Comité de los Derechos del Niño

Informes periódicos sexto y séptimo combinados que Honduras debía presentar en 2020 en virtud del artículo 44 de la Convención *

[Fecha de recepción: 5 de noviembre de 2020]

I.Introducción

El Estado de Honduras se complace en presentar el Informe Periódico Sexto y Séptimo Combinados ante el Comité de los Derechos del Niño del período 2015 a 2020, conforme al artículo 44, de la Convención Sobre los Derechos del Niño y las Orientaciones Generales del Comité (CRC/C/58/Rev.3), que expone las medidas adoptadas, avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones formuladas el 03 de julio de 2015 (CR/C/HND/CO/4-5).

El proceso de elaboración estuvo a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) como ente encargado de la elaboración de informes ante los Órganos de Derechos Humanos del Sistema Universal y Regional, en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) como institución rectora de las políticas públicas en materia de derechos de la niñez y adolescencia en Honduras y el acompañamiento del Grupo Especial de Respuesta en Derechos Humanos (GERDH) conformado por los enlaces del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones en Derechos Humanos Honduras (SIMOREH).

II.Medidas de seguimiento adoptadas y progresos realizados

Normativa internacional

El Estado de Honduras tiene a bien informar al Comité la ratificación de los siguientes instrumentos:

Tratado sobre el Comercio de Armas;

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y,

Adopción de la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos del Desarrollo Sostenible (AN-ODS).

Leyes, reglamentos y otra normativa interna

Los instrumentos legales aprobados para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y población en general:

Ley de Alerta Temprana “AMBER” para Localizar y Proteger a Niños y Niñas y Adolescentes Desaparecidos o Secuestrados;

Ley de Inspección General del Trabajo;

Ley de Alimentación Escolar;

Ley de la Carrera Policial;

Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados;

Ley Especial de Adopciones de Honduras;

Código Penal;

Reglamento de la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable (MAPA);

Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía;

Reglamento Interno para la Convivencia Escolar en los Centros Educativos Gubernamentales de Honduras;

Reglamento de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios;

Reformas a la Ley Especial Para Una Maternidad y Paternidad Responsable;

Reforma al Decreto 76-84 del Código de Familia, a su vez reformado mediante Decreto 35-2013;

Creación de la Secretaría de Derechos Humanos; y,

Creación del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI).

Políticas, planes y proyectos

Respecto a las políticas aprobadas durante el período informado que incorporan componentes de protección y promoción de derechos de NNA, destacan:

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva;

Política Pública Contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH);

Política y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2030 y su Plan de Acción para la Nutrición (2019-2023);

Política Pública de Educación Inclusiva;

Plan Estratégico Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (2016-2022);

Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2018-2022;

Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030;

Programa Presidencial Ciudad Mujer;

Creación de la Comisión Nacional de la Agenda 2030 AN-ODS; y,

Creación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH).

III.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

A.Medidas generales de aplicación (arts. 4, 42 y 44, párr. 6).

Legislación (armonización del ordenamiento interno)

Párrafo 8, sobre la divulgación del marco legal relativo a la infancia, el Tribunal Superior de Cuentas tiene a disposición del público una biblioteca virtual que recopila todos los acuerdos y decretos, códigos, leyes, manuales, marcos rectores, normas, planes y reformas aprobados y publicados en el Diario Oficial, para descargar de manera gratuita.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 13 establece que las instituciones obligadas deben de divulgar de oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos o a falta de éstos, por los medios escritos disponibles, leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general, así como sus políticas generales, planes, programas y proyectos, los estados financieros y las liquidaciones presupuestarias por programas.

La DINAF ha publicado y divulgado compendios que recopilan el marco legal nacional e internacional incluidas las recomendaciones formuladas por los Comités.

La SEDH promueve la armonización de la legislación nacional con los estándares internacionales, realizando 62 opiniones jurídicas de control de convencionalidad, destacando el control convencional de: Proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; opiniones jurídicas al Reglamento de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios; Proyecto de Decreto sobre el SIGADENAH; Proyecto de Ley de Casas Refugio; observaciones al nuevo Código Penal; la Ley Contra la Trata de Personas y su Reglamento; y, Política Nacional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Para que los operadores de justicia apliquen la Doctrina de Control de Convencionalidad Jurídica en el ejercicio de sus funciones, la SEDH impartió 3 talleres, capacitando a 71 operadores de justicia y 49 funcionarios públicos. Además, para fortalecer la armonización legislativa, en 2019 se publicó el Compendio de Instrumentos Internacionales Ratificados y Adoptados por Honduras en Derechos Humanos, Derecho Humanitario y Marco Normativo Hondureño en Materia de Derechos Humanos.

Políticas y estrategias integrales

Párrafo 10, para visibilizar los derechos de los NNA en políticas y estrategia, el PEG 2018-2022 alineado con la AN-ODS, prioriza estrategias encaminadas a la promoción y protección de derechos, principalmente implementar el SIGADENAH. A través del SIGADENAH se articula la legislación, políticas públicas, programas y presupuestos, así como las actuaciones con alto enfoque preventivo y de derechos del niño, estructurado en 3 niveles: nacional, departamental y local, bajo del liderazgo del Presidente de la República y la rectoría de la DINAF.

Coordinación

Párrafo 12, relativo a la asignación de recursos para la DINAF, el Congreso Nacional aprobó para el Ejercicio Fiscal 2016 un presupuesto de L. 91,006,154 y para el Ejercicio Fiscal de 2020 de L. 143,039,004, incrementándose en un 57%.

Es importante destacar que para el Programa Protección a Niños, Niñas y Adolescentes que contempla la Tercerización de Servicios de Atención a NNA con Derechos Vulnerados bajo la tutela del Estado la asignación presupuestaria es de L. 48,505,771.

Respecto al fortalecimiento y funcionamiento eficaz de la DINAF, desde 2014 registra el siguiente crecimiento en materia de recursos humanos:

De 102 empleados en todas las modalidades de contratación en 2014 incrementando a 329 empleados al 2020;

De 2 empleados permanentes en 2014 a 158 empleados permanentes para 2020, que representa el 48% del personal; y,

140 empleados ubicados en las 6 oficinas regionales a nivel nacional y en Centro de Migrantes.

Para la protección integral de la niñez, el personal operativo de la DINAF está constituido por un equipo multidisciplinario (legal, psicológico, social y médico) que garantice un reintegro seguro, así como medidas de protección en apego al enfoque de derechos.

Para mejorar la coordinación interinstitucional y abordar de manera multisectorial la prevención, promoción, protección, garantía y reparación de los derechos de los NNA, se creó el SIGADENAH que cuenta con instancias de articulación en los tres niveles territoriales, conformado por 164 Consejos Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia, 5 Consejos Departamentales y 1 Consejo Nacional, donde participan alrededor de 150 organizaciones de sociedad civil (OSC) de la niñez e instituciones de los tres poderes del Estado.

A nivel municipal, se continúa expandiendo el SIGADENAH, en un 55% del total de los municipios, lo anterior implica una cobertura poblacional de 2,818,480 NNA, 1,427,138 niños y 1,391,339 niñas.

Este proceso ha contado con el apoyo técnico y financiero de UNICEF, en cumplimiento con esta recomendación.

Recursos asignados a la niñez

Párrafo 14, respecto a la inversión pública en materia de niñez, en 2016, la DINAF, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y UNICEF suscribieron un Convenio interinstitucional a fin de articular esfuerzos, para lograr la institucionalización de la medición y el seguimiento a la inversión pública en materia de niñez y adolescencia, que permita constituir la base para la elaboración de análisis financieros, encaminados a mejorar la equidad en la asignación de los recursos dirigidos a este grupo poblacional.

Creado el Comité Técnico Interinstitucional para la Medición y el Seguimiento a la Inversión Pública en Niñez (Comité IPNA), como mecanismo de trabajo, encargado de coordinar las acciones y realizar el trabajo técnico, supervisar y evaluar la idoneidad, eficacia y equidad de la distribución de los recursos destinados a la realización de los derechos de la niñez.

Respecto inciso a), sobre la evaluación de las necesidades presupuestarias de la infancia, y la asignación de recursos presupuestarios suficientes, en 2020 el Gabinete Social cuenta con un presupuesto de L. 57,159.8 millones (20.2%) que incluye el presupuesto de la Secretaría de Educación (SEDUC), Secretaría de Salud (SESAL), SEDIS, entre otras instituciones; este Gabinete es el responsable de formular, coordinar y ejecutar las políticas públicas en materia de educación y salud para la reducción de la pobreza, programas y proyectos orientados a la niñez, juventud, PIAH, equidad de género, personas con discapacidad y personas adultos mayores.

De acuerdo al Informe Inversión Pública Dirigida a la Niñez y Adolescencia en Honduras 2018, la inversión pública de 2017 a 2018 se incrementó en un 8% pasando de L. 31,541.7 millones en el 2015 a L. 34,112 millones en 2018.

Los montos invertidos se financian por el tesoro nacional y recursos propios, presentando una ligera tendencia a aumentar, esto demuestra una mayor consolidación del IPNA, al no depender de fuentes externas o programas temporales para su financiamiento. La inversión más relevante ha sido en educación con un promedio de inversión del 65% y con tendencia creciente y seguido por la función en servicios de salud con un promedio de 21%. Es importante destacar que el porcentaje de ejecución presupuestaria del IPNA muestra una mejora durante el periodo informado, lo que indica que los recursos aprobados han sido efectivamente ejecutados.

Respecto al inciso b), para garantizar procesos transparentes y participativos que incorporen una perspectiva de los derechos del niño, con indicadores y un sistema de seguimiento; el Comité IPNA establece 5 componentes estratégicos: Medición y seguimiento a nivel central; a nivel municipal; análisis sobre equidad, eficacia y eficiencia del IPNA; fortalecimiento institucional en materia de planificación y presupuesto; y sostenibilidad y participación.

Se implementaron herramientas para la incidencia política, acciones de abogacía, sensibilización y acciones en materia de transparencia y acceso a la información, para lo cual, en coordinación DINAF y SEDIS, cuentan con una Estrategia Plan de Acción, para proteger y mejorar el IPNA.

Desde 2017, el Comité IPNA, para visualizar el esfuerzo estatal invertido en la niñez incorporó en la página web de la DINAF una pestaña para informar sobre la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia.

El Comité IPNA ha funcionado desde el 2014, sin embargo, fue formalizado en 2016 mediante el Convenio Interinstitucional, como mecanismo encargado de monitorear la inversión pública destinada a la infancia; analizar su eficacia, eficiencia e impacto.

Reunión de datos

Párrafo 16 inciso c), sobre el fortalecimiento de las instituciones para suministrar información que incluya datos que abarquen todas las esferas de la Convención, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la SESAL, la asistencia de la Unión Europea y el apoyo técnico y financiero de UNICEF, levantan la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) con el objetivo de recopilar información sobre la situación de salud y sus determinantes sociales de niñez menor de 5 años, NNA de 5 a 17 años; de mujeres de 15-49 años y hombres de 15-59 años; datos sobre fecundidad, salud en general y reproductiva; estado nutricional de la niñez, mortalidad infantil; VIH/SIDA; violencia intrafamiliar; morbilidad; indicadores de vivienda; utilización de servicios; gastos de salud e indicadores demográficos de la población hondureña. Además, verificará la calidad del agua que la población consume y la yodación de sal.

En continuación con la cooperación con el UNICEF relativa al inciso e), la ENDESA se ejecutará con la metodología de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), que es un programa internacional de Encuestas de Hogares elaborado por UNICEF, diseñado para recopilar estimaciones internacionales comparables y estadísticamente sólidas de indicadores claves que se utilizan para evaluar la situación de los NNA, mujeres y hombres en el área de salud.

Con el objetivo de implementar la plataforma de Monitoreo de los Indicadores de la Primera Infancia y validar la información de los beneficiarios de programas sociales especialmente en primera infancia, se ratificó y amplió el convenio entre el Registro Nacional de las Personas (RNP), la SEDIS, Secretaría de Comunicaciones y Estrategia Presidencial, y el Centro Nacional de Información de Sector Social (CENISS) y el Programa Criando con Amor.

La Plataforma de Monitoreo de la AN-ODS proporciona información cuantitativa y cualitativa relevante relacionada a los indicadores priorizados AN-ODS, siendo una fuente de información y un espacio de colaboración tanto para OSC, Academia, organismos internacionales, instituciones públicas y la población en general.

La DINAF utiliza las plataformas digitales:

Sistema Informático de Monitoreo y Seguimiento, que contiene un banco de datos sobre las atenciones brindadas a los NNA en alto riesgo y/o en vulneración, además registra acciones de seguimiento para la restitución de sus derechos; y,

Children First es un programa informático que permite dar seguimiento a los NNA que se encuentran bajo medida de protección en los Institutos Residenciales de Cuidados Alternativos (IRCA), actualmente 103 IRCA ingresan información en esta plataforma.

Ambos sistemas recogen información desglosada por edad, sexo, discapacidad, ubicación geográfica, vulneración de derechos y toda la información que facilite el análisis para la restitución de derechos de los NNA en el menor tiempo posible.

La SEDH cuenta con 3 Sistemas de Información vinculados con la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PNADH):

Sistema de vinculación de las acciones del PNADH, las recomendaciones internacionales de los Órganos de Tratados y la AN-ODS;

Derechos Humanos en Cifras; y,

SIMOREH.

Vigilancia independiente

Párrafo 18, inciso a), sobre la implementación de un mecanismo independiente para la vigilancia de los derechos de los NNA, el Estado se encuentra analizando la creación del referido mecanismo.

Respecto al inciso b), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) cuenta con defensorías nacionales de grupos en condición de vulnerabilidad y unidades especializadas, como la Defensoría de la Niñez y la Familia. El CONADEH enmarca sus acciones en el Plan de Acción Vanguardia de la Dignidad Humana 2014-2020 y la Estrategia de Transformación Social Local, denominada “Municipios de Bienestar Solidario”, garantizando mayor presencia en las comunidades y territorios mediante sus oficinas regionales, departamentales y 266 Ombuds móviles en 77 municipios, donde se realizaron 255 acciones de promoción y atención a quejas y orientaciones.

En cuanto al inciso c), sobre los Principios de París, en 2019 el CONADEH fue reconocido como institución Clase “A” por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Asimismo, para cumplir con su mandato entre 2015 y 2019 se incrementó su presupuesto en 29%.

