COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
47º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 1291ª SESIÓN
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,
el jueves 17 de enero de 2007, a las 10.00 horas
Presidenta: Sra. LEE
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES (continuación)
Informe inicial de Timor-Leste (continuación)
Informe inicial de Timor ‑Leste sobre la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados
Informe inicial de Timor ‑Leste sobre la aplicación del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía La presente acta podrá ser objeto de correcciones.Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.GE. 0840158 (EXT)
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES (tema 5 del programa) (continuación)
Informe inicial de Timor ‑Leste (CRC/C/TLS/1; CRC/C/TLS/1/Q/1 y Add.1; CRC/C/TLS/2007; HRI/CORE/TLS/1) (continuación)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Timor ‑Leste toman asiento como participantes a la mesa del Comité.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste) dice que la educación es una de las prioridades del Gobierno y que su política consiste en aumentar el número de escuelas en las zonas rurales. No obstante, la población rural se encuentra dispersa en comunidades pequeñas y alejadas con un reducido número de niños en las que escasean las infraestructuras y existen problemas de acceso, aunque se ha previsto establecer un sistema de carreteras dentro de cinco años para facilitar el acceso a las zonas rurales y posibilitar la construcción de más escuelas. La Iglesia Católica ha desempeñado un papel muy importante en la educación y en 2007 donó fondos para complementar la consignación presupuestaria semestral del Gobierno destinada a la educación, por valor de 600.000 dólares de los EE.UU., que la Iglesia ha administrado, con la finalidad específica de respaldar programas de educación, salud y formación profesional.
Volviendo a las preguntas formuladas por el Comité en relación con la salud, dice que durante los cinco años anteriores se han realizado avances considerables en lo que respecta a la atención médica, gracias a los ingentes esfuerzos desplegados por el Gobierno, los países donantes y las organizaciones no gubernamentales. En la actualidad, casi todas las ciudades de Timor‑Leste cuentan con centros de salud y hay un hospital nacional que se está renovando, cinco hospitales de distrito, 67 centros médicos comunitarios 182 clínicas.
El Sr. VITAL (Timor‑Leste) dice que, tras la independencia, mucha gente ha regresado a sus comunidades de origen de las zonas rurales. A pesar de que la construcción de escuelas en zonas alejadas con baja densidad de población plantea problemas en materia de acceso y de falta de infraestructuras, el Gobierno tiene la voluntad política de atender las necesidades y ello se ha puesto de manifiesto en la consignación presupuestaria anual asignada a la educación. Se ha recibido asistencia financiera adicional gracias a la cooperación bilateral y multilateral establecida con organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial.
La PRESIDENTA pide aclaraciones sobre la situación de la educación de las niñas en Timor‑Leste. En el informe inicial se señala que hay más niñas mayores de nueve años analfabetas que niños analfabetos de esa edad, lo que indica que las niñas tienen menos posibilidades de acceso a la educación.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste) dice que es cierto que las niñas todavía no disponen de las mismas oportunidades que los niños. En particular en las zonas rurales, creencias culturales que se remontan a cientos de años perpetúan la idea de que los hombres tienen más derechos que las mujeres, pero el Gobierno está resuelto a formular políticas para cambiar las actitudes de la gente en relación con la igualdad de género. A este respecto, observa que es fundamental suscitar una mayor sensibilización del público y recalca que Timor‑Leste ha contado con la ayuda y cooperación de otros agentes para intentar resolver el problema.
La Sra. AIDOO encomia los esfuerzos que se están realizando para cambiar las actitudes de la gente respecto de la educación de las niñas. En su opinión, una estrategia útil podría consistir en elaborar un programa comunitario de desarrollo del niño en la primera infancia para los niños de cinco años, gracias al cual las chicas de más edad que actualmente se ven obligadas a quedarse en casa para cuidar de sus hermanos pequeños podrían asistir a la escuela. De ese modo, también se podría paliar la falta de servicios educativos para los niños de corta edad en Timor-Leste a la que se ha hecho referencia anteriormente.
