorama en cuanto al modo en que los departamentos gubernamentales, las fuerzas del orden y los tribunales abordan los casos relativos a delitos violentos en Sudáfrica, especialmente los casos de violencia sexual contra las mujeres y las personas vulnerables.

Estrategia Nacional Integrada de Prevención del Feminicidio

El Departamento está ultimando una Estrategia Nacional Integrada de Prevención del Feminicidio, para cuya elaboración ha facilitado conocimientos especializados el Consejo Sudafricano de Investigación Médica, y que ha contado con la financiación del Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional. La Estrategia fue aprobada por el Comité Intersectorial contra la Violencia Doméstica y el Feminicidio el 8 de septiembre de 2021, y ha sido aprobada también por el Comité encargado del pilar 3 de la Estrategia Nacional Integrada contra la Violencia Doméstica y el Feminicidio. La Estrategia se presentará al pleno de los pilares de la Estrategia Nacional Integrada el 30 de septiembre de 2021, y está previsto que, tras concluir otros procesos, se presente al Gabinete al final del ejercicio económico 2021/22 a más tardar. Se prevé que la Estrategia se incorpore como adición al Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio.

Estas medidas tienen por objeto aliviar la presión que soporta actualmente la oficina en materia de capacidad. Las tareas pueden consistir en realizar investigaciones individuales y atender los requisitos de certificados de autorización que las instituciones privadas establecen para sus empleados y contratistas, obtener formularios de candidatura, tramitar solicitudes, responder a consultas en las distintas regiones y facilitar información a los candidatos sobre la situación de sus candidaturas.

El Servicio de Policía de Sudáfrica forma parte de las estructuras de planificación, aplicación y vigilancia del Comité Directivo encargado de supervisar la aplicación del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio. El Comité está coordinado por la Presidencia, con la asistencia del Departamento de Asuntos de las Mujeres, Juventud y Personas con Discapacidad, al que el Servicio de Policía de Sudáfrica proporciona informes mensuales sobre el progreso alcanzado en la aplicación del Plan Estratégico.

El 15 de marzo de 2021, el Servicio de Policía de Sudáfrica elaboró y aprobó la aplicación de su Plan de Acción Integrado contra los Delitos Sexuales y la Violencia de Género, que apoya la aplicación del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio. El plan se basa en varios ámbitos de actividad del Servicio de Policía de Sudáfrica que repercuten en la facilitación de recursos humanos, técnicos y financieros y en las actividades destinadas a combatir la violencia de género desde la perspectiva policial. El 1 de septiembre de 2020 se estableció un Comité Directivo sobre Violencia de Género, un órgano multidisciplinario de alto nivel que supervisa la aplicación del Plan de Acción. Se celebran reuniones bimensuales en las que se examina el progreso alcanzado.

El Comité Directivo consta de Comisionados de División, que son jefes de las divisiones encargadas de especialidades como los servicios de primera línea en las comisarías de policía, los servicios de detectives, los servicios forenses, el desarrollo de los recursos humanos, la elaboración de políticas, el asesoramiento legislativo, las inspecciones de aseguramiento de la calidad, los sistemas de información sobre la gestión, la gestión del personal y la disciplina. Los Comisionados Provinciales, que son jefes del Servicio de Policía de Sudáfrica de ámbito provincial, también forman parte de esta estructura o han delegado su participación en ella en un representante de categoría superior. El Comité Directivo cuenta con el apoyo del Foro Interdivisional sobre Delitos contra Mujeres, Niños y Grupos Vulnerables, compuesto por expertos técnicos de varios ámbitos de actividad, que garantizan la aplicación de los indicadores y las metas que figuran en el Plan de Acción. Se celebran reuniones mensuales en que se examina el progreso alcanzado.

Todas las provincias tienen comités directivos provinciales del Servicio de Policía de Sudáfrica sobre violencia de género, estructurados de modo multidisciplinario, que supervisan la aplicación del Plan de Acción. Estas estructuras tienen el mandato de detectar, gestionar y abordar los obstáculos que pueda haber para la aplicación del plan.

El Plan de Recursos contra la Violencia de Género y los Delitos Sexuales se presentó al Comité de Recursos del Servicio de Policía de Sudáfrica el 30 de abril de 2021 para que asignara los recursos financieros, humanos y físicos pertinentes. En todas las comisarías de policía hay coordinadores en materia de violencia de género, violencia doméstica y empoderamiento de las víctimas, así como una sala de apoyo a las víctimas operativa o una sala alternativa que funciona como sala de apoyo a las víctimas. El Servicio de Policía está estableciendo en las comisarías de policía despachos contra la violencia de género para abordar adecuadamente los incidentes relacionados con la violencia de género. Hay un Comité Directivo Nacional del Servicio de Policía de Sudáfrica contra la Violencia de Género, así como nueve comités directivos provinciales contra la violencia de género para velar por que se realice un esfuerzo coordinado de lucha contra este fenómeno.

El Servicio de Policía de Sudáfrica ofrece los siguientes programas de aprendizaje a sus miembros en relación con la Ley contra la Violencia Doméstica y la Ley contra los Delitos Sexuales:

•Equipos de respuesta inicial a los delitos sexuales:

•Objetivo: proporcionar a los equipos de respuesta inicial a los delitos sexuales los conocimientos, las aptitudes y los medios necesarios para recopilar pruebas e información de un modo que contribuya a la investigación de las denuncias de delitos sexuales;

•Violencia familiar, protección de la infancia y delitos sexuales:

•Objetivo: proporcionar a los miembros de los equipos de respuesta inicial a los delitos vinculados a la violencia familiar, la protección de la infancia y los delitos sexuales las aptitudes y herramientas necesarias para llevar a cabo investigaciones sobre casos relacionados con estos delitos de forma profesional y eficiente, de acuerdo con las obligaciones internacionales, la legislación pertinente y las normas institucionales;

•Violencia doméstica:

•Objetivo: proporcionar a los miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica los conocimientos, las aptitudes y los medios necesarios para trabajar eficazmente en un entorno policial para atender incidentes de violencia doméstica;

•Empoderamiento de las víctimas:

•Objetivo: proporcionar a los miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica los conocimientos, las aptitudes y los medios necesarios para apoyar a las víctimas al atender las denuncias de acuerdo con las normas institucionales;

•Programa docente de desarrollo policial básico:

•Objetivo: proporcionar al personal nuevo del Servicio de Policía de Sudáfrica los conocimientos, las aptitudes y los medios necesarios para trabajar eficazmente en un entorno policial al atender incidentes de violencia doméstica;

•Grupos vulnerables:

•Objetivo: proporcionar a los miembros los conocimientos, las aptitudes y los medios necesarios para que trabajen eficazmente en un entorno policial al atender a grupos vulnerables;

•Niños y jóvenes en situación de riesgo:

•Objetivo: proporcionar a los miembros los conocimientos, las aptitudes y los medios necesarios para trabajar eficazmente con los niños y los jóvenes que corren el riesgo de estar implicados en actividades delictivas y los que están acusados de delitos.

Número total de miembros formados y a los que se ha declarado competentes en el período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2021, según lo establecido en el Sistema de Administración de la Capacitación, el 15 de septiembre de 2021

Descripción del curso

Miembros formados

Miembros competentes

Curso básico de negociación en tomas de rehenes o amenazas de suicidio

80

74

Programa nacional de capacitación para el empoderamiento de las víctimas

4 862

4 845

Programa docente sobre violencia doméstica

11 740

11 690

Niños y jóvenes en situación de riesgo

4 364

4 335

Programa sobre derechos humanos en las actuaciones policiales

3 741

3 740

Programa de aprendizaje para equipos de respuesta inicial a delitos sexuales

7 551

7 542

Curso sobre delitos sexuales para oficiales investigadores

3 422

3 409

Programa 1 sobre aptitudes de resolución de delitos

5 412

5 214

Curso sobre niños vulnerables

8 083

8 065

Programa docente de desarrollo policial básico

10 156

10 155

Prácticas básicas de investigación sobre delitos

4 752

4 712

Violencia familiar, protección de la infancia y delitos sexuales

852

852

Curso sobre delitos de motivación psicológica

267

263

Total

65 282

64 896

Se ha elaborado una herramienta de vigilancia para facilitar el seguimiento de las actividades del Servicio de Policía de Sudáfrica destinadas a la aplicación del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio (2020-2030) y la presentación de informes al respecto. El Servicio de Policía de Sudáfrica informa cada mes al Departamento de Asuntos de las Mujeres, Juventud y Personas con Discapacidad sobre la aplicación del Plan Estratégico mencionado.

