DECISIÓN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5, PÁRRAFO 4, DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

-90º PERÍODO DE SESIONES-

respecto de la

Comunicación Nº 1419/2005**

Presentada por:Francesco de Lorenzo (representado por el abogado Andrea Saccucci)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Italia

Fecha de la comunicación:1º de febrero de 2005 (fecha de la presentación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 24 de julio de 2007,

Adopta la siguiente:

Decisión sobre la admisibilidad

1.1.El autor de la comunicación, de fecha 1º de febrero de 2005, es Francesco de Lorenzo. Afirma que Italia ha violado los artículos 2, párrafo 1; 14, párrafos 1, 3 d) y 5; y 26 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor en Italia el 15 de diciembre de 1978. El autor está representado por el abogado Andrea Saccucci.

Antecedentes de hecho

2.1.El autor fue Ministro de Salud de Italia de 1989 a 1992. En 1993, el ministerio fiscal de Nápoles y Milán inició una investigación sobre la financiación ilícita de los partidos políticos. A raíz de la investigación, se formularon diversos cargos contra el autor. El 12 de mayo de 1994, el juez de instrucción de Nápoles ordenó la detención preventiva del autor. Éste impugnó la orden ante el Tribunal de Casación y pidió que su caso fuese remitido al Grupo sobre Delitos Ministeriales (en adelante, el Grupo) puesto que los cargos en su contra se referían a actividades que supuestamente había realizado en el ejercicio de la cartera ministerial. El 20 de julio de 1994, el Tribunal de Casación accedió a su petición y remitió la causa al Grupo instituido en el marco del Tribunal de Nápoles. El 6 de agosto de 1994, el Grupo ordenó la detención preventiva del autor. El autor impugnó su detención alegando la falta de imparcialidad e independencia del Grupo. El 5 de septiembre de 1994, el Grupo rechazó el recurso, aduciendo que era un órgano judicial independiente.

2.2.El 29 de octubre de 1994, el Grupo separó el procedimiento contra el autor de aquel contra los otros coacusados, y se procedió a enjuiciar al autor ante el Tribunal de Nápoles por 97 cargos que comprendían corrupción, infracción de la Ley sobre la financiación de los partidos políticos y participación en una asociación para delinquir, con el agravante del concurso de más de diez personas.

2.3.El juicio del autor duró de noviembre de 1994 a marzo de 1997. El 16 de diciembre de 1994, el autor impugnó la constitucionalidad de la Ley Nº 219 de 1989, por violación del derecho a un tribunal independiente e imparcial que garantiza la Constitución de Italia, puesto que el Grupo estaba facultado para hacer las veces de fiscal y de juez en las vistas preliminares. También sostuvo que la orden de 29 de octubre de 1994 de proceder a enjuiciarlo carecía de validez puesto que el Grupo no tenía competencia para dictarla, y pidió que su causa se volviera a examinar junto con la de los coacusados. El 27 de diciembre de 2004, el Tribunal de Nápoles desestimó todas las impugnaciones y peticiones. El 12 de enero de 1995, el autor fue puesto en libertad debido a su mala salud. El 11 de octubre de 1995, presentó una solicitud de suspensión del juicio por tratamiento contra el cáncer. El Tribunal rechazó esta solicitud.

2.4.Durante el proceso, 86 de los coacusados, que habían sido citados como testigos, prefirieron guardar silencio. En virtud del artículo 513 del Código de Procedimiento Penal de Italia, el Tribunal de Nápoles autorizó la lectura de las declaraciones inculpatorias formuladas por esos testigos al fiscal durante la instrucción del sumario.

2.5.El 8 de marzo de 1997, el Tribunal de Nápoles declaró al autor culpable de muchos de los cargos de corrupción y quebrantamiento de la ley sobre la financiación de partidos políticos. Fue declarado culpable de fundar una asociación para delinquir y condenado a ocho años y cuatro meses de prisión y al pago de una multa.

2.6.Tanto el autor como el ministerio público recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones de Nápoles. El autor pidió, entre otras cosas, que se declarara nulo el procedimiento ante el Tribunal de Nápoles, puesto que la decisión de proceder a enjuiciarlo había sido adoptada por el Grupo, que a su juicio carecía de independencia e imparcialidad, y porque la decisión de separar las actuaciones había sido tomada por un órgano no habilitado.

