Comité contra la Tortura
Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Guatemala
Adición
Información recibida de Guatemala sobre el seguimiento de las observaciones finales *
[Fecha de recepción: 17 de julio de 2014]
I.Introducción
El Estado de Guatemala respondió el 9 de enero de 2012 a la lista de cuestiones del Comité contra la Tortura previa a la presentación de un informe. Dicha respuesta constituyó los informes periódicos quinto y sexto combinados del Estado de Guatemala (CAT/C/GTM/5-6), con arreglo al procedimiento de presentación de informes. Para su elaboración, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) utilizó una metodología participativa, involucrando a diversas instituciones estatales, consultándoles específicamente y en talleres temáticos, que constituyen espacios de intercambio de experiencias y análisis colectivo, y permitieron divulgar y difundir instrumentos internacionales, con el fin de provocar la reflexión y motivar al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala frente a la comunidad internacional.
El informe fue examinado por el Comité en sus sesiones 1142ª y 1145ª (CAT/C/SR.1142 y 1145), el 13 y 14 de mayo de 2013, en el Palacio Wilson, Ginebra.
El Estado de Guatemala, en atención a la solicitud del Comité, presenta el siguiente documento que contiene las medidas y acciones implementadas sobre el tema.
II.Avance importante con el mecanismo nacional recomendado
De conformidad con el artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se creó el Comité contra la Tortura, que entró en funciones a partir del 1 de enero de 1988, como un órgano de las Naciones Unidas encargado de la vigilancia de un instrumento de protección contra la tortura y otras crueldades. Tiene por objeto reforzar la salvaguardia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tiene la facultad de realizar examen e investigación para garantizar su eficacia y práctica.
Los Estados partes presentan al referido Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, los informes relativos a las medidas que han adoptado para dar efectividad a los compromisos contraídos en virtud de la Convención. Los Estados partes presentarán informes suplementarios cada cuatro años sobre cualquier nueva disposición que se haya adoptado.
El Estado de Guatemala es parte de la Convención (la ratificó el 12 de octubre de 1989, a través del Decreto número 52-89 del Congreso de la República) y del Protocolo Facultativo, aprobado por el Decreto número 53-2007, cuyo instrumento de ratificación fue depositado en las Naciones Unidas el 9 de junio de 2008. Guatemala realizó una declaración en septiembre de 2003 con relación al artículo 22 de la Convención, en donde reconoce la competencia del Comité para recibir denuncias individuales de casos de tortura.
El Decreto número 40-2010 del Congreso de la República aprobó la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que responde al artículo 17 del Protocolo Facultativo de la Convención, que obliga al Estado a crear, mantener y designar un mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. Dicho mecanismo tiene como objeto ser un órgano independiente, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, a través de un sistema de visitas periódicas a lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad.
Dicho mecanismo se integra por la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que a su vez contará con un Consejo Consultivo.
La Oficina Nacional será un órgano colegiado, comisionado del Congreso de la República, integrada por cinco Relatores titulares y cinco suplentes, electos por un período de cinco años (reelegibles dos Relatores por un período de cinco años y los otros tres por un período de tres años). Por medio del Decreto 10-2014 del Congreso de la República se eligió a los Relatores siguientes:
Cuadro 1
Relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
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Titulares |
Otto Marroquín Guerra (3 años) |
Mario Enrique Carrera (3 años) |
Lucrecia Villalta Martínez (5 años) |
Carlos Alberto Solórzano (5 años) |
Hilario Roderico Pineda Sánchez (3 años) |
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Suplentes |
Anthony Giovanni Pivaral de León (3 años) |
María Elizabeth Ramos Aguilar (3 años) |
Iracema Palacios Franco (5 años) |
José Antonio Meléndez Sandoval (5 años) |
Sandra Shaw Díaz (3 años) |
La Oficina Nacional se encuentra instalada desde el 25 de marzo del presente año, funcionando con una sede provisional mientras que le son asignados los recursos para su funcionamiento, hasta la fecha ha tenido avances en su institucionalización. A sus 40 días hábiles de funcionamiento ha elaborado el contenido de sus políticas institucionales, estructura orgánica y funcional del Mecanismo Nacional, ha elaborado su presupuesto para la implementación y funcionamiento inicial en 2014, del cual hace gestiones ante el Congreso de la República para su aprobación.
Dentro de estas tareas emprendidas ha definido la clasificación básica de los puestos y salarios requeridos para el funcionamiento de la plataforma institucional que incluyen a los delegados como lo demanda la ley y el protocolo facultativo. A partir del 26 de mayo se abrió la convocatoria pública de participación para las organizaciones de la sociedad civil que constituirán el consejo consultivo de esta Oficina. En la actualidad se finaliza el Reglamento General que complementa y operativiza los mandatos del Decreto 40-2010 y del Protocolo Facultativo.
III.Seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura
Dentro de las observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados, el Comité solicitó al Estado que, a más tardar el 31 de mayo de 2014, proporcionase información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuraban en los párrafos 13, 14 y 18 de dichas observaciones finales, sobre los temas: violencia contra la mujer; defensores de derechos humanos; y condiciones de detención.
