Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
29º período de sesiones
14 de agosto a 8 de septiembre de 2023
Examen de los informes presentados por las partes en la Convención en virtud del artículo 35
Respuestas de Malawi a la lista de cuestiones relativa a su informe inicial y segundoinforme periódico combinados *
[Fecha de recepción: 19 de abril de 2023]
I.Introducción
1.El Gobierno de Malawi se complace en presentar sus respuestas a la lista de cuestiones y preguntas del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad relativa al informe inicial y segundo informe periódico combinados de Malawi.
II.Respuestas a la lista de cuestiones
A.Propósito y obligaciones generales (arts. 1 a 4)
Respuestas al párrafo 1 de la lista de cuestiones relativa al informe inicial ysegundo informe periódico combinados de Malawi (CRPD/C/MWI/Q/1-2)
2.A fin de revisar la legislación nacional y armonizarla con la Convención, el Gobierno de Malawi, a través del Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social, está revisando la Ley de Discapacidad (cap. 33:06). Se han dado instrucciones al Ministerio de Justicia para que elabore un nuevo proyecto de ley de personas con discapacidad, y ese proceso ya está en marcha. El objeto de la revisión es derogar la Ley de Personas con Discapacidad (cap. 33:02) y la Ley de Discapacidad y sustituirlas por una nueva ley que regule todas las cuestiones relativas a las personas con discapacidad en Malawi. En el proyecto de ley propuesto se prevé un régimen mejorado de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, de conformidad con la Convención. En la revisión se propone crear un nuevo organismo regulador de las cuestiones relativas a la discapacidad, denominado Consejo de Malawi para Asuntos de Discapacidad, que estará facultado para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en los casos en que los titulares de esa obligación no promuevan, protejan ni respeten los derechos de dichas personas.
3.El Gobierno de Malawi también ha iniciado la revisión de la Ley de Tratamiento Psiquiátrico (cap. 34:02) para asegurar su observancia de las disposiciones de la Convención.
4.En cuanto a la revisión de las políticas, se está examinando la Política Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad a fin de asegurar su conformidad con la Convención.
5.Por lo que se refiere a la aplicación de las políticas y los programas, el Gobierno de Malawi viene ejecutando la Estrategia Nacional de Incorporación de la Discapacidad y Plan de Aplicación (2018-2023), que brinda un marco para promover, bajo el liderazgo del sector público, la equidad y el desarrollo inclusivo mediante la aplicación de políticas nacionales y sectoriales en las que se tienen en cuenta los derechos humanos y las necesidades de desarrollo de las personas con discapacidad, con arreglo a lo dispuesto en la Convención. Entre las demás políticas y estrategias que se están aplicando figuran la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, la Estrategia de Comunicación sobre Cuestiones de Discapacidad y la Política de Rehabilitación Médica.
6.Actualmente, el Gobierno de Malawi mantiene consultas con todas las partes interesadas pertinentes sobre la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención. Dada la diversidad de partes interesadas involucradas en las consultas, es difícil indicar un calendario definitivo. El Gobierno de Malawi aplicará el resultado de la consulta, sea cual sea su naturaleza.
Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones
7.El Gobierno de Malawi sigue apoyando a las personas con discapacidad a través del órgano competente, el Consejo de Malawi para las Personas con Discapacidad, y del Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social (Departamento de Asuntos de Discapacidad). El Departamento de Asuntos de Discapacidad mantiene su estrecha colaboración con la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Malawi, que agrupa a la Unión de Personas Ciegas de Malawi, Mujeres con Discapacidad en el Desarrollo, la Asociación Nacional de Personas Sordas de Malawi, la Asociación de Personas con Lesiones Medulares de Malawi, la Asociación de Padres de Niños con Discapacidad de Malawi, la Asociación de Personas con Albinismo de Malawi, la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Malawi, la Organización de Viudas y Huérfanos con Discapacidad de Malawi, la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, el movimiento Organización por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Asociación de Personas con Deficiencia Visual y Auditiva de Malawi y la Asociación de Usuarios y Cuidadores de la Salud Mental.
8.Asimismo, se han establecido mecanismos para garantizar que se consulte, a través de la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Malawi, como órgano coordinador, o de manera directa, a las personas con discapacidad al elaborar y aplicar políticas y leyes. También se cuenta con la participación de algunas personas con discapacidad en la formulación de políticas y leyes. Las organizaciones de representación participan en mecanismos de consulta como el Comité Nacional de Asesoramiento y Coordinación sobre Cuestiones de Discapacidad, el Grupo de Trabajo Técnico Nacional sobre Asuntos de Discapacidad, los comités ejecutivos de distrito, los foros de discapacidad de distrito, los comités de desarrollo de zona y los comités de desarrollo de aldea.
9.Malawi suscribió el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de las Personas con Discapacidad en África el 6 de febrero de 2022. El proceso de ratificación está en curso.
Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones
10.El artículo 139 del Código Penal se modificó en la Ley de Enmienda del Código Penal, de 2022, para eliminar la terminología despectiva al referirse a las personas con discapacidad. Ahora la disposición dice lo siguiente: "Todo hombre que, a sabiendas de que una mujer o una niña tiene discapacidad mental, mantenga o intente mantener relaciones sexuales con ella en circunstancias no constitutivas de violación, pero que pongan de manifiesto que, en el momento de los hechos, tenía conocimiento de dicha discapacidad mental, incurrirá en un delito y podrá ser condenado a una pena de reclusión a perpetuidad".
11.La pena máxima impuesta por ese delito también ha aumentado de 14 años de prisión a reclusión a perpetuidad, atendiendo a la gravedad que supone el hecho de aprovecharse de una persona con discapacidad mental.
B.Derechos específicos (arts. 5 a 30)
Igualdad y no discriminación (art. 5)
Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones
12.La Constitución de Malawi garantiza la protección de las personas con discapacidad frente a cualquier forma de discriminación. Asimismo, el artículo 9 de la Ley de Discapacidad reconoce que la denegación de ajustes razonables es una forma de discriminación por motivos de discapacidad.
Mujeres con discapacidad (art. 6)
Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones
13.El artículo 20 de la Constitución de Malawi y las disposiciones de la Ley de Discapacidad, la Ley de Igualdad de Género (cap. 25:06) y la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica pueden aplicarse a fin de eliminar la discriminación múltiple e interseccional contra mujeres y niñas.
14.Por lo que respecta a las políticas, se han formulado varias políticas destinadas a eliminar la discriminación múltiple e interseccional contra mujeres y niñas con discapacidad, incluida la violencia de género. Algunas de ellas son la Política Nacional de Género y el Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género. Se han incorporado las cuestiones de discapacidad en todos los programas gubernamentales y en la ejecución de las actividades relacionadas con el género y la violencia de género para promover los derechos de las mujeres con discapacidad al igual que prevenir y combatir la violencia contra ellas.
15.En la aplicación de estas políticas y estrategias nacionales se tiene en cuenta la incorporación de las cuestiones de discapacidad. La Estrategia Nacional de Incorporación de la Discapacidad y el Plan de Aplicación (2018-2023), puestos en marcha en 2019, brindan un marco para integrar la discapacidad en todos los sectores gubernamentales y de la sociedad, incluidos la educación, la salud, el empleo y la protección social. La Estrategia se centra en ámbitos clave para incorporar la discapacidad en una manera acorde con otras políticas y estrategias nacionales e internacionales. Dichos ámbitos abarcan el acceso a la salud, la educación, los medios de vida, el empleo y los medios de inclusión social. Como estrategia de desarrollo, también contempla medidas para incorporar la discapacidad en otras cuestiones transversales fundamentales, como el VIH y el sida, el género y la investigación.
16.Los ministerios, departamentos y organismos indicados en las estrategias, planes de acción o planes de trabajo que aplican las políticas antes mencionadas se encargan de ejecutar las diversas actividades asignadas. El Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social supervisa la ejecución de las actividades que llevan a cabo distintos actores mediante la recepción de informes. Posteriormente, el Ministerio presenta los informes al Secretario del Presidente y del Consejo de Ministros, que preside también el Comité Nacional de Asesoramiento y Coordinación sobre Cuestiones de Discapacidad, creado en virtud del artículo 5, párrafo 2, de la Ley de Discapacidad, cuya función es supervisar la aplicación de los programas relacionados con la discapacidad.