La PRESIDENTA dice que las investigaciones han mostrado que la educación es vital para superar la pobreza y que la educación de las niñas es fundamental a ese respecto. Pregunta a la delegación qué planes concretos ha previsto Timor‑Leste para mejorar la educación y si se alcanzarán los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo concerniente a las tasas de alfabetización.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste) dice que la primera prioridad del Gobierno es hacer obligatoria la escolaridad y, a modo de incentivo y muestra de buena voluntad, está ofreciendo ayuda concreta en forma de becas, manuales, zapatos, uniformes y comidas escolares calientes. Además, ha organizado un programa de alfabetización y aritmética elemental en beneficio de unos 2.000 adultos, que ha obtenido buenos resultados.
El Sr. FILALI desea conocer la calidad de la educación que se imparte en Timor‑Leste y solicita información sobre el tamaño de las clases, los métodos pedagógicos y los procedimientos de contratación de docentes. Pregunta si existe una escala de sueldos adecuada para lograr una elevada tasa de permanencia de los docentes. Pregunta asimismo si se imprimen manuales escolares en Timor‑Leste.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste) responde que la proporción es de 35 a 40 alumnos por maestro y que, si bien actualmente no se está contratando a nuevos docentes, el Gobierno reconoce que es necesario formar a un mayor número de ellos. Por consiguiente, todos los docentes actuales participan en un programa de formación en el empleo por las tardes y recientemente la primera promoción de 80 profesores ha finalizado dicho programa. En cuanto al material didáctico, el Gobierno ha recibido una cuantiosa ayuda financiera de Portugal y el Brasil y ha asignado fondos presupuestarios a la impresión de libros de texto y otros materiales didácticos.
El Sr. LICÍNIO BRANCO (Timor‑Leste), respondiendo a las preguntas restantes relacionadas con la salud, dice que, además de poner en marcha el nuevo programa de atención de salud basado en la comunidad, el Gobierno está promoviendo la salud de la familia a través de los medios de comunicación, con la ayuda de voluntarios de la comunidad. Entre los servicios prestados figuran la vacunación, la planificación familiar, y la atención de salud prenatal, materna e infantil. A raíz de ello, se está ampliando el alcance de la vacunación y aumentando la sensibilización a las cuestiones sanitarias. Además, con la ayuda de organizaciones no gubernamentales, las mujeres han creado grupos de autoapoyo en las comunidades para ocuparse de la salud maternoinfantil. También se está promoviendo la lactancia materna y la policía comunitaria nacional está colaborando con el UNICEF a fin de dar a conocer mejor a los escolares los temas del uso indebido de alcohol y drogas y la pornografía.
El Sr. CITARELLA dice que los Estados que han ratificado el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía tienen la obligación de introducir en la legislación nacional los delitos mencionados en dicho Protocolo. Observa que Timor‑Leste no ha tomado medida alguna para introducir esos delitos en el Código Penal desde que ratificó el Protocolo Facultativo, lo que significa que el mismo no se está aplicando en el país.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste) dice que el Gobierno tendrá en cuenta sus observaciones y tratará de mejorar la legislación o de aprobar las leyes nacionales necesarias para garantizar que el Protocolo Facultativo se aplique cabalmente. No obstante, pide nuevamente a los miembros del Comité que sean comprensivos, dada la situación de Timor‑Leste. El Gobierno está deseoso de colaborar estrechamente con el Comité para asegurar que se conceda la prioridad a la redacción y aprobación de las leyes más importantes lo antes posible.
La Sra. SMITH dice que, si bien el Comité es consciente de los problemas de Timor‑Leste, el país está obligado a introducir esa legislación porque ha ratificado la Convención y sus Protocolos Facultativos. Pide que se presente un plan en el que se indique el orden en el que Timor-Leste piensa introducir los diferentes instrumentos legislativos necesarios para cumplir los requisitos de la Convención y sus Protocolos Facultativos.
El Sr. KOTRANE se suma plenamente a las observaciones formuladas por la oradora que le ha precedido. Encomia las medidas preparatorias sumamente positivas adoptadas por Timor‑Leste, pero dice que hasta la fecha el país ha emprendido muy pocas iniciativas para aplicar realmente la Convención y sus Protocolos Facultativos y que el Comité todavía no ha recibido un informe adecuado sobre las disposiciones que se han tomado para su puesta en práctica.
