Naciones Unidas

CRPD/C/MWI/CO/1-2

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Distr. general

5 de octubre de 2023

Español

Original: inglés

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos inicial y segundo combinados de Malawi *

I.Introducción

1.El Comité examinó los informes inicial y segundo combinados de Malawi en sus sesiones 654ª y 655ª, celebradas los días 15 y 16 de agosto de 2023. En su 679ª sesión, celebrada el 1 de septiembre de 2023, aprobó las presentes observaciones finales.

2.El Comité acoge con satisfacción los informe inicial y segundo combinados de Malawi, que se prepararon con arreglo a las directrices del Comité en materia de presentación de informes, y agradece al Estado parte las respuestas presentadas por escrito a la lista de cuestiones preparada por el Comité.

3.El Comité también acoge con satisfacción el diálogo constructivo mantenido con la delegación de alto nivel del Estado parte, que abarcó un amplio abanico de cuestiones y dio cabida a representantes de ministerios competentes, parlamentarios y miembros del Parlamento.

II.Aspectos positivos

4.El Comité acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas por el Estado parte desde 2009, fecha en que ratificó la Convención, para revisar las leyes y políticas nacionales y armonizarlas con la Convención.

5.El Comité acoge con satisfacción, en particular, las siguientes medidas legislativas y de política para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad:

a)Que se haya comenzado a revisar la Ley de Tratamiento Psiquiátrico de 1948 con miras a garantizar su conformidad con la Convención, así como las disposiciones de la Ley de Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y Locales de 2023 relativas al derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en los procesos electorales;

b)La aprobación de la Ley de Acceso a la Información de 2017, que entró en vigor el 30 de septiembre de 2020, la cual permite a las personas con discapacidad acceder a la información que resulte crucial para que hagan valer sus derechos y que se halle en poder del Estado o de cualquiera de sus organismos;

c)La aprobación de la Ley de Discapacidad de 2012, que prevé la incorporación de las cuestiones relativas a la discapacidad en los procesos de formulación de leyes y políticas, al tiempo que constituye un fondo fiduciario de apoyo a la ejecución de las iniciativas relacionadas con la discapacidad;

d)La aprobación de la Política Nacional para la Discapacidad, cuyo objetivo es promover la aplicación de la Convención;

e)La aprobación de la Estrategia Nacional de Derechos de Salud Sexual y Reproductiva (2021-2025);

f)La aprobación en 2019 de la Estrategia Nacional para la Incorporación de la Discapacidad (2018-2023) y su correspondiente plan de implementación, así como los esfuerzos en curso para ejecutar la Estrategia en todos los sectores relacionados, entre otras cosas, con la educación, la salud, el empleo y la protección social;

g)La aprobación del Plan de Acción Nacional de Malawi sobre las Personas con Albinismo (2018-2022), en el que se incluye medidas encaminadas a reducir la violencia contra las personas con albinismo;

h)La aprobación de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva (2017-2021), que prioriza el desarrollo de la educación inclusiva y su financiación y articula su correspondiente marco de gobernanza y gestión.

6.El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos del Estado parte por mejorar su marco institucional y normativo para la aplicación de la Convención, en particular la constitución del Comité Nacional de Asesoramiento y Coordinación sobre Cuestiones de Discapacidad y, en los planos de distrito y comunitario, de comités ejecutivos de distrito, foros de distrito para la discapacidad, comités de desarrollo de zona y comités de desarrollo de aldea, los cuales se ocupan de coordinar la ejecución de los programas relacionados con la discapacidad. El Comité expresa su reconocimiento por las consultas celebradas por el Estado parte con los interesados a fin de examinar la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención.

III.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

A.Principios y obligaciones generales (arts. 1 a 4)

7.El Comité observa con preocupación:

a)Que la revisión de varias leyes y políticas, en particular la Ley de Discapacidad de 2012, y la derogación de la Ley de Personas Discapacitadas de 1971 aún no hayan concluido para que pueda aprobarse una nueva legislación integral que las sustituya, así como que se hayan introducido cambios en el proyecto de ley de personas con discapacidad, que se promulgará próximamente, sin consultar a las personas con discapacidad ni contar con ellas a través de las organizaciones que las representan;

b)Que no se haga referencia explícita a las mujeres y niñas con discapacidad en la Ley de Discapacidad y en el proyecto de ley de personas con discapacidad;

c)El retraso en la aprobación de políticas y programas relacionados con la discapacidad y encaminados a promover la aplicación de la Convención, políticas y programas que no se han priorizado;

d)El empleo por las autoridades públicas y en los medios de comunicación de un lenguaje discriminatorio para referirse a las personas con discapacidad y la representación negativa de esas personas, en particular el uso de terminología despectiva en las leyes.

8. El Comité recomienda que el Estado parte:

a)Concluya a la mayor brevedad la reforma de la Ley de Discapacidad de 2012 y la derogación de la Ley de Personas Discapacitadas de 1971 y se asegure de que el nuevo instrumento legislativo que las reemplace a ellas y a la legislación en vigor en cualesquiera áreas del derecho, incluidas las relaciones familiares, la salud mental, la propiedad y la seguridad personal, se ajusten a la Convención y al modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos;

b)Vele por que las organizaciones de personas con discapacidad sean partícipes en todo el proceso conducente a la promulgación del nuevo proyecto de ley sobre las personas con discapacidad y por que las propuestas formuladas por las personas con discapacidad se tengan debidamente en cuenta y se examinen en todas las fases de ese proceso;

c)Garantice que la nueva legislación que está en proceso de elaboración para sustituir la Ley de Discapacidad reconozca los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad e incorpore medidas para hacer frente a la marginación y la discriminación de que son objeto. El Estado parte debería examinar las propuestas presentadas por las mujeres con discapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan, en el documento de posición presentado al Ministerio de Justicia;

d)Suministre a las organizaciones de personas con discapacidad información sobre la administración del fondo fiduciario para las personas con discapacidad, se asegure de que se asignen recursos financieros suficientes a ese fondo y fije criterios para la distribución de los recursos que beneficien a todas las personas con discapacidad, con independencia del tipo de deficiencia que presenten. El Estado parte debería recopilar datos desglosados sobre las asignaciones presupuestarias y garantizar la existencia de procedimientos de rendición de cuentas periódicos y accesibles;

e)Revise y modifique las leyes y las políticas públicas con el fin de eliminar la terminología peyorativa sobre las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial y las personas con albinismo, y vele por que la capacitación impartida a los funcionarios públicos incluya módulos relativos a las mujeres y niñas con discapacidad, la igualdad de género y las personas con discapacidad en situaciones de marginación.

9.El Comité observa con preocupación:

a)La inexistencia de consultas periódicas entre las personas con discapacidad y el Comité Nacional de Asesoramiento y Coordinación sobre Cuestiones de Discapacidad, así como la escasa representación de las organizaciones de personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial y de mujeres con discapacidad en los procesos consultivos, en particular en el examen de las estrategias y los programas sectoriales;

b)Que las organizaciones de personas con discapacidad intelectual o psicosocial carezcan de recursos económicos para llevar a cabo actividades de promoción y participar en consultas públicas.

10. Recordando su observación general núm. 7 (2018), sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que:

a)Apruebe un marco legislativo nacional que promueva la celebración de consultas estrechas con las personas con discapacidad y su participación activa a través de las organizaciones que las representan, y vele por que se disponga de mecanismos para la participación de las organizaciones de mujeres y niñas con discapacidad, personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial y niños con discapacidad en la aplicación, la observancia y la financiación de los programas destinados a apoyar los derechos de las personas con discapacidad;

b)Brinde apoyo a las organizaciones de personas con discapacidad intelectual y/o discapacidad psicosocial, entre otras cosas proporcionándoles financiación independiente y autogestionada, alentando su acceso a la financiación proveniente del extranjero en el marco de la cooperación internacional y la asistencia al desarrollo y cubriendo los gastos derivados de su participación en las consultas.