17.Asimismo, se mantienen consultas con las mujeres con discapacidad, ya sea de manera individual o a través de organizaciones no gubernamentales (ONG), como Mujeres con Discapacidad en el Desarrollo, la Organización de Viudas y Huérfanos con Discapacidad de Malawi y Mujeres con Discapacidad en África, sobre cómo participar eficazmente en el establecimiento de sus derechos, así como en la toma de decisiones y en los aspectos económicos, públicos y de otra índole de la vida. Las mujeres con discapacidad participan en los mecanismos de consulta de ámbito nacional, distrital y comunitario, entre los que se incluyen el Grupo de Trabajo Técnico sobre Cuestiones de Género y el Subgrupo de Trabajo Técnico sobre Violencia de Género.
18.El Gobierno de Malawi, a través del Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social, sigue fomentando la toma de conciencia sobre la inclusión de las mujeres con discapacidad en las estructuras de la administración local, como los comités de desarrollo de zona y los comités de desarrollo de aldea, y promueve su participación y representación en el desarrollo de los planes de acción de aldea en el seno de los consejos de distrito, a fin de garantizar que las cuestiones que afectan a las mujeres con discapacidad se incorporen en los planes de desarrollo de distrito.
Niños y niñas con discapacidad (art. 7)
Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones
19.Se están celebrando consultas para revisar la Ley de Atención, Protección y Justicia de Menores (cap. 26:03). Se examinará la cuestión de si es necesario incluir en ella disposiciones concretas sobre los niños con discapacidad.
20.En cuanto a la consulta y la participación efectiva de las organizaciones que representan a los niños con discapacidad, cabe señalar que estas organizaciones forman parte de los grupos de madres, los comités de protección infantil y otras estructuras comunitarias y, a escala nacional, de los grupos de trabajo técnicos.
Toma de conciencia (art. 8)
Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones
21.El Gobierno de Malawi utiliza diferentes canales y enfoques mediáticos para llegar a los sectores público y privado a fin de luchar contra la estigmatización y todas las formas de violencia contra las personas con albinismo, como la distribución de carteles, folletos y volantes, material en braille y la emisión de programas de radio y televisión. El Gobierno, a través del Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social (Departamento de Asuntos de Discapacidad), imparte formación específica y lleva a cabo actividades dirigidas a diversos ministerios, departamentos y organismos a nivel nacional y de distrito para promover la incorporación y la inclusión de las cuestiones relativas a la discapacidad. Las actividades de toma de conciencia se llevan a cabo en cooperación con los asociados para el desarrollo.
22.Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la difusión de una imagen positiva de las personas con discapacidad en lo que respecta a su contribución a la vida pública. Los profesionales de los medios de comunicación reciben formación específica a fin de garantizar que conozcan los derechos de las personas con discapacidad y que su labor periodística esté con consonancia con lo dispuesto en la Convención.
23.Las personas con discapacidad participan, a través de las organizaciones que las representan, en la elaboración y la ejecución de campañas de concienciación. Además, desempeñan una función destacada en la determinación de la manera y el lugar en que han de llevarse a cabo dichas campañas.
Accesibilidad (art. 9)
Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones
24.El Gobierno, a través de la Oficina de Normalización de Malawi, elaboró las Normas de Accesibilidad y Funcionalidad del Entorno Construido, que se publicarán próximamente. En ellas se establece la manera en que debe diseñarse, fabricarse y gestionarse el entorno construido para que, en la medida de lo posible, las personas puedan acceder a un edificio, entrar en él, utilizarlo, abandonarlo y evacuarlo de manera independiente y digna y en igualdad de condiciones. Además, se proporcionan a los usuarios de edificios, los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros, los constructores, los propietarios, los gestores inmobiliarios, los fabricantes, los encargados de formular políticas y los legisladores requisitos y recomendaciones para crear un entorno construido sostenible que sea accesible.
Derecho a la vida (art. 10)
Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones
25.Para proteger a las personas con discapacidad, en especial a las personas con albinismo, contra distintas formas de violencia, incluidos los asesinatos rituales para obtener partes de su cuerpo, se han adoptado algunas medidas legislativas. En 2016 se modificó la Ley de Anatomía (cap. 34:03) para ampliar el alcance de los delitos de extracción y posesión no autorizada de tejidos humanos y endurecer las penas por los delitos contemplados en dicha Ley. Ahora, en su artículo 18 se tipifica la posesión de un cadáver o tejidos humanos, y la pena aplicable es la de reclusión a perpetuidad sin opción de multa. Además, se publicó un manual para investigadores, fiscales y jueces sobre los delitos contra las personas con albinismo, a fin de reforzar la respuesta judicial frente a tales delitos. El manual recoge las disposiciones pertinentes del Código Penal (cap. 7:01), la Ley de Anatomía (cap. 34:03), la Ley de Atención, Protección y Justicia de Menores (cap. 26:03), la Ley de Lucha contra la Trata de Personas (cap. 7:06) y la Ley de Brujería (cap. 7:02), y reseña de forma simplificada todos los delitos de que pueden ser objeto las personas con albinismo.
26.Por lo que se refiere a las políticas, el Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social adoptó el Plan de Acción Nacional sobre Personas con Albinismo (2018‑2020), que aún se está aplicando. Se trata de un plan integral y multisectorial para erradicar la violencia contra las personas con albinismo y garantizar a estas personas el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones. El Plan de Acción se centra en siete ámbitos prioritarios que están en consonancia con otros instrumentos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos, a saber, la educación cívica, la concienciación y la formación; la administración de justicia y el apoyo a las víctimas de ataques; la seguridad de las personas con albinismo; la vigilancia, presentación de informes e investigación en materia de derechos humanos; la incorporación y empoderamiento de las personas con albinismo, y el acceso a servicios de salud asequibles y de calidad y a una educación en igualdad de condiciones y de calidad. Las principales partes interesadas en la aplicación del Plan de Acción son el Departamento de Asuntos de Discapacidad, la Asociación de Personas con Albinismo, la Comisión de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, el Servicio de Policía de Malawi, el Ministerio de Educación, el poder judicial, el Ministerio de Educación Cívica, el Ministerio de Salud, la Oficina de Asistencia Jurídica de Malawi, el Ministerio de Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano, los 28 consejos de distrito y otras ONG. Como resultado de la aplicación del Plan de Acción, en todo el país se ha impartido formación en el empleo a fiscales y jueces sobre el enjuiciamiento de los casos de atrocidades perpetradas contra las personas con albinismo. Además, la Fiscalía General nombró a un fiscal especial para que siga de cerca los casos de ataques contra personas con albinismo. El Presidente del Tribunal Supremo también impartió instrucciones prácticas para que solamente los jueces profesionales conozcan de los casos relacionados con el albinismo. El poder judicial ha dado prioridad al enjuiciamiento de los delitos cometidos contra las personas con albinismo y sigue imponiendo penas muy severas, que pueden alcanzar hasta la reclusión a perpetuidad. A continuación se presentan las estadísticas de las causas penales relativas a delitos contra las personas con albinismo.
Figura 1
Situación de las causas por homicidio ante los tribunales en mayo de 2022
|
Región |
Causas registradas |
Causas finalizadas |
Causas pendientes |
|
Sur |
8 |
6 |
2 causas en espera de sentencia |
|
Centro |
5 |
5 |
0 |
|
Oriente |
5 |
3 |
2 causas en espera de nueva vista |
|
Norte |
2 |
2 |
0 |
|
Total |
20 |
16 |
4 |
Fuente : Fiscalía General.
Figura 2
Número de causas por otros delitos ante los tribunales en relación con las personas con albinismo
|
Región |
Causas registradas |
Causas finalizadas |
Causas pendientes |
|
Sur |
10 |
4 |
6 |
|
Centro |
14 |
6 |
8 |
|
Oriente |
9 |
5 |
4 |
|
Norte |
11 |
6 |
5 |
|
Total |
44 |
21 |
23 |
Fuente : Fiscalía General.
