Comité de los Derechos del Niño
51º período de sesiones
Acta resumida de la 1416 a sesión
Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 5 de junio de 2009, a las 15 horas
Presidenta:Sra. Lee
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto de Rumania (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto de Rumania CRC/C/ROM/4, CRC/C/ROM/Q/4 y Add.1 (continuación)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación vuelven a tomar asiento como participantes a la mesa del Comité.
La Presidenta invita a los miembros del Comité a que formulen preguntas adicionales con respecto a los informes periódicos tercero y cuarto de Rumania.
Refiriéndose a la cuestión de la adopción, la Sra. Ortiz dice que, en los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la separación de los niños de sus familias se considera una medida de último recurso. La oradora desea saber qué medidas está adoptando el Gobierno de Rumania a fin de prevenir la separación de los niños de sus familias, si las ONG reciben fondos a tal fin, si el país sufre escasez de trabajadores sociales y demás profesionales relacionados con la atención, y si se ofrece asistencia a los padres y las comunidades con miras a que los niños permanezcan con sus familias. La oradora pregunta si, por ejemplo, existen programas preescolares con esa finalidad.
El Sr. Citarella dice que le complacería obtener más información sobre los niños romaníes. En particular, sería útil disponer de estadísticas sobre la asistencia escolar y el acceso a los servicios de salud.
La Sra. Maurás Pérez dice que está de acuerdo en que deben examinarse formas de crear vínculos más sólidos entre padres e hijos, y en particular, de cambiar las actitudes sociales con respecto a esa relación. La lactancia materna y el hecho de dar el pecho a los recién nacidos durante la primera hora de vida son prácticas extraordinariamente infrecuentes en Rumania, lo que en opinión de la oradora contribuye al síndrome de separación maternoinfantil, prevalente en la sociedad rumana. Los informes de algunas ONG indican que los sucedáneos de la leche materna se comercializan de forma agresiva. Teniendo en cuenta que Rumania es signatario del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, será de utilidad saber qué medidas adopta el Gobierno para poner fin a esa práctica. Asimismo, la oradora desea saber si el Organismo Nacional para la Protección de los Derechos del Niño controla las asignaciones destinadas a los hospitales que participan en la Iniciativa Hospitales Amigos de los niños, y qué apoyo se brinda a la atención de la primera infancia, incluidas las medidas para permitir la lactancia materna en el lugar de trabajo y el permiso de maternidad.
Además, la oradora desea saber en qué etapa se encuentra el proyecto de legislación sobre los niños rumanos cuyos padres trabajan en el extranjero, cuántos niños se encuentran en esa situación, y cuáles son las políticas en vigor para prestarles asistencia. Señalando que el consumo de drogas y el número de abortos aumenta sin cesar entre los adolescentes de Rumania, la oradora pregunta si se están recopilando datos sobre la salud mental y el estilo de vida de los adolescentes.
La oradora pregunta también si, en el marco de los programas y las políticas gubernamentales, se tienen en cuenta las cuestiones de género y en qué medida; si se están adoptando medidas a fin de cambiar la percepción de la población con respecto a las personas con VIH/SIDA; y si se imparte educación sexual en las escuelas con miras a evitar la propagación de esa enfermedad.
Haciendo uso de la palabra a título personal, la Presidenta pregunta si se dispone de datos sobre los niños con discapacidad. Señalando que, a nivel de condado, se ofrece protección a los niños de siete años, pregunta cómo reciben servicios los niños menores de esa edad. Las respuestas escritas se refieren al “retraso mental medio” como una enfermedad común. El retraso mental no es una enfermedad, por lo que se acogerá con beneplácito toda aclaración al respecto. Asimismo, desea saber qué opinión tiene la sociedad rumana sobre las enfermedades mentales.
A la Presidenta le preocupa la ausencia de cifras claras sobre el número de niños cuyos nacimientos no se registran, problema que puede estar relacionado con la prevalencia de las adopciones ilegales. Sería útil preguntar si los niños no registrados son más vulnerables a la venta. Además, el Comité también desea que se aclare cuál es la edad de la responsabilidad penal, puesto que los informes indican que los niños permanecen en prisiones para adultos, así como la ausencia de pabellones psiquiátricos para niños.
La Sra. Savu (Rumania) dice que, en respuesta a las críticas vertidas a nivel internacional con respecto a la adopción de niños rumanos durante el período de 1995 a 2004, el Gobierno ha prohibido las adopciones internacionales. Actualmente, el número de adopciones nacionales asciende a 3000 aproximadamente. La legislación reciente estipula que los niños sólo deben ofrecerse en adopción tras haber agotado todos los esfuerzos a fin de reintegrarles en sus familias. Los tribunales son responsables de adoptar las decisiones relativas a la posibilidad de adoptar. Sin embargo, la mayoría de los niños que tienen dificultades con sus familias se benefician de medidas temporales. No se dispone de datos anteriores a 2005 sobre el número de niños que se pueden adoptar en Rumania; entre 2005 y 2008, esa cifra varió de unos 900 hasta alrededor de 1500. En la actualidad se están desplegando esfuerzos para valorar y evaluar el equilibrio entre el número de niños que pueden adoptarse y el número de adopciones nacionales; cuando se complete el proceso de evaluación, se celebrarán consultas y se elaborará una ley.