B.Derechos específicos (arts. 5 a 30)

Igualdad y no discriminación (art. 5)

11.El Comité observa con preocupación:

a)La ausencia de medidas legislativas y ejecutivas dirigidas a dar cumplimiento a las salvaguardias constitucionales en favor de la igualdad de las personas con discapacidad y contra la discriminación hacia ellas, en particular hacia las mujeres y niñas con discapacidad y las personas con albinismo, así como la insuficiencia de los mecanismos de aplicación existentes, inclusive los dirigidos a asegurar la realización de ajustes razonables;

b)El escaso y decreciente número de casos de discriminación por motivos de discapacidad atendidos en la Comisión de Derechos Humanos de Malawi y la falta de información sobre las vías de recurso y reparación en caso de discriminación;

c)La ausencia de información sobre las medidas tomadas para prevenir la discriminación por motivos de discapacidad, inclusive la discriminación interseccional, y para dar cumplimiento al artículo 20 de la Constitución, que garantiza la protección de los niños con discapacidad frente a la discriminación.

12. Recordando su observación general núm. 6 (2018), sobre la igualdad y la no discriminación, y las metas 10.2 y 10.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Promulgue legislación específica y exhaustiva contra la discriminación que dé cumplimiento a las disposiciones constitucionales pertinentes, prohíba la discriminación por motivos de discapacidad y por cualesquiera otros motivos concurrentes, como la edad, el sexo, la raza, la etnia y la identidad de género, y reconozca la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación. El Estado parte debería articular un marco legislativo que regule las vías de recurso y las sanciones en caso de discriminación, en particular la concesión de indemnizaciones y reparaciones no pecuniarias;

b) Adopte medidas para fomentar la toma de conciencia sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación que asiste a las personas con discapacidad en virtud de la Convención y sobre la posibilidad de obtener reparación. El Estado parte debería difundir, mediante materiales de lectura fácil y en otros formatos accesibles, información sobre los mecanismos de denuncia, así como debería prestar asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad que deseen interponer recursos judiciales o administrativos;

c) Establezca programas de investigación que permitan detectar las desigualdades, las prácticas discriminatorias y los patrones de desventaja que afectan a las personas con discapacidad, incluida la discriminación interseccional, y adopte, en consulta estrecha con las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan, una estrategia dirigida a prevenir y subsanar la discriminación interseccional, en particular la discriminación contra los niños con discapacidad, en todas las esferas contempladas en la Convención.

Mujeres con discapacidad (art. 6)

13.Al Comité le preocupa que:

a)La violencia de género y el acceso a la justicia y el empoderamiento económico de las mujeres y niñas con discapacidad no se aborden de manera suficiente en las leyes y políticas relativas a las personas con discapacidad;

b)Las leyes y políticas relativas a las mujeres y las niñas, como la Ley de Igualdad de Género de 2013, la Ley de Sucesiones, Testamentos, Herencias y Protección de 2011 y el Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género en Malawi (2014-2020), no se hayan ocupado suficientemente de las cuestiones que afectan a las mujeres y las niñas con discapacidad;

c)Los recursos presupuestarios destinados a incorporar la discapacidad en las políticas públicas del Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social resulten insuficientes.

14. Recordando su observación general núm. 3 (2016), sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, así como las metas 5.1, 5.2 y 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a)Incorpore los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad en las políticas y los programas sobre discapacidad y en la legislación y las políticas sobre igualdad de género, en particular en el nuevo proyecto de ley sobre las personas con discapacidad, la Ley de Igualdad de Género de 2013, la Ley de Sucesiones, Testamentos, Herencias y Protección de 2011 y las políticas de lucha contra la violencia de género, y vele por que se celebren consultas con las mujeres y las niñas con discapacidad y por que estas participen de manera activa en la formulación y la aplicación de las políticas y los programas relacionados con el género y la discapacidad;

b)Incremente las asignaciones presupuestarias destinadas a la formulación, la aplicación y la evaluación de programas e iniciativas que empoderen a las mujeres y las niñas con discapacidad, aseguren su inclusión en todas las esferas de la vida, combatan los estereotipos de género y promuevan la implicación y la participación equitativa de esas mujeres y niñas en todos los procesos públicos de toma de decisiones.

Niños con discapacidad (art. 7)

15.Al Comité le preocupa:

a)La ausencia de medidas para la protección de los derechos de los niños con discapacidad en la Ley de Atención, Protección y Justicia de Menores de 2010 y la deficiente aplicación de los programas encaminados a hacer frente a la situación de los niños con discapacidad;

b)La privación y la marginación que sufren los niños con discapacidad y su gran vulnerabilidad a la pobreza infantil, la malnutrición, el abandono, la institucionalización y la desigualdad y la discriminación de facto en las esferas de la educación y la atención sanitaria. En particular, el Comité toma nota con preocupación de que, en comparación con otros niños, los niños con discapacidad tienen tasas más bajas de asistencia escolar en todos los ciclos de enseñanza, tasas más altas de retraso moderado o severo del crecimiento y tasas más bajas de escolarización en la primera infancia, así como se benefician en menor medida de las transferencias sociales;

c)La cobertura restringida de los programas de apoyo social a los niños con discapacidad, incluso en lo tocante a la intervención temprana o las transferencias en efectivo.

16. Recordando su declaración conjunta con el Comité de los Derechos del Niño en relación con los derechos de los niños con discapacidad, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Finalice el proceso de revisión de la Ley de Atención, Protección y Justicia de Menores de 2010 y tome medidas para tutelar y hacer efectivos los derechos de los niños con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás niños;

b) Apruebe y aplique una estrategia amplia de inclusión de los niños con discapacidad, como recomendó el Comité de los Derechos del Niño . La estrategia debería elaborarse en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, incluidas las organizaciones de niños con discapacidad, y debería priorizar las estrategias y los programas inclusivos nacionales y locales de ámbito comunitario, prever medidas que den respuesta a la pobreza y las privaciones que padecen los niños, prevenir el abandono y garantizar la accesibilidad a la información y las comunicaciones, el transporte y los entornos comunitarios, como las escuelas, los centros de atención de la salud, las bibliotecas y los centros deportivos;

c) Recopile información estadística sobre la cobertura por el Programa de Transferencia Social en Efectivo de Malawi de los gastos relacionados con la discapacidad que han de asumir los niños con discapacidad y dé seguimiento a esa cobertura, así como refuerce las medidas de protección social destinadas a los niños con discapacidad cuyas familias no estén incluidas en ese programa.

Toma de conciencia (art. 8)

17.Preocupan al Comité las informaciones relativas a la existencia de estereotipos y prejuicios sobre las personas con discapacidad que los representan como personas que necesitan protección, o como personas místicas o anormales, y que afectan en particular a las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, las mujeres y niñas con discapacidad y las personas con albinismo, ya que esos estereotipos y prejuicios propician prácticas nocivas como el confinamiento, los secuestros, la esterilización forzada y los asesinatos. También le preocupa que las iniciativas de toma de conciencia hayan sido poco sistemáticas, pasen por alto a grupos específicos de personas con discapacidad y no comprendan objetivos concretos y la evaluación de los progresos realizados.

18. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación activa de estas por conducto de las organizaciones que las representan, elabore estrategias de toma de conciencia sobre la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, mediante la realización de campañas, la impartición de educación en derechos humanos y de capacitación y la divulgación a través de los medios de comunicación. El Estado parte, en estrecha consulta con las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan, debería suministrar a las personas con discapacidad y a la sociedad en su conjunto información sobre los derechos de las personas con discapacidad en formatos accesibles, como la lectura fácil y el braille, y mediante formatos accesibles de comunicación aumentativa y alternativa, así como debería priorizar la modificación de las actitudes negativas, garantizar la participación directa de las personas con discapacidad de forma que se refleje su diversidad, dirigirse a los líderes comunitarios y religiosos, las comunidades escolares, las familias y los medios de comunicación, y crear mecanismos de evaluación periódica.

Accesibilidad (art. 9)

19.Al Comité le preocupa la ausencia de planes o programas públicos para mejorar la accesibilidad en todos los ámbitos cubiertos por la Convención, y que las medidas adoptadas por los agentes públicos y privados se limiten al entorno físico, por ejemplo, a colocar rampas. También le preocupa la ausencia de criterios obligatorios de accesibilidad en la contratación pública a todos los niveles y de medidas para evaluar los obstáculos que dificulten la accesibilidad a nivel comunitario.

20. Recordando su observación general núm. 2 (2014), relativa a la accesibilidad, el Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, y con su participación activa:

a) Promulgue leyes que garanticen el derecho de las personas con discapacidad a acceder, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones, y a otras instalaciones o servicios abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

b) Asegure la aprobación y aplicación de las Normas de Malawi para la Accesibilidad y Funcionalidad del Entorno Construido ;

c) Elabore un plan de acción nacional sobre la accesibilidad del entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ese plan de acción debería:

i) Comprender medidas de accesibilidad que respondan a la diversidad de barreras que afrontan todas las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida y en todos los entornos, incluidas las instalaciones y servicios de agua y saneamiento, las escuelas, los hospitales, los edificios públicos, los juzgados y las tiendas, con objetivos a corto y largo plazo;

ii) Crear servicios de transporte accesible y alternativo, en particular para el transporte de pasajeros por vía fluvial o lacustre;

iii) Tomar medidas para evaluar los progresos pertinentes alcanzados en los sectores público o privado y para imponer sanciones en caso de incumplimiento;

d) Establezca criterios de accesibilidad y diseño universal de obligado cumplimiento en la contratación pública a todos los niveles gubernamentales, así como vigile su observancia.

Derecho a la vida (art. 10)

21.Al Comité le preocupa:

a)Que el derecho a la vida no se encuentre tutelado como derecho explícito en la Ley de Discapacidad de 2012;

b)La expiración en 2022 del Plan de Acción Nacional de Malawi sobre las Personas con Albinismo y los informes sobre la persistencia de ataques violentos, en ocasiones mortales, y de desapariciones de las que son objeto las personas con albinismo debido a ideas y creencias erróneas, lo que menoscaba su derecho a la vida y al disfrute de otros derechos;

c)El incumplimiento del Plan de Acción Nacional de Malawi sobre las Personas con Albinismo en Malawi y la falta de recursos económicos para aplicarlo, lo que limita su protección eficaz del derecho a la vida de las personas con albinismo.

22. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, y con su participación:

a) Incluya de manera explícita el derecho a la vida en el nuevo proyecto de ley de las personas con discapacidad;

b) Renueve sin dilación el Plan de Acción Nacional sobre las Personas con Albinismo en Malawi, de modo que, en estrecha consulta con las personas con albinismo, incluidas las mujeres, las niñas y los niños con albinismo, y con su colaboración activa por conducto de las organizaciones que las representan, pueda aplicarse después de 2022;

c) Asigne suficientes recursos financieros para la aplicación del Plan de Acción Nacional de Malawi sobre las Personas con Albinismo, de modo que ese P lan pueda proteger de manera más eficaz el derecho a la vida de las personas con albinismo.

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (art. 11)

23.El Comité toma nota con preocupación de que las personas con discapacidad se han visto especialmente afectadas durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID‑19) y en contextos de catástrofe, como el ciclón Freddy y las inundaciones resultantes. El Comité señala que la respuesta de emergencia y las medidas tomadas durante el período de recuperación no afrontaron los riesgos específicos y las repercusiones para las personas con discapacidad. En particular, observa con preocupación que:

a)El marco de políticas aprobado para la respuesta en casos de desastre, en particular la Política Nacional de Gestión del Cambio Climático de 2016, la Ley de Preparación y Socorro ante Catástrofes de 1991 y el Plan de Contingencia para Desastres 2021-2022, no tome en consideración a las mujeres y niñas con discapacidad y que, según los informes recibidos, estas suelan ser las últimas personas en acceder a los servicios de salvamento en situaciones de crisis;

b)No se recopilen de manera sistemática datos sobre el impacto de las situaciones de emergencia y desastre en las personas con discapacidad, en particular sobre la situación de las al menos 52.211 personas con discapacidad desplazadas internas como consecuencia del ciclón Freddy y sobre la respuesta de emergencia que se les proporcionó;

c)Aún no se hayan abordado los efectos persistentes de la pandemia de COVID‑19 en las personas con discapacidad, en particular la pérdida de servicios de asistencia personal;

d)No se hayan adoptado medidas para suministrar a las personas con discapacidad información de alerta temprana en formatos accesibles.

24. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con su participación activa a través de las organizaciones que las representan:

a) Se guíe por el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y apruebe medidas destinadas de manera explícita a las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas, en su marco de políticas relativo a las situaciones de riesgo y las emergencias humanitarias en todas sus fases, a saber, en las fases de prevención y preparación, salvamento, recuperación, reconstrucción y reconciliación. El Estado parte debería ampliar la cobertura y el tipo de asistencia y respuesta humanitaria disponibles para las mujeres y niñas con discapacidad;

b) Aplique las Directrices del Comité Permanente entre Organismos sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria y articule un sistema para la recopilación de datos sobre las personas con discapacidad en situaciones de emergencia, y ello a fin de determinar los efectos de las situaciones de emergencia, detectar las dificultades que impiden el acceso a la asistencia y las lagunas en los recursos y la asistencia disponibles para las personas con discapacidad, incluidos los desplazados internos con discapacidad;

c) Amplíe el alcance de las iniciativas destinadas a las personas con discapacidad en el Plan de Recuperación Socioeconómica de Malawi 2021-2023, el cual fue aprobado en respuesta a la pandemia de COVID-19, en particular mediante la adopción de medidas e indicadores de progreso en relación con la igualdad de acceso a los programas de vacunación, el acceso efectivo a los regímenes de protección social, la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad, y el acceso a apoyo para vivir en la comunidad;

d) Desarrolle, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con su participación activa a través de las organizaciones que las representan, sistemas de alerta y protocolos de evacuación accesibles e inclusivos desde el punto de vista de la discapacidad y el género.

Igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12)

25.Al Comité le preocupa que, en ausencia de medidas de apoyo a la toma de decisiones, se prive de capacidad jurídica a las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, inclusive en las esferas de la participación política, el derecho a la propiedad, el matrimonio y las relaciones familiares, y el derecho al consentimiento libre e informado. El Comité señala que los estereotipos imperantes en la sociedad dan lugar a que las personas con discapacidad se vean en ocasiones sometidas a situaciones de guarda de hecho.

26. Recordando su observación general núm. 1 (2014), relativa al igual reconocimiento como persona ante la ley, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Modifique o derogue la legislación que deniegue la capacidad jurídica por motivos de discapacidad, afirme el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de reconocimiento como persona ante la ley y articule un sistema de medidas de apoyo para la adopción de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona. El Estado parte debería establecer mecanismos contra la sustitución, formal e informal, en la toma de decisiones;

b) Dé reconocimiento a una amplia gama de mecanismos de apoyo, tanto formales como informales, incluida la planificación anticipada del apoyo y la toma de decisiones;

c) Recopile datos desglosados sobre los casos en que se ha restringido la capacidad jurídica de las personas con discapacidad e implante mecanismos que les reintegren la capacidad jurídica;

d) Desarrolle programas para concienciar a las personas con discapacidad, los notarios, los jueces y el personal judicial, los proveedores de atención sanitaria, los proveedores de servicios financieros y otros actores a los que concierna el ejercicio de la capacidad jurídica (asistentes para la toma de decisiones, familiares y comunidades) sobre el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y su derecho a solicitar apoyo para la toma de decisiones.