A.Violencia contra la mujer (párr. 13 de las observaciones finales)
1.Redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos por motivos de género; garantizar la pena y efectiva aplicación de la legislación vigente en la materia; y asegurar la coordinación efectiva entre las distintas entidades que tienen un rol en el abordaje de la violencia contra las mujeres
El Estado de Guatemala, por medio de la Secretaría Presidencial de la Mujer, hace referencia a las acciones y medidas que está promoviendo y realizando para redoblar esfuerzos con el fin de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos por motivos de género, a través de las siguientes estrategias:
a)Redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos por motivos de género
Durante el periodo 2012-2013 la Secretaría Presidencial de la Mujer tomo la iniciativa de formular conjuntamente, el Plan Estratégico Interinstitucional para la Prevención de la Violencia contra la Mujer con: Comisión Presidencial para el abordaje del Femicidio (COPAF), Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), Programa para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PROPEVI), Organismo Judicial (OJ) (Análisis de Género, Jueces, Presidenta del Tribunal de Sentencia de Delitos contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer), Ministerio Publico (MP), Instituto de la Defensa Publica Penal (IDPP), Ministerio de Gobernación (MINGOB) (Policía Nacional Civil [PNC]), Procuraduría General de la Nación (PGN), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y Convergencia Cívico-Política. Esta iniciativa fue suspendida y sustituida por el Proyecto Regional de la Prevención de la Violencia contra la mujer, trata y femicidio (B.A.1), que es un proyecto de carácter regional.
Proyecto B.A.1. “Prevención de la Violencia contra las Mujeres, Trata y Femicidio”
Con el propósito de contribuir a crear un ambiente de mayor seguridad para las personas y sus bienes, y propiciar el desarrollo humano sostenible, los jefes de Estado y Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) aprobaron en su XXXI Reunión Ordinaria celebrada en Guatemala, el 12 de diciembre de 2007, la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA). Posteriormente a dicha cumbre en la Reunión Intersectorial de Ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerios de Seguridad Pública/ Gobernación, Ministros de Defensa, Fiscales Generales y Jefes/as y Directores/as de Policías, celebrada en Antigua Guatemala, el 3 de septiembre de 2010, se acordó revisar y actualizar la Estrategia, proceso que concluyó en 2011.
El proyecto se focaliza en acciones específicas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, para lo cual ha definido como estrategia de abordaje el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas y el Ministerio de Gobernación.
Duración del Proyecto: Se tiene previsto para dos años, iniciando en el 2014 y finalizando en el 2015, con una asignación presupuestaria de $1.452.211,43. Para responder al cumplimiento y ejecución los temas priorizados en el proyecto, el país cuenta con el mecanismo nacional de la mujer, la Secretaria Presidencial de la Mujer como ente rector en el tema de Derechos Humanos de las mujeres contenidos en los instrumentos nacionales e internacionales, incluyendo los referidos a todas las formas de violencia contra la mujer e igualdad de género. De igual forma para responder al cumplimiento de temas específicos del proyecto, cuenta con dos instituciones: En el tema específico de seguridad y prevención de la violencia y el delito, con el Ministerio de Gobernación a través del Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y del Delito, en el tema de prevención de trata de personas y atención a las víctimas de esta, cuenta con la Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
El proyecto Guatemala, se encuentra en revisión final en la Comisión Técnica del Proyecto Regional, con sede en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), previsto para iniciarse en julio del presente año. Es importante indicar que el proyecto Guatemala ya tiene asignado los fondos y cuenta con el personal local contratado para dar seguimiento al mismo.
b)Garantizar la plena y efectiva aplicación de la legislación vigente en la materia
El Estado de Guatemala ha incorporado como parte de su agenda política el abordaje de las diversas manifestaciones de violencia contra la mujer, trata y femicidio como una prioridad teniendo avances concretos en materia de legislación, marcos normativos, operativos programáticos y presupuestarios. Así mismo es de resaltar que se ha creado institucionalidad para abordar dicha temática.
El Estado, reconoce que el tema de la violencia intrafamiliar sigue siendo un escenario en el cual se registran cuadros de violencia de género, violencia contra la niñez y violencia en contra del adulto mayor, el Gobierno actual en 2013 reformó el Acuerdo Gubernativo Nº 929-99 a través del Acuerdo Gubernativo Nº 111-2013, en el cual se considera necesario que la Secretaria Presidencial de la Mujer, asesore, coordine y realice las acciones para la prevención, atención y erradicación de la violencia intrafamiliar y Violencia contra la Mujer, en correspondencia con el eje 5, de la política de Desarrollo Integral de la Mujer, motivo por el cual se considero conveniente que el Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (PROPEVI) sea adscrito a esa Secretaria a fin que pueda cumplir con sus objetivos de acuerdo a las necesidades de la población femenina a quien va dirigido. El acuerdo cobró vigencia a partir del 7 de marzo de 2013.
