Convención contrala Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr.GENERAL

CAT/C/52/Add.1

21 de septiembre de 2000

Original: ESPAÑOL

COMITÉ CONTRA LA TORTURA

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTESDE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 2000

Adición

BOLIVIA

[16 de mayo de 2000]

ÍNDICE

Párrafos Página

I.INFORMACIÓN GENERAL1-334

A.El marco jurídico general en el que se adoptan las medidas para prohibir y eliminar la tortura2-144

B.Instrumentos internacionales15-216

C.Las autoridades judiciales, administrativas o de otra índole que tienen jurisdicción en las cuestiones de que trata la Convención22-299

GE.00-44579 (S)

ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

I.(continuación)

D.La situación actual en lo que respecta a la aplicación práctica de la Convención30-3310

II.INFORMACIÓN RELATIVA A CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS DE LA PARTE I DE LA CONVENCIÓN34-12411

A.Artículos 2 a 1634-8811

Artículo 234-3611

Artículo 33711

Artículo 438-3911

Artículo 54012

Artículo 641-4312

Artículo 744-4913

Artículo 850-5114

Artículo 952-5614

Artículo 1057-5915

Artículo 1160-6815

Artículo 1269-7016

Artículo 1371-7616

Artículo 1477-8517

Artículo 1586-8718

Artículo 168818

B.Las medidas de carácter legislativo, judicial, administrativo o de otra índole que estén en vigor y que sirvan para aplicar las disposiciones señaladas89-12019

C.Factores o dificultades que afecten la aplicación práctica de esas disposiciones121-12329

ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

II.(continuación)

D.Situaciones y casos concretos en que se hayan impuesto las medidas destinadas a aplicar las disposiciones señaladas, incluido todo dato estadístico pertinente12429

Anexos*

Informe de actividades de la Honorable Cámara de Diputados

Comisión de Derechos Humanos, legislatura 1998-1999

Código Penal

Ley de fianza juratoria contra la retardación de justicia penal

Código de Procedimiento Penal (1999)

Ley de indulto para menores y ancianos presos

Programa de la Defensa Pública

Ley del Defensor del Pueblo

Ley de organización del poder ejecutivo

Reglamento a la Ley de organización del poder ejecutivo

Norma complementaria al Decreto supremo Nº 24855 de 22 de septiembre de 1997

Casos atendidos por la defensa pública (1999)

Cuadro estadístico de casos atendido por la Policía Técnica Judicial (1998)

Cuadro estadístico de casos atendido por la Policía Técnica Judicial (1999)

Informe del Defensor del Pueblo (1998-1999)

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.La República de Bolivia se encuentra geográficamente ubicada en el continente americano, América del Sur; limita al norte y al este con la República Federativa del Brasil, al sudeste con la República del Paraguay, al sur con la República Argentina, al sudoeste con la República de Chile y al oeste con la República del Perú; la capital es la ciudad de La Paz; aproximadamente tiene siete millones de habitantes; tiene Gobierno constitucional.

A. El marco jurídico general en el que se adoptan las medidas para prohibir y eliminar la tortura

1.Constitución Política del Estado de Bolivia

2.Bolivia, a partir de la Ley Nº 1473 de 1º de abril de 1993 (Ley de necesidad de reforma de la Constitución Política del Estado) expresó la voluntad política de reforzar las instituciones de nuestro Estado de derecho y sistema democrático, por ejemplo, con la creación del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, a través de un largo procedimiento constitucional que la propia Carta Fundamental determina en sus preceptos 230 y 231. El proceso de reformación constitucional prosigue con la dictación del Congreso Nacional de la Ley Nº 1585 de 12 de agosto de 1994 (Ley de reforma de la Constitución Política del Estado); por intermedio de ésta se consolida la reforma con la Ley Nº 1615 de 6 de febrero de 1995 (Ley de adecuaciones y concordancias de la Constitución Política del Estado); a partir de ésta entra en vigor la Constitución.

3.En la Carta Fundamental identificamos puntos claves al tema de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, esbozado de la manera siguiente.

4.El artículo 12 de la Constitución dice así:

"Queda prohibida toda especie de torturas, coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las sanciones a que se harán pasibles quienes las aplicaren, ordenaren, instigaren o consintieren."

5.El párrafo primero del artículo 17 dispone:

"No existe la pena de infamia, ni la muerte civil. En los casos de asesinato, parricidio y traición a la patria, se aplicará la pena de 30 años de presidio, sin derecho a indulto."

6.El citado artículo es concordante con el artículo 34 del mismo cuerpo constitucional, que dice así: "Los que vulneran derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria".

7.Y por otra parte, el numeral I del artículo 127 dice sobre el Defensor del Pueblo: "Asimismo, vela por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos".

2.Código de Procedimiento Penal

8.El Código de Procedimiento Penal fue promulgado mediante Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999 y publicado el 31 de mayo del mismo año. Actualmente se encuentra la disposición adjetiva en vacatio legis; entrará en plena vigencia el 31 de mayo de 2001. En este texto normativo encontramos relacionado a la temática lo siguiente.

9.El artículo 13 (Legalidad de la prueba) dice así:

"Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código.

No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito."

10.Y también cabe citar el artículo 93 (Métodos prohibidos para la declaración):

"En ningún caso se exigirá juramento al imputado, ni será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o instigarlo a declarar contra su voluntad; ni se le harán cargos tendientes a obtener su confesión.

La declaración del imputado sin la presencia del fiscal y su abogado defensor que contenga una confesión del delito será nula y no podrá ser utilizada en el proceso, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de quienes la reciban o utilicen.

Si por la duración del acto se notan signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan.

En todos los casos la declaración del imputado se llevará a cabo en un lugar adecuado."

11.Por otro lado, en el artículo 296 (Aprehensión) se dice que en los casos que el Código de Procedimiento Penal autoriza a aprehender a los imputados, los miembros de la policía deberán cumplir con los siguientes principios básicos de actuación. El punto 3 prohíbe infligir, instigar o tolerar ningún acto de vejación, tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la aprehensión como durante el tiempo de la detención.

12.Y el artículo 299 dispone respecto al control que ejerce el ministerio público sobre los detenidos, que una vez que el fiscal se haya constituido en las dependencias policiales controlará las condiciones físicas del imputado y el respeto estricto de todos sus derechos y otros.

