Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
Informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención
Informes periódicos octavo y noveno que los Estados partes deben presentar en 2010
Moldova * **
[2 de marzo de 2010]
Informes periódicos octavo y noveno de la República de Moldova acerca de la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Índice
Párrafos Página
I.Introducción1–123
II.Generalidades13–385
A.Reseña de la política estatal en materia de prevención y lucha contra la discriminación racial13–385
1.Composición nacional y estructura lingüística de la población13–195
2.Desarrollo de la base legislativa nacional20–386
III.Información relativa al cumplimiento de las observaciones finales del Comitépara la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/MDA/CO/7) sobrelos informes periódicos quinto a séptimo de la República de Moldova(CERD/C/MDA/7)39–14912
IV.Conclusión150–15138
I.Introducción
1.La República de Moldova ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (en lo sucesivo "la Convención") por Decisión gubernamental Nº 707-XII, de 10 de septiembre de 1991. La Convención entró en vigor para Moldova el 25 de febrero de 1993.
2.La Convención es uno de los instrumentos más importantes aprobados por las Naciones Unidas, que consagra los principios de igualdad de las personas y de respeto universal de los derechos y libertades fundamentales de la persona sin distinción de raza, origen étnico, idioma o religión.
3.La Oficina de Relaciones Interétnicas coordina a nivel nacional las actividades relativas a la promoción de la Convención y la elaboración de los informes periódicos de la República de Moldova sobre su aplicación.
4.En lo que se refiere al cumplimiento de la Convención y la preparación del presente informe la Oficina de Relaciones Interétnicas colaboró con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, Protección Social y la Familia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Cultura, la Fiscalía General, el Centro de Derechos Humanos de Moldova, otras autoridades a nivel central y locales, así como con representantes de la sociedad civil.
5.En su 72º período de sesiones, el 6 de marzo de 2008, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial aprobó sus observaciones finales sobre los informes periódicos quinto a séptimo de la República de Moldova acerca de la aplicación de la Convención (CERD/C/MDA/CO/7).
6.La Oficina de Relaciones Interétnicas tradujo ese documento al idioma oficial del Estado y lo distribuyó a los ministerios sectoriales y otras instituciones para su conocimiento, estudio y seguimiento. A fin de ofrecer una información más amplia a la sociedad civil, las organizaciones etnoculturales no gubernamentales y los miembros del Consejo de Coordinación de las Organizaciones Etnoculturales, las observaciones finales también se tradujeron al ruso como uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y, de conformidad con la legislación vigente, como idioma de comunicación interétnica.
7.A los efectos de aplicar las observaciones finales del Comité y supervisar el cumplimiento de la Convención, en la Oficina de Relaciones Interétnicas se creó un grupo de trabajo integrado por representantes de los ministerios sectoriales y otros órganos de la administración central. La Oficina preparó un informe sobre el proceso de aplicación de la Convención destinado al Parlamento y al Gobierno de la República.
8.Es preciso señalar que la existencia de un régimen separatista establecido por vías inconstitucionales en la parte oriental de la República de Moldova a principios de los años noventa del siglo pasado —la región de Transnistria, con una superficie de 4.163 km2 y una población de aproximadamente 550.000 personas— dificulta considerablemente la aplicación, en todo el territorio del país, de las disposiciones de las convenciones internacionales en que es parte la República de Moldova, incluida la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En esas circunstancias, las autoridades de Moldova, en estrecha colaboración con sus asociados internacionales, a saber la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Federación de Rusia, Ucrania, la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EE.UU.), han adoptado diversas medidas positivas con el fin de resolver el conflicto de Transnistria y reintegrar esa región al país, lo cual es una condición indispensable para poder aplicar las disposiciones de las convenciones internacionales en todo el territorio del país, incluida la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. A pesar de la falta de resultados visibles en la resolución del conflicto de Transnistria, en los últimos años se han producido una serie de cambios cualitativos. En este contexto, cabe señalar especialmente la creación en 2005 de la modalidad de negociación denominada "cinco + dos", por medio de la participación directa de la Unión Europea y los Estados Unidos de América como observadores, el nombramiento del Representante especial de la Unión Europea en la República de Moldova y la realización de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea a Moldova y Ucrania (EUBAM). Además, el 10 de junio de 2005 el Parlamento aprobó por unanimidad dos documentos sobre los criterios de democratización y las condiciones de desmilitarización de la región de Transnistria, así como la Ley Nº 173-XVI relativa a disposiciones básicas que definen el estatuto jurídico especial de las comunidades situadas en la orilla izquierda del río Dniéster (Transnistria), de 22 de julio de 2005. A fines de 2006 y principios de 2007 las autoridades moldovas emprendieron iniciativas que abrieron nuevas perspectivas para la resolución del conflicto de Transnistria sobre la base de un enfoque integral de las cuestiones conflictivas en el marco de la modalidad "cinco + dos", incluidas las cuestiones relacionadas con el estatuto jurídico especial de la región. Desde 2008, las autoridades moldovas vienen aplicando medidas para establecer relaciones de confianza con el fin de fomentar un acercamiento de la población de ambas márgenes del Dniéster y crear las condiciones necesarias para una resolución política del conflicto y la reintegración del país.
9.Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados, que comprenden la ampliación de la modalidad de las negociaciones, y de iniciativas prometedoras, hasta el presente no se observan progresos en la resolución del conflicto de Transnistria. El problema fundamental —la elaboración y aprobación de un estatuto jurídico especial para la región (Transnistria) que permita preservar la soberanía y la integridad territorial de la República de Moldova— sigue sin resolverse. La razón principal de la falta de resultados en la resolución del conflicto de Transnistria reside en la posición obstruccionista e intransigente de los dirigentes separatistas de Tiraspol, el centro administrativo de la región, que reciben un apoyo constante (político, económico, financiero y de otra índole) de la Federación de Rusia. La presencia de militares rusos en la región de Transnistria y el interés de la Federación de Rusia, que interviene en su papel mediador, influyen negativamente en la negociación de un arreglo del conflicto de Transnistria y, por consiguiente, en el restablecimiento de la soberanía y la integridad territorial de la República de Moldova.
10.En ausencia de palancas eficaces y posibilidades reales de ejercer prerrogativas de soberanía en la región de Transnistria, las autoridades moldovas observan la evolución de la situación en ese territorio del país, en particular en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, esforzándose en la medida de lo posible, por ejercer una influencia positiva en el estado de cosas. Se ha informado sistemáticamente a las organizaciones internacionales sobre casos de violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona por parte del régimen de Transnistria, con el fin de inducir a éste a respetar los principios y normas internacionales.
11.En las circunstancias actuales, las autoridades moldovas, junto con los asociados internacionales, la sociedad civil y las organizaciones internacionales que intervienen, como las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa, siguen esforzándose por llegar a una solución integral y a largo plazo del conflicto de Transnistria y reintegrar la región en la República de Moldova. De ese modo se crearán las condiciones que permitirán desarrollar instituciones democráticas en todo el territorio del país y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en los tratados internacionales a que se ha adherido la República de Moldova.
12.La Oficina de Relaciones Interétnicas preparó el presente informe de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 9 de la Convención sobre la base de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/MDA/CO/7).
II.Generalidades
A.Reseña de la política estatal en materia de prevención y lucha contra la discriminación racial
1.Composición nacional y estructura lingüística de la población
13.La República de Moldova es un Estado con una población multiétnica y plurilingüe. Los moldovos, que constituyen la nacionalidad de base del Estado, junto con los representantes de otras etnias —ucranios, rusos, gagausos, búlgaros, judíos, rumanos, belarusos, romaníes, polacos y otros— forman el pueblo único de Moldova, para el cual la República de Moldova es una patria común.
14.El censo de población (octubre de 2004) contribuyó a simplificar el seguimiento de de la situación en el ámbito nacional y cultural de las personas pertenecientes a minorías nacionales y a adoptar una política más eficaz en esa esfera. La población de la República de Moldova asciende a 3.383.332 (100%) personas, en particular:
Moldovos: 2.564.849 personas (75,8%)
Ucranios: 282.406 personas (8,4%)
Rusos: 201.218 personas (5,9%)
Gagausos: 147.500 personas (4,4%)
Rumanos: 73.276 personas (2,2%)
Búlgaros: 65.662 personas (1,9%)
Otras nacionalidades: (1%)
No declararon nacionalidad: (0,4%)
15.El número de representantes de minorías nacionales poco numerosas que viven dispersas en todo el territorio de la República de Moldova se compone de:
Armenios: 1.829 personas
Azerbayanos: 891 personas
Belarusos: 5.059 personas
Alemanes: 1.616 personas
Griegos: 482 personas
Georgianos: 501 personas
Estonios: 77 personas
Judíos: 3.608 personas
Letones: 185 personas
Lituanos: 259 personas
Polacos: 2.383 personas
Tártaros: 974 personas
16.Entre las minorías nacionales, el número de ucranios y rusos se ha reducido, respectivamente, a 2,9% y 3,9%. A pesar de ello estas minorías nacionales ocupan numéricamente los puestos segundo y tercero entre la población total de Moldova. La población de gagausos se incrementó en 0,3%. Al mismo tiempo, la minoría búlgara se redujo en 0,1% y otras minorías nacionales en 1,7%. Los moldovos constituyen el grupo étnico más numeroso: 75,8% de la población.
17.El 78,8% de la población del país consideran como idioma materno el idioma de la nacionalidad a la que pertenecen. El 20,8% señalaron como idioma materno el idioma de otra nacionalidad. Entre los moldovos, el 78,4% señalaron como idioma materno el moldavo. En cuanto a las minorías nacionales, la situación es la siguiente: el 64,1% de los ucranios indicaron el ucraniano como idioma materno; el 31,8% de los ucranios tienen como idioma materno el ruso; el 97,2% de los rusos consideran el ruso como idioma materno; para el 92,3% de los gagausos el idioma materno es el gagauso y para el 5,8% el ruso; entre los búlgaros, el 81% declararon como idioma materno el búlgaro y el 13,9% el ruso.
18.El 58,8% de la población, por regla general, habla moldavo, el 16,4% habla rumano, el 16% habla ruso, el 3,8% habla ucraniano, el 3,1% habla gagauso, el 1,1% habla búlgaro, y el 0,4% habla en otros idiomas, con excepción de los idiomas ya mencionados; en este porcentaje figuran las personas que no han indicado ningún idioma de comunicación.
19.De este modo, la mayoría de los ucranios, los gagausos y búlgaros señalaron como idioma materno el idioma de la nacionalidad a que pertenecen, y 1 de cada 2 ucranios, 1 de cada 3 búlgaros y 1 de cada 4 gagausos, en general, hablan ruso. El porcentaje de moldovos que hablan habitualmente ruso es del 5% de la población total. Entre las minorías nacionales, el 6,2% de ucranios, el 4,4% de rusos, el 1,9% de gagausos y, el 7,1% de búlgaros hablan moldavo.
2.Desarrollo de la base legislativa nacional
20.La República de Moldova ha obtenido resultados significativos en la protección de los derechos humanos en relación con el cumplimiento de la Convención, prestando mucha atención a la tipificación legislativa de estos derechos. En la actualidad la legislación nacional corresponde en general a las normas internacionales en esta esfera. Sin embargo, con el fin de cumplir las obligaciones internacionales, se sigue desarrollando y perfeccionando la legislación que reglamenta la esfera de los derechos humanos. Así pues, en el período de 2007 a 2009 se aprobaron varias nuevas leyes y se elaboraron nuevos proyectos de ley.
21.Las enmiendas a la Ley de educación, Nº 547, de 1º de julio de 1995, establecen nuevos principios educativos que son fundamentales para la introducción de reformas democráticas en el sistema de enseñanza con el fin de constituir un sistema educativo moderno y democrático basado en los valores nacionales y universales. El artículo 6 de la Ley reza:
"Se garantiza el derecho a la educación, sin distinción por motivos de nacionalidad, sexo, raza, edad, religión, origen o condición social, filiación política o antecedentes judiciales. Todas las personas pueden acceder a la enseñanza secundaria, la formación profesional, la enseñanza media especializada y la enseñanza superior pública en condiciones de igualdad sobre la base de sus capacidades y preferencias".
22.El artículo 4 de la Ley sobre el código de conducta de los funcionarios públicos, Nº 25-XVI, de 22 de febrero de 2008, obliga a los funcionarios públicos a basarse en los principios de imparcialidad, no discriminación y equidad al adoptar decisiones en el ejercicio de sus funciones, sin otorgar preferencia a ninguna persona o grupo de personas en función de consideraciones de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opiniones, filiación política, situación económica u origen social. La ley también dispone que los funcionarios que ocupen cargos directivos deben estudiar criterios para evaluar la competencia profesional de sus subordinados y aplicarlos objetivamente al proponer o ratificar un ascenso, traslado, nombramiento o despido, o un incentivo material o moral, excluyendo toda forma de favoritismo o discriminación, y que deben garantizar asimismo la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio o el ascenso laboral.
23.El artículo 22 de la Ley de la función pública y el estatuto del funcionario del Estado, Nº 158-XVI, de 4 de julio de 2008, prevé el estricto cumplimiento por los funcionarios públicos de la Constitución, la legislación vigente, los tratados internacionales en que es parte la República de Moldova, así como los derechos y libertades de los ciudadanos.
24.Por Decisión gubernamental Nº 1459, de 24 de diciembre de 2007, se aprobó el proyecto de ley de enmiendas y adiciones al Código Penal de la República de Moldova (en particular, los artículos 176 y 346), que está siendo objeto de examen en el Parlamento. De conformidad con el artículo 176 del Código Penal (Ley Nº 985-XV, de 18 de abril de 2002), infringir los derechos y libertades de los ciudadanos previstos en la Constitución y otros instrumentos legislativos por consideraciones de sexo, raza, color de la piel, idioma, religión, convicciones políticas o de otra índole, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, situación económica, gremial o de otra índole, constituye delito y entraña responsabilidad penal. Con arreglo al artículo 346 del Código Penal, se castigan los actos deliberados encaminados a incitar la hostilidad o la discordia nacional. En virtud de este artículo, los actos deliberados y los llamamientos públicos, en particular a través de los medios de comunicación de prensa o electrónicos, encaminados a incitar la hostilidad o la discordia nacional, racial o religiosa, o menoscabar el honor o la dignidad nacional, así como toda limitación directa o indirecta de los derechos o concesión de privilegios directos o indirectos a los ciudadanos en función de su pertenencia nacional, racial o religiosa, se castigan con multa, trabajo social o privación de la libertad.