Difusión y sensibilización

Párrafo 20, sobre los programas de sensibilización sobre la Convención con la participación activa de los NNA, la DINAF desarrolla conversatorios con medios de comunicación para sensibilizarles sobre la importancia de la opinión y participación infantil, logrando que en la cobertura de eventos de impacto para la niñez desarrollen entrevistas con NNA y se incorporen a los foros y debates en medios de comunicación para la promoción de derechos a nivel nacional y local. Apertura de espacios de participación mediante campañas educativas diseñadas por NNA y divulgadas en los medios de comunicación.

La DINAF desarrolla un plan de capacitación y sensibilización para periodistas y comunicadores sociales sobre el rol de estos y sus medios de comunicación en la promoción y defensa de los derechos de los NNA y el manejo de las denuncias sobre casos de vulneración de derechos, teniendo como resultado: 302 periodistas en 32 ciudades sensibilizados en 2019, incorporando el enfoque de derechos de los NNA, mayor cobertura sobre la temática y mejores espacios de debate, correcto abordaje de las noticias que involucran a NNA, un canal de denuncia adecuado y directo de los medios a las autoridades competentes.

El SIMOREH, cuenta con una Mesa Poblacional de Niñez, que promueve la implementación de la Convención y las recomendaciones internacionales, en ese sentido, se han realizado 5 talleres de socialización a nivel nacional con instituciones estatales y OSC.

Formación en derechos de la niñez

Párrafo 22, inciso a), respecto a programas de formación en derechos humanos y derechos de la niñez, dirigidos a funcionarios públicos que trabajan para y con los NNA, en 2016 la Escuela Judicial del Poder Judicial, con UNICEF y la Universidad Diego Portales de Chile, capacitaron a 38 operadores de Justicia entre fiscales, abogados y jueces, sobre la aplicación de las Normas Internacionales de los Derechos Humanos de la Niñez, incluidas las del Sistema Universal e Interamericano.

En 2017 se realizó el curso Formación a Formadores en Materia de Niñez con Enfoque de Género dirigido a operadores de justicia, también se capacitó en el curso sobre el Papel del Sistema Judicial en la Protección Integral de la Niñez.

En 2018, la Escuela Judicial capacitó en Derechos Humanos incluida la temática de niñez, a 3,875 operadores de justicia entre magistrados, asistentes, jueces de sentencia, jueces de letras especializados, seccionales y ejecución, jueces de paz, inspectores de juzgados y tribunales, defensores públicos, personal técnico, auxiliar y administrativo. Además, junto a la Oficina Internacional de los Derechos del Niño realizaron el Conversatorio El Rol en el seguimiento de las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en el Marco de la Planificación 2019 en Materia de Niñez y Adolescencia.

La DINAF realiza procesos de fortalecimiento de capacidades a diferentes actores vinculados con la promoción y garantía de los derechos humanos de la niñez, sobre temas como: Convención Sobre los Derechos del Niño, SIGADENAH, Subsistema de Protección Especial, Ley Especial de Adopciones y convenios relacionados, entre otros. En este sentido, la DINAF impartió 193 talleres en 2017, 221 en 2018, 251 en 2019 y 144 en 2020.

En un esfuerzo coordinado entre la DINAF y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, desarrollan el Diplomado en Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia, dirigido a integrantes de los Consejos Municipales de Garantía y servidores públicos de otras instituciones con competencia en materia de niñez, en el cual se imparte el módulo de protección, castigo físico y trato humillante, logrando capacitar a 178 personas en 2020.

En 2019, el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes capacitó a 40 funcionarios públicos del INAMI en prevención de la tortura, Protocolo de Estambul y derechos humanos de los NNA privados de libertad.

La Escuela de Formación del Ministerio Público, entre 2019 y 2020, realizó 14 cursos de capacitación y sensibilización en temas de género y justicia penal juvenil, dirigida a funcionarios y servidores públicos contando con el apoyo de cooperantes.

La SEDH, desarrolla programas de formación que incluyen temas de derechos de la niñez, prevención de la discriminación, maltrato infantil y la prevención del acoso sexual; y a julio de 2020 ha capacitado a 6,262 miembros de las Fuerzas del Orden. Asimismo, con el apoyo de la OACNUDH, en 2019 certificó a 35 miembros del GERDH, por medio del Curso Especializado en Derechos Humanos para Servidoras/es Estatales, el cual incluyó un módulo especializado sobre derechos de la niñez.

Respecto al inciso b) sobre la educación en derechos humanos y derechos del niño en los planes de estudios del sistema educativo, la SEDUC informa que el 100% de los niveles de prebásica, básica y media en todos sus grados, abordan esta temática. Entre 2018 y 2019, capacitó a 247 docentes.

Cooperación con sociedad civil

Párrafo 24, inciso a), sobre la participación de las comunidades y OSC en los procesos de elaboración de políticas, desde 2018 inició la formulación de la Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras 2020-2030, basada en una propuesta presentada desde sociedad civil, contando con la participación de organizaciones de NNA e instituciones estatales garantes de derechos de la niñez, que han revisado y validado los indicadores planteados y realizado proyecciones de metas para los años considerados.

A través del SIGADENAH, los Consejos Municipales de Garantía, integrados por las instituciones garantes de derechos y las OSC que trabajan temas de niñez y organizaciones de niñez, realizan diferentes esfuerzos en la elaboración de políticas de niñez a nivel municipal, además del análisis de situación y planes de acción.

Como parte de la implementación del PNADH, la SEDH ha suscrito 6 convenios con OSC, con enfoque interseccional de los derechos de los NNA y jóvenes.

La Subsecretaría de Seguridad en Prevención adscrita a la Secretaría de Seguridad (SEDS), a través de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Marco Estratégico “Prevención, Paz y Convivencia”; y, programas y proyectos para la reducción de la violencia contra los NNA, trabaja de manera conjunta con la Red COIPRODEN; asociación de barras deportivas; iglesias; asociaciones de jóvenes y organizaciones que integran los comités de prevención de violencia a nivel local:

Actualmente existen 70 Centros de Alcance Juvenil (CDAJ) en 7 departamentos del país, fortalecidos con más de L. 100 millones en inversión. Los CDAJ son espacios de emprendimiento y recreación, con una metodología de prevención de violencia para que los NNA puedan practicar arte, deportes y entretenimiento, beneficiando a más de 42,000 NNA;

En 2019, con el apoyo de la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras, se inauguraron 4 CDAJ en comunidades identificadas con altos índices de violencia;

El programa Prevención, Paz y Convivencia fomenta la actividad física, la cultura y el deporte de los NNA como una forma de uso del tiempo libre en espacios públicos seguros y prevención de la violencia;

El Proyecto conjunto entre la Subsecretaría de Seguridad en Prevención y UNICEF, contempla acciones directas para la prevención de la violencia contra la niñez, el cambio de normas sociales, campañas de igualdad y valoración positiva para los NNA, así como el fortalecimiento a instituciones del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa y formación a la Policía Nacional;

El Programa Actívate, para la actividad física, salud mental y sana alimentación, para fomentar la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y el consumo de sustancias nocivas; y,

Plan Nacional de Respuesta para la Prevención de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia, basado en evidencia y de carácter multisectorial, orientado al reforzamiento y cumplimiento de las diferentes políticas existentes en el país que contemplan la prevención de la violencia hacia los NNA.

En cuanto al inciso b), respecto al caso del Sr. José Ruelas, por los hechos suscitados en mayo de 2014 en los que denuncia a miembros de la policía nacional, por suponerlos responsable del delito de violación de los deberes de los funcionarios; que consta en el expediente de investigación 6802-2014/0801-1264-2014 de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH). Entre las pruebas realizadas se tomó la declaración administrativa al ofendido, se dictó el Acuerdo de nombramiento de imputados, se realizó el dictamen médico legal, además de otras pruebas periciales y recolección de evidencias.

Por su parte, la Dirección General del Sistema de Protección (DGSP) adscrita a la SEDH, admitió el caso del Sr. Ruelas, el 29 de marzo de 2016, implementando medidas inmediatas de patrullaje policial, realizó el respectivo análisis del riesgo y procedió a contactar al beneficiario para consensuar las medidas de protección con el Comité Técnico del Mecanismo (CTM), sin embargo, no fue posible acordar la reunión con el beneficiario, ni obtener su expresión de voluntariedad para continuar con el proceso. El 13 de noviembre de 2019, el CTM determinó proceder a suspender el patrullaje policial y archivar el expediente, sin perjuicio que, de presentarse nuevos hechos, se pueda iniciar un nuevo proceso.

Todos los procesos que conoce el Mecanismo de Protección se sustentan en el principio de Voluntariedad, según establece en el artículo 3, numeral 8) de Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Respecto a las medidas adoptadas para brindar protección a los defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores de la niñez, la DGSP, en aplicación de la referida Ley y con la asistencia técnica de la Unión Europea (2016) y de USAID (2017-2019), estructuró y fortaleció la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Inmediata, la Unidad de Análisis de Riesgo y la Unidad de Implementación y Seguimiento, además, en mayo de 2018 estructuró la Unidad de Prevención y Análisis de Contexto.

Para continuar fortaleciendo las capacidades técnicas de las Unidades de la DGSP, la Organización Freedom House brindó asistencia técnica, mediante la cual se elaboró el Formato de Estudio de Evaluación para la Acción Inmediata; los Instrumentos Técnicos de Valoración del Riesgo, colectivos e individuales en los cuales se aplica el análisis interseccional, y en el caso de los análisis de riesgo individual se cuenta con enfoque diferenciado de género para mujeres y personas LGBTI.

Con el fin de garantizar la labor de defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la justicia, se elaboró la Metodología de Análisis de Contexto del Riesgo y la Formulación de Planes de Prevención y Alerta Temprana. Para poder identificar los escenarios y patrones de riesgo en los que desarrollan las actividades los defensores, la Unidad de Prevención y Análisis de Contexto ha elaborado 11 planes de prevención con la activa participación de la OSC desde 2018 a agosto de 2020.

En aplicación de la Ley de Defensores y su Reglamento, el Consejo Nacional de Protección, de 2016 a julio de 2020, ha realizado 36 reuniones ordinarias y 11 extraordinarias. Además, entre las medidas implementadas para proteger a los defensores de cualquier acto de intimidación y amenaza, así como asegurar que continúen en libre y pleno ejercicio de su función de defensoría, la SEDH a través de la DGSP, ha emprendido acciones dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía en general sobre la importancia de la labor que desempeñan los defensores de derechos humanos para lo cual ha emitido varios comunicados sobre diversos temas reconociendo su labor y en contra de la discriminación, realizando 31 jornadas de socialización y capacitación dirigidas a los servidores públicos responsables del cumplimiento de la Ley, capacitando a 900 personas entre defensores, comunidades indígenas, garífunas, sindicales, periodistas, comunicadores y operadores de justicia.

La DGSP desde 2015 al 31 de agosto de 2020, atendió 549 solicitudes de medidas de protección de las cuales, 195 casos permanecen activos, distribuidos en 122 casos individuales y 73 casos colectivos acogiéndose alrededor de 1,000 integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y líderes comunitarios. De los casos activos, el 72.3% (141) son casos de defensores de derechos humanos, 10.3% (20) casos de periodistas, 11.3% (22) de comunicadores sociales y 6.1% (12) de operadores de justicia. De estos, 31 casos corresponden a medidas cautelares ordenadas por la CIDH.

Respecto a las poblaciones vulnerables que se encuentran acogidas al sistema, 6 solicitudes de medidas de protección corresponden a personas defensoras de derechos humanos que accionan en defensa de los derechos de los NNA de las cuales, se admitieron 5 casos, continuando activos al 30 de julio del 2020, 2 casos. También, otros casos que se han admitido durante el período informado corresponden a 40 casos de medidas de protección relacionados con la defensa del medio ambiente y los bienes comunes y 14 casos con la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Asimismo, se cuenta con 32 casos de medidas de protección a los PIAH.

En cuanto a los recursos financieros con los que cuenta la DGSP, desde 2016 a 2020 se ha aumentado su presupuesto en un 355%, pasando de L. 4,979,350 en 2016 a L.22,699,750 en 2020 provenientes de fondos del Tesoro Nacional y la Tasa de Seguridad.

En marzo de 2018, el Ministerio Público creó la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, estructurada en tres secciones especializadas: Sección de Recepción de denuncias, Sección de Enjuiciamiento de empleados, servidores y funcionarios públicos y Sección de Enjuiciamiento a personas particulares.

A la fecha, investiga 41 casos por violencia contra defensores de derechos humanos, sin embargo, no existe registro de casos de investigación por violaciones contra defensores de los derechos de la niñez u organizaciones civiles que trabajan con la niñez.

B.Definición de niño (art.1).

En Honduras, son niños todas las personas menores de 18 años, en ese sentido, el nuevo Código Penal en su artículo 10 establece que la ley penal es aplicable a las personas de 18 o más años de edad, por lo que a los menores de 18 años se les aplica una legislación especial. Asimismo, solo pueden contraer matrimonio las personas mayores de edad, la cual es a partir de los 21 años de acuerdo al artículo 16 reformado del Código de Familia, sin embargo, podrán contraerlo, el hombre y la mujer mayor de 18 años, con autorización de los padres o tutores.

C.Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12).

No discriminación (art.2).

Párrafo 26, inciso a), la información desglosada por sexo sobre algunos aspectos de la Convención, se encuentra a lo largo del presente informe.

En cumplimiento al inciso b), relativo a las medidas para reducir la pobreza y las desigualdades de los NNA PIAH; se cuenta con los siguientes programas:

La iniciativa Alianza para el Desarrollo de la Mosquitia Hondureña (ADMH), en el marco de participación inclusiva, coordinada entre el gobierno, 6 mancomunidades del departamento de Gracias a Dios y la Unidad de Pueblos Indígenas y Negros de la Mosquitia Hondureña. La ADMH cumple con la AN-ODS al incidir en el principio de “No dejar a nadie atrás”, incluyendo a la población de los pueblos Misquitos: Tawahka, Pech y Garífunas; las federaciones, la población mestiza y los 12 Consejos Territoriales. En el período 2017-2019 se programaron recursos por L. 824.2 millones; y,

La Alianza para el Corredor Seco (ACS) es una estrategia para la reducción de la pobreza y la desnutrición a través de inversiones para beneficiar a la comunidades de 6 departamentos vulnerables del corredor seco hondureño, apoyada por USAID y The Global Agriculture & Food Security Program, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. Como resultados de la ACS se reporta:

i)Los ingresos de 12,174 hogares tuvieron un incremento de 216.7%, tomando como base los US$1.25 o menos per cápita diarios, que tenían al inicio del proyecto;

ii)La desnutrición crónica de niñas y niños menores de cinco años se redujo 13.2 pp, al bajar de 53.3% a 40.1%, y la desnutrición aguda se redujo 48.3%, pasando de 18% a 9.3% a septiembre 2019; y;

iii)El total de NNA atendidos es de 25,579.