Sírvanse proporcionar datos estadísticos sobre el alcance y la magnitud de todas las formas de violencia por razón de género contra las mujeres, desglosados por edad, origen étnico, raza, nacionalidad, discapacidad, condición socioeconómica, albinismo y cualquier otra situación, así como sobre los efectos de las medidas adoptadas para prevenir esa violencia, investigar los casos de violencia, enjuiciar y castigar a los autores y brindar apoyo, por ejemplo, refugios, así como protección, socorro y recursos, incluida una indemnización adecuada, a las víctimas y sus familias.

Respuesta

El Servicio de Policía de Sudáfrica no cuenta con un código para la violencia de género contra las mujeres en el Resumen Diario de Delitos Graves. El Registrador de Delitos del Servicio de Policía de Sudáfrica, por tanto, no está en condiciones de verificar la autenticidad de los delitos que no tienen código en el Resumen Diario de Delitos Graves, por lo que dependería de que la información se inscribiera correctamente durante la fase de registro del expediente y de que se reflejaran otras variables descriptivas, por ejemplo, la situación económica, la discapacidad, la orientación sexual y otras. Si no se reflejan estas variables al registrar el expediente, el Registrador de Delitos del Servicio de Policía de Sudáfrica no puede usar ningún análisis para obtener esta información.

El Servicio de Policía de Sudáfrica participa activamente en el programa del observatorio contra el feminicidio, dirigido por el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional, y contribuyó al desarrollo del Proyecto Transversal del Sistema Integrado de Justicia del Observatorio contra el Feminicidio y seguirá contribuyendo a la implementación de este sistema.

Sírvanse proporcionar información detallada sobre el estado de establecimiento de un observatorio contra el feminicidio.

Respuesta

Sudáfrica inició el establecimiento de un observatorio contra el feminicidio para el país en 2018, con lo que fue el primer país del continente africano en hacerlo.

Pese a la cantidad cada vez mayor de casos de feminicidio denunciados, el país no tiene un inventario de estos casos, principalmente debido a la falta de un marco jurídico que establezca el feminicidio como delito específico. Actualmente, todo homicidio, independientemente del género, sexo o edad de la víctima, se clasifica como un delito de asesinato. Esto ha dado lugar, inevitablemente, a la falta de datos desglosados, por lo que el país no tiene cifras fiables de los casos de feminicidio.

Tras su visita de diciembre de 2015, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias recomendó, en su informe, que Sudáfrica estableciera el observatorio contra el feminicidio para subsanar las deficiencias que existían en la gestión de datos. El 25 de noviembre de 2015, en su informe a la Asamblea General (A/71/398), declaró que la recopilación y el análisis de los datos sobre el feminicidio era un desafío mundial y solicitó a todos los Estados partes que establecieran un observatorio contra el feminicidio.

En 2018, el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional atendió el llamamiento de las Naciones Unidas de dar comienzo al establecimiento de la iniciativa de un observatorio contra el feminicidio en Sudáfrica, el primero del continente africano. El proyecto forma parte del movimiento más amplio de lucha contra el feminicidio, que el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional inició en 2016 para reducir la incidencia del feminicidio en el país y responder a las recomendaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, entre otras cosas. El movimiento de lucha contra el feminicidio es una intervención conjunta, formada principalmente por organizaciones de la sociedad civil compuestas de hombres y otras partes interesadas pertinentes para erradicar los factores que se ha determinado que causan este flagelo, responder a ellos y prevenirlos.

El movimiento de lucha contra el feminicidio tiene por objeto facilitar múltiples plataformas para la difusión de información, a saber, los cuatro pilares del proyecto: las aportaciones al informe anual del Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional, un panel de información del observatorio contra el feminicidio para el seguimiento interdepartamental, un sitio web para los usuarios públicos, e informes especiales en que se realiza un análisis a fondo. El panel de información del observatorio contra el feminicidio se ha elaborado como herramienta de gestión para facilitar el seguimiento de los casos de feminicidio en el país.

Se han logrado los entregables establecidos en el plan de desempeño anual para 2020/21, y el panel de información del observatorio contra el feminicidio se ha adoptado como herramienta de gestión para los interesados gubernamentales pertinentes. La iniciativa del observatorio contra el feminicidio pone de manifiesto la importancia de recopilar información comparable a nivel mundial. Sudáfrica tiene una alta tasa de feminicidios con respecto a otros países que cuentan con un observatorio contra el feminicidio en funcionamiento. Es sumamente importante aplicar un mecanismo de vigilancia para elaborar medidas correctivas a fin de reducir los casos de feminicidio. La implementación de la fase 3 del panel de información del observatorio contra el feminicidio en el ejercicio económico 2020/21 puede considerarse un éxito, habida cuenta de que el panel funciona correctamente, es accesible para los interesados y ha sido aceptado por los interesados pertinentes.

Sudáfrica, como país progresista, será uno de los pocos países del mundo en contar con un observatorio sobre el feminicidio establecido, según lo prescrito y definido por las Naciones Unidas, y el primer país de África en emprender esta innovación. Por ello, el apoyo político es fundamental e indispensable para que este proyecto dé sus frutos.

El objetivo principal del observatorio contra el feminicidio era garantizar que se mantuvieran estadísticas y datos en un inventario para contribuir a prevenir los casos de feminicidio en el país y darles seguimiento. El panel de información del observatorio, que se ha desarrollado en conjunto con el Sistema Integrado de Justicia como herramienta de gestión, puede contribuir a los siguientes fines:

a)Recopilar todos los casos de feminicidio y darles seguimiento;

b)Analizar minuciosamente los datos para determinar las tendencias y los perfiles de los autores y las víctimas de delitos;

c)Elaborar políticas, leyes, programas e iniciativas de impacto y con capacidad de respuesta;

d)Asignar recursos para intervenir en las esferas que lo necesiten;

e)Publicar periódicamente estadísticas sobre el feminicidio, gestionadas mediante el panel de información, para sensibilizar a la población del país y mantener vivo el recuerdo de la realidad de las tragedias y como medida de prevención, entre otras cosas.

Los interesados que hayan sido identificados y autenticados podrán determinar las zonas en que hay una alta incidencia de delitos a fin de adoptar medidas correctivas y canalizar los recursos hacia donde más se necesitan. La información se obtiene del Sistema Integrado de Justicia, a partir de los datos presentados por el Servicio de Policía de Sudáfrica y el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional.

El panel de información del observatorio contra el feminicidio ofrece las siguientes funciones:

•Un panorama general de la situación actual del feminicidio en Sudáfrica, basado en cifras totales agregadas;

•Capacidad de filtrado de datos;

•Un mecanismo para facilitar información sobre quienes cometen los delitos, como su edad y género;

•Un mecanismo para facilitar información sobre las víctimas, como su edad;

•Un mecanismo para informar sobre los diversos métodos utilizados en el asesinato de mujeres;

•Un mecanismo para informar sobre los distintos instrumentos usados en el asesinato de mujeres;

•Un mecanismo para informar sobre los perpetradores empleados por el Gobierno;

•Un mecanismo para informar sobre los perpetradores desempleados;

•Un mecanismo para informar sobre las discapacidades de los perpetradores;

•Un mecanismo para informar sobre los grupos raciales a que pertenecen los perpetradores;

•Un mecanismo para informar sobre el estado civil de los perpetradores;

•Un mecanismo para informar sobre las denuncias de incidentes;

•Un mecanismo para informar sobre las discapacidades de las víctimas;

•Un mecanismo para informar sobre los grupos raciales a que pertenecen las víctimas;

•Un mecanismo para informar sobre el estado civil de las víctimas;

•La posibilidad de realizar análisis y comparaciones de los delitos denunciados (Servicio de Policía de Sudáfrica) y la información de los tribunales (Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional);

•La posibilidad de gestionar más de cerca los indicadores clave del desempeño de cada departamento;

•La posibilidad de aplicar medidas correctivas rápidamente en función de la información disponible;

•La posibilidad de ver y analizar toda la información en un mismo lugar;

•Información consolidada y agrupada de antemano; y

•La presentación de información a simple vista en gráficos y figuras fáciles de comprender.