25.En vista de que el artículo 176 del Código Penal no indica exactamente los tipos de actividades prohibidas, ha sido necesario enmendarlo. En la actualidad este artículo establece que se incurre en responsabilidad por infringir la igualdad de derechos de los ciudadanos, hecho que puede considerarse un acto de carácter discriminatorio en relación con los no ciudadanos de la República de Moldova y también con los apátridas. A fin de ampliar el marco de las situaciones que exigen cumplir el principio de no discriminación, se ha elaborado el actual proyecto de ley. Así, de conformidad con el proyecto de ley, el artículo 176 del Código Penal, sobre la base de los criterios establecidos en los acuerdos internacionales, señala la responsabilidad en que se incurre por toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, sin justificación racional u objetiva, hecha en relación con una persona, un grupo de personas o una comunidad. La nueva redacción del artículo 176 prevé la responsabilidad penal por infringir la igualdad de derechos en función de consideraciones de sexo, raza, color de la piel, idioma, religión, convicciones, origen nacional o social, minoría nacional o pertenencia a una situación económica, así como penaliza la discriminación por razón de orientación sexual. Además, según señala la nueva redacción de este artículo, todo acto que suponga una distinción, exclusión, limitación o preferencia en relación con una persona, un grupo de personas o una comunidad sobre la base de los mencionados criterios se considerará delito si tuvo por objeto limitar o denegar el reconocimiento, ejercicio o realización en condiciones de igualdad de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución, la legislación vigente o los tratados internacionales a que se haya adherido la República de Moldova. El sujeto del citado delito puede ser una persona física o una persona jurídica. Al mismo tiempo, se ha propuesto una nueva redacción del artículo 346 que establece sanciones por toda incitación pública, en particular a través de los medios de comunicación de prensa y electrónicos, a la humillación o la discriminación o el odio hacia un grupo de personas o una persona en razón de su pertenencia supuesta o real a un determinado grupo, en función de la raza, la nacionalidad, el origen étnico, el idioma, la religión, el color de la piel, el sexo, la edad, el estado de salud, la orientación sexual, las convicciones políticas, la condición social o la pertenencia a grupos de pocos ingresos, o sobre la base de cualquier otro criterio. Asimismo se castiga la incitación pública a la violencia hacia un grupo de personas o una determinada persona por los motivos mencionados.
26.En relación con el hecho de que en la República de Moldova no existe una ley especial sobre la eliminación de la discriminación, y con el fin de consolidar la legislación y adaptarla a las normas internacionales, se está elaborando un proyecto de ley sobre prevención y lucha contra la discriminación (conforme a la instrucción Nº 2503-10 del Gobierno de la República de Moldova, de 21 de enero de 2008). En este proyecto de ley se definen conceptos que no se especifican en la legislación nacional vigente, como la discriminación (directa o indirecta), la explotación, la incitación a la discriminación y las medidas positivas. El proyecto de ley contiene disposiciones que regulan las medidas de prevención y lucha contra el fenómeno de la discriminación en las esferas más importantes, por ejemplo, el trabajo, la educación, la salud y la prestación de servicios. De este modo, las disposiciones referentes a la prohibición de todo acto relacionado con una distinción o preferencia respecto de una persona o grupo de personas que conduzca a limitar el acceso al mercado de trabajo complementan y especifican las normas ya incluidas en el Código del Trabajo. Dicho proyecto de ley también prohíbe toda forma de discriminación en el sector de la enseñanza y en el ámbito de la prestación de servicios (servicios médicos, de protección social, bancarios, de transporte o de otro tipo). El proyecto de ley contiene disposiciones sobre la base institucional. Habida cuenta de la labor propia de los defensores parlamentarios de los derechos y libertades humanos, se ha adoptado la decisión de asignarles facultades en materia de protección contra la discriminación y garantía de la igualdad de derechos. El proyecto prevé la creación de una comisión gubernamental que ejerza las siguientes funciones: elaboración y promoción de la política contra la discriminación, elaboración de propuestas para fomentar e introducir modificaciones en la base legislativa para hacer efectiva y reforzar la protección contra la discriminación, y formulación de observaciones generales y propuestas para prevenir y combatir la discriminación dirigidas a las autoridades a nivel central y locales. El proyecto de ley establece asimismo el derecho de las organizaciones sociales a adoptar medidas en el ámbito de la prevención y la lucha contra la discriminación, lo que permite involucrar a la sociedad civil en la eliminación de este fenómeno negativo. También son esenciales las disposiciones del proyecto de ley referentes a la protección de las víctimas de discriminación. El proyecto de ley de prevención y lucha contra la discriminación se concordó sobre la base de las conclusiones de los órganos interesados y se sometió a examen del Gobierno mediante Carta oficial Nº 3/8089, de 30 de septiembre de 2008.
27.La base legislativa nacional en materia de protección social garantiza la igualdad de derechos de todos los ciudadanos a la asistencia social independientemente de su origen étnico, religión o pertenencia a una minoría nacional. En la República de Moldova existen varias leyes y actos normativos que regulan los diversos tipos de asistencia social: la Ley sobre el fondo nacional y los fondos locales de asistencia social a la población (Nº 827, de 18 de febrero de 2000), la Ley de prestaciones sociales para determinadas categorías de ciudadanos (Nº 499, de 14 de julio de 1999), la Ley de protección social especial para determinadas categorías de la población (Nº 933, de 14 de abril de 2000) y la Decisión gubernamental sobre prestaciones para las familias numerosas (Nº 1478, de 15 de noviembre de 2002). A los fines de prestar asistencia social a las familias de bajos ingresos se aprobó la Ley de asistencia social, Nº 133-XVI, de 13 de junio de 2008. Esta ley se aplica a las familias cuyos miembros son ciudadanos de la República de Moldova, a los ciudadanos de otros Estados y a los apátridas y los refugiados que viven en la República de Moldova de conformidad con la legislación vigente.
28.A fin de mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos se adoptó la Decisión gubernamental Nº 1512, de 31 de diciembre de 2008, por la que se aprueba el Programa nacional de creación de un sistema integral de servicios sociales para 2008-2012. Este programa se basa en el principio de la igualdad de oportunidades, es decir, prevé garantizar los derechos de todas las personas de bajos ingresos a los servicios sociales independientemente de consideraciones de sexo, edad, religión, cultura, idioma u origen étnico.
29.Los principios de igualdad, tolerancia y diálogo se reflejan en la nueva Ley de asilo, Nº 270, de 18 de diciembre de 2008. Esta ley ha ampliado en medida considerable los derechos de los refugiados. En particular, los refugiados, sin distinción por motivos de origen étnico, disponen de los siguientes derechos: en el caso de las familias con hijos y los menores de edad no acompañados, derecho a todos los tipos de asistencia social que se prestan de conformidad con la legislación vigente a los niños que son ciudadanos de la República de Moldova; derecho a ejercer los mismos derechos que los ciudadanos de la República de Moldova a la libertad de religión y la educación religiosa de los hijos; en el sistema de seguro médico obligatorio, los mismos derechos que los ciudadanos de la República de Moldova; y derecho a participar en los programas de integración social.
30.El Parlamento de la República de Moldova ha aprobado nuevas disposiciones legislativas en relación con las reuniones y los partidos políticos, a saber:
a)La Ley de partidos políticos, Nº 294-XVI, de 21 de diciembre de 2007. El artículo 3 5) de esta ley prohíbe la creación y las actividades de partidos políticos fundados en la discriminación por razón de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, situación económica u origen social. Con arreglo a dicha ley, los partidos políticos se crean sobre la base de la estructura administrativa y territorial de la República de Moldova. Pueden ser miembros de un partido político los ciudadanos de la República de Moldova con derecho de voto conforme a la legislación en vigor. Los ciudadanos de la República de Moldova tienen derecho a asociarse libremente en partidos políticos, a participar en las actividades de estos y a salir de un partido político. Nadie puede ser obligado a integrarse o no integrarse en un partido político.
b)La Ley de reuniones, Nº 26-XVI, de 22 de abril de 2008, garantiza el derecho a la libertad de reunión de todos los ciudadanos, sin distinción por razones de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, convicciones, filiación política, situación económica, origen social u otro criterio. Con arreglo al artículo 10 de esta ley, toda persona que se proponga celebrar una reunión deberá notificarlo previamente por escrito a las autoridades de la unidad administrativa y territorial correspondiente a más tardar cinco días antes de la celebración de la reunión.
c)El Código de Televisión y Radiodifusión de la República de Moldova (Ley Nº 260-XVI, de 27 de julio de 2006). El Código tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de los usuarios de programas a recibir informaciones verídicas y objetivas, lo que contribuirá a la formación de libres opiniones, a salvaguardar los derechos a la libertad de publicidad y de expresión de las empresas televisivas y radiofónicas y a afirmar los principios democráticos de la labor de la televisión y la radiodifusión en la República de Moldova. El Código de Televisión y Radiodifusión comprende una serie de disposiciones que se refieren a los derechos de las minorías nacionales.
31.Con arreglo al Código:
Las empresas televisivas y radiofónicas tienen prohibido difundir programas que contengan cualquier forma de incitación a la discordia por motivos de raza, religión, nacionalidad o sexo (art. 6, 1)).
A fin de respetar los derechos humanos y libertades fundamentales en la transmisión y retransmisión de los programas se garantizan el pluralismo político y social, la diversidad cultural, lingüística y religiosa y la información, educación y entretenimiento del público (art. 7, 1)).
En los lugares donde la mayoría de la población se compone de representantes de minorías nacionales, las empresas televisivas y radiofónicas locales y regionales difunden algunos programas en el idioma oficial del Estado en una proporción no inferior al 20% del volumen total de emisiones. Las autoridades de la Región Autónoma de Gagausia regulan el aspecto lingüístico de la actividad de la empresa "Telerradiodifusión de Gagausia" (art. 11, 9)).
En las localidades donde más del 20% de la población está constituido por representantes de una nacionalidad o etnia, las empresas televisivas y radiofónicas que tienen licencia de retransmisión deben asegurar la traducción de los programas que retransmiten al idioma de la minoría nacional correspondiente (art. 29, 4)).
El Consejo de Coordinación de la Televisión y Radiodifusión tiene el cometido de asegurar la protección del espacio informativo y el patrimonio lingüístico y nacional‑cultural, incluidas las culturas y lenguas de las minorías nacionales (art. 41,1 e)).
32.La empresa estatal Telerradio-Moldova cumple las siguientes funciones:
Inculcar el sentido de la dignidad humana, la tolerancia, la moral pública, la responsabilidad civil, los valores democráticos, el espíritu de unidad nacional, la justicia y la equidad teniendo en cuenta las convicciones morales, políticas y religiosas de los distintos grupos de población (art. 51, 1 d));
Garantizar el derecho a la información de todas las categorías de ciudadanos de la República de Moldova, incluidas las minorías nacionales (art. 51, 1 f));
Programas informativos, culturales, educativos y de entretenimiento televisivos y radiofónicos en el idioma oficial del Estado de la República de Moldova, en idiomas de las minorías nacionales, así como en idiomas internacionales, teniendo en cuenta las disposiciones del presente Código (art. 54, a)).
33.En cumplimiento de estos principios, la empresa Telerradio-Moldova transmite programas televisivos y radiofónicos en todo el territorio de la República no sólo en moldavo sino también en ruso, ucraniano, gagauso, romaní, hebreo y polaco.
34.Las relaciones referentes a la libertad de conciencia y la libertad religiosa se rigen por la Ley de cultos y sus componentes, Nº 125-XVI, de 11 de mayo de 2007. En el marco de esta ley toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho debe ejercerse en un espíritu de tolerancia y respeto mutuo y supone la libertad de pertenecer o no pertenecer a una religión, tener o no tener determinadas convicciones, cambiar de religión o de convicciones, y profesar una religión o convicciones individualmente o junto con otras personas, en público o en privado, por medio de la enseñanza, el oficio divino o la celebración de ceremonias religiosas y rituales. Toda persona y toda comunidad religiosa puede adherirse sin obstáculos a cualquier culto religioso (art. 4). De conformidad con el citado artículo, las personas físicas con capacidad plena de obrar que están bajo la jurisdicción de la República de Moldova pueden crear organizaciones religiosas sobre la base del principio de voluntariedad a los fines de profesar colectivamente una religión. Los cultos religiosos se constituyen sobre la base de sus propias normas, convicciones y la libre voluntad de los creyentes conforme a sus enseñanzas, cánones y tradiciones. Las comunidades religiosas pueden crearse y disolverse, sin obstáculos y sin otro acuerdo, sobre la base de la libre voluntad de sus miembros (art. 16). Con arreglo a las disposiciones de dicha ley, corresponde al Ministerio de Justicia inscribir en el registro los cultos religiosos o sus componentes. A este efecto, las organizaciones religiosas deben presentar al Ministerio de Justicia los documentos indicados en la ley. En caso de ausencia de alguno de los documentos necesarios, el Ministerio de Justicia tiene derecho a no considerar la solicitud de inscripción del culto religioso o de sus componentes. Si los documentos constitutivos presentados corresponden a lo exigido en la presente ley, el Ministerio de Justicia extiende en un plazo de 15 días el certificado de registro. Se considera que la inscripción del culto religioso en el registro es efectiva a partir de la fecha del certificado de registro y el culto queda exento de los derechos de inscripción. Si los documentos constitutivos presentados por una organización religiosa no corresponden a lo exigido en la presente ley, y sus disposiciones representan una amenaza para la sociedad, la seguridad pública, la vida y la salud de los ciudadanos, el Ministerio de Justicia deniega la inscripción de esa organización indicando las razones de su decisión. Las personas que hayan firmado el acta constitutiva podrán recurrir dicha decisión por vía judicial.
35.Una de las prioridades de la República de Moldova a nivel nacional en la eliminación de todas las formas de discriminación racial es la promoción del principio de diversidad cultural como principio reconocido universalmente, así como del principio de respeto de los derechos humanos y la igualdad. Estos principios están consagrados en una serie de instrumentos legislativos y en medidas prácticas y se enuncian en los programas, políticas y estrategias estatales a largo plazo.
36.Dichos principios se reflejan en el texto del nuevo Programa del Gobierno titulado "Integración europea: libertad, democracia, prosperidad", que contiene un capítulo dedicado a la integración de las minorías nacionales en que se definen las tareas esenciales del Gobierno en esta esfera, entre ellas:
Conservar y desarrollar el legado cultural y lingüístico de las minorías nacionales que viven en el territorio de la República de Moldova;
Promover una política estatal consecuente y multilateral en relación con las minorías nacionales;
Perfeccionar la base jurídica a fin de asegurar la integración de las minorías nacionales en la vida social, administrativa, cultural, política y económica del país.
37.El programa también define las medidas prioritarias para la realización de estas tareas, a saber:
Desarrollar la base jurídica para la protección y el desarrollo de las culturas e idiomas de las minorías nacionales que viven en el territorio de la República de Moldova, en particular promover el sistema de enseñanza en idiomas de las minorías nacionales en los centros preuniversitarios;
Elaborar y poner en práctica el Programa estatal de creación de las condiciones necesarias para el estudio y utilización del idioma oficial de la República de Moldova por los ciudadanos que no lo hablan, incluidos los funcionarios públicos y las personas que ocupan cargos electivos locales;
Perfeccionar la base jurídica existente relativa a la cooperación con el Estado de las organizaciones etnoculturales registradas, ampliar los ámbitos de colaboración y actividades conjuntas, y armonizar la práctica actual con las normas internacionales y europeas;
Brindar apoyo del Estado a los programas de fomento de la cohesión social con ayuda de las organizaciones etnoculturales registradas en la República de Moldova;
Garantizar las condiciones y posibilidades para estudiar en el idioma materno y preservar las culturas de las minorías nacionales.