2.7.En respuesta a ello, el Tribunal de Apelaciones reabrió el caso y citó a comparecer a la mayoría de los coacusados. La mayor parte de ellos volvió a valerse de su derecho a no declarar. En consecuencia, volvieron a utilizarse las declaraciones formuladas durante la instrucción. El 7 de julio de 2000, el Tribunal de Apelaciones declaró al autor culpable de diversos cargos de corrupción y quebrantamiento de la ley sobre la financiación de partidos políticos. Confirmó el recurso del ministerio público, considerando que el solicitante sí había formado parte de una asociación para delinquir con un mínimo de diez personas más. Desestimó la argumentación del autor con respecto a la falta de competencia del Grupo para ordenar su enjuiciamiento y separar las actuaciones. La sentencia del autor fue rebajada a 7 años, 5 meses y 20 días de prisión. El autor impugnó la decisión del Tribunal de Apelaciones ante el Tribunal de Casación.

2.8.El 14 de junio de 2001, el Tribunal de Casación absolvió al autor de algunos de los cargos y redujo su pena a cuatro años, diez meses y diez días de prisión. No remitió la causa al Tribunal de Apelaciones. Con todo, descartó la aplicabilidad de circunstancias agravantes en relación con los cargos de asociación para delinquir.

2.9.El 14 de febrero de 2002, el autor presentó una solicitud de rectificación de errores ante el Tribunal de Casación por considerar que el Tribunal debería haber remitido el caso al Tribunal de Apelaciones en relación con el cargo de participación en asociación para delinquir. El 27 de marzo de 2002, el Tribunal de Casación desestimó la solicitud.

2.10. El 21 de julio de 2000, el Tribunal de Nápoles había absuelto a algunos de los coacusados del autor. El 7 de mayo de 2004, la solicitud del autor de reapertura del proceso debido a la existencia de un conflicto entre su condena y la absolución de sus coacusados en actuaciones separadas fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones de Nápoles.

2.11. En el marco de otro procedimiento penal contra el autor, el 24 de mayo de 2001 el Grupo había pedido al Tribunal Constitucional una opinión sobre la constitucionalidad de la Ley Nº 219 de 1989 que le permitía ejercer simultáneamente las funciones de fiscal y juez de instrucción. En el fallo Nº 134 de 11 de abril de 2002, el Tribunal Constitucional consideró que el Grupo debía remitir el expediente al ministerio público, que a su vez debería pedir que se procediese al enjuiciamiento del acusado ante el tribunal ordinario competente. Reconoció que la Ley Nº 81 de 1987, al igual que el artículo 6 del Convenio europeo de derechos humanos, disponía la separación de las funciones de instrucción y enjuiciamiento.

2.12. El 7 de abril de 2003, el Ministro de Justicia de entonces afirmó que la interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional era la única compatible con los principios constitucionales de igualdad, presunción de inocencia y juicio imparcial. No obstante, también señaló que el fallo no podía aplicarse retroactivamente a actuaciones cerradas, como aquellas contra el autor.

2.13. El 31 de enero de 2001, el autor presentó una solicitud al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que alegaba que:

-Su condena basada en las declaraciones de testigos que no tuvo la ocasión de interrogar había violado los párrafos 1 y 3 d) del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos;

-La denegación del aplazamiento del proceso mientras el autor era sometido a un tratamiento contra el cáncer había violado los párrafos 1 y 3 c) del artículo 6 del Convenio;

-La lectura por el ministerio público ante el Tribunal de Nápoles de varias declaraciones formuladas por los coacusados durante la instrucción había violado el párrafo 1 del artículo 6 del Convenio;

-El carácter indeterminado de las acusaciones y la modificación durante el juicio de la calificación jurídica de uno de ellos habían violado los párrafos 1 y 3 a) y b) del artículo 6 del Convenio;

-La falta de imparcialidad e independencia del Grupo sobre Delitos Ministeriales había violado el párrafo 1 del artículo 6 del Convenio;

-La diferencia en el trato del autor y de los coacusados, especialmente en cuanto a la aplicación de las nuevas normas de admisibilidad de las pruebas reunidas durante la instrucción, había violado el artículo 14, leído junto con el artículo 6, del Convenio;

-El hecho de haber obligado al autor a comparecer en su propio proceso a pesar de su mala salud había violado los artículos 3 y 8 del Convenio;

-Y el hecho de que su condena por haber fundado una asociación para delinquir no hubiese sido revisada a fondo por un tribunal superior había violado el artículo 2 del Protocolo Nº 7 al Convenio.

2.14. El 12 de febrero de 2004, el Tribunal Europeo declaró que la mayoría de estas reclamaciones eran manifiestamente infundadas. La reclamación relativa a la falta de imparcialidad del Grupo fue declarada incompatible ratione materiae con el artículo 6 del Convenio porque las garantías previstas en él sólo se aplican a los tribunales que han de entender en cargos penales. En consecuencia, la reclamación similar formulada con arreglo al artículo 14, leído junto con el artículo 6, también fue declarada inadmisible por incompatibilidad ratione materiae con el Convenio.

