Distr.RESERVADA*

CCPR/C/82/D/1107/200215 de noviembre de 2004

ESPAÑOLOriginal: FRANCÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS82º período de sesiones18 de octubre a 5 de noviembre de 2004

DICTAMEN

Comunicación Nº 1107/2002

Presentada por:Loubna El Ghar (no representada por letrado)

Presunta víctima:La autora

Estado Parte:Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista

Fecha de la comunicación:14 de junio de 2002 (comunicación inicial)

Referencias:Decisión del Relator Especial conforme al artículo 91 del reglamento, transmitida al Estado Parte el 5 de agosto de 2002 (no se publicó como documento)

Fecha de aprobación del dictamen:2 de noviembre de 2004

El 2 de noviembre de 2004 el Comité de Derechos Humanos aprobó el proyecto adjunto como dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo respecto de la comunicación Nº 1107/2002. El texto figura en el anexo del presente documento.

[Anexo]

Anexo

DICTAMEN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS EMITIDO A TENOR DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 5 DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS -82º PERÍODO DE SESIONES-

respecto de la

Comunicación Nº 1107/2002 *

Presentada por:Loubna El Ghar (no representada por letrado)

Presunta víctima:La autora

Estado Parte:Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista

Fecha de la comunicación:14 de junio de 2002 (comunicación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 29 de marzo de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1107/2002, que le presentó Loubna El Ghar, con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito la autora de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.1.La autora es la Srta. Loubna El Ghar, ciudadana libia nacida el 2 de septiembre de 1981 en Casablanca y residente en Marruecos. Afirma ser víctima de la violación por la Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La autora no invoca disposiciones concretas del Pacto, pero sus acusaciones parecen plantear cuestiones relacionadas con el artículo 12 del Pacto. La autora no está representada por un abogado.

1.2.El Pacto entró en vigor para la Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista el 23 de marzo de 1976 y su Protocolo Facultativo el 16 de agosto de 1989.

Los hechos expuestos por la autora

2.1.La autora, de nacionalidad libia, vive en Marruecos desde que nació, con su madre divorciada, y tiene un permiso de residencia. Estudiaba derecho francés en la Facultad Hassan II de Casablanca y quería continuar sus estudios en Francia para especializarse en derecho internacional. A este fin, en 1998 inició el trámite de solicitud de pasaporte ante la representación consular de Libia en Marruecos.

2.2.La autora afirma haber recibido únicamente respuestas negativas, sin fundamento jurídico y legítimo. Señala que, aunque es mayor de edad, presentó su solicitud acompañada de una autorización de su padre que reside en Libia, legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Libia, a fin de permitirle obtener cualquier documento oficial que necesitara. Añade que en septiembre de 2002 el Cónsul de Libia, que afirmaba remitirse al reglamento pertinente (sin dar detalles al respecto), le dijo que no podía expedirle un pasaporte, sino un documento provisional de viaje para ir a Libia.

2.3.La autora también se puso en contacto con la representación diplomática de Francia en Marruecos para averiguar si podría obtener un pase (laissez-passer) para Francia, petición a la que las autoridades francesas no pudieron acceder.

2.4.Al no tener pasaporte, la autora no pudo matricularse en la Universidad de Montpellier I, en Francia.

La denuncia

3.La autora afirma que la negativa del Consulado de Libia en Casablanca de expedirle un pasaporte le impide viajar y estudiar y constituye una violación del Pacto.

Observaciones del Estado Parte

4.1.En sus observaciones de fecha 15 de octubre de 2003, el Estado Parte facilita la siguiente información. Tras haber sido informada de la comunicación de la autora, la Dirección General de Pasaportes y Nacionalidad del Estado Parte se puso en contacto con la Oficina de la Fraternidad, en Rabat, que le comunicó que hasta el 1º de septiembre de 1999 no había recibido ninguna solicitud oficial de pasaporte de la interesada.

4.2.El 6 de septiembre de 2002, la Dirección de Pasaportes y Nacionalidad pidió al Consulado General que le comunicara si la interesada había presentado una solicitud de pasaporte, puesto que en sus registros no constaba dato alguno sobre la Srta. El Ghar.