38.Para dar continuación a la labor referente al respeto de los derechos humanos se ha elaborado un proyecto de nuevo Plan de Acción Nacional en la esfera de los derechos humanos para 2009-2012. El Plan Nacional se presenta como mecanismo de aplicación de la política estatal en materia de protección de los derechos humanos. Habida cuenta de los problemas no resueltos, el nuevo Plan de Acción se orienta a lograr cambios positivos en esta esfera. El principal objetivo de este documento político consiste en que los órganos estatales y la sociedad civil adopten políticas y estrategias encaminadas a mejorar la situación de los derechos humanos. Un capítulo separado del proyecto de plan refleja las medidas para prevenir y combatir la discriminación, así como para garantizar los derechos de las minorías nacionales. El proyecto de plan fue transmitido al Parlamento para su examen y aprobación.
III.Información relativa al cumplimiento de lasobservaciones finales del Comité para la Eliminaciónde la Discriminación Racial (CERD/C/MDA/CO/7)sobre los informes periódicos quinto a séptimode la República de Moldova (CERD/C/MDA/7)
39.En el presente capítulo se brinda información sobre el cumplimiento de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/MDA/CO/7), y en particular las señaladas en la sección C (Motivos de preocupación y recomendaciones).
Párrafo 8, en relación con el acceso al mercado de trabajo y el derecho altrabajo, la protección social, la asistencia médica y la educación de lasminorías nacionales y los no ciudadanos
40.La República de Moldova aplica a nivel estatal una política basada en el principio de no discriminación tanto en materia de utilización de los recursos laborales como en lo que se refiere a las relaciones laborales. Teniendo en cuenta que Moldova es Miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y considerando las disposiciones de los instrumentos internacionales en que es parte la República y de los actos normativos nacionales, el principio de no discriminación se proclama como principio básico en todas las esferas de la vida social, inclusive en la utilización de los recursos laborales y las relaciones laborales.
41.El artículo 16 2) de la Constitución prevé la igualdad de los ciudadanos de la República ante la ley y las autoridades públicas sin distinción de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, convicciones, filiación política, patrimonio o extracción social.
42.A su vez, el artículo 5 del Código del Trabajo establece los principios básicos que regulan las relaciones laborales y otras relaciones directamente vinculadas con estas:
La libertad de trabajo, que incluye el derecho a trabajar en una actividad que cada uno elige libremente o acepta voluntariamente, el derecho a emplear sus aptitudes profesionales y el derecho a elegir la profesión y el tipo de ocupación;
La prohibición del trabajo forzoso (obligatorio) y de la discriminación en las relaciones laborales;
La igualdad de derechos y oportunidades de los trabajadores;
La garantía de la igualdad de los trabajadores, sin discriminación, en lo que se refiere a los ascensos y teniendo en cuenta la productividad en el trabajo, las aptitudes y la experiencia en una determinada especialización, así como con respecto a la formación, la recapacitación y el perfeccionamiento profesionales.
43.El artículo 8 prohíbe toda discriminación directa o indirecta contra el trabajador por motivos de sexo, edad, raza, nacionalidad, religión, opinión política, origen social, lugar de residencia, discapacidad física, mental o psíquica, afiliación sindical o participación en actividades sindicales, u otros criterios no vinculados a las aptitudes profesionales del trabajador.
44.El artículo 47 prohíbe despedir de manera injustificada a un trabajador o establecer ventajas directas o indirectas al concluir el contrato de trabajo individual en función del sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, el lugar de residencia, la opinión política o el origen social.
45.El artículo 128 dispone que en la determinación y el pago del salario está prohibida toda discriminación por motivos de sexo, edad, discapacidad física, mental o psíquica, origen social, situación familiar, origen étnico, pertenencia racial o nacional, opinión política, convicción religiosa o afiliación sindical o participación en actividades sindicales.
46.El principio de no discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, convicciones, filiación política, situación económica u origen social está en la base de lo dispuesto en la Ley de empleo de la población y protección social de las personas en busca de trabajo, Nº 102-XV, de 13 de marzo de 2003. Este principio, enunciado en el artículo 8 de dicha ley, se observa en la adopción de medidas pasivas de protección social, que incluyen el pago de subsidios por un período limitado, así como de medidas activas (concebidas tanto para las personas en busca de trabajo, como para los empleadores), que incluyen medidas para incentivar el empleo de la población, la orientación profesional de la población adulta y la formación profesional de las personas en busca de trabajo, así como los servicios intermediarios de empleo que ofrecen las estructuras de la Agencia Nacional de Empleo de la Población.
47.A fin de dar cumplimiento a las normas de la legislación vigente relativas a la igualdad de las personas en las relaciones laborales y otras relaciones vinculadas directamente con estas, el Estado introdujo un sistema de control permanente a cargo de la Inspección del Trabajo (instituida en virtud de la Ley Nº 140-XV, de 10 de mayo de 2001) y de los sindicatos (que actúan conforme a la Ley Nº 1129-XIV, de 7 de julio de 2000). De acuerdo con estas leyes, que reglamentan el funcionamiento de la Inspección del Trabajo y de los sindicatos, estos tienen derecho a radicar una demanda en las instancias judiciales por violación del principio de igualdad de derechos en el trabajo y en la práctica de las relaciones laborales.
48.Conforme al artículo 20 de la Constitución, toda persona, en caso de conculcación de sus derechos, podrá acudir libremente a la justicia para que se le restituyan efectivamente sus derechos. Considerando que la libertad de acceso a la justicia es una condición básica de la observancia de las normas de la legislación vigente, cabe señalar que en el Código de Delitos (art. 6), así como en los Códigos de Procedimiento Civil y Penal (artículos 22 y 9, respectivamente), se establece el principio de igualdad de las personas ante la ley y los tribunales en la instrucción de los procesos por delitos, sin distinción por motivos de raza, nacionalidad, idioma, religión, sexo, filiación política, situación económica, origen social o cualquier otra situación.
49.Para los casos en que la instancia judicial determina que se ha infringido el principio de no discriminación, se ha creado en Moldova un sistema de sanciones administrativas y penales que se imponen en función de las circunstancias de cada caso. De este modo, el artículo 55 del Código de Delitos (Ley Nº 218-XVI, de 24 de octubre de 2008) prevé la imposición de una multa equivalente a entre 40 y 120 unidades convencionales por quebrantamiento de la legislación laboral (incluida la discriminación en dicha esfera). A su vez, el artículo 176 del Código Penal (Ley Nº 985-XV, de 18 de abril de 2002) prevé la responsabilidad penal por la violación de la igualdad de derechos de los ciudadanos.
50.Los objetivos de la política estatal en materia de protección social son mejorar las condiciones de vida, garantizar la protección social correspondiente, establecer el diálogo social y luchar contra cualquier forma de marginación y aislamiento social. En relación con la protección social, la legislación nacional garantiza la igualdad de todos los ciudadanos en la obtención de asistencia social, independientemente de la pertenencia a una minoría nacional.
51.De conformidad con la Ley de asistencia social, Nº 133-XVI, de 13 de junio de 2008, con el fin de asegurar a las familias pobres unos ingresos mensuales mínimos garantizados se les paga una prestación social calculada en función de los ingresos medios mensuales totales y sus necesidades de asistencia social. El monto de la prestación social pagadera se determina como diferencia entre los ingresos mensuales mínimos garantizados de la familia y sus ingresos totales. El ámbito de aplicación de esta ley se extiende a las familias cuyos miembros son ciudadanos de la República de Moldova, a los ciudadanos de otros Estados y a los apátridas y los refugiados que viven en la República de Moldova con arreglo a la legislación vigente.
52.El 31 de diciembre de 2008, por Decisión gubernamental Nº 1512, se aprobó el Programa nacional de creación de un sistema integral de servicios sociales para 2008-2012, que supone la adopción de una política integral de apoyo a las personas que se encuentran en situación difícil, mediante la prestación de servicios sociales eficaces y de alta calidad. Estos servicios consisten en otorgar a esas personas un apoyo de corta o larga duración con objeto de atender sus necesidades sociales, reducir su aislamiento social y mejorar su calidad de vida, y permiten al mismo tiempo realizar las tareas formuladas en el Programa de Acción del Gobierno titulado "Integración europea, libertad, democracia, prosperidad" para 2009-2013 en los capítulos relativos a la política social y la integración de las minorías nacionales.
53.El desarrollo de un sistema integral de servicios sociales permitirá crear mejores posibilidades de integración social para quienes se encuentran en situación difícil (incluidas las personas de origen romaní) y garantizará el respeto de sus derechos fundamentales. La combinación de medidas de prevención y rehabilitación, así como la posibilidad de resolver los problemas a nivel de la comunidad (sin complicarlos ni encarecer su resolución) harán más rentable el sistema, permitirán abarcar a todas las personas que necesitan apoyo social y contribuirán a mejorar la calidad de vida de la gente.
54.A efectos de aplicar eficazmente la política del Estado en materia de protección social y ampliación de las capacidades funcionales de las estructuras de asistencia social a nivel local, por Decisión gubernamental Nº 1255, de 11 de noviembre de 2008, en las estructuras locales correspondientes se creó el Servicio de Asistencia Social (de nivel local).
55.Los objetivos del Servicio de Asistencia Social (de nivel local) son:
a)Informar sobre el acceso a los servicios sociales, determinar los problemas sociales a nivel local, prevenir su surgimiento y resolverlos oportunamente;
b)Desarrollar y prestar servicios sociales primarios de apoyo y consolidación de los recursos de las personas y familias pobres;
c)Movilizar y consolidar los recursos de la comunidad para la prestación de apoyo a las familias pobres.
56.El Servicio de Asistencia Social (de nivel local) dispone del personal siguiente:
a)Jefe de servicio: uno por cada unidad territorial y administrativa de segundo nivel;
b)Asistente social: uno por cada 5.000 habitantes en zonas urbanas y por hasta 3.000 habitantes en zonas rurales, pero no menos de uno en cada caso.
57.El asistente social colabora con las autoridades locales a los fines de resolver de manera integral los problemas de las personas que necesitan apoyo social.
58.Se garantiza el acceso a los servicios de asistencia médica de conformidad con la legislación vigente y los derechos previstos en la constitución. La asistencia médica de urgencia, ambulatoria y en dispensarios en el marco del seguro médico obligatorio se presta en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos de la República de Moldova, sin distinción de pertenencia étnica, sexo o edad. En la categoría de personas cubiertas por la seguridad social están incluidos: los menores de edad, los estudiantes de institutos de formación profesional y de enseñanza media especializada, los estudiantes de establecimientos de enseñanza superior y de las instituciones de formación postuniversitaria, las mujeres embarazadas y las madres de niños recién nacidos, las madres de familia numerosa, los niños con discapacidad del primer grupo y las personas con discapacidad. Todos los gastos de la atención médica a las madres y los niños en todos los niveles del sistema de salud se cubren con cargo a la Compañía Nacional de Seguro Médico. Para la profilaxis del raquitismo y la anemia se proporcionan gratuitamente a todos los niños de menos de 1 año preparados de vitamina D2 y Hemofer. En el marco del Programa de control integrado de la morbilidad infantil los niños de menos de 5 años reciben medicamentos gratuitamente en el curso de un año. Los niños de edades comprendidas entre los 2 y los 5 años siguen un tratamiento gratuito de desparasitación preventiva. Las mujeres embarazadas, incluidas las mujeres de origen romaní, son atendidas por médicos de familia y reciben gratuitamente preparados que contienen hierro y ácido fólico. En el marco de los programas nacionales, los pacientes de esta categoría de personas que sufren enfermedades como la diabetes, la tuberculosis, afecciones oncológicas, enfermedades del sistema endocrino, enfermedades psíquicas o asma bronquial, reciben medicamentos procedentes del volumen total de medicamentos adquiridos de forma centralizada por el Ministerio de Salud. La atención de las mujeres embarazadas incluidas en dicho grupo se realiza en las "escuelas para mujeres embarazadas", y la de las madres de niños recién nacidos en las "escuelas para mamás". La inmunoprofilaxis entre los romaníes se lleva a cabo conforme al calendario de vacunaciones. Al mismo tiempo, con arreglo al Programa de actividades para 2009 firmado por el Ministerio de Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el marco del proyecto titulado "Promoción del acceso a los servicios básicos, la seguridad humana y la inclusión social entre los grupos vulnerables de Moldova", se han adoptado varias medidas en materia de salud reproductiva. Así, para garantizar el acceso de los grupos vulnerables de la población a los servicios básicos, en el período de 22 de junio a 3 de julio de 2009 se impartió capacitación sobre salud reproductiva y planificación de la familia a 40 trabajadores médicos (médicos de familia, médicos de consultorios de salud reproductiva y auxiliares de médicos de familia) procedentes de lugares de residencia compacta de población romaní. Con el fin de aumentar el acceso de la población romaní a los servicios y la información sobre salud reproductiva, el Ministerio de Salud, en colaboración con la Oficina del UNFPA en Moldova, llevó a cabo, entre el 10 de septiembre y el 31 de octubre de 2009, una campaña social de información a la población titulada "¡No lo olvides! la salud de tu familia depende de tu salud".
59.Con respecto al procedimiento de inscripción de los nacimientos, incluidos los de niños romaníes, cabe señalar que, en virtud del Decreto conjunto del Ministerio de Desarrollo Informativo y Comunicaciones y el Ministerio de Salud, Nº 114/476, de 12 de diciembre de 2008, se creó un mecanismo para la entrega de los certificados de estado civil en los establecimientos medicosanitarios y se aprobó la apertura de centros de inscripción de los nacimientos en las casas de maternidad. Corresponde al Servicio del Registro Civil del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones organizar la recepción en los establecimientos medicosanitarios de los documentos necesarios para registrar los actos de estado civil, y la entrega de los certificados de estado civil (incluidos formularios adicionales).
60.El Ministerio de Salud, sobre la base de los acuerdos concertados con las autoridades territoriales del Registro Civil, ha puesto gratuitamente a disposición de estas, en las casas de maternidad oficinas para la inscripción de los nacimientos. En la actualidad se han abierto estas oficinas en todas las casas de maternidad. A fin de acelerar este procedimiento, con ayuda de los médicos de familia se informa a las mujeres embarazadas sobre los documentos que deben llevar al ingresar en las casas de maternidad para la inscripción del nacimiento. Los trabajadores médicos de las casas de maternidad participan en la recogida de los documentos necesarios.
Situación de los extranjeros, los apátridas y los refugiados
61.En el marco de la legislación nacional, en particular la Ley de migración, Nº 1518, de 6 de diciembre de 2002, la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y los apátridas, Nº 275, de 10 de noviembre de 1994, y la Ley sobre el estatuto de los refugiados, Nº 1286, de 25 de julio de 2002, los extranjeros, los apátridas, los solicitantes de asilo y las personas acogidas a una de las formas de protección contempladas tienen derecho de trabajo, residencia, protección de la salud y educación en las mismas condiciones que los ciudadanos de la República de Moldova.
62.En lo que respecta al acceso al mercado de trabajo, de conformidad con el artículo 7 1) de la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y los apátridas, Nº 275, de 6 de diciembre de 1994, los extranjeros y los apátridas que viven en la República de Moldova tienen derecho a trabajar y a beneficiarse de la protección del trabajo de conformidad con la legislación vigente. Con arreglo a la Ley de asilos, Nº 270, de 18 de diciembre de 2008, los extranjeros acogidos a una de las formas de protección contempladas tienen derecho a trabajar y a beneficiarse de prestaciones de desempleo y de toda medida destinada a combatir el desempleo e incentivar el empleo de la población, en las mismas condiciones que los ciudadanos de la República de Moldova.