Informe inicial de Timor ‑Leste sobre la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (CRC/C/OPAC/TLS/1; CRC/C/OPAC/TLS/1/Q/1)
El Sr. HORNAI (Timor‑Leste) dice que en el momento en que se ratificó el Protocolo Facultativo, una ley nacional de Timor‑Leste ya prohibía que los niños de 17 años participaran en conflictos armados. El Gobierno ha desplegado ingentes esfuerzos para difundir información sobre las disposiciones del Protocolo en el ámbito nacional y en los distritos y subrayar la importancia de respetar los principios que en él se enuncian. Con ese fin, se ha difundido información en los idiomas oficiales de Timor‑Leste, el portugués y el tetum, y en los idiomas de trabajo, el inglés y el indonesio, a través de los medios de comunicación electrónicos e impresos y las cadenas de televisión y radio nacionales y locales. A pesar de la voluntad política de Timor-Leste, las circunstancias reinantes y, en particular, la grave crisis militar de 2006, le han impedido aplicar cabalmente las disposiciones del Protocolo. No obstante, en 2001 se aprobó una ley que prohíbe la posesión de armas a toda persona ajena a la policía nacional o a las fuerzas armadas.
Tras la crisis militar de 2006, se ha redactado un proyecto de ley sobre artes marciales y existen normas para aplicar las disposiciones del Protocolo en lo que respecta a la protección de los derechos de las víctimas y los autores de delitos. De conformidad con la legislación, la Fiscalía General representa al Estado en los procesos judiciales para proteger los derechos de las víctimas, mientras que la Oficina del Provedor (Ombudsman), un órgano independiente creado en virtud de la Constitución, se encarga en general de representar los intereses de los ciudadanos y de luchar contra el abuso de poder. Además, varias organizaciones no gubernamentales actúan con dinamismo para defender a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. La prostitución se tipifica como delito penal en el Código Penal. El Gobierno, que está en el poder desde hace sólo seis meses, no ha escatimado esfuerzos para mejorar la legislación del país y ha elaborado unos 33 proyectos de ley, con inclusión de una ley de adopción, que se han sometido al Consejo de Ministros y al Parlamento Nacional.
El Sr. CITARELLA, observando que durante los últimos años Timor‑Leste ha sido escenario de conflictos nacionales e internacionales, pregunta si el Gobierno dispone de un plan concreto para la recuperación y rehabilitación de los niños que se han visto envueltos en esos conflictos.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste) dice que los niños han dejado de participar en conflictos armados en Timor‑Leste, aunque muchos de ellos están implicados en actividades delictivas sin armas, como el lanzamiento de piedras y los incendios premeditados. El Gobierno ha preparado un proyecto de ley sobre la justicia de niños para resolver esos problemas. Varias organizaciones no gubernamentales locales e internacionales ayudan al Gobierno a prestar asistencia a los niños víctimas de explotación o agresión sexual, incesto y violación. El Gobierno ha elaborado igualmente un proyecto de ley que rige las artes marciales y las asociaciones deportivas, el cual ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y está siendo examinado actualmente por el Parlamento.
La Sra. AL ‑THANI dice que, según el informe, algunos niños de zonas rurales se ven privados de oportunidades de educación y empleo. Pregunta quién les priva de esas oportunidades y qué se está haciendo para cambiar la situación.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste), refiriéndose a la denegación de servicios a los niños soldados desmovilizados, dice que en el informe se describe la situación imperante en 2004. Lamentablemente, el Gobierno no tiene una imagen clara de la situación actual.
El Sr. ZERMATTEN (Relator para el país) pregunta si las asociaciones de artes marciales son grupos armados informales, en cuyo caso se incluirían en el ámbito del Protocolo Facultativo, o pandillas que participan en actividades delictivas, que entonces se regirían por la futura ley de delincuencia juvenil. Pregunta si se trata simplemente de clubes deportivos que han realizado ocasionalmente actividades violentas o ilegales. Es importante que el Comité entienda la manera en que el Gobierno considera a esos grupos.
La Sra. AL ‑THANI, observando que, al parecer, grupos de artes marciales se han visto implicados en la explotación de niños, pregunta si el nuevo proyecto de ley los prohibiría en su totalidad o simplemente regularía sus actividades.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste) dice que en realidad los grupos de artes marciales son asociaciones deportivas y culturales informales. Durante el período reciente de inestabilidad política, varias facciones los han manipulado y se les ha incitado a cometer actos ilegales. Esos grupos no están armados y los niños que forman parte de ellos suelen identificarse con sus dirigentes, que actualmente no tienen ninguna condición oficial. El Gobierno ha decidido aprobar una ley sobre las asociaciones de artes marciales con miras a brindar un marco para el ejercicio de su derecho de asociación y a procurar que los grupos y sus dirigentes respondan en mayor medida de los actos de sus miembros. El proyecto de ley será de carácter reglamentario y no tendrá por objeto prohibir totalmente los grupos.