3.Código Penal

13.El Código Penal fue aprobado mediante Decreto-ley Nº 10426 de 23 de agosto de 1972, elevado a rango de ley y modificado por Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997 y modificado también por Ley Nº 2033 de 29 de octubre de 1999, publicada el 2 de diciembre de 1999.

14.Entre los artículos más relevantes se tienen:

"Artículo 295 (Vejaciones y torturas). Será sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años el funcionario que vejare o permitiere vejar a un detenido.

La pena será de privación de libertad de dos a cuatro años, si le infligiere cualquier especie de tormentos o torturas.

Si éstas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de dos a seis años; y si causaren la muerte, se aplicará la pena de presidio de diez años.

Artículo 308 (Violación). Quien empleando violencia física o intimidación tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo, penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, incurrirá en privación de libertad de 5 a 15 años.

El que bajo las mismas circunstancias del párrafo anterior, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia de la víctima, o que estuviere incapacitada por cualquier otra causa para resistir, incurrirá en privación de libertad de 15 a 20 años.

Artículo 308 bis (Violación de niño, niña o adolescente). Quien tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo menor de 14 años, penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, será sancionado con privación de libertad de 15 a 20 años, sin derecho a indulto, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento.

Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de 3 años, entre ambos, y no se haya producido violencia ni intimidación.

Artículo 321 bis (Tráfico de personas). Quien induzca, promueva o favorezca la entrada o salida del país o traslado dentro del mismo de personas para que ejerzan la prostitución, mediante engaño, violencia, amenaza o las reduzca a estado de inconsciencia para este fin, será sancionado con privación de libertad de cuatro a ocho años. En caso de ser menores de 18 años, la pena será de 5 a 10 años de privación de libertad.

Cuando la víctima fuera menor de 14 años la pena será de 6 a 12 años de reclusión, pese a no mediar las circunstancias previstas en el párrafo anterior."

B. Instrumentos internacionales

15.El Estado boliviano es respetuoso de los compromisos asumidos internacionalmente con relación a los derechos humanos tanto en el ámbito universal o regional. Tanto la Declaración Universal como la Americana son vinculantes en la legislación interna de Bolivia. Por ello, señalaremos los artículos pertinentes.

1.Declaración Universal de Derechos Humanos

16.Esencialmente se tiene un artículo al respecto, que es el siguiente:

"Artículo 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes."

2.Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

17.Se citarán tres artículos que son vinculantes en su cumplimiento, a saber:

"Artículo 1. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 25. ... todo individuo que haya sido privado de su libertad... tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de libertad.

Artículo 26. Toda persona acusada de delito tiene derecho... a que no se le imponga penas crueles, infames o inusitadas."

18.Por otra parte, Bolivia ha suscrito convenios y pactos internacionales relativos a los derechos humanos que son concordantes con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que son los siguientes.

3.Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

19.Bolivia se adhirió al Pacto Internacional mediante D.S. Nº 18950 de 17 de mayo de 1982, depositado ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el 12 de agosto de 1982. Entre sus artículos de importancia:

"El artículo 4 establece:

1.En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2.La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrs. 1 y 2), 11, 15, 16 y 18..."

Y el artículo 7 dispone: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos".

4.Convención Americana sobre los Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica"

20.Bolivia se adhirió mediante D.S. Nº 16575 de 13 de junio de 1979, durante el Gobierno del General de División David Padilla Arancibia, depositado ante la Secretaría General de la OEA, el 19 de julio de 1979. Se reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993.

21.Se debe destacar el articulado que incide en el tema, a saber:

"Artículo 5

1.Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2.Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3.La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4.Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales no condenadas.

5.Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6.Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Artículo 27

1.En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2.La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos...; 5 Derecho a la integridad personal;... ni de las garantías judiciales para la protección de tales derechos..."

C. Las autoridades judiciales, administrativas o de otra índole que tienen jurisdicción en las cuestiones de que trata la Convención

22.El ministerio público, por mandato constitucional en su artículo 125, numeral II, tiene la atribución de hacerse cargo de la dirección de las diligencias de policía judicial. Esto quiere decir que tiene por objeto la averiguación y comprobación de los delitos, la acumulación de pruebas, detención y entrega de los presuntos culpables a los jueces y tribunales, para su juzgamiento; y por ende, en el caso de la especie de oficio, iniciar la acción penal pública.

23.La Ley Nº 1469 del ministerio público1 de 19 de febrero de 1993, publicada el 25 de marzo de 1993, en su artículo 3 establece que el ministerio público investiga de oficio todo abuso de autoridad, irregularidades y delitos cometidos por jueces, funcionarios judiciales, policiales o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, requiriendo lo que fuere de ley. Los funcionarios policiales y toda autoridad que tuviere conocimiento de un delito público, procederán de acuerdo a la ley e informarán de inmediato al ministerio público bajo responsabilidad establecida por ley.

24.La Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados tiene la potestad, conforme a la Constitución Política del Estado, de ejercer la función del ministerio público por las comisiones que designen las cámaras legislativas. En este caso, generalmente se ha dado que sea la Comisión citada anteriormente la que debe intervenir en calidad de ministerio público, cuando existen casos relevantes que deben ser investigados o hechos importantes de un impacto nacional. Incluso recibe denuncias de violaciones a los derechos humanos. Concluidas sus investigaciones, las remite a la autoridad competente para el juzgamiento correspondiente.

25.El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por mandato de la Ley de organización del poder ejecutivo, su reglamento y norma complementaria, tiene como atribuciones específicas: ejecutar la política nacional de defensa, protección y promoción de los derechos humanos; velar por la aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional; y coordinar actividades con el poder judicial, ministerio público y Defensor del Pueblo.

26.Y, por otra parte, cuenta con un Viceministro de Derechos Humanos que tiene como funciones específicas, la de promover políticas y normas en materia de derechos humanos, y vigilar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos en el ámbito público y privado.

27.El Defensor del Pueblo vela por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos. Una de sus funciones es la de recibir quejas de parte del afectado o víctima o tercero de una violación de los derechos humanos o de oficio. Su tarea es pedir un informe a la autoridad o funcionario público al cual se le acuse, investiga y si constituye un delito, remite los antecedentes al ministerio público o recomendará o recordará de los deberes legales mediante resolución.