63.Por lo que refiere a la educación inicial de los niños, la legislación de la República de Moldova dispone que los hijos menores de edad de los refugiados solicitantes de asilo y personas acogidas a una de las formas de protección contempladas tienen derecho a acceder a la enseñanza obligatoria general en las mismas condiciones que los niños que son ciudadanos moldovos. Todos los niños de las familias de refugiados, solicitantes de asilo y personas acogidas a una de las formas de protección contempladas tienen derecho a la enseñanza inicial y media gratuita.
64.En lo relativo al derecho de residencia, los extranjeros acogidos a una de las formas de protección contempladas tienen derecho a obtener una vivienda en las mismas condiciones que los ciudadanos de la República de Moldova. Según las estadísticas, el 95,9% de estas personas viven en Chisinan, el 1,5% en localidades rurales, y el resto en ciudades. El 86% viven en edificios de varios pisos, el 10% en casas de una sola planta y el 4% en el Centro de Alojamiento Temporal para solicitantes de asilo.
65.El artículo 5 de la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y los apátridas, Nº 275, de 10 de noviembre de 1994, establece que los extranjeros y los apátridas tienen los mismos derechos, libertades y obligaciones que los ciudadanos de la República de Moldova, con las excepciones previstas en la legislación. Los extranjeros y los apátridas gozan de igualdad ante la ley y las autoridades, sin distinción por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opiniones, filiación política, situación económica u origen social. El artículo 10 de la Ley de asilo, Nº 270, de 18 de diciembre de 2008, y el artículo 3 d) de la Ley de migración, Nº 1518, de 6 de diciembre de 2002, establecen el principio de no discriminación, en virtud del cual queda implícito que estas normas jurídicas se aplican sin ningún tipo de discriminación por razón de raza, ciudadanía, origen étnico, idioma, religión, sexo, convicciones, filiación política o condición social. De este modo, la prohibición de la discriminación es un principio fundamental de la legislación nacional que regula esta esfera.
66.Al momento de redactar el presente informe, en el territorio de la República de Moldova había 131 personas que se beneficiaban de una protección (81 refugiados y 50 personas con protección humanitaria) procedentes de 30 países del mundo. El número de personas procedentes de África y Asia acogidas a una de las formas de protección contempladas es el siguiente:
Afganistán: 7 personas
Angola: 1 persona
Egipto: 3 personas
India: 1 persona
Irán: 3 personas
Iraq: 4 personas
Jordania: 4 personas
Liberia: 1 persona
Pakistán: 1 persona
Sector de Gaza: 11 personas
Sierra Leona: 1 persona
Siria: 10 personas
Somalia: 1 persona
Tanzanía: 1 persona
Turquía: 1 persona
Yemen: 1 persona
Zimbabwe: 1 persona
67.En 2009 se brindó protección humanitaria a solicitantes de asilo procedentes de: Afganistán (1 persona), Irán (2 personas) y Sector de Gaza (1 persona); 41 solicitudes de asilo están en curso de examen. En el marco de la ejecución de los programas nacionales aprobados por el Gobierno (en particular, el Programa de acción nacional en materia de migración y concesión de asilo), la Oficina de Migraciones y Asilo del Ministerio del Interior, en colaboración con representantes de diversas organizaciones internacionales acreditadas en la República de Moldova, así como con representantes de organizaciones no gubernamentales, organiza seminarios y mesas redondas destinadas a informar y capacitar a los funcionarios de policía sobre la legislación que regula el ámbito de la migración. Estas acciones se realizan bajo el lema "Trato correcto y digno hacia los solicitantes de asilo y los refugiados en la República de Moldova".
Párrafo 9, en relación con los defensores parlamentarios
68.Con arreglo a la Ley sobre los defensores parlamentarios, Nº 1349-XIII, de 17 de octubre de 1997, la labor de estos últimos tiene por objeto velar por que los órganos de la administración central y las autoridades locales, las instituciones, las organizaciones y empresas, cualquiera sea su forma de propiedad, las asociaciones y las personas que ocupan cargos de responsabilidad, de todos los niveles, respeten los derechos humanos y libertades consagrados en la Constitución. De este modo, sobre la base de la legislación vigente, toda persona que considere que se han infringido sus derechos y ha sido víctima de discriminación tiene derecho a presentar una queja a los defensores parlamentarios.
69.En razón del carácter específico de su labor se han otorgado a los defensores parlamentarios facultades para proteger a las personas de la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades. Con arreglo al proyecto de ley de prevención y lucha contra la discriminación, los defensores parlamentarios por propia iniciativa o a petición de quien considere que ha sido objeto de discriminación, emprenden una investigación para determinar la existencia o ausencia de un acto de discriminación. Tras examinar la queja, el ombudsman debe comunicar a la persona contra la que se haya formulado la queja su recomendación de poner fin a los actos de discriminación, y notificarlo asimismo a quien haya presentado la queja.
70.Las atribuciones de los defensores parlamentarios les permiten adoptar las siguientes medidas: entablar una demanda judicial para defender los intereses de una persona que se considere víctima de discriminación; como complemento de las actuaciones de los órganos competentes, solicitar que se abra un proceso disciplinario o proceso penal contra los funcionarios que hayan cometido actos de discriminación; iniciar un proceso administrativo contra las personas que no hayan atendido a las solicitudes y recomendaciones de los defensores parlamentarios o que se hayan injerido en sus actuaciones con el fin de influir en la adopción de decisiones.
Párrafo 10, en relación con la legislación sobre prevención y eliminación de la discriminación racial
71.En 2008 la Fiscalía General realizó un estudio acerca de la conformidad de la legislación nacional con las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Los resultados de este estudio permiten constatar que la República de Moldova adopta las medidas legislativas adecuadas para aplicar a nivel nacional las disposiciones fundamentales de la Convención, y continúa haciéndolo permanentemente. Se ha reconocido que es absolutamente necesario que existan garantías contra la discriminación. La ratificación por Moldova de varios tratados internacionales obliga al Estado a cumplir los compromisos contraídos aplicando efectivamente sus disposiciones y adoptando la política correspondiente con el fin de eliminar el fenómeno de la discriminación. El principio de igualdad de derechos consagrado en el artículo 16 de la Constitución prevé la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y los órganos del Estado sin ningún tipo de discriminación. La legislación nacional contiene disposiciones, incluidas en distintas leyes, que prohíben la discriminación por razón de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, origen social, convicciones, sexo, filiación política, situación económica o cualquier otro criterio, que tenga por objeto disminuir o no aceptar el cumplimiento obligatorio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades fundamentales o de los derechos reconocidos en la legislación, en los ámbitos político, económico, social, cultural o cualesquiera otros ámbitos de la vida pública.
72.En Moldova no hay una ley especial sobre la eliminación de toda discriminación. Teniendo en cuenta la experiencia de un número considerable de otros Estados que han adoptado leyes especiales para combatir y prevenir la discriminación, el Ministerio de Justicia ha elaborado un proyecto de ley de prevención y lucha contra la discriminación. Al mismo tiempo, es preciso señalar que la legislación de la República de Moldova corresponde en gran medida a la práctica internacional en materia de prevención y lucha contra la discriminación y contiene disposiciones que regulan la solución de la mayoría de los problemas relacionados con la discriminación. El citado proyecto de ley, de 30 de septiembre de 2008, se ha sometido a examen del Gobierno. Con arreglo a la disposición Nº 2503-103 del Gobierno, de 18 de mayo de 2009, el proyecto fue devuelto al Ministerio de Justicia para su ulterior acuerdo. El 25 de junio de 2009 el Ministerio de Justicia (Carta Nº 03/4144) transmitió de nuevo el proyecto de ley de prevención y lucha contra la discriminación a los ministerios sectoriales y otros órganos para su aprobación.
73.El primer capítulo de este proyecto de ley establece el objetivo básico de la ley, que consiste en prevenir y combatir la discriminación por razón de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, color de la piel, sexo, edad, estado de salud, discapacidad, orientación sexual, opiniones políticas, condición social, pertenencia a sectores desfavorecidos de la sociedad, o por cualquier otro criterio. El proyecto de ley define el concepto de "discriminación" (directa e indirecta) y otros conceptos, como "intimidación", "incitación a la discriminación" y "victimización", y da otras definiciones que no existen en la legislación vigente. El artículo 4 define algunas formas de discriminación, en particular la discriminación a través de los medios de información y de informes discriminatorios en lugares públicos y el fomento de la discriminación por las autoridades. El artículo 5 trata de las medidas concretas para eliminar la discriminación.
74.El segundo capítulo del proyecto regula la prevención y la lucha contra la discriminación en distintas esferas. Se prohíbe toda diferenciación, exclusión o preferencia que suponga limitar las posibilidades de empleo. Las normas propuestas deben complementar y precisar las disposiciones que ya existen en el Código del Trabajo en la República de Moldova. Se consideran discriminatorios los siguientes actos del empleador: colocar anuncios de trabajo indicando condiciones que darán preferencia a determinadas personas, denegar injustificadamente un empleo, no pagar un salario igual por un trabajo igual o practicar acoso y persecución por cualesquiera criterios. El empleador debe colocar en lugares accesibles el reglamento sobre la aplicación de este principio. La prohibición de la discriminación en las esferas más importantes, a saber el derecho al trabajo, la educación, la salud, el comercio y los servicios se establece en la Recomendación Nº 7, de 13 de diciembre de 2008, sobre legislación nacional para combatir el racismo y la discriminación racial, aprobada por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.
75.El proyecto propone la creación de una comisión gubernamental con las siguientes atribuciones: desarrollar y promover una política de protección contra la discriminación, promover y elaborar propuestas de enmiendas a la legislación con el fin de mejorar la protección contra la discriminación y transmitir a los órganos de la administración central y las autoridades locales propuestas y observaciones de carácter general sobre prevención y lucha contra la discriminación. El marco legislativo prevé asimismo el derecho de las asociaciones a ejercer determinadas atribuciones en el ámbito de la prevención y lucha contra la discriminación (art. 21). Esta disposición otorga la posibilidad de hacer participar a la sociedad civil en la erradicación de estos fenómenos negativos.
76.Con el fin de dar cumplimiento al principio de no discriminación, se exigirá responsabilidad penal, administrativa, civil y disciplinaria a las personas culpables de actos discriminatorios. Toda persona que se considere víctima de discriminación podrá acudir a un tribunal con el fin de que se determine que ha habido violación de sus derechos, y se prohíban ulteriores violaciones, se le otorgue una indemnización por daños materiales y morales, y se declare la nulidad del acto que haya producido discriminación. Con arreglo al artículo 24 del proyecto de ley, la persona que se haya dirigido a un tribunal deberá demostrar los hechos que supuestamente hayan conducido a una discriminación y le hayan causado un daño material y moral, a la vez que recae en el acusado la carga de demostrar que los hechos no constituyen discriminación. Para ampliar el marco de las situaciones en que el principio de no discriminación puede infringirse, se ha elaborado un proyecto de ley de enmiendas y adiciones en el Código Penal mediante el cual se introducen enmiendas en los artículos 176 y 346.
77.En el mencionado proyecto de ley, el artículo 176, en su nueva redacción, penaliza toda diferenciación, exclusión, limitación o preferencia hecha en relación con una persona, grupo de personas o comunidad sin justificación racional y objetiva, sobre la base de los criterios establecidos en los tratados internacionales. Este artículo tipifica también como delito la discriminación basada en la orientación sexual. Se considerará como sujeto de dicho delito no solo a una persona física, sino también a una persona jurídica.
78.De conformidad con el artículo 346 en su nueva redacción, se prevé responsabilidad penal por toda incitación pública, en particular a través de los medios de comunicación de prensa y electrónicos, que provoquen la discriminación o el odio en relación con un grupo de personas por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, color de la piel, sexo, edad, estado de salud, orientación sexual, opiniones políticas, condición social, o pertenencia a determinados segmentos de la sociedad, así como por toda incitación pública a la violencia en relación con determinados grupos de personas. Se considerarán como autores de ese delito tanto las personas físicas como las personas jurídicas. De conformidad con el artículo 270 del Código de Procedimiento Penal, en caso de que el delito haya sido cometido por el Presidente del país, diputados, miembros del Gobierno, jueces, fiscales o personas con el estatuto de militares o funcionarios de instrucción penal, ejercerá la persecución penal un fiscal. Este proyecto de ley fue aprobado por la Decisión gubernamental Nº 1459, de 24 de diciembre de 2007, y en la actualidad se halla sometido a examen en el Parlamento.
Párrafo 11, en relación con la labor de la Oficina de Relaciones Interétnicas
79.La Oficina de Relaciones Interétnicas es el órgano de la administración central que aplica la política estatal en la esfera de las relaciones interétnicas. En 2005 la Oficina se convirtió en sucesora del Departamento de Relaciones Interétnicas, que cambió de nombre junto con otros órganos de la administración central comprendidos en la definición de "departamento".
80.El Reglamento sobre las actividades de la Oficina, aprobado por Decisión gubernamental Nº 2013, de 3 de octubre de 2005, prevé algunas facultades más amplias en comparación con las atribuciones del Departamento de Relaciones Interétnicas. Al reformar la administración pública central en 2008 el Gobierno aprobó el Plan de desarrollo institucional de la Oficina de Relaciones Interétnicas para 2009-2011. Con arreglo a este Plan, la Oficina es un órgano de la administración central especializado que formula la política estatal en lo que respecta a las relaciones interétnicas, la protección de los derechos de las minorías nacionales, el apoyo a la diáspora moldova y el funcionamiento de los idiomas en el territorio de la República mediante la elaboración y aplicación de la base legislativa nacional de acuerdo con los principios del derecho internacional y teniendo en cuenta la identidad étnica, cultural, lingüística y regional de las minorías nacionales.
81.La Oficina de Relaciones Interétnicas se mantiene dentro de la administración pública central, de acuerdo con las modificaciones y adiciones introducidas en la Ley sobre el Gobierno de la República de Moldova (artículo 24, en la redacción LP21-XVIII, de 18 de septiembre de 2009). Sus actividades se financian con cargo al presupuesto del Estado. En los últimos años no se han reducido los medios destinados a la Oficina, y en particular para las medidas culturales. Los medios asignados a la celebración de actividades culturales en que participan representantes de todas las minorías nacionales se utilizan para la organización de festivales, conferencias, mesas redondas y otras actividades encaminadas a promover la diversidad cultural, la tolerancia interétnica y el diálogo intercultural y a consolidar la sociedad civil (por ejemplo, festivales multiétnicos anuales, festivales multiétnicos infantiles, días de escritura y cultura eslavas).
82.Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el amplio espectro de obligaciones de la Oficina de Relaciones Interétnicas, su papel positivo en la promoción de los principios europeos de diversidad cultural y lingüística, sus funciones de coordinadora de la aplicación y supervisión de varias normas internacionales en materia de derechos de las minorías nacionales, su participación en los procesos de integración europea y sus otras esferas de actividad encaminadas a apoyar la identidad etnocultural de las minorías nacionales, los representantes de las organizaciones etnoculturales y los miembros de la Dirección del Consejo de Coordinación han expresado reiteradamente la propuesta de elevar el estatuto de la Oficina de Relaciones Interétnicas en calidad de órgano de la administración central con plenas facultades para formular la política estatal, prevenir y combatir la discriminación y garantizar los derechos específicos de las minorías nacionales. Esta propuesta, en particular, se escuchó durante las reuniones de los miembros del Consejo de Coordinación de las Organizaciones Etnoculturales con el Sr. Vladimir Filat, Primer Ministro de la República de Moldova (13 de octubre de 2009) y el Sr. Marian Lupu, Diputado y candidato al puesto de Presidente de la República (20 de octubre de 2009). La propuesta se examinó al reorganizar la estructura de la administración pública central de conformidad con la Ley LP21-XVIII, de 18 de septiembre de 2009.