El Sr. FILALIpregunta si la nueva ley prohibirá la utilización y posesión de armas y municiones o se limitará a regular las actividades corrientes de las asociaciones.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste) responde que el proyecto de ley en cuestión regula únicamente las actividades de los grupos de artes marciales. Una norma vigente prohíbe la posesión y utilización de armas y municiones. Hace poco tiempo el Gobierno ha presentado una propuesta para sustituir esa norma por una ley del Parlamento.
Informe inicial de Timor ‑Leste sobre la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (CRC/C/OPSC/TLS/1)
El Sr. LICÍNIO BRANCO (Timor-Leste) dice que actualmente el Gobierno carece de información sobre la venta de niños, aunque colaborará estrechamente con los servicios sociales en relación con el tema. Durante casi cinco años ha existido un grupo de trabajo sobre la trata, pero su fundación oficial se ha atrasado debido a los acontecimientos políticos recientes. No obstante, se han tomado varias medidas para combatir la trata de niños. El Gobierno ha actualizado el Código Penal para ponerlo en conformidad con los tratados internacionales, y los organismos gubernamentales celebran conversaciones con organizaciones internacionales, como la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con miras a aprobar instrumentos más eficaces. Se ha impartido formación a la policía, al servicio de inmigración y a las fuerzas armadas y el Gobierno ha organizado campañas de sensibilización para luchar contra la trata, entre otras cosas, con miras a prevenir las prácticas corruptas.
La Sra. AIDOO dice que las respuestas de la delegación ponen de relieve los problemas que encuentra el Comité debido a la ausencia de datos y estadísticas. Insta al Gobierno de Timor‑Leste a contemplar la posibilidad de realizar una serie de estudios y encuestas para reunir información sobre la venta de niños, la trata de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. A pesar de que el informe no contiene información sobre los lugares en que se producen los problemas, los grupos implicados o el número de personas afectadas, es preciso disponer de esos datos si se el Gobierno quiere elaborar estrategias. La Dirección Nacional de Estadística debería participar directamente en esa tarea, al igual que la Secretaría de Estado de Trabajo y Solidaridad. Cabe esperar que el acopio de esa información también sea una de las prioridades de la Comisión Nacional de los Derechos del Niño tras su creación en junio.
El Sr. CITARELLA dice que el Comité tampoco dispone de información sobre las consecuencias legales de los delitos previstos en el Protocolo Facultativo, por ejemplo, la venta de un niño por sus padres a un extranjero o la adopción ilegal de un niño por un extranjero.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste) dice que hasta la fecha no se han producido casos de venta de niños por sus padres a extranjeros, lo que no significa que en el derecho penal no existan disposiciones que proscriban esas prácticas, y que ese asunto se examinará con más detenimiento cuando Timor-Leste redacte el nuevo Código Penal, a fin de fortalecer las normas que prohíben y penalizan la venta de niños. Señala que, tres semanas antes, los Ministerios de Justicia, Relaciones Exteriores y Administración Interna decidieron vigilar las fronteras para proteger a los niños que podrían ser víctimas de la trata.
La PRESIDENTA pregunta a la delegación qué disposiciones se están tomando para combatir la explotación sexual de los niños y la prostitución infantil.
El Sr. HORNAI (Timor‑Leste) declara que los fiscales están haciendo todo lo posible por combatir la prostitución y la creación de redes de prostitución. En colaboración con la policía, toman medidas para controlar el funcionamiento de los prostíbulos e investigar sobre las personas y organizaciones implicadas en el proxenetismo. El Código Penal de Indonesia tiene varias lagunas al respecto; por ejemplo, dispone que las personas son responsables si emplean a niños de 17 años con fines de prostitución infantil, pero ello significa que la utilización de niños de 17 a 18 años de edad a esos efectos no es punible. Los jueces, fiscales y abogados han recibido formación en esas cuestiones con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El nuevo proyecto de Código Penal, que se ha sometido al Consejo de Ministros, regula la explotación de las personas implicadas en la prostitución. Todavía no se han definido los distintos delitos que pertenecen a la categoría general de la prostitución, pero se han llevado a cabo estudios y los tribunales pueden pronunciarse sobre todos los delitos conexos.