Figura 3
Situación de las causas relacionadas con personas con albinismo en mayo de 2022
|
Descripción |
Total |
|
Causas acumuladas (2018-2022) |
200 |
|
Causas finalizadas con condena |
75 |
|
Causas con absolución |
18 |
|
Causas en curso: fase de audiencia |
25 |
|
Causas en espera de sentencia |
5 |
|
Causas en fase de investigación |
77 |
Fuente : Departamento de Asuntos de Discapacidad y Fiscalía General.
27.Además, el Gobierno de Malawi, a través del Departamento de Asuntos de Discapacidad (Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social) creó y gestiona una base de datos sobre casos denunciados y la ubicación de las personas con albinismo en el país. También se ha sensibilizado a las comunidades sobre cómo proteger a las personas con discapacidad.
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (art. 11)
Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones
28.Se está revisando la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre a raíz de la experiencia de Malawi con los ciclones tropicales de los últimos años. En la revisión se tendrá en cuenta el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Convención. De hecho, el proyecto de ley de gestión del riesgo de desastres de 2023, presentado al Parlamento, está en consonancia con el Marco de Sendái.
29.El Gobierno de Malawi vela por que se consulte a las organizaciones de personas con discapacidad durante la elaboración de medidas de preparación y reducción del riesgo de desastres y las estrategias de gestión de ese riesgo, incluyéndolas entre los miembros de los grupos de trabajo técnicos y los diversos comités encargados de supervisar la aplicación de las medidas de preparación y reducción del riesgo de desastres. Si bien puede que no se consulte a estas organizaciones en todo momento, se ha hecho en las etapas decisivas de la aplicación de las medidas de preparación y reducción del riesgo de desastres y de las estrategias de gestión.
30.El personal de socorro y de emergencia recibe formación periódica sobre respuestas de socorro y emergencia. Aunque la formación abarca algunos aspectos de cómo tratar a las personas con discapacidad, no cubre de forma exhaustiva las respuestas de socorro y emergencia específicamente adaptadas a las personas con discapacidad. El Gobierno de Malawi agradecería la asistencia técnica del Comité a este respecto.
Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones
31.En respuesta a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Gobierno de Malawi declaró el estado de catástrofe nacional el 20 de mayo de 2020 y elaboró el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante la COVID-19 con el fin de aumentar la capacidad de resiliencia para gestionar el brote pandémico en curso y prevenir, preparar y controlar las olas subsiguientes, así como de adelantarse a otras emergencias de salud pública futuras y prepararse para ellas. El Plan iba más allá de los ámbitos epidemiológico y médico de la respuesta, al reconocer los efectos y repercusiones nefastos asociados a la carga de morbimortalidad y sus consecuencias en las personas, las familias y la comunidad en general. Entre las actividades llevadas a cabo figura la mejora de la seguridad, la protección y el bienestar de todos los alumnos, incluidas las niñas y los alumnos con discapacidad, así como de los maestros, durante el período de la COVID-19 y tras la reapertura de las escuelas, y la difusión de información sobre la prevención de la COVID-19 y la respuesta a ella entre los grupos vulnerables que corrían el riesgo de contraer la enfermedad, incluidas las personas con discapacidad. Se facilitó información relativa a la COVID-19 a las personas con discapacidad a través de diversos medios, como la radio y la comunicación personal. Las personas con deficiencia auditiva recibieron información a través de imágenes o en lengua de señas, pero el Gobierno no disponía de recursos económicos para llegar a las comunidades de difícil acceso. Algunas organizaciones de personas con discapacidad también ayudaron al Gobierno a difundir información sobre la COVID-19 a través de mensajes texto, la publicación de comunicados de prensa, la producción y emisión de documentales y sintonías radiofónicos y la entrega de materiales sobre la COVID-19 en braille, en DVD o en papel. Asimismo, el Departamento de Asuntos de Discapacidad, con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), imprimió 4.500 documentos en braille sobre la COVID-19 para las personas con discapacidad visual.
32.La continuidad del apoyo a los servicios comunitarios, en particular los cuidados en el hogar y la asistencia personal, se vio afectada negativamente por la pandemia de COVID-19 debido a que el personal sanitario fue reasignado a la gestión de la pandemia.
33.Para asegurar un acceso igualitario a la atención de la salud, durante la pandemia de COVID-19 las personas con discapacidad podían acudir a los establecimientos de salud tal como lo hacían antes. El Gobierno de Malawi reconoce que la mayor parte de los recursos financieros y humanos del sistema de salud se reorientaron a atender la pandemia, por lo que no fue posible prestar servicios especializados a las personas con discapacidad como habría sido el caso antes de la pandemia. Sin embargo, las personas con discapacidad con COVID-19 tuvieron acceso a la atención de la salud en las mismas condiciones que las demás personas.
34.En cuanto a la garantía de las prestaciones sociales, estas están aseguradas en todo momento. Las personas con discapacidad siguen figurando entre los beneficiarios de los programas de protección social aplicados en Malawi, como el Programa de Transferencia Social en Efectivo y el Programa de Insumos Asequibles, siempre y cuando cumplan los criterios para poder participar en ellos. Esta situación no ha cambiado como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12)
Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones
35.En la actualidad, Malawi sigue aplicando la doctrina del common law en lo que respecta a la capacidad jurídica para celebrar contratos, en cuya virtud las personas con discapacidad intelectual pueden suscribir contratos con la ayuda de un tutor. Esta medida busca proteger a la persona de toda posible explotación. Este principio se aplica también a la apertura de cuentas bancarias.
36.Aún no se han llevado a cabo iniciativas para reemplazar los regímenes de sustitución para la adopción de decisiones por regímenes de apoyo a la adopción de decisiones. El Gobierno deberá celebrar consultas con las distintas partes interesadas sobre la mejor manera de proceder al respecto, teniendo en cuenta la situación económica de Malawi.
Acceso a la justicia (art. 13)
Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones
37.En la actualidad, en la Ley de Atención, Protección y Justicia de Menores (cap. 26:03) se prevén ajustes adecuados a la edad, como la celebración de audiencias privadas. Sin embargo, en las normas procesales judiciales no se contemplan expresamente ajustes de procedimiento. Ahora bien, los tribunales pueden ordenar que se realicen ajustes para garantizar que una persona con discapacidad participe efectivamente en los procedimientos judiciales. Como se indicó previamente, la Ley de Discapacidad está en curso de revisión. Se está examinando la inclusión de los principios de ajustes de procedimiento y adecuados a la edad para las personas con discapacidad y de medidas destinadas a asegurar su participación constructiva en el sistema judicial, como testigos, abogados, funcionarios judiciales o agentes del orden.
38.Los funcionarios del sistema judicial, incluidos los agentes de policía y los funcionarios del sistema penitenciario, han recibido y seguirán recibiendo formación sobre las disposiciones de la Convención.
Libertad y seguridad de la persona (art. 14)
Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones
39.La Ley de Tratamiento Psiquiátrico (cap. 34:02) sigue en proceso de revisión. Dicha labor tiene como propósito elaborar un proyecto de ley que sustituya al texto existente y que promueva, proteja y garantice los derechos de las personas con trastornos mentales en Malawi. En el proyecto de ley se reconocerá la necesidad de que los servicios de salud mental estén disponibles y sean accesibles y de buena calidad para todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, etnia o género.
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (art. 16)
Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones
40.Además de la promulgación de la Ley de Discapacidad, la Ley de Igualdad de Género y la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica, que prohíben la violencia de género y los experimentos médicos en personas, incluidas las personas con discapacidad, el Gobierno puso en marcha un sólido mecanismo de denuncia y remisión para asegurar una respuesta eficaz a la violencia y una gestión adecuada de los datos sobre la prevalencia de la violencia de género, incluida la violencia contra las mujeres con discapacidad. Se están realizando actividades de concienciación sobre la denuncia y remisión de todas las formas de violencia, incluida la violencia contra las mujeres con discapacidad, a las estructuras pertinentes, como las dependencias comunitarias de apoyo a las víctimas, las oficinas de género y bienestar social de distrito, los centros de atención integral y las dependencias policiales de apoyo a las víctimas, para velar por que se adopten las medidas necesarias y que se protejan los datos adecuadamente.