Acceso a la justicia (art. 13)

27.Al Comité le preocupa:

a)Que las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial no sean reconocidas como testigos válidos en los procesos penales y que no existan medidas en todo el ordenamiento interno encaminadas a reconocer la capacidad jurídica de los demandados o acusados con discapacidad, incluidas las mujeres y las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, y a garantizarles los ajustes procesales necesarios;

b)Las barreras físicas y actitudinales persistentes en las zonas rurales, que conducen a que se interpongan menos denuncias y a que las mujeres y niñas con discapacidad que han sobrevivido a actos de violencia de género no obtengan reparación. En concreto, le preocupa que las mujeres y niñas con discapacidad no puedan acceder a las comisarías ni presentar denuncia y que los casos de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad sean a menudo desatendidos por el jefe del pueblo;

c)La ausencia de información en formatos accesibles y mediante interpretación en lengua de señas sobre los procedimientos judiciales, lo que limita el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad intelectual y/o psicosocial, las mujeres con discapacidad auditiva y las mujeres sordociegas;

d)El hecho de que los abogados de oficio, los agentes de policía y los miembros de la judicatura carezcan de información y capacitación para trabajar con las personas con discapacidad, en particular las mujeres, y para representarlas.

28. Recordando los Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad y la meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Garantice el reconocimiento legal del derecho que asiste a las personas con discapacidad, en particular con discapacidad intelectual y/o psicosocial, a ser parte en procedimientos judiciales, incluso como acusadas, demandadas o testigos, e instituya la obligación jurídica de proporcionar a las personas con discapacidad adaptaciones procesales adecuadas a su edad y que tengan en cuenta las cuestiones de género;

b) Lleve a cabo investigaciones y articule mecanismos comunitarios para garantizar que los sistemas de justicia comunitaria atiendan y resuelvan los casos planteados, incluidos los casos de violencia de género contra mujeres y niñas con discapacidad, y proporcionen reparación a los supervivientes. El Estado parte debería implantar programas que den a conocer los derechos de las personas con discapacidad a los líderes comunitarios, quienes desempeñan una función reseñable en la gestión de los programas de base comunitaria;

c) Se asegure de que se proporcionan servicios de interpretación en todas las fases de los procedimientos judiciales y difunda información en formatos accesibles, incluidos braille y lectura fácil, y mediante el uso de formas aumentativas y alternativas de comunicación;

d) Imparta, de manera sistemática y en cooperación con las organizaciones de personas con discapacidad, el mundo académico y la Sociedad de Juristas de Malawi, capacitación a los profesionales del derecho, en particular a los abogados de oficio, así como a los agentes de policía y los jueces, sobre las disposiciones de la Convención y la aplicación en sus funciones y su labor del modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos.

Libertad y seguridad de la persona (art. 14)

29.Al Comité le preocupa:

a)La disposición relativa a la privación de libertad por motivos de discapacidad que figura en la Ley de Tratamiento Psiquiátrico de 1948, la cual afecta a las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial;

b)Las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal y Probatorio (art. 135) en virtud de las cuales las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial pueden ser eximidas de responsabilidad penal y privadas de libertad en hospitales psiquiátricos “con o sin limitación” de tiempo;

c)Los informes que indican que, durante la pandemia de COVID-19, las mujeres encarceladas, incluso aquellas con discapacidad, fueron trasladadas a otras prisiones lejos de sus familias y, por lo tanto, se han visto privadas de apoyo material y social;

d)La ausencia, al parecer, de condiciones de accesibilidad y ajustes razonables destinados a las personas con discapacidad detenidas o encarceladas.

30. El Comité recomienda que el Estado parte, de conformidad con las directrices sobre el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad , en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con su participación activa a través de las organizaciones que las representan, en particular las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial y/o intelectual:

a) Concluya la revisión de las leyes sobre salud mental y suprima los tratamientos de salud mental involuntarios que, por motivos de discapacidad, se realizan en los hospitales psiquiátricos y en otros establecimientos. En esta esfera, el Estado parte debería fomentar el apoyo centrado en la persona, basado en la comunidad y participativo;

b) Derogue cuantas disposiciones legislativas denieguen a las personas con discapacidad la protección y la seguridad jurídica plenas previstas para los acusados en los procedimientos penales, en particular la presunción de inocencia, y den lugar a la imposición de sanciones o a la remisión a mecanismos extrajudiciales más severos que las sanciones penales ordinarias, como la privación de libertad de duración indefinida o indeterminada y la medicación o el tratamiento involuntarios o forzados;

c) Se asegure de que las reclusas con discapacidad puedan permanecer cerca de sus familias y recibir apoyo esencial;

d) Tome medidas para garantizar que todos los lugares de detención, incluidas las prisiones, las celdas policiales y los reformatorios, sean accesibles a las personas con discapacidad y se realicen en ellos ajustes razonables. El Estado parte debería incorporar los requisitos de accesibilidad en la Ley de Prisiones y sus reglamentos e impartir capacitación al personal penitenciario sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 15)

31.Al Comité le preocupa la inexistencia de medidas encaminadas a prevenir que las personas con discapacidad sufran tortura y malos tratos en los centros de detención, incluidos los hospitales psiquiátricos, y a protegerlas, así como la ausencia de medidas para la rendición de cuentas y de vías de reparación para las personas con discapacidad. También le preocupa el riesgo de que las personas con discapacidad sean sometidas a castigos corporales cuando se practican registros penitenciarios indiscriminados o se imponen castigos disciplinarios colectivos.

32. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Acelere la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con arreglo a la recomendación formulada en 2020 en el marco del examen periódico universal, recomendación que fue aceptada por el Estado parte ;

b) Promulgue leyes que prohíban los actos de tortura y malos tratos, incluidos los tratamientos e intervenciones, en particular la administración no consentida de fármacos, el recurso a medios químicos o mecánicos de contención, el confinamiento, la reclusión en régimen de aislamiento, la experimentación médica, científica o social no consentida, la modificación del comportamiento y la terapia de atenuación del crecimiento, en todos los centros de detención, incluidas las instituciones residenciales para niños y adultos con discapacidad y los orfanatos, y los tipifiquen como delito, así como se asegure de que las penas impuestas por la comisión de actos tortura sean proporcionales a la gravedad de la conducta sancionada;

c) Reconozca en la legislación interna el derecho a no ser sometido a tratamiento médico sin el previo consentimiento libre e informado y el derecho a rechazar el tratamiento, así como implante protocolos en relación con el derecho a no ser sometido a experimentos médicos o científicos sin el previo consentimiento libre e informado y difunda información accesible al respecto;

d) Conciencie a la comunidad y a los profesionales sanitarios sobre el derecho a no sufrir tortura ni malos tratos y brinde servicios comunitarios de asesoramiento que apoyen a las personas con discapacidad y a sus familiares en caso de sometimiento a alguna forma de tortura;

e) Introduzca en la legislación medidas encaminadas a garantizar que los actos de maltrato o tortura sean investigados, que se procese a sus autores y que las personas con discapacidad que hayan sufrido esos actos reciban indemnización, reparación y rehabilitación justas y adecuadas.