La Presidenta pregunta qué criterios se aplican para establecer la posibilidad de adoptar a un niño, si hay sesgo contra la adopción de niños romaníes, y si los niños que están a cargo de instituciones pertenecen principalmente a la comunidad romaní.
La Sra. Rebegea (Rumania) dice que los tribunales adoptan las decisiones relativas a la posibilidad de adoptar sólo tras haberse agotado todos los esfuerzos destinados a reintegrarles en sus familias biológicas. La legislación en vigor dispone que la familia abarca el círculo familiar amplio hasta el cuarto grado; actualmente se están haciendo esfuerzos con el fin de reducir el número de esos grados y establecer un límite para el período de reintegración.
Observando que la proporción entre trabajadores sociales y clientes es de uno por cada 100, la Sra. Herczog (Relatora para el país) se pregunta si es posible adoptar medidas a fin de asegurar que los niños permanezcan con sus familias biológicas. Además, sería interesante saber si el Gobierno de Rumania prevé establecer un protocolo normalizado para quienes trabajan en la esfera de los derechos del niño.
La Sra. Rebegea (Rumania) dice que no hay cifras disponibles sobre la adopción de niños romaníes, debido a que la ley prohíbe recoger estadísticas sobre la base del origen étnico. Sin embargo, el 24% de los posibles padres adoptivos no menciona preferencias étnicas en sus solicitudes.
La Sra. Ortiz dice que le preocupa saber que el Gobierno de Rumania no puede informar al Comité sobre el número de niños romaníes que han sido adoptados. De conformidad con la Convención, la ley debe exigir que se adopte a los niños en su medio cultural y étnico, por lo que la información sobre el origen étnico del niño es esencial.
La Sra. Rebegea (Rumania) dice que el Gobierno sólo puede hablar sobre la posibilidad de adoptar, no sobre el origen étnico. El origen étnico no debe importar. En cualquier caso, es imposible conocer el origen étnico de un niño ya que sus padres no están obligados a declarar el suyo propio, y porque ni siquiera se sabe quiénes son algunos de los padres.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) pregunta si hay leyes que permitan a la Oficina rumana de adopciones identificar a un niño como romaní.
La Sra. Savu (Rumania) dice que el origen étnico se determina mediante una declaración; no hay otro medio de hacerlo. La Oficina rumana de adopciones no puede establecer que un niño es romaní únicamente por su aspecto; sólo puede indicar que necesita atención y si es o no es posible adoptarle. Otro problema es que las personas pobres suelen abandonar a sus hijos, pero se niegan a permitir que les adopten. Los padres tienen muchos derechos en Rumania.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) dice que es evidente que las declaraciones no proporcionan un panorama completo y que las personas suelen ser renuentes a declarar su origen étnico por temor, algo que es comprensible. En todo caso, las personas se identifican por su origen étnico, en particular los niños que asisten a la escuela. Los profesionales también se ven obligados a formular juicios sobre el origen étnico. De conformidad con la legislación internacional, existe el derecho a la identidad.
Refiriéndose a la cuestión de la adopción, la oradora dice que, según parece, los hospitales de Rumania no emplean trabajadores sociales y que, por consiguiente, no prestan asistencia ni apoyo a las madres que están decidiendo si van o no van a ofrecer a sus hijos en adopción. A la oradora le resulta difícil imaginar a una madre tomando esa decisión si el bebé se encuentra con ella en la misma sala del hospital. En Rumania, los bebés permanecen separados de sus madres, y ese es un aspecto del problema que merece la pena examinar.
La Sra. Stoian (Rumania) dice que el Ministerio de Salud está adoptando una estrategia para adolescentes y niños sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La estrategia incluirá servicios que respeten los derechos de los niños, y cabe esperar que tenga un gran impacto en el comportamiento y la salud de los adolescentes.
Refiriéndose a la cuestión del suicidio, la oradora dice que, en 2008, 24 niños de edades comprendidas entre 10 y 15 años y 1881 niños de 15 a 19 años murieron a causa de lesiones autoinfligidas. Refiriéndose a la lactancia materna, dice que aunque la tasa es baja a los seis meses del nacimiento, en el momento de abandonar los hospitales de maternidad el 98% de las madres amamanta a su bebé. Este rápido aumento se puede atribuir al apoyo prestado por la familia y la comunidad.
En Rumania, la Iniciativa Hospitales Amigos de los niños ha cosechado muy buenos resultados. Actualmente hay 10 hospitales acreditados, y otros 20 están trabajando a tal fin. El programa ofrece cursos especiales para las madres, que incluyen información sobre la lactancia materna, entre otros temas. Además, la legislación dispone que en las salas de pediatría y maternidad debe haber trabajadores sociales que faciliten información sobre la atención que debe prestarse a los bebés, y que se esfuercen en disuadir a las madres que deseen abandonarles.tg
Rumania suscribió el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en 1981. Los esfuerzos desplegados para introducir legislación sobre la base de ese código no han dado resultado. Actualmente, la legislación de la Unión Europea relativa a los sucedáneos de la leche materna está en vigor, y su impacto es evidente en las salas de maternidad de los hospitales: tanto el personal de atención de salud como las madres son más conscientes de los beneficios de la lactancia materna para la salud.
