Comité de Derechos Humanos

Quinto informe periódico que la República de Corea debía presentar en 2020 en virtud del artículo 40 del Pacto con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes * **

[Fecha de recepción: 17 de septiembre de 2020]

Cuestión 1

A.Plan de Acción Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos

1.El Gobierno de la República de Corea (en adelante el “Gobierno”) estableció el tercer Plan de Acción Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (2018‑2022) en agosto de 2018. El tercer Plan de Acción Nacional, redactado tras la celebración de dos audiencias públicas y 18 reuniones en las que participaron las sociedades civiles y los ministerios pertinentes, contiene medidas de política destinadas a aplicar las observaciones finales sobre el cuarto informe periódico (en adelante las “observaciones finales”) formuladas por el Comité de Derechos Humanos (en adelante el “Comité”). Entre las principales medidas figuran la revisión de los servicios alternativos que deben prestar los objetores de conciencia, el aumento de la legalidad y la responsabilidad de las fuerzas del orden en los lugares donde se organizan concentraciones, la garantía del transcurso pacífico de las manifestaciones atendiendo al principio de no obstrucción general del tráfico y la revisión de las leyes contra la discriminación. El tercer Plan de Acción Nacional, también incluido en las recomendaciones de los órganos de tratados, entre ellos el Comité, se podrá invocar cuando los funcionarios públicos ejecuten políticas.

B.Información sobre la aplicación de las observaciones finales no incluidas en la lista de cuestiones previa al informe

2.En relación con el artículo 17 c) de las observaciones finales, el Gobierno aplica diversas políticas de apoyo a las familias monoparentales, en particular las madres solteras, por ejemplo ayudas para sufragar los gastos de educación, subsidios para la autosuficiencia y la garantía del derecho a aprender. Se ha elaborado el Manual de Consulta del Personal Docente para Atender a Adolescentes Solteros con Hijos, que se distribuye entre las escuelas de todos los niveles para proteger el derecho a aprender de las madres solteras y erradicar la discriminación mejorando la comprensión de la situación de las madres adolescentes solteras. Además, se ofrecen servicios de asistencia social específicos que permiten a los adolescentes solteros con hijos, en particular las madres solteras, compaginar el cuidado de los niños con los estudios y la preparación para la autosuficiencia. El Gobierno también ofrece subvenciones para el cuidado de los niños a las familias monoparentales y a las que están a cargo de los abuelos, cuando se trata de hogares de bajos ingresos. Además, concede prioridad a las familias monoparentales en la concesión de diversos tipos de viviendas públicas de alquiler (para más detalles, véase el cuadro 1 del apéndice).

3.Con respecto a la prestación por hijo a cargo que se menciona en el párrafo 17 c) de las observaciones finales, el Gobierno no la ofrece de forma discriminatoria por el simple hecho de tratarse del hijo de una madre soltera. La prestación por hijo a cargo se introdujo en 2018 con el fin de mejorar los derechos fundamentales y el bienestar de los niños. En ese momento, se concedía a los niños menores de 6 años del 90 % de hogares con los ingresos más bajos. Esa política ha sido objeto de mejoras, haciéndola extensiva a todos los niños menores de 7 años.

4.En cuanto al párrafo 35 c) de las observaciones finales, la mayoría de los artículos de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (en adelante “Reglas Nelson Mandela”) se incorporaron a las leyes referidas al sistema penitenciario, y se aplican actualmente en el terreno. Se señalan a continuación las medidas específicas adoptadas por el Gobierno desde 2015 para formular políticas de encarcelamiento que se ajusten a las Reglas Nelson Mandela:

a)En cuanto a la regla 58 (Contacto con el mundo exterior), desde febrero de  2016, el Gobierno propicia las “reuniones inteligentes”, que permiten comunicarse fácilmente con los reclusos utilizando un teléfono inteligente, lo que amplía el derecho de esas personas a estar en contacto con el mundo exterior y favorece la recuperación de los vínculos familiares. Con más servidores, esas reuniones podrían estar pronto al alcance de los presos preventivos;

b)Con respecto a las reglas 24 a 35 (Servicios médicos), al 2 de septiembre de 2019, un total de 42 instituciones penitenciarias ofrecían servicios médicos a distancia para ayudar a los reclusos a acceder a hospitales fuera de esos centros. Desde 2005, los reclusos son sometidos a un examen médico anual en el que se analizan 22 indicadores, que pasaron a ser 31 en 2019. El número de reclusos sometidos a reconocimientos médicos en 2018 fue de 38.943, es decir, un aumento en comparación con los 20.643 chequeos llevados a cabo en 2005;

c)En relación con las reglas 12 a 17 (Alojamiento), el Gobierno ha hecho continuas mejoras en las instalaciones y condiciones de vida mediante la instalación de luces LED y la renovación del sistema de calefacción y los aseos de las instituciones penitenciarias de todo el país. El Gobierno seguirá adoptando medidas para aplicar las Reglas Nelson Mandela a la administración penitenciaria de forma integral.

C.Medidas para aplicar los dictámenes del Comité en virtud del Protocolo Facultativo

5.Para facilitar la aplicación de los dictámenes del Comité en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante el “Pacto”), desde 2005 el Gobierno traduce los dictámenes al coreano y los publica en el Boletín Oficial. Además, el Gobierno está en vías de promulgar la Ley Marco de Derechos Humanos como programa nacional. La Ley contendrá un mecanismo para la aplicación en el país de las recomendaciones de las instituciones internacionales de derechos humanos, incluidos los dictámenes del Comité. No obstante, el pleno cumplimiento de las recomendaciones podría no ser posible por limitaciones prácticas, ya que los dictámenes difícilmente pueden invalidar las decisiones definitivas y firmes de los tribunales coreanos.

6.Con el propósito de aplicar los dictámenes sobre objeción de conciencia, el Gobierno ha adoptado medidas para crear un sistema de servicio alternativo a fin de respetar la libertad de conciencia y cumplir la “obligación militar”, para lo cual estableció un grupo consultivo de expertos independientes, celebró audiencias públicas y llevó a cabo encuestas de opinión pública. El resultado de esas iniciativas fue la promulgación de un proyecto de ley para adoptar un servicio alternativo. Los detalles relativos al proyecto de ley y otras medidas de aplicación pueden consultarse en la respuesta a la cuestión 21.

Cuestión 2

AElaboración de un marco jurídico para la protección de los derechos y la dignidad de los trabajadores en el mundo del trabajo

1.Prevención del acoso laboral

7.En julio de 2019 el Gobierno modificó la Ley de Normas Laborales para proteger a los trabajadores contra el acoso laboral. La Ley define el acoso laboral como “los comportamientos de empleadores o empleados que, aprovechando la superioridad de rango, relación, etc., causan sufrimiento físico o mental a otros empleados o dan lugar a un deterioro inaceptable del entorno laboral”, y prohíbe dichos comportamientos. Cuando un empleador recibe una denuncia o tiene conocimiento de un caso de acoso laboral, debe investigarlo sin demora. Si se verifica el acoso en el lugar de trabajo, el empleador impondrá las medidas disciplinarias adecuadas contra el autor. Para la aplicación efectiva de la Ley, en 2020 el Ministerio de Empleo y Trabajo designó inspectores de trabajo que se ocupan específicamente del acoso laboral en 47 autoridades regionales de empleo y trabajo, y puso en funcionamiento 8 centros de asesoramiento especializado en todo el país. Al 31 de marzo de 2020 se habían recibido 3.347 denuncias de acoso en el lugar de trabajo, de las cuales se han examinado 2.739. Para consultar las estadísticas detalladas, véase el cuadro 3 del apéndice. El Gobierno tiene previsto mejorar las políticas pertinentes para garantizar que los empleadores cumplan la obligación legal de investigar las denuncias de acoso y adopten las medidas adecuadas con prontitud.

2.Protección de los empleados del servicio de atención al cliente

8.En octubre de 2018 el Gobierno modificó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objeto de que los empleados que prestan servicios a los clientes (en adelante, “empleados de atención al cliente”) estuvieran legalmente protegidos contra el acoso, como las agresiones verbales, por parte de los clientes. De conformidad con la Ley enmendada, todo empleador deberá adoptar medidas preventivas, como la colocación de un aviso en el que se pida a los clientes que se abstengan de recurrir a las agresiones verbales. En caso de que un empleado de atención al cliente sufra un problema de salud o sea muy probable que lo sufra debido a las agresiones verbales o la violencia por parte de un cliente, el empleador deberá suspender inmediatamente las operaciones para apartar al empleado victimizado del lugar de peligro u ofrecerle un período de descanso, apoyo o asesoramiento, de ser necesario.

3.Ampliación de las medidas de seguridad y salud

9.Con el fin de hacer efectivo el derecho de los trabajadores a no ver amenazadas su vida y su seguridad en el lugar de trabajo, en enero de 2019 el Gobierno modificó íntegramente la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

10.En virtud de la enmienda se efectuó una revisión de la definición de las personas protegidas por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre las que ahora figuran los trabajadores contratados con fines específicos, como los de “ocupación transitoria” y los repartidores. El Gobierno seguirá esforzándose por ampliar el ámbito de aplicación, habida cuenta de las nuevas relaciones laborales que se han establecido a raíz de los cambios sociales y económicos.

11.La Ley enmendada prohíbe la subcontratación interna en trabajos peligrosos específicos para evitar la transmisión de riesgos a los trabajadores subcontratados y aumenta la responsabilidad de los contratistas en relación con el control práctico y la autoridad de gestión en los lugares de trabajo para evitar los accidentes de los trabajadores subcontratados. Actualmente son 21 los lugares peligrosos controlados y gestionados por contratistas en los que se tiene la obligación de adoptar medidas de seguridad y salud.

12.El Gobierno ha adoptado medidas para proteger a los trabajadores de los polígonos industriales, entre ellas, la publicación y distribución en agosto de 2018 de las Directrices sobre la Instalación y el Funcionamiento de Zonas de Descanso en los Lugares de Trabajo, para trabajadores que difícilmente pueden tomarse un descanso por la falta de ese tipo de zonas de recreo. También se distribuyeron las directrices para los trabajadores expuestos al calor o al frío. Los pequeños “trabajos de construcción sin licencia” que antes no estaban cubiertos por el seguro de indemnización en caso de accidente laboral gozan ahora de ese amparo. Asimismo, el Gobierno ha reducido la carga de la prueba de los trabajadores y ha flexibilizado los requisitos para aprobar las enfermedades profesionales que debe cubrir el seguro de indemnización en caso de accidente laboral.

13.Además, el Gobierno inspecciona si los centros de trabajo que emplean un gran número de trabajadores extranjeros ofrecen educación en materia de salud y seguridad, y si cuentan con equipos de protección y adoptan medidas de salud y seguridad, incluidos reconocimientos médicos. También proporciona instructores (con servicios de interpretación) para que los trabajadores extranjeros reciban una formación personalizada en materia de salud y seguridad en el trabajo, centrada en ejercicios prácticos y estudios de casos sobre factores de riesgo (caídas, choques, atrapamientos, etc.) antes de empezar a trabajar. Se han publicado documentos sobre salud y seguridad traducidos a 16 idiomas.

4.Iniciativas para mejorar los derechos humanos laborales de los trabajadores extranjeros

14.Con el propósito de proteger a los trabajadores extranjeros en los sectores de la agricultura, la ganadería y la pesca, en octubre de 2015 el Gobierno redactó las Directrices sobre el Formulario de Contrato de Trabajo Estándar para los Sectores de la Agricultura y la Ganadería, y las correspondientes al sector de la pesca en abril de 2017, que establecen las horas de trabajo, de receso y los períodos vacacionales.

15.En enero de 2020 se efectuó una revisión del método de asignación de mano de obra extranjera en virtud del Sistema de Permisos de Trabajo para promover los derechos humanos laborales de los trabajadores extranjeros, animando a los empleadores a mejorar las condiciones laborales concediendo mayores ventajas a los contratados en virtud de dicho sistema. Además, dado que en el marco del sistema los lugares de trabajo en los que se producen accidentes laborales, o cuyas instalaciones de alojamiento no cumplen las normas, hacen frente a mayores desventajas, es decir, el sistema dificulta la asignación de mano de obra extranjera a dichas empresas y, en consecuencia, induce a los empleadores a redoblar sus esfuerzos.

B.Casos concretos en que los tribunales locales han invocado disposiciones del Pacto

16.Gracias a las continuas mejoras en el reconocimiento a nivel nacional de los tratados internacionales de derechos humanos, es cada vez mayor el número de sentencias que aplican las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos, o las invocan. Entre los casos recientes más importantes cabe señalar los siguientes:

a)El 1 de noviembre de 2018, con el propósito de determinar si la objeción de conciencia constituía o no una “causa justificada” según lo previsto en el artículo 88.1 de la Ley del Servicio Militar, el Tribunal Supremo declaró que la objeción de conciencia constituía una “causa justificada” habida cuenta de que la observación general núm. 22 del Comité establece que “el derecho a la objeción de conciencia puede derivarse del artículo 18” del Pacto, y considerando que el Pacto surte un efecto idéntico al de una ley interna de conformidad con el artículo 6.1 de la Constitución (2016Do10912), como opinión concurrente con la mayoría;

b)El 21 de septiembre de 2018, en relación con el argumento del demandante de que el no poder realizar un examen de grado programado para un sábado por una razón religiosa constituía un motivo para solicitar un examen de recuperación, el Tribunal Superior de Daegu aceptó el argumento del demandante afirmando que “la Constitución estipula que todos los ciudadanos disfrutarán de la libertad de conciencia y de religión, y el artículo 18 del Pacto, del que Corea es signataria, también garantiza esa libertad. La libertad de conciencia y de religión deberá ser objeto de absoluto respeto en comparación con otros derechos humanos básicos, dada su naturaleza” (2018Nu3005).

C.Principales asuntos no incluidos en las respuestas a la lista de cuestiones previas a la presentación, entre otras, el desarrollo del marco jurídico e institucional para la mejora y la protección de los derechos humanos

17.El 3 de febrero de 2016 el Tribunal de la República de Corea (en adelante, el “Tribunal”) estableció un sistema de ayuda para personas con discapacidad y otras personas en la formulación de declaraciones, para lo cual se introdujeron modificaciones en las leyes aplicables. El sistema contribuye a garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas socialmente desfavorecidas. El Tribunal también instaló la Plataforma de Ventanilla Única, o “Centro de Acceso a la Justicia”, que puede introducir y asociar sistemáticamente diversas actividades de asistencia jurídica e incluso pro bono dentro y fuera del Tribunal en el Complejo Judicial de Suwon y también en el Tribunal de Distrito de Jeonju.

18.Con la intención de prevenir el maltrato a las personas mayores, en 2018 el Gobierno modificó la legislación de modo que la educación en derechos humanos fuese obligatoria para las personas que establecieran o gestionaran centros de bienestar para personas mayores o instituciones de cuidados de larga duración, que las instituciones tales como centros de bienestar emplearan a una persona encargada de denunciar el maltrato a las personas mayores, que los hospitales asistenciales impartieran educación sobre la prevención del maltrato a las personas mayores, y que se estableciera la obligación de denunciar los casos de maltrato de personas mayores.

Cuestión 3

19.La República de Corea modificó la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 3 de febrero de 2016 con el fin de garantizar la diversidad en la composición de los Comisionados para los Derechos Humanos (en adelante, “Comisionados”), y la transparencia del procedimiento de nombramiento de esos funcionarios. Para garantizar la transparencia los candidatos deben provenir de diversos grupos sociales, cuyas opiniones también se tendrán en cuenta. Se establecieron asimismo las cualificaciones específicas para los Comisionados, incluida la posibilidad de nombrar a los defensores de los derechos humanos en función de su carrera. Con el objeto de garantizar la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea se añadió la disposición según la cual ningún Comisionado incurrirá en responsabilidad legal alguna por observaciones que pudiera manifestar en el ejercicio de sus funciones. La Ley enmendada también estipula que cuando se establezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea se dará prioridad, en la medida de lo posible, al desempeño independiente y eficaz de sus funciones.

Cuestión 4

A.Marco general sobre las empresas y los derechos humanos

20.El Gobierno incluyó un capítulo separado sobre las empresas y los derechos humanos al redactar el tercer Plan de Acción Nacional. Ese capítulo contiene una agenda específica, que comprende la promoción de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, la prevención de las violaciones de los derechos humanos de los trabajadores en el extranjero y la garantía de la seguridad de los productos de consumo. El Gobierno está llevando a cabo las actividades de manera gradual. Tiene previsto incorporar tareas políticas más eficaces en el desarrollo del cuarto Plan de Acción Nacional, basándose en las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos sobre las empresas y los derechos humanos. Por otro lado, también se estudiará la posibilidad de establecer un Plan de Acción Nacional independiente sobre las empresas y los derechos humanos y se procederá a efectuar una revisión de los puntos fuertes y débiles de esa posibilidad, ya que podría reflejar en menor medida la interdependencia de las diversas políticas de derechos humanos que el Plan de Acción Nacional integral.

21.El Gobierno está elaborando las Directrices sobre la Integración de los Derechos Humanos en la Gestión Empresarial, que contienen instruccionespara que las empresas apliquen las normas internacionales de derechos humanos en ese ámbito. Las Directricespretenden expresar las expectativas del Gobierno en cuanto al respeto de las normas internacionales de derechos humanos por parte de las empresas (en adelante, “gestión empresarial basada en los derechos humanos”). El Gobierno también tiene previsto institucionalizar la divulgación de información no financiera de forma gradual. Para facilitar los procedimientos de reparación, el Gobierno asigna prioridad al establecimiento de un sistema de demandas colectivas, que por ahora se aplica únicamente en los sectores de las transacciones de valores y de daños al consumidor. En mayo de 2020, el Ministerio de Justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea firmaron un memorando de entendimiento para examinar leyes y políticas innovadoras a fin de generalizar la gestión empresarial basada en los derechos humanos.

22.El Gobierno está promoviendo la expansión de la gestión empresarial basada en los derechos humanos, empezando por las instituciones públicas. Todos los ministerios y municipios metropolitanos decidieron revisar la gestión empresarial basada en los derechos humanos al evaluar a las instituciones públicas bajo su supervisión. Esas medidas de evaluación se adoptaron de conformidad con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea.

