Convención sobre losDerechos del Niño

Distr.

GENERAL

CRC/C/SR.561

28 de septiembre de 1999

ESPAÑOL

Original. INGLÉS

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

22º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 561ª SESIÓN

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,

el martes 21 de septiembre de 1999, a las 15.00 horas

Presidenta : Sra. MBOI

SUMARIO

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES ( continuación )

Informe inicial de Venezuela ( continuación )

___________________

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento , a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

GE.99-44272 (EXT)

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas .

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES (tema 4 del programa) ( continuación )

Informe inicial de Venezuela ( continuación ) [CRC/C/3/Add.54; CRC/C/3/Add.59; HR1/CORE/1/Add.3; CRC/C/Q/VEN/1 (lista de cuestiones); respuestas presentadas por escrito por el Gobierno de Venezuela a las cuestiones que figuran en la lista (documento sin signatura distribuido en la sala de reunión en español solamente)]

1. Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Venezuela vuelven a ocupar su lugar en la mesa del Comité .

2. La PRESIDENTA invita al jefe de la delegación en funciones, Sr. Michelena a que responda a las cuestiones 21 a 26 del Comité (CRC/C/Q/VEN/1).

3. El Sr. MICHELENA (Venezuela) se disculpa por la ausencia del Embajador Rodríguez Cedeño, que se ha retrasado. En respuesta a las cuestiones del Comité, dice que el Proyecto de Desarrollo Sostenible del Sur, en un informe publicado en 1994 en el que se evalúa la situación en las regiones fronterizas, y se señalaba que servicios básicos como salud, vivienda, educación y comunicaciones eran muy deficientes debido a la falta de recursos financieros y tecnológicos. También han surgido problemas en relación con la tenencia de la tierra. Aunque las zonas fronterizas representan más de la mitad del territorio nacional, problemas inherentes como la prostitución, el contrabando, el tráfico de drogas, la actividad guerrillera que tiene su origen en Colombia y la extracción ilegal se reflejan en las debilidades institucionales y en la incapacidad del Estado para ejercer el debido control. En vista de la actual tendencia a la globalización fue necesario establecer una estrategia del Estado a largo plazo bajo la coordinación del Consejo Nacional de Fronteras con la participación determinante de las fuerzas armadas.

4. Se dispone de muy poca información sobre la salud de los adolescentes, y la delegación debería basar sobre todo sus observaciones en los datos relativos al embarazo precoz. Aunque la tasa de fecundidad desciende constantemente desde hace décadas, la fecundidad de adolescentes sigue representando una considerable proporción del total. Los elevados niveles de embarazo precoz sólo sirven para exacerbar la pobreza. La mayoría de las mujeres jóvenes de la categoría con "necesidades básicas insatisfechas" iniciadas sexualmente ya han procreado. Más del 80% de las madres adolescentes que han procreado una sola vez expresan la intención de tener más hijos. Por cada 1000 casos de enfermedades de transmisión sexual, 134 ocurrieron entre jóvenes de 12 y 18 años. Las complicaciones vinculadas al embarazo y al parto constituyen la tercera causa de muerte entre los adolescentes, y la tasa de mortalidad infantil es la tercera más alta en los hijos de madres de menos de 20 años.

5. En cuanto a la educación, aproximadamente el 50% de los jóvenes con necesidades básicas satisfechas hasta los 24 años asistieron regularmente a un centro educativo. Sin embargo, el porcentaje era del 35% en la categoría de "necesidades básicas insatisfechas". Una considerable proporción de madres precoces no terminan la educación básica, y de cada 10 que han tenido hijos sólo una permanece en el sistema educativo. La fragmentación de las familias y el mayor número de familias monoparentales son problemas cada vez más graves en Venezuela. Con frecuencia, las mujeres son cabeza de familia monoparental y sus ingresos son mucho menores que los del hombre.