Tras la Revolución rumana de 1989, la tasa de mortalidad infantil fue sorprendentemente elevada (más de 26 de cada 1000 recién nacidos), en parte debido a enfermedades respiratorias; en 2008, ese número había disminuido a 11 de cada 1000 recién nacidos. Sin embargo, el número de muertes infantiles atribuidas a causas perinatales ha aumentado. Esto guarda relación con el hecho de que se aplica la definición de la OMS para el término “nacido vivo”, que tiene en cuenta todo signo de vida en el recién nacido.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) pregunta qué tipo de ayuda a domicilio se presta a las mujeres embarazadas y a las madres jóvenes. Desea saber si se ha retomado el programa de visitas a domicilio, cuántos profesionales trabajan en ese programa, y si llegan a las madres que viven en zonas remotas.
La Sra. Stoian (Rumania) dice que, en su país, todos los niños tienen seguridad social y derecho a la atención de salud. Dentro del paquete principal de servicios de atención médica, los médicos reciben puntos por los servicios especiales prestados a domicilio para el bienestar del niño. Muchos médicos y asistentes han recibido formación, y actualmente suelen recomendar la lactancia en lugar de los sucedáneos de la leche materna.
El número de abortos ha disminuido de forma radical, de 3000 por cada 1000 recién nacidos en 1990 a 500 por cada 1000 recién nacidos en 2008, lo que ha supuesto un proceso largo y difícil. El Programa Nacional sobre la Salud de la Madre y el Niño ha introducido métodos anticonceptivos modernos, y los abortos han dejado de ser un método para prevenir el nacimiento de los hijos no deseados. Sin embargo, la incidencia de embarazos entre las adolescentes es especialmente elevada en la comunidad romaní, pese a algunos programas de sensibilización al respecto.
La Sra. Villarán de la Puente dice que le complacería que se aclarara la relación entre la discriminación sobre la base del sexo y del origen étnico. En particular, desea saber qué políticas afirmativas se han desarrollado a fin de proporcionar atención de salud reproductiva a la población romaní, y si se ofrecen servicios de salud confidenciales a los adolescentes. La delegación ha afirmado que en Rumania ya no hay niños no deseados, y que no se dispone de información sobre las muertes relacionadas con abortos.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) pregunta cómo sabe el Gobierno que la mayoría de embarazos entre adolescentes afectan a la población romaní, si no puede identificar a sus ciudadanos sobre la base del origen étnico. Además, la oradora se pregunta si los anticonceptivos son gratuitos, y qué clase de anticonceptivos se utilizan.
La Sra. Stoian (Rumania) dice que la salud reproductiva figura entre las numerosas cuestiones abordadas en los diversos programas de atención de salud que aplica el Gobierno. Los anticonceptivos se proporcionan gratuitamente, y se distribuyen con la ayuda de una red formada por unos 100 especialistas en planificación familiar que trabajan en todo el país. En 2007 hubo aproximadamente 20000 embarazos entre mujeres y muchachas de 14 a 19 años, incluidos 700 entre menores de 15 años. La relación entre el origen étnico y el embarazo en las adolescentes puede atribuirse hasta cierto punto a factores culturales, ya que en algunos grupos las parejas se forman incluso antes de la edad legal para contraer matrimonio.
Tomando nota de que la atención médica se ofrece gratuitamente a todos los ciudadanos y de que, entre algunos grupos vulnerables, las tasas de mortalidad maternoinfantil son especialmente elevadas, la Presidenta pregunta si se están desplegando esfuerzos específicos a fin de abordar esas cuestiones. En muchos países, se ha constatado que las visitas a domicilio pueden ser un medio eficaz de detectar los problemas con prontitud y prevenir los abusos domésticos.
La Sra. Stoian (Rumania) dice que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo, Familia e Igualdad de Oportunidades participan en los esfuerzos encaminados a disminuir la tasa de mortalidad infantil. Como es evidente, la prestación de servicios médicos gratuitos para todas las personas menores de 18 años beneficia a las familias de ingresos bajos y a los grupos vulnerables.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) dice que, incluso cuando la mayor parte de los servicios de atención de salud se prestan de forma gratuita, la experiencia ha demostrado que a menudo falta asistencia en las regiones desfavorecidas, donde los profesionales de la salud son renuentes a prestar sus servicios. La oradora pregunta cómo puede asegurar el Gobierno que las personas que más los necesitan puedan acceder a ellos como es debido.
La Sra. Stoian (Rumania) dice que, cuando una mujer da a luz, las autoridades están obligadas a preguntar a la madre qué medico de familia entre los 11.000 que existen en el país se asignará para atender al niño. Asimismo, los médicos de familia que reciben a pacientes no registrados en el sistema tienen la obligación de registrarles.
El Sr. Gurán (Relator para el país) pregunta si existen medidas afirmativas o programas médicos o educativos especiales para abordar las necesidades específicas de los grupos vulnerables.
La Sra. Ortiz pide que se describan las funciones del Organismo Nacional para los Romaníes.