Todos los entregables indicados se presentaron y finalizaron para el ejercicio económico 2020/21.

La implementación de la fase 3 del panel de información del observatorio contra el feminicidio en el ejercicio económico 2020/21 puede considerarse un éxito, habida cuenta de que el panel funciona correctamente, es accesible para los interesados y ha sido aceptado por los interesados pertinentes.

En el ejercicio económico 2021/22 se ha comenzado a trabajar en la fase 4, que tiene por objeto incorporar datos en vivo al panel de información del observatorio para que los interesados internos los utilicen.

Sírvanse también concretar las medidas adoptadas para garantizar que en todo el sistema de justicia penal, el sistema educativo y el sistema de apoyo social existan servicios de calidad disponibles centrados en las víctimas y para reforzar la eficacia, la eficiencia y la coordinación en lo que atañe a la emisión de órdenes de protección.

Respuesta

Al final del ejercicio 2019/20 se publicó el borrador del proyecto de enmienda de la Ley Penal (Delitos Sexuales y Asuntos Conexos) de 2020, para que el público formulara observaciones. A fin de apoyar a las supervivientes de la violencia de género, el Reglamento de los tribunales sobre delitos sexuales se promulgó como ley, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55A de la Ley de Enmienda de la Ley Penal (Delitos Sexuales y Asuntos Conexos) de 2007 (Ley núm. 32 de 2007), para garantizar la distribución equitativa de los servicios de apoyo a las víctimas. En el Reglamento se establece un catálogo estandarizado de servicios de apoyo a supervivientes de delitos sexuales para crear una experiencia judicial que se caracterice por el cuidado, el respeto y la dignidad, con el objetivo último de eliminar la victimización secundaria en el sistema judicial, como requiere el Plan Estratégico Nacional contra la Violencia de Género y el Feminicidio elaborado conforme a la Declaración de la Cumbre Presidencial contra la Violencia de Género y el Feminicidio de 2019. En el ejercicio económico 2019/20 se establecieron 13 tribunales para delitos sexuales a fin de reducir los niveles cada vez mayores de violencia sexual en el país, con lo que se ha alcanzado la cifra de 108 tribunales de este tipo. En diciembre de 2019, estos tribunales se mencionaron en BBC World News como un modelo de mejor práctica internacional.

En relación con el objetivo de eliminar el flagelo de la violencia contra las mujeres y los niños, se hace especial hincapié en el enjuiciamiento de los asuntos vinculados a delitos sexuales. La mejora del porcentaje de condenas en casos de delitos sexuales en el ejercicio económico 2019/20, que fue del 75,2 %, el más alto de la historia, refleja el firme compromiso de ofrecer justicia a los miembros más vulnerables de la sociedad: las víctimas de los delitos sexuales y la violencia de género.

La Fiscalía Nacional ha dado un mayor papel a las víctimas en el proceso de justicia penal, que durante el ejercicio económico 2019/20 tuvo como uno de sus objetivos centrales lograr mejoras mensurables en la prestación de servicios a las víctimas de delitos. Se atendió a los derechos y las necesidades de las víctimas de delitos, en particular las personas vulnerables, mediante iniciativas como los centros de atención Thuthuzela y los servicios de preparación para los tribunales. El valor de los centros Thuthuzela se basa en los servicios prestados a las víctimas de delitos sexuales y delitos conexos. Durante el ejercicio económico 2019/20, en estos centros se brindó ayuda a 35.469 víctimas, de las que 31.807 (un 89,7 %) eran víctimas de delitos sexuales, y los oficiales de preparación para los tribunales ayudaron a 97.671 testigos. Estos oficiales no solo ayudan a las víctimas de delitos, sino que también velan por que se otorgue a las víctimas un mayor papel en el proceso de obtener justicia. Mediante estrategias específicas para dar prioridad a la recuperación, se logró que se hicieran importantes pagos a las víctimas de delitos.

Al parecer, algunas mujeres, como las lesbianas, las bisexuales, las transgénero, las refugiadas, las mujeres con discapacidad y las mujeres y niñas con albinismo, están más expuestas a la violencia por razón de género que otras mujeres. Sírvanse proporcionar datos estadísticos desglosados sobre la interacción entre el sexo y otros motivos, como el género, la raza, el origen étnico, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la situación socioeconómica, el albinismo y otras situaciones en relación con el riesgo de ser objeto de violencia, incluida la violencia sexual. Sírvanse indicar las leyes, políticas y programas que abordan y protegen los derechos y las necesidades de las mujeres y las niñas que corren el riesgo de sufrir formas interseccionales de discriminación y violencia o se ven afectadas por ellas.

Respuesta

En 2019, el Gabinete de la República de Sudáfrica aprobó el Plan de Acción Nacional de Lucha contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. A través del Plan, todos los sectores de la sociedad se comprometen a promover y proteger los derechos humanos y a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a la lucha contra el racismo, la igualdad y la eliminación de la discriminación. En el Plan también se pide que se establezca una alianza entre los departamentos gubernamentales y las instituciones incluidas en el capítulo 9 de la Constitución para impartir educación contra el racismo y la discriminación.

El Plan de Acción Nacional da prioridad a los grupos de personas que, además de ser víctimas de discriminación racial, se enfrentan a formas múltiples de discriminación, como los pobres de zonas rurales y urbanas, los trabajadores y habitantes de explotaciones agrícolas, las personas que viven en la pobreza extrema, las mujeres y las niñas, los niños y los jóvenes, los apátridas, los trabajadores domésticos, las personas que viven con el VIH/sida, las personas con discapacidad, las personas de edad, las personas privadas de libertad, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y las personas afectadas por conflictos armados o desastres naturales.

Sudáfrica cuenta con un equipo de tareas para abordar los casos de violencia contra las personas LGBTI y colabora estrechamente con la sociedad en lo relativo a la protección de los derechos de estas personas. El trabajo del Equipo de Tareas Nacional sobre los Derechos de las Personas LGBTI fue elogiado por las Naciones Unidas como un modelo de mejores prácticas. Durante el ejercicio económico 2019/20, el Departamento de Justicia examinó la posibilidad de dialogar con asociados de la sociedad civil en relación con la posibilidad de ampliar el mandato de este equipo de tareas para abordar las dificultades que existen para que las personas LGBTI hagan realidad sus derechos de forma más amplia.

Actualmente, los sistemas del Servicio de Policía de Sudáfrica no cuentan con datos desglosados sobre las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, las refugiadas, las mujeres con discapacidad y las mujeres y niñas con albinismo.

Estas son algunas de las políticas del Servicio de Policía de Sudáfrica que protegen los derechos de las mujeres en situación de riesgo (mujeres con discapacidad, incluido el albinismo, y personas afectadas por cuestiones de orientación sexual o identidad de género):

•Procedimientos Operativos Estándar para Respetar, Proteger y Promover los Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (2019);

•Directrices para la Prestación de Servicios Policiales a Personas con Discapacidad (2020);

•Directrices para las Personas de Edad (2018);

•Procedimientos Operativos Estándar para el Tratamiento Policial de la Prostitución (2019);

•Procedimientos Operativos Estándar contra la Trata de Personas: Identificación de Víctimas, Asistencia a las Víctimas y Remisión de Casos (2018).