6. En respuesta a las cuestiones 24 a 26, resalta la función fundamental de la familia en la educación de los hijos. El Gobierno ha velado minuciosamente por ampliar las bibliotecas de aula, tanto de escuelas rurales como urbanas. Se concede prioridad a todos los niveles de la enseñanza oficial al sector rural, de fronteras e indígena. El Gobierno ha establecido también una estrategia para consolidar la educación superior, a fin de lograr mayor eficiencia, calidad, productividad y autogestión. Se ha incrementado la integración escolar a la programación regular de los alumnos con necesidades educativas especiales. Para responder a la demanda el sector del petróleo en particular, el Instituto Nacional de Cooperación para la Educación ha lanzado un programa para la formación de recursos humanos conforme a las necesidades de la industria, en cooperación con el Centro Internacional de Educación y Desarrollo. Entre las medidas del Gobierno figuran actividades para utilizar nuevas tecnologías con el fin de promover los derechos de los niños, incluidos los derechos sexuales y reproductivos.

7. La PRESIDENTA invita a los miembros del Comité a formular preguntas adicionales sobre las materias que acaban de tratarse, así como sobre los derechos civiles y las libertades y el entorno familiar y el cuidado alternativo.

8. El Sr. DOEK da las gracias a la delegación por la detallada información que ha facilitado sobre la salud, especialmente con respecto al embarazo de adolescentes. Sin embargo, habida cuenta del sombrío panorama que ha descrito, ¿qué piensa hacer el Gobierno para mejorar la situación? ¿Qué planes tiene el Gobierno para mejorar el acceso a los servicios de salud de las poblaciones rurales e indígenas? Al parecer, también hay dificultades para mantener la serie de programas de inmunización previstos.

9. En cuanto a la provisión de atención de salud de los hijos de trabajadores contribuyentes, expresa su preocupación por la suerte del 60% de los niños restantes, sobre todo en vista del desmantelamiento del Instituto Venezolano de la Seguridad Social y de la privatización del sector. Además, pregunta sobre el desequilibrio en las consignaciones presupuestarias para educación, la mitad de las cuales se han asignado a las universidades. Si se tiene en cuenta que sólo la tercera parte de los estudiantes continúan su educación después de la enseñanza elemental, la mayoría no se beneficia proporcionadamente del presupuesto de educación. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno a este respecto? Asimismo, en vista del gran número de profesores que enseñaban en instituciones que han cerrado, se pregunta si el Gobierno tiene planes para mejorar la calidad de la enseñanza, pues es importante disponer de profesores calificados en la enseñanza elemental.

10. La Sra. SARDENBERG señala que las cuestiones discutidas en el Comité se pueden tener en cuenta en el contexto de las reformas constitucionales del país, especialmente del capítulo social. Apoya al Sr. Doek en la cuestión presupuestaria, y señala que el Comité preferiría que los Estados incluyeran en sus presupuestos cuestiones sobre la protección de la infancia. El Gobierno debe prestar atención urgentemente a los casos de niños indocumentados que no pueden terminar su escolaridad.

11. La Sra. EL GUINDI , apoyada por la Sra. Ouedraogo, se interesa por la situación en que se encuentra el programa de promoción del amamantamiento. Y pregunta también qué medidas se están adoptando para mejorar los recursos jurídicos de que disponen las mujeres víctimas de violencia doméstica, y qué se está haciendo para modificar las actitudes generales con respecto a ese problema.

12. La Sra. OUEDRAOGO recuerda que 11 de las 160 maternidades del país son supuestamente "amigas del lactante", y pregunta si el Gobierno piensa mejorar ese número, en vista de la elevada incidencia de embarazos de adolescentes. En cuanto a la transformación del programa Subsidio Alimentario en programa de Subsidio Familiar, pregunta qué progresos se han realizado y qué medidas se han adoptado para garantizar que los niños se beneficien realmente del programa. En cuanto al párrafo 172 del informe del país (CRC/C/3/Add.54) y a la tendencia descendente de la cobertura de la enseñanza primaria, pregunta qué planes se han establecido para mejorar la eficiencia y hallar una solución apropiada al problema. ¿Cuál es la situación del nuevo plan de acción en política educativa y en qué medida corresponde al compromiso nacional de educación presentado por el Consejo Nacional de Educación? Por último, ¿se permite a los niños participar en las decisiones relativas a su educación, a nivel administrativo y del aula?