B.Políticas de gestión sostenible

23.El Gobierno presta apoyo a las empresas nacionales de modo que la responsabilidad por los factores económicos, sociales y medioambientales se refleje en sus actividades comerciales para el desarrollo sostenible. También investiga el nivel de gestión sostenible, incluidos el respeto de los derechos humanos y las políticas antidiscriminatorias, y ofrece asesoramiento sobre los aspectos respecto de los cuales las empresas puedan estar teniendo un mal desempeño. Con el fin de prestar apoyo a esas políticas, el Gobierno modificó la Ley de Desarrollo Industrial, en cuyo marcoel Ministro de Comercio, Industria y Energía puede designar centros de apoyo a la gestión sostenible y promover eficazmente la gestión sostenible de las empresas.

C.Políticas de gestión ética

24.Desde 2005 el Gobierno publica la revista en línea Business Ethics Briefs, que proporciona a unos 7.400 empleados de empresas y organizaciones económicas la información más reciente sobre integridad y gestión ética. También se elaboró la Guía sobre Sistemas de Lucha contra el Soborno (ISO37001), que se distribuyó entre las empresas en 2017. Además, ese mismo año el Gobierno lanzó el sitio web del Centro de aprendizaje electrónico de gestión de la integridad corporativa, que permite el fácil acceso de los empleados y ejecutivos de las empresas a los conceptos de la ética empresarial en cualquier momento y lugar, ya que cuenta con 13 contenidos de animación y vídeo cargados.

D.Mejoras en relación con los puntos de contacto nacionales

25.El Gobierno modificó las normas de funcionamiento de los puntos de contacto nacionales en febrero de 2017 y noviembre de 2018, que recomiendan a las empresas multinacionales cumplir las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. En primer lugar, se modificó el número de comisionados para incluir a expertos externos como comisionados no gubernamentales, y en esta última modificación se estableció el proceso de recomendación de candidatos. El Punto de Contacto Nacional de Corea está integrado actualmente por cuatro comisionados gubernamentales de oficio y cuatro comisionados no gubernamentales designados. El Gobierno también celebrará reuniones, seminarios y sesiones informativas sobre las Líneas Directrices de la OCDEy la reparación que deben recibir las víctimas de las actividades de las empresas multinacionales en el extranjero.

E.Medidas adoptadas para garantizar que las víctimas de las actividades de las empresas obtengan una reparación adecuada

26.Dado el aumento cada vez mayor de empresas coreanas en expansión hacia el Asia sudoriental, en diciembre de 2019 el Gobierno anunció la aplicación de contramedidas al nivel gubernamental para promover una gestión laboral justa y una gestión empresarial basada en los derechos humanos en el extranjero. Las contramedidas consisten principalmente en hacer que las misiones locales sean un centro de control de las cuestiones laborales y de derechos humanos de las empresas que operan allí, mediante el establecimiento de una oficina dedicada a dicha tarea en las principales misiones locales, el apoyo activo a las actividades en materia de responsabilidad social de las empresas y el suministro de otro tipo de información, como la legislación laboral local.

Cuestión 5

A.Medidas adoptadas para combatir la discriminación contra las minorías étnicas y los refugiados norcoreanos

27.Con el fin de no difundir percepciones discriminatorias contra una raza, etnia, nacionalidad y otras características a través de los medios de comunicación, la Comisión de Normas de Comunicación de Corea examina el contenido de los programas que se emiten en virtud de la Ley sobre el Establecimiento y Funcionamiento de la Comisión de Comunicaciones de Corea. Particularmente en relación con el artículo 31 (Respeto de la Diversidad Cultural) del Reglamento sobre Examen de las Retransmisiones,la Comisión de Normas de Comunicación de Corea examina todo programa de radiodifusión que incite al prejuicio y la discriminación contra determinadas razas, etnias, nacionalidades u otros grupos, y sanciona a la entidad empresarial de radiodifusión y a la persona responsable. Por otro lado, la Comisión de Normas de Comunicación de Corea presenta una solicitud de corrección de la información en línea en el caso de que se formulen expresiones discriminatorias infundadas contra grupos específicos. Para conocer las estadísticas, véase el cuadro 4 del apéndice.

28.El Gobierno despliega una campaña de sensibilización sobre la diversidad cultural para erradicar la discriminación basada en todos los motivos que subyacen a la diferencia cultural, como la raza, la religión, la lengua, la región, el género y la generación. Mediante el proyecto “Puente del Arco Iris” iniciado en 2012, el Gobierno presta apoyo a programas para ofrecer a las minorías más oportunidades de manifestar su cultura y promover la comunicación y el intercambio mutuos (Festival de Teatro de la Diversidad, Festival de Cine de la Diáspora, etc.). En 2019 había un total de 224 programas en 26 regiones de todo el país, con la participación de alrededor de 290.000 personas. El Gobierno ha establecido el Día de la Diversidad Cultural, de conformidad con la Ley de Protección y Promoción de la Diversidad Culturaly celebra un evento nacional anual, de una semana de duración, del 21 al 27 de mayo, para promover el valor de la diversidad cultural.

29.Para que los refugiados norcoreanos se integren en la sociedad sin ser discriminados, el Gobierno les ayuda a ingresar en el Centro de Apoyo al Asentamiento de Refugiados Norcoreanos (Hanawon) y a establecerse, proporcionándoles educación básica de adaptación social y dinero para fomentar el asentamiento desde su llegada a Corea del Sur. El Gobierno central, las administraciones locales y el sector privado llevan a cabo una labor de coordinación estrecha para prestarles apoyo tras haberse instalado en sus residencias. En términos concretos, la Fundación de Apoyo a los Residentes que Escapan de Corea del Norte y los Centros Locales de Adaptación gestionados por el Ministerio de Unificación apoyan el asentamiento, mejoran la sensibilización respecto de los refugiados norcoreanos y ofrecen asesoramiento psicológico y jurídico. Los refugiados norcoreanos reciben las mismas prestaciones de seguridad social, y el Gobierno gestiona el sistema que facilita a los refugiados formación profesional, prestaciones de apoyo al empleo y admisión especial a las universidades.

30.Para que los adolescentes de Corea del Norte no sean discriminados y reciban una educación formal, el Gobierno ofrece apoyo educativo personalizado, como traslado a la escuela, tutoría individual para adaptarse a la educación y a la vida cotidiana, educación y asesoramiento profesionales. Los resultados indican que las tasas de abandono de la educación primaria y secundaria de estos estudiantes se redujeron del 10,8 % en 2008 a menos del 3 % recientemente. Además, la educación que reciben los estudiantes en general para promover su conocimiento de Corea del Norte, es una iniciativa del Gobierno para crear un entorno en el que crezcan juntos como miembros de la sociedad.

B.Otras medidas adoptadas para luchar contra la discriminación por cualquier motivo

31.En 2016 el Ministerio de Igualdad de Género y Familia y la Comisión de Normas de Comunicación de Corea ¾institución de examen de contenidos de radiodifusión¾ firmaron un memorando de entendimiento con el objeto de llevar a cabo labores de concienciación sobre la igualdad de género a través de los medios de comunicación. En consecuencia, en  2017 se modificó el Reglamento del Examen de las Retransmisionespara incluir contenidos sobre igualdad de género. Actualmente, la Comisión de Normas de Comunicación de Corea examina todo programa de radiodifusión que incite al prejuicio y la discriminación contra un género específico y castiga a la entidad comercial y a la persona responsable de la radiodifusión. El Gobierno se esfuerza por mejorar la concienciación sobre la igualdad de género realizando un análisis del contenido de los medios de comunicación convencionales (radiodifusión terrestre y televisión por cable), así como de los nuevos medios, desde una perspectiva de género, y poniendo en marcha la educación en materia de medios de comunicación.

32.Con el objeto de que las personas con discapacidad no sean discriminadas o excluidas en el mundo laboral, en mayo de 2018 se decretó la obligatoriedad de la educación en el lugar de trabajo para mejorar la concienciación con respecto a esas personas. En consecuencia, todos los empresarios y empleados deben recibir educación en el lugar de trabajo para mejorar la concienciación con respecto a las personas con discapacidad una vez al año, durante una hora como mínimo. Según las estadísticas de 2017, el número de entidades empresariales obligadas a implementar la educación fue de 4,02 millones, mientras que el número de empleados sujetos a la educación fue de 21.627.000.

33.Desde 2014 el Tribunal cuenta con una ventanilla para personas socialmente desfavorecidas, incluidas personas con discapacidad, extranjeros y refugiados norcoreanos que funciona en entre dos y seis juzgados cada año, y ha asignado consejeros con experiencia legal que ofrecen asesoramiento preferente y servicios de asistencia jurídica. También lleva a cabo todos los años el programa educativo de concienciación sobre personas con discapacidad, dirigido a los miembros de los tribunales a todos los niveles, para poner fin a la discriminación. Para la promoción de la cultura de igualdad de género dentro del poder judicial, desde marzo de 2016 se exige que el curso de formación de jueces de carrera incluya una educación que tenga en cuenta las cuestiones de género.

C.Progresos realizados en la adopción de una legislación global de lucha contra la discriminación

34.Tanto la Constitución como una serie de leyes estipulan los principios de igualdad y prohibición de la discriminación, tal y como se describe en el cuarto informe periódico (CCPR/C/KOR/4, párrs. 376 y 377). El tercer Plan de Acción Nacional, establecido en 2018, incluye la tarea de “revisar las leyes de lucha contra la discriminación para proteger el derecho a la igualdad”. El 29 de junio de 2020, los miembros de la Asamblea Nacional propusieron una ley de lucha contra la discriminación que prohíbe todo tipo de discriminación o acoso directo o indirecto basado en 23 motivos, entre ellos la orientación sexual, la religión y las creencias políticas. El 30 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció un proyecto similar de Ley de Igualdad y recomendó su promulgación a la Asamblea Nacional. El Gobierno apoyará plenamente esos debates legislativos y deliberará sobre las formas de modificar eficazmente el marco jurídico actual, examinando las normas internacionales de derechos humanos, la legislación extranjera y las leyes nacionales.

D.Sanciones contra actos de discriminación y reparación paralas víctimas

35.Dado que en virtud de la Ley del Tribunal Supremo todo ciudadano puede reclamar daños y perjuicios ante el Tribunal cuando los funcionarios públicos o las personas privadas a las que se haya confiado funciones públicas infligen daños intencionales o por negligencia en el desempeño de sus funciones, en violación de los estatutos, las víctimas pueden reclamar una indemnización estatal al Tribunal cuando un agente público esté implicado en actos discriminatorios ilegales. De conformidad con la legislación nacional, todos los ciudadanos pueden reclamar daños y perjuicios ante los tribunales cuando sus derechos se vean vulnerados y dañados debido a actos ilegales intencionales o por negligencia de otras personas.

36.Además, se sancionará a quienes infrinjan las leyes que estipulan los principios de igualdad y no discriminación. Por ejemplo, las personas con discapacidad pueden recibir reparación por actos discriminatorios directos o indirectos, en virtud de la Ley sobre la Prohibición de la Discriminación contra las Personas con Discapacidad y Medidas de Reparación por la Violación de sus Derechos. Dicha Ley establece que toda persona que cometa actos discriminatorios malintencionados contra personas con discapacidad podrá ser objeto de sanción penal. En lo que respecta a la indemnización, la Ley también incluye una disposición relativa al traslado de la carga de la prueba a los discriminadores aun cuando no exista deliberación o negligencia en la discriminación. En caso de abuso contra personas con discapacidad, los organismos de defensa creados en virtud de la Ley de Bienestar de las Personas con Discapacidad ofrecen el apoyo médico y psicológico y la asistencia jurídica que necesitan las víctimas.

37.De conformidad con la Ley Marco sobre la Igualdad de Género y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo y Asistencia para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, será objeto de sanción penal el empresario que cometa discriminación de género en relación con el límite de edad, la jubilación o el despido de sus empleados, que no ofrezca la misma remuneración por trabajo de igual valor, o que despida o adopte cualquier otra medida desfavorable contra un empleado por haber solicitado una excedencia para el cuidado de los hijos.

Cuestión 6

A.Medidas adoptadas para proteger los derechos de las personasLGBTI

38.La discriminación, el discurso de odio y la violencia, que dan lugar a delitos como la injuria, la difamación y la agresión, constituyen actos por los que hay que rendir cuenta ante la ley. La discriminación como causa de esos delitos constituye un “motivo punible” que se tiene en cuenta para la imposición de la pena. Con respecto al discurso de odio por Internet, la Ley de Fomento de la Utilización de las Redes de Información y Comunicaciones y de Protección de la Información considera ilegal la “información difamatoria” y la “información repetitiva que incita al miedo o a la ansiedad”, y a partir de ahí estipula las responsabilidades de los proveedores de servicios en línea.

39.Para evitar la propagación de prejuicios contra determinadas minorías sexuales o de género a través de los medios de comunicación, la Comisión de Normas de Comunicación de Corea examina el contenido de los programas que se emiten en virtud de la Ley sobre el Establecimiento y Funcionamiento de la Comisión de Comunicaciones de Corea. En particular, de conformidad con los artículos 21 (Protección de los Derechos Humanos), 29 (Integración Social), y 30 (Igualdad de Género) del Reglamento sobre Examen de las Retransmisiones,los programas que se transmitan por los medios de comunicación no podrán vulnerar los derechos humanos injustamente, y la Comisión de Normas de Comunicación de Corea examina todo programa de radiodifusión que incite a los prejuicios y la discriminación contra un género específico u otros, e impone sanciones contra la entidad comercial de radiodifusión y la persona responsable.

40.La Directiva de Gestión de Unidades, emitida con el propósito de erradicar la discriminación y la violencia en el ejército, prohíbe las agresiones, los tratos crueles, los insultos, los abusos, el acoso sexual, la violencia y otras conductas de esa índole contra las personas LGBTI. Cuando se produce uno de esos incidentes se procede de inmediato a elaborar un informe y se aplica una sanción severa a la persona responsable. De conformidad con la Directiva, obligar a los soldados que salen del armario a darse de baja, utilizar el Campamento Verde o recurrir a la hospitalización con fines de aislamiento está prohibido. Además, la Directiva establece que los comandantes deberán velar por que la educación en derechos humanos para el personal del ejército incluya los derechos de las personas LGBTI.

41.Basándose en las leyes aplicables, el Ministerio de Defensa Nacional asigna consejeros especializados en la resolución de denuncias de acoso sexual presentadas por personal del ejército. Las minorías sexuales en el ejército también reciben protección contra la violencia sexual y una gestión posterior sistemática por parte de los consejeros; además, la información personal de las víctimas se mantiene en secreto. Dicha protección y gestión posterior de las víctimas incluye asesoramiento para su estabilidad psicológica, introducción al procedimiento de denuncia de los casos de violencia sexual e información sobre las instituciones médicas para el tratamiento de las víctimas, servicios como el acompañamiento de las víctimas durante las investigaciones y un examen de testigos en el tribunal.

42.En abril de 2020, en cooperación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno mejoró las Medidas sobre el Tratamiento y la Gestión de las Minorías Sexuales Alojadas en Instituciones Penitenciarias, disponiendo que los centros penitenciarios consideraran de manera exhaustiva la identidad de género de los reclusos y sus atributos sexuales físicos, así como las opiniones de los propios reclusos, los especialistas médicos y otros expertos civiles.

B.Facilitación del acceso al reconocimiento legal de la reasignación de género

43.El Tribunal suprimió la declaración de consentimiento de los progenitores, que era un anexo obligatorio en la solicitud de reasignación de sexo establecida en las Directrices sobre los procedimientos de solicitud de permisos de reasignación de sexo de personas transexuales.

C.Medidas en relación con la Ley del Código Penal Militar

44.Las Fuerzas Armadas de la República de Corea prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual (art. 253 de la Directiva de Gestión de Unidades). El delito de atentado contra el pudor previsto en el artículo 92-6 de la Ley del Código Penal Militar solo es aplicable en el caso de actos indecentes que perturben la disciplina militar. Las Fuerzas Armadas aplican rigurosamente la Ley del Código Penal Militar para evitar violaciones de los derechos humanos basadas en la homosexualidad de los soldados, de conformidad con el artículo 253 de la Directiva de Gestión de Unidades.

45.Figuran a continuación las estadísticas de la investigación realizada en virtud del artículo 92-6 de la Ley Penal Militar durante los últimos cinco años.

Categoría	Total	Sin enjuiciamiento	Otros (en investigación, traslado al sistema de justicia civil)	Enjuiciamiento
Encarcelamiento	Suspensión de la ejecución	Multa	Suspensión de la sentencia	No culpable	Traslado	Otros (en juicio)
2015	6				2		2		2
2016	8				1		2		5
2017	28	16		1	5		1		1	4
2018	11	9			2
2019	4	4

46.La disposición de la Ley del Código Penal Militar relativa al delito de atentado contra el pudor tiene por objeto mantener la disciplina militar, y en varias ocasiones el Tribunal Constitucional ha fallado en favor de la constitucionalidad de dicha disposición. Sin embargo, como en algunos casos se ha señalado que los requisitos jurídicos que definen el delito de atentado contra el pudor no son claros y existen factores discriminatorios contra las personas homosexuales, el Tribunal Constitucional examinó recientemente el proceso de determinación de la constitucionalidad de la Ley. El Gobierno adoptará medidas sobre la base de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional. Para evitar una sanción discriminatoria, el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas minimizan la acusación por delito de atentado contra el pudor y la decisión definitiva en cuanto a la tipificación como delito se adopta en las etapas de instrucción y acusación.

Cuestión 7

A.Iniciativas de lucha contra la discriminación de género en el mundo laboral

47.El Gobierno ha emprendido numerosas iniciativas para erradicar la discriminación de la mujer en el trabajo, en los sectores público y privado. En primer lugar, en julio de 2018 anunció y respaldó las Medidas para Solucionar la Discriminación de Género en el Empleo, en colaboración con los ministerios competentes. Sobre la base de la encuesta de 2018 de las instituciones públicas y los círculos financieros, se llevó a cabo una inspección laboral intensiva de lugares de negocios dudosos, que al parecer practicaban la discriminación laboral. En septiembre de 2018 el Gobierno estableció y puso en funcionamiento un Centro de Denuncia Anónima de Discriminación de Género en el Empleo, y tiene previsto introducir medidas correctivas contra la discriminación de género en los lugares de trabajo, de las que se ocupará la Comisión de Relaciones Laborales, que incluyen la suspensión de los actos discriminatorios, la adaptación de las condiciones de trabajo y la concesión de un nivel adecuado de indemnización (hasta el triple de los daños).