El Sr. Oprescu Zenda (Rumania) dice que se han adoptado medidas de acción afirmativa en favor de los romaníes por lo que respecta a la educación y la atención de salud. Muchos agentes de ampliación de salud, conocidos como mediadores sanitarios, trabajan con miembros de la comunidad romaní a fin mejorar su acceso a dichos servicios. En la mayoría de los casos, el Gobierno contrata y forma a mujeres romaníes para cubrir los puestos de mediador sanitario, ya que la salud reproductiva es el eje principal de la labor que tales mediadores llevan a cabo.
Teniendo en cuenta que, en general, la mayoría de los grupos vulnerables y desfavorecidos son también bastante conservadores, los medios utilizados para asegurar la salud reproductiva deben ser adecuados desde el punto de vista cultural. En esas comunidades, las vasectomías o los preservativos no suelen aceptarse, e incluso las píldoras anticonceptivas deben administrarse con la máxima discreción, ya que los esposos no las aceptan con facilidad.
Según los criterios europeos, los romaníes no suelen considerarse como un grupo indígena ya que llegaron a Rumania, Italia, Francia y España durante los últimos 400 ó 500 años. El Organismo Nacional para los Romaníes tiene facultades limitadas. No coordina programas educativos o de salud para los romaníes, pero actúa como catalizador a fin de asegurar que los problemas y puntos de vista de ese grupo étnico impopular se tengan en cuenta a la hora de diseñar las políticas gubernamentales. El Organismo es directamente responsable ante el Primer Ministro, y no está supeditado a la autoridad de ningún ministerio del Gobierno. Es independiente del Departamento de Relaciones Interétnicas, que se encarga de las cuestiones que afectan a húngaros, italianos, judíos, eslovacos y otros grupos. Uno de los elementos más importantes de la labor del Organismo es su interacción con las autoridades locales. Éstas reflejan la voluntad de sus constituyentes, muchos de los cuales carecen de sensibilidad con respecto a los romaníes o incluso les rechazan. Para defender los derechos de los romaníes, el Gobierno debe valerse de la ley contra la discriminación, que prohíbe específicamente el trato discriminatorio en las cuestiones relativas al empleo o la vivienda, así como la utilización de epítetos raciales. Desde el ingreso de Rumania en la Unión Europea, el Gobierno también puede utilizar las medidas diseñadas en Europa con miras a incentivar el desarrollo. Por ejemplo, puede ayudar a las autoridades locales a asegurar la financiación de infraestructuras o viviendas, siempre que esos proyectos beneficien a los grupos vulnerables, incluidos los romaníes. Lamentablemente, la capacidad de absorción de recursos disponibles es muy limitada en el país, y actualmente se mantiene en el 4%. El Gobierno necesita la asistencia de ONG y consultores internacionales a fin de aumentar dicha capacidad de absorción. .
El Sr. Citarella pregunta qué hace el Gobierno para mejorar la integración de los niños romaníes en la sociedad, y en qué medida han sido efectivos esos esfuerzos. También pregunta si ha mejorado la tasa de asistencia escolar.
Tomando nota de que el Fondo Social Europeo ofrece una oportunidad real de combatir la pobreza y la exclusión, la Sra. Herczog (Relatora para el país) pregunta cómo se utilizan esa financiación en Rumania. Asimismo, pregunta qué medidas ha adoptado el Gobierno para asegurar que esos fondos se utilicen correctamente y abordar el temor de que puedan perderse recursos debido a la corrupción.
La Sra. Aidoo dice que, de conformidad con la Convención, el Gobierno tiene el deber de desplegar esfuerzos para eliminar las principales disparidades que existen en la sociedad. La oradora pregunta qué hace el Gobierno para modificar las actitudes con respecto a determinados grupos sociales. Se necesitan medidas de acción afirmativa para ayudar a cerrar la brecha entre los grupos desfavorecidos y el resto de la sociedad. La Convención es única entre los tratados de derechos humanos en la medida en que proporciona a los Estados la oportunidad de transformar sus sociedades mediante el trabajo con los niños. Sin embargo, si el Gobierno se propone aprovechar plenamente los amplios recursos que pueden estar disponibles, tendrá que llevar a cabo investigaciones adecuadas e identificar el tipo correcto de indicadores. Es importante que destine sus programas a objetivos específicos para obtener resultados que marquen la diferencia.
La Sra. Villarán de la Puente dice que, en la práctica internacional, no es sólo la ocupación de tierras ancestrales lo que define a un grupo como indígena, sino también su autoidentificación como tal. La oradora pregunta si los propios romaníes se consideran un grupo indígena.
La Presidenta pregunta si los romaníes están representados en el Parlamento. Sin embargo, entiende que su pregunta tiene difícil respuesta, ya que en el marco de la legislación de Rumania no es posible identificar a las minorías étnicas.
El Sr. Oprescu Zenda (Rumania) dice que, de conformidad con la política de acción afirmativa de Rumania, los representantes de los grupos minoritarios pueden presentarse a las elecciones. Actualmente, hay 18 grupos étnicos representados en el Parlamento. Desde 2007, año en que pasó a ser miembro de la Unión Europea, Rumania ha logrado cumplir los requisitos para recibir fondos disponibles de la Unión Europea sólo hasta un 4%; en realidad, queda mucho trabajo por hacer. El auténtico problema no es la ausencia de voluntad política o la falta de fondos, sino la falta de conocimientos técnicos y administrativos. El orador confía en que el Comité recomendará al Gobierno de Rumania que centre sus esfuerzos en mejorar las capacidades en los niveles central y local.