13. La Sra. KARP dice que tiene conocimiento de que el Ministerio de Educación ha adoptado un programa para incorporar los derechos humanos en los planes escolares, y pregunta cuánto se ha avanzado al respecto. ¿Se ha realizado alguna evaluación, o se ha distribuido algún material concreto? ¿Se ha formado al personal docente en la enseñanza de los derechos humanos, que no puede impartirse con métodos tradicionales? Se ha hablado de un programa para poner el sistema educativo en consonancia con las normas de las Naciones Unidas. ¿En qué situación se encuentra, y ha sido objeto de alguna evaluación? También desearía saber si el castigo corporal está prohibido en las escuelas y en el sistema de justicia de menores, y en caso afirmativo, qué medidas prácticas se han adoptado contra él. ¿Hay alguna iniciativa en Venezuela para combatir el castigo corporal en la familia? ¿Han tomado medidas las autoridades para estimular procedimientos alternativos; por ejemplo, mediante escuelas de padres y consultas telefónicas u otras campañas?

14. La Sra. OUEDRAOGO pregunta, en vista del elevado número de embarazos de adolescentes, si a las madres adolescentes se les facilita seguir sus estudios. Pregunta qué clase de tratamiento se reserva en el sistema educativo a los niños con discapacidades para aprender, si se han tomado medidas para reducir la disparidad entre las normas educativas en las zonas rurales y las urbanas. Según ha informado la prensa, el Gobierno cerró 134 escuelas en 1996 y en el primer semestre de 1997 por razones de seguridad o por malos resultados. ¿Se han reabierto desde entonces esas escuelas? En caso negativo, ¿qué solución se ha hallado para los alumnos que asistían a esos establecimientos?

15. La Sra. TIGERSTEDT ‑TÄHTELÄ observa que el país sufre una recesión económica, el nivel de vida ha disminuido y los sistemas de educación y salud se han deteriorado en los 10 últimos años. Pregunta en qué medida el Gobierno podría, en esas condiciones, aplicar el Programa Venezuela, que contiene algunos planes muy ambiciosos en el ámbito social. ¿Cuáles son las perspectivas de la economía? ¿Ha trabajado el Gobierno con programas de ayuda multilaterales o bilaterales para mejorar las perspectivas económicas del país?

16. El Sr. MICHELENA (Venezuela) dice que el Gobierno considera sumamente importante la cuestión del embarazo de adolescentes. Para abordar el problema, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ha elaborado, mediante la Comisión para la Prevención del Embarazo Precoz, un plan nacional quinquenal que debe comenzar en 1999. La finalidad es fortalecer las 24 comisiones regionales que trabajan para prevenir el embarazo de adolescentes y establecer, durante la reforma administrativa del ejecutivo, un marco jurídico nacional a este respecto.

17. En Venezuela coexisten tres servicios de atención de salud: un sistema privado, un sistema público gratuito, y un tercero proporcionado por la seguridad social, financiado por trabajadores y empleadores. El Gobierno está estructurando el sistema de la seguridad social y los servicios de salud, y se está considerando una propuesta para crear un solo sistema de salud. En teoría, los niños y las familias no abarcados por el sistema de seguridad social pueden recibir atención en los hospitales públicos dependientes del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que es gratuita, tanto para pacientes externos como internos. Sin embargo, esos servicios han resultado severamente afectados por reducciones presupuestarias.

18. Se está haciendo un esfuerzo especial para apoyar la enseñanza primaria; por ejemplo, mediante la construcción de nuevas escuelas como parte del plan del año 2000. En 1999 se abrieron unas 500 escuelas de enseñanza primaria. El Estado facilita el acceso a cursos universitarios para el personal docente de enseñanza primaria, secundaria y universitaria. El Gobierno ha tomado medidas para que ningún niño esté excluido del sistema escolar; por ejemplo, promulgando en 1998 un decreto que permite a los niños indocumentados acceder a los colegios públicos de segunda enseñanza. En cuanto a los programas de alimentación y asistencia a los niños por medio de sus familias y sus escuelas, el Gobierno, con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Internacional y del Banco Mundial, ha puesto en marcha programas para atenuar los efectos del ajuste estructural sobre grupos vulnerables, y en particular los niños.