48.En segundo lugar, el Gobierno procura erradicar la discriminación de la mujer en el trabajo garantizando la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. La brecha salarial entre hombres y mujeres en la República de Corea se deriva principalmente de factores estructurales, como la interrupción de la carrera profesional debido a los partos, la mayor proporción de trabajadoras con salarios bajos y la discriminación salarial injusta. La respuesta del Gobierno ha sido seleccionar un grupo de empresas de determinado tamaño, a las que se aplica medidas previsoras de mejora del empleo (AA), y en cuyo marco están obligadas a presentar un informe sobre su situación de plantilla. Las empresas con resultados deficientes en relación con esas medidas deben participar en un proceso de consulta obligatorio que, desde 2020, incluye una entrevista con el director general. Además, desde enero de 2019 la disposición sobre la sanción penal contra los empleadores que infrinjan el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor es aplicable en todo el ámbito empresarial. El Gobierno también tiene previsto introducir el Sistema de Divulgación de la Distribución Salarial de las Empresas, que contiene información salarial sobre las empresas del sector privado.

B.Medidas adoptadas para mejorar la representación de la mujer en los sectores público y privado

49.Con respecto a la representación de la mujer en la política, las enmiendas a laLey de Partidos Políticosincrementaron el número de mujeres miembros de la Asamblea Nacional y de los consejos municipales, provinciales y metropolitanos, como se indica en el tercer informe periódico (CCPR/C/KOR/2005/3, párr. 69). La proporción de mujeres en la Asamblea Nacional ha registrado un aumento constante, pasando del 5,9 % en su 16º período legislativo (en 2000) al 17 % en su 20º período legislativo (en 2016). Las estadísticas relativas al número de mujeres miembros de la Asamblea Nacional figuran en el cuadro 5 del apéndice.

50.En la búsqueda de la igualdad de género en el sector público, el Gobierno ha adoptado un sistema de cuotas para la igualdad de género en el empleo que establece la proporción de hombres y mujeres que se debe alcanzar. También ha elaborado el Plan de Mejora de la Representación de la Mujer en el Sector Público (2018-2022), con objetivos ambiciosos pero viables, destinados a contar con un mayor número de mujeres en cargos de responsabilidad. Las actividades específicas incluyen la ampliación de una reserva de “recursos humanos femeninos” y su utilización para recomendar candidatas a miembros de comités gubernamentales y puestos vacantes. El resultado ha sido la plena consecución de los objetivos fijados para 12 ámbitos en 2019 y, sobre todo, la consecución anticipada de los objetivos para 2022 en 6 ámbitos, entre los que se encuentran los altos cargos de las organizaciones públicas (21,1 %) y los puestos de dirección de los ministerios del Gobierno central (20,8 %). Para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación. Además, el Gobierno adoptó el nivel de “autoridad de las mujeres en la adopción de decisiones” como índice en las principales evaluaciones gubernamentales.

CuadroDatos de 2019 sobre la ejecución por departamentos del Plan de Mejora de la Representación de la Mujer en el Sector Público(En porcentaje)

Cargo	2018 Historial	2019	Objetivo en 2020	Objetivo en 2021	Objetivo en 2022
Objetivo	Historial	Tasa de Consecución
1. Funcionaria pública de alto nivel	6,7	7,2	7,9	109,7	8,2	9,6	10,0
2. Directora en la administración central	17,5	18,4	20,8	113,0	21,0	22,5	25,0
3. Directora en la administración local	15,6	15,9	17,8	111,9	18,6	20,0	21,0
4. Alta directiva en un organismo público	17,9	18,4	21,1	114,7	21,8	22,4	23,0
5. Gerente en un organismo público	23,8	24,1	25,1	104,1	25,4	26,6	28,0
6. Gerente en una empresa pública local*	6,9	8,1	9,1	112,3	9,3	9,6	10,0
7. Catedrática en la universidad pública	16,6	17,0	17,3	101,8	17,5	18,1	19,0
8. Directora y subdirectora de centros educativos	42,7	43,0	44,1	102,6	44,3	44,7	45,0
9. Oficial militar	6,2	6,7	6,8	101,5	7,4	8,1	8,8
10. Agente de policía	11,7	12,6	12,6	100,0	13,4	14,2	15,0
10-1. Gerente (añadido)	5,9	6,1	6,1	100,0	6,3	6,6	7,0
11. Guardacostas	12,0	12,6	12,7	100,8	13,2	13,8	14,4
11-1. Gerente (añadido)	2,2	2,3	2,5	108,7	2,6	2,7	2,8
12. Comités gubernamentales	41,9	40,0	43,0	107,5	40,0	40,0	40,0

* (2018) Empresas públicas locales con 300 o más empleados (25) ; (2019) Todas las empresas públicas locales (151).

51.En el sector privado, sin embargo, con respecto al total de empresas que cotizaban en bolsa (2.148) en el primer trimestre de 2020, los resultados revelaron que el porcentaje de mujeres ejecutivas era del 4,5 % escasamente, y que solo el 33,5 % de esas empresas tenía una o más mujeres ejecutivas. En consecuencia, el Gobierno redobló sus esfuerzos para mejorar la representación de la mujer en el sector privado. En marzo de 2019 el Gobierno firmó un Acuerdo de Asociación para el Crecimiento Inclusivo con Perspectiva de Género con 10 grupos económicos y emprendió proyectos conjuntos. También puso en marcha una campaña para suscribir acuerdos autónomos con empresas que desearan contar con un mayor número de mujeres en puestos de dirección, lo que se tradujo en la firma de 19 acuerdos con 71 empresas a julio de 2020. Asimismo, se celebraron charlas de concienciación sobre la diversidad de género con los directores generales de las empresas y se realizó una investigación exhaustiva del porcentaje de mujeres en cargos ejecutivos en todas las empresas que cotizaban en bolsa y de los obstáculos para aumentar ese número en las principales industrias. Además, desde noviembre de 2019 se ofrecen servicios de asesoramiento personalizado para mejorar el equilibrio de género y, al final del año se había prestado apoyo a 27 empresas. Cabe decir que el Gobierno reclama un cambio real, que respete la autonomía del sector privado.

Cuestión 8

A.Medidas para la aplicación rigurosa de la ley a los autores de actos de violencia doméstica

52.El Gobierno modificó la Ley de Casos Especiales relativos a la Sanción de Delitos de Violencia Doméstica,de modo que los agentes de policía presentes en el lugar de los hechos puedan detener a un agresor flagrante e imponer un castigo penal, no una multa, a quienes incumplan cualquier medida cautelar, incluidas órdenes de alejamiento. Además, las órdenes de protección de las víctimas establecen ahora “la restricción del derecho de visita del progenitor agresor a los hijos”, y las personas condenadas por delitos de violencia doméstica enfrentan una sanción penal si no cumplen la orden de asistir a una charla. Los fiscales adoptaron las Directrices sobre la Investigación de Casos de Violencia Doméstica y Apoyo a las Víctimas, según las cuales, en principio, serán detenidos durante la investigación quienes sean delincuentes habituales, quienes hayan utilizado un objeto mortífero y los reincidentes en casos de violencia doméstica en dos o más oportunidades en los últimos tres años.

53.Figuran a continuación las estadísticas de enjuiciamiento de personas que violaron la Ley de Casos Especiales relativos a la Sanción de Delitos de Violencia Doméstica.

Categoría Año	Recibidos	Total, resolución judicial	Enjuiciados	No enjuiciados	Traslado al tribunal competente en casos de protección del hogar	Otros *
Petición de juicio formal	Petición de juicio sumario	Libres de sospecha	Suspensión de la acusación	Delito no determinado	Sin derecho de comparecencia ante el juez	Sobreseído
2015	47 007	46 545	1 748	2 222	1 245	4 802	63	17 316	11	18 207	931
2016	54 191	53 237	1 793	2 734	1 500	4 510	67	21 185	11	20 311	1 126
2017	47 036	46 912	1 609	2 880	1 450	3 779	57	17 998	14	17 184	1 941
2018	39 183	39 188	1 550	2 618	1 440	2 852	73	14 584	13	14 253	1 805
2019	53 364	53 238	1 840	3 153	2 178	3 798	69	19 380	16	19 818	2 986

* Otros: Suspensión de la acusación, suspensión de la acusación debido a incomparecencia del testigo, traslado al tribunal competente en casos de protección del hogar, casos de protección contra la prostitución, casos de protección del niño, o traslado a otro tribunal competente.

54.Figuran a continuación las estadísticas de los juicios por violación de la Ley de Casos Especiales relativos a la Sanción de Delitos de Violencia Doméstica.

Categoría Año	Núm ero de casos recibidos (núm ero de personas)	Número de casos enjuiciados (número de personas)
Total	Encarcelamiento	Suspensión de la ejecución	Sanción pecuniaria	Suspensión de la ejecución (sanción pecuniaria)	Suspensión de la sentencia	Absolución	Decisión de traslado, etc.
2015	25	22	4	4	9		-	-	5
2016	56	49	4	20	21	1	-	3
2017	41	42	7	12	20	-	1	2
2018	63	51	10	17	18	2	2	-	2
2019	63	64	17	19	21	-	-	1	6

Nota: 1. Materiales sobre la “ violación de la Ley de Casos Especiales relativos a la Sanción de Delitos de Violencia Doméstica ” , por delitos no relacionados con el Código Penal en juicios penales de primera instancia ; 2. Suspensión de la ejecución (pena pecuniaria), aplicable desde enero de 2018.

CuadroCasos de protección del hogar

Categoría Año	Recibidos	Resolución judicial
Total	Disposición de protección	Disposición no emitida	Otros
2015	20 131	16 868	8 917	7 319	632
2016	22 482	21 802	11 368	9 792	642
2017	18 971	20 622	11 562	8 802	258
2018	19 739	18 448	10 936	7 310	202
2019	23 699	23 139	13 360	9 579	200

B.Medidas para la aplicación rigurosa de la ley a los autores de cualquier acto de violencia contra la mujer

1.Desarrollo de un marco jurídico

55.En enero de 2019 la Ley de Protección de Niños y Jóvenes Contra el Abuso Sexual introdujo la disposición relativa a la imposición de sanciones a personas que mantuvieran relaciones sexuales ilícitas o cometieran cualquier acto obsceno contra un niño o joven de 13 a 16 años, aprovechándose de sus condiciones de indigencia. Además, en mayo de 2020 se aumentó de 13 a 16 años la edad legal que determina el delito de estupro, con el fin de ampliar la protección de los menores.

56.Para endurecer el castigo por la comisión de delitos sexuales aprovechando una posición de superioridad, en 2018 y 2020 se impusieron penas legales más severas por la comisión de delitos sexuales y actos indecentes recurriendo a medios fraudulentos o amenaza de uso de la fuerza, y de violación. En marzo de 2020 se modificó la Ley de Casos Especiales relativos a la Sanción de los Delitos Sexuales con el fin de endurecer el castigo por actos tales como la producción y distribución de vídeos falsos de gran calado.

2. Políticas de los investigadores para la aplicación rigurosa de la ley

57.Al registrarse nuevos tipos de violencia contra la mujer, como los delitos sexuales digitales, y salir a la luz los tipos de violencia que sufren las mujeres en el marco del actual sistema, los investigadores han puesto en marcha iniciativas encaminadas a erradicar la violencia de género y castigar a los autores.

58.La Fiscalía Suprema ha dado una respuesta estricta a la violencia de género mediante la organización y puesta en marcha de un equipo de tareas sobre la violencia contra las mujeres y los niños, la celebración de un taller conjunto con las instituciones pertinentes y la organización de programas educativos para el fomento de la capacidad de los fiscales que se ocupan de los delitos contra mujeres y niños. También tiene previsto responder drásticamente a los delitos sexuales en línea mediante una mejora radical de las normas relativas al enjuiciamiento de personas que cometan delitos relacionados con vídeos de explotación sexual (fecha de entrada en vigor, 9 de abril de 2020; véase cuadro 6 del apéndice).

59.La policía también ha desplegado esfuerzos para garantizar la seguridad de las mujeres. En mayo de 2019 la Agencia Nacional de Policía estableció un equipo dirigido por el Director de Seguridad de la Mujer, para erradicar la violencia contra la mujer. Durante el primer semestre de 2018 todos los comandos distritales de policía pusieron en marcha el Equipo de Investigación de Ciberdelitos Sexuales y el Equipo Especial de Investigación sobre Delitos contra la Mujer. Además, en el primer semestre de 2018 se llevó a cabo una intensa campaña de represión de los delitos graves contra la mujer, incluidos los delitos sexuales, la violencia doméstica, y otros. En el segundo semestre de 2018, tras la Redada Especial contra Autores de Ciberdelitos Sexuales, se detuvo a un total de 3.847 delincuentes que distribuían pornografía, se bloquearon 150 sistemas de nombres de dominio y se cerraron 92 páginas web. En 2019 también se procedió a la represión intensiva de los cárteles de la web. El Gobierno continuará con una intensa campaña de represión, además de ampliar el personal que imparte formación sobre cuestiones de género.

C.Medidas de reparación para las víctimas

1.Políticas de protección para las víctimas de violencia doméstica

60.A finales de noviembre de 2018 el Gobierno anunció la formulación de las Medidas de Prevención de la Violencia Doméstica, centradas en cuatro esferas: i) seguridad y protección de los derechos humanos de las víctimas; ii) castigo de los autores y prevención de la reincidencia; iii) apoyo a las víctimas; y iv) prevención y sensibilización sobre la violencia doméstica (para más detalles, véase cuadro 7 del apéndice).

61.En 2019 el Gobierno asignó la suma de 8.400 millones de won de su presupuesto a 128 centros de asesoramiento sobre violencia doméstica que ofrecen servicios de consulta, protección temporal, tratamiento y recuperación, asistencia jurídica y acompañamiento de las víctimas a las investigaciones (para más detalles sobre el trabajo de esos centros, véase cuadro 8 del apéndice). Además, desde 2018 existen en el país 66 albergues para víctimas de violencia doméstica, que cuentan así con protección en un lugar estable, y 314 viviendas de alquiler para la vida en convivencia. Una vez que salen de los albergues, las víctimas de violencia doméstica reciben subvenciones para promover la autosuficiencia y cubrir gastos médicos (para conocer la situación de los albergues y su funcionamiento, véanse cuadros 9 y 10 del apéndice).

62.El Ministerio de Justicia señala en la Ley de Inmigración (art. 25-2), las Normas Especiales para Inmigrantes por Matrimonio Víctimas de Violencia Doméstica, que permiten que los inmigrantes cuyo matrimonio se rompa a causa de la violencia doméstica puedan permanecer en el país independientemente de que tengan, o no, hijos a cargo.

2. Políticas de protección para las víctimas de la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas

a)Marco jurídico

63.Como se explica en el cuarto informe periódico (CCPR/C/KOR/4, párrs. 70 y 77), la República de Corea promulgó la Ley de Prevención de la Violencia Sexual y Protección de las Víctimas, que sienta las bases de la protección de las víctimas y las políticas de apoyo. El Gobierno también modificó el Código Civil de modo que el plazo de prescripción del derecho de los menores agredidos sexualmente a reclamar el pago de indemnización por daños y perjuicios comience cuando alcancen la edad adulta.

b)Políticas de apoyo a las víctimas

64.El Gobierno facilita servicios a las víctimas, como consulta, protección temporal, tratamiento y recuperación, asistencia jurídica y acompañamiento en las investigaciones, en diversas instalaciones de apoyo.

65.En términos concretos, cuando las víctimas de delitos violentos, incluidas la violencia doméstica y sexual, sufren lesiones, se conceden fondos de ayuda por lesiones penales o subsidios médicos por lesiones físicas, así como el pago de gastos médicos por motivos de estado mental, y gastos de manutención, escolares y funerarios, en caso necesario. Para las víctimas de delitos violentos y sus familiares, funciona el Centro de la Sonrisa —institución que ofrece tratamiento psicológico para los traumas causados por lesiones derivadas de delitos. En la actualidad existen en el país 14 centros financiados con fondos del Tesoro, cuyo número aumenta cada año.

66.Especialmente para las personas víctimas de delitos sexuales, violencia doméstica y prostitución, el Gobierno gestiona el Centro de Apoyo Integral a las Víctimas de la Violencia Sexual (Centro Girasol), que ofrece un servicio centralizado que incluye asesoramiento, tratamiento, asistencia jurídica y apoyo a la investigación las 24 horas del día, siete días por semana. A finales de 2019 estaban en funcionamiento 39 Centros Girasol, que habían atendido 26.585 casos. El número total de servicios prestados fue de 413.177, es decir, un aumento del 3,6 % en comparación con el año anterior (para más detalles, véase cuadro 11 del apéndice).

67.Considerando la diversidad y el carácter distintivo de los daños, el Gobierno ha creado más instalaciones de apoyo a la autosuficiencia de las personas con discapacidad, que ofrecen educación para la autosuficiencia, formación profesional e información laboral para personas con discapacidad víctimas de delitos sexuales.

68.Desde 2018 el Gobierno tiene en funcionamiento el Centro de Apoyo a las Víctimas de Delitos Sexuales Digitales, que ofrece asesoramiento, apoyo para la investigación (recopilación de pruebas), eliminación de los datos personales y apoyo legal y médico para los perjudicados por delitos sexuales en línea. Para las mujeres migrantes vulnerables debido a la barrera del idioma y la inestabilidad, el Gobierno proporcionó asesoramiento y apoyo en 2019 a través de las cinco oficinas de asesoramiento recientemente establecidas para mujeres migrantes víctimas de la violencia.