28.En el ámbito jurisdiccional existen los juzgados de instrucción y de partido en materia penal. Los primeros tienen la competencia de conocer y decidir cuando el delito merezca pena no privativa de libertad y, cuando el delito esté reprimido con pena privativa de libertad cuyo máximo no exceda de dos años, pronunciar el correspondiente auto final de la instrucción de acuerdo con las previsiones establecidas por el Código de Procedimiento Penal (1972). Los segundos conocen y deciden en el plenario las causas penales elevadas por los jueces instructores, ejercitando las atribuciones que les confiere el Código de Procedimiento Penal (1972); además conocen los recursos de hábeas corpus en la forma señalada por la Constitución Política del Estado y leyes vigentes.

29.Debemos aclarar que el presente Nuevo Código de Procedimiento Penal (1999), está parcialmente en vigencia para ciertos artículos y establece otra estructura organizativa. A medida que entre en vigencia total el 31 de mayo de 2001, se procede a la adecuación normativa y organizacional y administrativa, y también a la difusión y capacitación de la nueva legislación procesal penal.

D. La situación actual en lo que respecta a la aplicación práctica de la Convención

30.La Constitución Política del Estado contempla la protección contra la tortura, siendo esta protección de cumplimiento obligatorio. El Código Punitivo contempla la tortura como delito y, por consiguiente, tanto los funcionarios públicos como los particulares deben cumplir con este ordenamiento jurídico interno. A partir del año pasado, con la Convención se ha complementado y reforzado el derecho interno de Bolivia en este sentido.

31.El ministerio público, desde 1993 y la última reforma constitucional (1995), es un órgano autónomo, representado por la máxima autoridad del Fiscal General de la República, quien vela por la investigación de la comisión de un delito, el control directo de las anomalías que pueden surgir en la detención arbitraria, ilegal y con preferencia los delitos de gravedad, el de tortura, vejámenes y tratos crueles e inhumanos.

32.Por otro lado, el Defensor del Pueblo tiene la función de visitar sin previa autorización, las cárceles, centros de detención, para precautelar los derechos humanos e interponer de oficio las acciones o recursos, por ejemplo, hábeas corpus, amparo constitucional u otros, y en casos extremos remitir a la autoridad competente para iniciar las acciones pertinentes de violación a un derecho o libertad.

33.En las fuerzas de seguridad, como las fuerzas armadas y la policía nacional, se han formado direcciones de derechos humanos, para que puedan vigilar internamente cualquier irregularidad al margen de su reglamento interno.

II. INFORMACIÓN RELATIVA A CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS

DE LA PARTE I DE LA CONVENCIÓN

A. Artículos 2 a 16

Artículo 2

Medidas legislativas

34.En el artículo 179 bis del Código Penal (Desobediencia a resoluciones en procesos de hábeas corpus y amparo constitucional) se incorporó lo siguiente: "El funcionario o particular que no diere exacto cumplimiento a las resoluciones judiciales, emitidas en proceso de hábeas corpus o amparo constitucional, será sancionado con reclusión de 2 a 6 años y con multa de 100 a 300 días".

Medidas administrativas

35.Por intermedio de la voluntad política, el Congreso Nacional dictó la Ley de organización del poder ejecutivo (1997) y el poder ejecutivo dispone su reglamento. Incorporará dentro una Cartera de Estado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creándose internamente un Viceministro de Derechos Humanos, para que precautele e impulse la capacitación, promoción y difusión de los derechos humanos tanto a funcionarios públicos (policía, fuerzas armadas y funcionarios públicos en general) y a la sociedad civil e impulsando que en las universidades públicas y privadas se dicte la materia de derechos humanos y sea parte del plan de estudios de las carreras de derecho y otras afines a ellas; además se inserte transversalmente en las escuelas y colegios a nivel primario y secundario la temática de derechos humanos.

Medidas judiciales

36.Con la creación del Tribunal Constitucional, como guardián del respeto de los derechos, libertades y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado y leyes de la República, se consolida el Estado de derecho y el pleno ejercicio de lo reconocido por los convenios y tratados internacionales.

Artículo 3

37.El nuevo Código de Procedimiento Penal (1999) determina en su artículo 151 (Improcedencia) que no procederá la extradición cuando:

"Existan motivos fundados que hagan presumir que la extradición se solicita para procesar o castigar a una persona por causa de sus opiniones políticas, raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, o que será sometida a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes."

Artículo 4

38.Se tipifica en el Código Penal, artículo 295 (Vejaciones y torturas), y por otro lado, el artículo 22 (Instigador) determina:

"Es instigador el que dolosamente determina a otro a la comisión de un hecho antijurídico doloso. Será sancionado con la pena prevista para el autor del delito."

En el artículo 23 del mencionado cuerpo legal se dice:

"Es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aun sin esa ayuda se habría cometido; el que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. Será sancionado con la pena prevista para el delito, atenuada conforme al artículo 39."

39.El artículo 39 (Atenuantes especiales) del Código Penal determina:

"En los casos en que este Código disponga expresamente una atenuación especial, se procederá de la siguiente manera:

1)La pena de presidio de 30 años se reducirá a 15.

2)Cuando el delito sea conminado con pena de presidio con un mínimo superior a un año, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal del presidio.

3)Cuando el delito sea conminado con pena de presidio cuyo mínimo sea de un año o pena de reclusión con un mínimo superior a un mes, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal de la reclusión."

Artículo 5

40.Dentro del derecho interno, el artículo 25 de la Ley de organización judicial dispone que "la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los órganos del poder judicial, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y las leyes". Y además, el artículo 26 de la cita ley establece que "competencia es la facultad que tiene un tribunal o juez para ejercer la jurisdicción de un determinado asunto". Por consiguiente, el juez de instrucción y partido en material penal es la instancia prevista por ley para conocer el delito a vejaciones o torturas.

Artículo 6

41.La legislación interna prevé en el nuevo Código de Procedimiento Penal (1999) en su artículo 5 (Calidad y derechos del imputado) lo siguiente:

"Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las convenciones y los tratados internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el primer acto del proceso hasta su finalización.

Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.

Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respecto a su dignidad de ser humano."

42.De igual forma concordante con el artículo 84 (Derechos del imputado) se dice:

"Toda autoridad que intervenga en el proceso se asegurará que el imputado conozca, los derechos que la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y este Código le reconocen.

El imputado desde el inicio de su captura tendrá derecho a ser asistido y a entrevistarse en privado con su defensor.

Si el imputado está privado de libertad, el encargado de su custodia transmitirá al juez las peticiones y observaciones que aquél formule dentro de las 24 horas siguientes y facilitará en todo momento su comunicación con el defensor."