El Estado de Guatemala, por medio del Organismo Judicial es el encargado de impartir justicia, con independencia y potestad para juzgar, resalta los avances que se han obtenido en el tema de género:
Se crearon Juzgados penales de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, distribuidos en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Chiquimula y Escuintla. Se han creado:
a)Nueve Juzgados de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer;
b)Seis Tribunales de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer;
c)Dos Tribunales Pluripersonales de Sentencia de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer;
d)Una Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer.
c)Coordinación entre las distintas entidades que tienen un rol en el abordaje de la violencia contra las mujeres
La coordinación es una de las herramientas más utilizadas para abordar la violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones. El Estado ha creado distintos mecanismos, los cuales tienen funciones específicas que cumplir de conformidad a sus mandatos de creación. Dentro de este marco el Organismo Ejecutivo, la violencia en contra de la mujer constituye una prioridad dentro del Gabinete Especifico de la Mujer, este es punto permanente de la agenda del mismo, dicho gabinete es coordinado por la Señora Vicepresidenta de la República.
La Secretaría Presidencial de la Mujer través del PROPEVI ha realizado las siguientes actividades de forma coordinada con diversas instancias institucionales, todas ellas vinculadas al fenómeno de la violencia contra la mujer:
a)Participación junto a la Red de Prevención de la Violencia Intrafamiliar (VIF) y Violencia contra la Mujer (VCM) en la conformación de la Sub Red de VIF y VCM del tercer Viceministerio de Gobernación, quien tiene bajo su responsabilidad la construcción de la Política Pública sobre Prevención de Violencia. En este sentido, se ha llevado a cabo reuniones con sectores involucrados en el tema, para identificar la cobertura y los alcances de la Red Institucional;
b)Se ha reconocido con la Multisectorial del Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala y el Ministerio Publico para la conformación de la Red de Derivación de Victimas de VIF. Se elaboraron dos informes de las reuniones de avance de la Red en el tema de Violencia intrafamiliar, con la participación de 13 representantes de las instituciones participantes;
c)En coordinación con autoridades y actores locales, se llevó a cabo la “Caminata por la Paz y el Amor en la Familia”, donde participaron 3.409 niños y niñas, 600 padres de familia y 142 docentes, de las escuelas: Estado de Israel, Jornadas Matutinas y Vespertina; Germán Alcantara; Julia Idígoras Fuentes; Escuela para Párvulos, Colonia Santa Marta, zona 5 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala. Esta actividad fortalece la prevención de la Violencia Intrafamiliar;
d)Dentro del programa de sensibilización, y con el propósito de involucrar a más agentes multiplicadores, la Secretaría Presidencial de la Mujer a través del programa de prevención, establece un acuerdo con la Universidad Panamericana, con el propósito de que los alumnos del segundo año de la Carrera de Psicología, realicen su práctica supervisada de Talleres escolares, basadas en temas de Prevención de la Violencia Intrafamiliar.
Dentro del marco de la Coordinación, se ha hecho participado y brindado aportes puntuales en las reuniones interinstitucionales, con el propósito de impulsar acciones de prevención a la violencia contra la mujer. Acciones que se han coordinado con la Municipalidad del Chimaltenango, Asociación Jóvenes por Guate; Ministerio de Gobernación/ Policía Nacional Civil, Comisión Presidencial para el abordaje del Femicidio (COPAF), Instituto de la Defensa Pública Penal, Ministerio Público, Centro de Investigaciones y Apoyo a la Mujer (CICAM), Gobernación Departamental e Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en Cuidad Guatemala y Chimaltenango; 75 mujeres y 30 hombres beneficiados.
El Estado de Guatemala, por medio del Organismo Judicial, suscribió en el 2012, los siguientes convenios para prevenir todas las formas de violencia en contra de las mujeres:
a)Convenio Administrativo de Cooperación: suscrito por la Corte Suprema de Justicia y la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles (VESTEX) cuyo objetivo es divulgar los derechos de la mujer y especialmente coadyuvar a la reinserción laboral de las mujeres sobrevivientes de violencia en sus distintas manifestaciones;
b)Convenio de Colaboración y Coordinación: suscrito por el Organismo Judicial y la Convergencia Ciudadana de Mujeres, cuyo objetivo es el seguimiento del sistema de integridad institucional y potros procesos que contribuyan a facilitar el acceso de las mujeres a la justicia;
c)Convenio de Colaboración y Coordinación: suscrito por el Organismo Judicial y Alianza SORORARIA por la vida de las mujeres, conformada por las siguientes organizaciones (Convergencia Ciudadana de Mujeres, Convergencia Cívico Política de Mujeres, Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer, Organización de Mujeres Tierra Viva y Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, cuyo objetivo es establecer el intercambio de información estadística para un observatorio de organizaciones de la sociedad civil para la vigilancia y seguimiento de procesos por muertes violentas de mujeres y delitos sexuales en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Chiquimula y Chimaltenango.