41.El Gobierno de Malawi, a través del Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social, implantó un sistema de gestión de la información sobre la violencia de género. Este sistema se utiliza para recopilar y analizar datos sobre la violencia de género contra todas las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad. Está vinculado a las estructuras de denuncia de la violencia de género que existen a nivel comunitario y de distrito. En él se recoge toda la información necesaria sobre los casos concretos, como los datos de la superviviente y el agresor, desglosados por sexo, edad y discapacidad. Actualmente, se trata de vincular el sistema con el centro nacional de datos sobre la violencia de género que gestiona la Oficina Nacional de Estadística.
Protección de la integridad personal (art. 17)
Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones
42.El artículo 19, párrafo 5, de la Constitución de Malawi prohíbe someter a una persona a experimentos médicos o científicos sin su consentimiento. La Ley de Prevención y Gestión del VIH/Sida (núm. 9 de 2018) prohíbe además que una persona sea objeto de las pruebas del VIH y el sida sin su consentimiento libre e informado. En caso de que la persona que va a someterse a la prueba tenga una discapacidad que, a juicio de quien proporcione la información previa a la prueba, le impida comprender el significado y las consecuencias de la prueba del VIH, debe solicitarse el consentimiento informado voluntario a la pareja o cónyuge, al tutor o a un familiar directo de la persona con discapacidad.
43.En la actualidad, la recopilación de datos estadísticos fiables y desglosados sobre el número de denuncias por vulneración del artículo 17 de la Convención sigue planteando dificultades. El Gobierno de Malawi agradecería recibir asistencia técnica en este ámbito para garantizar que sus sistemas de recopilación de datos estén bien concebidos y permitan recabar esos datos, y que el personal esté formado para garantizar una gestión adecuada de dichos sistemas.
44.En relación con los recursos jurídicos, en la Ley de Prevención y Gestión del VIH/Sida se tipifica la realización de pruebas del VIH sin consentimiento y se prevé como sanción una pena de multa de 5.000.000 de kwacha malawianos (4.800 dólares de los Estados Unidos) y cinco años de prisión. En la revisión de la Ley de Discapacidad también se contempla la posibilidad de tipificar la esterilización de personas con discapacidad o cualquier forma de experimentación médica, sin el consentimiento de la persona o de su tutor.
45.Para proteger a las personas con albinismo contra los secuestros, los asesinatos, las agresiones y las mutilaciones, el Gobierno de Malawi instituyó un comité técnico nacional de carácter multisectorial para combatir el maltrato a las personas con albinismo en Malawi, encargado de coordinar las iniciativas y estrategias aplicadas en relación con las personas con albinismo. Además, se está ejecutando un programa de concienciación multimedia destinado a educar y sensibilizar al público en general sobre las cuestiones relativas al albinismo en el país, y se han renovado las estructuras de policía de proximidad en todo el país para proteger a las personas con albinismo. Se está incluyendo a los alumnos con albinismo en escuelas de internado con protección policial. Se ha elaborado un censo de las personas con albinismo de todo el país a fin de determinar el tamaño de la población albina y su lugar de residencia, con miras a disponer de medidas de seguridad adecuadas.
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (art. 19)
Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones
46.Como se menciona en el párrafo 135 del informe de Estado parte, no existe ningún sistema tendiente a facilitar que las personas con discapacidad vivan de forma independiente y que disponga que se les proporcionen asistentes personales debido a restricciones presupuestarias. Sin embargo, diversas ONG y asociados para el desarrollo ayudan al Gobierno mediante la ejecución de proyectos, como el proyecto “Empoderar a las Familias de Personas con Discapacidad” que desarrolla Habitat for Humanity Malawi con el objetivo de mejorar las condiciones materiales de vida de las familias de las personas con discapacidad. El Consejo de Malawi para las Personas con Discapacidad colabora estrechamente con las ONG en la aplicación del artículo 19 de la Convención.
47.El Gobierno de Malawi aún no ha abandonado los entornos de acogida institucional, ya que sigue sin disponerse de manera generalizada de instalaciones, bienes y servicios comunitarios accesibles. Sin embargo, tiene la firme determinación de trabajar de manera progresiva para asegurar la oferta de servicios públicos fácilmente accesibles para las personas con discapacidad.
Movilidad personal (art. 20)
Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones
48.Los artículos 8 y 25 de la Ley de Discapacidad imponen al Gobierno la obligación de aplicar medidas que aseguren a las personas con discapacidad el disfrute de su derecho a la movilidad personal, mediante la formulación y adopción de políticas que promuevan la accesibilidad de todas las instalaciones y de los servicios disponibles o prestados al público, y la supervisión de la aplicación de dichas políticas. En lo que respecta a las políticas, no existe una política específica sobre movilidad personal. Sin embargo, a través de la Estrategia Nacional de Incorporación de la Discapacidad y Plan de Aplicación se han integrado las cuestiones relativas a la movilidad personal en los programas de los ministerios, departamentos y organismos. Ahora bien, como se indica en el párrafo 147 del informe de Estado parte, el Gobierno reconoce que no existen medidas establecidas en lo que concierne a la movilidad personal. Se han adoptado algunas medidas para fabricar y distribuir aparatos de movilidad a través de programas de rehabilitación de ámbito comunitario en 12 de los 28 distritos, pero es necesario llevarlos a todos ellos. Las ONG y los asociados para el desarrollo siguen desempeñando una función fundamental de asistencia al Gobierno para proporcionar medios de movilidad personal y otras ayudas técnicas.
Libertad de expresión y de opinión y acceso ala información (art. 21)
Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones
49.El 17 de agosto de 2021, el Presidente de Malawi, su excelencia el Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, ordenó que se utilizara la lengua de señas en todas las cadenas de televisión y actos oficiales, así como su reconocimiento como idioma nacional. Sin embargo, la lengua de señas aún no está reconocida como idioma oficial. El canal público de televisión, Malawi Broadcasting Corporation Television, ofrece interpretación en lengua de señas. Los canales privados de televisión aún no han empezado a ofrecer ese servicio. La escasa utilización de la lengua de señas se debe al reducido número de intérpretes. En la actualidad, hay 10 intérpretes de lengua de señas certificados en activo y 30 mediadores de comunicación que dominan dicha lengua y podrían convertirse en intérpretes cuando reciban la formación necesaria. El Gobierno de Malawi, con la ayuda de las ONG, como la Asociación Nacional de Personas Sordas de Malawi, seguirá trabajando para formar a más intérpretes de lengua de señas. En 2022, la Asociación publicó el primer diccionario de lengua de señas de Malawi, el cual contribuirá a construir puentes de comunicación entre la comunidad oyente y la comunidad sorda.
50.La facilitación a las personas con discapacidad de información dirigida al público en general en formatos accesibles sigue siendo limitada. El Gobierno de Malawi necesita asistencia técnica y financiera para que las personas con discapacidad puedan acceder a toda la información dirigida al público en general en diversos formatos accesibles.
51.El Consejo de Malawi para las Personas con Discapacidad se esfuerza para ofrecer información accesible al público a través de su sitio web, que cuenta con una biblioteca electrónica que contiene algunos documentos de política y leyes fundamentales. Los ministerios, departamentos y organismos también gestionan sitios web en los que se facilita información diversa.
Respeto de la privacidad (art. 22)
Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones
52.El artículo 21 de la Constitución de Malawi garantiza el derecho de toda persona a la vida privada, al disponer que nadie podrá ser sometido a registro alguno de su persona, su domicilio o sus bienes, a la confiscación de sus bienes privados ni a injerencias en sus comunicaciones privadas, incluida la correspondencia y todas las formas de telecomunicaciones. Así pues, las personas con discapacidad disfrutan de este derecho en igualdad de condiciones con las demás personas, ya que el artículo 20 de la Constitución prohíbe toda forma de discriminación por motivos de discapacidad.
Respeto del hogar y de la familia (art. 23)
Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones
53.Para que las personas con discapacidad, especialmente las mujeres y las niñas y las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, puedan ejercer sus derechos relativos al hogar y la familia, en particular el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, y a recibir información en formatos accesibles sobre su salud sexual y sus derechos reproductivos, el Gobierno de Malawi ha adoptado medidas legislativas y de política. En lo que a medidas legislativas se refiere, el artículo 24 de la Constitución, reconociendo que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de esta y del Estado, garantiza el derecho de toda persona mayor de 18 años a contraer matrimonio y fundar una familia. Las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual gozan de ese mismo derecho. Sin embargo, a fin de asegurar un entorno propicio para el disfrute de ese derecho, el Gobierno de Malawi sigue sensibilizando a la población sobre los derechos de las personas con discapacidad y su no estigmatización, utilizando para ello las estructuras locales de desarrollo en colaboración con los foros de discapacidad de distrito.