El orador también desea añadir, con respecto a la pregunta sobre las minorías étnicas, que todas las estrategias sociales desplegadas por el Gobierno de Rumania se han diseñado a fin de luchar contra la exclusión social y la marginación.
La Sra. Cherciu (Rumania) dice que el Ministerio de Educación ha apoyado la creación de Consejos de la Infancia en las escuelas, para ayudar a los niños a que comprendan el derecho a la representación y la participación, a que ejerzan sus derechos en la práctica, y a que mejoren su sentido del empoderamiento. En todos los niveles escolares, los estudiantes tienen derecho a organizar un consejo estudiantil, con representantes que participen en el claustro de profesores. También hay un Consejo Nacional Estudiantil, que permite a los estudiantes participar en foros de educación a fin de examinar cuestiones educativas y formular recomendaciones.
En el marco de los programas de estudios oficiales, la Convención sobre los Derechos del Niño se aborda en asignaturas obligatorias de los cursos tercero y cuarto, séptimo y octavo. El Ministerio de Educación también promueve la inclusión del tema en asignaturas optativas tales como Estudios Europeos, y su objetivo es ofrecer una educación óptima a todos los niños sin discriminación. La educación obligatoria es gratuita, y los libros de texto también lo son.
Refiriéndose al tema de la disminución en la tasa de asistencia escolar y a las tasas elevadas de abandono escolar, la oradora dice que el Ministerio ha establecido programas para ayudar a los jóvenes a completar su educación, tales como cursos a distancia y escuelas nocturnas para los estudiantes que no sobrepasen en más de dos años su nivel escolar normal. Los estudiantes que sobrepasan en cuatro o más años su nivel escolar también disponen de una iniciativa denominada Programa Segunda Oportunidad. La ubicación de los niños indocumentados se organiza entre las escuelas y las autoridades locales a fin de ayudarles a completar su educación. El Ministerio también lleva a cabo un programa para armonizar los programas educativos con las necesidades del mercado laboral en los ámbitos local y regional, a fin de facilitar la transición de la escuela al empleo.
Refiriéndose a las cuestiones planteadas con respecto a la educación en la primera infancia, la oradora dice que el Ministerio ha examinado el impacto de ésta en el desempeño escolar y el desarrollo de una cultura de aprendizaje a lo largo de la vida. Ha creado una estrategia para el período 2006-2015, con el objetivo de apoyar a los niños para que desarrollen todo su potencial cognitivo, afectivo, motivacional y social, así como de aumentar su nivel educativo. El Ministerio de Rumania está trabajando a fin de sensibilizar al Gobierno con respecto a la necesidad de establecer un programa coherente de desarrollo y un plan de estudios para la primera infancia. El plan nacional revisado de estudios preescolares contiene secciones relativas a los niños pertenecientes a minorías, sobre la base de modelos desarrollados en otros países.
Además, la oradora dice que se han desarrollado métodos alternativos para los niños que viven en zonas desfavorecidas, incluidas actividades educativas no formales y programas de escuelas de verano.
Refiriéndose a las preguntas formuladas con respecto a los niños con discapacidades, la Sra. Stanciu (Rumania) dice que la Ley Nº 272/2004 sobre la protección y promoción de los derechos del niño y la Ley Nº 448/2006 sobre la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad proporcionan protección a los niños con discapacidades. Para registrar a un niño como discapacitado, la familia debe presentarse ante un comité multidisciplinario. En consecuencia, algunos niños con discapacidades no se registran. El Gobierno conoce el problema y prevé llevar a cabo campañas informativas, en particular en las zonas rurales. La Ley Nº 448/206 sobre la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad establece obligaciones públicas y privadas a fin de adaptar los espacios para que esas personas puedan utilizarlos y facilitar el acceso a la información, por ejemplo, mediante el uso de pictogramas y del sistema Braille.
Además, la oradora dice que el transporte público es gratuito para los niños con discapacidades y las personas que les acompañan, y que quienquiera que acompañe a un niño con discapacidad durante un ingreso hospitalario disfruta de alojamiento y comidas gratuitamente.
En Rumania se admite que la percepción pública de las personas con discapacidad es un problema, por lo que el Ministerio de Trabajo, Familia e Igualdad de Oportunidades está desplegando esfuerzos a fin de modificar las actitudes de la sociedad y del propio Gobierno. Se han realizado varias campañas y programas con miras a formar personal y difundir información, con fondos procedentes de fuentes internacionales. Actualmente, Rumania se encuentra en proceso de ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, lo que pone de relieve la importancia otorgada a la situación de esas personas en el marco jurídico de Rumania.
Por último, la oradora dice que Rumania no considera que un niño con discapacidad sea un niño enfermo. Los comités multidisciplinarios que evalúan a los niños con discapacidades se rigen por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Sra. Ortiz pregunta qué medidas existen para asegurar la educación de los niños refugiados, los niños privados de libertad, los niños cuyos padres trabajan en el extranjero y los niños pertenecientes a minorías. Desea saber, en particular, si los niños romaníes reciben educación en su idioma y sobre su cultura.