La Plataforma Vida Mejor, benefició a 5,121 participantes directos de los PIAH en condiciones de pobreza extrema con el Bono Vida Mejor.

Interés superior del niño (art.3).

Párrafo 28, respecto al Interés Superior del Niño, la DINAF cuenta con instrumentos técnicos y jurídicos que son implementados en diferentes procesos de atención a los NNA, los cuales definen claramente los procedimientos para la determinación del Interés Superior del Niño en cada situación.

Respecto al inciso b), se capacita de manera continua a todos los actores intervinientes a nivel administrativo y judicial sobre la observancia y aplicación de este principio y a escuchar la opinión de los NNA en cada uno de los procesos.

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (art.6)

Párrafo 30, inciso a), sobre las medidas para fortalecer las investigaciones y el enjuiciamiento de casos de muerte y las ejecuciones extrajudiciales de NNA, el Ministerio Público enmarcado en su Plan Estratégico Institucional 2015-2020, ha implementado las siguientes acciones:

Aprobación del Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalías, a través del cual se creó la Sección Especial de Muerte de Menores y la Sección de Desapariciones Forzadas;

Creación en 2016 de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el propósito de apoyar en las tareas de investigación que realiza la Dirección Policial de Investigaciones (DPI); con la creación de la ATIC, se implementan el departamento de homicidios y los departamentos técnicos-científicos, que son una herramienta en la investigación de los mencionados casos;

Creación de nuevos laboratorios por parte de la DPI;

Elaboración de manuales, protocolos y guías para facilitar y mejorar las prácticas, actuaciones, procesos y técnicas de investigación, como ser el Manual Único de Investigación Criminal, con el cual se ha contribuido a estandarizar y unificar los procesos investigativos para la persecución de los delitos;

Creación de los Módulos de Atención Integral Especializada (MAIE) y el uso de la Cámara de Gessel, que ayuda en la toma de declaración de víctimas; y,

En 2020 se fortaleció la Dirección de Medicina Forense con la contratación de 47 especialistas a nivel nacional.

Respecto a las muertes de NNA, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, investiga 195 casos ocurridos entre 2016 a julio de 2020.

Referente al inciso b), la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud, se implementa a través de las instituciones que integran el Consejo de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud, en 2019, con el acompañamiento de SCGG, se inició el proceso para la elaboración del Plan de Acción de la Política Pública de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Adolescencia.

El Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS) en el marco de la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud, promueven la construcción de una ciudadanía participativa, fortalecimiento de valores, respeto, confianza, garantizado el desarrollo de actividades de aprovechamiento positivo y actividades comunitarias, a través de: capacitaciones metodológicas para fortalecimiento del núcleo familiar, trabajo en equipo, toma de decisiones, desarrollo de talleres de emprendedurismo, jornadas de orientación psicológica y/o vocacional a jóvenes estudiantes y jóvenes en riesgo social. Contribuyendo en la construcción de una justicia restaurativa en jóvenes privados de libertad y el empoderamiento para una reinserción a la sociedad.

La SEDH realiza el seguimiento a todas aquellas líneas estratégicas y acciones planteadas por las diferentes instituciones del Estado, contenidas en la Política Pública de Prevención de la Violencia hacia la Niñez y Juventud, y se han impulsados procesos de formación y construcción de ciudadanía, rescate y fomento de valores como el respeto a la vida, la solidaridad, el bien común y la dignidad humana, capacitaciones a NNA y jóvenes en centros educativos a través de talleres, seminarios, videos y foros.

Respecto a la implementación de las acciones de la PNADH, a siete años de su aprobación, el avance es del 42%. El porcentaje de acciones implementadas o con algún nivel de avance corresponde a acciones por derecho al 45.3% y a las acciones por población el 37.5%. En el grupo de acciones por población, el 39.2% corresponde a niñez.

Respecto al inciso c), en 2018 el Congreso Nacional aprobó el Decreto 101-2018, de la nueva Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales, implementando diferentes medidas para prevenir la violencia y la criminalidad, contribuir a la paz y la seguridad en el país, que destacan:

La descentralización del registro de armas mediante la creación de oficinas regionales en los lugares donde hay armerías;

Eleva de 18 a 21 años la edad mínima para solicitar permiso de portación de armas;

Reduce de 5 a 3, el número de armas que puede registrar una persona, pudiendo portar sólo 1;

Incrementó de 5 a 13 los requisitos que debe cumplir para obtener un permiso de portación;

Las pruebas y registros balísticos se realizarán en La Armería previo a la venta de un arma;

La munición se venderá sólo a la persona que presente el respectivo permiso de portación;

Ordena la destrucción de las armas de fuego decomisadas o incautadas en delitos;

El registro obligatorio para todas las armas del Estado de tal forma que se pueda controlar a quien se le asigna; y,

Establece diferentes tipos de permiso: Para la caza, deporte, coleccionistas, personas naturales, empresas de seguridad privada y de portación.

Respeto a la opinión del niño (art.12)

En octubre de 2018, el CONADEH habilitó 4 Espacios de Fraternidad, con apoyo de UNICEF, Canadá Pro Niñez, que constituyen sitios de encuentro y unión entre NNA, basado en el respeto a la dignidad de la persona, en la igualdad de derechos y en la solidaridad humana, en donde la niñez que visita las oficinas del CONADEH, en compañía de sus padres y familiares, podrán disfrutar de un espacio recreativo y de aprendizaje, mientras se atiende a los padres o representantes del mismo en la interposición de una queja de amenaza o de vulneración de derechos humanos, evitando la revictimización y la posibilidad de identificación de casos de vulneración.

D.Derechos y libertades civiles (arts. 7 y 15)

Inscripción de nacimientos (art.7)

Párrafo 34, sobre la adopción de medidas para asegurar la inscripción de todos los NNA, el RNP se encuentra en un proceso de fortalecimiento del Sistema de Inscripción de Nacimientos, mediante la reforma del artículo 53 de la Ley del RNP se redujo el plazo de inscripción de 1 año a 6 meses; campañas de sensibilización; brigadas de inscripción en zonas de difícil acceso; apertura de nuevas ventanillas en hospitales; proyectos de promotorado registral; y, la firma de convenios con Organismos Internacionales e Instituciones Gubernamentales dedicadas a los temas de niñez y adolescentes con el fin de establecer alianzas.

Mediante el convenio suscrito entre el RNP, OPS, SESAL y la Organización Ayuda en Acción, se fortaleció el Sistema de Inscripciones del RNP, contando a la fecha con 298 oficinas a nivel nacional, logrando en 2018, la apertura de 5 nuevas oficinas de registro en las zonas fronterizas, incrementándose las inscripciones de nacimientos en un 20%. Además, se habilitaron 4 nuevas Ventanillas Auxiliares en diferentes centros hospitalarios del país y otra ventanilla en el Centro Ciudad Mujer, sumando un total de 19 ventanillas en las cuales se registraron 85,900 inscripciones entre 2016 y 2018. El total de inscripciones durante el período reportado es de: 202,279 en 2016; 184,539 en 2017; 196,407 en 2018 y 183,203 en 2019.

Entre otras acciones destacan:

Campaña “Inscripción de Nacimiento, Un Derecho de Todos” realizada mediante Brigadas Móviles en dos municipios, como parte del Programa UNICEF-RNP;

Proyecto "Mejoramiento de las Tasas de Registro de Identificación" del Programa Universal de Identidad Civil en las Américas PUICA de la OEA, en su II Fase; se realizaron brigadas de Inscripción de Nacimiento e Identificación en zonas fronterizas de los países del Triángulo Norte;

Programa “Protección de la Niñez” con el apoyo de UNICEF;

Proyecto denominado "Soy hondureño, sembrando el sentido de pertenencia e identidad" y Proyecto "Promotorado Registral Colegial", los cuales consistían en enseñar a los NNA la importancia del Registro Civil como una cultura apropiada para la inscripción oportuna y el reconocimiento de sus derechos, impartido en escuelas públicas y privadas a nivel nacional, capacitando a 1,387 personas; y,

En 2020 implementó el nuevo formato de constancia de nacimientos, en el marco del convenio suscrito entre el RNP, el INE y la SESAL.

Libertad de asociación(art.15)

Párrafo 36, en el marco del SIGADENAH, se promueve la creación de mecanismos para asegurar la efectiva participación de los NNA, actualmente 64 Consejos cuentan con representación de NNA. No obstante, se tiene como reto la revisión del marco legal para determinar el nivel de restricción que existe en la actualidad al derecho de los NNA a la libertad de asociación y expresión.

La SEDS, cuenta con instrumentos que garantizan el respeto a los derechos de la Niñez, como:

La Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana;

El Marco Estratégico “Prevención, Paz y Convivencia” de la Subsecretaría de Seguridad en Prevención; y,

El Plan Nacional de Respuesta que se encuentra en construcción, contempla el enfoque de protección de derechos de la niñez, y estrategias basadas en evidencia, a fin de contar con un instrumento para garantizar los derechos de la niñez a una vida libre de violencia.

E.Violencia contra la niñez (arts. 19; 24, párr. 3; 28, párr. 2; 34; 37 a) y 39)

Participación de la niñez en maras

Párrafo 38, inciso a), la Iniciativa Espacios Seguros de Aprendizaje para la Inclusión de Niñas y Niños, con apoyo de UNICEF, ha priorizado las zonas conflictivas controladas por maras y pandillas, ampliando la cobertura geográfica: 302 centros educativos en 11 municipios de 4 departamentos, cubriendo 108,604 NNA de educación básica (50.4% niños y 49.6% niñas); 1,828 directores y docentes de centros educativos; 6,500 padres y madres de familia.

Se ha promovido la recuperación y utilización espacios públicos por parte de la población, mediante la promoción de actividades deportivas y culturales para la sana convivencia, así como los estilos de vida saludable y la alimentación balanceada. Se cuenta con 102 parques para una “vida mejor” a nivel nacional; en 2019 se habilitaron 34 nuevos parques y 3 durante el 2020, con los cuales se han beneficiado a más de 83,000 personas.

En el marco de la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud, se ha implementado el programa Gang Resistance Education and Training (GREAT) en 2,048 centros educativos a nivel nacional y dirigido por la Policía Nacional, con el propósito de prevenir la delincuencia juvenil, la violencia y la asociación con el crimen organizado, mediante capacitaciones constantes y la interacción continua con los NNA en centros educativos, a la fecha se cuenta con 235 instructores distribuidos en 39 equipos a nivel nacional, beneficiando a 2020 a más de 487,905 NNA.

Igualmente, se implementó la Estrategia de Construcción de Paz, Convivencia y Ciudadanía en 85 centros educativos; también se elaboró la Estrategia de Prevención, Protección y Reducción de Violencia en Centro Educativos; en 2017 se capacitaron 19,586 personas en prevención de violencia; y se formaron 57,677 adolescentes y jóvenes entre 13 y 16 años mediante el programa Sin Drogas se Vive Mejor.

Respecto al inciso b) al PNPRRS anualmente se ha asignado un promedio de L 10.4 millones durante el período informado.

En cuanto al inciso c), sobre la revisión de la ley, para asegurar el respeto de los derechos de los NNA relativo a la seguridad pública se informa que, con la aprobación del nuevo Código Penal fue derogado el Decreto 144-83 que incluía el artículo 332.

En relación a inciso d), el Programa Guardianes de la Patria, ha sido restructurado con el propósito de cumplir con las recomendaciones hechas por los organismos nacionales e internacionales encargados de velar por la protección de la niñez. Actualmente, las clases se imparten en los distintos centros educativos y contempla una metodología de enseñanza de principios y valores mediante aprender-haciendo-jugando orientados al desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas y aptitudes en los NNA, como complemento de la educación impartida en las escuelas, con una duración de 12 semanas, dirigido principalmente a NNA en riesgo social y que sus padres han autorizado su participación.

El Programa no contempla entrenamiento militar y durante el proceso de aprendizaje los NNA beneficiarios no tienen acceso a ningún tipo de arma, asimismo, cuenta con el acompañamiento y veeduría de la SEDUC, SEDIS, Cuerpo de Bomberos de Honduras, Cruz Roja Hondureña, Instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad Católica, iglesias, padres de familia, Centro Interactivo de Enseñanza para Niños Chiminike, Grupo Scouts de Honduras, entre otras instituciones.

Además, el Programa cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por pedagogos, odontólogos, psicólogos, médicos, enfermeros entre otros profesionales, quienes brindan atenciones con el propósito de reducir los niveles desnutrición en los NNA, orientación y charlas en identidad cultural.

Derecho de la niñez a no ser objeto de ninguna forma de violencia (arts. 37 a) y 28, párr. 2)

Párrafo 40, para la convivencia armoniosa en los centros educativos, en 2019 se aprobó el Reglamento Interno para la Convivencia Escolar en los Centros Educativos Gubernamentales de Honduras con el objetivo de favorecer la convivencia entre la comunidad escolar, educandos, personal directivo y administrativo, docentes, padres, madres, tutores y/o encargados.

Párrafo 44, sobre el derecho de los NNA a no ser objeto de ninguna forma de violencia se informa que: Honduras cuenta con la Ley contra la Violencia Doméstica, es aplicable a niñas menores de 18 años y mayores de 14 cuando en la relación sentimental ocurra sin haberse cometido delito. Entre 2016 y 2020, la Fiscalía Especial de Protección de la Mujer atendió 37 casos de violencia doméstica donde la víctima era una niña entre 14 y 17 años.

Respecto al inciso a), desde el 2016 se cuenta con una base de datos que lleva el registro de casos de violencia doméstica atendidos y registrados por los MAIE, incluyendo los casos que los NNA son víctimas.

La Comisión Interinstitucional para el Seguimiento a las Investigaciones de las Muertes Violentas de Mujeres Femicidios trabaja en la creación del Sistema de Información Unificado Sobre Violencia Contra la Mujer, para identificar varios aspectos e información de las víctimas de violencia, fortalecer la generación de políticas públicas basadas en evidencia para prevenir, atender y erradicar la muerte violenta de mujeres, femicidios y todo tipo de violencia contra la mujer.

Respecto al inciso b), sobre campañas de sensibilización y prevención de la violencia doméstica, la SEDH ha desarrollado la campaña denominada “Convivencia Sin Violencia”, en respuesta al incremento de la violencia en el hogar durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, en un trabajo articulado con las organizaciones de derechos humanos de las mujeres, la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios y el CONADEH. Igualmente, en conjunto con la Unión Europea se desarrolla la campaña denominada “+Unión-discriminación y estigmatización”.