La denuncia

3.1.El autor alega la violación del artículo 14, párrafo 1, por falta de imparcialidad del Grupo, y la violación del artículo 2, párrafo 1, y del artículo 26 por el carácter discriminatorio del procedimiento especial para delitos ministeriales.

3.2.El autor alega la violación del artículo 14, párrafo 1, porque el fiscal dio lectura en la vista inicial a declaraciones prestadas durante la instrucción que figuraban en el expediente.

3.3.El autor alega la violación del artículo 14, párrafo 3 d), porque la negativa del Tribunal a aplazar el juicio lo privó de su derecho a participar activa y efectivamente en el proceso.

3.4.El autor alega la violación del artículo 14, párrafo 5, porque se le denegó el derecho a la revisión de su condena y de la pena por el cargo de participación en una asociación para delinquir, ya que el Tribunal de Casación no remitió la causa al tribunal que lo había enjuiciado para que revisara la condena.

3.5.El autor alega la violación del artículo 2, párrafo 1, del artículo 26 y del artículo 14, párrafos 1 y 3, por la aplicación discriminatoria de las nuevas normas para la práctica de la prueba que fueron aprobadas después del proceso. Argumenta que la discrepancia en la aplicación de las nuevas normas dio lugar a que no fuera tratado como los otros coacusados y violó el principio de igualdad ante la ley.

3.6.El autor sostiene que agotó los recursos de la jurisdicción interna y que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional. En cuanto a la reserva formulada por el Estado Parte al artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, arguye que su solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "no fue examinada" por este Tribunal puesto que, en relación con algunas denuncias, su solicitud fue declarada incompatible ratione materiae con las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Otras reclamaciones fueron declaradas manifiestamente infundadas y, por tanto, inadmisibles. Aunque los hechos objeto de la denuncia formulada en virtud del Pacto son idénticos a los que fueron sometidos ya al Tribunal Europeo, el autor sostiene que los derechos conculcados y la argumentación jurídica son sustancialmente diferentes de aquellos en que se basaron las actuaciones ante el Tribunal Europeo o no fueron "examinados" por éste.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad

4.1.En una nota verbal de 18 de julio de 2006, el Estado Parte impugnó la admisibilidad de la comunicación en razón de su reserva formulada al artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo. Observa que las reclamaciones del autor en virtud del Pacto y aquellas presentadas anteriormente al amparo del Convenio Europeo de Derechos Humanos coinciden en gran parte y que se trata de los mismos derechos sustantivos. Así, pues, el "mismo asunto" claramente fue sometido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo "examinó" detenidamente.

4.2.El Estado Parte señala que el propio autor admite que el mismo asunto fue examinado ya por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, el autor afirma que sus argumentos jurídicos son "sustancialmente diferentes de aquellos en que se basaron las actuaciones ante el Tribunal Europeo". El Estado Parte recuerda que, según la jurisprudencia constante del Comité, se considera que un asunto ya ha sido investigado cuando las partes, las denuncias formuladas y los hechos aducidos en su apoyo son idénticos: el Comité nunca ha considerado que los "mismos argumentos jurídicos" sean uno de los elementos constitutivos del "mismo asunto". En todo caso, es difícil discernir un verdadero nuevo argumento jurídico, puesto que las reclamaciones y el razonamiento jurídico del autor, así como los hechos aducidos para sustentarlos, coinciden a cabalidad con aquellos contenidos en su solicitud ante el Tribunal Europeo. Además, el Estado Parte señala que los mismos derechos sustantivos se invocan ante el Comité.

4.3.Con relación a las dos reclamaciones que fueron declaradas inadmisibles por incompatibilidad ratione materiae con el Convenio, el Estado Parte observa que el Tribunal en realidad examinó estas reclamaciones en detalle y sacó la conclusión de que el autor había esgrimido argumentos que no guardaban relación directa con el comportamiento del tribunal judicial, sino con el del ministerio público o del Grupo que había determinado la admisibilidad del procesamiento del ex Ministro, para inferir la falta de independencia e imparcialidad de los tribunales nacionales. A consecuencia de ese examen detenido, el Comité no puede volver a examinar las dos reclamaciones. En cualquier caso, el Estado Parte sostiene que son igualmente incompatibles ratione materiae con el Pacto en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo. Efectivamente, el Pacto contempla únicamente situaciones en que se trate de la determinación de los derechos y obligaciones de carácter civil, y la evaluación abstracta de la independencia e imparcialidad de un órgano como el Grupo no estaría comprendida en el Pacto. Ese Grupo sólo examinó la cuestión de si se podía proceder a enjuiciar al autor, mientras que el proceso ordinario se desarrolló en tribunales regulares cuyo comportamiento fue examinado por el Tribunal Europeo.