69.La Oficina de Asesoramiento para Casos de Violencia Sexual también se ocupa de la remisión de casos a institutos médicos, centros de acogida e instituciones de asistencia jurídica, y del acompañamiento a investigaciones y juicios. Además, existen albergues especiales para las víctimas de delitos sexuales que tienen dificultades en la vida escolar o social ordinarias, en los que reciben alojamiento, alimentación, asesoramiento, educación para la autosuficiencia e información sobre el empleo (para conocer la situación de las oficinas de asesoramiento y los albergues véanse cuadros 12 y 13 del apéndice).

70.Por otro lado, el Gobierno presta asistencia jurídica gratuita en causas civiles y penales internas (para las estadísticas de asistencia jurídica para víctimas de la violencia contra la mujer, véanse cuadros 14 y 15). Además, las víctimas pueden recibir ayuda gratuita en los litigios a través de la Empresa Coreana de Ayuda Jurídica, y asesoramiento jurídico primario por parte de Legal Home Doctors (abogados), organización que atiende en 65 regiones del país (para información sobre la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia doméstica que presta la Empresa Coreana de Ayuda Jurídica, véase cuadro 16).

D.Medidas adoptadas para mejorar la sensibilización con respecto a la violencia doméstica

71.El 30 de julio de 2013 el Gobierno modificó la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica y Protección de las Víctimas, para ampliar el ámbito de las instituciones que deben impartir educación para la prevención de la violencia doméstica, incluidos todos los organismos gubernamentales.

72.En el caso específico de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el Instituto de Justicia ofrece todos los años un programa de formación profesional para fiscales denominado Curso profesional sobre la investigación de delitos contra las mujeres y los niños, que incluye el tema de la violencia doméstica. Dos veces al año, desde 2014, los tribunales de todos los niveles también imparten educación para prevenir el acoso sexual, la prostitución, los delitos sexuales y la violencia doméstica.

73.Con la finalidad de que todos los ciudadanos reconozcan que la agresión física, la violencia emocional y el control económico constituyen violencia doméstica, el Gobierno designó el Día de la Prevención de la Violencia Doméstica (Día Bora: 8 de cada mes) y la Semana para la Eliminación de la Violencia Doméstica (del 25 de noviembre al 1 de diciembre de cada año) y lleva a cabo, asimismo, actividades de sensibilización de la población contra la violencia doméstica mediante una campaña y la difusión de un vídeo sobre la prevención de la violencia doméstica a través de los medios de comunicación y de YouTube.

E.Medidas adoptadas para aplicar una estrategia global contra la violencia de género en cualquiera de sus formas

74.En diciembre de 2019 entró en vigor la Ley Marco de Prevención de la Violencia contra la Mujer, que especifica la responsabilidad del Gobierno central y de las administraciones locales en la prevención de la violencia contra la mujer y en la protección y el apoyo a las víctimas, y estipula la aplicación integral y sistemática de políticas de prevención de la violencia contra la mujer. La Ley abarca la violencia de género en todas sus formas al definir la violencia contra la mujer como “violencia de género contra la mujer que vulnera el derecho a la salud física y mental, a la seguridad, etc.”. De conformidad con dicha Ley se establecieron el primer Plan Básico de 2020 de Prevención de la Violencia contra la Mujer y su plan de aplicación anual.

75.El Gobierno propone la promulgación o modificación de las leyes aplicables para combatir los distintos tipos de violencia contra la mujer y colmar las lagunas. En febrero de 2018 el Gobierno publicó las Contramedidas Integrales para Prevenir el Daño derivado del Acoso y del Maltrato en las Citas, y en noviembre de 2020 adoptó las disposiciones legislativas para la promulgación de la Ley de Castigo del Hostigamiento Criminal. Esas disposiciones comprenden la “definición” y el “tipo” del acoso criminal y estipulan un castigo más severo para el autor. En virtud de la Ley, la policía puede adoptar medidas de emergencia, entre ellas alejar de la víctima al presunto delincuente, mientras que el tribunal, cuando considera posible la reincidencia, puede dictar una medida provisional que incluya una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima. El Gobierno completará sus actividades encaminadas a aprobar el proyecto de ley en la 21ª Asamblea Nacional, que inició su mandato en 2020.

F.Medidas adoptadas para combatir el acoso sexual en el lugarde trabajo

1.Marco jurídico

76.El Gobierno ha adoptado medidas para combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo, basadas en la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. En particular, incrementó las obligaciones de los empleadores con la modificación de la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo en 2017, y la Ley de Fomento de la Participación y Cooperación de los Trabajadoresel 16 de abril de 2019. Las revisiones introducen la obligación de los empleadores de adoptar medidas de protección para las víctimas de acoso sexual y endurecen la sanción penal en caso de trato desfavorable contra el denunciante o la víctima. El Centro de Denuncia Anónima de Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo funciona desde marzo de 2018.

2.Políticas y medidas

77.En noviembre de 2017 el Gobierno formuló y aplicó las Medidas para Combatir el Acoso y la Violencia Sexuales en el Lugar de Trabajo, en colaboración con los ministerios competentes. Estableció, asimismo, a nivel de todo el Gobierno, un Comité de Lucha contra el Acoso Sexual, la Violencia y los Delitos Sexuales en Línea, con la participación de los organismos gubernamentales y el sector privado. Además, para la pronta concesión de indemnizaciones a las víctimas, se incrementó el número de centros de asesoramiento para la igualdad en el empleo gestionados por organizaciones civiles, con el fin de subsanar las diferencias locales de accesibilidad (15à21 centros). El Estado parte tiene previsto también establecer medidas correctivas cuya imposición estaría a cargo de la Comisión de Relaciones Laborales, como la suspensión de una desventaja infligida a la víctima y la posibilidad de una indemnización adecuada. Además, tiene previsto modificar la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de modo que un director general pueda ser procesado penalmente como autor de acoso sexual, y así resolver el problema que plantea la ley vigente en el sentido de que, si el autor es un director representante de una empresa, solo son aplicables sanciones indirectas, como una acción disciplinaria.

78.Por otro lado, para reforzar la vigilancia, en septiembre de 2019 se estipularon las bases de la supervisión laboral especial de los lugares de trabajo en los que se habían registrado casos de acoso sexual laboral escandaloso. El Gobierno también impone medidas correctivas y sanciones a los lugares de trabajo que no proporcionan educación para prevenir el acoso sexual.

79.El sector público adopta diversas medidas contra el acoso sexual mediante la educación y el funcionamiento de una oficina interna dedicada a erradicar el acoso sexual en el lugar de trabajo. La revisión efectuada por el Ministerio de Igualdad de Género y Familia de las medidas de educación y prevención del acoso sexual en el sector público reveló que el 99,8 % de 17.556 instituciones públicas impartían dicha educación a finales de 2019, y la mayoría de las instituciones ya habían establecido directrices relativas al acoso sexual dentro de la organización (99,9 %) así como servicios de asesoramiento para las víctimas (99,6 %). Además, existe un centro independiente de denuncias de acoso y violencia sexual que funciona fuera de las instituciones, que les ayuda a tratar los casos de acoso y violencia sexual que no se resuelven por sí mismos.

G.Medidas adoptadas para combatir el uso de cámaras espía en los baños públicos que vulneran la intimidad de la mujer

80.En septiembre de 2017 los organismos gubernamentales anunciaron conjuntamente las Contramedidas Integrales para Prevenir los Daños de los Delitos Sexuales en Línea. En virtud de la Ley de Casos Especiales relativos a la Sanción de los Delitos Sexuales se revisó el concepto de “lugares de uso público” sujetos a la prohibición de intrusión con intención de satisfacer impulsos sexuales en “cualquier lugar de uso público utilizado por muchas e indeterminadas personas, entre ellos, baños públicos, cuartos de baño, saunas, instalaciones para amamantar y vestuarios”, para especificar que la intrusión en un baño público con fines sexuales podía dar lugar a sanciones. La Ley también se modificó y aplicó para castigar con mayor rigor los actos de toma y distribución ilegal de fotografías y para sancionar a las personas que distribuían duplicados.

H.Medidas adoptadas para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto

81.En abril de 2019 el Tribunal Constitucional falló la falta de conformidad con la Constitución del delito de aborto previsto en la Ley del Código Penal. Desde entonces, los ministerios competentes han recabado las opiniones de las partes interesadas y de los expertos, celebrado reuniones y puesto en funcionamiento órganos consultivos en diversos ámbitos. El resultado de esas actividades fue la presentación a la Asamblea Nacional en noviembre de 2020 de un proyecto de ley que incluye los plazos, los motivos y los requisitos de procedimiento relativos al aborto legal.

82.Antes de que se modifiquen las leyes, el Gobierno tiene previsto proporcionar información exhaustiva sobre el aborto y contratar un mayor número de consejeros profesionales en la Oficina de Asesoramiento para Situaciones de Emergencia durante los Embarazos, para ayudar a resolver complicaciones físicas y mentales después de la operación. Además, se impartirá más educación sobre métodos anticonceptivos a los adolescentes fuera de las escuelas y a los adultos. El Gobierno también estudia la posibilidad de autorizar el uso de medicamentos en caso de pérdida espontánea de un embarazo, una vez aprobada la normativa correspondiente.

Cuestión 9

83.De conformidad con el artículo 2 (Definiciones) de la Ley de Lucha contra el Terrorismo para la Protección de los Ciudadanos y la Seguridad Pública, promulgada y aplicada el 3 de marzo de 2016, por “terrorismo” se entiende cualquiera de las conductas que se indican a continuación, cuyo propósito sea impedir el ejercicio de la autoridad del Estado, de un gobierno local o de un gobierno extranjero, o hacer que lleven a cabo cualquier actividad que no estén obligados a realizar o que constituya una amenaza para el público. La definición de “terrorismo” que figura en la Ley de Lucha contra el Terrorismo para la Protección de los Ciudadanos y la Seguridad Pública hace referencia al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra la proliferación de armas de destrucción masiva. También incorpora el artículo 28 del Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (A/HRC/16/51), que el Comité mencionó en las anteriores observaciones finales, y el artículo 3 de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1566 (2004):

a)Ocasionar la muerte de una persona o poner en peligro su vida causándole lesiones corporales o detener, confinar, secuestrar, o tomar como rehén a una persona, o inducir a ello;

b)Cualquiera de las siguientes conductas realizadas en una aeronave:

i) Estrellar una aeronave en vuelo, derribarla u ocasionarle daños, o llevar a cabo cualquier otro acto de destrucción que pueda poner en peligro la seguridad de una aeronave en vuelo;

ii) Secuestrar una aeronave en vuelo o forzar su vuelo mediante violencia, amenaza, o cualquier otro medio;

iii)Impedir el vuelo seguro dañando las instalaciones de aviación relacionadas con el vuelo o impidiendo el funcionamiento de dichas instalaciones;

c)Cualquiera de las siguientes conductas relacionadas con un barco o una estructura marina:

i)Destruir un buque o una estructura marítima en funcionamiento o causarles daños hasta el punto de poner en peligro su seguridad;

ii)Apoderarse de un buque o de una estructura marítima en funcionamiento o aplicar medios de coacción para su navegación, como la violencia, la amenaza o cualquier otro medio;

iii)Destruir, causar daños graves u ocasionar el mal funcionamiento de cualquier equipo o instalación relacionados con la explotación de un buque con la intención de poner en peligro la seguridad del buque durante la navegación;

d)Colocar, detonar o utilizar de cualquier otra forma un arma o dispositivo bioquímico, explosivo o incendiario destinado a causar la muerte, lesiones graves o daños materiales graves, o que tenga tal poder en cualquiera de los siguientes vehículos o instalaciones;

i)Vehículos utilizados por el público para el transporte de personas o mercancías, como trenes, tranvías y vehículos de motor;

ii)Instalaciones o carreteras utilizadas para el funcionamiento de los vehículos comprendidos en el inciso i), parques, estaciones y otras instalaciones utilizadas por el público;

iii)Instalaciones de suministro de electricidad o gas, instalaciones de suministro de agua potable para el público, instalaciones para el uso de las telecomunicaciones y otras instalaciones de uso común o utilizadas por el público;

iv)Instalaciones de procesamiento, transporte o almacenamiento de materias primas de petróleo, gas inflamable, carbón, otros combustibles, etc., para fabricarlas o refinarlas u obtener combustible a partir de ellas;

v)Estructuras, aviones y barcos a los que el público puede acceder, excluidas las instalaciones comprendidas en los incisos i) a iv);

e)Cualquiera de los siguientes actos relacionados con materiales nucleares, materiales radiactivos o centrales nucleares;

i)Dañar vidas humanas, cuerpos o propiedades, o perturbar de otro modo la seguridad pública mediante la destrucción de un reactor nuclear;

ii)Poner en peligro vidas o cuerpos humanos manipulando indebidamente materiales radiactivos, etc., un reactor nuclear y sus instalaciones conexas, instalaciones del ciclo del combustible nuclear o dispositivos generadores de radiación;

iii)Aceptar, llevar, poseer, conservar, utilizar, transportar, remodelar, eliminar o dispersar materiales nucleares;

iv)Emitir materiales radiactivos o exponer a la radiación destruyendo o dañando materiales o instalaciones nucleares u ocasionando dicha destrucción o daño, o impidiendo el funcionamiento normal de instalaciones nucleares.

84.El ciberterrorismo no está incluido en la definición de la actual Ley de Lucha contra el Terrorismo para la Protección de los Ciudadanos y la Seguridad Pública, y no existe ninguna ley nacional que establezca un castigo agravado específico para el ciberterrorismo, o que permita una disposición que trascienda las leyes y reglamentos sobre investigación penal.

85.Se garantiza la aplicación de la Ley de Lucha contra el Terrorismo y su práctica son aplicables únicamente al terrorismo, en virtud del artículo 2 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo para la Protección de los Ciudadanos y la Seguridad Pública, que define de manera clara y específica los conceptos de terrorismo, grupo terrorista, sospechoso de terrorismo y actividades de lucha contra el terrorismo. La recopilación de información sobre presuntos terroristas, como su entrada o salida, las transacciones financieras y las telecomunicaciones, estará sujeta a los requisitos y procedimientos previstos en otras leyes, como la Ley de Inmigración, la Ley de Aduanas, y la Ley de Protección de la Intimidad en las Comunicaciones. Además, el Gobierno trata el delito de terrorismo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal, que prescribe las debidas garantías procesales en lo que respecta al arresto o la detención, el acceso a la asistencia letrada, la presunción de inocencia, la protección especial de los menores y el principio non bis in idem.

86.Existen amplios medios para proteger los derechos humanos y prevenir los riesgos de injerencias arbitrarias en la privacidad, entre ellos la Oficina de Protección de los Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, encargada de prevenir la violación de los derechos humanos básicos afectados por las actividades terroristas y la previsión de penas agravadas cuando los funcionarios públicos de los servicios de inteligencia y de investigación formulen acusaciones falsas, cometan perjurio o falsifiquen pruebas del delito de formación de grupos terroristas.

Cuestión 10

87.El Gobierno respeta el propósito del segundo Protocolo Facultativo relativo a que el Estado adopte todas las medidas necesarias para proteger la vida de las personas, y no ha aplicado la pena de muerte desde 1997, siendo reconocido como Estado abolicionista de facto por la comunidad internacional. Sin embargo, dada la importancia de la pena de muerte como cuestión relacionada con el fundamento de la autoridad punitiva del Estado, el Gobierno tiene previsto examinar exhaustivamente la opinión pública sobre la pena de muerte, su función en términos de justicia penal, las tendencias en el extranjero y las recomendaciones conexas de las instituciones internacionales.

Cuestión 11

A.Actividades de prevención del suicidio

88.En 2004 el Gobierno formuló un plan básico quinquenal para la prevención del suicidio. En 2018 elaboró el Plan Director de Prevención de Suicidios, con la participación de 19 ministerios. En 2019 el Plan incluía 62 medidas en seis esferas y estaba basado en cinco años de investigación exhaustiva respecto de 70.000 personas que se suicidaron. El Plan comprende principalmente los siguientes objetivos: i) prestar apoyo a los instructores especializados en la prevención del suicidio en las comunidades locales para identificar a las personas en situación de alto riesgo; ii) reforzar la conexión entre los servicios de seguridad social y los servicios de salud mental; iii) lograr que la depresión reciba mayor atención en el marco del examen nacional de salud; iv) garantizar el acceso a los servicios de salud mental, incluida una línea telefónica dedicada a la prevención del suicidio; v) prohibir la distribución en línea de información perjudicial sobre el suicidio; vi) expandir los cuidados dispensados tras un intento de suicidio; y vii) adoptar medidas para prevenir el suicidio en los grupos de alto riesgo.

89.La infraestructura institucional para la prevención del suicidio está en constante crecimiento. Con el fin de promover la eficacia de las políticas pangubernamentales se estableció el Comité de Política de Prevención del Suicidio, que preside el Primer Ministro y cuenta con la participación de 12 ministerios y expertos civiles en la materia. El Gobierno tiene previsto atajar las causas fundamentales del suicidio mejorando la seguridad social y el apoyo a los grupos de alto riesgo. También realizó dos estudios exhaustivos sobre todas las muertes por suicidio (el primero en 2013-2017, el segundo en 2018-2019) para identificar las causas subyacentes. Sobre la base de sus conclusiones, el Gobierno mejorará su intervención en casos de crisis teniendo en cuenta cada factor de riesgo y la vulnerabilidad inherente de los grupos destinatarios.

B.Estadísticas sobre el número de suicidios

90.Las estadísticas actualizadas y desglosadas sobre el número de suicidios son las siguientes (anunciadas en septiembre de 2019).

Tasa y número de suicidios, por género y edad, en 2018 (por cada 100.000 personas)

	Total	Género	Edad
Hombres	Mujeres	De 1 a 9  años	De 10 a 19 años	De 20 a 29 años	De 30 a 39 años	De 40 a 49 años	De 50 a 59 años	De 60 a 69 años	De 70 a 79 años	80 o más  años
Tasa de suicidio	26,6	38,5	14,8	0,0	5,8	17,6	27,5	31,5	33,4	32,9	48,9	69,8
Número de muertes por suicidio	13 670	9 862	3 808	0	301	1 192	1 998	2 676	2 812	1 880	1 664	1 147

91.La situación respecto del suicidio en el ejército es como sigue.