19. El Sr. RODRÍGUEZ-CEDEÑO (Venezuela) dice que, a pesar de las restricciones presupuestarias, el Gobierno ha vendido bienes públicos para financiar la reparación, renovación y restauración de escuelas, muchas de las cuales estaban en mal estado. Además de las 500 escuelas abiertas en 1999 se han asignado recursos a un gran número de ambulatorios. El amamantamiento es un derecho reconocido garantizado en la legislación laboral venezolana. Venezuela ha participado activamente en la reciente labor de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la adopción de un convenio relativo a la protección de la maternidad revisado, y está tratando de incluir algunas de sus disposiciones en sus leyes y reglamentos nacionales. Además de la instrucción en materia de derechos humanos que figura en los programas de formación de oficiales del Ministerio de Defensa, los derechos humanos, incluidos los derechos del niño, se han incorporado también en programas concretos de las escuelas de segunda enseñanza. El Gobierno tratará de abarcar en futuros programas los derechos humanos, la protección de la persona, el derecho humanitario internacional y la legislación sobre refugiados.

20. Lo mismo que la mayoría de los países en desarrollo, Venezuela ha padecido los efectos negativos de la globalización, del ajuste estructural y de la deuda exterior. El Gobierno está tratando de situar a la persona en el centro del desarrollo y de todos los aspectos de la vida económica del país. La economía depende mucho de la producción de petróleo, y el reciente aumento de los precios del petróleo de 7 a casi 20 dólares de los EE.UU. ha supuesto un alivio muy bienvenido. Como todos los países en reestructuración política, la inversión extranjera ha disminuido, naturalmente, pero hay indicios de reactivación, y se espera que aumente en los próximos años.

21. Existe un consejo nacional encargado de aplicar un programa contra las drogas en las escuelas y otros establecimientos educativos, y para explicar los riesgos del uso y tráfico de drogas, y otras campañas públicas y privadas. Las escuelas explican regularmente los peligros de las drogas.

22. La inclusión de los derechos humanos en los planes de estudio escolares es en sí un paso adelante. En los planes de la escuela nacional del magisterio hay cursos sobre derechos humanos, derecho humanitario internacional y legislación sobre refugiados, aunque a nivel básico. Sería difícil, tan sólo tres años después de introducirse esos temas en los planes de estudio, que un país evaluara los resultados, y más aún un país en desarrollo como Venezuela. Que él sepa, no se ha planeado ninguna evaluación.

23. En cuanto a la sección de la lista de cuestiones (CRC/C/Q/VEN/1) sobre medidas especiales de protección, y concretamente las cuestiones 27, 28 y 30, dice que Venezuela es Parte del Protocolo de 1967 relativo al Estatuto de los Refugiados, y que el derecho de asilo está reconocido como derecho humano. Recientemente se ha creado un comité técnico interinstitucional, no sólo para examinar el problema de los refugiados y de las personas desplazadas, sino también para establecer un mecanismo jurídico que considere las solicitudes de asilo. Uno de los principales aspectos de esta labor sería sin duda la protección de grupos vulnerables, incluidos los niños, y especialmente los menores no acompañados. Venezuela no ha recibido refugiados en el sentido estrictamente jurídico, según se determina en el Protocolo de 1967.

24. Entre Venezuela y Colombia no hay zona de conflicto, sino una situación que ha afectado a la seguridad de personas que viven en las regiones fronterizas de ambos países. No hay operaciones para combatir insurrecciones ni choques militares en territorio venezolano, si bien han surgido algunos problemas de seguridad.

25. La explotación económica de los niños es un gran azote en el mundo en desarrollo, y Venezuela no constituye una excepción. Los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Familia, junto a otras instituciones, están aplicando un programa para eliminar las peores formas de trabajo infantil. Venezuela ha concertado un acuerdo al respecto con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), programa de la Organización Internacional del Trabajo financiado con contribuciones voluntarias de los Gobiernos de España, los Estados Unidos y otras fuentes. Los niños se concentran en el sector no estructurado en determinadas regiones de Venezuela. El IPEC y el Gobierno están en contacto desde 1998, y existe la posibilidad de que el Gobierno reciba fondos para apoyar programas nacionales para combatir el trabajo infantil.

26. La PRESIDENTA invita a los miembros del Comité a formular preguntas relacionadas con las medidas especiales de protección.