54.El Gobierno de Malawi aplica actualmente la Política Nacional de Derechos en materia de Salud Sexual y Reproductiva, cuyo objeto es proporcionar una directriz de política sobre la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva en Malawi. Esa Política también está vinculada a la Política Nacional de la Juventud de Malawi y a las Normas Nacionales de Servicios de Salud para los Jóvenes. Además, busca mejorar la prestación de los siguientes servicios:
a)Los servicios de salud materna y neonatal (incluida la prevención y la gestión de los abortos peligrosos);
b)Los servicios de salud sexual y reproductiva de los jóvenes;
c)La planificación familiar;
d)La prevención y gestión de las infecciones de transmisión sexual, el VIH y el sida;
e)La detección temprana y el tratamiento de los cánceres de cuello uterino, próstata y mama;
f)La eliminación de las prácticas de maternidad nocivas, incluida la violencia doméstica y sexual;
g)La prevención y el tratamiento de la fístula obstétrica;
h)La prevención y el tratamiento de la infertilidad;
i)La participación de los hombres en el desarrollo, la promoción y la prestación de servicios relacionados con los derechos de salud sexual y reproductiva;
j)El desarrollo de los recursos humanos para la prestación de servicios relacionados con los derechos de salud sexual y reproductiva; y
k)El fortalecimiento de los sistemas de apoyo a la prestación de servicios relacionados con los derechos de salud sexual y reproductiva.
55.En la Política Nacional de Derechos en materia de Salud Sexual y Reproductiva se adopta un enfoque basado en los derechos humanos que tiene como objeto prestar servicios de salud sexual y reproductiva libres de discriminación por motivos de discapacidad o de otra índole.
56.La Política Nacional de Derechos en materia de Salud Sexual y Reproductiva se aplica junto con la Estrategia Nacional de Servicios para los Jóvenes. El propósito de la Estrategia es subsanar las deficiencias en la prestación de servicios de salud a los jóvenes, en particular información y servicios de salud sexual y reproductiva, mediante un enfoque multisectorial para:
a)Facilitar el acceso a la información mediante actividades de promoción de la salud, comunicaciones sobre cambio social y de comportamiento y aprendizaje formal;
b)Prestar servicios principalmente a través de centros fijos y móviles, y
c)Efectuar remisiones en función de la situación de que se trate (servicios sociales, hospitales de distrito y centrales, estructuras comunitarias o la policía).
57.Los jóvenes con discapacidad son un grupo objetivo específico en la aplicación de la Política Nacional de Derechos en materia de Salud Sexual y Reproductiva y la Estrategia Nacional de Servicios para los Jóvenes.
58.En Malawi, el 59 % de las mujeres casadas y el 44 % de las mujeres solteras que mantienen relaciones sexuales utilizan métodos de planificación familiar. La mayoría de las mujeres obtienen anticonceptivos modernos en hospitales públicos y el 4 % en hospitales y establecimientos de salud de la Asociación Cristiana para la Salud de Malawi. Las clínicas de “Banja La Mtsogolo”, gestionadas por MSI Reproductive Choices, una ONG que se dedica exclusivamente a la planificación familiar, suministran anticonceptivos al 8 % de las mujeres. El 6 % los obtienen de proveedores privados y el 2 % de otras fuentes.
59.A pesar de que también se ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a la edad de las niñas y las jóvenes y de que Malawi está mejorado, en términos generales, el alcance de la divulgación de información sobre los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas con discapacidad, siguen siendo las que menos reciben información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva en formatos accesibles. Esto se debe principalmente a la falta de recursos financieros para producir información a ese respecto en formatos accesibles para las personas con discapacidad. Sin embargo, se seguirán desplegando esfuerzos para que se les proporcione información en formatos accesibles. Con la ayuda de diversas ONG, el Gobierno de Malawi brinda información sobre derechos en materia de salud sexual y reproductiva a mujeres y niñas con discapacidad en varios formatos, incluido el braille. A modo de ejemplo, algunas ONG, como la Asociación Nacional de Personas Sordas de Malawi, imparten formación a mujeres jóvenes con discapacidad para que proporcionen información sobre salud sexual y reproductiva a otras personas con discapacidad. Además, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) apoyó la formación en derechos en materia de salud sexual y reproductiva de 125 jóvenes con discapacidad y de 25 jóvenes sin discapacidad que forman parte de clubes juveniles.
Educación (art. 24)
Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones
60.La Ley de Educación (cap. 30:01) se promulgó en 2013 y entró en vigor el 6 de diciembre de 2013.
61.El Gobierno de Malawi, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, elaboró la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que aplica actualmente. Esta Estrategia transforma la declaración de política sobre la educación inclusiva contenida en la Política Nacional de Educación (2016) en un plan de acción para lograr un mayor acceso a una educación de calidad equitativa y pertinente para todos los alumnos de Malawi. Además, se basa en las intervenciones, estrategias y políticas existentes, entre las que cabe destacar: la educación primaria gratuita, la educación básica complementaria, las escuelas amigas de la infancia, el Programa de Mejora de las Escuelas Primarias, los centros comunitarios de atención a la infancia, los programas de educación especial, los proyectos de educación inclusiva, la salud y nutrición en la escuela, los programas de rehabilitación comunitarios, las normas nacionales de educación; la Estrategia de Promoción y Comunicación para el Desarrollo en la Primera Infancia en Malawi, el proyecto de Mejora del Sector Educativo de Malawi, la Estrategia Nacional de Educación de las Niñas, y el Programa Nacional de Apoyo Social, como la transferencias de efectivo, becas y préstamos.
62.La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva se centra en ocho ámbitos principales que deben tratarse para hacer efectiva la educación inclusiva en Malawi. Dichos ámbitos son las siguientes:
a)El fortalecimiento de la capacidad para la educación inclusiva;
b)La gobernanza y la gestión de la educación inclusiva;
c)La identificación y la evaluación de los alumnos;
d)El sistema de información para la gestión de la educación inclusiva;
e)La formación y la motivación del personal docente;
f)Las alianzas para una educación inclusiva;
g)El entorno propicio para la enseñanza y el aprendizaje; y
h)La financiación de la educación inclusiva.
63.El Ministerio de Educación desplegó a los gestores educativos nacionales encargados de la educación inclusiva desde el nivel nacional a los niveles zonales, centrándose en directores, comisionados de distrito, gestores educativos de distrito, directores de escuelas primarias y secundarias y personal docente. En colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad, se fortaleció la capacidad para la educación inclusiva mediante la realización de actividades de concienciación, lo que redundó en un aumento del número de alumnos con discapacidad en la educación básica, que pasó de 120.007 (57.655 niñas y 62.362 niños), en 2016, a 173.715 (84.826 niñas y 88.889 niños), en 2021.
64.Los consejos de distrito disponen de una partida presupuestaria específica para los alumnos con discapacidad como estrategia para promover su inclusión en las escuelas. La financiación nacional destinada a hacer efectiva la educación inclusiva aumentó de 1.200 millones de kwacha malawianos (1.160.303 dólares de los Estados Unidos), en el ejercicio económico correspondiente a 2018/19, a 1.700 millones de kwacha malawianos (1.643.763 dólares de los Estados Unidos), en el ejercicio correspondiente a 2022/23.
65.La mentalidad respecto de la educación de los niños con discapacidad ha cambiado: los padres están más dispuestos a enviar a sus hijos con discapacidad a la escuela. El Gobierno de Malawi sigue llevando a cabo actividades de concienciación con las partes interesadas para hacer de la educación inclusiva una realidad.
66.En el censo escolar anual de 2022 se recopiló información sobre el número de estudiantes con discapacidad, según el tipo, y sobre su discapacidad específica. En el año escolar de 2022, 9.281 estudiantes de secundaria tenían una discapacidad, lo que representa el 2,1 % del total de estudiantes matriculados. De los estudiantes con necesidades de aprendizaje censados, el 36 % tenía dificultades de aprendizaje, el 34 % tenía deficiencia visual y, por último, los estudiantes sordociegos representaban alrededor del 1 % del total de los estudiantes de secundaria con alguna deficiencia. En la figura siguiente se muestran los resultados por tipo de deficiencia.