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (art. 16)

33.Al Comité le preocupa:

a)Los casos de violencia, abandono y abuso que las personas con discapacidad, incluidas las personas con albinismo, sufren en la familia, la escuela y la comunidad, y el hecho de que la legislación vigente, incluida la Ley de Discapacidad de 2012, el Código Penal y la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica de 2006, carezcan de disposiciones que sancionen toda forma de explotación, violencia y abuso contra las personas con discapacidad;

b)La incidencia de actos de violencia sexual, en particular de acoso y abusos sexuales, contra las mujeres y las niñas con discapacidad, incluidas las niñas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, en los centros de educación especial, y que esos actos no se investiguen y enjuicien y no se repare a las supervivientes;

c)La ausencia de mecanismos específicos de apoyo a las mujeres y niñas con discapacidad en las disposiciones penales relativas a los delitos sexuales, en particular las contenidas en el Código Penal, y en los programas contra la violencia de género, por ejemplo, en las Directrices Nacionales para la Provisión de Servicios contra la Violencia Física y Sexual de 2015;

d)La inexistencia de medidas de accesibilidad, inclusive de servicios de interpretación en lengua de señas y ajustes razonables, y la infrafinanciación de las dependencias de apoyo a las víctimas que prestan servicio en comisarías y centros de acogida para víctimas de la violencia;

e)La información recibida sobre niñas con discapacidad y niños con discapacidad intelectual que se ven obligados, incluso por sus tutores, a mendigar porque no se les ofrece ninguna oportunidad digna de realización personal.

34. Recordando su declaración de fecha 24 de noviembre de 2021 en la que pide que se adopten medidas para eliminar la violencia de género contra las mujeres y las niñas con discapacidad, y recordando las metas 5.1, 5.2 y 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Se asegure de que la legislación que tipifique y prevenga todas las formas de violencia, abusos y abandono, y proteja frente a ellas, tenga debidamente en cuenta a las personas con discapacidad y las prácticas nocivas que les afecten. El Estado parte debería establecer vías de recurso y medidas de resarcimiento y reparación destinadas a las víctimas, en particular indemnizaciones adecuadas y actuaciones de rehabilitación psicosocial, adaptadas a la edad y que tengan en cuenta las cuestiones de género, para los supervivientes de la violencia;

b) Articule un mecanismo para investigar con celeridad los casos de abusos sexuales contra niños con discapacidad acaecidos en centros de educación especial y otros entornos, exija responsabilidades a los autores de esos actos y conciencie a los padres, el personal de los centros y la comunidad sobre la gravedad de tales conductas. El Estado p arte debería adoptar medidas de reparación para los niños afectados por actos de violencia, considerar el cierre inmediato de los centros de educación especial y encargar a la Comisión de Derechos Humanos de Malawi la supervisión periódica de todas las instalaciones y programas diseñados para personas con discapacidad, incluidas las escuelas e instituciones especiales en las que se hayan denunciado casos de violencia contra niños con discapacidad;

c) Vele por que la legislación y los programas para la recuperación, rehabilitación y reintegración social de las víctimas de violencia sexual, los abusos y la explotación incluyan a las mujeres y niñas con discapacidad y proporcionen orientación para detectar los casos de violencia, así como formularios y protocolos accesibles para denunciar en casos de violencia y abusos;

d) Asigne recursos para reforzar las dependencias de apoyo a las víctimas y los albergues para víctimas de la violencia, en particular para garantizar la accesibilidad física, la accesibilidad de la información y la disponibilidad de protocolos inclusivos de las personas con discapacidad que orienten sobre cómo realizar entrevistas y afrontar la situación de las personas con discapacidad que busquen apoyo;

e) Apruebe una estrategia nacional para combatir la violencia y todas las formas de explotación, incluida la mendicidad forzada, de las que son víctimas las personas con discapacidad en las esferas privada y pública. Esa estrategia debería:

i) Comprender actuaciones para prevenir todas las formas de violencia y proporcionar información en formatos accesibles;

ii) Reforzar el apoyo disponible para los supervivientes de la violencia, incluido el asesoramiento y la rehabilitación psicosocial;

iii) Priorizar el establecimiento de servicios sociales y redes comunitarias con miras a prevenir y combatir la pobreza y la privación.

Protección de la integridad personal (art. 17)

35.El Comité toma nota con inquietud de los informes sobre abortos forzados y sobre la posibilidad de que las mujeres y niñas con discapacidad sometidas a tutela sean objeto de esterilización forzada al amparo del consentimiento prestado por terceros, en particular familiares o tutores. Al Comité le preocupa que no se lleven a cabo debates objetivos y campañas de concienciación sobre la esterilización, así como que las personas con discapacidad no reciban educación en salud sexual y reproductiva.

36. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Prohíba la esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento personal, libre e informado, incluso las esterilizaciones solicitadas por terceros, como tribunales, tutores o familiares;

b) Adopte protocolos, aplicables en todos los servicios sanitarios, para fomentar la observancia de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, en particular de las mujeres y las niñas, inclusive el derecho a preservar la fertilidad, y proporcione la información y los servicios pertinentes;

c) Ponga en marcha campañas de concienciación y educación sobre la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad y sobre sus derechos conexos.

Libertad de desplazamiento y nacionalidad (art. 18)

37.Al Comité le preocupa:

a)Los informes que indican que los refugiados con discapacidad y las personas con discapacidad en situaciones similares a la de los refugiados, en particular los niños con discapacidad cobijados en el campamento de Dzaleka, han visto restringida su libertad de circulación por todo el territorio del Estado parte y que las personas que abandonaron los campamentos de refugiados fueron juzgadas con arreglo al derecho penal;

b)Que los refugiados con discapacidad no puedan buscar oportunidades de subsistencia ni acceder a la escolarización debido a las restricciones impuestas a la libertad de circulación en los campamentos de refugiados;

c)La falta de medidas para garantizar la integración educativa de las personas migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas, lo que afecta en particular a los niños y jóvenes con discapacidad.

38. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Se asegure de que los refugiados con discapacidad y las personas con discapacidad en situación similar a la de los refugiados puedan ejercer su derecho a la libertad de circulación y a elegir un lugar donde vivir, y considere la posibilidad de levantar las restricciones vigentes en el campamento de Dzaleka;

b) Acelere el cumplimiento de los compromisos que le incumben en virtud del marco de respuesta integral para los refugiados y vele por que los refugiados y solicitantes de asilo con discapacidad se beneficien de los planes nacionales de desarrollo, en particular del acceso a ayudas, atención sanitaria, agua y saneamiento, oportunidades de asentamiento, y trabajo y empleo;

c) Tome medidas para garantizar que los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo con discapacidad tengan acceso a la enseñanza ordinaria impartida en la comunidad y subsane las dificultades que lo dificultan, como la falta de transporte, el limitado número de instalaciones disponibles, la alimentación inadecuada y la inexistencia de ayudas técnicas.

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad(art. 19)

39.Al Comité le preocupa:

a)La inexistencia de medidas para reconocer y hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad con opciones iguales a las de las demás, y que las personas con discapacidad, en particular intelectual y/o psicosocial, suelan convertirse en personas dependientes de sus familiares y sufran el aislamiento y el confinamiento en el hogar o en instituciones;

b)El hecho de que las personas con discapacidad, por carecer de apoyo individualizado, en particular asistencia personal, dependan en exceso de que personas “benevolentes” les faciliten la participación en la comunidad;

c)La imposibilidad de que las personas con discapacidad, por carecer de ingresos, empleo y protección social, puedan ser autónomas y alcanzar el nivel de vida necesario para participar en la comunidad;

d)La inaccesibilidad de los servicios e instalaciones comunitarios, lo que limita la participación social de las personas con discapacidad.