43.Y en el artículo 233 (Requisitos para la detención preventiva) se dice:

"Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o del querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:

1)La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; y

2)La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad."

Artículo 7

44.La legislación interna boliviana prevé que la extradición se regirá por las convenciones y tratados internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del Código de Procedimiento Penal (1999) y cuando no existan normas por las reglas de reciprocidad.

45.Toda solicitud será presentada al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español.

46.Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia además del original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente.

47.Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que quede por cumplir.

48.Para conocimiento de la extradición tiene facultades la Corte Suprema de Justicia, para ordenar la detención preventiva de extraditable por un plazo máximo de seis meses siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención.

49.Radicada la solicitud de extradición en la Corte Suprema de Justicia, los antecedentes se remitirán a conocimiento de la Fiscalía General de la República, para que en el plazo de diez días requiera sobre su procedencia o improcedencia. La Corte Suprema de Justicia, dentro de los 20 días siguientes a la recepción del requerimiento, resolverá concediendo o negando la extradición solicitada (artículos 149 a 159, nuevo Código de Procedimiento Penal de 1999).

Artículo 8

50.El Estado boliviano, a partir de la ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se compromete a incluir entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado, celebrado entre los Estados Partes.

51.Ahora bien, la extradición se rige fundamentalmente por los tratados suscritos entre Estados y subsidiariamente por las normas del Código de Procedimiento Penal o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable.

Artículo 9

Cooperación judicial y administrativa internacional

52.Con respecto a la cooperación, se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras siempre que éstas lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado de Bolivia, los tratados internaciones vigentes y el Código de Procedimiento Penal.

53.La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que la pondrá en conocimiento de la autoridad competente. Dentro de los requisitos, la solicitud de asistencia contendrá: la identidad de la autoridad requirente, con una breve explicación de la asistencia que se solicite, la descripción del hecho que se investiga; su tipificación y el texto oficial de la ley; indicación del tiempo conveniente para su cumplimiento; y cualquier otra información necesaria para cumplir de forma adecuada la solicitud.

54.La asistencia podrá negarse cuando la solicitud vulnere los derechos, libertades y garantías previstos por la Constitución Política del Estado boliviano y los tratados internacionales vigentes, o cuando la solicitud esté relacionada con hechos que están siendo investigados o procesados en Bolivia, o haya recaído sentencia ejecutoriada sobre la persona por la comisión del delito por el que se solicita la cooperación.

55.Cuando los actos solicitados demanden gastos extraordinarios, la autoridad requerida solicitará a la requirente, antes de proceder a la ejecución de la diligencia, el depósito de los recursos necesarios para cubrirlos.

56.Cuando la organización criminal que opera en el país tenga vinculación internacional, la fiscalía podrá coordinar la investigación con otros países u organismos internacionales. A este efecto, podrá conformar equipos conjuntos de investigación. Toda investigación que se realice en el país estará a cargo de un fiscal nacional y sometida al control de los jueces de la República. Los acuerdos de investigación conjunta serán aprobados por el Fiscal General de la República (artículos 138 a 148, Código de Procedimiento Penal de 1999).

Artículo 10

57.El Programa de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, financiado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-Proyecto Bol/97/015 (MJDH), tienen entre sus objetivos: fortalecer las instituciones nacionales en la protección, defensa y promoción de los derechos humanos, a partir del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establecer mecanismos de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y estatal, entrando a funcionar a partir del 1º de junio de 1999 y su proyección de financiamiento de ésta hasta el 31 de junio de 2001.

58.Dentro de las actividades del programa está la capacitación y difusión de los derechos humanos, en la policía nacional, fuerzas armadas y el poder ejecutivo, también se tiene la incorporación del currículo o programa de estudios de la asignatura de derechos humanos en las universidades públicas y privadas, además incorporar como materia transversal en el nivel preescolar, primario, secundario; símil tarea cumple también el Defensor del Pueblo.

59.En el caso de la policía nacional y las fuerzas armadas, tanto en la Academia Nacional de Policías y el Colegio Militar, ya se encuentra vigente e incorporada la materia de derechos humanos dentro de sus programas de estudio. Uno de los temas especiales que se imparte es el derecho a la integridad personal y la libertad personal, además del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Artículo 11

60.La Constitución Política del Estado boliviano reconoce que nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito.

61.La incomunicación no podrá imponerse sino en casos de notoria gravedad y de ningún modo por más de 24 horas.

62.Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad.

63.El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable.

64.Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos tienen derecho a ser asistidos por un defensor (defensa pública o defensa de oficio).

65.Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado.

66.Son inviolables la correspondencia y los papeles privados, que no podrán ser incautados sino en los casos determinados por las leyes y en virtud de orden escrita y motivada de autoridad competente. No producen efecto legal los documentos privados que fueren violados o sustraídos.

67.Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones y comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice.

68.Por otro lado, no se reconoce como prueba si se hubiera obtenido mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito (párrafo segundo, artículo 13 del Código de Procedimiento Penal).

Artículo 12

69.El Ministerio Público es un organismo constitucional con independencia funcional, que tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad, y además, investigar de oficio todo abuso de autoridad, irregularidades o delitos cometidos por jueces, funcionarios judiciales, policiales o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

70.Por ello el Ministerio Público dirige la investigación de los delitos y promueve la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso. Vela por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado y tratados internacionales. En la investigación toma en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; formula sus requerimientos conforme a este criterio.

Artículo 13

71.La Ley Nº 1818 del Defensor del Pueblo de 22 de diciembre de 1997, de manera taxativa determina que toda persona natural

o jurídica que se sienta afectada por actos y procedimientos administrativos arbitrarios, violaciones de derechos humanos u otros actos ilegales, podrá presentar quejas al Defensor del Pueblo sin impedimento de ninguna naturaleza.

72.Las quejas podrán ser presentadas en forma escrita o verbal, sin necesidad de patrocinio de abogado. En caso de prestación verbal de la queja, deberá labrarse un acta circunstanciada. Cuando la queja no se formule en idioma castellano, el Defensor del pueblo proveerá traductor.

73.A petición de parte y cuando corresponda, el Defensor del Pueblo dispondrá la reserva de la identidad de quién planteó la queja.

74.Todos los poderes del Estado, autoridades, funcionarios y las personas naturales o jurídicas que presten servicio públicos, colaborarán con carácter obligatorio, urgente y de manera inmediata con el Defensor del Pueblo en sus investigaciones.