Con la aprobación del Decreto Legislativo 99-2020 sobre medidas especiales de difusión, prevención y atención de la violencia contra la mujer y acciones para garantizar la igualdad de género durante la vigencia de la emergencia producto del COVID-19, se contempla la creación de una campaña de información masiva a fin de educar e informar a toda la población sobre las diferentes formas de violencia contra la mujer.

Tortura, malos tratos o castigos corporales (art. 19)

Párrafo 42, sobre el derecho de los NNA a ser protegidos contra la violencia y los castigos corporales, el Estado protege el núcleo familiar y busca garantizar una vida libre de violencia en el entorno familiar, asimismo, la Fiscalía de la Niñez investiga los casos de NNA víctimas de delito de maltrato, atendiendo de 2016 a la fecha, 2,923 casos a nivel nacional, que representan el 44% de los casos de maltrato de NNA en el departamento de Francisco Morazán.

El Ministerio Público, cuenta con 23 MAIE a nivel nacional, que reciben denuncias por el delito de maltrato por transgresión contra los NNA e investiga de oficio o por denuncias de familiares, terceros o en coordinación con los centros educativos y/o los centros de salud. De 2016 a junio de 2020, los MAIE han atendido 1,340 casos por este delito.

Los MAIE cuentan con equipos interdisciplinarios conformados por fiscales, trabajadores sociales y psicólogos, que brindan servicios de atención integral, bajo principios fundamentales de respeto a la dignidad humana y la aplicación del interés superior del niño, buscando proteger en todo momento la integridad física y psicológica de los NNA. A través de los MAIE se imponen medidas de seguridad para la protección de las víctimas de las diversas formas de violencia, entre ellas mujeres y NNA.

En cuanto a los programas de sensibilización y formación, la DINAF impulsa el Programa Aprendiendo en Familia, que capacita y orienta sobre derechos humanos, identificación de vulneraciones, prevención de violencia y valores, a las familias cuyos hijos han sido vulnerados en sus derechos, con el fin de fortalecer la familia como espacio protector ideal. Mediante esta metodología se capacitaron 18 familias durante el 2019. Adicionalmente, se promueve el desarrollo de procesos formativos para actores del Subsistema de Protección Especial, sobre el impacto de la violencia en el desarrollo evolutivo saludable, promoviendo la disciplina positiva, logrando capacitar 105 personas en 2020.

Explotación y abuso sexual (art. 34)

Párrafo 46, inciso a), en 2016 se creó la Unidad contra la Trata de Personas, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas del Ministerio Público que ha puesto a disposición para denuncias el número (504) 9785-0027/ unidadcontralatrata@gmail.com.

Además, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) recibe denuncias al número (504) 8990-5187/ denuncias@cicesct.gob.hn/ eri@cicesct.gob.hn y la página web (https://cicesct.gob.hn/index.php/contactenos/).

De 2016 a octubre de 2020 se denunciaron 392 casos de trata de personas; 65 denuncias por el delito de explotación sexual comercial, tal como se detalla:

Denuncias	2016	2017	2018	2019	2020
Delito de trata de personas	49	109	122	91	21
Delitos de explotación sexual comercial	13	29	23	0	0

Fuente: CICESCT

Las MAIE cuentan con mecanismos de denuncia de casos de abuso y explotación sexual, brinda atención con el equipo interdisciplinario y realiza la investigación, la remisión inmediata de diligencias investigativas y la detención preventiva o en flagrancia en coordinación con la Fiscalía Especial de la Niñez y la Fiscalía de Turno. Asimismo, atiende de manera inmediata al llamado de los Centros de Salud y Educativos cuando detectan signos de violencia sexual u otra índole en NNA.

El Módulo de Recepción de Denuncias, asesora jurídicamente a la ciudadanía y remite las denuncias de inmediato a la Fiscalía Especial de la Niñez o la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual, Comercial y Tráfico de Personas.

La DINAF impulsa la implementación del Subsistema de Protección Especial, el cual tiene los mecanismos de denuncia o reporte, para los NNA y comunidad en general que identifica una vulneración de derecho y el tipo de procedimientos que deben ser aplicados por los funcionarios, eso permite la derivación y articulación con diversas instituciones para su protección integral.

En cuanto al inciso b), sobre la investigación y el enjuiciamiento de los casos denunciados, la Fiscalía de la Niñez es la encargada de realizar las investigaciones de delitos de abusos sexuales y delitos de violación especial en perjuicio de NNA, para lo cual practica las primeras diligencias investigativas desde que se tiene conocimiento del hecho, que consisten en: Evaluación física, psicológica y psiquiátrica si procede, toma de declaraciones para evitar revictimizar a los NNA y lograr la detención inmediata de su agresor, acción que coordina con las fiscalías de turno.

De acuerdo a datos de la CICESCT, de 2016 a 2020 se judicializaron 127 casos por el delito de trata de personas y 121 por el delito de explotación sexual comercial de NNA; se emitieron 50 Sentencias por el delito de trata de personas y 48 Sentencias por el delito de explotación sexual comercial de NNA, tal como de detalla en el siguiente cuadro:

Categorías	2016	2017	2018	2019	2020
Delito de trata de personas	Judicializaciones	14	26	32	55	0
Sentencias	8	5	17	17	3
Delitos de explotación sexual comercial	Judicializaciones	10	64	24	23	0
Sentencias	4	12	11	21	0

Fuente: CICESCT

De 2016 a 2020 se rescataron y atendieron a 192 NNA, de los cuales 111 son niños y 81 son niñas.

Año	Rango de edad	Niño	Niña
2016	12-17 años	52	-
03-17 años	-	7
2017	11-17 años	25	32
2018	0-17 años	6	19
2019	0-18 años	23	-
2020	0-17 años	5	23
Total	111	81

Fuente: CICESCT

Sobre los casos denunciados entre 2016 a 2020, la Fiscalía Especial de la Niñez registra 6,951 casos por el delito de abusos sexuales contra NNA en 29 ciudades, con el 25.78% de los casos en la ciudad de Tegucigalpa, 18.96% en San Pedro Sula, seguidos de Comayagua con 10.79% y La Ceiba con 6.66%, otras ciudades que registran alrededor de la misma cantidad de casos durante el periodo son; Juticalpa, Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara que suman el 13.03% del total de casos.

A continuación, el total de casos por el delito de abusos sexuales contra NNA, ocurridos en las principales ciudades:

Año	Tegucigalpa	San Pedro Sula	Resto a nivel nacional	Total
2016	474	295	447	1,216
2017	434	291	591	1,316
2018	379	329	810	1,518
2019	407	291	812	1,510
2020 *	98	112	297	507
Indeterminado	-	-	884	884
Total	1,792	1,318	3,841	6,951
Fuente: Fiscalía Especial de la Niñez
* Enero a agosto de 2020.

Fuente: Fiscalía Especial de la Niñez

* Enero a agosto de 2020.

El MAIE entre 2016 a junio de 2020 recepcionó 1,683 casos de violación especial contra NNA y 894 casos por actos de lujuria agravados.

Para implementar la Ley Contra la Trata de Personas se aprobó el Protocolo de Actuación del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) para la Atención a Víctimas de los Delitos de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas y el Plan Estratégico Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (2016-2022).

En relación al inciso c), durante el período informado la CICESCT reporta la sensibilización a una población estimada de 1,137,308 personas de las cuales, alrededor de 388,880 personas se beneficiaron con acciones de formación y 748,428 con procesos de sensibilización. También se capacitó a 87,045 personas a nivel nacional con responsabilidades directas en la temática, del total el 40% son NNA.

Para la prevención y persecución del delito de trata de personas, así como la atención integral a las víctimas, mediante la articulación interinstitucional a nivel local, regional y nacional, encaminada a informar, concientizar, educar y prevenir este flagelo, se implementaron las campañas: “Las Niñas no se Tocan, no se Violan, no se Matan”, “Denuncia la Trata de eso se Trata” y en 2019 “Corazón Azul”.

Se han realizado acciones coordinadas con organizaciones no gubernamentales para trabajar en la implementación de proyectos encaminados a la prevención y combate del delito de trata de personas. Al periodo informado se mantuvieron activas 32 instancias que conforman el pleno con representación de instituciones gubernamentales, entes autónomos vinculantes y organizaciones no gubernamentales que tienen competencias en la prevención, atención a víctimas y/o persecución de los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas.

Respecto al inciso d), la SEDUC implementó la Guía de Orientación Docente para la Reinserción Educativa de Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Vulnerabilidad, para garantizar la educación de los NNA migrantes, desplazados forzados, víctimas de trata de personas, entre otros.

Matrimonio infantil precoz y forzado (art. 24, párr. 3)

Párrafo 48, relativo a las medidas para hacer cumplir la edad mínima para contraer matrimonio, Honduras reconoce la protección a la niñez en el artículo 111 de la Constitución de la República, el cual establece que la familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia están bajo protección del Estado. En cuanto a las medidas legislativas, el Código de Familia en el artículo 21 prohíbe el matrimonio de los menores de edad, lo cual se complementó con el Decreto Legislativo 44-2017 del 12 de julio de 2017, quedando derogado el último párrafo del artículo 16 del Código de Familia, que permitía el matrimonio de niñas de 16 años con la autorización de sus padres, por lo que la edad mínima permitida para casarse es 18 años.

Recuperación física, psicológica y reintegración social de la niñez (art. 39)

Párrafo 50, sobre la línea telefónica con cobertura nacional disponible para los NNA, la DINAF con apoyo de UNICEF está desarrollando la última etapa de habilitación del servicio telefónico (línea 111) de atención de denuncias y contención socio-afectiva para NNA en vulneración de derechos y su familia; esto permitirá acercar los servicios a la población, sobre todo en el contexto de emergencia sanitaria generados por la pandemia.

Por medio del Sistema Unificado de Atención del Sistema Nacional de Emergencia 911, se recepcionan y canalizan todo tipo de denuncias a nivel nacional, contando con enlaces de las diferentes instituciones para brindar una respuesta a las víctimas. A través de esta línea se interponen el mayor número de denuncias, las cuales son coordinadas con la Fiscalía Especial de la Niñez y la Policía Nacional para su atención inmediata.

Respecto al inciso b), la Fiscalía Especial de la Niñez cuenta con una línea telefónica directa (+504 2221-1563) para recibir denuncias. Los MAIE regionales cuentan con números de teléfono en el lugar donde se prestan los servicios, lo que permite la comunicación y coordinación fluida en casos de denuncia. Además, el MAIE Central cuenta con una línea directa (+504 2221-3534) recibiendo denuncias a nivel nacional, que coordina y canaliza los casos a otras ciudades de manera inmediata y directa con los fiscales de los MAIE regionales, para garantizar la respuesta y la atención de las víctimas.

En virtud de las denuncias recibidas, los MAIE han brindado 47,715 atenciones a nivel nacional entre 2015 al 2019, incrementándose en 13,386 las atenciones de 2019 en comparación a 2015.

La SEDS también cuenta con una línea telefónica que opera en el Módulo de Recepción de Denuncias para recibir denuncias y darles el respectivo trámite. La Dirección Policial de Investigación (DPI) reciben denuncias y junto con informe investigativo son remitidas en forma inmediata a la Fiscalía correspondiente para dar continuidad al proceso.

F.Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado (arts. 5, 20 y 21)

Entorno familiar y deberes de los padres (art.5)

Párrafo 52, durante los últimos años la DINAF ha realizado esfuerzos para aprobar convenios y leyes que proporcionen una mayor protección a los NNA entre los que destacan, el cobro internacional de alimentos, la protección internacional y programas de desarrollo social (proyecto reintegración de migrantes) para grupos en situación de alta vulnerabilidad.

Asimismo, en colaboración con otras instituciones del Estado ha realizado procesos de socialización de leyes y reglamentos en favor de los NNA, entre ellas, la Ley MAPA y su reglamento, que en 2019 fue aprobado y socializado en colaboración con la SEDH.

Se continúa implementando el Programa Criando con Amor que promueve e integra las familias, como el espacio más adecuado para el desarrollo y protección de los NNA, fortaleciendo el tejido social a nivel nacional, beneficiando en 2019 a 92,289 familias de las zonas más postergadas.

En el contexto de la emergencia por COVID-19, se apoya con raciones alimenticias e insumos de bioseguridad a familias, a Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCA) y a mujeres con NNA privadas de libertad, beneficiado a 65 IRCA.

Sobre la supervisión y evaluación del impacto de las medidas de alivio a la pobreza, con el apoyo de Banco Interamericano de Desarrollo Integral se realizó la Evaluación al Programa Vida Mejor de Bono de Transferencia Condicionadas, presentando logros como la reducción de la pobreza extrema entre las familias beneficiarias.

Para consolidar y fortalecer el monitoreo y evaluación estatal, el Sistema Nacional Estadístico y la Plataforma de Monitoreo de la AN-ODS, llevarán el registro del avance de los 232 indicadores de la AN-ODS, el que a su vez fortalecerá al INE y los registros administrativos de las instituciones sectoriales, mediante la asignación de recursos y una metodología normalizada, bajo la dirección del INE.

Niñez privada de un entorno familiar (art.20)

Párrafo 54 y 56, sobre la evaluación de los centros de cuidado y atención de la niñez, la DINAF monitorea y evalúa la calidad de los servicios que prestan las IRCAS, para lo cual se realizan constantes monitoreos y recomendaciones de mejora, brindando el acompañamiento para su implementación. En ese sentido, se realizaron 117 monitoreos en 2017, 147 en 2018, 109 en 2019 y 52 a agosto de 2020.

En 2016, la DINAF efectuó un mapeo de las organizaciones no gubernamentales que brindan atención residencial a NNA con derechos vulnerados, con el fin de conocer la cantidad de NNA bajo su cuidado y su ubicación, contando con 177 organizaciones en 2020. Asimismo, se realizó un pilotaje para certificar la calidad de los servicios brindados por 30 de estas instituciones. A través del mapeo, la DINAF logró identificar 6,000 NNA institucionalizados en 2017, en 2018 a 7,612 NNA, en 2019 a 6,736.

Además, para la atención de los NNA, la DINAF ha suscrito 129 convenios de tercerización de la atención de NNA con ONG entre 2017 a la fecha; 27 en 2017, 31 en 2018, 35 en 2019 y 36 en 2020.

En relación a las medidas para facilitar y promover la desinstitucionalización de los NNA, en 2019 la DINAF inició un proceso de prevención de la institucionalización de los NNA a través de:

Implementación del Subsistema de Protección Especial que contempla las rutas de atención para NNA en situación de vulneración;

Sensibilización y formación de competencias sobre los efectos de la institucionalización para diferentes actores del Subsistema de Protección Especial;

Inició con el pilotaje del Protocolo de Familias de Protección Temporal;

Realiza coordinaciones con OSC para promover medidas alternativas a la institucionalización; y,

El Proyecto de Antenas de Protección.