La Sra. Cherciu (Rumania) dice que el problema de los padres migrantes que dejan a sus niños en el país de origen no afecta a la totalidad del país; sino que es más grave en 14 de sus 42 condados. El Ministerio de Educación alienta el desarrollo de programas diseñados para apoyar a esos niños, entre ellos algunos que ofrecen asesoramiento psicológico y educativo y enseñanza entre compañeros. Además, hay programas para el desarrollo de habilidades necesarias para la vida cotidiana, proyectos para la utilización del tiempo libre de los niños y programas extracurriculares. Los maestros de las zonas afectadas también reciben formación a fin de prepararse para abordar los problemas sociales conexos. Con el apoyo del UNICEF, el Gobierno también organiza talleres específicos para padres que están considerando la posibilidad de emigrar, en los que intercambian opiniones y reciben información sobre las necesidades de sus hijos.
Se está examinando la inclusión de una asignatura opcional en la escuela secundaria llamada “Educación para futuros padres”. Los niños con el estatuto de refugiado gozan de los mismos derechos que los ciudadanos romaníes, y se les ofrecen programas de adaptación gratuitos que incluyen asistencia psicológica, actividades culturales y cursos de aprendizaje en rumano. Se está introduciendo en el sistema educativo nacional un programa de estudios sobre los derechos humanos y los derechos de los refugiados como asignatura opcional. Las autoridades reconocen los estudios realizados por los niños refugiados antes de su llegada a Rumania, y se expiden certificados de fin de los estudios cuando es necesario.
La Sra. Zamoşteanu (Rumania) dice que la escolarización es obligatoria en los centros de reeducación, independientemente de la edad o el nivel educativo de los niños. En ciertas circunstancias, se permite que los niños asistan a la escuela secundaria fuera de esos centros, por ejemplo, en la ciudad. La orientación profesional también es obligatoria, y en los centros se presta asistencia psicológica en forma de terapia grupal e individual a fin de abordar problemas tales como el alcoholismo, el consumo de drogas y la depresión. Los trabajadores sociales realizan actividades que ayudan a los niños a aprender habilidades para la vida, a gestionar sus emociones y algunos temas relacionados con la salud. Además, los niños participan en programas artísticos y educativos, por ejemplo, en el ámbito de la escultura, la pintura y actividades similares, y se les permite acceder a instalaciones deportivas y recreativas.
La Dirección General de Penitenciarías ha creado un grupo de trabajo para que elabore una estrategia de reintegración de los niños en la sociedad, que debe completar esa labor para finales de 2009. Educadores, psicólogos y otros profesionales llevan a cabo programas específicos para preparar a los niños antes de que abandonen los centros de reeducación. El Gobierno trabaja también mano a mano con algunas ONG, por ejemplo, Generación Joven y Confraternidad Carcelaria Internacional, que trabajan para facilitar la transición de los niños tras su estancia en los centros de reeducación, por ejemplo proporcionándoles alojamiento.
El número de niños que se encuentra en establecimientos penitenciarios para adultos disminuyó en un 50% entre 2006 y 2008. En el nuevo proyecto de Código Penal y en un proyecto de Ley de educación se estipula que los niños en conflicto con la ley deben permanecer en centros de reeducación o en prisiones específicas para niños, y que no pueden permanecer en instalaciones para adultos. Los niños que ingresan en centros médicos o educativos se destinan a secciones específicas.
Tomando nota de que la edad de responsabilidad penal es de 14 años, el Sr. Zermatten pregunta qué sucede cuando un niño menor de esa edad comete un acto delictivo, quién se encarga de esos casos y qué clase de trato se puede dispensar.
La Sra. Preda (Rumania) dice que, en 2007 y 2008, unos 4000 menores fueron encarcelados en su país. La Comisión de Protección del Niño o los tribunales dictan las sentencias de prisión, y pueden establecer medidas de protección en forma de vigilancia especializada o internamiento en un centro especializado. Alrededor del 90% de los niños en cuestión cometieron robos, y la mayoría eran muchachos procedentes de zonas urbanas. En el 60% de los casos aproximadamente, no se trataba del primer delito. Nueve de cada diez veces se establecieron medidas de vigilancia especializada, bajo la supervisión de la Dirección General de Asistencia Social y Protección del Niño, que se aplicaron con el apoyo de las escuelas, la policía y psicólogos infantiles. Tales medidas se emplearon cuando el fiscal decidió no entablar un procedimiento contra el niño en cuestión, por ejemplo al considerar que su caso no justificaba la aplicación de medidas más rigurosas de protección.
En la mayoría de los casos, la policía y las escuelas no informaron a la Dirección General sobre los delitos penales cometidos por los niños. Las autoridades adoptaron una serie de medidas para mejorar esa situación, por ejemplo formando al personal de la Dirección General; estableciendo servicios especiales de centros de día o servicios residenciales para los niños en cuestión; y asegurando que los servicios sociales, la policía y las escuelas emplearan una metodología común.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) pregunta qué porcentaje de esos niños fue alojado fuera del medio familiar, con otras familias o en instituciones, y si se les excluyó de la escuela. Tomando nota de la elevada tasa de reincidencia, la oradora pregunta qué técnicas correctivas se utilizan al abordar la situación de los delincuentes jóvenes.