2.Garantizar que las víctimas obtengan una reparación adecuada, que incluya servicios de rehabilitación física y psicológica, y tengan acceso a albergues que las acojan y brinden apoyo que estén disponibles en todas las regiones del país
El Estado de Guatemala, en el tema de Trata de personas a través de la SVET, tiene a su cargo la coordinación de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de personas (CIT) en donde se trabaja en torno a esta problemática, fue dentro de esta comisión en el año 2010 que surgió la necesidad de la apertura de un albergue específico para la atención de personas adultas nacionales o extranjeras víctimas de trata de personas, quedando bajo la responsabilidad de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
El albergue fue creado por medio del Acuerdo Interno N° 011A-2011, de fecha 26 de enero de 2011, bajo el nombre de “Albergue Luz de Esperanza”, ubicado en la ciudad capital de Guatemala, tiene como objetivo prestar atención integral sin discriminación, respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas asistidas para la recuperación física y emocional de las víctimas de trata y al mismo tiempo se ofrecen nuevas oportunidades de vida.
Desde el momento de la detección de la víctima se garantiza su atención adecuada mediante la activación del equipo de respuesta inmediata que se integra por la SVET, quien lo coordina, el Ministerio Público como director funcional de la investigación y encargado de ejercer la investigación y persecución penal, la Policía Nacional Civil a través de la División Especializada de Investigación Criminal, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, y la Procuraduría General de la Nación.
Existen además dos protocolos interinstitucionales que guían los procesos de atención:
a)Protocolo de coordinación interinstitucional para la protección y atención de víctimas de trata de personas. Revisado y actualizado en el 2013 (pendiente de impresión);
b)Protocolo Interinstitucional para la repatriación de víctimas de trata de personas. Niños, niñas, adolescentes y adultos. Revisado y actualizado en el año 2013, ya en vigencia.
3.Realizar amplias campañas de sensibilización dirigidas al público en general y extender y reforzar los programas de formación y capacitación existentes de modo de garantizar que todos los agentes de las fuerzas del orden, jueces, abogados y trabajadores sociales y de la salud estén preparados para responder de manera eficaz a todos los casos de violencia contra las mujeres
El Estado de Guatemala, por medio de la Subdirección General de Prevención del Delito, Policía Nacional Civil y el Departamento Especializado en Niñez y Adolescencia del Ministerio de Gobernación, ha realizado las siguientes campañas de sensibilización:
Cuadro 2
Departamento especializado en niñez y adolescencia
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N º |
Campaña d irigida al público en general |
Programas de formación y capacitaciones dirigidas a PNC |
Programas de formación y capacitación dirigidos a niños, niñas, jóvenes y padres de familia |
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01 |
Institución policial |
Capacitaciones dirigidas a la PNC sobre su actuación policial con niños, niñas y/o adolescentes s ustraídos o d esaparecidos de la Ley del Sistema de Alerta Alba-Kenneth |
Charlas a niños, niñas, adolescentes y/o padres de familia con los temas: derechos y deberes de los niños plasmados en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y la Convención sobre los Derechos del N iño |
Cuadro 3
Departamento de equidad de género
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N º |
Campaña d irigida al público en general |
Programas de formación |
Programas de formación y capacitación dirigidos a la PNC |
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01 |
Institución policial |
Capacitaciones dirigidas a la PNC sobre la actuación policial sobre los procedimientos de violencia intrafamiliar, y otras formas de violencias, contra la mujer y leyes nacionales, e internacionales que protegen los derechos de la m ujer |
Talleres a los agentes y mandos con el compendio de leyes p ara l a aplicación de los derechos humanos de las mujeres, Protocolo de Actuación para la Policía Nacional Civil en el Abordaje de la Violencia Contra las y Mujeres y la Resolución 1325/200 |
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02 |
Campaña dirigid a al público en general |
Charlas Informativas a la sociedad Civil (Padres de Familia, Niños, y adolecentes) a centros Educativos, lideres/a de diferentes comunidades |
Trilogía de leyes para la aplicación de los derecho a la muj er y temas de prevención de delito con enfoque de g é nero |
El Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de la unidad de Gestión de Riesgo, de la sección de Violencia y Salud Mental, tiene como plan de trabajo 2014, supervisar, monitorear y dar asistencia técnica de forma sistematizada a las nueve tareas esenciales de la Estrategia Comités de Atención a la Violencia (CAV) a nivel de Áreas de Salud, estrategia fundamentada en el Acuerdo Ministerial 527-2013, literal g) y el anexo conocimiento 1: la ruta de abordaje para la atención integral de embarazos en niñas menores de 14 años de edad, la respectiva socialización en la red de servicios de salud nivel 1 y 2, así como procesos de prevención de embarazos en menores de edad, violencia contra la mujer y violencia sexual con una coordinación interinstitucional a nivel local.
Los CAV, en el marco del Acuerdo Interinstitucional de actuación, por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) a través de los hospitales Nacionales, Ministerio Publico (MP), IInstituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Procuraduría General de la Nación (PGN), Secretaria de Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas y Procuraduría de Derechos Humanos en la Atención de Victimas Sexuales y/o mal trato.