La Sra. LOBATO (Timor-Leste) recuerda que existe una estrecha relación entre la prostitución y la pobreza. El Código Penal contiene disposiciones que tipifican como delito la prostitución y el proxenetismo. A modo de ejemplo reciente, cabe citar el caso de un extranjero que se encuentra actualmente en prisión preventiva por participar en una red de prostitución. En el nuevo Código Penal se incluirán disposiciones más específicas para castigar esos actos.
La PRESIDENTA dice que lo que preocupa al Comité no es tanto la penalización de la prostitución o su organización, sino la criminalización de la explotación de niños para servicios sexuales.
La Sra. AIDOO señala que, al firmar el Protocolo Facultativo, Timor‑Leste se comprometió a ajustarse a sus disposiciones, que exigen a los Estados que promulguen normas para evitar la explotación de los niños con fines de prostitución. Desea saber si las autoridades prestan asistencia psicológica, social o de otro tipo a los niños que han sido víctimas de la trata o la prostitución. También sería útil conocer las medidas legales que existen para proteger a los niños víctimas que fueron llamados a declarar en sus propios procesos.
La Sra. SMITH recuerda a la delegación que, para ajustarse al Protocolo Facultativo, la legislación de Timor‑Leste que prohíbe la prostitución infantil debe aplicarse a los niños hasta la edad de18 años. El Protocolo Facultativo no se refiere a la prohibición de la prostitución, sino a la explotación de los niños.
La Sra. KHATTAB (Relatora suplente para el país) es consciente de que la mitigación de la pobreza es un proceso que tarda en obtener resultados, pero un país no puede esperar a realizar avances en la lucha contra la pobreza antes de tomar medidas para proteger los derechos del niño. Existe un conjunto básico mínimo que los países podrían empezar a aplicar inmediatamente. La solución para combatir la prostitución radica en la educación. La máxima prioridad de los países pobres deben consistir en garantizar que los niños vulnerables tengan acceso a una educación gratuita de calidad y no abandonen la escuela. Es importante que las familias y los niños pobres sean conscientes de las ventajas de la educación para que no recurran a la prostitución. Las sanciones penales no bastan para luchar contra la prostitución.
La Sra. ORTIZ desea obtener información sobre las redes de protección infantil que, según ha indicado la delegación, existen en varios distritos. Pregunta quién participa en esas redes, qué iniciativas se han llevado a cabo, qué formación se ha impartido y cómo se enseña a los niños a defenderse de la explotación, la venta, la prostitución y la pornografía.
El Sr. POLLAR señala que en su país, Uganda, se ha tendido a despenalizar la prostitución y a conceder especial importancia a la sanción de la explotación sexual de los niños.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste) dice que la Secretaría de Estado de Trabajo y Solidaridad se encarga de estudiar esos asuntos. Varias organizaciones no gubernamentales que actúan en ese ámbito reciben ayuda financiera del Gobierno. La Secretaría de Estado de Trabajo y Solidaridad presta asistencia a las víctimas en la medida de lo posible. Siete defensores públicos proporcionan asistencia jurídica a las personas que no se pueden permitir pagar a un abogado y se está impartiendo formación a otros tres de ellos. Un departamento de la policía también está recibiendo formación para aprender a tratar esos asuntos.
Habida cuenta del elevado número de leyes pendientes de aprobación, el Gobierno ha decidido ratificar una serie de convenciones y protocolos lo antes posible. Timor‑Leste se enfrenta al problema de la falta de recursos y ha solicitado asistencia técnica para elaborar la legislación y los mecanismos necesarios para incorporar el Protocolo Facultativo en su ordenamiento jurídico nacional. A este respecto, su Gobierno espera seguir recibiendo el apoyo del UNICEF y el PNUD, así como de proyectos de desarrollo bilaterales.
La Sra. AIDOO señala que el Gobierno debería tratar de fijar prioridades en la tramitación de las muchas leyes que debe aprobar, algunas de las cuales están relacionadas. Por ejemplo, Timor‑Leste no ha ratificado los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y Nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, que tienen gran afinidad con el Protocolo Facultativo.