75.Podría derivar a responsabilidad funcionaria, cuando los actos u omisiones de una autoridad o servidor público impidan, dificulten o entorpezcan el ejercicio legitimo de las funciones del Defensor del Pueblo y éstos constituyan delito, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para su procesamiento de acuerdo a ley.

76.La Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, también recibe denuncias respecto a violaciones a los derechos humanos, que procede a la investigación respectiva y deriva a la autoridad competente para que se inicie las acciones que correspondan al caso (artículo 59, numeral 22 y artículo 67, numeral 6 de la Constitución Política del Estado).

Artículo 14

77.Mediante Decreto Supremo Nº 24793, de 4 de agosto de 1997, se crea el Fondo de Reparación destinado a la indemnización de los familiares de personas fallecidas y heridos, sobrevivientes de hechos que tengan como consecuencia daños materiales y morales producidos por acción de agentes del Estado que originen una responsabilidad objetiva, asumida por el Estado o determinada por organismo internacional competente. Se financia con recursos del Tesoro General de la Nación y recursos de crédito y donación destinados específicamente a estos fines.

78.El Código Punitivo preceptúa que toda persona responsable penalmente lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito.

79.Según el Código de Procedimiento Penal, podrá interponerse la acción civil para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito; sólo podrá ser ejercida por el damnificado, contra el autor y los partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable. En caso de fallecimiento del damnificado, pueden ejercitarla sus herederos.

80.El procedimiento para la reparación del daño: ejecutoriada la sentencia de condena o la que imponga una medida de seguridad por inimputabilidad o semiimputabilidad, el querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de sentencia que ordene la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente. La víctima que no haya intervenido en el proceso podrá optar por esta vía, dentro de los tres meses de informada de la sentencia firme.

81.La demanda deberá contener: los datos de identidad del demandante o su representante legal y su domicilio procesal; la identidad del demandado y el domicilio donde deba ser citado; la expresión concreta y detallada de los daños sufridos y su relación directa con el hecho ilícito comprobado; el fundamento del derecho que invoca y la petición concreta de la reparación que busca o el importe de la indemnización pretendida. La demanda estará acompañada de una copia autenticada de la sentencia de condena o de la que impone la medida de seguridad.

82.Admitida la demanda, el juez citará a las partes y homologará los acuerdos celebrados. Caso contrario, dispondrá la producción de la prueba ofrecida sólo con referencia a la legitimación de las partes, la evaluación del daño y su relación directa con el hecho.

83.Producida la prueba y escuchadas las partes, el juez en la misma audiencia, dictará resolución de rechazo de demanda o de reparación de daños con la descripción concreta y detallada y el importe exacto de la indemnización.

84.La incomparecencia del demandante implicará el abandono de la demanda y su archivo. La incomparecencia del demandado o de alguno de los demandados no suspenderá la audiencia, quedando vinculado a los resultados del proceso.

85.La caducación de la acción para demandar la reparación o indemnización del daño será de dos años de ejecutoriada la sentencia de condena o impuesta la medida de seguridad (artículos 382 a 388 del Código de Procedimiento Penal).

Artículo 15

86.Los artículos 12 y 172 del Código de Procedimiento Penal mencionan que los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal. Por otra parte, según las exclusiones probatorias, carecen de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito.

87.No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito.

Artículo 16

88.En el Código Penal, entre los artículos más relevantes se tienen:

"Artículo 295

Vejaciones y torturas

Será sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años, el funcionario que vejare o permitiere vejar a un detenido.

La pena será de privación de libertad de dos a cuatro años, si le infligiere cualquier especie de tormentos o torturas.

Si éstas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de dos a seis años, y si causaren la muerte, se aplicará la pena de presidio de diez años.

Artículo 308

Violación

Quien empleando violencia física o intimidación, tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo, penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, incurrirá en privación de libertad de 5 a 15 años.

El que bajo las mismas circunstancias del párrafo anterior, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia de la víctima, o que estuviere incapacitada por cualquier otra causa para resistir, incurrirá en privación de libertad de 15 a 20 años.

Artículo 308 bis

Violación de niño, niña o adolescente

Quince tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo menor de 14 años, penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, será sancionado con privación de libertad de 15 a 20 años, sin derecho a indulto, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento.

Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres años entre ambos, y no se haya producido violencia ni intimidación.

Artículo 321 bis

Tráfico de personas

Quien induzca, promueva o favorezca la entrada o salida del país o traslado dentro del mismo, de personas para que ejerzan la prostitución, mediante engaño, violencia, amenaza o las reduzca a estado de inconsciencia para este fin, será sancionado con privación de libertad de 4 a 8 años. En caso de ser menores de 18 años, la pena será de 5 a 10 años de privación de libertad.

Cuando la víctima fuera menor de 14 años, la pena será de 6 a 12 años de reclusión, pese a no mediar las circunstancias previstas en el párrafo anterior."

B. Las medidas de carácter legislativo, judicial, administrativo o de otra índoleque estén en vigor y que sirvan para aplicar las disposiciones señaladas

1.En el ámbito legislativo

89.En el ámbito legislativo (véase anexo ‑Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados), el poder legislativo ha aprobado las leyes siguientes:

Ley de necesidad a la reforma a la Constitución Política del Estado. Ley Nº 1473 de 1º de abril de 1993

90.Mediante esta ley se impulsa la necesidad de reforma a la Constitución Política del Estado de 1967, precisándose un nuevo perfil de cambio estructural en los poderes del Estado, en especial en el ámbito del poder judicial, así como la creación de un Tribunal Constitucional que dé vigencia a la justicia constitucional en nuestro país y el fortalecimiento del ministerio público.

Ley de reforma a la Constitución Política del Estado ‑ Ley Nº 1585 de 12 de agosto de 1994

91.Mediante esta ley se reforma la Constitución Política del Estado en sus siguientes artículos:  1 (Multiétnica y pluricultural), 116 (Estructura del poder judicial), 117 y 118 (Atribuciones de la Corte Suprema), 119 a 121 (Tribunal Constitucional), 122 y 123 (Consejo de la Judicatura), 124 a 126 (Ministerio público), 127 a 131 (El Defensor del Pueblo), 171 (Aplicación del derecho consuetudinario), 200, 203 a 205 (Régimen municipal), 215 a 217 (Régimen policía nacional), y 200.