El Acuerdo Interinstitucional de Actuación antes mencionado se suscribió en noviembre del 2010 y con una agenda en mayo del 2013, entre las autoridades máximas de las instituciones involucradas antes mencionadas; tienen como objeto primordial garantizar y proteger la vida humana al establecer acciones de coordinación permanente entre dichas instituciones, proporcionando atención digna e integral a víctimas de violencia sexual y/o maltrato que ingresen al sistema de justicia penal por los hospitales de la red pública nacional.
El Comité de Atención a la Violencia a nivel de Áreas de Salud tiene como objetivo principal la prevención y control de la violencia en sus múltiples manifestaciones, y en específico priorizar cinco tipificaciones (física, intrafamiliar, sexual, patrimonial y psicológica) implementando un sistema de alerta y respuesta ante la violencia a nivel de Área de Salud, con acciones conjuntas multisectoriales, evaluando la capacidad de respuesta de la red de servicios de salud y otras instituciones afines. El CAV también debe definir la causalidad de la violencia identificando determinantes sociales, condiciones, factores de riesgo, factores protectores y la respectiva triada epidemiológica de la violencia con miras en intervenir sobre las causas.
B.Defensores de los derechos humanos (párr. 14 de las observaciones finales)
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, realizó el 9 de diciembre de 2013 una actividad para conmemorar esta importante fecha. En la misma se contó con la participación del Cuerpo Diplomático acreditado en Guatemala, organismos internacionales, agencias de las Naciones Unidas, instituciones académicas, funcionarios de Estado y funcionarios de Cancillería.
Durante la ocasión se reafirmó el apego de Guatemala al sistema internacional de protección y promoción de los derechos humanos, asimismo, se reconoció la importante contribución de los defensores de derechos humanos en el ámbito de la promoción de los derechos humanos, la justicia y la democracia en nuestro país.
1.Redoblar sus esfuerzos para garantizar la eficaz protección, seguridad e integridad física de los defensores de derechos humanos frente a las amenazas y los ataques a los que podrían exponerles sus actividades
Para dar cumplimiento a los fines de creación de la Instancia de Análisis de Ataque contra Defensores de Derechos Humanos, ésta se ha fortalecido institucionalmente y se han desarrollado ininterrumpidamente 90 reuniones ordinarias donde se han obtenido los siguientes logros durante el período 2012 al 2014:
a)El documento de Análisis de Patrones de ataques a Defensores de Derechos Humanos en el grupo representado por periodistas, próximo a ser publicado;
b)Implementación del nuevo esquema de seguridad y protección preventiva e inmediata, para defensores de Derechos Humanos;
c)Estudios de casos conocidos e investigados por la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público, que son presentados semanalmente en las reuniones ordinarias de la Instancia;
d)Se desarrollaron cuatro talleres de formación para acercar al sistema de Justicia a las y los periodistas departamentales y/o rurales en coordinación con el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA), en la ciudad de Guatemala y los departamentos de Quetzaltenango, Alta Verapaz e Izabal;
e)Fortalecimiento con doce agentes más la Unidad de Investigación de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos de la Policía Nacional Civil, que hacen un total de 20 investigadores especializados y dos oficiales de mando, lo que ha permitió asignar en forma permanente cinco investigadores a cada unidad fiscal que integra la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público, siendo las Unidades Fiscales de Ataques contra Periodistas, Activistas de Derechos Humanos, Sindicalistas y Operadores de Justicia. A la fecha dicha unidad de investigación ha ejecutado 222 acciones de investigación;
f)Fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especialidad en Investigación de Ataques Contra Periodistas del Ministerio Público con el nombramiento de un Auxiliar Fiscal II.
g)La contratación de un consultor por la NAS para fortalecer los estudios de análisis de patrones de ataques contra defensores de Derechos Humanos, que favorezcan las investigaciones criminales y se materialicen a través de sentencias condenatorias en contra de los agresores y la reparación digna de las víctimas.
a)Unidad de Investigación de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil adscrita a la Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos
Esta unidad está en cumplimiento de la función de Auxiliar Técnico de la Policía Nacional Civil dentro de la investigación criminal, en el ejercicio de la acción penal que corresponde al Ministerio Público, asignada específicamente a la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público integrada por la Unidades Fiscales de Delitos Contra: Periodistas, Activistas de Derechos Humanos, Sindicalistas y Operadores de Justicia. Dicha unidad presta el auxilio dentro de la investigación criminal para todos los casos que se estén investigando en la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público, cuyos requerimientos de investigación pueden tener su ejecución a nivel nacional, motivo por el cual actualmente ha sido fortalecida con 12 investigadores más, que permitió tener un total de veinte investigadores, asignándose a cada una de las unidades fiscales cinco investigadores en forma permanente; invirtiendo el Ministerio de Gobernación para su funcionamiento 3.000.025 quetzales. Los casos investigados por esta unidad son presentados semanalmente en las reuniones ordinarias de la Instancias para el estudio de patrones de ataques en contra de los Defensores de Derechos Humanos y generar recomendaciones de investigación al Ministerio Público.