	2016	2017	2018	2019
Número de muertes por suicidio	54	51	56	62
Género	Hombres	52	50	56	60
	Mujeres	2	1		2
Edad	De 20 a 29 años	34	37	37	43
	De 30 a 39 años	12	6	9	10
	40 o más años	8	8	10	9

Cuestión 12

A.Castigo por actos de tortura y malos tratos

92.El artículo 125 de la Ley del Código Penal castiga todo acto de violencia o crueldad contra un sospechoso de comisión de un delito, o contra otras personas, por parte de quienes realicen actividades relacionadas con el juicio, la acusación, la investigación policial u otras funciones que entrañen coacción física, o les presten colaboración. La disposición clasifica todos los actos de tortura y malos tratos como delitos penales, ya que por “violencia” se entiende el ejercicio de la fuerza y por “crueldad” todo tipo de actos que inflijan dolor mental o físico. Dado que la tortura también puede ser castigada en virtud del artículo 124 (Detención y confinamiento ilegales) de la Ley del Código Penal, el artículo 4-2 (Castigo agravado de detención, confinamiento, etc.) de la Ley de Castigo Agravado de Delitos Determinados, el Gobierno examinará detenidamente la necesidad de una nueva disposición sobre la definición de la tortura.

93.En el cuadro que figura a continuación se indica la situación, entre 2014 y 2018, de los casos de tortura y malos tratos investigados y enjuiciados tras ser comunicados, incluidos los litigios.

CuadroSituación de los casos notificados, incluidos los litigios y casos procesados relacionados con la tortura y los malos tratos (2014-2018)

	Recibidos	Actuaciones
Total	Petición de juicio formal	Petición de juicio sumario	No enjuiciados	Otros
Detenidos	No detenidos
2014	1)	403	399	0	3	0	392	4
2)	970	955	0	1	0	885	69
3)	0	0	0	0	0	0	0
4)	171	190	0	0	0	178	12
2015	1)	402	450	0	0	0	443	7
2)	853	877	0	1	0	798	78
3)	0	0	0	0	0	0	0
4)	123	153	0	0	0	153	0
2016	1)	463	451	0	0	0	442	9
2)	885	881	0	2	0	811	68
3)	3	3	0	0	0	3	0
4)	165	157	0	2	0	144	11
2017	1)	564	595	0	0	0	572	23
2)	1 017	1 043	0	1	0	923	119
3)	0	0	0	0	0	0	0
4)	103	124	0	1	0	112	11
2018	1)	703	721	0	0	0	650	71
2)	1 021	1 051	0	2	0	911	138
3)	5	5	0	0	0	5	0
4)	119	122	0	1	0	117	4

B.Limitaciones de los interrogatorios nocturnos

94.La Agencia Nacional de Policía prohíbe los interrogatorios durante toda la noche en sus Normas de Investigación Criminal, una directiva para la protección de los derechos humanos en los procedimientos de investigación. Los fiscales también promulgaron las Normas de Investigación para la Protección de los Derechos Humanos (Ordenanza del Ministerio de Justicia) en octubre de 2019, en cuyo marco están prohibidos, en principio, los interrogatorios después de las 9 de la noche, que solo se permiten en casos excepcionales, cuando existen una solicitud por escrito de la persona investigada y el permiso del funcionario de protección de los derechos humanos de la oficina del fiscal competente.

C.Medios de reparación previstos para las víctimas de tortura criminal, incluidas la rehabilitación y la indemnización

95.La Constitución y las leyes nacionales garantizan el derecho a reclamar una indemnización adecuada a las víctimas de tortura o malos tratos y a los familiares de los fallecidos, por lo que las víctimas o sus familiares pueden reclamar una indemnización estatal, una indemnización penal, un fondo de ayuda a las víctimas de delitos o una indemnización civil por daños y perjuicios. Sin embargo, no existen estadísticas oficiales sobre las indemnizaciones estatales pagadas específicamente a las víctimas de tortura.

96.En virtud de los procedimientos de la Ley de Protección de las Víctimas de Delitos, las víctimas de torturas criminales pueden recibir ayuda económica, tales como pago de gastos médicos, tratamiento psicológico en el Centro de la Sonrisa, y asistencia jurídica. También pueden recibir ayuda en los litigios y asesoramiento jurídico primario de los médicos legistas que prestan servicio en distintos lugares del país. No obstante, no existen estadísticas oficiales sobre las víctimas de tortura, en particular, sino sobre las víctimas de delitos en general.

97.Además, el Gobierno seleccionó el “establecimiento de bases legales para la prevención de la tortura y el apoyo a las víctimas” como parte de su programa nacional. Al respecto, el Ministerio de Justicia encargó una investigación sobre las normas internacionales de derechos humanos en materia de prevención y reparación de la tortura, incluidas la Convención contra la Tortura y las leyes de otros países, y sobre esa base redactó el proyecto de Ley de Prevención de la Tortura y de Indemnización y Apoyo a las Víctimas de la Tortura, y tiene previsto iniciar el trámite de aprobación legislativa.

98.En 2020 el Gobierno inició el proyecto de apoyo al tratamiento profesional de traumas mentales y físicos ocasionados por la violencia del Estado, para las víctimas y sus familiares. En 2019 llevó a cabo una investigación sobre las medidas para establecer el Centro Nacional de Tratamiento de Traumas Ocasionados por la Violencia del Estado, que se construyó sobre la base de los resultados de esa investigación. En 2020 inició el proyecto de apoyo a personas mayores que necesitaran ese tratamiento con urgencia.

D.Mecanismo independiente para investigar las denuncias de tortura y malos tratos

99.Las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como instituto nacional independiente de derechos humanos se indican en el último informe periódico (CCPR/C/KOR/4, párr. 123). Las estadísticas sobre las peticiones pertinentes recibidas y tramitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2016 y septiembre de 2019 figuran en los cuadros 17 y 18 del apéndice.

100.La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia gestiona el Centro de Denuncia de Violaciones de los Derechos Humanos, como se mencionó en el último informe periódico (CCPR/C/KOR/4, párr. 124). El Centro lleva a cabo una investigación independiente en caso de sospecha de una violación de los derechos humanos, incluidos la tortura y los malos tratos, mediante actividades de reunión de información, como una encuesta, una inspección in situ y la recogida de información de inteligencia, en diversos centros de detención y protección dependientes del Ministerio de Justicia (cárceles, centros de detención, centros de detención de inmigrantes, oficinas de inmigración, centros de detención de menores, el Instituto de Psiquiatría Forense, etc.), y puede adoptar medidas de reparación, como la solicitud de una investigación penal, la aplicación de medidas disciplinarias, el asesoramiento a las víctimas para obtener indemnización estatal y asistencia jurídica, y la formulación de recomendaciones para mejorar las instituciones, cuando se reconoce un acto de violación de los derechos humanos.

101.Las fiscalías de todos los niveles también cuentan con un Departamento de Inspección o con fiscales encargados de investigar a los funcionarios públicos responsables cuando se producen malos tratos, que actúan a modo de mecanismo independiente sin relaciones institucionales ni jerárquicas con los presuntos autores.

102.Cuando se reconocen actos de malos tratos o tortura (incluido el acoso mental), y dado que el artículo 125 de la Ley del Código Penal estipula el castigo de los actos de crueldad, los autores de esos actos son investigados por los fiscales y luego acusados ante el Tribunal. También están sujetos a medidas disciplinarias de conformidad con las leyes aplicables.

E.Observaciones sobre las denuncias de tortura y malos tratos presentadas al Centro de Protección de Desertores de la República Popular Democrática de Corea

103.Algunos grupos cívicos han formulado denuncias sobre inspecciones represivas y reclusión en régimen de aislamiento en el proceso de protección temporal e investigación de los desertores norcoreanos. Con el propósito de eliminar cualquier riesgo de ese tipo, en 2014 el Centro de Protección de los Desertores de la República Popular Democrática de Corea (en adelante, el “Centro”) modificó los procedimientos retirando del ámbito del Departamento de Inspección Penal las actividades de protección e investigación de los norcoreanos, suspendiendo la autoridad para inspeccionar delitos que incumbía a los investigadores que participaban en el proceso, instalando una sala de investigación abierta y eliminando la práctica de permanencia en una sola habitación.

104.En particular, desde octubre de 2014 el Centro cuenta con abogados externos recomendados por el Colegio de Abogados de Corea, que son los oficiales responsables de la protección de los derechos humanos. Esos oficiales prestan asesoramiento de carácter independiente sobre la protección de los derechos humanos de los solicitantes norcoreanos, y desempeñan actividades de protección, incluida la educación en derechos humanos de los empleados del Centro. En términos concretos, los abogados externos inspeccionan las salas de investigación y las salas de espera del Centro y atienden las peticiones relacionadas con los derechos humanos formuladas por los desertores norcoreanos. También tienen autoridad para reunirse con los desertores norcoreanos tras comprobar el buzón de sugerencias que solo ellos pueden abrir, y para hablar periódicamente con los desertores que hayan solicitado asesoramiento. Las facultades y obligaciones de los oficiales de protección de los derechos humanos están estipulados en el Decreto de Aplicación de la Ley de Protección de los Refugiados de Corea del Norte y de Apoyo al Asentamiento.

Cuestión 13

A.Medidas adoptadas para abordar y prevenir los abusos de los derechos humanos en el servicio militar

105.En 2016, con el objeto de prevenir la violencia, los delitos sexuales, los malos tratos y otros actos de esa índole en el ejército, el Gobierno modificó la Ley del Código Penal Militar para castigar la violencia y la intimidación entre soldados, independientemente del consentimiento de la víctima. El 29 de marzo se anunciaron las nuevas normas disciplinarias contra la violencia y los malos tratos, que incluían sanciones más estrictas. Además, la Ley Marco sobre el Estatuto y el Servicio Militar obliga a impartir formación a los soldados en materia de derechos humanos y procedimientos de reparación, entre otras cosas, y estipula el deber de denunciar todo caso de violencia o trato vejatorio y de aplicar medidas para proteger al informante.

106.Desde 2013 el Ministerio de Defensa Nacional imparte formación obligatoria para prevenir los principales tipos de violencia. También se ha reforzado la formación en materia de concienciación e igualdad de género, y la culminación con éxito de esos programas es un factor que se tiene en cuenta para la concesión de ascensos. En septiembre de 2018 el Ministerio de Defensa Nacional estableció el Comité de Igualdad de Género, en el que participan expertos externos, con el propósito de mejorar la sensibilización en cuestiones de género en el ejército. En 2019 se llevó a cabo una investigación sobre los delitos sexuales en las Fuerzas Armadas, con el fin de tener una percepción cabal de los soldados, los daños y la necesidad de mejorar las políticas. Además, se aumentó el número de funcionarios públicos especializados en el tema de la violencia sexual.

107.El Gobierno seleccionó el establecimiento de la Oficina de Protección de los Derechos Humanos en el Ejército como parte de su programa nacional, y está realizando las gestiones necesarias para el establecimiento de la Oficina en el marco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

B.Estadísticas sobre el número de denuncias recibidas y de soldados detenidos en calabozos de la policía

108.En agosto de 2020 se enmendó la Ley de Gestión del Personal Militar con el objeto de abolir la detención en calabozos de la policía. En consecuencia, el Ministerio de Defensa Nacional ya no mantiene personas detenidas en los calabozos.

109.El cuadro que figura a continuación contiene las estadísticas sobre las actividades de investigación y castigo de las violaciones de los derechos humanos en el ejército y la situación de la detención en calabozos de la policía.

CuadroEstadísticas sobre la investigación y el castigo de las violaciones de los derechos humanos en el ejército (período: 1 de enero de 2016 a 31 de octubre de 2019)( Unidad: caso)

	Año	Denuncias	Resultados de las denuncias tramitadas
Tramitadas/Recibidas	Núm ero de denuncias aceptadas (núm ero de solicitudes de investigación/acción disciplinaria)
Ministerio de Defensa Nacional	2016	23/23	10(0/1)
2017	24/24	15(0/2)
2018	32/32	5(0/2)
2019	12/12	1(0/0)
Ejército	2016	18/18	2(0/0)
2017	25/25	5(0/0)
2018	29/29	8(0/0)
2019	30/31 (1 en trámite)	6(0/1)
Marina (incluidas las fuerzas navales de los Estados Unidos)	2016	3/3	3(0/0)
2017	4/4	2(0/0)
2018	7/7	3(0/2)
2019	9/10 (1 en trámite)	4(0/3)
Fuerza Aérea	2016	11/11	1(0/0)
2017	1/1	0
2018	5/5	1(0/0)
2019	6/5 (1 en trámite)	2(0/0)

CuadroSituación de la detención en calabozos de la policía en los últimos cinco años

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ejército	13 696	11 910	10 185	8 468	6 666	3 765
Fuerza Aérea	1 389	1 144	1 096	1 003	1 071	608
Marina	259	358	369	478	571	335
Total	15 344	13 412	11 650	9 949	8 308	4 708

C.Confidencialidad de las denuncias

110.De conformidad con la Ley Marco sobre el Estatuto y el Servicio Militar, el Gobierno mantiene con carácter confidencial la identidad del informante o de la persona que presenta una denuncia. Todo aquel que revele los datos personales del informante o cualquier hecho que permita conocer su identidad será sancionado penalmente. Ninguna persona podrá ocasionar desventajas relacionadas con el trabajo, como la imposición de medidas disciplinarias, etc., a un informante a consecuencia de la denuncia. La Directiva sobre Sanciones contra Soldados y Empleados Militares Civiles exige la aplicación de medidas disciplinarias, a menos que existan motivos justificados para lo contrario, por ejemplo, cuando se infrinjan las normas dando trato desventajoso al informante, o revelando su información personal.

Cuestión 14

A.Medidas adoptadas para impedir y erradicar la trata de personas

111.El Gobierno despliega iniciativas para prevenir las violaciones de los derechos humanos, como el tráfico y la explotación laboral, para lo cual encarga a las instituciones públicas la gestión de todo el proceso de contratación de trabajadores. Ofrece educación laboral a los trabajadores, incluida la legislación sobre derechos laborales, antes y después de su llegada a la República de Corea, de modo que conozcan sus derechos, así como servicios de traducción y asesoramiento por conducto del Centro de Asesoramiento para Trabajadores Extranjeros y el Centro de Apoyo a los Trabajadores Extranjeros de Corea (44 centros). En aras de un control efectivo, entre 2017 y 2019 se aumentó en 1.178 el número de inspectores de trabajo (véase cuadro 19 del apéndice). Los inspectores realizan una selección previa de los lugares de trabajo que suponen un mayor riesgo de explotación laboral de personas vulnerables y llevan a cabo inspecciones de las condiciones de trabajo, incluidas jornadas laborales prolongadas, violencia y salario mínimo. Cuando se detecta una infracción se aplican disposiciones rigurosas a los empresarios, incluso sanciones penales. El resultado ha sido la inspección de 22.574 y 26.082 lugares de trabajo y la detección de 58.692 y 70.009 casos de infracción en 2017 y 2018, respectivamente.

112.Para proteger los derechos humanos de las mujeres inmigrantes con visados para el desarrollo de actividades artísticas y de espectáculo (E-6), y debido a la gran preocupación que suscita el posible tráfico de personas, un grupo conjunto de ministerios, incluida la Agencia Nacional de Policía, ha llevado a cabo inspecciones aleatorias y aplicado medidas enérgicas en los lugares de entretenimiento en los que trabajan artistas inmigrantes. Para prevenir y erradicar el tráfico de inmigrantes, no solo de aquellos con visado E-6 sino también de los que pueden acogerse a las disposiciones del Acuerdo de Exención de Visado, el Ministerio de Justicia aplica medidas de represión periódicamente contra los negocios de entretenimiento y masajes y los mediadores de empleo ilegales. En noviembre de 2019 el Gobierno suscribió un memorando de entendimiento con el Gobierno del Reino de Tailandia para fomentar la inmigración ordenada, y continuarán los esfuerzos intergubernamentales para abordar la cuestión mediante la firma de memorandos de entendimiento con la República de Kazajstán y la República Socialista de Viet Nam.

113.Además, para resolver las dificultades del reconocimiento de los casos de trata en los que intervienen las agencias como, por ejemplo, los organizadores de actividades artísticas que representan a los extranjeros en la solicitud de permisos de permanencia, el Ministerio de Justicia ha abolido la disposición relativa a las funciones administrativas de las agencias. Asimismo, el extranjero que acude al Servicio Regional de Inmigración para solicitar una prórroga del período de permanencia deberá completar la lista de indicadores que identifican a las víctimas de la trata y comprobar si está cubierto por el seguro médico. El Ministerio de Justicia intensificará sus esfuerzos distribuyendo entre los inmigrantes que soliciten la expedición de un visado, el registro en calidad de extranjero o una prórroga del período de permanencia, orientaciones sobre la posibilidad de interponer un recurso contra violaciones de los derechos humanos, así como información de contacto de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema.

B.Mecanismos de identificación y apoyo a las víctimas de la trata

114.En la República de Corea, no es punible que las víctimas de la trata sexual se prostituyan, como tampoco lo es incurrir bajo coacción en las acciones previstas en el artículo 12 de la Ley del Código Penal.

115.Cuando realizan actividades de inspección del delito de prostitución los fiscales utilizan activamente los Indicadores de Identificación y Protección de las Víctimas de la Trata, publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Directrices sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Víctimas de la Prostitución, patrocinadas por el Ministerio de Igualdad de Género y Familia. Asimismo, los fiscales que se ocupan de cuestiones relativas a las mujeres y la infancia reciben formación colectiva sobre procedimientos penales e identificación y apoyo a las víctimas, dos veces al año.

116.El Gobierno presta apoyo a las víctimas extranjeras de la trata sexual mediante asesoramiento, servicios médicos y jurídicos, alojamiento, etc. Las víctimas de la trata que cumplen los requisitos de la Ley de Protección de las Víctimas de Delitos pueden recibir ayuda económica para sus gastos médicos, por ejemplo, tratamiento psicológico en el Centro de la Sonrisa y asistencia jurídica de la Empresa Coreana de Ayuda Jurídica. Tienen la posibilidad de permanecer temporalmente en un centro de protección, y las víctimas en peligro de represalias pueden recibir rastreadores GPS. Para facilitar la comunicación de las víctimas extranjeras durante las investigaciones o el proceso de inmigración, el Gobierno ofrece servicios de interpretación y traducción a través de la Línea de Ayuda Danuri, y de acompañamiento de una persona de confianza de la víctima durante las investigaciones.