Ley de abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales - Ley Nº 1602 de 15 de diciembre de 1994

92.Las penitenciarías públicas estaban llenas de personas detenidas, arrestadas y prisioneras de su privación de libertad. Los motivos que tenían eran que no pagaban los daños civiles que debían cancelar y por tanto, hasta que no pagaran estarían recluidas. Mediante esta ley se decidió acabar con razones injustificadas para su detención, arresto y prisión, ya que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, determina en su artículo 7, numeral 7, que "nadie será detenido por deudas", salvo excepciones previstas, por ejemplo: incumplimiento de deberes alimentarios.

93.Por otro lado, la presente ley podría resumirse bajo los artículos siguientes:

"Artículo 6

Abolición del apremio corporal

En los casos de obligaciones de naturaleza patrimonial, el cumplimiento forzoso de las mismas podrá hacerse efectivo únicamente sobre el patrimonio del o de los sujetos responsables, sin que en ninguno de los siguientes casos sea procedente el apremio corporal del deudor, como ser:

-Responsabilidad civil derivada de la comisión de hechos ilícitos tipificados como delitos…

-Obligaciones fiscales…

-Obligaciones tributarias…

-Honorarios profesionales de abogado…

-Multas electorales…

-Arresto de los padres por obligaciones emergentes de hechos ilícitos cometidos por sus hijos menores de 16 años…

-Obligaciones por confección de testimonios y por timbres y certificados de depósito judicial…"

Ley de adecuaciones y concordancias de la Constitución Política del Estado - Ley Nº 1615 de 6 de febrero de 1995

94.Es la etapa final para culminar la reforma de la Constitución, al incorporarse nuevas instituciones y que indirectamente afectaban a ciertos preceptos de la Carta Fundamental fue necesario realizar la adecuación y concordancia de ella, por ejemplo: los artículos 18 y 19 establecen el recurso de hábeas corpus y amparo constitucional, en ninguna instancia de revisión según la Carta Política de 1967 establecía que era atribución de la Corte Suprema de Justicia, con la reforma a la Constitución altera tal situación, ya que le correspondería según el artículo 120, numeral 7 al Tribunal Constitucional.

Ley de organización del poder ejecutivo - Ley Nº 1788 de 16 de septiembre de 1997

95.Esta ley establece en su artículo 11 las atribuciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en su letra c) Administrar el régimen nacional de la defensa pública. El D.S. Nº 24855, el reglamento a la Ley de organización del poder ejecutivo, señala en su artículo 22, letra c) formular políticas y realizar las acciones para una administración adecuada de las políticas, normas, programas y mecanismos de defensa pública; el D.S. Nº 25055, norma complementaria al D.S. Nº 24855 de 22 de septiembre de 1997 con respecto al artículo 10 dispone que los Viceministros cumplirán las siguientes funciones: el Viceministro de Derechos Humanos: en su letra e) dispone que por delegación expresa del Ministro administra el Programa nacional de defensa pública y su funcionamiento efectivo en los departamentos y áreas rurales de la República. Y finalmente, el nuevo Código de Procedimiento Penal en su artículo 107 establece la defensa estatal. La defensa penal otorgada por el Estado es una función de servicio público, a favor de todo imputado carente de recursos económicos y de quienes no designen abogado para su defensa. La defensa pública, dependiente del poder ejecutivo.

96.El primer Seminario-Taller de Capacitación para defensores públicos se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba del 31 de julio al 4 de agosto de 1995 con la temática "Defensa pública: las violaciones al debido proceso", auspiciado por la oficina de MSD-USAID/Bolivia dentro del Programa de Administración de Justicia. Este programa comprende varios componentes y se le ha prestado apoyo técnico y financiero.

97.En suma, la función específica de la defensa pública es el ejercicio del derecho de defensa de las personas que acrediten la imposibilidad económica de contratar a un profesional abogado que los defienda, es gratuita y lo contempla de manera expresa el artículo 116, numeral X de la Constitución Política del Estado.

Ley de fianza juratoria contra la retardación de justicia penal

98.La fianza juratoria consiste en la promesa del encausado de cumplir fielmente las siguientes condiciones que deberán constar en acta labrada al efecto:

1.Comparecer ante la autoridad judicial las veces que sea requerido;

2.Concurrir a audiencias, deberes y cuanta actuación procesal corresponda conforme a la ley;

3.No cambiar el domicilio que constituirá a este efecto, ni ausentarse del país, sin previa autorización del juez de la causa.

99.La fianza juratoria por retardación de justicia, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte, dispondrá la libertad provisional con el único requisito de prestar fianza juratoria en los siguientes casos:

1.Si transcurrieren más de 160 días de privación de libertad del imputado, sin haberse dictado auto final de la instrucción;

2.Si transcurrieren más de 18 meses de privación de libertad sin haberse dictado sentencia primera instancia;

3.Si transcurrieren más de 4 años de privación de libertad del procesado sin haberse dictado sentencia condenatoria que haya adquirido la calidad de cosa juzgada;

4.Si la detención preventiva o formal hubiere excedido el mínimo de la pena prevista en abstracto en los delitos conforme a los cuales el imputado fue sometido a proceso, siempre que este mínimo no sea inferior a 180 días. En caso de concurso de delitos se tomará en cuenta el mínimo mayor. Esta disposición no se aplicará cuando exista sentencia condenatoria en cualquier instancia;

5.A favor del acusado absoluto y del que hubiere cumplido su condena o se encuentra en condiciones de beneficiarse con la libertad condicional, cuando la sentencia estuviere pendiente de recursos ordinarios o extraordinarios.

Ley de Modificaciones al Código Penal - Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997

100.En el Código Penal se ha incluido una nueva figura punitiva, a saber el artículo 179 bis:

"(Desobediencia a resoluciones en procesos de hábeas corpus y amparo constitucional). El funcionario o particular que no diere exacto cumplimiento a las resoluciones judiciales, emitidas en procesos de hábeas corpus o amparo constitucional, será sancionado con reclusión de 2 a 6 años y con multa de 100 a 300 días."

101.Este nuevo texto punitivo ha dado lugar a que se pueda obedecer tanto por los funcionarios públicos como particulares, ya que en el pasado no se hacía caso o simplemente se eludían los fallos dictados procedentes, por lo cual eran inoperantes respecto a su ejecución. La alternativa que el legislador previene en la incorporación de tipificar penalmente la desobediencia a resoluciones judiciales facilitará de hoy en adelante el cumplimiento del fallo.