4.3.El 13 de octubre de 2002, la Dirección General de Pasaportes y Nacionalidad envió al Consulado General de Casablanca un telegrama para que comunicase, en caso de haberla recibido, la solicitud de la interesada y todos los datos y documentos justificativos necesarios para conceder un pasaporte.

4.4.El Estado Parte sostiene que de lo anterior se desprende claramente que las autoridades libias en cuestión dedican toda la atención necesaria al asunto y que el retraso se debe al hecho de que la interesada no se presentó en el momento oportuno en la Oficina de la Fraternidad en Marruecos. El Estado Parte señala que ninguna disposición de la legislación en vigor impide a los ciudadanos libios obtener documentos de viaje si reúnen las condiciones necesarias y presentan los documentos exigidos.

4.5.Por último, el Estado Parte explica que el 1º de julio de 2003 se enviaron instrucciones a la Oficina de la Fraternidad de Rabat para que expidiera el pasaporte a la Srta. Loubna El Ghar. Por otro lado, se informó por teléfono a la autora, en su domicilio, de que podía ir al Consulado de Libia en Casablanca a retirar su pasaporte.

Comentarios de la autora sobre las observaciones del Estado Parte

5.1.En sus comentarios de 24 de noviembre de 2003 la autora indica, en lo que respecta a la fecha oficial de presentación de su solicitud de pasaporte, que inició los trámites en 1998, año en que su madre viajó a Libia para obtener la autorización de su padre a fin de obtener el pasaporte (véase el párrafo 2.2). Añade que la fecha exacta de la solicitud oficial del pasaporte es el 25 de febrero de 1999.

5.2.En cuanto a la Dirección de Pasaportes y Nacionalidad y la fecha del 6 de septiembre de 2002 que menciona el Estado Parte (véase el párrafo 4.2), la autora recuerda que una de las veces que fue al Consulado General de Libia para pedir información sobre su solicitud, el 18 de septiembre de 2002, los representantes libios le indicaron que no podían darle un pasaporte, sino sólo un pase para Libia. En ese pase, que fue expedido en el día y que la autora presenta, se indica: "Teniendo en cuenta que [la autora] es originaria de Marruecos y que no ha obtenido un pasaporte, se expide el presente documento de viaje para poder volver al territorio nacional".

5.3.La autora confirma que recibió una llamada telefónica el 1º de agosto de 2003 de la señora Embajadora de Libia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra por la que le informaba de que podía pasar por el Consulado General de Libia en Casablanca para obtener el pasaporte, ya que la Dirección General de Pasaportes había enviado una comunicación a ese fin. El mismo día, la autora fue al Consulado, con toda la documentación que pudieran pedirle para retirar el pasaporte. Ahora bien, los representantes de Libia negaron haber recibido la mencionada comunicación. Al volver a su domicilio, la autora volvió a llamar a la Embajadora de Libia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra para informarla de la situación y dos días después regresó al Consulado. La autora explica que el Cónsul en persona le dijo que no era necesario que se presentase cada vez y que se pondrían en contacto con ella en cuanto recibieran la comunicación. Desde entonces, la autora no ha podido obtener su pasaporte ni, por lo tanto, viajar al extranjero para continuar sus estudios.

5.4.La autora añade que le resulta imposible pedir asistencia letrada para entablar una demanda contra las autoridades libias desde Marruecos y que no puede presentar recurso por abuso de poder.

Deliberaciones del Comité sobre la admisibilidad

6.1.Antes de examinar una denuncia formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe determinar, de conformidad con el artículo 87 de su reglamento, si la comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2.El Comité, en virtud de las condiciones estipuladas en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo se ha cerciorado de que el asunto no ha sido sometido a otro procedimiento internacional de examen o arreglo.

6.3.El Comité toma nota de los argumentos de la autora sobre el agotamiento de los recursos internos, es decir, los obstáculos con que tropieza toda petición de asistencia letrada y el recurso contra las autoridades libias desde Marruecos y, teniendo en cuenta la falta total de impugnación pertinente de la admisibilidad de la comunicación por el Estado Parte, el Comité considera que las disposiciones del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo no le impiden examinar la comunicación.