b)Programa de Medidas para la Prevención y Protección de Defensores/Defensoras de Derechos Humanos y otros Grupos Vulnerable
En respuesta a las necesidades y demandas de los defensores de los derechos humanos, se implementó en este período, el mecanismo de protección y seguridad preventiva en forma inmediata para defensores y defensoras de derechos humanos a través de la Policía Nacional Civil entidad que brinda la seguridad preventiva y reactiva, que consiste en que al momento de tener conocimiento a través de una denuncia verbal o escrita de las agresiones en contra de un defensor o defensora de Derechos Humanos, inmediatamente se habilita el mecanismo de seguridad preventiva y en valoración de los hechos denunciados.
2.Asegurar la investigación pronta, exhaustiva y eficaz de todas las amenazas y ataques cometidos contra defensores de derechos humanos, y que los responsables sean enjuiciados y castigados con sanciones acordes con la gravedad de sus actos
El Estado de Guatemala ha establecido mecanismos de garantía y protección a los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos, por medio de la creación de fiscalías especializadas denominadas “Fiscalías de delitos cometidos en contra de activistas de derechos humanos”, en donde se pueden presentar las denuncias correspondientes.
Aunado a ello, por medio del Acuerdo Ministerial 09-2012, el 10 de enero 2012, se creó la Instancia de Análisis de ataques contra defensores de Derechos Humanos en Guatemala, integrada por un representante del Ministerio de Gobernación, que coordina la instancia; un representante de la Fiscal General del Ministerio Público; y, un representante de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH). Dentro de las funciones de la Instancia se encuentran: a) Análisis de casos para determinar patrones de agresión en contra de defensores de derechos humanos; b) Elaborar recomendaciones para la investigación de estos casos a las unidades competentes; c) Recomendar la aplicación de criterios técnicos para la determinación de riesgos, grado de amenaza y vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos; y d) Recopilar información sobre el cumplimiento de las medidas de prevención y protección, y la efectividad de las mismas para la disminución de riesgo. Adicionalmente, se logró la suscripción de un Convenio Interinstitucional en el que Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y COPREDEH manifiestan su compromiso de participar en ese espacio de diálogo fomentando su institucionalización.
3.Garantizar la permanencia de la Instancia de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos
El Estado de Guatemala, a través del Acuerdo Ministerial 103-2008 del 10 de enero del año 2008 crea inicialmente la Instancia de Análisis de Ataques a Defensores de Derechos Humanos, con un plazo de cuatro años, perdiendo su vigencia el 11 de enero del 2012; motivo por el cual mediante la emisión del Acuerdo Ministerial 09-2012 del 10 de enero del 2012, nuevamente es confirmada la creación de la Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos, con un plazo de cuatro años, siendo su función esencial realizar en contexto, el análisis de los patrones de ataques en contra de defensores de derechos humanos, a través de una metodología científica definida y aprobada por los integrantes de la misma. Tiene entre otras funciones:
a)Elaborar análisis de casos, para poder determinar la existencia de patrones de agresión contra defensores de derechos humanos;
b)Elaborar recomendaciones para la investigación de casos de agresiones contra defensores de derechos humanos a la Unidad de Derechos Humanos de la División Especializada en Investigación Criminal y al Ministerio Público;
c)Recomendar a las autoridades correspondientes, criterios técnicos para determinar riesgos, grado de amenaza o vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos derivados del análisis del patrón de los ataques;
d)Recopilar información sobre el cumplimiento de las medidas de prevención y protección y la efectividad de las mismas para la disminución del riesgo de los activistas que han sufrido algún ataque.
Integran la Instancia:
a)Un representante del Ministerio de Gobernación, quien la coordina y actualmente se ha delegado la coordinación en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, que fue creada dentro del nuevo modelo político administrativo del Ministerio de transversalizar el respeto, observancia y educación en derechos humanos en sus distintas dependencias;
b)Un representante del Fiscal General del Ministerio Público;
c)Un representante del Presidente de la COPREDEH.
Adicionalmente y a discreción de los miembros de la instancia, actúan en calidad de invitados las instituciones y organizaciones siguientes:
a)Representantes de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional siendo ellos: periodistas, sindicalistas, operadores de justicia, población de la diversidad sexual, activistas de derechos humanos;
b)Los Agentes Fiscales que integran la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público siendo las Unidades Fiscales de Delitos contra: periodistas, activistas de derechos humanos, sindicalistas y operadores de justicia;
c)Un representante de la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en calidad de Observador, con una participación constante y permanente durante el desarrollo de 90 reuniones a la fecha, quien ha validado con su firma cada una de las actividades y decisiones dentro de la actividad semanal ininterrumpida de la instancia;
d)Extraordinariamente, representantes de otras instituciones del Estado o miembros de Organizaciones no Gubernamentales, cuando los miembros de la instancia lo consideren necesario.