Ley del Consejo de la Judicatura - Ley Nº 1817 de 22 de diciembre de 1997

102.La inclusión del Consejo de la Judicatura en nuestro ordenamiento jurídico es relevante ya que se le otorga una función esencial de administración financiera de los recursos económicos del poder judicial y disciplinario de los recursos humanos. Con respecto a la primera, bajo la filosofía de que los jueces o tribunales, vocales y ministros, tienen la labor esencial de juzgar, es decir, de administrar justicia y no de tareas que son excluyentes a ella y contar con la infraestructura suficiente. Por otra parte, disciplinaria, para que sus miembros puedan cumplir estrictamente las funciones emanadas de la Constitución Política del Estado, los convenios o tratados internacionales y la ley, y contar con el personal idóneo y necesario para cumplir una eficiente labor de justicia.

103.Los artículos pertinentes de la Ley del Consejo de la Judicatura son los siguientes:

"Título V: Régimen disciplinario

Capítulo I: Responsabilidad y faltas

Artículo 37 (Responsabilidad). I. Todo funcionario judicial es responsable civil, penal y disciplinario por las acciones u omisiones que obstaculicen el normal desenvolvimiento de las actividades del poder judicial o atenten a la correcta y oportuna administración de justicia.

El régimen de responsabilidad disciplinaria para Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional y Consejeros de la Judicatura será establecido por ley.

Artículo 38 (Faltas disciplinarias). Las falta disciplinarias se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 39 (Faltas muy graves).

Artículo 40 (Faltas graves).

Artículo 41 (Faltas leves)."

Ley del Defensor del Pueblo - Ley Nº 1818 de 22 de diciembre de 1997

104.El Defensor del Pueblo tiene la tarea de velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con relación a la actividad administrativa de todo el sector público; asimismo, vela por la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos.

105.Las personas afectadas en sus derechos por la administración pública o violación de sus derechos humanos pueden acudir ante el Defensor del Pueblo por intermedio de la queja interpuesta; al margen de ella, la ley faculta al Defensor del Pueblo para iniciar la investigación de oficio.

106.La Ley del Defensor del Pueblo establece expresamente con respecto a la queja:

"Título IV: De la investigación, de las quejas, obligación de colaboración, confidencialidad, responsabilidad, documentos reservados, resoluciones y notificaciones

Capítulo II: De las quejas

Artículo 19. Legitimación para formular quejas. Toda persona natural o jurídica que se sienta afectada por actos y procedimientos administrativos arbitrarios, violaciones de derechos humanos u otros actos ilegales, podrá presentar quejas al Defensor del Pueblo, sin impedimento de ninguna naturaleza.

Artículo 20. Forma de presentación de las quejas. Las quejas podrán ser presentadas en forma escrita o verbal, sin necesidad de patrocinio de abogado. En caso de presentación verbal de la queja, deberá labrarse un acta circunstanciada. Cuando la queja no se formule en idioma castellano, el Defensor del Pueblo proveerá traductor.

A petición de parte y cuando corresponda, el Defensor del Pueblo dispondrá la reserva de la identidad de quien planteó la queja.

Artículo 21. Plazo. Toda queja presentada al Defensor del Pueblo deberá efectuarse en el plazo máximo de un año, a partir del momento en que el denunciante tuviera conocimiento de los hechos u omisiones que motivan la queja. Las quejas planteadas al Defensor del Pueblo no interrumpen los plazos para interponer los recursos administrativos o acciones judiciales previstos por el ordenamiento jurídico.

Sin embargo, en casos extraordinarios y calificados por el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, podrá considerar reclamaciones sobre hechos anteriores al año de su producción."

Ley del Tribunal Constitucional - Ley Nº 1836 de 1º de abril de 1998

107.La creación del Tribunal Constitucional es relevante por la función misma que realiza, en especial, en el control normativo de los derechos y la revisión esencial que tiene como órgano contralor constitucional.

108.Para otorgar un fiel cumplimiento de los derechos fundamentales y garantías constitucionales en un Estado de derecho, en la Ley del Tribunal Constitucional se prevén situaciones como la que siguen:

"Capítulo II: Del recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad

Artículo 54. Procedencia. El recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad procederá contra toda ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, contraria a la Constitución Política del Estado como acción no vinculada a un caso concreto.

Capítulo IX: Del recurso de hábeas corpus

Artículo 89. Hábeas corpus

Capítulo X: Del recurso de amparo constitucional

Artículo 94. Procedencia

Capítulo XIII: De la constitucionalidad de tratados o convenios internacionales."

Ley del Código de Procedimiento Penal - Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, publicada el 31 de mayo de 1999

109.El Código de Procedimiento Penal, dentro de sus lineamientos específicos, tiene las garantías constitucionales de que se realice una investigación eficiente, se implementa el juicio oral y público, la democratización de la justicia a través de la incorporación de los jueces ciudadanos, la justicia comunitaria, la participación de la víctima, la aplicación restrictiva de las medidas cautelares de carácter personal y el control sobre la retardación de justicia.

110.Se extractan los artículos más importantes que delimiten el área de protección y garantías judiciales en el nuevo Código de Procedimiento Penal, a saber:

"Primera parte: Parte general

Libro Primero: Principios y disposiciones fundamentales

Título I: Garantías constitucionales

Artículo 1 (Ninguna condena sin juicio previo y proceso legal). Nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución, las convenciones y tratados internacionales vigentes y este Código.

Artículo 2 (Legitimidad). Nadie será juzgado por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros órganos jurisdiccionales que los constituidos conforme a la Constitución y a la ley, con anterioridad al hecho de la causa.

Artículo 3 (Imparcialidad e independencia). Los jueces será imparciales e independientes, sometidos únicamente a la Constitución, las convenciones y tratados internacionales vigentes y a las leyes.

Por ningún motivo, los órganos estatales, ni personas naturales o jurídicas interferirán en la sustanciación de un proceso concreto. En caso de intromisión, el juez informará a la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando la intromisión provenga del propio poder judicial, el informe será presentado al Consejo de la Judicatura o al Congreso Nacional.

Artículo 5 (Calidad y derechos del imputado). Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las convenciones y los tratados internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el primer acto del proceso hasta su finalización.

Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.

Toda persona a quien se atribuye un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano.

Artículo 6 (Presunción de inocencia). Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada.

No se podrá obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo y su silencio no será utilizado en su perjuicio.

La carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad.