Figura 4
Fuente: Ministerio de Educación .
67.Para formar al personal docente en educación inclusiva, el Gobierno de Malawi ha empezado a adoptar medidas destinadas a aumentar el número de docentes que prestan apoyo a los alumnos con discapacidad. En 2019, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología introdujo un curso de certificación semipresencial sobre educación inclusiva, de un año de duración, para formar a un promedio de 200 docentes de educación inclusiva cada año en Montfort SNE College. Asimismo, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología creó una diplomatura de aprendizaje abierto a distancia que permitirá formar a 200 docentes de educación especial por programa. El Ministerio también introdujo un módulo sobre educación inclusiva en todos los centros de formación inicial docente de Malawi. Además, ha creado cursos de desarrollo profesional continuo sobre educación inclusiva dirigidos a docentes y estructuras de gobernanza en colaboración con sus asociados. A través de diferentes programas de educación inclusiva, el Ministerio, en colaboración con sus asociados, ha llevado a cabo actividades de identificación, evaluación y gestión de casos y ha mejorado el entorno de enseñanza y aprendizaje adaptando los planes de estudio y el material didáctico existentes para incorporar en ellos la educación inclusiva. Esta labor abarca la adquisición de ayudas técnicas y materiales didácticos adecuados para los alumnos con discapacidad. El presupuesto destinado a la compra de dichas ayudas y materiales se ha incrementado de 550 millones de kwacha malawianos (483.459 dólares de los Estados Unidos), en el ejercicio 2022/23, a 650 millones de kwacha malawianos (628.497 dólares de los Estados Unidos), en el ejercicio 2023/24.
68.A fin de contribuir a hacer efectiva la educación inclusiva en Malawi, el Gobierno de Malawi, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, elaboró el Plan Nacional de Inversión en la Educación (2020-2030) en el que la educación inclusiva y las cuestiones de género ocupan un lugar prioritario. El Plan tiene en cuenta la revisión de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva.
69.Asimismo, el Ministerio de Educación determinó que entre las reformas que llevaría a cabo figuraba la formulación de una política de educación inclusiva y la conversión del Departamento de Educación Inclusiva en una dirección de pleno derecho, así como la creación del Instituto para la Educación Inclusiva en el Ministerio. El proyecto de política de educación inclusiva ya se ha elaborado y está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.
70.Algunas de las estrategias aplicadas para hacer efectiva la educación inclusiva incluyen la mejora de las infraestructuras físicas mediante la construcción de rampas y el ensanchamiento de las puertas, y la construcción de baños adaptados a las personas con discapacidad. En algunas escuelas, los niños utilizan tecnología de apoyo para facilitar su aprendizaje. Algunas de las iniciativas impulsadas para aumentar la accesibilidad abarcan la utilización de formatos accesibles, como el braille, los materiales en macrotipo y la lengua de señas.
71.En la figura siguiente se muestra la evolución relativa a las aulas de clase dotadas de rampas, en comparación con el total de aulas permanentes. Entre 2018 y 2022, el número de aulas con rampas aumentó un 70 %, al pasar de 13.348 a 22.729, y registró un crecimiento medio anual del 14 %.
Figura 5
Número de aulas permanentes con rampas, 2022
Fuente: Ministerio de Educación.
72.En la figura siguiente se muestra también el número de baños adaptados a las personas con discapacidad disponibles en las escuelas primarias.
Figura 6
Fuente: Ministerio de Educación .
73.En la transición hacia la plena aplicación de la educación inclusiva, las escuelas de educación especial se han transformado en centros de recursos especializados que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales como entornos institucionales vinculados a las instituciones de educación primaria, secundaria o superior. En 2019, había 140 centros de recursos especializados de educación primaria y 37 de educación secundaria. Algunas comunidades también han movilizado recursos para crear centros de recursos especializados para personas con discapacidad vinculados a las escuelas convencionales locales, como el Centro de Recursos Especializados de Gumbo, en el distrito de Ntcheu, y el Centro de Recursos Especializados de Migowi, en el distrito de Phalombe.
Salud (art. 25)
Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones
74.En virtud del artículo 13 de la Constitución de Malawi, el Estado debe promover el bienestar y el desarrollo de la población de Malawi mediante la adopción y aplicación progresivas de políticas y leyes destinadas a prestar una atención de la salud adecuada, acorde con las necesidades sanitarias de la sociedad malawiana y las normas internacionales de atención de la salud. Para dar efecto a esta disposición, se han adoptado diversas disposiciones legales y políticas. Como se indica en el párrafo 185 del informe de Estado parte, el artículo 6 de la Ley de Discapacidad dispone que el Gobierno debe prestar servicios adecuados de atención de la salud a las personas con discapacidad, entre ellos servicios de prevención, diagnóstico precoz, atención médica y otros servicios destinados a reducir al mínimo y prevenir los casos de discapacidad. Además, el artículo 7 de la misma Ley prohíbe que se niegue el acceso a los servicios de atención de la salud y de rehabilitación en cualquier centro de salud y que se exija el pago de una tarifa más elevada por motivos de discapacidad. Para mejorar las disposiciones legislativas relativas al acceso a la atención de la salud de las personas con discapacidad, el Gobierno tiene la intención de reforzar, en la Ley de Discapacidad actualmente en revisión, las obligaciones de los proveedores de servicios de salud, incluidos los privados, para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a dichos servicios.
75.Además, el Gobierno de Malawi viene aplicando varias políticas sanitarias destinadas a mejorar el acceso a la salud de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad. Las políticas, estrategias y directrices son las siguientes:
a)La Política Nacional de Salud (2016-2022);
b)La Política Nacional de Derechos en materia de Salud Sexual y Reproductiva (2017-2022);
c)La Estrategia Nacional de Derechos en materia de Salud Sexual y Reproductiva (2021-2025);
d)La Estrategia Nacional de Salud de la Comunidad (2018-2022);
e)El Segundo Plan Estratégico del Sector Sanitario (2017-2022);
f)Las Directrices de Prestación de Servicios de Salud Reproductiva (2019-2024);
g)La Política Nacional de Rehabilitación Médica;
h)La Política de Salud Mental, e
i)El Plan de Acción Nacional sobre Personas con Albinismo en Malawi (2018‑2022).
76.Se sigue apoyando a las personas con albinismo facilitándoles medicamentos esenciales y otros artículos necesarios, como cremas de protección solar. Sin embargo, el Gobierno continúa teniendo dificultades para prestarles servicios de salud de manera adecuada.
77.Además, el Gobierno de Malawi sigue enfrentándose a dificultades para prestar los servicios de salud necesarios para las personas con discapacidad psicológica o intelectual debido a la grave escasez del personal médico necesario. Actualmente, solo dos psiquiatras atienden a toda la población del país, incluidas las personas con discapacidad. Además, hay una importante escasez de médicos especializados en psiquiatría. Los servicios de salud mental de los distritos están dirigidos principalmente por personal de enfermería psiquiátrica. Sin embargo, el país cuenta ahora con psicólogos y trabajadores sociales formados en salud mental. El Gobierno sigue motivando a los estudiantes de medicina para que se especialicen en psiquiatría. Con la asistencia de los asociados para el desarrollo, en el pasado el Gobierno se ha beneficiado de la visita de psiquiatras extranjeros.
78.Para hacer frente a las dificultades que experimentan las personas con discapacidad para acceder a los servicios de salud indicados en el párrafo 197 del informe de Estado parte, el Gobierno de Malawi, a través del Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social (Departamento de Asuntos de Discapacidad) sigue sensibilizando a las personas con discapacidad sobre la importancia de buscar atención sanitaria en centros médicos, en lugar de recurrir principalmente a las medicinas y las creencias tradicionales. También se sigue sensibilizando a las comunidades para que no estigmaticen a las personas con discapacidad. Para superar las barreras de comunicación entre los trabajadores de la salud y las personas con deficiencia auditiva, el Gobierno de Malawi también ha enviado personal médico de rehabilitación calificado a todos los hospitales centrales y de distrito, a los centros de salud y a algunos hospitales rurales de todo el país. Una parte de dicho personal ya ha recibido formación en lengua de señas. El objetivo es formar y designar a un punto focal en cada establecimiento para que ayude a las personas con deficiencia auditiva. Se trata de una medida importante para lograr la accesibilidad de los servicios de salud para todas las personas. Para atender las cuestiones relativas a la movilidad, algunos centros médicos han remodelado sus instalaciones teniendo en cuenta las cuestiones de accesibilidad. Además, en la revisión de la Ley de Discapacidad también se está considerando la posibilidad de obligar a remodelar los hospitales y centros de salud existentes prestando atención a dichas cuestiones.