83.Por Decisión especial del Gobierno de la República (Nº 43, de 2 de febrero de 2010), se aprobó un nuevo Reglamento sobre las actividades de la Oficina, que permite reforzar su papel y su importancia en la armonización de las relaciones interétnicas en la nueva etapa de integración europea de Moldova. El Consejo de Coordinación de las Organizaciones Etnoculturales, adscrito a la Oficina de Relaciones Interétnicas, tiene la condición de órgano consultivo público reconocida en el artículo 25, párrafo 3, de la Ley de derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales y el estatuto jurídico de sus organizaciones, Nº 382-XV, de 19 de julio de 2001. La Oficina considera este órgano como un eslabón en el diálogo y consulta permanentes con las organizaciones etnoculturales para la formulación y aplicación de la política estatal en los ámbitos cultural, educativo, lingüístico y otros ámbitos que afectan a los intereses y necesidades de las minorías nacionales de la República de Moldova. En calidad de intermediario entre las minorías nacionales y las autoridades, el Consejo de Coordinación desempeña un papel positivo en la formulación y expresión de los intereses nacionales y culturales de las minorías nacionales. A la vez, con el fin de aumentar la eficacia del Consejo y democratización de sus actividades, se prevé una mayor utilización del potencial social de las minorías nacionales, a saber:
Actualizar el Reglamento del Consejo de Coordinación;
Perfeccionar la estructura orgánica del Consejo creando subdivisiones específicas integradas por organizaciones etnoculturales según su esfera de actividad en el proceso general de conservación y desarrollo de la identidad nacional y cultural (funciones de consolidación, actividades culturales, cuestiones de ciencia y educación, movimiento juvenil);
Ampliar sus funciones como uno de los mecanismos del sistema de defensa de los derechos de las minorías nacionales e intermediario entre las minorías nacionales y los órganos estatales que adoptan las decisiones en esta esfera;
Elevar su papel en calidad de componente de la sociedad civil de Moldova y portavoz de la opinión pública sobre el estado de las relaciones interétnicas.
84.A este respecto, se observa estrictamente el principio de representación igual en el Consejo de Coordinación, que significa que se compone de los jefes de todas las organizaciones etnoculturales públicas que están acreditadas ante la Oficina de Relaciones Interétnicas, tienen estatuto republicano y están registradas ante el Ministerio de Justicia, independientemente del número de integrantes de la minoría nacional representada y la cantidad de estructuras públicas registradas. De este modo, están representados en el Consejo de Coordinación los jefes de 87 organizaciones etnoculturales. Colectivamente, el Consejo de Coordinación reúne a los representantes de 30 minorías nacionales, entre los cuales: ucranios (8), rusos (11), búlgaros (4), judíos (4), belarusos (1), romaníes (12), alemanes (2), polacos (3), tártaros (2), armenios (4), azerbaiyanos (3), uzbecos (y personas procedentes de Asia central) (1), chuvachos (1), letones (3), griegos (2), coreanos (1), italianos (1) y osetios (1).
85.Uno de los dos copresidentes del Consejo de Coordinación es el Presidente de las organizaciones etnoculturales, que es elegido cada año de entre los dirigentes de las instituciones públicas que forman parte del Consejo. En relación con la elaboración del presente informe periódico se celebraron reuniones, en el marco de las sesiones del Consejo de Coordinación, con el Sr. Vladimir Filat, Primer Ministro de la República de Moldova (13 de octubre de 2009) y el Sr. Marian Lupu, Diputado (20 de octubre de 2009).
86.Durante estas reuniones los dirigentes de las organizaciones etnoculturales no sólo tuvieron la oportunidad de expresar su opinión sobre el estado de las relaciones interétnicas y los problemas que requieren solución, sino que también pudieron constatar la existencia de una serie de problemas en la situación socioeconómica de la población moldova en general. Se aprobó una decisión sobre la conveniencia de celebrar sistemáticamente este tipo de reuniones y discusiones con representantes de las distintas ramas del poder, con el fin de ampliar los ámbitos de colaboración y actividades conjuntas y armonizar la práctica actual con las normas internacionales.
87.Durante una sesión ordinaria del Consejo de Coordinación (19 de noviembre de 2009) se examinó el proyecto de nuevo reglamento sobre la organización y labor de la Oficina de Relaciones Interétnicas. De este modo, las medidas expuestas y las ulteriores actividades conjuntas entre la Oficina de Relaciones Interétnicas y los miembros del Consejo de Coordinación en el contexto de las recomendaciones del Comité permiten hacer más eficaz la participación del Consejo de Coordinación de las Organizaciones Etnoculturales en la protección de los derechos civiles, culturales, educativos y religiosos de las minorías nacionales, así como contribuir a la integración de las minorías nacionales en la vida social, administrativa, cultural, política y económica de la República de Moldova.
Párrafo 13, en relación con la aplicación de los artículos 6 y 7 de la Ley de lucha contra el extremismo y los artículos 135, 176 y 346 del Código Penal
88.De conformidad con la Ley de lucha contra las actividades extremistas, Nº 54, de 21 de febrero de 2003, por actividades extremistas se entienden aquellas planificadas, organizadas, preparadas o llevadas a cabo por asociaciones públicas o religiosas, medios de comunicación u otras organizaciones y personas físicas con los siguientes fines: incitar la hostilidad o la discordia nacional, racial o religiosa o el odio social, mediante la violencia o la inducción a la violencia; atentar contra la dignidad nacional; incitar a los desórdenes en masa, al matonismo o al vandalismo, odio u hostilidad basados en motivos ideológicos, políticos, raciales o religiosos; así como por odio u hostilidad hacia cualquier grupo social; promover la exclusión, la superioridad o la inferioridad de los ciudadanos por razón de su actitud ante la religión o en función de su raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, filiación política, situación económica o extracción social.
89.La ley regula los principios y directrices básicos para luchar contra las actividades extremistas y establece cuáles son las autoridades facultadas para combatirlas y prevenirlas, y contiene disposiciones sobre la responsabilidad de las asociaciones públicas o religiosas y otras organizaciones, las personas que ocupan puestos de responsabilidad, los ciudadanos moldovos, los extranjeros y los apátridas respecto de las actividades extremistas, sobre las responsabilidades de los medios de comunicación por la difusión de material de carácter extremista y la realización de actividades extremistas y sobre la cooperación internacional en la lucha contra el extremismo.
90.Cabe señalar que en el período reseñado en el presente informe los órganos de la Fiscalía no ejercitaron demandas contra asociaciones, organizaciones religiosas o de otro tipo ni medios de comunicación en el contexto de los artículos 6 y 7 de la Ley de lucha contra las actividades extremistas sobre la base de cualesquiera resultados, actos o materiales informativos de carácter extremista. No se registraron casos de comisión de actos discriminatorios o de práctica de discriminación racial por parte de órganos o instituciones del Estado o por órganos de la administración central o autoridades locales respecto de personas, grupos de personas u organizaciones (véase asimismo el párrafo 20).
Párrafo 14, en relación con el registro del culto musulmán
91.En la República de Moldova están registradas 17 asociaciones islámicas, de las cuales 13 han sido excluidas del Registro oficial de asociaciones. El motivo de que fueran excluidas por decisión judicial fue la falta (no presentación) de informes sobre sus actividades durante dos años. En 2009 no se registraron ante el Ministerio de Justicia asociaciones de orientación islámica. En la actualidad son cuatro las entidades que realizan este tipo de actividad:
Asociación "Sociedad de Cultura Islámica ASAALAM en Moldova", registrada ante el Ministerio de Justicia el 28 de julio de 1999, Nº 1077, en el municipio de Chisinau, creada con el fin de promover las tradiciones populares de los países islámicos;
Asociación "Sociedad de Ciudadanos Sirios", registrada ante el Ministerio de Justicia el 7 de septiembre de 1999, Nº 1118, en el municipio de Chisinau, creada con el fin de apoyar los lazos entre los pueblos de Siria y Moldova, para el estudio de la historia y la cultura;
"Fundación de Apoyo a la Cultura y las Tradiciones Islámicas en la República de Moldova", registrada ante el Ministerio de Justicia el 25 de junio de 2001, Nº 1851, en el municipio de Chisinau, creado con el fin de promover la cultura y las tradiciones islámicas entre los musulmanes de Moldova;
Asociación "Jardines de la Paz", registrada ante el Ministerio de Justicia el 26 de diciembre de 2006, Nº 3764, en el distrito de Ialoveni, creada con el fin de conservar las tradiciones y costumbres históricas de los países islámicos, y promover el acercamiento cultural entre los ciudadanos de distintas nacionalidades en Moldova y otros países de la Comunidad de Estados Independientes.
92.Las informaciones disponibles demuestran que las organizaciones mencionadas no cumplen plenamente lo que dispone la Ley de asociaciones y sus estatutos: no tienen un reglamento interno que establezca su estructura orgánica, no tienen listas de miembros, no convocan a reuniones generales, sus directivos no presentan un estado de cuentas, no tienen comisiones de auditoría y no llevan la contabilidad de sus recursos económicos. Estas infracciones fueron motivo de que intervinieran los fiscales con objeto de imponer el cumplimiento de la ley y prohibir que volvieran a cometerse tales contravenciones en el futuro.
93.Cabe señalar que la Dirección de Cultos del Ministerio de Justicia adopta medidas para estudiar, en estricta conformidad con la legislación, las solicitudes presentadas por representantes de las minorías nacionales que profesan el islam, para el registro de sus asociaciones religiosas.
94.Conviene explicar que se denegó la inscripción en el registro a la Dirección Espiritual de los musulmanes de la República de Moldova por no haber cumplido los requisitos necesarios para su reconocimiento como culto religioso. Considerando que el rechazo constituía una violación de los artículos 9, 10, 11, 13 y 14 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), la Dirección Espiritual de los musulmanes presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (comunicación Nº 12282\02). El 14 de junio de 2005 el Tribunal Europeo decidió denegar la demanda porque dicha organización no había presentado al Gobierno de Moldova el documento que contenía los principios fundamentales de su religión. A falta de ese documento "el Estado no podía determinar la autenticidad de una organización que pretendía ser reconocida como religión, ni si ésta podía representar una amenaza para una sociedad democrática". El Tribunal consideró que ese requisito no era una exageración y, por consiguiente, no contravenía lo establecido en el artículo 9 del Convenio.
95.El Tribunal consideró que la solicitud de inscripción presentada de conformidad con la legislación vigente correspondía a la finalidad legítima del Gobierno de cerciorarse de que las organizaciones religiosas que aspiraban a obtener el reconocimiento oficial del Estado actuaban de conformidad con la ley. La comunicación fue declarada inadmisible en la medida en que se había denegado la inscripción en el registro por no haberse presentado todos los documentos necesarios para la inscripción de un culto. El Tribunal determinó que el requisito de presentar los documentos necesarios no era arbitrario ni imposible de cumplir.
96.El 11 de febrero de 2008 la Dirección Espiritual de los musulmanes presentó al Ministerio de Justicia una nueva solicitud de registro de sus estatutos. Una vez examinados los documentos presentados, se determinó que su contenido no se ajustaba a los requisitos legales, ya que:
No se cumplían todas las condiciones obligatorias establecidas en el artículo 18 de la Ley de cultos religiosos y sus componentes, Nº 125-XVI, de 11 de mayo de 2007, en particular respecto de la confesión, los principios fundamentales de la religión, las esferas de actividad de la organización religiosa, los derechos y obligaciones de sus miembros, y el procedimiento de revocación de los miembros de sus órganos rectores y el mandato de éstos;
El nombre de la organización religiosa no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 66 del Código Civil, no había una definición de la forma jurídica de la organización y en el texto figuraban abreviaturas que creaban confusión sobre algunos aspectos jurídicos y administrativos;
Los enunciados de los párrafos 1, 2, 4 y 9 del capítulo I de los estatutos eran contrarios a los párrafos 1 y 4 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 17 de la Ley Nº 125-XVI, de 11 de mayo de 2007;
El párrafo 9 del capítulo I y el párrafo 12 del capítulo II contravenían lo establecido en el párrafo 4 del artículo 16 y en el artículo 17 de la Ley Nº 125-XVI, de 11 de mayo de 2007;
El párrafo 36 del capítulo III no concordaba con los párrafos 1 y 2 del artículo 16 de la Ley Nº 125-XVI, de 11 de mayo de 2007;
El párrafo 41 del capítulo III contravenía lo establecido en el párrafo 2 del artículo 17 de la Ley Nº 125-XVI, de 11 de mayo de 2007;
Los fundadores de la organización religiosa no habían firmado los estatutos, lo que incumplía lo establecido en el párrafo 1 del artículo 18 de la Ley Nº 125-XVI, de 11 de mayo de 2007 y en el párrafo 2 del artículo 186 del Código Civil.
97.Asimismo, se determinó lo siguiente:
El acta de la asamblea constituyente de la organización religiosa no contenía la lista de nombres de los miembros presentes y ausentes;
La lista de miembros fundadores no contenía sus firmas originales;
No se habían presentado documentos probatorios de la ciudadanía de los miembros fundadores.
98.A causa de que se habían incumplido las normas legales relativas a los requisitos para el registro de los estatutos de las organizaciones religiosas, el Ministerio de Justicia, en su Resolución Nº 9 de 23 de febrero de 2008, denegó la inscripción de la organización religiosa "Dirección Espiritual de los musulmanes de la República de Moldova". Según lo dispuesto en la Ley de cultos religiosos y sus componentes, Nº 125-XVI, de 11 de mayo de 2007, la decisión de denegar el registro no excluye la posibilidad de volver a presentar la documentación una vez ajustada a lo establecido en la legislación vigente.
Párrafo 15, en relación con el cementerio musulmán
99.Se ha resuelto el problema de la asignación de un terreno para el cementerio musulmán en el municipio de Chisinau en respuesta a lo solicitado por la comunidad tártara. En el cementerio San Lázaro del municipio de Chisinau, en la manzana Nº 256, se han asignado 100 plazas en un terreno separado para un cementerio musulmán.
Párrafo 16, en relación con el acceso a la función pública
100.La Ley sobre la función pública y el estatuto del funcionario público, Nº 158-XVI, de 4 de junio de 2008 no restringe el derecho a acceder a la función pública por motivos de pertenencia étnica, nacional, religiosa o sexual. Puede acceder a la función pública todo aquel que sea ciudadano de la República de Moldova. Sin embargo, con arreglo al párrafo 1 a) del artículo 27 de esta ley un requisito para acceder a la función pública es el dominio del idioma oficial del Estado y de los idiomas oficiales de comunicación interétnica utilizados en el territorio de que se trate. Este requisito también se regula en el artículo 7 de la Ley del funcionamiento de idiomas en el territorio de la República de Moldova (1989), conforme a la cual una condición para tener acceso a un trabajo en la función pública es conocer el idioma oficial del Estado y ruso.