Entre los programas que se han aplicado para la protección de las mujeres en situación de riesgo están los siguientes:

•Actividades de colaboración comunitarias para la educación y la sensibilización del público mediante el uso de materiales informativos para corregir mitos nocivos y sensibilizar al público acerca de las motivaciones para el tráfico de órganos y la mutilación para realizar prácticas de ocultismo que afectan a las personas con albinismo, incluidas las mujeres;

•Material promocional, por ejemplo, carteles en las comisarías de policía, con el fin de fomentar la protección de las personas con albinismo, incluidas las mujeres;

•Material promocional para fomentar el trato equitativo a las personas de edad y su protección frente al maltrato;

•Un memorando de entendimiento con DeafSA, que se está ultimando, para aumentar la disponibilidad de la interpretación en lengua de señas. Mientras tanto, existe un acuerdo provisional para acceder a los servicios de interpretación en lengua de señas de forma gratuita.

Se han facilitado y se han distribuido a instituciones para personas ciegas materiales de información pública en braille sobre los siguientes temas:

•Empoderamiento de las víctimas;

•Violencia doméstica;

•Delitos sexuales;

•Derechos del niño;

•Derechos de las personas de edad;

•Justicia de menores.

Trata y explotación de la prostitución

Según los párrafos 92 y 93, en 2013 se promulgó la Ley de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas (Ley núm. 7), y el Gobierno está adoptando todas las medidas necesarias para implementarla. Sírvanse explicar cómo se implementó la Ley, incluyendo ejemplos concretos, y describir los efectos de estas medidas. Sírvanse proporcionar información sobre las actividades en materia de desarrollo de la capacidad que se hayan llevado a cabo para funcionarios del poder judicial, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, guardias fronterizos y trabajadores sociales en lo que atañe a la implementación de la Ley y a un tratamiento de las víctimas que tenga en cuenta las cuestiones de género, así como a estrategias de localización, protección y aplicación de la ley. Especifiquen los servicios de que disponen las víctimas de la trata de personas, por ejemplo, los refugios, los servicios de detección temprana y la remisión a los servicios adecuados. Sírvanse también proporcionar datos sobre la trata y la explotación de mujeres que ejercen la prostitución, desglosados por edad, género, raza, nacionalidad, origen étnico, discapacidad y situación socioeconómica. Asimismo, sírvanse proporcionar información sobre los servicios de apoyo y los programas de rehabilitación, salida y reinserción que están a disposición de las mujeres que ejercen la prostitución en el Estado parte.

Respuesta

En 2019, Sudáfrica puso en marcha el Marco Nacional de Políticas sobre la Gestión de la Trata de Delitos contra las Personas, que fue elaborado junto con interesados clave del sistema de justicia penal, interesados pertinentes, asociados internacionales y agentes de la sociedad civil. El Marco tiene por objeto garantizar la planificación coordinada, la asignación de recursos y la ejecución de servicios en el ámbito de la trata de personas, afianza un enfoque centrado en las víctimas y favorece una mejor prestación de servicios para responder a las necesidades de las víctimas.

Por tanto, este Marco alienta un enfoque multidisciplinario de la planificación, la dotación de recursos y la prestación de servicios, y establece objetivos estratégicos claros que se implementan a través de un plan de ejecución interdepartamental trienal. Además, en virtud del Marco se establece el Comité Intersectorial Nacional sobre la Trata de Personas, además de comités provinciales intersectoriales y equipos de respuesta rápida. El Marco sirve como una herramienta de seguimiento, que el Comité mencionado usará al ejercer su función de seguimiento en todos los departamentos y las instituciones gubernamentales que se encargan de la ejecución.

Las dependencias de violencia familiar, protección de la infancia y delitos sexuales del Servicio de Policía de Sudáfrica tienen el mandato de investigar los delitos contra las mujeres y los niños, que se dividen en cuatro grupos principales:

•Delitos sexuales;

•Delitos contra las personas;

•Expulsión ilegal de una persona (menor de 18 años); y

•Delitos facilitados por medios electrónicos.

El Servicio de Investigación en materia de violencia familiar, protección de la infancia y delitos sexuales consta de las siguientes secciones:

•Investigaciones: se encarga de la investigación de todos los delitos relacionados con la violencia familiar, la protección de la infancia y los delitos sexuales;

•Investigaciones de delitos en serie y electrónicos: se encarga de la investigación de violadores en serie y delitos de utilización de niños en la pornografía;

•Servicio forense de trabajo social: se encarga de evaluar a las niñas víctimas de casos de abusos sexuales, tomar declaraciones a niños, preparar informes forenses para el tribunal y obtener testimonios de expertos en los tribunales.

Resumen de las condenas anuales dictadas por delitos de violencia familiar, delitos contra la protección de la infancia y delitos sexuales (2019/20)

Resumen: Condenas a nuales, 2019/20

1 a 9 años

10 a 19 años

20 años o más

Cadena perpetua

Período

Número de penas impuestas

Número de casos

Número de acusados

Número de penas impuestas

Número de casos

Número de acusados

Número de penas impuestas

Número de casos

Número de acusados

Cadena perpetua

Número de casos

Número de acusados

Cabo Oriental

321

53

49

620

46

42

658

24

25

32

30

31

Estado Libre

443

94

93

868

69

61

186

10

10

20

19

20

Gauteng

631

94

91

970

87

59

458

15

16

63

57

42

Kwazulu-Natal

322

78

90

635

42

43

854

32

32

54

50

47

Limpopo

214

47

46

1153

85

57

605

16

20

43

38

36

Mpumalanga

224

50

52

552

40

37

515

19

20

46

39

29

Noroeste

176

31

31

510

37

37

323

13

13

31

29

20

Cabo Septentrional

457

107

99

1242

52

45

613

20

21

12

12

9

Cabo Occidental

929

257

240

1616

123

106

796

30

32

55

38

32

Total

3 717

811

791

8 166

581

487

5 008

179

189

356

312

266

El Directorio de Investigación Prioritaria de Delitos del Servicio de Policía de Sudáfrica sigue celebrando sesiones de creación de capacidad para compartir información entre los miembros del Servicio de Policía sobre la aplicación de la Ley de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, de 2013 (Ley núm. 7 de 2013).

El Comisario Nacional del Servicio de Policía de Sudáfrica emitió la Instrucción Nacional núm. 4 de 2015 para seguir ayudando al Departamento a aplicar esta Ley.

En dicha Instrucción se incluyen anexos, entre ellos el anexo C, que se usa para realizar investigaciones de las víctimas de la trata de personas. La Instrucción va acompañada de los formularios SAPS 611 y SAPS 611 a) para facilitar la acogida de las víctimas de la trata en refugios y en servicios de custodia precautoria, respectivamente.

El Servicio de Policía de Sudáfrica también tiene procedimientos operativos estándar para la identificación de las víctimas, la asistencia a estas y el sistema de remisión de casos. Sus miembros participan en los talleres integrados sobre la trata de personas organizados por la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Nacionalidad

Sírvanse especificar las medidas adoptadas para que las mujeres de las zonas rurales tengan acceso a la inscripción de los nacimientos. Sírvanse indicar las medidas que se hayan adoptado para revisar la Ley de Registro de Nacimientos y Defunciones, de 1992, a fin de garantizar que los hijos de madres indocumentadas no se conviertan en apátridas.

Respuesta

El Departamento del Interior se ha asociado con el Departamento de Salud para llevar a cabo un proyecto de registro de nacimientos a fin de garantizar que se registren todos los nacimientos que tengan lugar en los centros de salud. Se está llevando a cabo un proyecto que permitirá el registro de nacimientos en los 1.445 servicios de salud que tienen salas de maternidad.