27. El Sr. RABAH solicita detalles sobre la erradicación del trabajo infantil, en el marco del memorando de entendimiento de 1996 firmado por la Organización Internacional del Trabajo y del Gobierno de Venezuela, así como datos estadísticos sobre la aplicación práctica del Convenio de la OIT Nº 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. También solicita datos estadísticos separados sobre delincuentes menores, centros de detención y la incidencia de su detención junto a otros delincuentes, y pregunta qué asistencia jurídica se proporciona y qué relación existe entre los centros y los padres.

28. La Sra. EL GUINDI observa que con frecuencia hay menores venezolanos detenidos en las mismas condiciones que los adultos, sin considerar su condición ni sus derechos. También desea una explicación acerca de la disposición del Código Penal según el cual no se castiga a los violadores si se casan luego con sus víctimas, lo que se contradice con todos los derechos humanos fundamentales.

29. El Sr. DOEK se refiere a la encuesta sobre los niños trabajadores realizada por el Instituto Nacional de Menor (INAM), y pregunta si el principal problema para aplicar el programa OIT/IPEC es financiero, y si se centra en los niños menores de 14 años o en otros objetivos. El Comité necesita más información sobre el estado en que se encuentra el plan en Venezuela y las medidas que se están adoptando para rectificar el nuevo convenio de la OIT Nº 182 sobre la prohibición de las peores formas del trabajo infantil.

30. Si bien los datos del INAM sobre el sistema de justicia de los menores comprende cifras concretas de los menores detenidos, pregunta el proceso que se sigue hasta que llegan los niños a los centros de detención. Por ejemplo, según la ley de protección de menores, los tribunales pueden tomar aparentemente la decisión de colocar a niños en esos centros, incluso con otros delincuentes de 18 años o más. ¿Está estipulada en esa ley tal sanción? También solicita datos concretos sobre los centros de detención, por oposición al trato dispensado en otros centros no punitivos. ¿Cómo ha funcionado el sistema? ¿Cuál es la función de los tribunales en virtud de dicha ley por lo que respecta al trato de los delincuentes menores?

31. La Sra. SARDENBERG señala lo importante que es poner el sistema de adopción de Venezuela en consonancia con todos los principios establecidos en el Convenio de La Haya sobre la protección de los niños y la cooperación en materia de adopción internacional, en vista de su ratificación. Un tema que merece un examen más profundo es el hecho de que la autoridad central responsable de la protección del menor (INAM) es también responsable de la adopción. Otro es el hecho de que los jueces puedan entregar a los niños directamente, inclusive para la adopción internacional. También recomienda que los derechos humanos se introduzcan no sólo en los planes de estudio normales de las escuelas y las universidades, sino también en las escuelas de formación de las fuerzas de seguridad, a fin de que puedan aplicar la nueva ley orgánica tan pronto como se promulgue. La mayor cooperación internacional con organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales puede ayudar a resolver ciertos problemas, como los originados por el creciente paso de colombianos a Venezuela por razones políticas, en vista de la falta de legislación nacional pertinente. Como en el párrafo 192 del informe complementario de Venezuela (CRC/C/3/Add.59), que trata de la explotación sexual, se reconoce la falta de investigaciones rigurosas sobre sus dimensiones cualitativa y cuantitativa, propone que se realice un estudio para aclarar una situación en la que persisten numerosos tabúes y en la que con excesiva frecuencia intervienen miembros de la familia.

32. La Sra. KARP hace suyas las preguntas anteriores sobre el sistema de justicia de menores y pregunta qué significa la declaración de que los menores de 18 años no son penalmente responsables. Si bien no se les puede castigar oficialmente, ¿cómo son tratados en realidad por las autoridades? Si se les detiene, se les coloca en centros, sin las debidas garantías procesales, lo que equivale al encarcelamiento. ¿Se prevé un trato distinto según el nuevo Código de Procedimiento Penal, de manera que los niños puedan gozar de los mismos derechos que los adultos en el sistema de justicia penal? Como el programa para los niños con necesidades especiales en centros del INAM han sufrido las consecuencias de las restricciones presupuestarias y de la disminución de otra asistencia, ¿qué se hace para estimular un trato adecuado a esos niños? La detención es actualmente objeto de una extensión discrecional de tres meses, sin comparecer el niño ante un juez; por lo tanto, el Comité necesita mucha más información sobre la nueva legislación que rige el sistema de justicia de menores.