117.En el marco de la Ley de Inmigración, cualquier funcionario público que en el ejercicio de sus funciones encuentre a un residente indocumentado deberá notificar ese hecho a la jefatura del Servicio Regional de Inmigración. Sin embargo, para evitar que por temor a la expulsión un extranjero indocumentado se abstenga de denunciar el hecho de haber sufrido una lesión a causa de una agresión delictiva, y en los casos en que se haya cometido un delito aprovechando dicha situación, queda exenta la obligación de notificación si la reparación de la lesión se considera prioritaria para el extranjero. El Gobierno amplió el ámbito de aplicación de la norma a todos los funcionarios y modificó las Normas de Aplicación de laLey de Inmigración para esclarecer sus fundamentos jurídicos.

C.Definición de la trata de personas y medidas adoptadas para castigar adecuadamente a los autores

118.El 5 de abril de 2013 la República de Corea tipificó como delito la trata de personas en la Ley del Código Penal. La disposición sobre la trata de personas (art. 289) se insertó para facilitar la aplicación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños(en adelante, “Protocolo de Palermo”) y, considerando que la trata de personas constituye un crimen contra la humanidad, se introdujo también la disposición sobre la universalidad (art. 296-2) para sancionar a extranjeros que realicen actividades de trata fuera del territorio de la República de Corea. Por otro lado, las sanciones relativas a la trata de niños con fines sexuales se establecen por separado en la Ley de Protección de los Niños y los Jóvenes, que entró en vigor en junio de 2013. La Ley sobre el Castigo de los Actos de Organización del Tráfico Sexual también estipula el castigo de la prostitución forzada y la trata con fines de explotación sexual.

119.Además, como reflejo de las preocupaciones y recomendaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos sobre la limitada definición de la trata en la Ley de Prevención de la Trata y el insuficiente castigo a los autores, el Gobierno está preparando un proyecto de Ley de Prevención de la Trata y Protección de las Víctimas. En 2020 se estableció un grupo de trabajo dirigido por el Ministerio de Igualdad de Género y Familia encargado de redactar el proyecto de ley y presentarlo a la Asamblea Nacional tras examinar la definición de la trata de personas en las normas internacionales, la protección de las víctimas de la trata, incluidos los extranjeros, y la necesidad de establecer un órgano de coordinación interministerial.

120.Los autores del delito de trata de personas han sido objeto de detención en el sentido estricto de la palabra. En el siguiente cuadro figuran las estadísticas sobre el enjuiciamiento de esas personas.

CuadroSituación de los casos de trata de personas( Unidad : persona)

	Recibidos	Actuaciones
Resolución judicial	Demanda de juicio formal	Demanda de juicio sumario	No enjuiciados	Otros
Detenidos	No detenidos
2015	468	487	81	76	0	150	180
2016	566	572	108	91	0	190	183
2017	452	416	78	65	3	121	149
2018	383	386	57	83	1	110	135
2019	395	406	50	72	0	116	168

D.Cambio de empleador en el marco del Sistema de Permisosde Trabajo

121.Cuando un trabajador migrante, en virtud de las normas sociales, no puede seguir trabajando en la empresa por motivos no imputables al trabajador, se permite el cambio de empleador sin limitación de frecuencia, de acuerdo con la Ley de Empleo de los Trabajadores Extranjeros. Sin embargo, en otros casos la limitación del cambio de lugar de trabajo es en cierta medida inevitable en función de las características del sistema de expedición de visado para el extranjero que haya suscrito un contrato de trabajo con un determinado empleador.

122.El Gobierno ha mejorado continuamente el sistema ampliando los motivos que permiten a los trabajadores cambiar de empleador sin que ello se contabilice como un cambio de empresa, protegiendo así los derechos de los trabajadores migrantes. Con dicha mejora, el número de trabajadores extranjeros que cambiaron de empleador se triplicó con creces (18.867 casos en 2016 en comparación con 51.913 casos en 2019). En 2018 y 2019, en particular, se modificó el aviso oficial sobre las Razones de los cambios de trabajo no imputables a los trabajadores extranjeros, para ampliar el alcance de los actos de acoso sexual, delitos y violencia sexuales (para detalles al respecto, véase cuadro 20 del apéndice). Sin embargo, permitir el cambio ilimitado de empleador puede obstaculizar el cumplimiento de la finalidad del Sistema de Permisos de Trabajo, que es proveer de trabajadores extranjeros a las empresas con dificultades para contratar trabajadores nacionales.

Cuestión 15

123.En 2016 el Gobierno modificó íntegramente la Ley de Mejora de la Salud Mental y de Apoyo a los Servicios Asistenciales para Pacientes Mentales, mejorando el procedimiento de hospitalización involuntaria de esos pacientes.

124.Con el propósito de aplicar estrictamente el principio de necesidad y proporcionalidad, el Gobierno introdujo el sistema de ingreso hospitalario previo diagnóstico efectuado con dos semanas de anterioridad a la hospitalización, y solo se permite la hospitalización continua cuando existe el consenso de dos o más psiquiatras durante el período de diagnóstico sobre: i) la necesidad de atención hospitalaria; y ii) la necesidad de hospitalización habida cuenta de que la persona podría perjudicar su propia salud o la seguridad de otras personas.

125.Se introdujo, asimismo, el sistema mediante el cual un Comité de Examen de la Legitimidad de la Hospitalización, integrado por profesionales del derecho, psiquiatras, y un enfermo mental y sus familiares, examina la legitimidad de la hospitalización. El director de una institución psiquiátrica debe dar aviso al Comité en un plazo de tres días a partir de la fecha de hospitalización, tras lo cual el Comité dispone de un mes para comunicar su decisión. Según la Ley modificada, los investigadores del Comité pueden entrevistar personalmente a un enfermo mental, a petición o en función de las atribuciones del presidente del comité, con el fin de cumplir mejor la voluntad del hospitalizado.

126.El período inicial de hospitalización involuntaria no podrá ser mayor de tres meses, y para ampliar ese período se requiere la deliberación de un Comité de Deliberación de Salud Mental, integrado por profesionales del derecho, psiquiatras y un enfermo mental y sus familiares. Tras la entrada en vigor de la Ley modificada, el 30 de mayo de 2017, la proporción de hospitalización involuntaria entre el total de pacientes ingresados en instituciones psiquiátricas fluctuó como sigue. Para conocer las cifras detalladas, véase el cuadro 23 del apéndice.

VOLINV

* Por hospitalización voluntaria se entiende el ingreso voluntario o consentido en un hospital, mientras que la hospitalización involuntaria es aquella que se hace con fines de protección (por parte de los tutores legales), u hospitalización involuntaria administrativa.

Cuestión 16

A.Medidas adoptadas para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de detención en las celdas policiales

127.Con el fin de reducir el hacinamiento, el Ministerio de Justicia está creando y trasladando centros penitenciarios, remodelando lugares infrautilizados y ampliando los centros de acogida. También intenta reajustar la clasificación de los centros penitenciarios situados en las principales ciudades y trasladar a los reclusos a otras provincias. El Ministerio está procurando reducir el hacinamiento ofreciendo más oportunidades de libertad condicional a los presos ejemplares, a las personas socialmente marginadas (pacientes, personas con discapacidad, ancianos, etc.) y a las personas que han delinquido por motivos de subsistencia. Como resultado, la tasa de ocupación en relación con la capacidad disminuyó del 114,5 % en 2019 al 113,8 % en 2018. Para mejorar la situación de los menores protegidos, en 2013 se modernizaron las instalaciones de alojamiento de 5 de los 11 reformatorios de menores de todo el país, de modo de dar cabida a cuatro o menos personas, en lugar de 10 a 15 personas, como ocurría anteriormente.

128.Entre 2013 y 2019 la Agencia Nacional de Policía mejoró las instalaciones de alojamiento de 34 celdas de detención. En 2018 se reformaron los aseos de todas las celdas de detención de manera que fueran respetuosos de los derechos humanos, y en 2019 se construyeron salas de recepción para los abogados. Se revisaron las normas aplicables para garantizar el derecho a reunirse y comunicarse con visitantes y abogados, así como a recibir tratamiento médico en un hospital.

129.El Gobierno ha cerrado todas las celdas alternativas de las comisarías que suscitaban inquietud en materia de violaciones de los derechos humanos, y todos los reclusos no condenados serán trasladados a centros penitenciarios a más tardar en 2020. Una celda alternativa es un centro de detención de corta duración dentro de la comisaría, en la que permanecen los reclusos no condenados cuando no existe un centro penitenciario dentro de su jurisdicción; las instituciones de derechos humanos, incluido el Comité contra la Tortura, han recomendado su eliminación. El Gobierno ha trasladado a los reclusos de las celdas alternativas a centros penitenciarios recientemente construidos, y tiene previsto proceder al traslado de todos los demás reclusos de cuatro celdas alternativas en 2020.

B.Estadísticas sobre el número de personas fallecidas cuando estaban privadas de libertad

130.Nos referiremos enseguida al número de personas fallecidas en lugares de detención y a las causas de la muerte. Cuando muere un recluso, los agentes de la policía judicial especial del centro penitenciario reciben órdenes de los fiscales de adoptar ciertas medidas, entre ellas la autopsia. Si la muerte del recluso es atribuible al incumplimiento de los deberes de los funcionarios de prisiones, la Jefatura Regional de Corrección ¾instituto superior de supervisión¾ lleva a cabo una investigación in situ de la muerte del recluso y de la actuación policial en el lugar de los hechos. Durante los últimos tres años se han producido 98 muertes en centros de detención, y en todos esos casos se realizaron autopsias con el fin de despejar cualquier duda sobre la causa del fallecimiento, a menos que las familias en duelo se negaran a dar su consentimiento o los médicos lo consideraran innecesario. Se investigaron 18 de esos casos, incluidos los de suicidio, y en tres casos en los que se detectó una línea de trabajo poco razonable se impusieron sanciones a los oficiales como, por ejemplo, medidas disciplinarias.

Muertes en centros de detención (con la causa de la muerte) y resultados de la investigación ( Unidad : persona)

Categoría Año	Total	Causa de la muerte
Enfermedad
Total parcial	Cardiovascular	Digestiva	Respiratoria	Hepática	Cáncer	Otras (Infecciosa, etc.)	Suicidio
2017	22	20	14		1	2	2	1	2
2018	40	33	22	1	2	1	1	6	7
2019	36	28	11		4	2	4	7	8

C.Utilización del régimen de aislamiento y de dispositivosde protección

131.Según la resolución pertinente de la Comisión Disciplinaria, se impondrá condena de aislamiento de hasta 30 días en función de la gravedad de la infracción y, de existir motivos de agravación, ese período podrá aumentarse hasta en un 50 %. El Ministerio de Justicia está estudiando los medios de acortar el período máximo de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

132.En cuanto al uso de dispositivos de protección, los requisitos están rigurosamente establecidos en la Ley de Administración y Tratamiento de Reclusos de Instituciones Penitenciarias. Las videocámaras, las cámaras corporales y otros equipos de vídeo se utilizarán, en principio, cuando se utilicen dispositivos de protección o la fuerza obligatoria. En virtud del artículo 183 de las normas de aplicación de la misma Ley, las instituciones correccionales deberán comprobar tres veces al día si se han utilizado dispositivos de protección, y tienen también la obligación de observar y anotar cada hora el estado de los reclusos que lleven un dispositivo de protección.

133.Si un recluso considerara ilegal e injusta la aplicación del régimen de aislamiento o de dispositivos de protección, podrá adoptar diversas medidas para buscar remedio, como presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, enviar una petición al Ministro de Justicia, solicitar un juicio administrativo, pedir una indemnización estatal, o formular una acusación penal.

Cuestión 17

A.Acceso del detenido a la asistencia letrada

134.La República de Corea garantiza el derecho a la asistencia letrada en cualquier tipo de investigación penal, independientemente de que el sospechoso esté detenido, siempre que ese derecho pueda limitarse excepcionalmente si el letrado obstaculizara ilegalmente la investigación. Las razones de esa limitación se señalan claramente en las Normas sobre el Acceso y la Participación de los Abogados y en las Directrices Operativas sobre la Participación de los Abogados en el Interrogatorio de Sospechosos, lo que impide cualquier exclusión arbitraria de los abogados.

135.En diciembre de 2017 la Fiscalía Suprema modificó las Directrices Operativas anteriormente mencionadas para insertar la disposición en virtud de la cual el abogado puede interponer recurso contra un interrogatorio injusto durante el procedimiento, y en mayo de 2019 entraron en vigor las Directrices sobre la Reunión y la Comunicación entre el Abogado y el Sospechoso, que reiteran exhaustivamente el derecho del abogado a reunirse y comunicarse con el detenido. En octubre de 2019 la Fiscalía Suprema anunció las medidas destinadas principalmente a minimizar los límites de la participación del abogado en la investigación, concediéndole la oportunidad de hacer una declaración oral directa ante los fiscales. En noviembre de 2019 entraron en vigor las Directrices Operativas sobre la Participación de los Abogados en el Interrogatorio y la Investigación (Normas Establecidas de la Fiscalía). En enero de 2020 se revisó el Reglamento del Ministerio Fiscal (Ordenanza del Ministerio de Justicia) de modo que los letrados pudieran tomar notas sin restricciones durante los interrogatorios y para esclarecer los motivos para limitar la participación de los letrados, como la destrucción de pruebas, la complicidad en una fuga u ocasionar perjuicios a un testigo importante.

136.Especialmente con respecto a los detenidos, el artículo 12, párrafo 4, de la Constitución establece que toda persona arrestada o detenida tendrá derecho a recibir pronta asistencia letrada, mientras que el artículo 84 de la Ley de Administración y Tratamiento de Reclusos de Instituciones Penitenciarias estipula que los funcionarios de prisiones no podrán participar en reuniones con los abogados, y que el tiempo y la frecuencia de esas reuniones serán ilimitados.

137.El Gobierno presentó un proyecto de enmienda de la Ley de Asistencia Jurídica y de la Ley de Procedimiento Penal, en virtud del cual se proporcionan los servicios de un abogado defensor de oficio a detenidos menores de edad, a personas sordas o con problemas de audición, a personas con discapacidad mental o física y a presuntos autores de delitos condenados a la pena capital, a cadena perpetua o a penas de prisión superiores a tres años.

B.Protección de los derechos de los desertores norcoreanos

138.La investigación de los desertores norcoreanos por parte del Servicio Nacional de Inteligencia es un procedimiento administrativo para determinar la posibilidad de ofrecerles protección y apoyo en virtud de la Ley de Protección de los Refugiados de Corea del Norte y de Apoyo al Asentamiento, no para aplicarles sanciones. El Gobierno no equipara la protección temporal de los refugiados norcoreanos a una detención forzosa, ya que puede comenzar o terminar por libre voluntad de los desertores que solicitan protección.

139.No obstante, el Servicio Nacional de Inteligencia ayuda a los desertores a recibir plena asistencia de expertos jurídicos en el proceso de protección temporal e investigación, para lo cual designa abogados externos que se encargan de la protección de los derechos humanos y de hacer un seguimiento de las violaciones de esos derechos, así como de garantizar que los desertores que necesiten asistencia jurídica reciban asesoramiento individualizado.

140.En febrero de 2018 el Gobierno revisó el decreto de aplicación de la Ley de Protección de los Refugiados de Corea del Norte y de Apoyo al Asentamiento para acortar el período de protección temporal de los desertores norcoreanos que era por “un máximo de 180 días desde su entrada” a “un máximo de 90 días desde su entrada, en principio”. El informe de las organizaciones no gubernamentales presentado al Comité en junio de 2019 afirma que “aunque las revisiones redujeron el período máximo de investigación a tres meses, la detención indefinida sigue siendo posible sin limitación alguna del período para adoptar una decisión sobre la protección”, pero eso no es cierto. Una vez finalizada la protección temporal y la investigación en el Centro del Servicio Nacional de Inteligencia, los desertores son trasladados al Centro Hanawon gestionado por el Ministerio de Unificación. La decisión en cuanto a la protección de los desertores norcoreanos es competencia del Ministro de Unificación, no del Servicio Nacional de Inteligencia, y se adopta mientras permanecen en el Centro Hanawon. Por lo tanto, al finalizar la protección temporal y la investigación, son inmediatamente trasladados al Hanawon, de tal suerte que no se trata de una protección indefinida. El período real de protección temporal para los desertores es de 60 días, aproximadamente.

141.De acuerdo con las directrices internas del Servicio Nacional de Inteligencia establecidas en virtud del decreto de aplicación de la Ley de Protección de los Refugiados de Corea del Norte y de Apoyo al Asentamiento, los desertores norcoreanos pueden ponerse en contacto con sus familiares a través de llamadas telefónicas o reuniones durante la protección temporal.

C.Medidas adoptadas para garantizar que la revisión de la deportación surta efecto suspensivo antes de que los desertores norcoreanos sean deportados a terceros países

142. Ningún norcoreano solicitante de protección temporal en virtud de la Ley de Protección de los Refugiados de Corea del Norte y de Apoyo al Asentamiento ha sido deportado a terceros países.

Cuestión 18

A.Mejora de las condiciones de los centros de detención de inmigrantes y supervisión periódica

143.La salud física y mental de los extranjeros detenidos está al cuidado de un médico interno que atiende consultas periódicamente, y los detenidos pueden recibir tratamiento externo si lo desean. Psicólogos asesores trabajan en tres centros de detención desde abril de 2019 (véase cuadro 2 del apéndice). Los detenidos extranjeros pueden hacer ejercicio al aire libre, cinco veces a la semana, y participar en el Programa Donggam, que ofrece varios cursos de relajación mental (para información pormenorizada sobre el Programa, véase cuadro 22 del apéndice). Un higienista certificado gestiona las condiciones sanitarias generales de los centros. Desde agosto de 2018 el Gobierno también permite a los extranjeros utilizar un ordenador portátil con acceso a Internet en los centros de detención de inmigrantes.