4.4.Por último, el Estado Parte argumenta que el autor no ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna puesto que no se opuso a que se constituyera el Grupo.

Comentarios del autor

5.1.En carta de fecha 30 de diciembre de 2006, el autor reitera que el "asunto" sometido al Comité no es "el mismo" que el que ya "examinó" el Tribunal. Insiste en que el Tribunal no "examinó" las reclamaciones que declaró incompatibles ratione materiae con el Convenio. En cualquier caso, recuerda que algunas de sus reclamaciones se refieren a derechos y libertades que no están explícitamente consagrados en el Convenio, o que están protegidos de forma claramente restrictiva en comparación con los derechos y libertades correspondientes reconocidos en el Pacto.

5.2.Con relación a la presunta falta de agotamiento de los recursos internos, el autor reafirma que ha hecho valer todos los recursos disponibles y efectivos.

Deliberaciones del Comité

6.1.De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar la reclamación que figura en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si dicha reclamación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2.De conformidad con el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité ha comprobado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró inadmisible el 12 de febrero de 2004 una queja análoga (solicitud Nº 69264/01) presentada por el autor. La mayor parte de las reclamaciones fueron declaradas inadmisibles por ser manifiestamente infundadas; otras fueron declaradas inadmisibles por incompatibilidad ratione materiae con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Comité también recuerda que, cuando el Estado Parte se adhirió al Protocolo Facultativo, formuló una reserva al artículo 5, párrafo 2 a), en virtud de la cual el Comité "no tiene competencia para examinar una comunicación de un particular si ese mismo asunto ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional".

6.3.En el presente caso, el Comité tiene ante sí el "mismo asunto" que el Tribunal Europeo. En cuanto a si el mismo asunto fue "examinado" por el Tribunal, el Comité observa que la mayor parte de las reclamaciones del autor fueron declaradas inadmisibles por el Tribunal por ser manifiestamente infundadas (véase el párrafo 2.14), conclusión que sustentó abundantemente. A este respecto, el Comité llega a la conclusión de que el Tribunal efectivamente "examinó" la mayor parte de las alegaciones del autor y que la reserva del Estado Parte al artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo es aplicable. Con respecto a la otra reclamación del autor, referente al Grupo, que fue declarada inadmisible por ser incompatible ratione materiae por el Tribunal Europeo, el Comité considera que el Tribunal no examinó esta reclamación en el sentido del artículo 5, párrafo 2 a).

6.4.El Comité toma nota de que el Estado Parte argumenta que el autor no agotó los recursos de la jurisdicción interna, pero considera que el autor agotó los recursos internos porque planteó la cuestión de la independencia e imparcialidad del Grupo ante el propio Grupo, el Tribunal de Apelaciones de Nápoles y el Tribunal Constitucional. No obstante, el Comité observa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que el propósito principal del párrafo 1 del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que se refiere a asuntos penales, consiste en velar por que se proceda a un juicio justo ante un tribunal competente para "decidir sobre el fundamento" de cualquier acusación penal, y que las garantías de independencia e imparcialidad para que el proceso sea justo se refieren únicamente a las jurisdicciones a las que se pide que determinen la inocencia o culpabilidad del acusado. De igual modo, el Comité considera que el párrafo 1 del artículo 14 se aplica principalmente a los "tribunales y cortes de justicia" que juzgan en asuntos penales. En el presente caso, el Grupo sobre Delitos Ministeriales únicamente podía determinar si se debía proceder a enjuiciar al autor, no si era culpable de los cargos. Fue una jurisdicción sui generis que ejerció las funciones de fiscal y de juez de instrucción, y el propio autor pidió que su causa se trasladara al Grupo. En esas circunstancias, el Comité considera que esta parte de la comunicación es inadmisible ratione materiae con arreglo al artículo 3 del Protocolo Facultativo.

6.5.En cuanto a la reclamación conexa del autor en virtud del artículo 26 relativa al carácter discriminatorio del procedimiento especial para delitos ministeriales, el Comité toma nota de que fue el propio autor quien pidió que su caso se trasladara al Grupo (véase el párrafo 2.1). Se supone que formuló esa solicitud con pleno conocimiento de la competencia que la Ley Nº 219 de 1989 otorgaba al Grupo. El Comité considera que el autor no ha demostrado de qué modo el traslado de su causa al Grupo constituyó discriminación. Por tanto, estima que el autor no ha fundamentado debidamente la violación del artículo 26 a efectos de la admisibilidad. Esta parte de la comunicación es, pues, inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

7.En consecuencia, el Comité decide:

a)Que la comunicación es inadmisible en virtud de los artículos 2, 3 y 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo;

b)Que se transmita la presente decisión al Estado Parte y al autor.

[Adoptada en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto inglés. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

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