Adopciones (art.21)

Párrafo 57, en 2018 el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo número 102-2018, que contiene la nueva Ley Especial de Adopciones en Honduras. En ese sentido, la DINAF capacitó al personal de los Registros Civiles Municipales con el fin de comenzar la aplicación de dicha ley a nivel nacional, registrando a la fecha 61 adopciones en el marco de esta.

Mediante Decreto Legislativo 44-2016 del 26 de abril de 2016, aprobó en todas y cada una de sus partes el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional.

GDiscapacidad, salud y bienestar (arts. 6, párr. 2; 23, 24, 27, párrs. 1 a 3 y 33)

Supervivencia y desarrollo (art.6, párr. 2)

Párrafo 59, inciso a), en el marco de la Ley Fundamental de Educación, se ratifica el compromiso de garantizar un Sistema Nacional de Educación equitativo e inclusivo, en ese sentido, en 2019 se aprobó la Política Pública de Educación Inclusiva, para asegurar a todas las personas con discapacidad, el acceso al derecho a la educación con calidad, equidad, pertinencia y eficacia, a lo largo del ciclo de vida, eliminando las barreras que los excluyen de este derecho.

Para garantizar la matrícula de los NNA con discapacidad en escuelas ordinarias tal como se establece en la política supra, se realizó el diagnóstico de accesibilidad en 9,285 centros educativos a nivel nacional y la firma de 8 convenios con instituciones que brindan atención a NNA con discapacidad para la asignación presupuestaria, registrándose la matrícula en el sistema educativo ordinario de 66 NNA con discapacidad en 2016; 212 en 2017; 213 en 2018 y 214 en 2020.

En cuanto al inciso b), la Política de Educación Inclusiva en su objetivo estratégico 3, garantiza la accesibilidad universal a la Educación Inclusiva mediante la adaptación, optimización y ajuste razonable de infraestructura requerida en el Sistema Nacional de Educación.

Sobre el inciso c), en el marco de la Política de Educación Inclusiva y su Reglamento, la SEDUC ha formado de 2017 a 2020 a 537 docentes sobre organización y funcionamiento de los equipos psicopedagógicos a nivel departamental para la educación de los NNA con discapacidad. Además, de 2016 a 2018 capacitó a 162 docentes mediante el curso denominado Las TICS y la Discapacidad. Desde 2016 se cuenta con 90 docentes formados en atención a la diversidad (SEAD) y se adecuaron 6 Manuales Curriculares para la educación de NNA con discapacidad.

Respecto al inciso d), en atención a necesidades educativas especiales, la SEDUC cuenta con programas como: “Educación en Casa”; “Educación Hondureña por Radio”; “Programa Hondureño de Educación Comunitaria”; y “Programas para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con talentos especiales”, entre otros.

En relación al inciso e), la SEDIS en su presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el año 2020, por medio del Programa “Estrategia e Instrumentos de Política Social” transfiere un monto de L.30,081,464 a 53 Organizaciones de y para personas con discapacidad.

Atención primaria de la salud (art.24).

párrafo 61, inciso a), mediante la Ley Marco del Sistema de Protección Social y la Política de Protección Social, se implementan y ejecutan planes y programas que conforman el Piso de Protección Social, con los objetivos de entregar beneficios como el ingreso básico, y acceso a servicios que garantizan el adecuado desarrollo de los NNA; promoción de la salud integral, empleo, seguridad alimentaria y nutricional de las familias.

Sobre los avances en la estrategia de atención primaria de la salud se informa que, en los Objetivos Estratégicos y Resultados de Gestión del Plan Estratégico Institucional 2018-2022 de la SESAL, en el marco del modelo Nacional de Salud, en provisión de los servicios se establece en el objetivo 5, mejorar las condiciones de salud de los niños y niñas menores de cinco años y como resultado de gestión se ha mejorado la salud de los niños y niñas menores de 5 años, a través de atenciones integrales de salud (promoción, prevención, recuperación y rehabilitación), logrando el 93% de la atención programada en 2019.

Se implementan acciones de control de crecimiento y desarrollo adecuado, trabajo que se realiza en los establecimientos de salud y extra muros sobre la importancia del estado nutricional de este grupo priorizado, brindando 1,467,630 atenciones que representan el 95% de las programadas, se monitorea a través de la estrategia de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C) brindando 367,588 atenciones que representan el 87% de las atenciones programadas.

Durante 2019 se ejecutaron 89,699 egresos de hospitalización que representa más del 100% de las atenciones programadas, desglosado de la siguiente forma: 57,320 egresos de pediatría y 32,379 egresos de neonatología. En relación a las atenciones de consulta externa durante 2019 se realizaron 163,641 atenciones, el 92% de las programadas.

En 2018 se aprobó el Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud materno-neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud. Para mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud materno-infantil nutrición y mujeres en edad fértil en la población seleccionada de los municipios más pobres, se implementa la Iniciativa Salud Mesoamérica. En la medición 2019, se logró un aumento de 80% de partos institucionales; 94% de las mujeres con complicaciones obstétricas se atendieron de acuerdo a las normas más recientes; 79% de atenciones a complicaciones conforme a las normas hospitalarias; 55% de recién nacidos recibieron cuidados neonatales en los primeros 3 días postparto.

Respecto al inciso b), sobre el fortalecimiento del programa de inmunización, actualmente forman parte del esquema nacional de vacunación 20 vacunas, las cuales se aplican a través de todo el curso de vida a embarazadas, niños y niñas menores de 5 años, adolescentes de 11 años, jóvenes de 21 años, adultos mayores de 60 años y grupos en riesgo de todas las edades; el acceso es universal y sin ningún tipo de discriminación.

En mayo de 2019 se efectuó la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación, que se realiza anualmente, para la búsqueda de población no vacunada, vacunación contra la influenza estacional a grupos en riesgo, suplementación con vitamina A y promoción de la detección del cáncer infantil. Lográndose vacunar a 315,477 personas de diferentes edades.

Respecto a los recursos financieros para la adquisición de vacunas, implementos para la cadena de frío, y gastos de movilización de personal, durante la Jornada de Vacunación en 2019 se aseguraron los recursos al Programa Ampliado de Inmunizaciones de L.538,457,276, de los cuales L. 504,029,827 (94%) de financiamiento es del Tesoro Nacional y L. 34,427,449 (6%) de la cooperación externa; que incluye salarios de personal de salud involucrado en el tema inmunizaciones a nivel nacional, adquisición de vacunas, jeringas, insumos, equipo de la cadena de frío, movilización de personal durante jornada a nivel nacional en apoyo a actividades que no son financiadas por fondos nacionales.

Entre los logros destacan, el cumplimiento del Convenio de suministro de vacunas, implementos para la cadena de frío, asegurando el financiamiento nacional por más de L. 340 millones, lo que ha permitido el abastecimiento de todas las vacunas desde hace una década, manteniendo reserva estratégica de cada vacuna para un período entre 3 a 6 meses.

Para la conservación adecuada de las vacunas se fortaleció la cadena de frío a nivel nacional con la remodelación del Almacén Nacional de Biológicos, se cuentan con 10 Almacenes Regionales de Biológicos en 5 departamentos, dotación de vehículos refrigerados, equipo y elementos complementarios, incrementando su capacidad de almacenamiento en frío en todos los niveles.

Con relación a la introducción de nuevas vacunas se destaca:

Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano para niñas de 11 años en 2016;

Vacuna toxoide tetánico y diftérico acelular para mujeres embarazadas y trabajadores de la salud en situaciones de brotes de Tosferina, con una inversión de L. 10 millones, en 2017;

Aplicación de la segunda dosis de vacuna Sarampión, Rubéola y Parotiditis a los 18 meses de edad y la segunda dosis de Vacuna Poliovirus Inactivada en 2018; y,

Vacuna contra la Hepatitis A pediátrica para NNA de 12 meses en 2020.

En implementación del inciso c), para lograr el acceso y cobertura universal a la salud, y reducir la mortalidad infantil, como parte de las estrategias para prevenir la muerte infantil y lograr alcanzar la mejora de la salud de los niñas y niños menores de cinco años, entre las cuales se realizaron:

Expansión de la estrategia AIN-C;

Actualización del Manual de Capacitación a los Monitores y Monitoras AIN‑C;

Capacitación en el uso de los listados de NNA en los gestores descentralizados (Iniciativa Salud Mesoamérica);

Vigilancia nutricional institucional;

Implementación de vigilancia del desarrollo con 5 salas de estimulación temprana a nivel nacional, en el marco de la expansión de ASISST/Zika; y,

Suplementación con micronutrientes, la aplicación de las vacunas para enfermedades inmunoprevenibles y aplicación de inmunizaciones, destacando la aplicación de la tercera dosis de pentavalente en el 88% de niños y niñas menores de 5 años.

La SESAL presta servicios en atenciones a la salud a toda la población, incluida las poblaciones indígenas y de zonas rurales, para atender enfermedades como neumonía/bronconeumonía, diarrea y por morbilidad general. A la fecha se cuenta con 1,760 unidades de salud a nivel nacional distribuidos en todos los departamentos para la atención de la población incluidos los PIAH y protocolos de atención de población en general que incluye estas poblaciones.

Derechos a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes

Párrafo 65, inciso a), en 2016, la SESAL aprobó la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la cual constituye una herramienta para el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos basados en la autonomía de las personas para tomar decisiones sobre su vida, cuerpo, sexualidad, reproducción, salud y bienestar, incluyendo el derecho a tener relaciones sexuales, sin violencia ni bajo presión, a tener hijos cuando lo desea y a expresar la sexualidad.

Esta política incorpora entre sus estrategias, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, para prevenir conductas de riesgo y campañas de comunicación para promover el acceso a la información científica en salud sexual reproductiva con enfoque de derechos en la población. Entre sus líneas de acción incluye:

Divulgación y facilitación del acceso a información científica para la prevención de embarazos en adolescentes;

Proveer información para prevenir la transmisión sexual y vertical (embarazo, parto y lactancia) del VIH, sífilis y otras ITS;

Desarrollo de estrategias para eliminar el estigma y discriminación relacionados con el VIH (con énfasis en salud, educación, trabajo, entre otras);

Promover campañas contra el maltrato familiar, trata de personas, abuso sexual, discriminación a jóvenes; y,

Mejorar el acceso a los servicios de atención integral para adolescentes, identificando y eliminando barreras, entre otros.

Por medio del Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes, la SESAL, el Despacho de la Primera Dama, UNFPA y Canadá crearon la iniciativa Servicios de Salud Amigables para Adolescentes (SSAA), beneficiando a 300,000 adolescentes. A julio de 2020 existen 91 Centros SSAA a nivel nacional, 58 Clínicas de Atención Integral al Adolescente y 8 Comités Comunitarios de Jóvenes.

SEDIS, CENISS y UNFPA elaboraron una estrategia de política integral que prioriza 22 municipios de 10 departamentos con alta prevalencia de embarazos en adolescentes, incidencia de la pobreza multidimensional y acceso a servicios sociales. Igualmente, en 2019 se aprobó el Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección de Prevención de Embarazo en Adolescentes de la SEDIS con un presupuesto de L. 11,600,000.

Se logró la reducción de 6,207 partos institucionales en menores de edad y un 37% menos de embarazos en adolescentes estudiantes de educación secundaria, entre 2015 y 2019.

En relación al inciso b), en el marco de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la SEDUC elaboró las Guías “Cuidando mi Salud y mi Vida” y la “Guía de Escuelas para Padres en Educación Integral de la Sexualidad”, que desarrollan actividades de formación dirigidas a docentes, estudiantes y padres de familia, abordando temas de sexualidad, ITS, embarazo en adolescente, paternidad y maternidad responsable y métodos anticonceptivos. A 2019 se registran 22,750 docentes certificados en el curso de educación integral de las guías en 1,055 centros educativos del nivel básico y 17,672 estudiantes beneficiados.

Respecto al inciso c), el Congreso Nacional reformó el artículo 30-"C" de la Ley para una Maternidad y Paternidad Responsable, que adiciona: La SEDUC y demás autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, deben promover programas que brinden servicios educativos en las clases, en las asignaturas desde el cuarto grado, para que las y los adolescentes, conozcan las obligaciones y derechos derivados de la paternidad, las implicaciones del embarazo en la adolescencia y temas relacionados con la sexualidad, la procreación y prevención de ITS. También se deben arbitrar los medios para asegurar la continuidad de los estudios por parte de las adolescentes embarazadas tanto en el periodo previo como durante y posterior al parto. Asimismo, se deben formular y ejecutar políticas públicas y campañas relativas a la paternidad responsable.

Los Módulos de Atención a Adolescentes (MAA) del Programa Ciudad Mujer, brindan atención y capacitaciones sobre prevención de violencia en el noviazgo, acoso escolar y ciber acoso, suicidio, educación sexual y reproductiva, prevención del embarazo y servicios integrales a mujeres embarazadas y madres adolescentes menores entre 12 a 18 años, para que continúen sus estudios y en casos violencia se brinda asesoría legal y acompañamiento a las víctimas. Asimismo, se trabaja con un sistema de referencia y contra referencia con las diferentes instituciones para lograr la atención integral ante estas formas de violencia u otros problemas relacionados.

De 2018 a agosto de 2020, el MAA brindó las siguientes atenciones:

Categorías	2018	2019	2020
Atenciones interinstitucionales brindadas	7,352	14,638	5,567
Adolescentes atendidas	-	10,153	4,074

Fuente: DINAF

El módulo, incluye atención psicológica, y se aplica bajo consentimiento informado, la ficha de tamizaje de violencia para detectar casos de vulneración de derechos; incluyendo los casos de matrimonio infantil, precoz y forzado; y brindar asistencia biopsicosocial individualizada en caso de la depresión (estrés, embarazo precoz, presiones conyugales y familiares), violencia intrafamiliar, ansiedad (baja autoestima, estrés, inseguridad), abuso sexual y prácticas sexuales no deseadas.

Respecto al inciso d), en 2017 en el marco de la elaboración del Código Penal se abrió a debate la despenalización del aborto en los casos de violación, sin embargo, no fue aprobado.

Salud mental y uso indebido de sustancias psicotrópicas (art.33)

Párrafo 63, para la prestación de servicios de salud mental, la SESAL cuenta con psicólogos, psiquiatras, médicos generales, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales en establecimientos ambulatorios y hospitales psiquiátricos.

El Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, cuenta con espacios adecuados para la atención de los NNA. Además, cuenta con Protocolos de Salud y de servicios sociales, dirigidos a la atención de mujeres y niñas víctimas sobrevivientes de violencia, de acorde a las directrices del “Paquete de Servicios Esenciales”. También, cuenta con espacios de internamiento para atención de pacientes alcohólicos que incluye la atención de pacientes jóvenes.

En cuanto a programas de tratamiento para las adicciones y dependencia, enmarcados en la Ley Especial para el Control del Tabaco, se continúa obligando a las empresas fabricantes y distribuidoras de cigarrillos, a colocar pictogramas impresos en las cajetillas de cigarrillos, con la advertencia sobre los efectos perjudiciales el consumo del tabaco para la salud.

El Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia capacita a jóvenes, en prevención del consumo de alcohol, drogas y sustancias psicoactivas, además, brinda apoyo y terapias a las familias de las jóvenes con adicciones.

Actualmente se está realizando en su etapa final la ENDESA/MICS 2019, en la cual se recopila información en este tema; ya que cuenta con un módulo de consumo de tabaco y alcohol en mujeres y hombres de 15-49 años.

Prevención y atención de enfermedades transmisibles (VIH/SIDA)

Párrafo 67, sobre la atención de las enfermedades transmisibles, especialmente el VIH/SIDA, la SESAL informa las siguientes medidas implementadas:

Extensión del Plan Estratégico Nacional de Respuesta al VIH y SIDA (PENSIDA IV 2020-2024) orientado a fortalecer las acciones de prevención del VIH con énfasis en las poblaciones clave y poblaciones más vulnerables; intensificar las acciones para ampliar la cobertura y calidad de los servicios de atención, tratamiento y apoyo psicosocial para las personas con VIH en un entorno libre de estigma y discriminación y guiar las accionar de los diferentes sectores y actores institucionales que trabajan en la respuesta a la epidemia del VIH, incluyendo a la cooperación internacional.

Plan de Monitoreo y Evaluación 2020-2024 de la Epidemia del SIDA;

Programa de Prevención de la Transmisión del VIH de Madre a hijo/hija; y,

Reinstalación de la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA) para dar respuesta a iniciativas para la prevención y tratamiento del VIH, en febrero de 2020.

Para la atención a las personas que viven con VIH, se cuenta con 57 Servicios de Atención Integral (SAI) a nivel nacional, que brindan abastecimiento de medicamentos, captación de personas que requieren tratamiento antirretroviral (ARV), el seguimiento de casos, estabilización de la epidemia de VIH, entre otros. Los 22 SAI brindan atención a la niñez con VIH y cuentan con infectólogos-pediatras.

Respecto al inciso b) la vía de transmisión materno infantil se mantiene en 1%, y no se han reportado casos atribuidos a vía de transmisión sanguínea en los últimos 5 años. El Programa de prevención de la transmisión VIH/SIDA de madre hijo ha contribuido a reducir significativamente a su reducción.

Protección de la niñez que acompañan a su madre en prisión

Para proteger a los NNA con madres privadas de libertad (PL), se mejoró el área de sala cuna de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que cuenta con un pediatra permanente. En 2019, en el marco del Programa Ampliado de Inmunización, implementaron una cadena de frío en el módulo de casa cuna de la PNFAS para proporcionar las vacunas esenciales a niñas y niños menores de 4 años hijos de mujeres PL.

El RNP ha realizado brigadas móviles en PNFAS para inscribir a los hijos de mujeres PL, extender partidas de nacimiento y tarjetas de identidad a las mujeres PL.

En respuesta al COVID-19, la DINAF en colaboración con Asociación Manos Extendidas, implementa una estrategia integral para abordar y mejorar las condiciones de vida de los NNA con madres PL, que tiene entre sus componentes un diagnóstico sobre la situación de los NNA y la dotación de alimentos de primera necesidad.

Nivel de vida, reducción de la pobreza y las desigualdades (art. 27, párrs. 1 a 3).

Párrafo 69, inciso a), para fortalecer las medidas socioeconómicas destinadas a reducir la pobreza, el Estado ha destinado partidas presupuestarias estratégicas para atender a los NNA en situaciones desfavorables o de vulnerabilidad, por medio de los Programa de SEDIS, Alimento Solidario, Salud Solidaria, Bono Vida Mejor, entre otros, incrementándose en 2019 las asignaciones presupuestarias a dichos programas en 56.24% en comparación con el 2016, que permite continuar beneficiando a los NNA con raciones de alimento, bonos e incentivar su permanencia en el sistema educativo.

En el marco de la emergencia por COVID-19, se creó el Programa Operación Honduras Solidaria y a la fecha ha beneficiado con raciones de alimento a 1,596,142 hogares afectadas por la pandemia a nivel nacional.

Respecto al inciso b), Entre 2015-2019, se observa una disminución significativa en el porcentaje de hogares que viven bajo la línea de pobreza y la pobreza extrema. Esta mejora en las tasas de pobreza estaría vinculada a los programas sociales implementados y al aumento del PIB durante el período, de aproximadamente un 4% anual, aunque en 2019 se observa una moderación, al igual que en el resto de las economías de la región.

En cuanto al inciso c), sobre los esfuerzos para reducir la malnutrición crónica, por medio de la Alianza ACS, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años se redujo 13.2 pp, al bajar de 53.3% que existía al inicio del programa a 40.1% en septiembre 2019. Asimismo, la desnutrición aguda se redujo 48.3%, lo que significa que de la línea base de 18% se pasó a 9.3% en septiembre 2019.

A 2019, se ha beneficiado al pueblo Tolupán con la instalación de 29 huertos comunitarios de riego por gravedad y huertos escolares, y se entregaron 512 kits de sistema de riego.

A octubre de 2020, se han beneficiados con alimento escolar, 764,537 personas de 498,373 hogares de los cuales, 749,093 (97.98%) son NNA; 67.19% del área rural y 32.81% del área urbana, tal como se detalla a continuación:

Edad	Mujer	Porcentaje	Hombres	Porcentaje	Total	Porcentaje
0-6 Primera infancia	62,730	49.72	63,446	50.28	126,176	16.50
7-11 Niñez	193,487	49.76	195,315	50.24	388,802	50.85
12-18 Adolescencia	120,172	51.33	113,943	48.67	234,115	30.62
Total	376,389	50.24	372,704	49.76%	749,093	97.98%

Fuente: CENISS, datos actualizados a 2020

Sobre el inciso d), Respecto al mejoramiento del acceso al agua y saneamiento de la zona rural se informa, el porcentaje de viviendas con acceso a servicio básico de agua para consumo humano mejoró en 2019 siendo de 88.4%, mientras que el porcentaje de viviendas con acceso a saneamiento básico se mantuvo en niveles aproximados al 86.6%, en tanto que el índice de cobertura eléctrica también se incrementó, en 9%. Las diferencias en el acceso de los hogares del área urbana con respecto a los del área rural continúan siendo amplias.

H.Educación, esparcimiento y actividades culturales (arts. 28 y 31)

Derecho a la educación (art. 28)

Párrafo 71, inciso a), respecto al presupuesto asignado para la realización del derecho a la educación de los NNA, el presupuesto aprobado a la SEDUC, para el Ejercicio Fiscal 2016 fue de L. 24,671,036,377 el cual se incrementó en un 21.22% en relación con el Ejercicio Fiscal del 2020 que es de L. 29,907,613,557.

En aplicación de la Ley de Alimentación Escolar y el Programa Alimento Solidario, se han beneficiado con raciones de alimento a 1,300,915 estudiantes del sistema educativo público y se beneficiaron 300,000 estudiantes en zonas vulnerables como el Corredor Seco y la Moskitia con una ración complementaria. Adicionalmente, se otorgaron becas 20/20 por monto de L. 3,000 mensuales a NNA PIAH: 57 becas a NNA garífunas y 40 becas a NNA negros de habla inglesa entre 2016 y 2017.

En relación al número de NNA de los PIAH que reciben educación en su propia lengua; se informa que en el marco del Modelo Educativo Intercultural Bilingüe (EIB), de 2015 a 2019 incrementó la matrícula en un 40% llegando a 90,690 NNA PIAH, los cuales reciben educación en su lengua por parte de 2,955 docentes en 919 centros educativos a nivel nacional.

Respecto al inciso b), el porcentaje de deserción escolar promedio nacional en 2018 fue de 2.96% de Primero a sexto grado; y de 7.6% séptimo a noveno grado. Con el objetivo de prevenir la deserción escolar y contribuir a realizar el derecho a la alimentación de los NNA de los PIAH y NNA que viven en zonas rurales; mediante la Plataforma Vida Mejor, de 2015 a 2019 se benefició a 4.8 millones de personas de los cuales 64% son NNA y el 10% pertenece a los PIAH. Estos beneficios consisten en la entrega de raciones de alimentos, servicios de salud, fomento a la matrícula, asistencia y permanencia de los NNA en la escuela; generación de oportunidades y competencias para la inclusión laboral y financiera.

Con el propósito de evitar la deserción de las niñas durante embarazo, la SEDUC impulsa el Mecanismo de Género con el propósito de brindar igualdad de oportunidades a los NNA, con enfoque de género en el sistema educativo, beneficiando en 2020 a 325 niñas y adolescentes.

El Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo en Adolescentes permite que adolescentes embarazadas estén integradas en todas las jornadas educativas.

En cuanto al inciso c), La Ley Fundamental de Educación y el Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030, garantizan el acceso a educación gratuita a todos los NNA desde los 5 años hasta la educación media, ampliando la escolaridad promedio de 9 a 13 años.

La tasa de cobertura neta de educación de 2015 a 2019 tuvo un aumento en los tres niveles de educación, pasando de 36.0% a 42.9% en prebásica; de 83.0% a 91.2% en básica, y de 27.0% a 31.2% en educación media, respectivamente.

En cuanto a la formación profesional de los adolescentes; el INFOP de 2017 a 2019, formó a 139,598 jóvenes entre 14 a 19 años de edad, de los cuales el 53% eran mujeres, en formación técnico profesional y vocacional. Además, mediante el Programa Honduras Startup, del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación, promueve el involucramiento de los jóvenes en emprendimientos tecnológicos y sociales.

Educación en derechos humanos

Párrafo 72, sobre la preparación de un plan de acción para la educación en derechos humanos, en un trabajo coordinado entre el CONADEH, SEDUC y la SEDH con el apoyo de la Organización de los Estados Iberoamericanos diseñaron un Plan Nacional de Acción basado en el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos, además se elaboró la Política Pública de Educación en Derechos Humanos, ambas pendientes de aprobación.

Descanso, esparcimiento y actividades recreativas, culturales y artísticas (art. 31)

Párrafo 74, mediante los Consejos Municipales de Garantía se promueven acciones para que los NNA puedan realizar diferentes manifestaciones recreativas y artísticas, a través de concursos de artes, desarrollo de productos comunicacionales con mensajes para la promoción de los derechos y prevención de vulneraciones, entre otros; asimismo es una atribución del Consejo Nacional implementar mecanismos efectivos de participación de los NNA a nivel nacional.

En cuanto al esparcimiento, según la Dirección de Cultura Artes y Deportes, en promedio 375,000 personas visitan mensualmente los 102 parques para una Vida Mejor, el 80% de los parques tienen acceso, espacios y áreas de juegos para para NNA y personas con discapacidad.

Por otro lado, 28,864 NNA y adultos se han beneficiado con talleres culturales, artísticos y voluntariados multisectoriales; y a 821 NNA a través de campañas de promoción de la lectura.

I.Medidas especiales de protección (arts. 22, 30, 32, 37 b) a d), 39 y 40)

Protecció n de la niñez migrante (art.22)

Párrafo 76, inciso a), la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), CENISS, ACNUR y OIM crearon una estrategia de política integral sobre la situación de migración irregular y retorno, priorizando los municipios que presentan altos índices de migrantes retornados y familias que están en situación de pobreza y vulnerabilidad. Por otro lado, la Política Pública Migratoria se encuentra en etapa de diagnóstico, para poder identificar las áreas de intervención; prevenir la migración irregular; el retorno seguro, entre otras.

En 2015, la SRECI creó la Sub Secretaría de Asuntos Consulares y Migratorios, que tiene adscritas la Dirección de Protección al Hondureño Migrante (DGPHM), la Oficina de Protección al Hondureño Migrante, la Oficina de Asistencia al Migrante Retornado, los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR) y las Unidades Municipales de Atención al Retornado (UMAR), además el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante.

Respecto al inciso b), se destacan las acciones coordinadas por la SRECI a través de los Consulados y las instituciones estatales, a nivel regional.

En 2016, durante la Presidencia Pro Témpore de Honduras en la Conferencia Regional sobre Migraciones (CRM), se logró:

La instalación de la Red de Funcionarios de Enlace para la Protección de NNA Migrante; y,

Se establecieron lineamientos entre los países en el tema de protección, repatriación y entrevista Consular, que se han implementado a nivel nacional por la DGPHM y en el exterior para brindar protección a niñez migrante. Estos lineamientos están en:

i)Manual Regional de Actuación para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el Contexto de la Migración;

ii)Indicadores comunes para el registro de NNA migrantes no acompañados o separados en la actuación consular de los Estados miembros de la CRM: y,

iii)Estándares de protección consular para NNA Migrantes y/o en necesidad de protección internacional no acompañados y separados.

En 2016 se socializó el Protocolo de Protección Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niñas y Niños Migrantes que actualmente se aplica a nivel nacional.

En 2018 se adoptó el Pacto Global para una Migración Segura Ordena y Regular, que fomenta la cooperación internacional sobre la migración. Igualmente, se puso en marcha el Plan Consular de Protección para las Familias Separadas en el Contexto de la Política del Gobierno de los Estados Unidos Tolerancia Cero, identificando 1,011 NNA separados de sus familiares, logrando la reunificación de 883 durante ese año.

La SRECI, a través de la red consular brinda atenciones en materia de protección a los hondureños migrantes como ser asesoramiento, atención a los hondureños privados de libertad en el extranjero, atención a víctimas de trata y tráfico de personas, localización de hondureños desaparecidos, repatriaciones y atención a niñez migrante; estos servicios a los NNA hondureños en el extranjero comprenden: La emisión de documentos de identificación (partidas de nacimiento y pasaportes), inscripción de menores de edad ante el RNP y la protección consular.

Por medio del Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño, se brinda recursos para el asistencia, retorno y seguimiento a los adultos, NNA migrantes retornados y víctimas de los delitos de trata y tráfico de personas en el exterior. De 2016 a 2020, beneficiando a 821 NNA con retornos seguros cubierto con este fondo.