144.La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede investigar denuncias de violaciones de los derechos humanos o de actos discriminatorios, por iniciativa propia o a petición de un extranjero detenido, y puede realizar visitas a los centros de detención y reunirse con los detenidos en cualquier momento, si es necesario. La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia también inspecciona periódicamente los centros de detención. Los centros de inmigración y otros centros de detención cuentan con un teléfono público y facilitan información de contacto relativa a embajadas e instituciones de apoyo. Algunos centros también cuentan con funcionarios especialmente encargados de prestar ayuda a los extranjeros para resolver problemas tales como atrasos en el pago de los salarios, antes de que retornen a su país de origen. En particular, el Centro de Acogida de Inmigrantes de Hwaseong ayuda a los detenidos a efectuar el cobro de sus salarios elevando una petición directamente al Ministerio de Empleo y Trabajo, o a través de un abogado laboral, y presta asistencia durante el procedimiento de recurso posterior, incluidos litigios.

B.Límite de la duración de la detención por motivos de inmigración

145.En 2019 el período de detención fue de 9,6 días como término medio, lo que representa un descenso con respecto a los 10,1 días registrados anteriormente. Se han adoptado diversas medidas para acortar el período de detención. Por ejemplo, la mejora del procedimiento que se aplica al período de protección mayor de tres meses, que requiere la aprobación del Ministro de Justicia. Desde 2020, la autoridad responsable de las prórrogas de los períodos de detención debe reunirse directamente con el detenido y escuchar la opinión del centro de detención. La decisión de prolongar, o no, por un año o más el período de protección de un extranjero detenido será nuevamente objeto de deliberación por parte del Comité de Deliberación sobre la Detención de Inmigrantes de Larga Duración, incluidos expertos independientes.

146.El levantamiento temporal de la detención se considera una alternativa a la detención de un extranjero por razones humanitarias tales como enfermedad, necesidad de cobrar una deuda o de reunirse con sus familiares en la República de Corea. Una directiva del Ministerio de Justicia, el Reglamento sobre la Tramitación de la Exención Temporal de la Detención, está en proceso de modificación, en virtud del cual se tendrá en cuenta de forma preferente si los extranjeros detenidos son ancianos o menores de edad que puedan acogerse a la protección especial de la Ley de Inmigración. El Gobierno pondrá más empeño en aplicar una alternativa a la detención de solicitantes del estatuto de refugiado y participantes en litigios.

C.Detención de niños

147.De conformidad con las Normas de Detención de Inmigrantes, el Gobierno restringe estrictamente la detención de niños de 14 años o menos y limita al máximo la retención de los de 18 años o menos. También evita la detención de larga duración incluso de personas cuya detención sea inevitable por haber cometido un delito penal, para lo cual celebra una reunión periódica con un funcionario público especialmente designado, y los niños así detenidos reciben cuidados especiales, lo que incluye una sala especial con instalaciones auxiliares. El período de detención también se reduce al mínimo mediante el levantamiento temporal de la detención del niño o del progenitor. La Ley de Inmigración está siendo objeto de revisión para estipular el principio de prohibición de la detención de menores infractores. El período de detención de niños extranjeros se indica en el cuadro que figura a continuación:

CuadroSituación de menores extranjeros por período de detención( Unidad : persona)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total	54	70	55	78	69
Un día o menos	9	13	4	7	6
10 días o menos	33	47	35	54	46
De 11 a 20 días	7	6	12	16	9
De 21 a 30 días	2	4	4	1	4
31 días o más	3	-	-	-	4

* “ Un día o menos ” se refiere al caso en el que la detención se levanta justo después de imponerla.

* Existen algunos casos en los que las personas juzgadas por violación del Código Penal son detenidas inevitablemente durante 31 días o más.

D.Instalaciones de espera en aeropuertos y otros puertos de entrada

148.No existe ningún centro de detención para extranjeros, incluidos los solicitantes de la condición de refugiado, en aeropuertos u otros puertos de entrada, gestionado por el Gobierno. No obstante, hay instalaciones abiertas en las que pueden permanecer durante un tiempo los extranjeros que tienen que abandonar la República de Corea por habérsele negado la entrada, o que están a la espera de una decisión sobre su condición de refugiado. Recientemente, una familia que no se sometió al procedimiento de control de la condición de refugiado tuvo que permanecer en un aeropuerto durante mucho tiempo pero, sin embargo, no cabe decir que estuvieran detenidos por el Estado en el aeropuerto, puesto que no cumplían con los requisitos legales de entrada y no habían salido del país a pesar de que podían hacerlo si así lo deseaban.

Cuestión 19

A.Medidas adoptadas para la lucha contra la corrupción en el poder judicial

1.Fortalecimiento de la integridad y la responsabilidad de los jueces

149.El Tribunal cuenta con el Inspector General de Ética Judicial, que depende de la Administración Nacional de Tribunales. El Inspector General supervisa las inspecciones y la prevención de la corrupción entre los miembros del poder judicial. Con el objeto de mejorar la independencia y los conocimientos técnicos del equipo de inspección se modificó la Ley de Organización Judicial para establecer un proceso de contratación abierto del Inspector General, de modo que la oficina dependiera directamente del Presidente del Tribunal Supremo.

150.El Tribunal cuenta también con el Comité de Ética del Servicio Público del Tribunal Supremo y con el Comité de Inspección del Tribunal, que incluye miembros externos para garantizar la objetividad, la transparencia y la neutralidad. El Comité de Ética del Servicio Público delibera sobre los casos relacionados con la ética judicial remitidos por el Presidente del Tribunal Supremo, las irregularidades de los jueces, y cuestiones similares. El Comité de Inspección del Tribunal delibera sobre los casos de inspección que llaman la atención del público, incluidos los casos de soborno, delitos sexuales, etc., y posteriormente transmite sus conclusiones a las personas con derecho a solicitar medidas disciplinarias y recomienda las acciones necesarias.

2.Instituciones y esfuerzos para reforzar la integridad

151.El poder judicial institucionaliza el registro y la divulgación de los bienes, el fideicomiso ciego de acciones y las restricciones al empleo de jubilados por parte de las instituciones pertinentes para mejorar la integridad de sus miembros. También realiza actividades para mejorar la conciencia ética ofreciendo educación sobre ética laboral y de prevención de la corrupción, y formula directrices y conceptos de interpretación para los jueces y funcionarios judiciales.

3.Medidas contra el “abuso de autoridad de la administración judicial”

152.La Fiscalía acusó a 14 exjueces y jueces en ejercicio de sus funciones, incluido el ex Presidente del Tribunal Supremo, en un caso sobre la utilización de los procedimientos judiciales, por parte de los jueces de la Administración Nacional de Tribunales, como medio para negociar con la Cheong Wa Dae (Oficina Presidencial), la Asamblea Nacional y el Gobierno, y de ejercer represión contra otros jueces opuestos a ellos, vulnerando así la independencia judicial (en adelante, “caso de abuso del poder judicial”). El caso está siendo examinado por el Tribunal.

153.En respuesta al caso de abuso del poder judicial, el nuevo Presidente del Tribunal Supremo ofreció una disculpa pública el 31 de mayo de 2018, impuso medidas disciplinarias a 8 jueces el 27 de diciembre de 2018 y solicitó la imposición de medidas disciplinarias adicionales para 10 jueces, incluidos 3 jueces principales de tribunales superiores y 7 jueces principales de tribunales de distrito, el 9 de mayo de 2019.

154.El Tribunal atribuyó el caso de abuso de poder judicial al hecho de que el Presidente del Tribunal Supremo podía adoptar decisiones arbitrarias sobre la administración judicial sin ningún tipo de control –que los jueces aceptaban sin reparos y de manera burocrática. Por ello, examinó el sistema para garantizar que las decisiones sobre la administración judicial se adoptaran de forma transparente en un órgano de decisión colegiado en el que participaran múltiples jueces y personalidades externas, y que los jueces no trabajaran en un instituto burocrático para el Presidente del Tribunal Supremo.

155.En concreto, puso en marcha el Comité de Desarrollo Judicial, con la participación de múltiples personalidades externas para identificar las iniciativas de reforma, y solicitó la modificación de las leyes para poner en marcha las iniciativas, incluida la creación del Consejo de Administración Judicial, un organismo colegiado de adopción de decisiones. En septiembre de 2019 se estableció el Consejo Asesor de la Administración Judicial, un grupo consultivo horizontal y permanente sobre la administración judicial. Además, reconoció oficialmente el Foro Nacional de Representantes Judiciales, integrado por jueces de los tribunales locales, oficializando así la administración judicial democrática y participativa. También se está intentando que, después de 2023, no haya más jueces empleados a tiempo completo en la Administración Nacional de Tribunales, una institución burocrática de administración judicial.

156.Se ha adoptado el esquema mediante el cual los propios jueces recomiendan a los candidatos a juez principal. El alcance de la divulgación de los documentos de dictamen se amplía en busca de la transparencia y la equidad a través de un control adecuado de la acción judicial.

B.Medidas adoptadas para garantizar la independencia del poder judicial y el derecho a un juicio justo y al debido proceso

157.La Constitución y los comités de revisión de apelaciones garantizan la independencia de los jueces, como se explica en el tercer informe periódico (CCPR/C/KOR/2005/3, párr. 43).

158.Los esfuerzos del Gobierno y los mecanismos de abogado defensor de oficio, solicitud de sentencia, reapertura del proceso, etc., para proteger el derecho a un juicio justo se recogen en los informes periódicos primero, segundo y tercero (CCPR/C/68/Add.1, párrs. 198 a 214, CCPR/C/114/Add.1, párrs. 43 y 153, y CCPR/C/KOR/2005/3, párrs. 231 a 239).

159.Desde 2015 se han llevado a cabo importantes mejoras institucionales para garantizar un juicio justo, a saber: i) en 2015 se modificó el Reglamento de Procedimiento Penal de modo que las víctimas de delitos pudieran declarar libremente sobre el caso de forma oral o escrita; y ii) tras la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil se adoptó el sistema de asistencia en la declaración para prestar ayuda en los litigios a las personas socialmente marginadas, y hacer realidad el Prinzip der Parteigleichheit.

C.Impacto de la Ley de Lucha contra la Corrupción y el Soborno y otras medidas de lucha contra la corrupción

160.La Ley de Lucha contra la Corrupción y el Soborno, queentró en vigor en septiembre de 2016, constituye un paso adelante para el país hacia el logro de la transparencia.

161.La finalidad de la Ley de Lucha contra la Corrupción y el Sobornoconsiste en garantizar que los funcionarios públicos, y otros, desempeñen sus funciones de manera imparcial, y asegurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, prohibiendo toda solicitud indebida a los funcionarios públicos, y otros, y prohibiendo la aceptación de dinero, bienes, u otros beneficios.

162.El resultado actualizado de la encuesta sobre integridad llevada a cabo por la Comisión de Derechos Civiles y Anticorrupción demuestra que la entrada en vigor de la Ley de Lucha contra la Corrupción y el Sobornoredujo sustancialmente la práctica de la solicitud de sobornos y el peculado, ya que disminuyeron las tasas de corrupción (de 1,8 % en 2016 a 0,5 % en 2019). Según los resultados de otra encuesta llevada a cabo en 2018, el 70,7 % de los empresarios consideraba que la Ley de Lucha contra la Corrupción y el Sobornotambién tenía efectos positivos en la cultura empresarial. Todo ello indica que las pequeñas y medianas empresas han reducido los gastos innecesarios, como los de ofrecer actividades recreativas, etc. a las autoridades, y han aumentado los gastos necesarios para el incremento de las ventas tras la aplicación de la Ley de Lucha contra la Corrupción y el Soborno.

163.La encuesta de la Comisión de Derechos Civiles y Anticorrupción sobre la percepción de la Ley de Lucha contra la Corrupción y el Soborno en 2019 reveló que el 87,7 % del público en general consideraba que esa ley mejoraba la conciencia y las prácticas sociales. El 79,5 % creía que ofrecer y recibir solicitudes de sobornos, invitaciones o regalos de los funcionarios públicos, que hasta esos momentos habían sido prácticas habituales, eran “actos impropios”. La mayoría de los funcionarios públicos respondió que percibía claramente el impacto de la Ley de Lucha contra la Corrupción y el Sobornoen la lucha contra la corrupción, dada la reducción de la instigación y los gastos en comidas, regalos y dinero por concepto de felicitaciones o condolencias en relación con sus funciones.

164.Además de la Ley de Lucha contra la Corrupción y el Soborno, el Gobierno aplica diversas políticas para poner freno a la corrupción. En virtud de esta Ley, el sector privado no puede poner impedimentos a la equidad de los deberes públicos, y el Código de Conducta de los Funcionarios Públicos modificado en abril de 2018 prohíbe expresamente la solicitación indebida a civiles por parte de funcionarios públicos La intención es impedir que los funcionarios públicos saquen partido de su condición y autoridad. El Gobierno también está en vías de promulgar la Ley de Prevención de Conflictos de Intereses de los Funcionarios Públicos, que incluye ocho códigos de conducta para evitar que los funcionarios públicos promuevan intereses privados.

165.Entretanto, la Ley de Ética en la Administración Pública, enmendada en marzo de 2015, fortaleció las restricciones relativas al trabajo de funcionarios públicos jubilados, de modo que ahora: i) el período de restricción del trabajo de funcionarios públicos jubilados es de tres años en lugar de dos años después de la jubilación, ii) los altos funcionarios públicos no podrán trabajar para empresas relacionadas con cualquier función de la organización a la que pertenecían, concepto que se amplía para abarcar las funciones del departamento al que pertenecía la persona, y iii) los altos funcionarios públicos deberán dar a conocer abiertamente su historial de empleo durante diez años a partir de la jubilación. Además, la Ley de Ética en la Administración Pública enmendada en diciembre de 2019 (que entrará en vigor en junio de 2020), permitirá que las organizaciones impidan que los altos funcionarios de un departamento puedan ocasionar conflictos de intereses mediante la adquisición de acciones de empresas relevantes. Por otro lado, cuando un jubilado ofrece un soborno a un funcionario público en activo, no solo el beneficiario, sino también cualquier persona que tenga conocimiento del hecho, podrá informar al jefe de la institución.

Cuestión 20

166.Los investigadores nacionales, incluidos el Servicio Nacional de Inteligencia, los fiscales y la policía, están llevando a cabo investigaciones en el sector de las telecomunicaciones bajo estrictos requisitos especificados en la Ley de Protección de la Intimidad en las Comunicaciones. Antes de llevar a cabo las escuchas telefónicas, los organismos de inteligencia e investigación deben obtener la autorización de los tribunales de distrito para la investigación penal y, en los casos de seguridad nacional, deberán obtener el permiso de los tribunales superiores, y si la parte interesada fuese un ciudadano extranjero, necesitarán la aprobación del Presidente. A petición de la Asamblea Nacional, los organismos presentarán un informe sobre el número de casos en los que se permitieron, aprobaron, aplicaron o notificaron medidas de restricción de las comunicaciones, mientras que la Asamblea Nacional podrá realizar una inspección in situ de las instalaciones de escuchas telefónicas. Las personas que realicen escuchas telefónicas ilegales serán castigadas con penas de prisión de uno a diez años.

167.La información sobre los usuarios solo puede solicitarse a los operadores de empresas de telecomunicaciones con el fin de “evitar que se perjudique un juicio, una investigación, la ejecución de una sentencia o la seguridad nacional”, y se recopila proporcionalmente a la mínima medida posible solo cuando es inviable encontrar una pista en la etapa inicial de la investigación o para determinar la identidad de un sospechoso. El suministro de información sobre los usuarios es objeto de seguimiento, ya que las empresas de telecomunicaciones deben informar al Ministro de Ciencia y de Tecnología de la Información y las Comunicaciones dos veces al año, y el Ministerio debe examinar el informe y las prácticas de gestión de datos.

168.En diciembre de 2019 el Gobierno puso en vigor la nueva Ley de Protección de la Intimidad en las Comunicaciones, que ahora: i) restringe el plazo estipulado en las medidas de restricción de las comunicaciones (sin límite de un año); ii) permite la investigación de las estaciones de base solo como último recurso cuando de otro modo no es posible alcanzar el propósito de la investigación, por ejemplo, evitar la ejecución de un delito, detener al delincuente o recabar pruebas; iii) amplía el alcance de la notificación al titular de la información (no hay notificación cuando se retiran los cargos o durante la notificación de la investigación); y iv) otorga a los titulares de la información la autoridad para solicitar la notificación sobre los motivos del suministro de datos de confirmación de las comunicaciones. Esto ha permitido aumentar la transparencia de la investigación de las telecomunicaciones y se reforzar el sistema de supervisión de los investigadores.

Cuestión 21

A.Número de objetores de conciencia que permanecen en prisión

169.Tras la decisión del Tribunal Supremo sobre la objeción de conciencia adoptada el 1 de noviembre de 2018, todos los objetores de conciencia habían sido puestos en libertad condicional ya el 28 de febrero de 2019. En noviembre de 2019 no había ninguna persona en prisión por objeción de conciencia.

B.Extinción de los antecedentes penales e indemnización

170.El Gobierno ha adoptado las medidas necesarias, incluida la extinción de los antecedentes penales, en función de las leyes aplicables, como la Ley de Caducidad de las Condenas Penales. Cuando el caso finaliza con la absolución, el sospechoso puede reclamar al Gobierno una indemnización por el período de detención y solicitar el anuncio a través de Internet, y otros medios, de la intención de no culpabilidad de la decisión, es decir, restaurar su reputación dañada, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley de Indemnización Penal y Restablecimiento de la Reputación Dañada.

171.El Gobierno concedió libertad condicional especial a 1.879 objetores de conciencia, eximiendo a uno de ellos de la ejecución del resto de la pena y retirando la inhabilitación para el nombramiento como ejecutivo o funcionario público de 1.878 de esas personas.

C.Progresos alcanzados en la introducción del servicio alternativo y decisión del Tribunal Constitucional

172.El Tribunal Constitucional dictaminó la no conformidad con la Constitución del artículo 5 de la Ley del Servicio Militar, que no estipula servicios alternativos para los objetores de conciencia. El 1 de noviembre de 2018 el Tribunal Supremo revocó y devolvió la decisión inicial del Tribunal por la que se declaraba culpables a los objetores de conciencia, interpretando la objeción de conciencia como un “motivo justificado” de las objeciones al servicio militar.