El Sr. KOLTRANE dice que, desde el punto de vista metodológico, habría sido preferible que el Gobierno hubiera aplicado primero medidas y mecanismos recurriendo a la cooperación con organizaciones internacionales y a las opiniones de juristas y otros expertos antes de examinar los resultados con el Comité porque entonces éste habría podido evaluar los avances realizados y hacer propuestas sobre medidas futuras.
La Sra. ORTIZ pregunta si Timor‑Leste podría contemplar la posibilidad de elaborar una iniciativa nacional para aplicar la Convención y los dos Protocolos Facultativos.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste) expresa su agradecimiento a los miembros del Comité por sus observaciones y sugerencias sobre las maneras de mejorar la protección de los derechos del niño en la legislación del país. Trasmitirá esas sugerencias a su Gobierno y no cabe duda de que muchas de ellas se integrarán en el plan nacional de desarrollo.
Se suspende la sesión a las 12.00 horas y se reanuda a las 12.15 horas.
La Sra. LOBATO (Timor‑Leste) dice que su delegación tendrá en cuenta las valiosas sugerencias formuladas por los miembros del Comité. Timor‑Leste se enfrenta a muchos problemas en lo que respecta a la construcción de infraestructuras e instituciones, la promulgación de legislación y la prestación de asistencia social a la población joven necesitada de ayuda. El país seguirá dependiendo de la asistencia técnica y especializada de las Naciones Unidas para alcanzar sus objetivos, en particular cuando se trate de redactar nueva legislación. El futuro de Timor‑Leste radica en sus niños y el país se esforzará por construir un futuro mejor para ellos.
La Sra. KHATTAB (Relatora suplente para el país) da las gracias a la delegación de Timor‑Leste por el diálogo constructivo que mantiene con el Comité, el cual es plenamente consciente de las limitaciones del país. Manifiesta la esperanza de que el país intensifique sus esfuerzos para hacer realidad los derechos del niño consagrados en la Convención.
En las observaciones finales del Comité se recalcará que, a pesar de sus exiguos recursos, el Gobierno está obligado a establecer inmediatamente un conjunto básico mínimo de medidas de aplicación. Esas medidas deberán ser multisectoriales porque, debido a su índole, los problemas relacionados con la infancia no se pueden abordar eficazmente de modo aislado. En general, Timor‑Leste debería valerse de los recursos de las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo.
En las observaciones finales del Comité se aclarará que el Gobierno tomará medidas. Deberá establecer con carácter urgente un marco jurídico que se ajuste a la Convención, con independencia de que opte por elaborar un código de la infancia específico. El Gobierno debería velar por que la Comisión Nacional de los Derechos del Niño tenga un mandato adecuado y recursos suficientes. Debería redactar un plan de acción nacional para garantizar los derechos del niño, basado en el documento final titulado “Un mundo apropiado para los niños”, que fue aprobado por la Asamblea General en el período extraordinario de sesiones sobre la infancia celebrado en mayo de 2002, y en la Declaración de la reunión plenaria conmemorativa de alto nivel dedicada al seguimiento de los resultados del período extraordinario de sesiones sobre la infancia.
El Gobierno de Timor‑Leste debería empezar a crear un sistema de reunión de datos. Los datos se deberían desglosar de modo que permitan concentrarse en los derechos de los niños marginados y eliminar todas las formas de discriminación. Conviene dar visibilidad a la infancia en el presupuesto estatal, mediante el seguimiento del presupuesto basado en los derechos, y en los programas de asistencia internacional. La sociedad civil debería intervenir no sólo en la puesta en práctica de los derechos del niño, sino también en la planificación y la formulación de las políticas. Además, el Gobierno debería actuar inmediatamente para hacer frente al problema del registro de nacimientos, a fin de lograr que se inscriba gratuitamente a todos los niños al nacer.
El Gobierno debería ayudar a las familias vulnerables instaurando la obligatoriedad de la enseñanza y velando por que no existan costos ocultos o trabas que impidan a las familias pobres enviar a sus hijos a la escuela. En relación con la salud, convendría prestar especial atención a las tasas de mortalidad infantil, de mortalidad de los minores niños de cinco años y de mortalidad materna y a las muertes por enfermedades prevenibles. Es prioritario conceder una protección especial a los niños de la calle, los niños desplazados y aquellos que son víctimas de los delitos definidos en los dos Protocolos Facultativos de la Convención.