En abril de 2013, dos representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron un espacio para retirarse temporalmente de la instancia en consideración que tenían que consultar con las instituciones que representaban las actividades que se estaban desarrollando actualmente en la instancia, siendo ellos el representante de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), Refugio de la Niñez y la Plataforma Holandesa Contra la Impunidad, a quienes siempre se les ha mantenido informados de los actividades y logros que actualmente se han desarrollado en la instancia. Estando actualmente en la instancia representados los Defensores de Derechos Humanos a través de grupos vulnerables de Defensores de Derechos Humanos como los: Sindicalistas (que aglutina federaciones, confederaciones y sindicatos nacionales), población de la diversidad sexual, periodistas, operadores de justicia (asociación de jueces y magistrados del organismo judicial), que con base en el criterio de las Naciones Unidas son considerados defensores de derechos humanos, por defender derechos humanos del grupo al que representan, indistintamente de su consideración individual.
C.Condiciones de detención (párr. 18 de las observaciones finales)
En relación con la recomendación propuesta por el Comité en erradicar la práctica de control de los centros de detención por parte de grupos organizados de reclusos, la Dirección General del Sistema Penitenciario realiza la práctica constante de medidas pasivas y activas de seguridad mediante la ejecución de requisas para limitar y evitar la tenencia o ingreso de ilícitos que pudieran ser armas de control de ciertos privados. Para estas acciones se cuenta con el Plan Integral de Resguardo Penitenciario.
La Dirección General del Sistema Penitenciario cuenta con la Unidad de Inspectoría General del Régimen Penitenciario y la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria, cuyo fin es darle el seguimiento a las denuncias tanto de privados de libertad como de guardias penitenciarios en cualquier falta que se tenga conocimiento o denuncia de algún maltrato hacia los privados; agregándose a éste la implementación y divulgación masiva dentro de los centros penales de la línea de anticorrupción y fuera de los mismos para personas que estén relacionadas o tengan conocimiento de algún vejamen, falta o delito.
Asimismo, se implementó el número de teléfono 1533 disponible las 24 horas, para denunciar cualquier hecho ilegal garantizando la confidencialidad de la denuncia. Además de la instalación de teléfonos públicos tarjeteros dentro de todos los sectores de los Centros Penitenciarios y así facilitar la comunicación de los privados de libertad o denuncias independientes.
A continuación se detalla información de Soporte de los avances, logros y acciones según los ejes de acción de la Dirección General del Sistema Penitenciario del período de 2012 a 2014.
1.Infraestructura
Cabe mencionar:
a)Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalaciones. Se cuenta con un grupo de técnicos asignado al mantenimiento permanente de la infraestructura existente, para conservar la misma en las condiciones necesarias del resguardo de los privados de libertad;
b)Planificación. Se realizaron estudios técnicos de factibilidad para fortalecer las condiciones actuales de la infraestructura y se conformaron los expedientes técnicos correspondientes para la contratación y ejecución de obras con el fin de mejorar los servicios de:
Agua potable;
Drenajes;
Electricidad;
c)Plan Estratégico de Desarrollo de Infraestructura Macro. Se elaboró el estudio de factibilidad para la ampliación del Centro de Cumplimiento de Condena Finca Canadá, Escuintla y Cantel, con el fin aumentar la capacidad del Sistema Penitenciario y así disminuir el hacinamiento en un 37%. Los nuevos módulos tendrán una capacidad de 5.760 nuevos espacios;
d)Se ha implementado el Programa “Mejorando Mi Centro”: Remozamiento de centros carcelarios.
2.Rehabilitación del privado de libertad
Cabe mencionar:
a)Se está implementado un Plan específico de Reubicación de privados de libertad que se encuentran debidamente ejecutoriados que cumplen condena en centros destinados a detención preventiva;
b)Análisis y sistematización de todos los programas de Rehabilitación Social con la finalidad de unificar las acciones en todos los Centros a cargo de la Dirección General;
c)Implementación de programas especializados en la temática de niñez, mujeres, género y violencias;
d)Aumento de expedientes de ubicación por parte del equipo multidisciplinario, coordinado con la Subdirección Operativa con la finalidad de agilizar las ubicaciones de las personas privadas de libertad que han sido ejecutoriados;
e)Aumento de expedientes completos de redención de penas y de libertad condicional, coordinado con el Instituto de la Defensa Pública Penal;
f)Creación de acuerdos con la Cámara Penal, Ministerio Público e Instituto de la Defensa Pública Penal sobre la vigencia de los informes por los plazos establecidos;
g)Control y mejoramiento de los espacios utilizados en los procesos educativos y laborales por la Subdirección de Rehabilitación Social;
h)Promoción de programas técnicos con la finalidad de certificar a las personas privadas de libertad según sus habilidades adquiridas;
i)Elaboración de atención de protocolo a niños de 0 a 4 años que se encuentran en acompañamiento de sus madres privadas de libertad;
j)Mejora de la estructura de las clínicas de atención médica a través de cooperación internacional;
k)Fortalecimiento al personal médico en atenciones especializadas en la temática de VIH y VIH positivo, Tuberculosis y enfermedades terminales;
l)Fortalecimiento de la unidad de grupos vulnerables que atiende a personas privadas de libertad de comunidades lingüísticas, diversidad sexual, adultos mayores, discapacidad y género;
m)Incidencia en la Escuela de Estudios Penitenciarios en el fortalecimiento del módulo de Derechos Humanos para incluir atenciones de tratamiento penitenciario a otros grupos excluidos identificados en los Centros Penales;
n)Aumento de autorizaciones en los expedientes para redención de penas en el seno de la Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo (CONSIET);
o)El fortalecimiento y avance en la rehabilitación social del privado de libertad se ha dado por medio de programas, entre ellos se pueden mencionar los siguientes:
Programas laborales;
Jornadas médicas y dentales;
Programas educativos a todo nivel;
Atención psicológica.