40. Recordando su observación general núm. 5 (2017), sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, y sus directrices sobre la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia , el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Vele por que se reconozca el derecho de las personas con discapacidad, con independencia de su edad, sexo y deficiencia, a vivir en la comunidad y a elegir dónde y con quién vivir. El Estado parte debería dar respuesta al estigma y los estereotipos que conducen al aislamiento y la reclusión en el hogar;

b) Ponga en marcha medidas jurídicas y de política para desinstitucionalizar a las personas con discapacidad e incluirlas de manera eficaz en la comunidad, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con la participación de estas a través de las organizaciones que las representan;

c) Refuerce los programas de rehabilitación comunitaria y tome medidas para garantizar la autonomía económica y social de las personas con discapacidad y sus familiares;

d) Vele por que los servicios comunitarios destinados a la ciudadanía en general adopten un enfoque inclusivo en todo el Estado parte, en particular reforzando el papel que desempeñan las organizaciones de personas con discapacidad en la promoción del acceso de esas personas al mercado laboral, el transporte, la vivienda, la educación, la atención sanitaria, las actividades recreativas y otras instalaciones y servicios accesibles al público.

Movilidad personal (art. 20)

41.El Comité observa con preocupación la ausencia de mecanismos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad, incluidos los niños, a ayudas para la movilidad, dispositivos, tecnologías de apoyo y asistencia humana o animal de calidad. Observa también que no se imparte capacitación a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaja con ellas en habilidades relacionadas con la movilidad.

42. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Adopte medidas, incluso a través de la contratación pública, para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a las ayudas para la movilidad personal, los dispositivos y otras tecnologías de apoyo y formas de asistencia humana o animal asequibles, de calidad aceptable, basados en principios de diseño universal, que respondan a necesidades individualizadas y que potencien la autonomía de las personas con discapacidad;

b) Apruebe programas que fomenten la investigación, el desarrollo, el diseño y la producción de sistemas de ayuda a la movilidad y de dispositivos y otras tecnologías de asistencia que tengan en cuenta todos los aspectos relacionados con la movilidad de las personas con discapacidad;

c) Fomente la capacitación de las personas con discapacidad, incluidos los niños, y el personal especializado sobre las habilidades de movilidad y dé a conocer a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan las medidas y servicios legales disponibles para acceder a ayudas de movilidad y para la prestación de ayudas de movilidad, ayudas técnicas y otras tecnologías y formas de ayuda.

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (art. 21)

43.Al Comité le preocupa:

a)La falta de reconocimiento legal de la lengua de señas de Malawi, que los medios de comunicación privados aún no ofrezcan interpretación de lengua de señas en sus emisiones y la escasez de intérpretes cualificados de esa lengua;

b)La ausencia de medidas para garantizar la disponibilidad en formatos accesibles de la información destinada a la ciudadanía en general;

c)La tardanza en actualizar los sitios web oficiales y en tomar medidas para hacerlos accesibles a las personas con discapacidad, incluidas las personas con deficiencias visuales.

44. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Conceda reconocimiento legal a la lengua de señas de Malawi en cuanto que lengua oficial y tome medidas para implantar programas de capacitación de intérpretes de la lengua de señas de Malawi, de modo que se asegure que esa formación esté disponible en los 32 distritos;

b) Establezca la obligatoriedad de que todas las emisoras públicas y privadas de televisión brinden interpretación en lengua de señas, en particular en los informativos y en las retransmisiones de acontecimientos nacionales;

c) Tome medidas para garantizar que la información destinada a la ciudadanía en general esté disponible en formatos accesibles para todas las personas con discapacidad, incluso mediante el suministro de esa información en braille, lengua de señas y formato de lectura fácil, y mediante el empleo de otros sistemas aumentativos de comunicación;

d) Trabaje, en consulta con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, para que sus sitios web sean accesibles a todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con deficiencias visuales.

Respeto de la privacidad (art. 22)

45.Al Comité le preocupa la ausencia de disposiciones que protejan la privacidad de las personas con discapacidad en ámbitos como la atención sanitaria y los servicios de apoyo a las personas con discapacidad, así como en otros contextos en que se recopilen datos.

46. El Comité recomienda que el Estado parte promulgue disposiciones legales para, en consonancia con la Convención, proteger la privacidad de todas las personas con discapacidad en todas las situaciones.

Respeto del hogar y de la familia (art. 23)

47.Al Comité le preocupa que los artículos 14 y 77, párrafo 1 c), de la Ley de Matrimonio, Divorcio y Relaciones Familiares de 2015 denieguen a las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial la capacidad legal para contraer matrimonio. Toma nota con preocupación de que los padres con discapacidad, incluidas las mujeres cabeza de familia, y los familiares de niños con discapacidad carecen de apoyo, y de que a los niños con discapacidad se les deniega el derecho a ser criados por sus padres y son institucionalizados en centros para personas con necesidades especiales y en orfanatos.

48. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Revise los artículos 14 y 77, párrafo 1 c), de la Ley de Matrimonio, Divorcio y Relaciones Familiares de 2015 y derogue las medidas que deniegan a las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial la capacidad legal para contraer matrimonio;

b) Preste apoyo a las mujeres solteras con discapacidad que sean cabeza de familia y evite que se vean separadas de sus hijos por motivos de discapacidad;

c) Ponga fin a las modalidades alternativas de cuidado que impliquen la institucionalización de los niños con discapacidad, apoye a las familias en la crianza de sus hijos y tome medidas para garantizar la disponibilidad de atención alternativa en el seno de la familia extensa.

Educación (art. 24)

49.Al Comité le preocupa:

a)El hecho de que la política nacional de educación inclusiva no comprenda todos los tipos de discapacidad y de que la educación segregada para niños con discapacidad siga impartiéndose a la par que la educación inclusiva, en ausencia de un calendario para la transición completa;

b)Los problemas que afronta la educación inclusiva, como la resistencia por parte de los profesores y de la comunidad educativa en su sentido más amplio, la inaccesibilidad de los establecimientos escolares, el escaso número de personal capacitado, la inadecuación del material didáctico, la falta de agua y saneamiento, las largas distancias que es preciso recorrer para acceder a las escuelas y la inadecuación de las infraestructuras viarias, así como la insuficiencia de recursos materiales y financieros;

c)Los informes que señalan que las niñas en edad escolar y las adolescentes con discapacidad a menudo no pueden asistir a clase durante toda una semana porque no se dispone de productos esenciales de higiene menstrual y por los tabúes en torno a la menstruación;

d)Las actitudes discriminatorias que impiden la escolarización de los niños con discapacidad;

e)La ausencia de medidas para dar seguimiento y documentar la participación y los logros de los alumnos con discapacidad en entornos inclusivos.

50. Recordando su observación general núm. 4 (2016) sobre el derecho a la educación inclusiva, y la meta 4.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Dé cumplimiento a los aspectos de su marco jurídico y de políticas relacionados con la educación, de modo que se garantice la adopción plena de una educación inclusiva de calidad y la transición desde las escuelas de educación especial;

b) Incorpore a los programas ordinarios de formación del profesorado un componente de educación inclusiva en el que se aborden, entre otros temas, el uso de la lengua de señas, el braille y otras técnicas asistenciales;

c) Evalúe de manera periódica las necesidades para asegurarse de que los niños con discapacidad que disfrutan de entornos de educación inclusiva reciban el apoyo y la atención adecuados;

d) Garantice que la educación inclusiva de los niños con discapacidad cuente con financiación suficiente que cubra los materiales y los ajustes razonables;

e) Modifique las metodologías de evaluación para atender las necesidades individuales de los alumnos con discapacidad;

f) Verifique que la información y las infraestructuras sean accesibles para los niños con discapacidad en las escuelas ordinarias.