Trabajo y empleo (art. 27)
Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones
79.Las garantías legales previstas en la Constitución de Malawi, la Ley del Trabajo (cap. 55:01) y la Ley de Discapacidad a las que se hace referencia en los párrafos 202 a 204 siguen estando vigentes. Sin embargo, el Gobierno de Malawi tiene la intención de reforzar las garantías del derecho al trabajo de las personas con discapacidad en la Ley de Discapacidad, que está en curso de revisión. Por ejemplo, se ha considerado la posibilidad de incluir la obligación de establecer cuotas de empleo de personas con discapacidad tanto en el sector público como en el privado y la obligación de que los empleadores realicen ajustes razonables para sus empleados con discapacidad.
80.En cuanto a las políticas, el Gobierno de Malawi aplica actualmente la Política Nacional de Empleo y Trabajo en la que se presenta a grandes rasgos el marco estratégico del Gobierno para crear oportunidades de trabajo decente y promover la protección social de todos los trabajadores de Malawi. La Política se centra en las siguientes esferas principales:
a)La creación de empleo y el crecimiento económico;
b)La gobernanza del mercado de trabajo;
c)El desarrollo de aptitudes y la gestión de los recursos humanos;
d)La protección social y las condiciones de trabajo, y
e)La igualdad de género y la no discriminación (en particular, la no discriminación de las mujeres y las personas con discapacidad).
81.Para hacer efectiva esa Política, el Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social (Departamento de Asuntos de Discapacidad), en colaboración con el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Enseñanza y Formación Técnica, Empresarial y Profesional y el Consejo de Malawi para las Personas con Discapacidad, siguen impartiendo formación a las personas con discapacidad en diversas aptitudes a fin de fomentar su demanda en el mercado de trabajo. Asimismo, el Consejo de Malawi para las Personas con Discapacidad sigue prestando servicios de colocación a personas con discapacidad para que puedan conseguir y conservar un empleo, y progresar en él, tanto en el sector público como en el privado. Lamentablemente, el número de personas con discapacidad empleadas es relativamente pequeño debido al desconocimiento de los derechos, capacidades y posibilidades de esas personas y a las actitudes negativas de los empleadores, por lo que el Gobierno está examinando la propuesta de establecer cuotas de empleo.
82.El Gobierno seguirá llevando a cabo actividades de sensibilización de los posibles empleadores sobre estas cuestiones para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad en los sectores público y privado, y también hará un seguimiento del desempeño de las personas con discapacidad que ya han sido contratadas para garantizar que cumplan sus funciones al nivel exigido.
83.El Gobierno de Malawi no dispone de datos ni información estadística, desglosados por sexo y edad, sobre el número de personas con discapacidad empleadas en el mercado laboral abierto.
Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)
Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones
84.Para que puedan sufragar los gastos relacionados con su discapacidad, las personas con discapacidad, en particular las de edad avanzada que viven en zonas rurales y los niños con discapacidad y sus familias, se tienen en cuenta en el Programa de Transferencia Social en Efectivo que ejecuta el Gobierno con la asistencia de los asociados para el desarrollo. En el marco de este Programa se realizan transferencias no condicionadas en efectivo a los beneficiarios. En la actualidad, dichas transferencias tienen lugar cada dos meses en 22 distritos de Malawi y se saldan en efectivo (los equipos de distrito entregan el dinero en efectivo a los beneficiarios en los días de pago asignados). En los 6 distritos restantes del país, las transferencias se realizan mensualmente mediante pago electrónico. Para acceder a este programa, el hogar debe hallarse en situación de pobreza extrema (ser incapaz de cubrir la mayoría de las necesidades básicas en cuanto a alimentos, artículos no alimentarios esenciales, etc.) y con limitaciones para conseguir un empleo (es decir, ninguno de sus miembros es “apto para el trabajo” o la tasa de dependencia entre aptos y no aptos para el trabajo es superior a tres). Se considera “no apto” al miembro de un hogar que tenga menos de 18 años o más de 64 o que se encuentre dentro del rango de edad de 18 a 64 años, pero tenga una enfermedad crónica o una discapacidad, o bien que no pueda trabajar por algún otro motivo. En septiembre de 2022, el Programa de Transferencia Social en Efectivo efectuó transferencias en efectivo bimensuales o mensuales a 297.138 hogares de los 28 distritos de Malawi, lo que equivale aproximadamente al 7 % de los hogares del país. En esos 297.138 hogares viven más de 1,4 millones de personas, lo que significa que más del 7 % de la población del país se beneficia del Programa. La mayoría de las personas con discapacidad que viven en zonas rurales cumplen los criterios y, por lo tanto, se benefician de él. La cifra concreta de personas con discapacidad que se benefician del Programa se facilitará durante el examen.
Participación en la vida política y pública (art. 29)
Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones
85.Las garantías legales indicadas en los párrafos 213 a 219 del informe de Estado parte siguen estando vigentes. Sin embargo, el Gobierno de Malawi señala que no existen garantías legales específicas destinadas a asegurar la participación efectiva en el proceso electoral de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual. El Gobierno examinará esta cuestión en consulta con las partes interesadas pertinentes.
86.En la Ley de Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (Ley núm. 10 de 2023) se prevén disposiciones para que las personas con discapacidad puedan emitir un voto secreto en las elecciones. En particular, el artículo 84 de la Ley dispone que un votante ciego o que tenga una enfermedad u otra discapacidad física podrá votar mientras esté acompañado por otro votante inscrito de su elección o por un miembro de la mesa de votación, quien le brindará asistencia para que emita su voto. El otro votante inscrito o el miembro de la mesa de votación respetará fielmente la voluntad expresada por esa persona y mantendrá absoluto secreto sobre el voto emitido.
87.El Gobierno de Malawi se compromete a proporcionar datos estadísticos sobre el número de personas con discapacidad que ocupan puestos de responsabilidad a todos los niveles de Gobierno durante el examen del informe de Estado parte.
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte (art. 30)
Respuesta al párrafo 27 de la lista de cuestiones
88.El Gobierno de Malawi seguirá adoptando medidas para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a lugares de recreo, cultura y deporte. Se están construyendo nuevos complejos deportivos teniendo en cuenta un diseño universal. El Gobierno se propone estudiar la posibilidad de reforzar las obligaciones que aseguran el acceso físico a estas instalaciones.
89.El Gobierno de Malawi sigue velando por que los niños con discapacidad participen en los juegos y las actividades recreativas y de esparcimiento y el deporte, incluidas las actividades llevadas a cabo en la escuela. El Gobierno, a través del Ministerio de Juventud y Deportes, aplica la Política Nacional de Deportes, en la que se reconoce que el deporte puede ser de competición o recreativo y que la participación de los niños con discapacidad en actividades deportivas se basa en su motivación. Así pues, en la Política los grupos vulnerables y desfavorecidos se consideran una cuestión transversal. Además, se establece que el Gobierno garantizará que el deporte sea accesible para todas las personas, con independencia, entre otras cosas, de su discapacidad.
90.El Ministerio de Juventud y Deportes colabora estrechamente con el Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social (Departamento de Asuntos de Discapacidad) y con el Consejo de Malawi para las Personas con Discapacidad y la Asociación Deportiva de Personas con Discapacidad de Malawi para asegurar que los niños con discapacidad participen en actividades recreativas y de esparcimiento.
91.Sin embargo, es necesario seguir trabajando para garantizar que los niños con discapacidad participen plenamente en actividades recreativas y de esparcimiento. El Gobierno seguirá adoptando medidas para que esto sea una realidad.