101.Teniendo en cuenta el hecho de que uno de los problemas de las minorías nacionales es la integración lingüística, que limita su participación en los asuntos públicos, se adoptan medidas concretas para aumentar sus posibilidades de acceso y mejorar la calidad de la enseñanza del idioma oficial del Estado a la población adulta, así como también en el sistema de enseñanza preuniversitaria. Al mismo tiempo, la legislación vigente garantiza a los ciudadanos iguales derechos de sufragio activo y pasivo independientemente de la pertenencia étnica y el grado de conocimiento del idioma oficial del Estado. Constituyen una excepción las candidaturas al puesto de Presidente de la República de Moldova y al puesto de Bashkan de Gagausia; en el primer caso es obligatorio conocer el idioma oficial del Estado, y en el segundo conocer el gagauso.
102.La representación de las personas pertenecientes a minorías nacionales, en particular de representantes de la minoría romaní y las minorías nacionales poco numerosas, en la administración pública a nivel central (ministerios y otros órganos) no corresponde a la proporción de las minorías nacionales en la composición demográfica de Moldova. No se ha creado un mecanismo que permita aplicar el artículo 24 de la Ley de derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales y el estatuto jurídico de sus organizaciones Nº 382-XV, de 19 de julio de 2001, que prevé el derecho de dichas personas a una representación más o menos proporcional en los órganos ejecutivos y judiciales a todos los niveles.
103.Otra medida importante es la transparencia en el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con la Ley sobre la transparencia del proceso de adopción de decisiones Nº 239-XVI, de 13 de noviembre de 2008, que se garantiza mediante la publicación de todos los proyectos y decisiones en las páginas web de las instituciones respectivas. De este modo, toda persona puede estudiar la información sin restricciones de acceso por razón de pertenencia étnica, nacional, religiosa o sexual. En la adopción de decisiones participan las organizaciones instituidas con arreglo a la legislación vigente, los ciudadanos que conforme a la ley pueden no ser sólo personas físicas, los ciudadanos de la República de Moldova, los extranjeros y los apátridas.
104.El Ministerio del Interior ha adoptado varias medidas con el fin de elegir a personal de las minorías nacionales para trabajar en los órganos encargados de hacer cumplir la ley en los lugares de residencia compacta de minorías nacionales. Para ello los dirigentes territoriales han entablado relaciones de colaboración con las personas que representan los intereses de las minorías nacionales de las localidades atendidas, con objeto de elegir e incluir en las brigadas populares a candidatos procedentes de las minorías nacionales. Se han nombrado para cada localidad, a personas responsables a nivel de subcomisarios de policía y jefes de secciones de orden público facultados para dirigir las actividades de las brigadas populares constituidas. Se ha impartido capacitación complementaria a los representantes de las minorías nacionales que participan en el mantenimiento del orden público y se les familiariza con las obligaciones funcionales y las normas de conducta y seguridad.
105.Representantes de las minorías nacionales asisten a las sesiones de evaluación de las actividades organizadas por los dirigentes de puestos y los oficiales de operaciones de distrito en el marco de la administración pública local, donde se reflejan los problemas que surgen en las relaciones con los distintos miembros de la sociedad. Las administraciones locales y los representantes de los órganos de policía organizan reuniones con las minorías nacionales en las que se exponen la información operativa sobre la situación en una determinada localidad y se formulan recomendaciones para prevenir posibles fenómenos antisociales.
106.A raíz del carácter específico del servicio militar, sólo se admite en el servicio militar por contrato a ciudadanos moldovos de 18 años de edad, sin distinción por motivos de raza, nacionalidad o pertenencia étnica. Esta limitación se refleja en las disposiciones del párrafo 2 del artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Se prohíbe también imponer en el servicio militar las restricciones previstas en el artículo 36 de la Ley sobre el estatuto de los militares, Nº 162‑XVI, de 22 de junio de 2005, que se aplican sin discriminación racial a todas las personas que realizan el servicio militar.
Composición nacional de las personas que realizan el servicio militar por contrato (En porcentaje)
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Servicio militar por contrato |
Oficiales |
Suboficiales |
|
Moldovos |
92,2 |
88,8 |
|
Ucranios |
3,1 |
6,6 |
|
Rusos |
3,6 |
3,3 |
|
Búlgaros |
0,5 |
0,2 |
|
Gagausos |
0,5 |
0,7 |
|
Otras nacionalidades |
0,1 |
0,4 |
Párrafo 18, en relación con el acceso a la educación y el estudio de los idiomas de las minorías
107.De conformidad con su legislación nacional, la República de Moldova garantiza el derecho a elegir el idioma de estudio en todos los niveles del sistema de enseñanza. El derecho de los ciudadanos a la educación en su idioma materno se hace efectivo con la presencia de las respectivas instituciones educativas, clases y grupos y la creación de las condiciones necesarias para su funcionamiento. En la República hay 1.534 institutos de enseñanza media (escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas de enseñanza general, escuelas de enseñanza media, liceos), en 280 de los cuales se imparte la enseñanza en ruso y en 82 (mixtos) la enseñanza es bilingüe.
108.Desde el año escolar 1992/93 el Ministerio de Educación elabora los planes de estudios para las clases en que la enseñanza se imparte en los idiomas materno y rumano, así como para las clases en que el idioma materno y el rumano se estudian como asignaturas. Con arreglo a estos planes de estudios, se han creado en la República tres modelos de enseñanza de los idiomas de las minorías:
I.Escuelas con enseñanza en ruso, en las que estudian tradicionalmente los miembros de minorías nacionales: 280 escuelas primarias y de enseñanza media (101.023 alumnos).
II.Escuelas con enseñanza en ruso, en las que se estudia el ucraniano, el gagauso y el búlgaro en calidad de asignaturas durantes tres horas por semana, y una nueva disciplina titulada "Historia, cultura y tradiciones de los pueblos ruso, ucranio, gagauso y búlgaro" —una hora por semana. Por ejemplo:
|
Idioma que se estudia |
Año escolar 2001/02 |
Año escolar 2009/10 |
|
Ucraniano |
50 escuelas (7 011 alumnos) |
57 escuelas (6 311 alumnos) |
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Gagauso |
52 escuelas (24 056 alumnos) |
52 escuelas (24 004 alumnos) |
|
Búlgaro |
30 escuelas (7 897 alumnos) |
32 escuelas (6 812 alumnos) |
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Polaco |
1 escuela (65 alumnos) |
1 escuela (136 alumnos) |
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Hebreo |
2 escuelas (345 alumnos) |
2 escuelas (667 alumnos) |
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Alemán |
1 escuela (77 alumnos) |
1 escuela (118 alumnos) |
III.Escuelas y liceos experimentales en que en algunas clases primarias la enseñanza se imparte en ucraniano y búlgaro. Ejemplos de estos liceos son el Liceo teórico S. Ungur, del distrito de Oknitsa, el Liceo teórico Vasili Levski, del municipio de Chisinau, y el Liceo teórico K. Popovich, aldea Nicoresti, del distrito de Riscani, en el que desde el primer grado se profundiza el estudio del rumano y el ruso, y a partir del segundo, se introduce la enseñanza de otros idiomas, y en las clases de secundaria se incorporan varias disciplinas en que la enseñanza se imparte en rumano.
109.En 21 clases (429 alumnos) la enseñanza se imparte en ucraniana y en 7 clases (114 alumnos), en búlgaro, y se ha creado la base para pasar gradualmente a la enseñanza en gagauso. Cabe señalar que una de las realidades con que tropiezan en la actualidad los niños que son hijos de miembros de las minorías nacionales es la necesidad de estudiar cuatro idiomas: el rumano, el ruso, el materno y uno de los idiomas internacionales. La garantía de logro de este objetivo es la introducción de un sistema de enseñanza plurilingüe y multicultural, que corresponde a las exigencias de una sociedad moderna. El Ministerio de Educación busca medios óptimos para la enseñanza de dichos idiomas. El Ministerio ha preparado programas de estudio para el ruso, el ucraniano, el gagauso y el búlgaro destinados a los grados I a XII, y ha elaborado Manuales para la enseñanza de los idiomas maternos destinados a las clases IV a XII, así como una serie de manuales escolares:
Lengua y literatura rusas para los grados I a IX, y X y XI;
Lengua y literatura ucranianas para los grados I a IX;
Lengua y literatura gagausas para los grados I a IX;
Lengua y literatura búlgaras para los grados I a IX.
110.Desde el año escolar 2002/03 se ha introducido la disciplina obligatoria titulada "Historia, tradiciones y cultura de los pueblos" (ruso, ucraniano, gagauso y búlgaro) en los planes de estudios de las escuelas primarias y secundarias en que se enseñan algunos idiomas. Para esta disciplina se han elaborado programas escolares (destinados a los grados I a IV). En 2007 se prepararon manuales para la enseñanza de esta asignatura en los grados I y II.
Párrafo 20, en relación con las denuncias por actos de discriminación racial
111.En 2008 los órganos de la Fiscalía iniciaron una investigación sobre casos de difusión, por desconocidos, de llamamientos en Internet dirigidos a incitar el odio, en relación con los cuales se abrieron tres procesos penales reunidos posteriormente en uno solo, por violación de los artículos 341 y 346 del Código Penal. En la investigación se determinó que en el período de noviembre de 2007 a mayo de 2008 un grupo de personas bajo seudónimos habían difundido reiteradamente por un portal de Internet materiales provocadores con el fin de incitar a la discordia interétnica. A los fines de proteger los derechos y libertades humanos, garantizar la seguridad de las relaciones interétnicas y prevenir posibles actividades extremistas en la República de Moldova, la Fiscalía del municipio de Chisinau, en el marco del proceso penal, encargó a la Academia de Ciencias que realizara un examen pericial lingüístico de dichos materiales con objeto de determinar si llamaban a instigar el odio o la discordia nacional, racial o religiosa o a menoscabar el honor y la dignidad nacional. La Academia de Ciencias comunicó a la Fiscalía que no realizaba exámenes periciales de la influencia extralingüística de una palabra, frase o texto y, por consiguiente, no podía determinar si esos materiales contenían llamados provocadores. De este modo, el proceso penal en relación con el artículo 346 del Código Penal por el hecho de difundir en Internet publicaciones dirigidas a incitar la hostilidad o la discordia étnica se sobreseyó el 5 de noviembre de 2009 por falta de pruebas.
112.El 15 de junio de 2009 el secretario de la organización religiosa Testigos de Jehovápresentó una denuncia en la Fiscalía del distrito de Donduşeni contra un sacerdote de la aldea de Tsaul' por violación de la Ley de cultos. Durante la averiguación de los hechos se determinó que el 31 de mayo de 2009, en la aldea de Tsaul' del distrito de Donduşeni, el ciudadano Ion Grama, nacido en 1979, había vulnerado el derecho de las ciudadanas Valentina Beyenar y Lilia Andronik, miembros de la organización religiosa moldova denominada Testigos de Jehová, a profesar libremente sus convicciones religiosas. El ciudadano Grama les había pedido que lo siguieran a casa del ciudadano Victor Serdechnyouk, que había sido comisario de policía de la aldea. En vista de que éste se negó a intervenir en la discusión, Ion Grama convenció a Valentina Beyenar y Lilia Andronik de que fueran a ver al alcalde Andronia Mitrike. Ion Grama comunicó al alcalde que el objeto de la presencia de Valentina Beyenar y Lilia Andronik en la aldea de Tsaul' era lograr la adhesión de personas a sus convicciones religiosas y le pidió que prohibiera a dichas ciudadanas todo acto de esa índole. En relación con esto, el alcalde señaló a Valentina Beyenar y Lilia Andronik que para realizar ese tipo de actividades se requería una autorización especial de la que no disponían.
113.Puesto que el alcalde no adoptó ninguna medida concreta en relación con las ciudadanas Valentina Beyenar y Lilia Andronik; Ion Grama las invitó a visitar al sacerdote de la aldea. A raíz de ello, las ciudadanas Valentina Beyenar y Lilia Andronik tuvieron que abandonar la aldea de Tsaul'. El caso fue examinado por los órganos de la Fiscalía de distrito de Donduşeni en el marco del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. El 14 de agosto de 2009, la Fiscalía del distrito de Donduşeni decidió cerrar la investigación penal, por considerar que los actos del ciudadano Ion Grama no constituían delito en relación con los artículos 176 y 346 del Código Penal. El 14 de agosto de 2009 se inició un proceso penal contra el ciudadano I. Grama en relación con el artículo 54 1) del Código de Delitos por quebrantamiento de la Ley de cultos, y se le impuso una multa de 5 unidades convencionales.
114.El 13 de diciembre de 2009 se abrió una investigación sobre las circunstancias de los hechos ocurridos ese mismo día entre las 11.50 y las 13.10 horas en la plazoleta Europa, a la entrada del parque público "Ştefan cel Mare", en el municipio de Chisinau, como resultado de los cuales los parroquianos de la iglesia San Paraskevi, dirigidos por el vicario, sacerdote Anatoli Chibrik, destrozaron el símbolo judío de la Menorah Hanukkah instalado el 11 de diciembre de 2009 en ocasión de la fiesta judía de la Hanukkah.
115.En la investigación se determinó que el 13 de diciembre de 2009, después del servicio religioso en la iglesia de la Beata Matrona, los parroquianos, portando estandartes religiosos y encabezados directamente por el vicario de la iglesia, sacerdote Anatoli Chibrik, se dirigieron hacia la plazoleta Europa, a la entrada del parque público "Ştefan cel Mare", municipio de Chisinau. A eso de las 11.50 horas entre 120 y 150 personas se encontraban reunidas alrededor de la Menorah, símbolo instalado el 11 de diciembre de 2009 por representantes de la comunidad judía. El padre Anatoli Chibrik ordenó desmontar la Hanukkah, que fue llevada hasta el monumento de Esteban el Grande, desarmada y tirada al suelo. Esos actos ofendieron profundamente los sentimientos religiosos de los miembros de la comunidad judía. En la investigación se estableció que el organizador de los hechos había sido el sacerdote Anatoli Chibrik, vicario de la iglesia de la Beata Matrona. En vista de que esos actos, a saber la profanación de un objeto venerado por los miembros de la comunidad judía y de sus símbolos conceptuales, constituyeron una infracción del artículo 54 5) del Código de Delitos y de la Ley de cultos y ofendieron los sentimientos religiosos de la comunidad judía, el 22 de diciembre de 2009 la Fiscalía del sector de Buiucani, municipio de Chisinau, abrió proceso contra el vicario y, de conformidad con el artículo 400 del Código de Delitos, el expediente y copias de los materiales reunidos se transmitieron para examen a la Comisaría de policía del sector Buiucani.
116.Los hechos descritos fueron condenados por las autoridades moldovas, en particular por el Presidente de la República Mihai Ghimpu, el Primer Ministro Vladimir Filat, el Ministro de Justicia Alexander Tenase, los jefes de partidos políticos, los dirigentes de organizaciones no gubernamentales etnoculturales y los representantes de otras religiones. Sin embargo, según los representantes de la comunidad judía de Moldova se producen actos de carácter antisemita y de vandalismo en relación con los cementerios judíos, se niega el holocausto, se asiste a una heroización del fascismo, y todo ello se refleja en los medios informativos de Moldova (periódicos, gacetas, páginas informativas de la Web) y en el marco de otras actividades publicísticas. Al mismo tiempo, cabe señalar que en 2009 el Ministerio del Interior no registró ningún caso de amenazas, discriminación, odio o incitación a la violencia en relación con minorías nacionales. El Ministerio seguirá contribuyendo en el futuro a la armonización e intensificación de las relaciones sociales y la colaboración con la sociedad civil y los mecanismos internacionales interesados.