Salud (art. 25)

51.Al Comité le preocupa:

a)Que los instrumentos de política aprobados por el Ministerio de Salud carezcan de disposiciones específicas para hacer frente al estigma, los prejuicios y las actitudes discriminatorias que afectan a las personas con discapacidad;

b)Los informes que indican que los profesionales de la salud muestran actitudes discriminatorias y despectivas hacia las mujeres y niñas con discapacidad solicitantes de atención sanitaria para cuestiones relacionadas con el embarazo y la salud sexual y reproductiva, lo que suele verse alimentado por la creencia de que las mujeres con discapacidad no deberían mantener relaciones sexuales;

c)Los obstáculos que dificultan la participación de las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la elaboración de las leyes y políticas en materia de atención de la salud, en particular del reciente II Plan Estratégico del Sector Sanitario;

d)La indisponibilidad de medicamentos y elementos de protección, incluso de cremas de protección solar, para las personas con albinismo en todos los servicios sanitarios.

52. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Vele por que la legislación, las políticas y los programas sanitarios comprendan disposiciones específicas para combatir la estigmatización, los prejuicios y las actitudes discriminatorias del personal sanitario hacia las personas con discapacidad, en particular las mujeres con discapacidad que solicitan servicios de salud sexual y reproductiva;

b) Conciencie al personal sanitario de todos los niveles, en particular al personal de enfermería, sobre los derechos que asisten a las personas con discapacidad en la esfera de la atención de la salud, en particular mediante la impartición de la capacitación adecuada;

c) Se asegure de que se lleven a cabo consultas estrechas con las personas con discapacidad y se cuente con la participación activa de esas personas, a través de las organizaciones que las representan, durante los procesos de elaboración de las leyes, las políticas y los programas relacionados con la atención de la salud, de modo que se garantice que sus inquietudes en esa esfera sean debidamente incorporadas a esas leyes, políticas y programas;

d) Tome las medidas apropiadas para subsanar las dificultades que entraña la provisión adecuada de servicios sanitarios a las personas con albinismo, habida cuenta de sus necesidades específicas, y la provisión de servicios sanitarios esenciales a las personas con discapacidad psicosocial, así como solucione la grave escasez del personal médico necesario;

e) Afronte, tanto en zonas rurales como urbanas, el problema de la inaccesibilidad al entorno construido y a los equipamientos de los centros sanitarios, por ejemplo, mediante la provisión de camas adecuadas para mujeres con discapacidad física en las salas de parto.

Habilitación y rehabilitación (art. 26)

53.Al Comité le preocupa que no se hayan tomado medidas en favor de la habilitación y la rehabilitación y que la rehabilitación de ámbito comunitario solo esté disponible en unos pocos distritos debido a la falta de financiación.

54. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que sus políticas y programas proporcionen rehabilitación de ámbito comunitario debidamente financiada en todo el país. También recomienda que el Estado parte fomente la producción local de ayudas técnicas con miras a mejorar la habilitación y rehabilitación de todas las personas con discapacidad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Trabajo y empleo (art. 27)

55.Al Comité le preocupa:

a)El limitado alcance y el incumplimiento de las disposiciones relativas al empleo de las personas con discapacidad que figuran en las leyes generales sobre empleo e igualdad de oportunidades;

b)El retraso, tras la revisión de la Ley de Discapacidad de 2012, en la aprobación del proyecto de ley para las personas con discapacidad, en el que se refuerzan las disposiciones relativas al empleo de las personas con discapacidad;

c)La falta de participación efectiva y significativa de las personas con discapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan, en la formulación de las políticas de empleo, en particular en la elaboración de la estrategia de empleo y la revisión en curso de la Ley de Discapacidad de 2012;

d)La prevalencia entre los empresarios de actitudes negativas hacia los derechos de las personas con discapacidad y la lentitud de los avances en materia de concienciación sobre los derechos, las capacidades y el potencial de las personas con discapacidad;

e)Que las personas con discapacidad vean impedido su acceso al empleo debido a la insuficiencia de la educación y la formación profesional;

f)La inexistencia de datos precisos e información estadística, desglosada por sexo y edad, relativos al nivel educativo y de formación profesional y a la situación laboral, lo que impide una planificación adecuada.

56. Recordando su observación general núm. 8 (2022), relativa al derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo, y de conformidad con la meta 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Refuerce las disposiciones de la legislación laboral general relativas al empleo de personas con discapacidad, promueva con carácter urgente la promulgación del nuevo proyecto de ley de personas con discapacidad, que debe sustituir a la Ley de Discapacidad de 2012, y garantice el derecho de las personas con discapacidad a acceder al empleo en el mercado laboral abierto;

b) Asegure la celebración de consultas estrechas con las personas con discapacidad y su participación activa a través de las organizaciones que las representan, en particular en relación con la revisión de la Ley de Discapacidad y la formulación de políticas de empleo;

c) Trabaje en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con su participación activa, a través de las organizaciones que las representan, para promover la toma de conciencia sobre los derechos, las capacidades y el potencial de las personas con discapacidad y combatir las actitudes negativas de los empresarios;

d) Eleve el nivel educativo y de formación profesional de todas las personas con discapacidad a fin de prepararlas para el mundo laboral;

e) Recopile y difunda adecuadamente datos e información estadística, desglosados por sexo, edad, nivel educativo y de formación profesional y situación laboral, tanto en el sector público como en el privado, con miras a facilitar la planificación.

Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)

57.Al Comité le preocupa que:

a)Al parecer, el actual programa de transferencias de protección social en efectivo esté destinado a hogares pobres y no específicamente a personas con discapacidad y, por tanto, que las asignaciones acaben siendo administradas por la persona inscrita como cabeza de familia, a menudo sin consulta ni consideración alguna a la persona con discapacidad y sin su participación;

b)Que la asignación correspondiente a la transferencia de efectivo no refleje los gastos relacionados con la discapacidad, ya que todos los beneficiarios reciben la misma asignación;

c)Que casi tres cuartas partes de las personas con discapacidad no tengan acceso a una vivienda asequible y accesible y que el sistema de protección social no incluya ayudas para el acceso a la vivienda.

58. El Comité recomienda que el Estado parte formule un plan de protección social, específico y suficientemente financiado, que comprenda a todas las personas con discapacidad carentes de otros ingresos y les garantice desembolsos directos, así como que se asegure de que ese plan cubra los gastos de la persona beneficiaria relacionados con la discapacidad y con la vivienda.

Participación en la vida política y pública (art. 29)

59.El Comité observa con preocupación:

a)La existencia de legislación que deniega a las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial el disfrute de su derecho al voto y restringe su ejercicio del derecho a presentarse a elecciones;

b)La lentitud de los avances en materia de accesibilidad de las cabinas de votación y la indisponibilidad de información y material electorales en formatos accesibles;

c)La escasa participación de las personas con discapacidad en los partidos políticos y en las entidades responsables de aplicar las políticas sobre discapacidad a nivel comunitario, como los comités de desarrollo de zona y los comités de desarrollo de aldea, y la disminución del número de personas con discapacidad designadas para ocupar cargos de responsabilidad en el sector público.

60. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con su participación activa a través de las organizaciones que las representan:

a) Revise toda la legislación, incluida la Constitución, para reconocer el derecho de las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial a votar y a presentarse a las elecciones;

b) Establezca un plan y le asigne recursos humanos, técnicos y financieros para garantizar que el entorno de votación, incluidos los locales, las cabinas de votación y la información y los materiales electorales, sean accesibles para todas las personas con discapacidad, incluso mediante el suministro de información en formato de lectura fácil y el uso de medios aumentativos y alternativos y de cualesquiera otros medios y modos de comunicación accesibles;

c) Apruebe directrices encaminadas a garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en los partidos políticos, así como medidas positivas para fomentar y facilitar la participación de las personas con discapacidad en las entidades responsables de aplicar las políticas relacionadas con la discapacidad a nivel comunitario, y subsane la escasa representación de las personas con discapacidad en los cargos públicos, en particular en los de categoría superior.