El Departamento ha seguido prestando servicios, y sus logros incluyen 412 oficinas de servicios cívicos, 100 camiones móviles, 72 puertos de entrada, cinco oficinas de recepción de refugiados, el centro de repatriación de Lindela y una presencia en 32 misiones en el extranjero. Además, el Departamento mejoró el acceso a sus servicios asociándose con bancos y centros de salud. En marzo de 2020 había 391 centros de salud (322 públicos y 69 privados) conectados al Registro Nacional de Población y con capacidad para registrar nacimientos y defunciones.

El Departamento del Interior registró 845.253 nacimientos en 30 días naturales, lo que significa que cerca del 77 % de los 1,1 millones de nacimientos anuales previstos se registraron en un plazo de 30 días. Mediante el programa de registro temprano de nacimientos se redujeron en un 27,8 % los registros tardíos de los nacimientos, y la cifra de niños no registrados mayores de 14 años disminuyó un 59,8 %. Este programa garantiza que los niños obtengan su identidad al principio de su vida, lo que facilita su trayectoria vital. El programa se basó en la estrategia de aumentar la repercusión en los centros de salud. El registro de nacimientos se centra en facilitar que los progenitores registren el nacimiento de los recién nacidos en sus primeros 30 días.

Educación

Según el párrafo 51, el Tribunal dictaminó que debían revisarse las políticas vigentes que establecían que las niñas embarazadas no deben asistir a la escuela durante un período de tiempo determinado. Sírvanse especificar las medidas que se hayan adoptado para revisar las políticas vigentes a fin de garantizar que las niñas embarazadas puedan asistir a la escuela hasta el momento de dar a luz y sean readmitidas en cuanto estén en condiciones de continuar su escolarización, así como otras medidas que se hayan adoptado para garantizar que todas las niñas puedan asistir a la escuela y continuar su educación primaria y secundaria.

Respuesta

Hay un proyecto de política en su versión casi definitiva para la prevención y gestión de los embarazos de alumnas en las escuelas, a la espera de que el Gabinete lo promulgue y sobre el que se está realizando un proceso de consulta. Los objetivos principales de la política son reducir los casos de embarazos de alumnas proporcionando una educación sexual integral de calidad y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a adolescentes y a jóvenes, y promover los derechos constitucionales de las niñas a la educación velando por que no se las excluya de la escuela por quedar embarazadas o haber dado a luz. La política aboga principalmente por que se atrase el inicio de las experiencias sexuales o, en caso contrario, se promueva el uso seguro y correcto de programas combinados de prevención del VIH y el embarazo si una niña es sexualmente activa. En caso de que una niña quede embarazada, la política establece disposiciones para apoyar a las niñas que deban dejar de asistir a la escuela debido al embarazo y para lograr que regresen a la escuela en cuanto sea médicamente viable.

Sírvanse también proporcionar datos sobre las tasas de deserción escolar entre las niñas, incluidas las causas, desglosados por raza, origen étnico, edad, discapacidad, ubicación en medio urbano o rural y contexto socioeconómico. Sírvanse proporcionar información sobre los programas de educación permanente para las mujeres que no puedan completar su educación secundaria o superior.

Respuesta

Las probabilidades de alcanzar y concluir el 12o curso son mayores entre las niñas que entre los niños, pese a que hay posibles causas de deserción, como el embarazo y las responsabilidades familiares, que afectan a las niñas pero no a los niños. Esta observación se ajusta a la opinión de que el principal motivo subyacente de la deserción escolar es el mal aprendizaje: las evaluaciones del aprendizaje en los cursos iniciales muestran que hay, sistemáticamente, un mejor rendimiento medio entre las niñas que entre los niños.

Porcentaje de jóvenes entre los 22 y los 25 años de edad que han concluido los cursos 12o o superiores, 2010 a 2019

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Provincia

Cabo Occidental

49 , 6

49 , 5

48 , 5

47 , 0

47 , 5

51 , 3

53 , 2

50 , 9

53 , 2

59 , 8

Cabo Oriental

32 , 7

33 , 2

25 , 8

28 , 2

32 , 4

32 , 1

34 , 2

39 , 1

37 , 7

37 , 5

Cabo Septentrional

37 , 7

38 , 5

45 , 2

46 , 0

42 , 7

43 , 1

38 , 4

48 , 2

51 , 4

51 , 6

Estado Libre

47 , 4

49 , 1

48 , 9

45 , 3

46 , 4

48 , 8

46 , 9

48 , 5

60 , 3

47 , 3

Kwazulu-Natal

45 , 8

51 , 7

52 , 3

53 , 2

54 , 1

50 , 7

51 , 4

50 , 1

55 , 1

53 , 8

Noroeste

40 , 6

35 , 9

44 , 2

45 , 4

45 , 8

40 , 7

42 , 2

44 , 5

49 , 3

55 , 3

Gauteng

58 , 3

60 , 6

59 , 5

61 , 6

65 , 0

63 , 4

62 , 3

64 , 0

64 , 0

65 , 6

Mpumalanga

43 , 3

44 , 0

44 , 2

41 , 9

46 , 5

49 , 4

46 , 3

47 , 6

53 , 5

53 , 2

Limpopo

32 , 7

33 , 0

38 , 4

37 , 9

40 , 9

37 , 9

37 , 7

36 , 6

42 , 0

44 , 8

Género

Hombres

43 , 3

42 , 9

44 , 5

44 , 9

47 , 4

46 , 0

46 , 3

47 , 4

51 , 3

50 , 3

Mujeres

48 , 0

51 , 2

50 , 3

51 , 0

54 , 8

53 , 7

53 , 4

54 , 0

56 , 3

59 , 3

Total

45 , 6

47 , 1

47 , 4

47 , 9

51 , 1

49 , 9

49 , 9

50 , 7

53 , 8

54 , 8

Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para implementar las Directrices para la Prevención y Gestión de la Violencia y el Acoso Sexuales y para monitorear su implementación, y especificar los resultados de las actividades de desarrollo de la capacidad o de formación destinadas a funcionarios escolares o estudiantes que se hayan llevado a cabo sobre la aplicación de las Directrices.

Respuesta

El Departamento de Educación Básica ha elaborado el Protocolo para la Gestión y Denuncia del Abuso y el Acoso Sexuales en las Escuelas desde 2018, como parte de la respuesta sistémica al flagelo cada vez mayor del abuso y el acoso sexuales. El Protocolo constituye una guía para la gestión y la denuncia del abuso y acoso sexuales contra estudiantes, y atiende a la necesidad de una respuesta normalizada a las alegaciones presentadas por estudiantes de incidentes de abuso y acoso sexual, ya sean perpetrados por otros estudiantes, docentes u otras personas. Dada la importancia del Protocolo, el Departamento sigue mediando para organizar actividades de creación de capacidad y capacitación para funcionarios escolares y estudiantes en distintos niveles del sistema. Debido al tamaño del documento, orientado a los procesos jurídicos, de gobernanza y administrativos para denunciar el abuso y el acoso sexuales en las escuelas, el Departamento consideró esencial examinar la versión completa del Protocolo para proporcionar un resumen de su contenido y elaborar una versión abreviada, usando un lenguaje más sencillo y claro para los estudiantes y los progenitores. La versión abreviada sirvió para elaborar una ficha informativa sobre el Protocolo con directrices claras sobre cómo usarlo a fin de que las escuelas apliquen enfoques que protejan a la infancia para gestionar y denunciar los incidentes de abuso y acoso sexual de forma oportuna y eficaz.

En lo que respecta a la discriminación y la identidad de género, el Departamento de Educación Básica está ultimando unas directrices para la inclusión social y educativa de la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales diversas en las escuelas. En sentido amplio, estas directrices tienen por objeto garantizar que las escuelas aborden y eliminen la discriminación, el acoso y la victimización, y a su vez impulsar la igualdad de oportunidades, independientemente de la orientación sexual, la identidad y expresión de género y las características sexuales. El Departamento también se propone facilitar un entorno docente y de aprendizaje que vaya más allá del enfoque cognitivo para apoyar el desarrollo social y psicológico de los jóvenes, brindarles apoyo emocional y fomentar la interacción con sus pares de forma coherente y estructurada. Como custodio de la educación básica, el Departamento es plenamente consciente de que el bienestar social y emocional de los estudiantes contribuye notablemente a su éxito académico.