La Sra. Preda (Rumania) dice que, de los 4000 niños en cuestión, sólo el 10% ingresó en centros especializados. En ocasiones se construyeron instalaciones para niños en conflicto con la ley a nivel de condado. En los condados que carecían de esas instalaciones, los niños ingresaron en centros especializados y asistieron a la escuela con normalidad. La oradora desconoce si hubo problemas importantes relacionados con la exclusión.
La Sra. Ion (Rumania) dice que la asistencia jurídica es obligatoria para todos los niños acusados de delitos penales, y que se proporciona en la práctica. En los casos que afectan a menores de 16 años, si el órgano de instrucción solicita la presencia de los padres, el tribunal está obligado a permitirla. Durante la formación inicial de jueces y fiscales, los estudiantes reciben cursos semanales de dos horas sobre el derecho de familia, y también reciben formación en justicia de menores y psicología judicial. Más adelante, la formación continua facilitada a lo largo de sus carreras incluye varios seminarios y cursos sobre los mismos temas.
El Sr. Zermatten dice que, con frecuencia, los puestos de jueces de menores se consideran puestos de comienzo de carrera en la judicatura. En general, los jueces de menores son los que tienen menos prestigio y los salarios más bajos. Esto puede generar problemas, ya que pocos jueces se animan a permanecer en sus puestos. El orador pregunta si ese es el caso de Rumania.
La Sra. Ion (Rumania) dice que los jueces y los fiscales obtienen remuneraciones acordes con una escala de salarios establecida por ley. La rotación entre los jueces y fiscales que trabajan en casos de menores no es especialmente elevada.
Los niños delincuentes están sujetos a medidas privativas de libertad de dos clases: educativas y punitivas. Las medidas educativas conllevan el internamiento en un centro de reeducación o en una institución médica o educativa. Cuando un menor recibe una sentencia punitiva, la pena de reclusión equivale a la mitad de la duración aplicable a un adulto por el mismo delito. En ocasiones, los niños delincuentes también están sujetos a medidas no privativas de libertad, que pueden consistir en una advertencia, la libertad bajo vigilancia o la suspensión de la pena de reclusión.
La Sra. Pîslaru (Rumania) dice que, entre 2004 y 2007, se aplicó un programa nacional de lucha contra la explotación sexual y la trata de personas, que fue objeto de evaluación en 2008. Se enviaron cuestionarios a las 47 direcciones generales de asistencia social y protección de la infancia del país, y aproximadamente la mitad de ellas presentaron sus respuestas. Dos tercios de las que respondieron habían establecido servicios especializados para los niños víctimas de abusos, incluidos centros de asesoramiento y apoyo, servicios de rehabilitación psicosocial y centros de tránsito para niños víctimas de trata. La mitad había puesto en marcha programas de formación para niños, y la mayoría había mantenido programas de formación para los profesionales que trabajan con niños. Más de la mitad había llevado a cabo actividades para difundir información entre los niños acogidos en el marco del sistema de protección de la infancia en lo relativo a los derechos del niño y la cuestión de los abusos. Las direcciones generales también habían asesorado a los niños y habían ayudado a identificar los problemas específicos de los romaníes. Se habían establecido dos centros de recursos, especializados en las cuestiones relaciones con el abuso sexual, y se habían puesto en marcha dos líneas de atención telefónica a escala nacional. A nivel de condado, cada dirección general disponía de una línea telefónica para la notificación de casos de abuso, abandono o explotación infantiles. Casi siempre, las líneas telefónicas estaban asociadas a equipos móviles que intervenían de inmediato tras notificarse los casos.
La explotación sexual ha sido uno de los temas centrales del comité directivo nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Se han establecido equipos intersectoriales locales, a nivel de condado, a fin de luchar contra el trabajo infantil, incluida la explotación sexual. Los equipos están formados por especialistas en cuestiones laborales y educativas, policías, profesionales de la atención de salud y miembros de ONG. Se ha desarrollado un sistema para la notificación de la explotación del trabajo infantil, y se ha creado una base de datos central con información sobre niños víctimas de abuso y explotación sexuales. La policía inscribe a los pedófilos y a las personas condenadas por trata de niños con fines sexuales.
Observando que muchos niños víctimas de explotación económica o sexual proceden de Ucrania y Moldova y atraviesan el territorio de Rumania, el Sr. Zermatten dice que cabe suponer que algunos de ellos permanecen en el país o son detenidos por sus autoridades. El orador pregunta si el Gobierno tiene idea de la magnitud del problema, y qué clase de trato reciben esos niños.
La Sra. Savu (Rumania) dice que, en su país, hay 13 centros para niños víctimas de trata que proporcionan asesoramiento y asistencia psicológica. Si bien la principal función de esos centros es atender a los niños rumanos que regresan tras haber sido introducidos en otros países mediante la trata, también se utilizan para atender a niños extranjeros víctimas de trata que se encuentran en Rumania.