Párrafo 21, en relación con las medidas adoptadas en la lucha contra losestereotipos hacia la minoría romaní y otras minorías nacionales
117.Con el fin de prevenir la discriminación y promover la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, las autoridades moldovas adoptan diversas medidas, entre las cuales figura la organización de seminarios y mesas redondas.
118.La Dirección de Refugiados del Ministerio del Interior, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, celebra con regularidad seminarios y mesas redondas para jueces, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, guardas de fronteras y representantes de los órganos locales. En el marco de estas medidas los participantes reciben información sobre las normas jurídicas existentes en materia de concesión de asilo, las formas de protección que se ofrecen en el territorio de Moldova, los derechos de las personas que se benefician de una forma de protección reconocida en los acuerdos internacionales y la legislación nacional, los procedimientos de examen de las solicitudes de concesión de asilo y del estatuto de las personas cuya solicitud está en examen. De conformidad con el plan temático aprobado por Decreto Nº 450 del Ministerio del Interior, de 30 de diciembre de 2008, titulado "Organización y realización de la formación profesional del trabajo en el año lectivo 2009", en los programas de las asignaturas "Derechos humanos" y "Ética y deontología policial" se incluyeron temas educativos para todas las categorías de funcionarios de la policía, incluidos aquellos que trabajan en los distritos y aldeas con residencia compacta de romaníes (Soroca, Oknitsa, Donduşeni, Otaci, Cǎlǎraşi), Nisporeni, Ungheni, Hîncheşti, Comrat, Orhei, Basarabeasca).
119.En el marco del proceso de capacitación profesional se han estudiado temas como:
La observancia de los derechos humanos por los órganos de la policía;
El concepto y las particularidades distintivas de los derechos humanos;
La eliminación de la discriminación racial, nacional, religiosa y sexual;
La situación de las minorías en la República de Moldova;
La protección de las personas pertenecientes a minorías sociales;
La protección de las personas vulnerables.
120.Por Decreto Nº 200 del Ministerio del Interior, de 3 de junio de 2009, se aprobó la "Guía de normas de conducta para los funcionarios de los órganos encargados de hacer cumplir la ley". Esta guía se transmitió a todas las subdivisiones de los órganos de asuntos internos para el estudio y aplicación de los principios expuestos, incluidas medidas para eliminar todas las formas de discriminación por razón de pertenencia étnica, religión y origen nacional o social. Con el fin de involucrar a miembros de la población romaní en el mantenimiento del orden público, se decidió incluir a romaníes en las brigadas populares que actúan junto con los oficiales de distrito (locales) y los agentes y jefes de las secciones de prevención y lucha contra la delincuencia.
121.El 10 de junio de 2009, en el Ministerio de Trabajo, Protección Social y la Familia, se celebró un seminario sobre el tema "Observancia del principio de no discriminación". En ese seminario los funcionarios del Ministerio se familiarizaron con las disposiciones fundamentales de las normas internacionales y la legislación nacional en esta esfera. A efectos de estudiar y poner en práctica la experiencia de otros países europeos en la resolución de los problemas socioculturales de la minoría nacional romaní, en el período de 22 a 27 de marzo de 2009 una delegación de la República de Moldova, integrada por representantes de los ministerios sectoriales, hizo una visita a Bucarest (Rumania). La visita se celebró en el marco del proyecto de asistencia oficial para el desarrollo de la República de Moldova, financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania y ejecutado por el UNFPA. El objetivo de la visita de estudio fue intercambiar experiencias con representantes de las instituciones de Rumania que participaban en el fomento del acceso a los servicios básicos, la protección y la integración social de los miembros de la minoría nacional romaní. El programa de la visita incluyó reuniones con representantes de las autoridades de Rumania, así como con el sector no gubernamental: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Investigaciones e Innovaciones, Caja Nacional del Seguro de Salud, Centro Nacional Romaní y Centro Romaní de Inclusión Social y Estudios. En las reuniones se abordaron varias cuestiones relacionadas con la colaboración de las estructuras del Estado y las ONG, así como las necesidades, las particularidades etnoculturales y la integración social de los romaníes.
122.Representantes del Ministerio de Trabajo, Protección Social y la Familia también participaron en una mesa redonda titulada "Mediador escolar – factor decisivo de escolarización de los alumnos romaníes de Moldova", que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2009 y fue organizada por la Asociación juvenil romaní Tărnă Rom. Durante la mesa redonda se debatieron las actividades y el papel de los mediadores escolares que actúan en cinco localidades experimentales en el marco del proyecto titulado "Paso tras paso los niños romaníes pueden triunfar", y se formularon conclusiones y recomendaciones en el contexto de los resultados del proyecto.
123.A fin de prevenir conductas negativas de los funcionarios de la policía hacia los miembros de las minorías nacionales y reformar la policía de acuerdo con las normas europeas en el ámbito de los derechos humanos, se aprobó el "Código de Ética y Deontología de la Policía", por Decisión gubernamental Nº 481, de 10 de marzo de 2006. El Código refleja los principios que regulan la conducta de los miembros de la policía y las formas de conducta en situaciones concretas, como, por ejemplo, el trabajo con la opinión pública, la utilización de la fuerza, la averiguación de hechos o el interrogatorio de sospechosos. El Código de Ética y Deontología de la Policía también es un instrumento útil para la labor de la sociedad civil.
124.Es importante señalar que ha aumentado el papel que desempeñan las organizaciones etnoculturales de las minorías étnicas en la promoción del principio de diversidad cultural, el espíritu de tolerancia y la no discriminación, lo que se manifiesta:
En el mayor número de organizaciones etnoculturales: están acreditadas ante la Oficina de Relaciones Interétnicas 87 asociaciones de minorías nacionales, y a nivel local existen más de 100 organizaciones de este tipo;
En el aumento del número de organizaciones etnoculturales juveniles (que reúnen a jóvenes de las nacionalidades ucrania, rusa, gagausa, búlgara, polaca, judía y otras) y la creación del Consejo de Coordinación de las Organizaciones Juveniles ante la Oficina de Relaciones Interétnicas;
En la ampliación de las actividades de las organizaciones etnoculturales romaníes en el marco de proyectos orientados a atender las necesidades culturales y sociales de la población romaní, que se ejecutan con apoyo financiero de organizaciones internacionales; y en la creación, con apoyo de la Oficina de Relaciones Interétnicas, de la Coalición de asociaciones cívicas de romaníes, que congrega a 15 organizaciones;
En el mayor número de organizaciones etnoculturales de las minorías poco numerosas (que componen hasta el 1% de la población): lituanos, letones, estonios, georgianos, osetios, tártaros y representantes de otras minorías nacionales;
En la creación de la Coalición por la no discriminación titulada "Por la diversidad y contra la discriminación", que se compone de ONG (por ejemplo, el Consejo Nacional Juvenil de Moldova, el Centro Informativo "GenderDok-M", el Centro Nacional Romaní y la Liga de Defensa de los Derechos Humanos) y su participación en la elaboración del proyecto de ley de prevención y lucha contra la discriminación.
Párrafos 12, 17 y 19, información sobre la situación de los romaníes (véanse asimismo los párrafos 8, 18, 20 y 21)
125.Por lo que se refiere a la situación de los romaníes en la República de Moldova, en el contexto de las conclusiones del Comité, cabe señalar que la condición jurídica de esta categoría de población no se diferencia de la de los representantes de otras minorías nacionales. Ningún instrumento legislativo o normativo limita en modo alguno para los romaníes el libre ejercicio de los derechos humanos fundamentales, es decir los derechos a la vida, la salud física y mental, la libre circulación, la vida familiar y privada, la educación, el trabajo y la protección social, así como también el derecho a elegir y ser elegidos. Los romaníes poseen y ejercen los mismos derechos y libertades que todas las minorías nacionales que viven en la República de Moldova. La diferencia reside en la particular percepción y comprensión de los principios y normas de la vida social y cultural de cada una de las minorías.
126.A fin de crear las condiciones necesarias para el desarrollo sociocultural de la minoría nacional romaní se aprobó la Decisión gubernamental Nº 1453, de 21 de diciembre de 2006, sobre el Plan de Acción de apoyo a los romaníes de Moldova para 2007-2010, lo que una vez más confirma la intención de la República de Moldova de asegurar la integración de la población romaní en la vida social y cultural del país. Teniendo en cuenta la recomendación del Comité sobre la necesidad de adoptar medidas más eficaces para aplicar el Plan de Acción, es importante exponer los siguientes argumentos. La aprobación de dicho Plan a nivel del Gobierno constituyó una nueva etapa en los esfuerzos del Estado por mejorar las condiciones de vida y las actividades sociales de la población romaní, así como desempeñó un papel importante en lo que se refiere a la participación de los ministerios sectoriales y los órganos de la administración pública. Para coordinar la ejecución del Plan se ha designado a especialistas destacados de los ministerios sectoriales, se ha brindado formación a los funcionarios con respecto a la identidad nacional y cultural de los romaníes y las condiciones de su situación sociocultural y económica; se ha tomado conciencia de la necesidad de resolver los problemas resultantes y se está ampliando la cooperación entre los órganos centrales de la administración pública con las asociaciones que representan a los romaníes. Dentro de la población romaní, se ha activado el movimiento cultural nacional, y han aparecido jóvenes líderes en los cambios social, económico y científico, lo que permite hablar de la formación de una élite intelectual entre la población romaní.
127.De conformidad con la Decisión Nº 1453, de 21 de febrero de 2006:
Se encargan de la ejecución del Plan de Acción: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, Protección Social y la Familia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Oficina de Relaciones Interétnicas, la Academia de Ciencias de la República de Moldova, los cuales cada año elaboran y aprueban planes concretos de acción en apoyo de los romaníes, en la República de Moldova.
Las medidas para la ejecución de los citados planes anuales se financian con cargo al presupuesto de los institutos competentes y también con cargo a recursos específicos, incluidos los fondos procedentes de organizaciones internacionales.
La coordinación de la labor de los órganos centrales de la administración pública y de la Academia de Ciencias en la ejecución de los planes de acción anuales está a cargo de la Oficina de Relaciones Interétnicas, que cada año informa al Gobierno sobre la ejecución del Plan de Acción de apoyo a los romaníes para 2007-2010 y formula propuestas para mejorarlo. En la elaboración de dicho Plan de Acción participaron un grupo de trabajo integrado por representantes de los ministerios sectoriales y dirigentes de las asociaciones de romaníes, cuyas propuestas se incluyeron en la versión definitiva del Plan.
128.Al 1º de enero de 2010, estaban acreditadas ante la Oficina de Relaciones Interétnicas 11 organizaciones etnoculturales de romaníes que tenían el estatuto republicano, a saber:
La Asociación de mujeres romaníes "Juvlia Romani", creada en 1997;
La Asociación etno-socio-cultural-educativa "Bahtalo Rom", creada en 1999;
El Movimiento social de romaníes de Moldova, creado en 2001;
La Asociación cientificocultural "Elita Romani", creada en 2001;
La Asociación juvenil romaní "Tǎrnǎ Rom", creada en 2002;
La Sociedad sociocultural "Tradiţia Romilor", creada en 2002;
La Asociación de romaníes de Moldova "Rubin", creada en 2002;
La Asociación "Bare-Rom", creada en 2003;
La Unión democrática de romaníes de la República de Moldova, creada en 2004;
La Asociación de uniones romaníes, creada en 2005;
La Asociación "Romani-Grup", creada en 2005.
129.Las organizaciones etnoculturales romaníes están registradas ante las autoridades locales en las ciudades de: Chisinau, Bălţi, Cahul, Comrat, Soroca, Vulcanesti y Ceadir‑Lunga. La ampliación del movimiento nacional cultural entre los romaníes se explica por el hecho de que en la legislación de la República no hay restricciones a la creación de asociaciones sobre la base de la pertenencia étnica, lo que demuestra el principio de prohibición de la discriminación por parte de las autoridades moldovas en relación con las iniciativas de representantes de la minoría nacional romaní. La Oficina colabora con 36 organizaciones etnoculturales de romaníes, prestando apoyo a sus actividades y contribuyendo a la realización de diversos proyectos.
130.El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Trabajo, Protección Social y la Familia y el Ministerio de Salud trabajan activamente en la ejecución del mencionado Plan de Acción. De conformidad con el párrafo 32 del Plan de Acción de apoyo a los romaníes en la República de Moldova para 2007-2010, la empresa estatal denominada Centro de Recursos Informativos del Estado "REGISTRU" ha adoptado varias medidas para informar a la población de los lugares de residencia compacta de romaníes sobre los servicios de expedición de documentos de identidad del Sistema Nacional de Pasaportes, que están a cargo de las secciones del registro y documentación de la población. Se organizan reuniones con representantes de las autoridades locales y miembros de las organizaciones romaníes que informan a los interesados sobre las disposiciones legales relativas al procedimiento de salida y entrada en la República de Moldova sobre las condiciones de permanencia en el territorio del país de los extranjeros y los apátridas, y sobre la expedición de documentos de identidad por el Sistema Nacional de Pasaportes.
131.Con respecto al procedimiento de inscripción de los nacimientos incluidos los de niños romaníes, cabe señalar que por Decreto conjunto Nº 114/476 del Ministerio de Desarrollo Informativo y Comunicación y el Ministerio de Salud, de 12 de diciembre de 2008, se creó un mecanismo para la entrega de certificados, los de estado civil en los establecimientos medicosanitarios y se aprobó la apertura de centros de inscripción de los nacimientos en las casas de maternidad. Así, se ha designado al Servicio del Registro Civil del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como entidad encargada de organizar la recepción de los documentos necesarios para registrar los actos de registro civil y la entrega de los certificados de estado civil (incluidos formularios adicionales). El Ministerio de Salud, mediante la conclusión de acuerdos con las autoridades territoriales del Registro Civil, ha proporcionado gratuitamente gabinetes para la inscripción de los nacimientos en las casas de maternidad. En la actualidad se han abierto estos gabinetes en todas las casas de maternidad. A fin de acelerar este procedimiento, con ayuda de los médicos de familia se informa a las mujeres embarazadas sobre cómo obtener los documentos necesarios para la inscripción del nacimiento. Los trabajadores médicos de las casas de maternidad participan en la recepción de los documentos necesarios.