La educación sexual integral ofrece oportunidades de explorar los valores y las actitudes de uno mismo y fomentar aptitudes para la toma de decisiones, la comunicación y la reducción de riesgos en torno a muchos aspectos de la sexualidad, y hace hincapié en un enfoque que abarque toda la información, las aptitudes y los valores necesarios para que la juventud pueda ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y tomar decisiones sobre su salud y sexualidad. La educación sexual integral se lleva a cabo a través de las siguientes medidas:

a)Capacitación y apoyo al personal docente;

b)Libros de texto de orientación para la vida adaptados;

c)Disponibilidad de otras herramientas de ayuda a la docencia y el aprendizaje, como planes de lecciones estructurados, vídeos, carteles y otros;

d)Integración en la educación sexual integral de la prevención de los embarazos, las cuestiones de género y la prevención del consumo de alcohol y estupefacientes;

e)Actividades extracurriculares adaptadas, por ejemplo, enseñanza entre pares y actividades deportivas y culturales, así como participación de los progenitores y las comunidades.

El Departamento de Educación Básica realiza varias intervenciones estructurales en que aborda cuestiones de derechos humanos, entre otras cosas en relación con la igualdad de género o el papel de los niños varones y los hombres para prevenir la violencia: por ejemplo, se está ejecutando un programa para adolescentes y jóvenes que tiene por objeto ofrecer un conjunto completo de servicios orientados a mejorar la salud y el bienestar psicosocial y socioeconómico, tanto de las niñas como de los niños.

Sírvanse también informar sobre otras medidas que se hayan adoptado para garantizar entornos educativos seguros y libres de discriminación y violencia, así como un transporte seguro hacia y desde las escuelas.

Respuesta

El Departamento de Educación Básica participa en el Foro de Prevención de la Violencia, que implica a todos los sectores de la sociedad en esfuerzos conjuntos para abordar la prevención de la violencia y la protección de la infancia. Junto con el Centro Jurídico de Igualdad en la Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Departamento se ha esforzado por elaborar un protocolo adicional para la prevención y la gestión de la discriminación en las escuelas, que todavía está en fase de elaboración final. El Departamento estableció también un grupo de trabajo para la inclusión social en la educación junto con las organizaciones de la sociedad civil, con las que colaboró en la construcción de un sistema educativo que facilite entornos educativos libres de discriminación y violencia.

Sírvanse indicar además las medidas que haya adoptado el Estado parte para incorporar en los programas escolares y materiales didácticos la educación en materia de derechos humanos, en particular en lo que atañe a la igualdad entre los géneros, el papel de los hombres y los niños en la prevención de la violencia sexual y por motivos de género y las prácticas nocivas, la educación sexual apropiada para cada edad, el comportamiento sexual responsable, y la salud y los derechos reproductivos.

Respuesta

La Constitución de la República de Sudáfrica de 1996 requiere que la educación se transforme y democratice de acuerdo con los valores de la dignidad humana, la igualdad, los derechos humanos y la libertad, y la eliminación del racismo y el sexismo. El plan de estudios se basa en esta premisa.

El Departamento de Educación Básica cuenta con una dependencia dedicada específicamente a la cohesión social y la igualdad en la educación cuyo mandato consiste, entre otras cosas, en implementar programas orientados a eliminar la discriminación racial y otras formas conexas de discriminación en el sistema educativo. Para cumplir este mandato, la labor programática de esta dependencia se enmarca en valores constitucionales fundamentales como la democracia, la justicia social, la equidad, la igualdad, la eliminación del racismo y el sexismo, la dignidad humana (ubuntu), una sociedad abierta, la rendición de cuentas (responsabilidad social), el estado de derecho, el respeto y la reconciliación.

El Departamento de Educación Básica ha elaborado planes de lecciones estructurados sobre la educación sexual integral para mejorar la calidad de esta educación en las aulas. El objetivo de la educación sexual integral y sus planes de lecciones estructurados es velar por que se ayude a los alumnos a adquirir una comprensión de los conceptos, el contenido, los valores y las actitudes relacionadas con la sexualidad, los cambios en el comportamiento sexual y los estilos de vida seguros y saludables.

El Departamento ha evaluado recientemente una muestra amplia de los libros de texto y los materiales de apoyo que existen para el aprendizaje y la docencia a fin de elaborar una política sobre los libros de texto orientada a fomentar la diversidad. Esta evaluación ha revelado de manera generalizada que la gran mayoría de los libros de texto todavía contienen elementos discriminatorios. Como respuesta a las recomendaciones, el Departamento ha comenzado a examinar el sistema de catálogos para los libros de texto y a proporcionar un mayor apoyo a los profesores para el uso de los textos.

Empleo

Según el párrafo 131, la Ley sobre la Igualdad en el Empleo de 1989 se modificó en 2013 con el fin específico de incorporar el concepto de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Sírvanse concretar las medidas adoptadas para implementar la Ley en su forma modificada y para garantizar su cumplimiento por parte del sector privado.

Respuesta

La Comisión para la Igualdad en el Empleo examinó la declaración de diferencia de ingresos (formulario EEA4) que se publicó en septiembre de 2014 para abordar la desigualdad en la calidad de los datos sobre las diferencias de ingresos recopilados de los empleadores designados. El examen tenía por objeto facilitar a la Comisión para la Igualdad en el Empleo y la Comisión Nacional sobre el Salario Mínimo la recopilación de datos de mayor calidad para reducir la diferencia salarial entre los trabajadores con mayores y menores salarios y permitir que los empleadores aplicaran el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. El formulario EEA4 se publicó en un boletín oficial en agosto de 2019.

Sírvanse también especificar las leyes y políticas que existan para garantizar que las trabajadoras domésticas estén protegidas por las leyes laborales, incluidos los reglamentos sobre los salarios y los horarios de trabajo, los códigos de salud y seguridad, los reglamentos sobre feriados y vacaciones y los mecanismos para la supervisión de las condiciones en los lugares de trabajo, de acuerdo con el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189), de la Organización Internacional del Trabajo.

Respuesta

Las trabajadoras y los trabajadores domésticos de Sudáfrica están protegidos en virtud de la Ley sobre Condiciones Laborales Básicas núm. 75, de 1977, a través de la determinación sectorial 7, relativa al sector de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Esta determinación facilita orientación sobre los horarios de trabajo y establece el salario mínimo de las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

El proyecto de enmienda de la Ley de Indemnización por Lesiones y Enfermedades Ocupacionales, introducido en 2020 para modificar la Ley de Indemnización por Lesiones y Enfermedades Ocupacionales de 1993, es un hito importante en la protección de los derechos de las trabajadoras domésticas, ya que en él se incluye a las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que antes quedaban excluidos de la protección otorgada por la Ley. Esta decisión fue confirmada también en la causa Mahlangu and Another v Minister of Labour and Others (CCT306/19) [2020] ZACC 24, en la que el Tribunal Constitucional falló que la disposición incluida en el proyecto de enmienda, que excluía a las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la posibilidad de reclamar al Fondo de Indemnización en caso de lesión, enfermedad o muerte, es ilegal e infringe los derechos a la seguridad social, la igualdad y la dignidad.

Sírvanse especificar las medidas que se hayan adoptado para poner fin a la segregación horizontal y vertical. Sírvanse dar más detalles sobre las medidas que se hayan adoptado para empoderar económicamente a las agricultoras y proteger sus derechos laborales, para alentar a las jóvenes a dedicarse a esta actividad y para proporcionar a las mujeres y las niñas capacitación y educación en materia de agricultura y elaboración de productos agrícolas.