La oradora felicita a la delegación de Timor‑Leste por asegurar que la Convención se traducirá a otros idiomas. También convendría traducir las observaciones finales del Comité y distribuirlas a los responsables de la adopción de decisiones en el seno del Gobierno para que sean conscientes de las ventajas que reporta la inversión en la infancia desde el punto de vista económico y de los derechos humanos. Si se logra la democracia y la paz, se contribuiría a fortalecer los derechos del niño.
La PRESIDENTA, refiriéndose al Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, manifiesta su agradecimiento a la delegación de Timor‑Leste por la presentación temprana de su informe sobre el Protocolo Facultativo. El Gobierno debería tomar disposiciones para penalizar el reclutamiento, voluntario o de otro tipo, de los niños de 18 años en las fuerzas militares y se deberían exigir las partidas de nacimiento como prueba de la edad. Timor‑Leste debería crear un mecanismo para asegurar que los niños soldados y los niños afectados por el conflicto durante los años que precedieron a la independencia tengan acceso a asesoramiento y servicios para facilitar su reinserción en la sociedad. Convendría difundir el Protocolo Facultativo a todos los padres y departamentos y ministerios competentes. Asimismo, las observaciones finales del Comité se deberían divulgar y difundir ampliamente entre los adultos y los niños.
La Sra. AIDOO observa que la delegación ha manifestado la voluntad política del Gobierno de hacer todo lo posible por la infancia y ha reconocido las preocupaciones del Comité acerca de la necesidad apremiante de poner en práctica los derechos del niño. A pesar de las numerosas dificultades con que se enfrenta, Timor‑Leste tiene la oportunidad de sentar bases sólidas para cumplir las obligaciones legales que le incumben en virtud del Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
La ausencia de datos y estadísticas en Timor‑Leste constituye un motivo de preocupación para el Comité. El Gobierno debería colaborar con la Dirección Nacional de Estadística y la Comisión Nacional de los Derechos del Niño para crear una base de datos lo antes posible, ya que el Gobierno necesita información y estadísticas para formular políticas, estrategias y programas destinados a proteger a los niños y a impedir que se cometan delitos contra ellos.
Por lo que se refiere a la legislación, en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo, los Estados Partes deben velar por que los delitos contra los niños queden íntegramente comprendidos en su legislación penal. En las recomendaciones del Comité se deberían indicar claramente los procedimientos que han de utilizarse para proteger a los niños que hayan sido víctimas de los delitos definidos en el Protocolo Facultativo. Se precisa un programa muy específico para dar a conocer el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía en todos los niveles del Gobierno y entre los profesionales que trabajan con niños. Se debería informar a los padres de las consecuencias que entraña la venta de los hijos o su prostitución y, lo que es más importante, los niños han de conocer sus derechos. Convendría que el Gobierno prestara apoyo psicológico y físico a los niños que hayan sido víctimas de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo y velara por su inserción social en los casos en que sean estigmatizados debido a su intervención en la prostitución o la trata.
Timor‑Leste debería tomar medidas para aprobar el plan nacional de acción sobre la trata de seres humanos. También debería ratificar los Convenios de la OIT Nº 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo, y Nº 182, sobre las peores formas de trabajo infantil, y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños de las Naciones Unidas.
Habida cuenta de que en el Protocolo Facultativo se tratan asuntos que conciernen principalmente a las comunidades o las familias, el Gobierno debería colaborar en mayor medida con las organizaciones no gubernamentales, que suelen tener una influencia considerable en esas esferas. Dado que una gran parte de la población de Timor‑Leste es menor de 18 años, es vital asegurar que se protejan los derechos del menor y que los niños no resulten muertos o heridos como consecuencia de los delitos previstos en el Protocolo Facultativo.
La PRESIDENTA expresa la esperanza de que el diálogo mantenido con el Comité haya sido fructífero para la delegación y de que las observaciones ayuden al Gobierno a sentar las bases de la legislación, las políticas y los programas. Dice que el caso de Timor-Leste ha demostrado que los momentos de crisis ofrecen nuevas posibilidades y confía en que tenga todas las oportunidades de ser un país apropiado para los niños.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.