En el caso del rebelde, se publicarán únicamente los datos indispensables para su aprehensión.

Artículo 7 (Aplicación de medidas cautelares y restrictivas). La aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional. Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable.

Artículo 8 (Defensa material). El imputado, sin perjuicio de la defensa técnica, tendrá derecho a defenderse por sí mismo, a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas.

Artículo 9 (Defensa técnica). Todo imputado tiene derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Este derecho es irrenunciable.

La designación del defensor se efectuará sin dilación ni formalidad alguna, desde el momento de la detención, apresamiento o antes de iniciarse la declaración del imputado. Si consultado el imputado, no lo elige o el elegido no acepta inmediatamente el cargo, se le nombrará de oficio un defensor.

Artículo 10 (Intérprete). El imputado que no comprenda el idioma español tendrá derecho a elegir un traductor o intérprete para que lo asista en todos los actos necesarios para su defensa. Cuando no haga uso de ese derecho o no cuente con los recursos suficientes, se le designará uno de oficio.

Artículo 11 (Garantías de la víctima). La víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla.

Artículo 12 (Igualdad). Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asisten.

Artículo 13 (Legalidad de la prueba). Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código.

Artículo 34 (Tratados internacionales). Tendrán aplicación preferente las reglas sobre prescripción contenidas en tratados y convenios internacionales.

Artículo 71 (Ilegalidad de la prueba). Los fiscales no podrán utilizar en contra del imputado pruebas obtenidas en violación a la Constitución Política del Estado, convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes.

Artículo 72 (Objetividad). Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes. En su investigación tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado, formulando sus requerimientos conforme a este criterio.

Artículo 84 (Derecho del imputado). Toda autoridad que intervenga en el proceso se asegurará de que el imputado conozca los derechos que la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y este Código le reconocen.

El imputado desde el inicio de su captura tendrá derecho a ser asistido y a entrevistarse en privado con su defensor.

Si el imputado está privado de libertad, el encargado de su custodia transmitirá al juez las peticiones u observaciones que aquél formule dentro de las 24 horas siguientes y facilitará en todo momento su comunicación con el defensor.

Artículo 172 (Exclusiones probatorias). Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito.

Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este Código.

Artículo 221 (Finalidad y alcance). La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y este Código sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley.

Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos se aplicarán e interpretarán de conformidad con el artículo 7 de este Código. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código, y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación.

No se podrá restringir la libertad del imputado para garantizar el resarcimiento del daño civil, el pago de costas o multas."

Código del Niño, Niña y Adolescente, de 27 de octubre de 1999

111.Este Código establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.

Ley Nº 2033 de protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual, de 29 de octubre de 1999

112.Dentro de sus artículos se refiere a la violación de niño, niña o adolescente; abuso deshonesto; corrupción de menores; tráfico de personas, derechos y garantías.

2.En el ámbito judicial

113.El poder judicial, por mandato constitucional, incluye a: el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, jueces y tribunales.

114.Los fallos o sentencias que puedan emitir tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema de Justicia contribuyen al fortalecimiento de la jurisprudencia nacional, en especial a las revisiones de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional, recursos de inconstitucional abstracto y remedial e incidental, o consultas a casos concretos que puedan disponer su inconstitucionalidad desde anteproyectos de ley, decretos o cualquier género de resoluciones no judiciales.

115.El Consejo de la Judicatura, como órgano disciplinario del poder judicial, tiene la competencia de la vigilancia estricta de la disciplina de los funcionarios judiciales en la aplicación de la Constitución Política del Estado, los tratados y las leyes de la República.

3.En el ámbito administrativo

Programa de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

116.Mediante el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se conformó un equipo interdisciplinario en las áreas siguientes: expertos nacionales en procesal penal, mujer, niñez, pueblos indígenas, antropología, comunicación social y metodología.

117.Entró en funciones, a partir del 1º de junio de 1999, con los objetivos siguientes: a partir del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reforzar las instituciones nacionales en la protección, defensa y promoción de derechos humanos; y establecer mecanismos de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y estatal.

Programa de Defensa Pública

118.El D.S. Nº 23252, de 31 de agosto, creó el Departamento de Defensores Públicos y rigió hasta su abrogación por la Ley Nº 1493 de ministerios del poder ejecutivo, de 17 de septiembre de 1993, que determinó en su artículo 17, letra b) que el creado Ministerio de Justicia administraba el Programa Nacional de Defensa Pública y el Reglamento de Ley de ministerios del poder ejecutivo vigente por el D.S. Nº 23660, de 12 de octubre de 1993. El D.S. Nº 24073, de 20 de julio de 1995, rige la actividad de la defensa pública reglamentando su estructura organizativa, económica y la administración de personal. La Ley Nº 1602 de abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales, de 15 de diciembre de 1994, y la Ley Nº 1685 de fianza juratoria contra la retardación de justicia penal, de 2 de febrero de 1996, le otorgan facultades para intervenir de oficio.

119.El artículo 2, numeral 2), letra a) del D.S. Nº 24355, de 23 de agosto de 1996, se refiere al Programa Nacional de Apoyo y Protección a las Personas de la Tercera Edad concordante con el D.S. Nº 24073 sobre asistencia legal penal gratuita a favor de las personas mayores de 65 años sin recursos económicos.

120.El Defensor del Pueblo ha presentado su informe ante el Congreso Nacional, en el cual expresa los avances que se han tenido en la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos (véase anexo).

C. Factores o dificultades que afecten la aplicación práctica de esas disposiciones

121.Es prioritario fortalecer el sistema de control juridicoadministrativo, en especial en las diligencias de la policía judicial y el interrogatorio, los cuarteles militares, las cárceles, las escuelas o colegios de enseñanza policial y militar.

122.También es deseable potenciar diversos cursos de capacitación en derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y derechos a la solidaridad en el ámbito rural, a los funcionarios policiales y militares.

123.La dificultad genérica radica en los medios económicos y la capacitación de los asesores jurídicos en derechos humanos.

D. Situaciones y casos concretos en que se hayan impuesto las medidas destinadasa aplicar las disposiciones señaladas, incluido todo dato estadístico pertinente

124.Por intermedio de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se tienen ejemplos objetivos de las medidas que se han tomado sobre las víctimas que sufrieron una serie de situaciones gravitantes al caso (véase anexo, informe). También se tienen de la Policía Técnica Judicial (véanse datos estadísticos en el anexo).

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