3.Tecnología de la información y comunicaciones
Cabe mencionar:
a)Funcionamiento de una sala de videoconferencia en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 de la ciudad de Guatemala;
b)Se realizó y entregó estudio para bloqueo de señal de celulares por parte de los operadores de telefonía en el área de Fraijanes del departamento de Guatemala y el Infiernito, Canadá del departamento de Escuintla:
c)Instalación de teléfonos públicos tarjeteros en centros de detención con ASTEL (Asociación de Telecomunicaciones Seguras);
d)Emisión de Documento Personal de Identificación (DPI) para reclusos y reclusas por parte del Registro Nacional de las Personas (RENAP);
e)Se ha brindado capacitación a directores, subdirectores y digitadores en centros de detención para el uso y manejo del Sistema Integrado de Administración Penitenciaria (SIAPEN).
4.Transparencia y honestidad
Para tener un efectivo control de la Dirección General del Sistema Penitenciario se han implementado de manera integral la seguridad de los Centros Penitenciarios inspirados en la Constitución Política de la República de Guatemala, convenios y tratados en materia de Derechos Humanos ratificados por Guatemala, buscando incrementar la seguridad en un entorno de plena coordinación tanto Institucional como Interinstitucional, para buscar un mejor ambiente para la rehabilitación de ese entorno de la readaptación social, para lo cual se han implementado las estrategias siguientes:
a)Se han llevado a cabo medidas preventivas de seguridad como las requisas y control de visitas para minimizar el ingreso y permanencia de ilícitos a los centros carcelarios;
b)Reordenamiento de traslados de privados y privadas de libertad a diferentes centros carcelarios;
c)Visitas periódicas de autoridades del Sistema Penitenciario a centros de detención para evaluación de necesidades y demandas de reclusos y reclusas;
d)Lucha permanente contra todo acto de corrupción, a través de los órganos de control interno dedicados a enfrentarla, fortalecidos con la participación activa de servidores y funcionarios;
e)Individualización y sanción al personal de la Dirección General del Sistema Penitenciario que cometa actos de corrupción, conforme a las normas y procedimientos correspondientes.
5.Bienestar del guardia penitenciario
Aunado al buen funcionamiento del Sistema Penitenciario, está el bienestar del Guardia Penitenciario, para lo cual se indicó lo siguiente:
a)La Dirección de la Escuela de Estudios Penitenciarios ha implementado capacitaciones para el personal penitenciario, cursos en materia de Derechos Humanos, también se ha contado con el apoyo de la COPREDEH y actualmente imparte el Diplomado “Derechos Humanos en la Gestión del Sistema Penitenciario”;
b)Se ha implementado el plan SOL en todos los centros de detención para los guardias penitenciarios, encaminando el mejoramiento de las condiciones del personal operativo y el guardia penitenciario;
c)Las capacitaciones periódicas de directores y subdirectores de centros de detención a nivel nacional;
d)El mejoramiento de las condiciones del personal operativo y la guardia penitenciaria, entre ellos: Lockers, literas, colchonetas, equipo de oficina, adquisición de uniformes y botas;
e)Graduación de promociones de guardias penitenciarios;
f)Mejoramiento del perfil del aspirante a Guardia Penitenciario, en relación a nivel de escolaridad. Deben de estar graduados de nivel medio;
g)Equipamiento y acondicionamiento de las nuevas áreas de la Escuela de Estudios Penitenciarios en el área de Fraijanes del departamento de Guatemala;
h)Fortalecimiento de programas de capacitación de la Escuela de Estudios Penitenciarios. Incluye programas a nivel internacional en Argentina, México y Estados Unidos de América;
i)Elaboración de propuesta para el mejoramiento de condiciones salariales del personal del Sistema Penitenciario con prioridad en la Guardia Penitenciaria;
j)Fortalecimiento de las inspecciones en materia de alimentación para la guardia penitenciaria a nivel nacional a través de la Unidad de Control de Alimentos (UCA).