Respuesta

El Gobierno ha realizado determinaciones sectoriales para establecer condiciones mínimas para el empleo en la agricultura, a fin de proteger a las personas vulnerables que trabajan en este sector concreto. Desde 2003, a través del Ministro de Trabajo, el Gobierno ha venido elaborando la determinación sectorial 13, relativa a la agricultura, que establece y regula las condiciones de empleo para los trabajadores y las trabajadoras del sector agrícola. La determinación es vinculante y aplicable al empleo de estas personas en todas las actividades agrícolas de la República.

Cambio climático y reducción del riesgo de desastres

Sírvanse proporcionar detalles sobre la forma en que el Estado parte está encarando los efectos que los desastres y el cambio climático ejercen en las mujeres y las niñas, en particular en las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres rurales y las mujeres pobres, y sobre las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las mujeres, en particular el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua, el saneamiento y el desarrollo, en el contexto del aumento de las actividades de exploración y perforación petrolífera en alta mar, en consonancia con la Convención y con los artículos 14, 15, 16, 18 y 19 del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de Maputo), de 2003. Sírvanse especificar las medidas que se hayan adoptado para garantizar la participación de las mujeres en los procesos decisorios relacionados con el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.

Respuesta

La Ley Nacional de Gestión Ambiental de Sudáfrica (Ley 107 de 1998) reconoce la importancia de las mujeres y la juventud en la gestión ambiental y el desarrollo. Para ello, el país ha logrado avances importantes en la incorporación de la perspectiva de género. Se han aplicado marcos normativos como el Marco de Género del Sector Energético y el Marco y la Estrategia para la Incorporación de la Perspectiva de Género en el Sector Ambiental para 2016-2021.

La Estrategia para la Incorporación de la Perspectiva de Género en el Sector Ambiental (2016-2021) tiene por objeto garantizar que las iniciativas del sector se orienten a apoyar la creación de políticas que apoyen la incorporación de la perspectiva de género y velar por que se analicen e incorporen las cuestiones de género en la elaboración de nuevos proyectos y la perspectiva de género se incluya en la gestión de todo el ciclo del proyecto.

El Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente ha venido promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres y su participación en el sector, y velando por que las mujeres sigan siendo parte esencial de los programas ambientales del Gobierno y se logre la inclusividad en la planificación y la toma de decisiones ambientales mediante el desarrollo de la capacidad de las empresas de propiedad de mujeres para que estas puedan integrarse en la corriente principal de la actividad económica de Sudáfrica a través de la conferencia anual Women in Environment.

El diálogo se basa en la estrategia de género del sector ambiental, que brinda una comprensión amplia de la incorporación de la perspectiva de género desde la perspectiva del medio ambiente y el desarrollo sostenible y proporciona orientación sobre la incorporación práctica de la perspectiva de género en la elaboración y la ejecución de programas.

Sudáfrica ha aplicado políticas y programas para lograr que los derechos de las mujeres, incluidos los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, el saneamiento y el desarrollo, y el apoyo social, se plasmen en la práctica.

Las mujeres y las niñas de Sudáfrica son agentes de cambio en las actividades relacionadas con el cambio climático, no solo en el plano de los hogares, sino como formidables influenciadoras en elmundo profesional y otras esferas de la sociedad.

En este sentido, en el Libro Blanco sobre la Respuesta Nacional al Cambio Climático, que consagra como uno de sus principios la atención a las necesidades y circunstancias especiales, se indica que las mujeres rurales son especialmente vulnerables a los efectos negativos del cambio climático habida cuenta de sus funciones de cuidados tradicionales.

El Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente también aplica una estrategia nacional para la incorporación de la perspectiva de género en el sector ambiental, en la que se describe cómo puede y debe afianzar este sector los valores de la incorporación de la perspectiva de género y la igualdad de género en la ejecución de sus programas ambientales. La estrategia tiene por objeto garantizar que las iniciativas del sector se orienten a apoyar la creación de políticas que favorezcan la incorporación de la perspectiva de género y los análisis de género en la elaboración de nuevos proyectos y la inclusión de la perspectiva de género en la gestión de todo el ciclo de los proyectos.

Además, se estableció el Foro Nacional de Mujeres y Medio Ambiente, que representa a todos los ámbitos de la administración, el sector privado y las empresas organizadas y la sociedad civil, también sirve como plataforma para que las mujeres compartan experiencias y para apoyar y reconocer la contribución de las mujeres a las actividades de gestión ambiental.

El Departamento ha iniciado un proyecto con el que se logrará que los aspectos de la igualdad de género se tengan en cuenta en los procesos vinculados a las contribuciones determinadas a nivel nacional utilizando análisis, reforzando mecanismos institucionales y velando por la adopción de medidas climáticas con perspectiva de género, para lo cual se realizarán las siguientes actividades:

•Diseño y ejecución de programas de capacitación específicos para desarrollar la capacidad institucional y de implicación del personal de los departamentos sectoriales locales, provinciales y nacionales pertinentes con respecto al cambio climático y la incorporación de la perspectiva de género;

•Realización de un análisis de género de los sectores clave de las contribuciones determinadas a nivel nacional para detectar las deficiencias, los obstáculos y las limitaciones que existen para la incorporación eficaz de las cuestiones de género y elaborar medidas para impulsar eficazmente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Con ello, el país comprenderá mejor las distintas funciones de las mujeres y los hombres, las dinámicas de poder y de toma de decisiones y quién tiene el acceso a los recursos o el control de estos en un sector particular, o comprender más ampliamente cómo pueden afectarles de forma distinta las medidas de lucha contra el cambio climático;

•Elaboración de un plan de acción en materia de género y cambio climático para Sudáfrica que aborde las deficiencias que existen en las políticas y estrategias y contribuya a una implementación con perspectiva de género de las contribuciones determinadas a nivel nacional;

•Elaboración de un sistema de presupuestación y seguimiento de las cuestiones del género y el clima que guíe la asignación de recursos para velar por que los hombres y las mujeres participen de forma inclusiva en la mejora de la acción climática, entre otras cosas la actualización e implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional, y se beneficien por igual de ella;

•Educación sobre el cambio climático y actividades de concienciación del público en las comunidades rurales para llegar a la población que vive en zonas rurales alejadas y en condiciones de pobreza en las que hay altos niveles de analfabetismo. Para realizar esta actividad será preciso determinar cuáles son las comunidades vulnerables de Sudáfrica y dar prioridad a las actividades de extensión entre los más vulnerables. Se establecen prioridades debido a los recursos financieros limitados que se facilitan;

•Celebración prevista de un diálogo nacional en el marco de los esfuerzos del Departamento para sensibilizar al público sobre la importancia de la incorporación de las cuestiones del género y el cambio climático. El diálogo irá destinado a la sociedad civil, incluidos los grupos comunitarios y dirigidos por jóvenes, y a representantes del mundo empresarial.

Salud

Según el párrafo 143, se ha registrado un claro aumento en el acceso de las mujeres a los servicios de atención de la salud reproductiva, lo que ha llevado a una disminución de los casos de enfermedad y muerte de mujeres. Sírvanse especificar las medidas que se hayan adoptado para seguir mejorando los resultados en materia de salud materna, y también proporcionar datos, desglosados por edad, raza, origen étnico, nacionalidad, situación socioeconómica, estado serológico respecto del VIH/sida, discapacidad, ubicación geográfica (urbana o rural), albinismo y otras situaciones, respecto de la disponibilidad y accesibilidad de la atención de la salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas, incluidos los servicios de aborto seguro. Sírvanse especificar las medidas adoptadas para garantizar la calidad e idoneidad de esos servicios. Proporcionen también información detallada sobre la práctica de llevar a cabo esterilizaciones forzadas o bajo coacción a mujeres que viven con el VIH en establecimientos públicos, y especifiquen las medidas que se han adoptado para poner fin a esta práctica. Sírvanse también especificar las medidas adoptadas para garantizar que las mujeres con discapacidad tengan acceso a los servicios de salud.