C.Obligaciones específicas (arts. 31 a 33)
Recopilación de datos y estadísticas (art. 31)
Respuesta al párrafo 28 de la lista de cuestiones
92.El Gobierno de Malawi ha puesto en marcha varios mecanismos en los planos nacional y local para ofrecer plataformas de consulta genuina y participación a las personas con discapacidad, entre otras cosas en el proceso de diseño, aplicación y supervisión de los sistemas de recopilación de datos. Entre esos mecanismos figuran:
a)El Comité Nacional de Asesoramiento y Coordinación sobre Cuestiones de Discapacidad, creado en virtud del artículo 5, párrafo 2, de la Ley de Discapacidad. El Comité tiene el mandato de proporcionar un foro para que las principales partes interesadas en las cuestiones de discapacidad reciban, examinen y revisen los informes de los ministerios y departamentos gubernamentales y otras partes interesadas pertinentes en lo que respecta a la incorporación de la discapacidad; realizar recomendaciones al Gobierno sobre mejores prácticas en materia de formulación de políticas, leyes y programas en relación con la discapacidad, y supervisar la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los programas relacionados con la discapacidad. El Comité está integrado por representantes de varios ministerios, organizaciones de personas con discapacidad y otras partes interesadas. Las organizaciones de representación, como la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Malawi, tienen el mismo derecho a opinar que los demás miembros en el proceso de asesoramiento del Gobierno y de supervisión de la aplicación de los programas relacionados con la discapacidad. Las actividades del Comité abarcan el desarrollo y la aplicación de políticas y estrategias sobre la discapacidad, la prestación de apoyo técnico a ministerios y organismos gubernamentales, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el fomento de la concienciación pública sobre cuestiones relativas a la discapacidad;
b)El Grupo de Trabajo Técnico Nacional sobre Asuntos de Discapacidad, que desempeña la función de coordinar la ejecución de varias actividades relacionadas con la discapacidad, está integrado por organizaciones de representación, como la Unión de Personas Ciegas de Malawi, Mujeres con Discapacidad en el Desarrollo, la Asociación Nacional de Personas Sordas de Malawi, la Asociación de Personas con Albinismo de Malawi y la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Malawi. El Grupo de Trabajo Técnico examina los informes de los comités ejecutivos de distrito y los foros de discapacidad de distrito sobre la ejecución a nivel de distrito de las intervenciones relacionadas con la discapacidad;
c)A nivel de distrito, existen los comités ejecutivos de distrito y los foros de discapacidad de distrito, que coordinan la aplicación de los programas relacionados con la discapacidad. Estos comités están integrados por las organizaciones que representan a las personas con discapacidad a nivel de distrito;
d)En el plano comunitario, existen los comités de desarrollo de zona y los comités de desarrollo de aldea, que se encargan de coordinar la ejecución de las actividades destinadas a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en las comunidades. Dichos comités deberían contar con personas con discapacidad entre sus miembros, pero este no es el caso en todas las comunidades. El Gobierno de Malawi, a través del Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social (Departamento de Asuntos de Discapacidad), colabora con ONG y asociados para el desarrollo en la sensibilización de las comunidades sobre la importancia de incluir a personas con discapacidad entre los miembros de esos comités.
93.Malawi consideraría la posibilidad de utilizar el cuestionario sobre discapacidad del Grupo de Washington en su política y programas de recopilación de datos estadísticos. De hecho, cuando se realizó el Censo de Población y Vivienda en 2018, el Gobierno midió la discapacidad basándose en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y aplicó el concepto de limitaciones de la actividad (dificultad para ver, oír, caminar, hablar, aprender o concentrarse y cuidar de sí mismo) para identificar a las personas con discapacidad, y también utilizó el cuestionario sobre discapacidad del Grupo de Washington en la recopilación de datos. Así pues, los datos disponibles abarcan los tipos de discapacidad de las personas con edad igual o superior a 5 años, excepto en el caso del albinismo y la epilepsia, cuyos datos se recopilaron a partir de los 0 años, y del retraso en el desarrollo, respecto del cual el rango de edad osciló entre los 0 y los 8 años. Además, la utilización de la definición del Grupo de Washington muestra la tasa de prevalencia más baja, del 1,4 %, frente al 11,6 % y el 10,4 % obtenidos cuando se incluye y se excluye a las personas con albinismo y epilepsia, respectivamente.
94.La mayoría de los datos estadísticos, en particular los elaborados por la Oficina Nacional de Estadística, solo están disponibles en ejemplares impresos ordinarios y en formato electrónico a través del sitio web de la Oficina Nacional de Estadística.
Cooperación internacional (art. 32)
Respuesta al párrafo 29 de la lista de cuestiones
95.Se consulta y colabora con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en lo que respecta a las decisiones sobre acuerdos internacionales a través de reuniones consultivas celebradas a nivel regional. Las organizaciones están invitadas a dichas reuniones. En las reuniones consultivas se informa del enfoque adoptado por el Gobierno sobre la posibilidad de firmar o ratificar un acuerdo internacional.
Aplicación y seguimiento nacionales (art. 33)
Respuesta al párrafo 30 de la lista de cuestiones
96.Las entidades de coordinación encargadas de promover la aplicación de la Convención son el Ministerio de Género, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social a través del Departamento de Asuntos de Discapacidad.
97.El Comité Nacional de Asesoramiento y Coordinación sobre Cuestiones de Discapacidad de Malawi, establecido en virtud del artículo 5, párrafo 2, de la Ley, entró en funcionamiento en 2018 y desempeña la función que se describe en el párrafo 50 de estas respuestas.
98.El Fondo Fiduciario para las Personas con Discapacidad empezará a funcionar pronto. El Gobierno de Malawi adoptó el Reglamento del Fondo Fiduciario para las Personas con Discapacidad en 2019 para hacer operativo el Fondo. Actualmente se lleva a cabo la contratación del personal adecuado para gestionar el Fondo.
99.La Comisión de Derechos Humanos se encarga del seguimiento independiente de la promoción y protección de los derechos amparados en la Convención. La Comisión ha sido acreditada como institución de categoría “A” con arreglo a los Principios de París y cuenta con una división responsable de las cuestiones de discapacidad. Dicha división promueve y protege los derechos de las personas con discapacidad y supervisa la aplicación de la Convención, entre otras cosas en relación con las personas con albinismo, mediante la realización de actividades de concienciación y educación cívica, la investigación de las violaciones de los derechos humanos y la vigilancia de los lugares de detención y las instituciones asistenciales, así como la revisión de la legislación vigente. La Comisión de Derechos Humanos ha llevado a cabo una investigación de los casos de secuestro y asesinato de personas con albinismo y un estudio sobre el acceso de las personas con discapacidad a los servicios sociales.
100.El Gobierno de Malawi financia el funcionamiento de la Comisión a través de las sumas consignadas por el Parlamento en cada ejercicio económico. Los niveles de financiación de la Comisión aumentaron de 789.065.236 kwacha malawianos (768.320 dólares de los Estados Unidos), en el ejercicio 2018/19, a 1.064.182.804 kwacha malawianos (1.036.205 dólares de los Estados Unidos), en el ejercicio 2020/21. Sin embargo, debido a las dificultades económicas del país, la financiación para el ejercicio 2021/22 se redujo a 911.021.442 kwacha malawianos (887.070 dólares de los Estados Unidos). En el ejercicio de 2022/23, el Parlamento de Malawi aprobó la consignación de 2.059.448.312 kwacha malawianos (2.005.305 dólares de los Estados Unidos). La Comisión cuenta con una total de 124 puestos, de las cuales 61 están cubiertos, lo que significa que la dotación de personal alcanza el 49,1 %.
101.Para asegurar la participación efectiva de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en el proceso de seguimiento de la Convención, el Gobierno utiliza las estructuras nacionales y locales disponibles como plataformas para consultar e involucrar a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan en el proceso de seguimiento de la aplicación de la Convención de forma eficaz y efectiva. Entre estas estructuras cabe mencionar al Comité Nacional de Asesoramiento y Coordinación sobre Cuestiones de Discapacidad y el Grupo de Trabajo Técnico Nacional sobre Asuntos de Discapacidad.
III.Conclusión
102.El Gobierno estará encantado de proporcionar toda la información adicional que el Comité pueda necesitar durante el examen del informe inicial y segundo informe periódico combinados de Malawi.