La DGPHM, en coordinación con la red consular, especialmente los ubicados en los países de tránsito y destino, se realiza el acompañamiento en los procesos de retorno de NNA migrantes, garantizando el respeto a sus derechos humanos, velando por un proceso justo a esta población vulnerable y sobre todo garantizando la reunificación familiar.

A través de la línea del Centro de Llamadas “ALHO VOZ”, de 2015 al 31 de marzo de 2020 se han atendido 1,795,408 llamadas sobre consultas de las personas migrantes, incluida la localización de familiares.

La Fuerza de Tarea de Atención al Migrante liderada por la Primera Dama, conformada por diferentes instituciones estatales, agilizan los procesos de atención y repatriación; y realizan visitas a los albergues y centros de detención migratoria de la zona de la frontera sur de Estados Unidos de América para asegurarse que se les respete los derechos humanos a los NNA y a sus padres.

La zona norte de Honduras es la región con mayor número de niñez migrante a través de las fronteras de Corinto y de Agua Caliente. Estas fronteras cuentan de forma permanente con Oficiales de Protección a la Infancia de la DINAF, encargados de atender el retorno seguro de los NNA.

En cuanto al inciso c), según datos del CENISS de 2016 a octubre de 2020 han sido retornadas 292,117 personas migrantes, de los cuales 53,403 son NNA de estos, 34,912 (65.37 %) son niños, 18,491 (34.63 %) son niñas; 32,922 (61.65 %) son NNA acompañados; y 20,481 (38.35%) son NNA no acompañados.

Los CAMR y el Centro de Atención para la Niñez y Familias Migrantes Belén (CANFM) en coordinación con la DINAF, realizan procesos de atención, recepción y asistencia para el retorno seguro de los hondureños a sus comunidades, de acuerdo con el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niñez Migrante, garantizando las siguientes atenciones: Albergue, alimentación, asistencia médica, legal y psicosocial para identificar casos de NNA con necesidades de protección.

Para garantizar la sostenibilidad técnica y financiera de los CAMR de 2017 a 2020 se asignó un presupuesto que suma L. 150,456,430. Asimismo, de 2016 al 2020, el CANFM ha brindado atención a 13,110 unidades familiares.

Para la reintegración y el seguimiento a los adultos y NNA migrantes retornados, a través de las UMAR se brinda atención integral a los migrantes retornados a nivel local, contando a la fecha con 14 UMAR desde las cuales se han brindado 5,134 atenciones y seguimientos entre 2018 y 2020, de las cuales 3,246 son hombres, 1,249 son mujeres y 639 son NNA.

La DINAF brinda atenciones para el seguimiento y reintegración de NNA migrantes gestionando 2,181 casos en 2019 y 1,091 casos hasta octubre de 2020, beneficiando a más de 30 familias migrantes retornadas con ayudas sociales entre L. 3,000 a L. 10,000 con fondos de UNICEF, para desalentar la migración.

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria por COVID-19, durante este período se atendieron 1,937 NNA migrantes de los cuales, 1,182 eran NNA no acompañados y 753 viajaban con sus padres y familiares; provenientes por vía terrestre, de México el 56%, de Estados Unidos de América el 39% y el restante 4.7% de Guatemala.

Entre las medidas para fortalecer la capacidad técnica y logística, mejorar la respuesta y coordinación de las instituciones y brindar atenciones oportunas a los migrantes retornados durante la emergencia, destacan:

Coordinación del Sistema de Respuesta Interinstitucional;

Desplazamiento de equipos de asistencia y atención a los migrantes en las fronteras;

Entrega de alimentos a hondureños migrantes en Guatemala y México;

Capacitación del personal médico permanente y temporal de la SESAL asignado en el CANFM sobre lineamientos y medidas de bioseguridad para prevenir la propagación del COVID-19;

Se acondicionaron espacios de aislamiento para personas sospechosas de COVID-19 y se establecieron medidas de seguridad y distanciamiento social;

Elaboración de directrices, lineamientos y protocolos enfocados en brindar protección en el marco del COVID-19, como ser:

i)Directrices para el Personal Técnico en la Atención, Protección y Reintegración Familiar de NNA Migrantes en el Marco de la Emergencia de COVID-19; y

ii)Lineamientos Técnicos para la Protección de NNA Migrantes Retornados y sus Familias en Albergues para Cuarentena o Aislamiento Sanitario por COVID-19.

Coordinación de traslados de NNA y sus familias hasta sus comunidades de origen, en los casos que debido por las restricciones de acceso y movilidad no era posible utilizar transporte privado o público;

Por medio de una tercerización, se habilitaron 9 Centros de Aislamiento Temporal (CAT) en Tegucigalpa, San Pedro Sula y uno en Guayabillas, para el ingreso y atención de los NNA y familias migrantes retornadas, aprobado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y la SESAL con el apoyo de USAID, OIM y ACNUR, para trasladar a personas migrantes sospechosas de COVID-19 a los CAT y los Centros de Triaje, para ser atendidos;

Se gestionó asistencia, capacitación, recursos y apoyo logístico con la cooperación de OIM, UNICEF y ACNUR, y con Child Fund, Plan Internacional, World Vision, Médicos del Mundo y Glasswing Internacional; y,

Se coordina el traslado a sus comunidades de origen de las principales ciudades con Comité Permanente de Contingencias (COPECO).

El Instituto Nacional de Migración, brinda atención a las personas migrantes extranjeras que se encuentran en el territorio nacional en los 4 Centros de Atención al Migrante Irregular, asimismo, deriva a la DINAF los casos identificados de NNA para garantizar su protección y salvaguardas de sus derechos, proporcionándoles alojamiento, alimentación y atención médica, mientras se lleva a cabo el proceso de identificación de estatus migratorio.

En relación a los NNA desplazados internamente por la violencia, la SEDH por medio de la Dirección de Personas Desplazadas Internamente por Violencia en 2019 brindó asistencia humanitaria a 59 personas entre ellas 29 NNA a través del Programa Piloto CONEXAHMIF.

Respecto al inciso d), representa un desafío para el Estado recolectar datos desagregados de los NNA que permanecen en el país de padres que han migrado al extranjero.

Niñez pertenecientes a minorías o PIAH (art.30)

Párrafo 78, inciso a), relativo a las medidas para la reducción de la pobreza de los NNA PIAH, ver avances reportados a las recomendaciones de los párrafos 69 y 71 del presente informe.

Respecto al inciso b), en cuanto a la protección de los NNA PIAH, la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural, el 31 de octubre de 2018 interpuso una Acción Constitucional de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra funcionarios de la STSS, a favor del Pueblo Indígena Miskito que se dedican a la pesca por buceo. En la Acción de Amparo se pide que se garantice la protección a los NNA PIAH que se encuentran sometidos a trabajos en la pesca por buceo.

El nuevo Código Penal sanciona las conductas que ponen en grave peligro la vida, la salud y la integridad física de trabajadores, y en los casos que estos sean menores de 18 años, las penas se agravan hasta un tercio de acuerdo a lo establecido en el Título XII Delitos Contra los Derechos Laborales, artículo 293; permitiendo al Ministerio Público iniciar investigaciones relacionadas con estas conductas cometidas contra los trabajadores y especialmente contra la niñez sometida a cualquier forma de trabajo.

Sobre el inciso d) la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural registra denuncias e investiga casos de controversias de tierras y recursos naturales en las zonas en donde históricamente se encuentran asentadas las comunidades PIAH, incluida la violación a los derechos.

De 2016 a la fecha, se han presentado 8 Requerimientos Fiscales por el delito de Abuso de Autoridad cometido por funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y alcaldes municipales; y 25 Requerimientos Fiscales por el delito de Usurpación contra personas particulares ajenas a las comunidades.

Asimismo, se ha investigado y judicializado las inscripciones ilegales realizadas por funcionarios del Instituto de la Propiedad, presentándose a la fecha 3 Requerimientos Fiscales por el delito de Abuso de Autoridad al violentar lo dispuesto en la Ley de Propiedad respecto a los títulos comunitarios de los PIAH.

Trabajo infantil (art. 32)

El porcentaje de trabajo infantil, comprendido en el rango de edad de 5 a 17 años, muestra una baja significativa durante el período, el 53% del trabajo infantil es realizado por adolescente de 15 a 17 años; y el 7% por niñas y niños entre 5 y 14 años. El 70% realiza trabajo doméstico o trabajo familiar no remunerado que realizan niñas y niños en edades de 5 a 9 años; y los adolescentes entre 15 a 17 años realizan alguna ocupación asalariada o por cuenta propia. El trabajo infantil en las áreas rurales es más del doble al reportado en las áreas urbanas.

Sobre las medidas implementadas para prevenir y erradicar el trabajo infantil, destacan:

La Política Nacional Hoja de Ruta para hacer de Honduras un País Libre de Trabajo Infantil y sus Peores Formas;

Elaboración de la Planificación Estratégica 2016–2020, alineada con el ODS 8, de AN-ODS;

En 2017 se reactivó la Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil;

Aprobación de la Ley de Inspección General del Trabajo, que establece como infracción administrativa el trabajo infantil, ordena el retiro de los NNA de lugares de trabajo;

Aprobación de la reforma a la Lista de Trabajos Peligrosos;

Elaboración de Planes Sectoriales de Trabajo de Café, Melón y Langosta; y

Elaboración anual del Informe de País sobre Trabajo Infantil.

Párrafo 80, Honduras en el marco de sus políticas públicas promueve la armonización de la Ley, sin embargo, es una tarea pendiente la revisión del Código de Trabajo para su armonización.

La Ley de Inspección de Trabajo establece como infracción administrativa el trabajo infantil y ordena el retiro de los NNA de lugares de trabajo cuando no cuenta con la edad mínima de 14 a 17 años autorizada para el empleo y si peligra la salud y la seguridad del NNA en el lugar de trabajo, de conformidad a lo estipulado en la Constitución de la República, Código de Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás aplicables.

La STSS incrementó la subsanación de infracciones laborales en las empresas, entre 2016 y 2017 realizó 126 inspecciones relacionadas al trabajo infantil y 177 inspecciones en las embarcaciones de pesca por buceo.

En 2019 en el marco de la Operación Abeona, realizada por el Ministerio Público, con el fin de combatir delitos contra las NNA y restituirles sus derechos, se realizaron 168 inspecciones resultando en 41 NNA recuperados, 32 personas detenidas, 87 requerimientos fiscales, además de 51 jornadas preventivas donde se capacitaron a 2,973 personas.

Asimismo, la STSS en coordinación con la Fiscalía Especial de la Niñez, CONADEH, Cuerpo de Bomberos, COPECO, entre otros, realizan inspecciones municipales a diferentes sectores como la agroindustria, servicios comunitarios, comercio, hoteles, restaurantes, electricidad, gas, agua, transporte, almacenamiento, comunicación, pesca, manufactura, construcción y minería entre otros. A través de los Consejos Municipales se desarrollan acciones para la prevención del trabajo infantil en sus diferentes manifestaciones.

Niñez en situación de calle

Párrafo 82, en el marco del SIGADENAH, la DINAF promueve medidas alternativas a la institucionalización de los NNA en situación de vulneración especialmente los identificados en situación de calle, quienes normalmente cuentan con una familia.

En 2020, ante la emergencia por COVID-19, se focalizó una Estrategia Interinstitucional de Abordaje a Familias y Niñez en Situación de Calle con el propósito de identificar las principales necesidades y vincularlos con la oferta social del Estado; beneficiando a 148 familias con raciones alimenticias y mascarillas, incluyendo dentro de estas familias a 179 NNA que se encontraban acompañados. A la fecha ha realizado 4 operativos en la ciudad de Tegucigalpa y 6 en San Pedro Sula. Asimismo, se elaboró un Protocolo de Atención a la Infancia Desprotegida y de Manera Especial a la Niñez en Situación en Calle.

Niñez en conflicto con la ley y justicia juvenil (art. 37 b) a d), art. 39 y 40).

La administración de la justicia juvenil, es competencia de los Juzgados de Letras de la Niñez y Adolescencia, que conocen los asuntos relacionados con los NNA en conflicto con la ley y los casos en que sea necesario restituirle a un NNA sus derechos conculcados, mediante la adopción de medidas para asegurar las garantías establecidas en la Constitución de la República, los tratados y convenios, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y demás leyes vinculantes.

Entre 2016 a 2019, los Juzgados de Niñez y Adolescencia a nivel nacional, recepcionaron 6,864 ingresos y emitieron 10,053 Resoluciones, siguientes:

Año	Ingresos	Resoluciones de casos ingresados en el presente año	Resoluciones de casos ingresados en años anteriores	Total Resoluciones
2016	1,971	1,220	1,855	3,075
2017	1,923	1,113	1,554	2,667
2018	1,500	962	1158	2,120
2019	1,470	1,020	1,171	2,191

Fuente: Poder Judicial

El Sistema Especial de Justicia para los NNA en conflicto con la ley, tiene como propósito la rehabilitación integral y la reinserción a la familia y a la sociedad, de los NNA entre 12 a 18 años.

En el marco de la Política de Prevención de la Violencia hacia la Niñez y Juventud, establece el desarrollo de programas de libertad asistida y de trabajo comunitario bajo una política estatal de rehabilitación y reinserción social, con fomento de habilidades para la vida, como medida para asegurar que la detención de los NNA, sea empleada como último recurso y en el período más breve.

Párrafo 84, inciso a), respecto a la asistencia jurídica a NNA en conflicto con la ley, en 2019 se creó la Unidad de Actuaciones de la Defensa Pública, para la asistencia técnica y profesional de los NNA, garantizándoles un defensor desde el momento de su detención y en el proceso judicial.

El Poder Judicial y la Fiscalía Especial de la Niñez y la Adolescencia, realizan reuniones de trabajo, para un mayor impulso procesal, incrementando el número de audiencias y garantizar el Interés Superior del Niño.

A través de las Comisiones Interinstitucionales de Justicia, el INAMI sostiene reuniones con jueces, defensores públicos, fiscales y policías para abordar temas relacionados con los NNA vinculados al Sistema de Justicia Penal Juvenil. Igualmente, con apoyo de la cooperación externa, está construyendo mecanismos para la resolución alterna de conflictos, a fin de que el área legal del INAMI en la fase inicial de investigación, impulse formas alternas al proceso judicial.

Respecto al inciso b), de 2016 a 2020 el Programa de Medidas Sustitutivas registra 1,378 NNA con medidas socioeducativas o en cumplimiento de tareas comunitarias y justicia restaurativa, lo que representa el 83% de los NNA en el Sistema Especial de Justicia.