33. En cuanto al trabajo infantil, si bien se felicita por la ratificación del Convenio Nº 138 de la OIT, desea saber, en vista de la disolución del departamento del Ministerio del Trabajo anteriormente responsable de la inspección, qué órgano realiza actualmente las inspecciones, si se enjuicia a los violadores y exactamente cómo se aplica el Convenio Nº 138 de la OIT. En vista de los informes sobre la existencia de trata de niños y abuso en sexual del INAM, desearía que en las respuestas que se presenten por escrito figure información sobre los procedimientos de vigilancia.

34. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Venezuela) responde a la pregunta del Sr. Doek diciendo que, si bien se dispone de fondos para aplicar el programa del IPEC, se está revisando el proceso, por lo que algunos proyectos han quedado estancados. Se está realizando progresivamente una campaña nacional para erradicar el trabajo remunerado de los niños menores de 12 años, el trabajo peligroso, y el empleo que impide la asistencia a la escuela. El programa se estableció en 1995 y se inició en 1997; intervienen en él la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Oficina del Presidente de la República (CORDIPLAN), la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y algunas asociaciones de empleadores, y abarca la salud, la educación, el trabajo, la familia y la juventud.

35. En respuesta a la pregunta de la Sra. Sardenberg sobre los refugiados que cruzan las fronteras internacionales del país, dice que Venezuela respeta sus compromisos internacionales. El Comité Ejecutivo, que preside, ha iniciado recientemente el diálogo con los Gobiernos interesados. La idea no es crear un nuevo núcleo de refugiados, sino facilitar el tránsito y proporcionar protección temporal, y fomentar la repatriación voluntaria en condiciones seguras.

36. En respuesta a la pregunta 32 de la lista de cuestiones, dice que se han concebido políticas y programas para luchar contra la explotación sexual y endurecer las sanciones. Esos programas comprenden la salud sexual y reproductiva, lo que abarca las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA, el abuso y la explotación sexuales, la orientación psicológica para padres, y la preparación para la maternidad.

37. Da las gracias a los miembros del Comité por sus preguntas, puesto que una de las tareas de los órganos creados en virtud de tratados es alentar a los países a poner sus medidas en consonancia con sus compromisos internacionales. Transmitirá sus observaciones a su Gobierno, y responderán por escrito en octubre. A la vez que reafirma la disposición de su Gobierno a cumplir la Convención, explica que el país está atravesando un proceso transición positivo pero difícil.

38. La Sra. SARDENBERG sugiere que, cuando informe al Comité sobre sus estructuras institucionales, la delegación proporcione información acerca de si en la Ley orgánica figura la administración de justicia de menores, o si Venezuela tiene otros planes para abordar el problema de condiciones insostenibles en los centros de detención. Se habla de que los niños en conflicto con la ley son con frecuencia pobres o abandonados, y es esencial que se conceda apoyo político y estratégico para proteger a los que corren peligro. Venezuela se encuentra actualmente en una situación en la que se ponen en duda muchas cosas. La Convención sobre los Derechos del Niño puede ser un instrumento útil para situar a los niños en el primer plano de las preocupaciones del país.

39. La PRESIDENTA dice que, como el mandato del Comité abarca todos los derechos de los niños, que son indivisibles, propone que la delegación presente todas sus respuestas agrupadas por escrito cuando esté en situación de hacerlo.

40. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Venezuela) se muestra de acuerdo.

41. A sugerencia de la PRESIDENTA se aplaza el debate de los comentarios preliminares y las observaciones finales sobre el informe de Venezuela.

42. La PRESIDENTA da las gracias a la delegación por sus respuestas a los miembros del Comité, cuyas cuestiones detalladas prueban la preocupación por los niños venezolanos, y transmite sus mejores deseos a la Primera Dama, que no ha podido asistir. Espera que, con el apoyo internacional, el país alcance su objetivo de sano desarrollo de los niños.

Se levanta la sesión a las 17.15 horas .