La Sra. Ortiz observa que Rumania cuenta con una serie de programas para prestar asistencia a los niños de la calle, muchos de los cuales son sin duda vulnerables a la trata y la explotación. La oradora pregunta si esos programas han resultado eficaces. Muchos niños de la calle no tienen acceso a la educación, los servicios de salud o a una vivienda, y carecen de documentos tales como los certificados de nacimiento. También pregunta qué efecto tiene la trata sobre ese grupo.
La Sra. Pîslaru (Rumania) dice que, a finales de 2008, se estimó que en las calles de Rumania vivían aproximadamente 900 niños, incluidos unos 120 que vivían en la calle con sus familias, 250 que lo hacía sin sus familias y alrededor de 500 que pasaban la noche con sus familias pero trabajaban en la calle durante el día. El número de niños de la calle ha disminuido de forma acusada desde principios del decenio, cuando se estimó que había alrededor de 2.500 niños de la calle, incluidos unos 1.500 sólo en Bucarest. En los últimos años, se han organizado algunos servicios para los niños de la calle, incluidos albergues especiales para la noche y el día y centros de recepción de emergencia, en particular en el marco de un acuerdo de crédito concertado con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.
La Presidenta dice que hay informes sobre niños forzados a mendigar o a trabajar en la calle, y que esos niños pueden ser multados por inspectores del Gobierno. Pregunta qué medidas se adoptan a fin de asegurar que el sistema no dé lugar a prácticas de corrupción o explotación.
La Sra. Pîslaru (Rumania) dice que, de conformidad con la ley, los niños tienen derecho a que se les proteja contra la explotación, y no se les puede forzar a participar en trabajos que comprometan o supongan una amenaza para su educación, perjudiquen su situación o redunden en detrimento de su desarrollo. Está rigurosamente prohibida toda práctica que conduzca a padres o tutores a entregar a los niños para los fines del trabajo infantil. Si las escuelas sospechan que se obliga a trabajar ilegalmente a los niños, están obligadas a notificarlo de inmediato a los servicios de asistencia social de su localidad. De hecho, las instituciones que tienen conocimiento de casos de trabajo o explotación infantiles envían informes a los equipos intersectoriales que se ocupan del trabajo infantil, y se adoptan medidas de inmediato.
La Presidenta pregunta cuántos casos de ese tipo se han notificado.
La Sra. Pîslaru (Rumania) dice que, en 2008, se notificaron 1072 casos de trabajo infantil, de los cuales se confirmaron 925.
La Sra. Anghel (Rumania) dice que, a la luz de la crisis económica, la cuestión de la lucha contra la pobreza y la exclusión social ha adquirido más importancia. El Gobierno es consciente de las necesidades de los grupos desfavorecidos, que aborda en su programa para el período 2009-2012, entre cuyos objetivos cabe mencionar la mejora de la calidad de vida de los niños que viven en regiones desfavorecidas, el aumento de las prestaciones para los niños y la observancia y vigilancia de normas de calidad en todos los servicios especiales para ellos. Esos esfuerzos se financian con cargo al presupuesto del Estado y con fondos de la Unión Europea. Numerosos programas estatales ofrecen asistencia a las familias desfavorecidas, en forma de prestaciones familiares, indemnizaciones, y subvenciones específicas destinadas, por ejemplo, a las familias monoparentales y las familias con recién nacidos. El Ministerio de Trabajo, Familia e Igualdad de Oportunidades pone en marcha la mayoría de esos programas. Se está creado una base de datos centralizada de prestaciones y beneficiarios, lo que supone un paso fundamental hacia la vigilancia de la asistencia social.
La Sra. Savu (Rumania) dice que los representantes del consejo de estudiantes están invitados a participar en las reuniones de coordinación de políticas. Se está considerando la posibilidad de permitir que los niños participen más en la formulación de políticas, en las esferas de la educación y la salud infantil en particular.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) dice que, pese a los progresos alcanzados, sigue siendo preciso prestar atención a numerosas cuestiones complejas a fin de garantizar mejor el cumplimiento de los derechos del niño en Rumania. En particular, existe una cierta preocupación en el sentido de que la estrecha vigilancia de la situación de los niños llevada a cabo con anterioridad a la adhesión a la Unión Europea se haya vuelto menos rigurosa desde entonces. Al Comité le preocupa en especial la difícil situación de los niños que viven en la pobreza y los pertenecientes a los grupos más vulnerables, incluidos los que se enfrentan la exclusión, como es el caso de los niños romaníes. La prestación de ciertos servicios tales como los de salud, educación y apoyo social sigue siendo escasa a nivel local, y es necesario impulsar las capacidades de evaluación y valoración a fin de asegurar el funcionamiento adecuado no sólo de los servicios locales, sino también de los que proporciona el Gobierno nacional. Será útil adoptar un enfoque más holístico, con una mejor coordinación por parte de las autoridades locales y nacionales.
La Sra. Suva (Rumania) asegura al Comité que el Gobierno prestará mucha atención a sus observaciones finales, y que hará todo lo posible para aplicar sus recomendaciones en interés de los derechos de los niños de su país.
Se levanta la sesión a las 17.50 horas .
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