De 2016 a 2019, los Juzgados de Niñez y Adolescencia a nivel nacional, implementaron 1,595 sanciones no privativas de libertad a los NNA en conflicto con la ley; 1,744 sanciones de amonestación y supervisión, y 1,753 sanciones privativas de libertad, como se detalla:

Categoría	Tipo de sanción	2016	2017	2018	2019
Sanciones no privativas de libertad	Amonestación	180	98	86	87
Libertad asistida	225	177	237	215
Prestación de servicios a la comunidad	88	78	43	51
Reparación del daño a la víctima	16	8	3	3
Sanciones de amonestación y supervisión	Residir en un lugar determinado o cambiarse de él	113	87	124	115
Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas	64	24	60	66
Abstenerse de consumir drogas, otros estupefacientes o bebidas alcohólicas que produzcan adicción	46	23	46	64
Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones	15	15	17	23
Someterse a programas educativos para comenzar o finalizar la escolaridad básica, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución pública que determine el juez	144	124	142	148
Someterse si es necesario a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas.	47	26	53	65
Asistir o integrarse a sistemas o centros educativos	32	23	14	24
Sanciones privativas de libertad	Privación de libertad domiciliaria	4	14	7	3
Régimen de semilibertad	2	0	0	0
Privación de libertad en centros certificados o especializados del DINAF para sancionados	242	252	220	1,009
Total sanciones no privativas de libertad	509	361	369	356
Total sanciones privativas de libertad	248	266	227	1,012
Total	1,218	949	1,052	1,873

Fuente: Memoriales del Poder Judicial

Entre 2016 y 2019, los Juzgados de Letras de la Niñez y Adolescencia aplicaron 77 medidas socio-educativas y 70 reglas de conducta determinada a los NNA en conflicto con la ley, con base a los artículos 188 y 192 del Código de la Niñez y Adolescencia respectivamente, como se muestra a continuación:

Categorías	Tipo de medida socioeducativa	2016	2018	2019
Medidas Socioeducativas según artículo 188	Orientación y apoyo familiar	2	0	3
Amonestación	7	0	7
Imposición de reglas de conducta	2	0	0
Prestación de servicios a la comunidad	3	0	2
Obligación de reparar el daño	0	0	2
Residencia obligatoria	2	2	9
Libertad asistida	8	0	10
Semilibertad	0	3	0
Internamiento	9	5	1
Total		33	10	34
Imposición de reglas de conducta determinadas según artículo 192	Asistir a centros educativos o de trabajo	5	0	8
Ocupar el tiempo libre en el cumplimiento de programas previamente determinados	1	0	0
Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una institución o persona determinada	1	1	7
No concurrir a determinados ambientes reservados para mayores de 18 años	2	0	4
Abstenerse de concurrir a determinadas reuniones o de visitar determinados lugares	0	0	10
Prohibición de salir del país, lugar de domicilio o del área que fije el respectivo juzgado	0	1	7
Obligación de comparecer ante determinadas autoridades	0	0	3
Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, tabacos, estupefacientes, tóxicos o productos farmacéuticos que originan adicción	0	1	10
Participar en actividades o programas propios de su edad dentro de la comunidad	1	1	3
Abstenerse de acercarse a la víctima u otras personas siempre que ello no afecte su derecho de defensa	2	0	2
Total		12	4	54

Fuente: Memoriales del Poder Judicial

El Programa de Medidas Sustitutivas a la Privación de Libertad, mantiene 1,500 NNA con medidas socioeducativas o efectuando tareas comunitarias y de justicia restaurativa, que cumplen su sanción fuera de los Centros Pedagógicos de Internamiento (CPI).

En 2017 se creó el INAMI como ente estatal responsable de la organización, administración y funcionamiento de los CPI para Menores Infractores Privados de Libertad y encargado de liderar el Sistema de Justicia Especializada para los Menores Infractores.

En cumplimiento al inciso a), para garantizar la prestación de asistencia jurídica cualificada e independiente a los NNA en conflicto con la ley, la DINAF, desde el Programa de Justicia Penal Especial, actuando en defensa de los derechos de los adolescentes sometidos al proceso penal especial y en marco del interés superior del niño, ha designado profesionales del derecho expertos en la materia, para que ejerzan la representación legal de los NNA sometidos a este proceso en las diferentes etapas, desde la vinculación, intermedia, juicio oral y reservado y ejecución, atendiendo de manera oportuna y eficiente, la necesidad de protección que el Estado está obligado a brindar a los NNA.

Para que sus derechos no sean conculcados y que se cumplan los programas establecidos en los centros de internamiento, supervisa y monitorea permanentemente los centros, realizando en promedio 4 visitas por trimestre en los 4 centros de internamiento a nivel nacional.

Respecto al inciso b), el INAMI lidera el Sistema de Justicia Especializada para los NNA en Conflicto con la Ley y tiene como objetivo brindar atenciones a los NNA en conflicto con la ley, a través de psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y abogados, quienes les orientan y asesoran desde que inicia hasta que finaliza el cumplimiento de la medida impuesta, ya sea cautelar, regla derivada de una forma alterna al proceso o sanción.

Para garantizar que las medidas sustitutivas de privación de libertad, sean empleadas como medida de último recurso y tengan la duración más corta posible, el INAMI, implementó una campaña de fortalecimiento del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas a la Privación de Libertad, aplicada trimestralmente, para el descongestionamiento de los CPI, a agosto de 2020 329 NNA se encuentran internos en los 5 CPI administrados por el INAMI y 1,423 NNA se encuentran cumpliendo sanciones en libertad con de orientación y supervisión fuera de los CPI.

Respecto al inciso c), el área legal del INAMI brinda seguimiento al término establecido para la detención cautelar, desde que un NNA es vinculado al proceso, es ingresado a un CPI, egresos de los CPI por vencimiento de la medida cautelar; evitando detenciones ilegales.

En 2019 el INAMI en articulación con el Poder Judicial, el Comité de Justicia Juvenil y la asistencia de la USAID y la Fundación Tutator, implementaron el Sistema de Información de Gestión de Adolescentes de Honduras (SIGAH), para el registro de los casos del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia y fortalecer la gestión de la información relativa al cumplimiento de las medidas no privativas de libertad impuestas a los NNA, permitiendo la articulación expedita y efectiva entre el INAMI y los órganos jurisdiccionales competentes.

Además, se capacitó a 127 funcionarios judiciales en el SIGAH, entre ellos Jueces de Letras, Jueces de Ejecución, secretarios, receptores, escribientes, trabajadores sociales, psicólogos y personal de la Dirección de Info-tecnología del Poder Judicial.

Respecto a las medidas para la recuperación física, psicológica y la reintegración social de los NNA en conflicto con la ley, el INAMI cuenta con 4 Programas:

Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social;

Programa de educación formal y no formal;

Atención a medidas sustitutivas a la privación de libertad; y,

Salud y bienestar.

Se establecieron los Protocolos de Rehabilitación para NNA en conflicto con la ley en línea con la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia Niñez y Juventud y con las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los NNA privados de libertad.

El Programa de Educación fortalece el programa de reinserción con una oferta de educación formal y no formal de artes y oficios. Destacando que en 2019 el 75% de los NNA en CPI estaban inscritos en programas de educación formal, a septiembre de 2020 se amplió la cobertura de NNA en conflicto con la ley en procesos educativos formales y no formales al 100%. La educación formal incluye el nivel básico, educación media, el Bachillerato en Humanidades y Computación.

El INAMI y el INFOP establecieron un Convenio de Cooperación para garantizar la educación no formal de la NNA con medidas privativas y no privativas de libertad.

Mediante el Programa de Bienestar y Salud, se brinda atención integral, que incluyen servicios de odontología, psicología, psiquiatría y asistencia social a NNA en los CPI. De 2017 a agosto de 2020 se han brindado 19,336 atenciones a NNA y a esta fecha no se reportan contagios de COVID-19 como resultado de la implementación de protocolos de bioseguridad para prevenir la propagación del virus.

Respecto a las investigaciones a las que se refiere el inciso d), sobre las denuncias de actos de tortura en los centros de penales, el Ministerio Público, actuando por medio de las fiscalías especializadas de la FEDH, investiga las denuncias de presuntos actos de tortura desde 2018 a la fecha, las cuales permanecen en investigación.

Respecto al inciso e) sobre las muertes de personas detenidas o bajo custodia, sean efectuadas de forma prontas y exhaustivas, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, ha girado la instrucción para que se investiguen con prontitud las muertes dolosas que han acontecido en los diferentes centros penales y con el objetivo de determinar quiénes son los autores y/o partícipes de acciones u omisiones que fueron determinantes para que se produjeran estas muertes. Asimismo, en cada caso se ha ordenado la realización de las autopsias a través de Medicina Forense, como parte del protocolo de investigación.

Respecto al inciso f), para mejorar la protección de los derechos de los NNA vinculados al Sistema de Justicia Juvenil, el INAMI con el apoyo de UNICEF están en proceso de construcción de la Política Pública para la Niñez en Conflicto con la Ley y el Modelo de Atención Integral para la Niñez en Conflicto con la Ley. Además, el INAMI, UNICEF y la Universidad Diego Portales de Chile capacitaron 17 miembros del personal directivos sobre Política Pública en materia de Niñez en Conflicto con la ley.

En 2018 se conformó el Comité Técnico de Justicia Juvenil integrado por la Fiscalía Especial de la Niñez; jueces de garantía y de ejecución, Defensa Pública, OSC y organismos de cooperación internacional para tratar entre otros el tema niñez en conflicto con la Ley y la mejora de sus condiciones de vida en los CPI, adoptando las siguientes medidas: separación en módulos; implementación de medidas de cuidado de custodios especializados, prohibición del uso de armas letales; contratación de personal especializado en el área de seguridad y capacitación en temas de derechos humanos y derechos de la niñez; y la mejora de la infraestructura.

El INAMI cuenta con las plataformas interinstitucionales de articulación con los actores del Sistema Especial de Justicia para los NNA en conflicto con la ley, como ser: la Subcomisión de Justicia Juvenil, impulsada por el Poder Judicial; y el Comité Técnico Interinstitucional de Justicia Juvenil, el cual se ha gestionado para convertirse en el Consejo Consultivo del INAMI; restando, únicamente, la designación del representante de la Presidencia de la República.

Además, realizó un estudio exploratorio cualitativo a las niñas internas en el Centro Sagrado Corazón de María del INAMI. También diseñó protocolos de seguridad para los diferentes CPI, para mejorar el proceso de atención a las niñas y adolescentes.

El área de la Maestría de Psicología Clínica de la UNAH capacitó a 70 funcionarios del INAMI en primeros auxilios, intervención de adolescentes con antecedentes de violencia física y abuso sexual, desarrollo de habilidades para la vida adulta e intervención de adolescentes dependientes de sustancias adictivas.

J.Ratificación del Protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones

Párrafo 85, sobre la ratificación del Protocolo relativo al procedimiento de comunicaciones, el Estado de Honduras se mantienen en permanente revisión y evaluación de sus instrumentos internacionales, sin embargo, aún no ha tomado una decisión respecto al Procedimiento de Comunicaciones. Cabe mencionar que a las víctimas les asiste el recurso internacional de presentar sus denuncias ante el Sistema Interamericano una vez agotado los recursos internos.

K.Cooperación con órganos regionales

Párrafo 86, relativo a la cooperación con la OEA para promover la aplicación de la Convención y otros instrumentos de derechos humanos, durante el período informado el Estado elaboró y presentó en 2017:

El Informe de cumplimiento sobre la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad; y,

Los Informes sobre la Aplicación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-Protocolo de San Salvador (PSS) correspondiente al primer y segundo agrupamiento de derechos.

En 2020 los Informes de Seguimiento del Estado de Honduras correspondiente al Primer y Segundo Agrupamiento de Derechos contemplados en el PSS de respuesta a las recomendaciones formuladas en diciembre de 2017 por el Grupo de Trabajo.

Del 30 de julio al 03 de agosto de 2018 por invitación del Estado, la CIDH realizó visita in loco, observando la situación de derechos humanos, atendiendo temas como justicia e impunidad, violencia, desigualdad, institucionalidad democrática, libertad de expresión, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y derechos de los NNA y jóvenes.

Como resultado de la visita, en noviembre de 2019, la CIDH y el Estado instalaron la Mesa Especial de Asesoría Técnica para el cumplimiento de las Recomendaciones de Derechos Humanos (MESAT), priorizando cinco poblaciones: Niñez, Personas con Discapacidad, Defensores de Derechos Humanos, Mujer y Pueblos Indígenas y Afrohondureños. Asimismo, a través del SIMOREH, se dará seguimiento a las 30 recomendaciones formuladas por la CIDH en su Informe, la construcción conjunta de una matriz de seguimiento y el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos.

Entre 2018 y 2020 se participó en 5 Audiencias Temáticas de la CIDH, se han brindado 2 Opiniones Consultivas ante la Corte IDH, además, se recibieron las visitas de expertos y grupos de trabajo.

Se destaca, que Honduras ostenta la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente IIN-OEA.

IV.Seguimiento a los Protocolos facultativos de la Convención de los derechos del niño

A.Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

Sobre las acciones ejecutadas y los avances del Estado relativos a la implementación de este Protocolo, se remite al Comité al contenido desarrollado a lo largo del presente informe, especialmente, a la información del subtítulo: Explotación y Abuso Sexual contenido en los párrafos 105 y subsiguientes.

Entre las principales medidas, destacan:

La Ley de Trata de Personas;

El funcionamiento de la CICESCT;

La creación del ERI;

El Protocolo de Actuación del Equipo ERI para la Atención a Víctimas;

El Plan Estratégico Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (2016-2022); y,

La sensibilización y campañas para prevenir este flagelo.

B.Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados

Respecto al servicio militar, en Honduras este se realiza de forma voluntaria tal como lo establece la Constitución de la República mediante la reforma a través del Decreto Legislativo 24-1994, ratificada por el Decreto Legislativo 65-1995, que modificó el artículo 276 Constitucional y que estipula que “Los ciudadanos comprendidos en edad de dieciocho a treinta años prestarán el servicio militar en forma voluntaria”. De tal manera que, ningún ciudadano, incluidos los NNA, no pueden ser reclutados obligatoriamente de acuerdo a las garantías contenidas en nuestro derecho interno.

En Honduras no existen conflictos armados, en ese sentido, los miembros de las Fuerzas Armadas que prestan su servicio militar voluntario, no participan en acciones de combate.

Finalmente, como se ha informado, el Estado ratificó el Tratado sobre Comercio de Armas, el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares que entrará en vigor en enero de 2021, y la aprobación de la nueva Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.