Respuesta

El Departamento está aplicando la cobertura sanitaria universal a través del seguro nacional de salud, un sistema de financiación sanitaria que mancomunará fondos para brindar acceso a unos servicios sanitarios de calidad a todos los sudafricanos, en función de sus necesidades de salud y sea cual sea su situación socioeconómica. A medida que el país sigue aplicando el seguro nacional de salud, es prioritario proteger a la población pobre, marginada y más vulnerable prestándole servicios y estructurando subvenciones cruzadas. Con la transformación del sistema sanitario mediante el seguro nacional de salud se abordarán los desafíos de los costos cada vez mayores de los servicios, los medicamentos y el equipo en el sector privado, así como la consiguiente desigualdad en los gastos entre los sectores público y privado en Sudáfrica.

En el ejercicio económico 2019/20, el subprograma para las mujeres y la salud materna y reproductiva se centró en el desarrollo de iniciativas de mejora de la calidad que tuvieran por objeto mejorar la experiencia de las mujeres en la atención materna y neonatal. El conjunto de medidas de cuidado respetuoso se puso a prueba en la ciudad de Tshwane y el distrito de Mopani, y sobre la base de las lecciones aprendidas se revisó el registro de casos de maternidad, que pasó a ser exhaustivo, y se reforzó el enfoque de los servicios de maternidad centrado en las pacientes.

Un mayor número de personas con discapacidad accedieron a la educación pública mediante material de información, educación y comunicaciones diseñado especialmente en torno a las enfermedades no transmisibles y el VIH, el sida y la tuberculosis, la realización de pruebas y la remisión de casos en eventos vinculados al bienestar y con fines específicos y otros eventos departamentales. Se celebraron eventos de educación pública en el hospital del distrito de Gelukspan, en Soweto, el centro de rehabilitación de Tshwane, en la ciudad de Tshwane, y en el hospital de Manguzi, así como la carrera de sillas de ruedas George. Se organizaron en cuatro provincias, junto con el Departamento de Desarrollo Social, talleres de capacitación entre pares y de realización de pruebas a los que asistieron 1.433 personas. El programa también contribuyó a la elaboración del primer curso mundial de capacitación en línea sobre la tuberculosis espinal y a la investigación sobre la violencia de género y la discapacidad.

Mujeres de las zonas rurales

Sírvanse especificar las medidas adoptadas para hacer frente a las costumbres y prácticas tradicionales negativas que discriminan a las mujeres y las niñas de las zonas rurales, incluidas las que obstaculizan el pleno disfrute del derecho a la propiedad y la herencia. Sírvanse también describir las leyes, políticas y programas vigentes que tienen por objeto garantizar la equidad de género en la redistribución de la tierra, los derechos sobre la tierra y los títulos de propiedad, así como el acceso en condiciones de igualdad de las mujeres de las zonas rurales a los servicios básicos, el agua limpia, el saneamiento, los recursos económicos, la adopción de decisiones y la participación, en particular en la elaboración e implementación de planes de desarrollo local. Sírvanse proporcionar datos sobre el empoderamiento económico de las mujeres rurales, incluido su acceso a la tierra, la herencia, los servicios básicos, los recursos económicos, la participación y la adopción de decisiones, desglosados por edad, origen étnico, raza, nacionalidad, condición socioeconómica, discapacidad, albinismo y cualquier otra situación.

Respuesta

El Presidente de Sudáfrica aprobó la Ley de Enmienda del Reconocimiento del Matrimonio Consuetudinario 1 de 2021, que modifica la Ley de Reconocimiento del Matrimonio Consuetudinario de 1998 al reglamentar las consecuencias en materia de propiedad de los matrimonios consuetudinarios contraídos antes de la entrada en vigor de la Ley. En virtud de la nueva Ley, las disposiciones de la Ley de 1998 se armonizan con los fallos del Tribunal Constitucional en las causas Ramuhovhi and Others v President of the Republic of South Africa and Others y Gumede v President of the Republic of South Africa and Others. En estos fallos se concluyó que el artículo 7 1) de la Ley de Reconocimiento del Matrimonio Consuetudinario era incompatible con la Constitución y no era válido, ya que la disposición limitaba el derecho a la dignidad humana y discriminaba injustamente a las mujeres por razón de género, raza u origen étnico o social.

Las mujeres casadas con arreglo a la Ley del Matrimonio Consuetudinario pasarán a tener derecho a un porcentaje del patrimonio común, ya sea cuando fallezca su cónyuge o cuando se divorcien.

La Ley de Enmienda no cambia el modo en que se concluyen o celebran los matrimonios consuetudinarios. Pese a que estas costumbres no han cambiado, sí cambia el hecho de que las mujeres que han contraído un matrimonio consuetudinario tendrán los mismos derechos y estarán en la misma situación que otras mujeres y hombres de Sudáfrica y no serán objeto de discriminación. Las mujeres que contrajeron matrimonios polígamos o monógamos antes de noviembre de 2000, cuando entró en vigor la Ley del Matrimonio Consuetudinario anterior, también se incluyen en la ley modificada. Ahora, las mujeres tendrán los mismos derechos con respecto a su derecho legítimo a su porcentaje del patrimonio de su cónyuge y estarán clasificadas como casadas en régimen de sociedad conyugal.

Grupos de mujeres desfavorecidos

Sírvanse indicar las medidas adoptadas para implementar la recomendación anterior del Comité (CEDAW/C/ZAF/CO/4, párr. 40) de promulgar legislación general contra la discriminación que incluya la prohibición de las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos por múltiples motivos, entre ellos la raza, el origen étnico, la edad, la orientación sexual, la situación socioeconómica, la discapacidad, el estado serológico respecto del VIH, el albinismo u otra situación. Sírvanse también proporcionar información sobre las medidas adoptadas para prevenir la discriminación y la violencia contra las mujeres migrantes o solicitantes de asilo procedentes de otros países africanos y contra sus hijos.

Respuesta

El Gobierno sudafricano está elaborando legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad. La Comisión de Reforma Jurídica del país ha publicado en el boletín oficial un documento de debate al respecto, sobre el que actualmente el público puede formular observaciones. Una vez concluido este proceso, la Comisión de Reforma Jurídica examinará la redacción de la legislación propiamente dicha.

El Parlamento Nacional también ha presentado, para la celebración de consultas públicas, el proyecto de ley sobre delitos de odio, que tiene por objeto establecer medidas para la protección y promoción de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, especialmente frente a las prácticas discriminatorias, los delitos de odio y el discurso de odio.

Sírvanse reseñar las medidas adoptadas para armonizar las leyes y prácticas consuetudinarias en el ámbito del matrimonio y las relaciones familiares, en particular en esferas como el matrimonio infantil y forzado, la poligamia, el secuestro de mujeres y niñas con fines de matrimonio forzado (ukuthwala) y la desigualdad en materia de sucesión y herencia, con las garantías constitucionales de no discriminación por motivos de sexo y género. Expliquen las medidas que se hayan adoptado para crear un código de la familia unificado en consonancia con la Convención. Sírvanse también especificar las medidas que se hayan adoptado para abolir las prácticas consuetudinarias o religiosas discriminatorias, por ejemplo, mediante actividades de orientación y desarrollo de la capacidad destinadas a especialistas no oficiales en el ámbito del matrimonio y las relaciones familiares, en consonancia con la Constitución y la Convención. ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar la igualdad de derechos en materia de sucesión para las viudas y los viudos, y para las niñas y los niños?

Respuesta

El Gobierno ha iniciado el proceso de armonización de sus diversos instrumentos legislativos que rigen el matrimonio en Sudáfrica con miras a adoptar un solo proyecto de ley de matrimonio. En este sentido, se están celebrando consultas en torno a una política sobre el matrimonio en la que posteriormente se base la elaboración, de forma armonizada, de este proyecto de ley única sobre el matrimonio. El documento de debate abarca las cuestiones de la poligamia y la poliandria, la edad mínima para contraer matrimonio, y las prácticas nocivas, como los matrimonios forzados, el ukuthwala y otras prácticas similares.