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte (art. 30)

61.Al Comité le preocupa la inobservancia del artículo 19 de la Ley de Discapacidad de 2012, en el que se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el ocio y el deporte. El Comité señala que las infraestructuras deportivas y recreativas y los lugares en que se realizan espectáculos o se proporcionan servicios de índole cultural no son accesibles para las personas con discapacidad. Le preocupa también que no se hayan implantado medidas para promover que las personas con discapacidad desarrollen y utilicen su potencial creativo, artístico e intelectual.

62. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Tome medidas, incluso legislativas y políticas, para mejorar la accesibilidad de todas las personas con discapacidad a las infraestructuras deportivas y recreativas, en particular los teatros, los museos, los cines, las bibliotecas y los lugares de interés turístico, y suministre material informativo sobre cuestiones culturales y recreativas en formatos accesibles a todas las personas con discapacidad;

b) Aliente y promueva la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas ordinarias a todos los niveles y en igualdad de condiciones con las demás;

c) Colabore con las personas con discapacidad para fomentar que utilicen su potencial creativo, artístico e intelectual en beneficio propio y de la sociedad en su conjunto.

C.Obligaciones específicas (arts. 31 a 33)

Recopilación de datos y estadísticas (art. 31)

63.Al Comité le preocupa que numerosas personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y los funcionarios de las administraciones locales desconozcan el número de personas con discapacidad que residen en sus respectivos distritos, lo que conduce a una planificación imprecisa. También le preocupa que, en el último censo, las personas con discapacidad no participaran de forma significativa en la capacitación impartida a los censistas e impugnaran los resultados del censo relativos al número de personas con discapacidad.

64. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Ponga a disposición de las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, y de todos los funcionarios de la administración local y otros interesados datos precisos sobre las cuestiones relativas a la discapacidad e información estadística desglosada por sexo, edad, nivel educativo y de formación profesional, situación laboral y cualquier otra circunstancia cuyo conocimiento sea preciso para la planificación;

b) Asegure la participación de las personas con discapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan, en todos los procesos de recopilación de datos relacionados con la discapacidad, incluso en las fases de planificación, en la capacitación de los censistas y en la evaluación de las herramientas de recopilación de datos.

Cooperación internacional (art. 32)

65.Al Comité le preocupa:

a)La falta de participación de las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en los debates sobre cooperación internacional, incluso en aquellos en que se abordan proyectos para la subsanación de sus problemas;

b)La ausencia de medidas encaminadas a que las personas con discapacidad sean partícipes en los procesos nacionales e internacionales de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

66. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Promueva y garantice que la opinión de las personas con discapacidad sea atendida con detenimiento y que esas personas participen de manera activa, por conducto de las organizaciones que las representan, en los debates sobre cooperación internacional, en particular los relativos a proyectos que les afecten;

b) Vele por que las iniciativas de cooperación internacional incorporen programas y proyectos que tengan en cuenta la discapacidad, el género y la edad;

c) Articule un marco de seguimiento y rendición de cuentas que permita evaluar el impacto en las personas con discapacidad de los programas, proyectos y políticas de cooperación internacional, incluidos los destinados a implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, procedimientos de vigilancia y verificación;

d) Se asegure de que las personas con discapacidad participen de forma significativa en los debates locales y nacionales relacionados con la planificación y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Aplicación y seguimiento nacionales (art. 33)

67.Al Comité le preocupa:

a)La escasa información disponible sobre la capacidad de los coordinadores comunitarios de discapacidad y sus mecanismos de coordinación, así como la inoperatividad del Comité Nacional de Asesoramiento y Coordinación sobre Cuestiones de Discapacidad, por conducto del cual se espera que las personas con discapacidad participen en el seguimiento y la aplicación de la Convención;

b)Los informes que indican que la Comisión de Derechos Humanos de Malawi afronta dificultades para operar con libertad, tiene una financiación limitada y sufre una grave escasez de personal, lo que menoscaba su función como observadora independiente de derechos humanos, en particular en la esfera de los derechos de las personas con discapacidad;

c)La ausencia de medidas encaminadas a garantizar la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en la vigilancia de los derechos reconocidos en la Convención.

68. Recordando sus directrices sobre los marcos independientes de supervisión y su participación en la labor del Comité , el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Garantice el funcionamiento continuado del Comité Nacional de Asesoramiento y Coordinación sobre Cuestiones de Discapacidad, designe coordinadores comunitarios para las cuestiones relativas a la discapacidad y proporcione mecanismos adecuados de capacitación y coordinación que refuercen el papel que desempeñan esos coordinadores en la aplicación de la Convención;

b) Refuerce la capacidad de la Comisión de Derechos Humanos de Malawi para desempeñar la función de supervisión independiente que le encomienda el artículo 33, párrafo 2, de la Convención, entre otras cosas asignándole financiación suficiente, otorgándole la autoridad para determinar libremente sus prioridades y actividades, cubriendo los más del 50 % de puestos que siguen en ella vacantes y asegurándose de que funcione de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París);

c) Garantice la provisión de recursos adecuados para las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, incluido el apoyo mediante financiación independiente y autogestionada, de modo que puedan participar de forma significativa en la vigilancia independiente de la aplicación de la Convención y trabajar directamente con la Comisión de Derechos Humanos de Malawi, en su calidad de mecanismo designado para la supervisión independiente.

IV.Seguimiento

Difusión de información

69. El Comité subraya la importancia de todas las recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales. Con respecto a las medidas urgentes que deben tomarse, el Comité desea llamar la atención del Estado parte sobre las recomendaciones contenidas en los párrafos 8, relativo a la legislación y las políticas, 14, relativo a las mujeres con discapacidad, y 68, relativo a la aplicación y el seguimiento nacionales.

70. El Comité solicita al Estado parte que aplique las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. Le recomienda que transmita dichas observaciones, para su examen y para la adopción de medidas al respecto, a los miembros del Gobierno y del Parlamento, los funcionarios de los ministerios competentes, las autoridades locales y los miembros de los grupos profesionales pertinentes, como los profesionales de la educación, de la medicina y del derecho, así como a los medios de comunicación, utilizando para ello estrategias de comunicación social modernas.

71. El Comité alienta encarecidamente al Estado parte a que haga partícipes a las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de personas con discapacidad, en la preparación de su informe periódico.

72. El Comité solicita al Estado parte que difunda ampliamente las presentes observaciones finales, en particular entre las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de personas con discapacidad, así como entre las propias personas con discapacidad y sus familiares, en los idiomas nacionales y minoritarios, incluida la lengua de señas, y en formatos accesibles, en particular en lectura fácil, y que las publique en el sitio web del Gobierno dedicado a los derechos humanos.

73. El Comité recomienda que el Estado parte recabe la cooperación técnica de las organizaciones pertenecientes al Grupo de Apoyo Interinstitucional para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de modo que reciba orientación y asistencia para dar cumplimiento a la Convención y a las presentes observaciones finales.

Próximo informe periódico

74.El Comité solicita al Estado parte que presente sus informes periódicos tercero a sexto combinados a más tardar el 27 de septiembre de 2031 y que incluya en ellos información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. El Comité solicita también al Estado parte que considere la posibilidad de presentar dichos informes según el procedimiento simplificado de presentación de informes, con arreglo al cual el Comité elabora una lista de cuestiones al menos un año antes de la fecha prevista para la presentación del informe del Estado parte. Las respuestas a esa lista de cuestiones constituirán el informe del Estado parte.