6.4.El Comité considera que las quejas formuladas por la autora pueden plantear cuestiones relacionadas con el párrafo 2 del artículo 12 del Pacto y procede a examinar la denuncia en cuanto al fondo, con arreglo al párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1.El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información presentada por escrito por las partes, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

7.2.El Comité constata que hasta la fecha la autora no ha podido obtener un pasaporte de las autoridades consulares libias, aun cuando la solicitud oficial, según las declaraciones de estas autoridades, tiene fecha 1º de septiembre de 1999. Por otra parte, resulta que inicialmente, el 18 de septiembre de 2002, el Cónsul de Libia manifestó a la autora que no podía expedirle un pasaporte, sino tan sólo un pase para Libia, en virtud de un reglamento que no especificó ni de palabra ni en el propio pase. Así pues, se rechazó la solicitud de expedición de pasaporte presentada al Consulado de Libia sin que la decisión estuviera fundamentada en cuanto al fondo, ya que la única observación consignada fue que la autora "es originaria de Marruecos y que no ha obtenido pasaporte; se expide el presente documento de viaje [laissez-passer] para poder volver al territorio nacional". El Comité opina que no puede considerarse que ese pase sustituya satisfactoriamente a un pasaporte libio válido para viajar al extranjero.

7.3.En segundo lugar, el Comité constata que el 1º de julio de 2003 la Dirección General de Pasaportes envió una comunicación a las autoridades consulares libias en Marruecos para que expidieran un pasaporte a la autora, información confirmada por el Estado Parte, que facilitó una copia de ese documento. El Estado Parte afirma que se comunicó por teléfono a la autora, personalmente en su domicilio, que podía retirar el pasaporte en el Consulado de Libia. Sin embargo, hasta la fecha, pese a que la autora fue dos veces al Consulado de Libia, no se expidió pasaporte alguno, sin que se le pueda atribuir la responsabilidad del hecho. El Comité recuerda que un pasaporte ofrece a un ciudadano un medio para "salir [...] de cualquier país, incluso del propio", tal como se enuncia en el párrafo 2 del artículo 12 del Pacto, por lo que se deriva de la propia índole del derecho en cuestión que, en el caso de un ciudadano que resida en el extranjero, el párrafo 2 del artículo 12 impone obligaciones a la vez al Estado donde reside el interesado y al Estado del que tiene la nacionalidad, y que el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto no puede interpretarse en el sentido de restringir las obligaciones que tiene Libia en virtud del párrafo 2 del artículo 12 únicamente a los ciudadanos que residan en su territorio. El derecho reconocido en el párrafo 2 del artículo 12, en virtud del párrafo 3 del artículo mencionado, puede ser objeto de restricciones "previstas en la ley, [...] necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y [...] compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto". Por lo tanto, hay circunstancias en las que el Estado puede, si la ley lo prevé, negarse a expedir un pasaporte a uno de sus ciudadanos. No obstante, en el caso presente, en la información facilitada al Comité, el Estado Parte no expuso argumentos en este sentido y, al contrario, confirmó que había dado instrucciones para responder a la solicitud de pasaporte de la autora, sin resultado alguno.

8.El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, opina que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto, habida cuenta de que la autora no ha podido obtener un pasaporte, sin justificación válida alguna, y que el tiempo transcurrido es excesivo, por lo que se ha visto en la imposibilidad de ir al extranjero para continuar sus estudios.

9.En virtud del apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte tiene la obligación de garantizar que la autora disponga de un recurso efectivo, incluida una indemnización. El Comité insta al Estado Parte a que expida sin más demora un pasaporte a la autora. Además, el Estado Parte está obligado a adoptar medidas eficaces para velar por que no se vuelva a producir este tipo de violaciones.

10.El Comité recuerda a la Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista que, al pasar a ser Parte en el Protocolo Facultativo, ha reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido o no una violación del Pacto y que, de conformidad con el artículo 2 de éste, se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionarles un recurso efectivo y aplicable en caso de que se demuestre que se ha producido una violación. Por lo tanto, el Comité desea recibir del Estado Parte información sobre las medidas adoptadas para aplicar el dictamen del Comité, en un plazo de 90 días a partir de la transmisión del presente dictamen. También se ruega al Estado Parte que publique el dictamen del Comité.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la francesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]