132.De conformidad con la legislación vigente y los derechos previstos en la Constitución, se garantiza el acceso de los miembros de la minoría nacional romaní a los servicios de asistencia médica. La asistencia médica de urgencia, ambulatoria y hospitalaria en el marco del seguro médico obligatorio se brinda en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos de la República de Moldova, independientemente de su pertenencia étnica, sexo o edad. Forman parte de la categoría de personas cubiertas por la garantía social: los menores de edad, los estudiantes de institutos de formación profesional y enseñanza media especializada, los estudiantes de los establecimientos de enseñanza superior y de las instituciones de formación posuniversitaria, las mujeres embarazadas y las madres de recién nacidos, las madres de familia numerosa, los niños con discapacidad del primer grupo y las personas con discapacidad. Todos los gastos de la atención médica a las madres y los niños en todos los niveles del sistema de salud se cubren con cargo a la Compañía Nacional de Seguro Médico. A los fines de prevenir el raquitismo y la anemia se distribuyen gratuitamente preparados de vitaminas D2 y Hemofer a todos los niños hasta la edad de 1 año. En el marco del Programa de control integrado de la movilidad infantil, los niños reciben medicamentos gratuitamente hasta la edad de 5 años a lo largo del año. Los niños de edades comprendidas entre los 2 y los 5 años se benefician de un tratamiento gratuito de desparasitación preventiva. Se dan las instrucciones correspondientes a las mujeres embarazadas pertenecientes a este grupo, en las "escuelas para mujeres embarazadas", y a las madres de niños recién nacidos en las "escuelas para mamás". La inmunoprofilaxis entre los romaníes se realiza conforme al calendario de vacunaciones. Con arreglo al Programa anual de medidas para 2009 firmado por el Ministerio de Salud y el UNFPA en el marco del proyecto titulado "Promoción del acceso a los servicios básicos, seguridad humana y la inclusión social entre los grupos vulnerables de la República de Moldova", se han adoptado varias medidas en el ámbito de la salud reproductiva.
133.Para garantizar el acceso de los grupos vulnerables de la población a los servicios básicos en el período del 22 de junio a 3 de julio se impartió formación sobre salud reproductiva y planificación de la familia a 40 trabajadores médicos (médicos de familia, médicos de consultorios de salud reproductiva y auxiliares de médicos de familia) procedentes de lugares de residencia compacta de romaníes. Con el fin de ampliar el acceso de los romaníes a los servicios y la información sobre salud reproductiva, el Ministerio de Salud, en colaboración con la oficina del UNFPA en Moldova, llevó a cabo, entre el 10 de septiembre y el 31 de octubre de 2009, una campaña social de información a la población titulada "No lo olvides, la salud de tu familia depende de tu salud".
134.La política de protección social está dirigida a mejorar las condiciones de vida, garantizar la debida protección social, establecer el diálogo social y luchar contra todas las formas de marginación y exclusión social. La legislación nacional garantiza los mismos derechos a todos los ciudadanos de la República de Moldova en el ámbito de la protección social, independientemente de la pertenencia a una minoría nacional.
135.La Ley de asistencia social, Nº 133-XVI, de 13 de junio de 2008, regula las disposiciones que garantizan a las familias pobres un ingreso mínimo mensual mediante el pago de una prestación social calculada sobre la base de los ingresos totales medios mensuales de la familia y sus necesidades de asistencia social. El ámbito de esta ley se extiende a las familias cuyos miembros son ciudadanos moldovos, a los extranjeros, y a los apátridas o los refugiados que viven en la República de Moldova conforme a la legislación vigente. El 31 de diciembre de 2008 por Decisión gubernamental Nº 1512 se estableció el Programa nacional de creación de un sistema integral de servicios sociales para 2008-2012, que tiene por objeto aplicar una política integral en lo referente al apoyo a las personas en situación desfavorecida, por medio de servicios sociales eficaces y de alta calidad. La prestación de estos servicios supone brindar a esas personas un apoyo a corto o largo plazo con el fin de satisfacer sus necesidades sociales, reducir su exclusión social y mejorar su calidad de vida, y contribuye a la vez a la consecución de los objetivos formulados en el Programa de acción del Gobierno titulado "Integración europea: libertad, democracia y bienestar" para 2009-2013, en los capítulos de la política social y la integración de las minorías sociales.
136.El desarrollo de un sistema integral de servicios sociales permite crear mejores posibilidades para la integración social de las personas en situación desfavorecida (incluidas las personas de origen romaní) y garantiza la observancia de sus derechos fundamentales. La combinación de medidas de prevención y rehabilitación y la solución de los problemas a nivel de la comunidad sin complicarlos (es decir, sin aumentar los gastos para resolverlos) hacen que el sistema sea más rentable, permiten abarcar a todas las personas necesitadas de apoyo social y ejercen una influencia positiva en la calidad de vida de las personas. En dicho contexto, a los fines de desarrollar la infraestructura y aumentar las posibilidades de prestar asistencia social a las personas necesitadas y a los jóvenes y sus familiares, en la Sección/Dirección de Seguridad Social y Protección a la Familia se creó el Servicio de Seguridad Social (de nivel local).
137.El 10 de junio de 2009, por Decreto Nº 54 del Ministerio de Trabajo, Protección Social y la Familia, se aprobaron el Reglamento sobre las actividades del Servicio de Asistencia Social (de nivel local), así como las diversas funciones para los siguientes cargos: jefe del Servicio, trabajador social principal, trabajador social. El trabajador social cumple un papel importante en la determinación y evaluación de las necesidades de los grupos socialmente vulnerables y les garantiza el acceso a la protección social. Con el fin de consolidar y asegurar la integración de las familias desfavorecidas, independientemente de su origen étnico, el trabajador social coadyuva a la prestación de apoyo a los miembros de estas familias, y precisamente a los niños, jóvenes, ancianos y personas con discapacidad.
138.El 10 de junio de 2009 se celebró en el Ministerio un seminario sobre el tema "Observancia del principio de no discriminación". En dicho seminario los funcionarios del Ministerio se familiarizaron con las disposiciones fundamentales de las normas internacionales y la legislación nacional en esta esfera. A efectos de estudiar y poner en práctica la experiencia de otros países europeos en la resolución de los problemas socioculturales de la minoría nacional romaní, en el período de 22 a 27 de marzo de 2009 una delegación de la República de Moldova, integrada por representantes de varios ministerios, hizo una visita a Bucarest (Rumania). La visita se celebró en el marco del proyecto de asistencia oficial para el desarrollo de la República de Moldova, financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania y ejecutado por el UNFPA. El objetivo de la visita fue intercambiar experiencias con los representantes de las instituciones competentes de Rumania que participaban en el fomento del acceso a los servicios básicos, la protección y la integración social de los miembros de la minoría nacional romaní. El programa de la visita incluyó reuniones con representantes de las autoridades de Rumania, así como con el sector no gubernamental: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Investigaciones e Innovaciones, Caja Nacional del Seguro de Salud, Centro Nacional Romaní, Centro Romaní de Inclusión Social y Estudios. Al mismo tiempo, en las reuniones se abordaron varias cuestiones relacionadas con la colaboración de las estructuras del Estado y las ONG, así como las necesidades, las particularidades etnoculturales y la integración social de los romaníes.
139.Desde que se introdujo el Sistema Nacional Moderno de Pasaportes en el Registro Estatal de población del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se reunió información sobre 12.901 miembros de la minoría romaní (12.138 personas recibieron documentos de identidad como ciudadanos de la República de Moldova, 10.836 recibieron pasaportes de la República de Moldova, 14 recibieron permisos de residencia para extranjeros, 1 persona recibió un documento de identidad como apátrida con residencia permanente en la República de Moldova y 616 personas fueron inscritas en el proyecto RG (formulario Nº 9 del pasaporte de tipo soviético).
140.La Fiscalía General de la República de Moldova realiza una labor considerable para garantizar los derechos de los romaníes. En el segundo semestre de 2009 la Fiscalía General difundió información sobre los derechos de los niños en los centros de enseñanza preescolar, así como sobre la matrícula escolar de los niños de edades comprendidas entre los 7 y los 16 años, incluidos los niños de origen romaní. Los fiscales territoriales señalan que en los lugares donde residen familias romaníes, la tarea de llevar el censo de población, el registro y el control de la matrícula escolar de los niños es particularmente dificultosa. Por ejemplo, en las escuelas situadas en las ciudades y aldeas del distrito de Soroca, donde residen numerosos miembros de la minoría nacional romaní, de 126 niños romaníes incluidos en el registro, asisten a la escuela 87 y 39 no viven en el territorio. Del 18 al 21 de agosto de 2009 se celebró en Soroca un seminario sobre el problema de la matrícula escolar de los niños romaníes en el que participaron pedagogos y representantes de la opinión pública romaní.
141.Se encuentran bajo control especial los alumnos de los liceos teóricos de las aldeas de Rakovects y Badiceni, los liceos Ion Creanga, Petr Papesh y A. Pushkin, la escuela de enseñanza media de la aldea Tatarauca Veche, la escuela secundaria Nº 1 y los centros de enseñanza de las aldeas Zastynka, Parcani, Volovita y otras, por el hecho de que entre ellos se observa una tendencia a no asistir a las clases. En el distrito de Taraclia un niño romaní menor de edad, es decir menor de 15 años, se negaba a asistir a la escuela, a pesar de que la administración escolar y la Dirección Educativa habían adoptado medidas para que fuera admitido en una escuela profesional de la aldea Ciumai, distrito de Taraclia. Otros dos niños romaníes habían abandonado los estudios después de terminar el 7º grado. La razón para uno de ellos era que la madre le había prohibido continuar los estudios, y en el segundo caso el niño había dejado de asistir a la escuela al haberse ido de su casa a causa de conflictos constantes con el concubino de su madre. Las autoridades territoriales no habían adoptado ninguna medida para hacer regresar a estos niños a la escuela.
142.El problema de la asistencia escolar de los niños romaníes tampoco se ha resuelto en la aldea Tirnova, distrito de Erinets, donde sólo 6 de 27 niños en edad escolar asisten a la escuela. Una de las razones de la baja asistencia escolar de los niños en esta aldea es que los padres no están de acuerdo en que los niños estudien. Con el fin de resolver la situación, la alcaldesa de la aldea Tirnova examinó este problema en sesiones del consejo de la comunidad con la participación de los padres de estos niños, sin embargo, las medidas adoptadas no aportaron resultados significativos.
143.En el municipio de Chisinau en los últimos años se viene observando al inicio del nuevo año escolar una disminución del número de niños no escolarizados. Así, en el año escolar 2006/07 no asistían a la escuela 89 niños menores de edad, en 2007/08 no lo hacían 30 niños y en 2008/09 sólo había 13 niños no escolarizados. Al inicio del año escolar 2009/10, no estaban escolarizados 24 niños, de los cuales 5 pertenecientes a la minoría nacional romaní, lo que corresponde al 0,038% de 62.897 niños de edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. Sin embargo, transcurridos dos meses, se habían incorporado a la escuela otros 19 niños. Como resultado de la labor realizada, al 23 de octubre de 2009 sólo 5 niños no asistían a clase.
144.También en otras localidades del distrito de Chisinau la incorporación escolar de los niños no depende de la situación material ni de la pertenencia religiosa o étnica. Estaban escolarizados 114 niños romaníes. No obstante, no se lleva un control especial de los niños romaníes, sino que éstos están incluidos en los registros generales de niños en edad escolar. Se ha establecido que las familias romaníes numerosas, en especial las que tienen hijos en edad escolar, se trasladan periódicamente de una localidad a otra. A fin de garantizar a estos niños el derecho a la educación se coopera activamente con las comisarías de policía, las secciones de protección a la infancia y la Asociación juvenil romaní "Tărnă Rom". Con su ayuda se ha resuelto el problema del niño de origen romaní Serghei Jarkomich (nacido el 17 de mayo de 1997), que durante un largo período vivió con su madre en el extranjero y no fue a la escuela. En la actualidad este niño estudia en la escuela secundaria Nº 34, a pesar de que su madre expresó su disconformidad y se comportó en forma indebida con los miembros de la comisión y la administración de la escuela.
145.Con el fin de aumentar la escolarización de los niños, el Centro Nacional Romaní de Moldova presentó una propuesta sobre la formación de mediadores sociosanitarios que en la actualidad trabajan a título voluntario pero que deberán tener estatuto oficial. Los mediadores sociosanitarios procedentes de lugares de residencia compacta de romaníes promueven un mayor acceso de éstos a los servicios básicos, y coadyuvan a que los niños romaníes se incorporen a la enseñanza escolar. Los factores que determinan la escasa escolaridad de los niños romaníes incluyen: la pobreza, la vulnerabilidad y la creciente inestabilidad de las familias, el alcoholismo y la toxicomanía, la indiferencia de los padres, y la falta de vigilancia por los padres en razón de su salida al extranjero. Todos estos factores constituyen la razón de la vulnerabilidad de los niños y los incitan a cometer actos ilegales.
146.Con el fin de prevenir un aumento del porcentaje de niños no escolarizados el ayuntamiento del municipio de Chisinau paga cada año a las familias pobres una subvención de 600 lei por hijo para la adquisición de efectos escolares y el pago de los gastos necesarios. De este modo, en 2009 el ayuntamiento pagó dicha suma a 1.566 alumnos de los grados 1º a 9º y algunos estudiantes (huérfanos) de los grados 10º a 12º. Los fiscales territoriales abrieron una investigación por infracción de la ley en relación con tres padres cuyos hijos no iban a la escuela, sobre la base del artículo 63 del Código de Delitos (Incumplimiento de las obligaciones de manutención, crianza y educación de los hijos). De conformidad con el artículo 395 del Código de Delitos, el expediente se transmitió a la instancia judicial correspondiente.
147.La Fiscalía General adopta las medidas necesarias para que los fiscales intervengan de manera más activa con el fin de asegurar la asistencia escolar de los niños e impone a los padres irresponsables las medidas previstas por la ley.
148.El 26 de enero de 2010, en la Universidad Alecu Russo, de Bălti, se celebró una mesa redonda sobre el tema "Aplicación de la política de no discriminación de los romaníes en la República de Moldova a nivel local", organizada por las ONG Centro Nacional Romaní y Herederos, con apoyo de la Oficina de Relaciones Interétnicas. En el marco de la mesa redonda se abordaron los resultados de la labor de promoción de los derechos humanos de los romaníes durante el período 2008-2009 y se celebró un debate sobre el papel de las autoridades locales en la aplicación de la Decisión gubernamental Nº 1453 de 21 de diciembre de 2006 y sobre los resultados de la ejecución de los programas de acción locales en los ámbitos de la educación, la protección de la salud, el acceso al mercado de trabajo y la asistencia social a los romaníes.
149.La Oficina de Relaciones Interétnicas, en calidad de coordinadora de la ejecución y supervisión del Plan de Acción de apoyo a los romaníes para el período 2007-2010, en el contexto de las recomendaciones del Comité sigue ampliando su colaboración con las asociaciones romaníes con el fin de mejorar la situación de la población romaní de la República de Moldova. En particular, en 2010 la Oficina procederá a la elaboración de programas de acción en apoyo de la población romaní para el período siguiente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución del plan actual.
IV.Conclusión
150.El presente informe periódico de la República de Moldova acerca de la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial fue preparado por la Oficina de Relaciones Interétnicas sobre la base de los materiales que le facilitaron el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, Protección Social y la Familia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Cultura, la Fiscalía General, el Centro de Derechos Humanos, así como otros órganos de la administración central y las autoridades locales que siguen aplicando las disposiciones fundamentales de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/MDA/CO/7). El informe también refleja las opiniones expresadas por los miembros del Consejo de Coordinación de las Organizaciones Etnoculturales acreditadas ante la Oficina de Relaciones Interétnicas.
151.El presente informe periódico de la República de Moldova acerca de la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 15 de febrero de 2010 fue oído y aprobado en la novena sesión de la Comisión Nacional para la elaboración de los informes inicial y periódicos acerca de la aplicación de las convenciones internacionales en que es parte la República de Moldova.