173.Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el Ministerio de Defensa Nacional estableció una medida de servicio alternativo de 36 meses de duración en instituciones penitenciarias con condiciones de trabajo similares a las del ejército, pero que no obligaban a tomar las armas. El período de 36 meses se fijó en condiciones de igualdad al aplicable a otras personas sujetas al servicio alternativo, como el personal técnico industrial y los médicos de la sanidad pública, entre otros, que deben servir de 34 a 36 meses. La Ley de Asignación y Ejecución del Servicio Alternativo entró en vigor en junio de 2020.

D.No divulgación de información personal

174.La Administración de Recursos Humanos Militares empezó a divulgar información personal sobre los evasores del servicio militar a partir de julio de 2015, según el procedimiento previsto en la Ley del Servicio Militar. Sin embargo, ya no divulga la lista de objetores de conciencia.

Cuestión 22

A.Despenalización de la difamación

175.La despenalización de la difamación y la abolición de las penas de prisión para los casos pertinentes deben examinarse de manera diligente y a fondo, teniendo en cuenta no solo la libertad de expresión, sino el posible riesgo para los derechos de la víctima, ya que la tipificación de la difamación como delito es una restricción que impide difamar a una persona utilizando su información personal, es decir, sus antecedentes penales, y perjudicar su vida cotidiana y, por lo tanto, es un medio de proteger la intimidad de las víctimas. Cuando los hechos alegados son correctos y de utilidad pública, el acusado no es sancionado por la Ley del Código Penal. Dado que se ha propuesto la mejora de varios proyectos de ley a la Asamblea Nacional, el Gobierno apoyará el debate legislativo sobre la difamación teniendo en cuenta la libertad de expresión, un posible vacío en la protección de las víctimas, las legislaciones extranjeras y las decisiones del Tribunal Constitucional.

176.Para evitar acusaciones indiscriminadas por difamación, la Fiscalía dispone de un sistema de archivo de casos sin investigación cuando la sospecha en cuestión no amerita sanción. En las investigaciones de casos en los que una víctima de delito sexual es acusada de difamación se tiene en cuenta que tal acusación causa un daño secundario a la víctima y que la presión psicológica perturba su declaración de daños, por lo que la Fiscalía Suprema ordena a cada oficina que examine meticulosamente si la alegación de los daños sufridos es motivo de justificación (art. 310 de la Ley del Código Penal) de delitos sexuales relacionados con el movimiento Me Too.

B.Observaciones relativas al artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional y a las denuncias de arrestos y detenciones arbitrarios en virtud de dicha Ley

177.El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo reconocen la constitucionalidad y la necesidad del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. Este prevé como elemento del delito “el conocimiento del hecho de que puede poner en peligro la existencia y la seguridad del Estado o el orden democrático fundamental”, y se aplica únicamente a los casos que entrañen “un riesgo claro que realmente perjudica la existencia y la seguridad del Estado o el orden democrático fundamental” según el precedente establecido del Tribunal.

178.El artículo 1, párrafo 2, de la Ley de Seguridad Nacional estipula criterios de interpretación y aplicación estrictos, y prohíbe una interpretación excesivamente amplia. Basándose en la Ley y en los precedentes (CCPR/C/KOR/4, párrs. 286 y 287), el Gobierno protege la libertad de expresión, de reunión y de publicación en la mayor medida posible y evita que se produzcan detenciones y encarcelamientos arbitrarios aplicando la ley de forma limitada, solo cuando existe un riesgo claro de que realmente se perjudique el orden democrático fundamental. De hecho, el número de casos imputados en virtud del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional fue de 40 en 2015, 17 en 2016, 14 en 2017, 3 en 2018 y 3 en 2019, lo que supone un descenso del 92,5 % en los últimos cinco años.

Cuestión 23

A.Retirada de la reserva al artículo 22 del Pacto y garantía de la afiliación sindical de los trabajadores, incluidos los funcionarios públicos

179.El Gobierno procura abordar las restricciones que impone la legislación nacional al derecho de los funcionarios públicos, personal docente, etc., a la afiliación sindical, que han obstaculizado la retirada de la reserva al artículo 22 del Pacto, y de reforzar la protección de ese derecho.

180.El Gobierno ha promulgado y aplicado la Ley sobre la Creación y el Funcionamiento de los Sindicatos de Funcionarios Públicos y la Ley sobre la Creación y el Funcionamiento de los Sindicatos de Profesores como leyes especiales, que ponen de manifiesto el hecho de que los funcionarios públicos se encuentran en una posición especial en lo que respecta a asumir la responsabilidad ante el público por las opiniones de diversas partes interesadas sobre los derechos laborales de los funcionarios públicos y los profesores. Las dos leyes anteriormente mencionadas no se aplican a: i) funcionarios públicos de grado 5 o superior, la mayoría de los cuales están incluidos en el ámbito de los empleadores; ii) bomberos que desempeñan funciones directamente relacionadas con la vida de las personas y están especialmente obligados a cumplir una normativa estricta; y iii) personas despedidas del trabajo, que no son funcionarios públicos ni profesores en servicio activo, cuyas condiciones laborales no puedan mejorarse mediante la negociación colectiva.

181.No obstante, en 2017 el Gobierno seleccionó la ratificación de Convenios de la OIT como programa nacional, y se propuso efectuar una revisión de las leyes para ratificar los Convenios sobre la Libertad Sindical (núms. 87 y 98). El Consejo Económico, Social y Laboral, integrado por el Gobierno, la patronal y los trabajadores, lideró un debate social entre julio de 2018 y mayo de 2019. En octubre de 2019 el Gobierno presentó a la Asamblea Nacional el acuerdo sobre la ratificación de los Convenios de la OIT y las enmiendas a la Ley sobre la Creación y el Funcionamiento de los Sindicatos de Funcionarios Públicos y la Ley sobre la Creación y el Funcionamiento de los Sindicatos de Profesores. Dichas enmiendas, cuyo principal objetivo es el cumplimiento del derecho de reunión de los funcionarios públicos y de los profesores de conformidad con las normas internacionales, permiten a los funcionarios públicos jubilados, a los bomberos y a los profesores universitarios afiliarse a los sindicatos y suprimen la restricción de afiliación sindical basada en el rango de los funcionarios públicos. El resultado fue la enmienda de la Ley sobre la Creación y el Funcionamiento de los Sindicatos de Funcionarios Públicos de modo que el profesorado universitario pudiera establecer sindicatos y afiliarse a ellos.

B.Medidas adoptadas para permitir la afiliación sindical de todos los sectores de la fuerza de trabajo y eliminar toda restricción a la inscripción de sindicatos

182.En octubre de 2019 el Gobierno remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permite la afiliación sindical de los desempleados y los despedidos de empresas privadas. También trata de proteger los derechos laborales de los trabajadores contratados de forma especial, por ejemplo, los trabajadores de la economía del trabajo esporádico, que no se insertan en el concepto legal de trabajadores dentro del programa nacional. El Gobierno emitió un certificado de establecimiento para el sindicato de trabajadores del servicio de reparto ¾ejemplo típico de trabajadores contratados de forma especial¾ en dos ocasiones, noviembre de 2017 y febrero de 2018, y también emitió el del sindicato de trabajadores que prestan el servicio de instalación de depuradoras en abril de 2019. El Consejo Económico, Social y Laboral continuará el debate sobre la mejora de los derechos laborales de los trabajadores con empleo especial.

183.Por otro lado, los derechos laborales de los trabajadores extranjeros también están protegidos sin prejuzgar la legalidad de su permanencia en la República de Corea. En 2015 el Tribunal Supremo decidió que los trabajadores extranjeros, independientemente del tipo de visado, podían establecer sindicatos o afiliarse a ellos, y el Gobierno, en consecuencia, emitió un certificado de establecimiento para un sindicato formado por trabajadores migrantes en agosto de 2015. En la actualidad hay varios sindicatos de inmigrantes, como el Sindicato de Inmigrantes de Seúl-Gyeonggi-Incheon, el Sindicato de Inmigrantes y el Sindicato de Trabajadores Migrantes de la Construcción, que desempeñan funciones dinámicas.

Cuestión 24

A.Disolución de partidos políticos y principio de la proporcionalidad

184.Básicamente, los partidos políticos son evaluados desde la elección por el pueblo, como entidad soberana, pero el Gobierno puede interponer recurso contra ellos ante el Tribunal Constitucional, si los fines o las actividades de esos partidos infringen el orden democrático fundamental (art. 8, párr. 4, y art. 89.14 de la Constitución). Con respecto a dicha acción, el Tribunal Constitucional decidió que, incluso si se cumplían todos los requisitos, la decisión de disolver un partido político solo podía justificarse constitucionalmente de no existir ningún medio alternativo, y cuando los beneficios sociales que pudieran obtenerse a través de dicha decisión superaran la desventaja que representara la decisión de disolver el partido. Por ello, la República de Corea aplica el principio según el cual un partido político solo puede disolverse a título excepcional y como medida de último recurso, procedimiento que refleja plenamente el principio de la proporcionalidad.

B.Prohibición del desempeño de actividades políticas por los sindicatos de profesores

185.Dado que los profesores deben tratar de ejercer independencia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, la Constitución y la legislación estipulan la neutralidad política de la educación y del profesorado. Teniendo en cuenta que la parcialidad política de los docentes puede afectar al derecho a la educación de los alumnos, y que su expresión colectiva de opiniones políticas puede tener importantes efectos en cadena, permitir plenamente las actividades políticas de los sindicatos de profesores podría perturbar la neutralidad política de la educación.

C.Denegación del derecho de voto a las personas condenadas a penas de prisión

186.La Ley de Elecciones de Funcionarios Públicos priva de derechos a las personas condenadas a pena de prisión, con o sin trabajos penitenciarios, durante al menos un año, pero respecto de las cuales no ha finalizado ejecución de la pena ni se ha decidido su exención.

187.La Ley de Elecciones de Funcionarios Públicos vigenterestringe solo temporalmente el derecho de voto de los condenados a prisión durante al menos un año. La disposición fue objeto de mejoras en 2015, después de que el Tribunal Constitucional decidiera la no conformidad con la Constitución de la antigua Ley de Elecciones de Funcionarios Públicos, que restringía por completo y de manera uniforme el derecho al voto de los reclusos. También hay que tener en cuenta que los jueces de la República de Corea deciden la pena de prisión basándose estrictamente en las leyes y en las Directrices sobre Sanciones que han sido tema de debate en la Comisión de Sanciones independiente. Así pues, el Gobierno observa que la actual Ley de Elecciones de Funcionarios Públicos, que restringe solo temporalmente el derecho de voto en función de la sentencia, lo hace sobre la base de motivos razonables, por lo que no se considera una restricción injustificable.

188.La Comisión Electoral Nacional sigue prestando atención a las recomendaciones de las instituciones internacionales y presentará un dictamen de modificación de la Ley de Elecciones de Funcionarios Públicos, si se considerara necesario.

D.Denegación del derecho de voto a las personas condenadas a tratamiento médico y privación de libertad

189.De acuerdo con la Ley sobre Tratamiento Médico y Privación de Libertad, el derecho a votar bajo tratamiento médico y detención se suspenderá hasta que finalice la privación de libertad. Para determinar si tal restricción es justificable habrá que tener en cuenta que las condenas a tratamiento médico y privación de libertad se aplican a personas que padecen alteraciones mentales y han delinquido. Sin embargo, el Ministerio de Justicia entiende que la opinión de que el restablecimiento de su derecho de voto puede ayudar a su reincorporación a la sociedad tiene su razón de ser, y ve la necesidad de un debate en profundidad.

Cuestión 25

A.Formación de la policía antidisturbios

190.Existe un período de “formación intensiva” en derechos humanos y seguridad, de cuatro a diez semanas de duración, cada semestre, que se imparte a todas las unidades policiales, y en cuyo marco se realizan simulacros de respuesta in situ, paso a paso. La formación en derechos humanos y seguridad la imparten abogados externos e investigadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que son invitados en calidad de conferenciantes. El entrenamiento de simulación es un curso basado en debates, durante el cual los miembros de la unidad trabajan utilizando los métodos de respuesta a una situación establecida por ellos mismos y trazan los fundamentos legales y los límites aplicables. Además de la formación intensiva, cada unidad recibe periódicamente educación en materia de derechos humanos y seguridad, que comprende las medidas de protección de los derechos humanos en el escenario de las manifestaciones y el ejercicio de un nivel adecuado de la fuerza, respetando el principio de proporcionalidad.

B.Medidas adoptadas para modificar la Ley de Reunión y Manifestación de modo que se ajuste estrictamente a las disposiciones del artículo 21 del Pacto

191.Durante el 20º período de sesiones de la Asamblea Nacional (30 de mayo de 2016 a 29 de mayo de 2020), se propusieron 22 proyectos de enmienda de la Ley de Reunión y Manifestación, con el objeto de equilibrar la libertad de reunión pacífica y la seguridad pública. En mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobó las enmiendas a la Ley, que ya no prohíbe la organización de protestas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, la residencia oficial del Primer Ministro y de los tribunales, sino que las garantiza, a menos que impidan la función y el papel de dichas instituciones.

192.De conformidad con la enmienda, la policía minimiza la prohibición de las manifestaciones, aun cuando el informe al respecto sea defectuoso, y dispone, en primer término, la publicación de un aviso de suplemento o restricción para garantizar la libertad de reunión al máximo. Como resultado, las manifestaciones respecto de las cuales se emitió un aviso de prohibición en 2018 representaron tan solo el 0,01 % de las denuncias, mientras que en seis de cada nueve casos se emitieron avisos de prohibición simplemente porque se había informado de la celebración de dos o más manifestaciones a la misma hora y en el mismo lugar, por lo que se prohibieron las anunciadas en último término. En cuanto a las reuniones nocturnas, desde enero de 2017 no se ha prohibido ni restringido ninguna manifestación solo por el hecho de que se celebre de noche.

C.Derecho de reunión pacífica de las personas LGBTI

193.Como ciudadanos de la República de Corea, las personas LGBTI disfrutan en pie de igualdad del derecho de reunión garantizado por la Constitución y el Pacto. La policía apoyó la celebración pacífica del Festival de la Cultura Queer, movilizando su fuerza y equipo contra la oposición de algunos grupos. Aunque se produjeron disturbios ocasionados por un grupo de oposición durante el Primer Festival de Cultura Queer de Incheon celebrado en 2018, el Segundo Festival se celebró sin incidentes gracias a la cooperación de las instituciones pertinentes, incluida la Agencia de Policía de Incheon y los grupos regionales de derechos humanos. La Provincia Especial Autónoma de Jeju ha cooperado con el Festival de Cultura Queer de Jeju de modo que pueda anunciar sus reuniones sin que ello cree conflictos, y utilizar un lugar para esos fines desde 2017.

D.Reglamento sobre el uso de la fuerza por parte de la policía e investigación de la muerte del agricultor Baek Nam-Gi

194.Con fines de protección y promoción de los derechos humanos, en enero de 2020 se modificó el Reglamento sobre las Normas de Uso de Equipos Policiales Peligrosos. La enmienda especifica rigurosamente los requisitos para el despliegue y el uso de camiones lanza agua, de modo que dejen de utilizarse en el escenario de reuniones o manifestaciones y solo se permita su uso en casos de peligro inminente, como disturbios civiles o un ataque directo contra instalaciones importantes de la nación, y a instancias de un comisario de la agencia política del distrito. Se ha reforzado, asimismo, la norma relativa a la presión hidráulica en función de la distancia.

195.Los fiscales dictaminaron que el caso ocurrido el 14 de noviembre de 2015 en el que el agricultor Baek Nam-Gi recibió el impacto directo de un camión lanza agua, sufriendo graves lesiones que le ocasionaron la muerte, fue un abuso de poder público que perjudicó gravemente a un ciudadano al violarse las instrucciones de la guía de manejo de esos vehículos y descuidarse el orden y la supervisión pertinentes, y el 17 de octubre de 2017 se formularon acusaciones contra el excomisario de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, el exjefe del cuarto batallón antidisturbios de Seúl y dos oficiales que operaban los camiones lanza agua, por negligencia profesional con resultado de muerte. Todos los acusados fueron condenados en el segundo juicio, que se celebró el 9 de agosto de 2019. El excomisario interpuso recurso el 13 de agosto de 2019 ¾procedimiento que se encuentra en trámite ante el Tribunal Supremo¾ y se dictó sentencia de culpabilidad contra los demás acusados.

196.Una demanda de indemnización estatal que la atribulada familia del agricultor Baek Nam-Gi presentó contra el Gobierno finalizó el 22 de enero de 2018 con la recomendación de una solución de avenencia, y el Gobierno pagó a la familia la suma de 490 millones de wons (410.000 dólares de los Estados Unidos, aproximadamente) como importe de la indemnización, incluido el solatium.

E.Medidas adoptadas para impedir que los organizadores de manifestaciones y los participantes, en particular periodistas y defensores de los derechos humanos, sean sancionados penalmente por ejercer su derecho a la libertad de reunión

197.La Fiscalía Suprema garantiza la reunión pacífica y solo aborda el comportamiento colectivo ilegal y violento. Escucha al público en general, incluso cuando investiga acciones ilícitas y violentas, para lo cual tiene en cuenta las opiniones del Comité Fiscal Ciudadano, integrado por ciudadanos locales. Cabe señalar que la Agencia de Policía ha abandonado su paradigma de administración policial pasando del “control de masas” a la “garantía del derecho de reunión”, y considera de índole pacífica toda manifestación cuyo registro o progreso puedan tener defectos menores.

Cuestión 26

A.Estadísticas sobre el número de refugiados, beneficiarios del estatuto humanitario y apátridas

198.Las estadísticas sobre el número de solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios del estatuto humanitario a finales de diciembre de 2019 son las siguientes.

Año	Solicitud	Reconocimiento (Protección)	Sin reconocimiento	Retirada
Total parcial	Reconocimiento	Permiso de residencia de carácter humanitario
1994 - 2019	64 358	3 239	1 022	2 217	25 351	10 184

199.En febrero de 2020 había 166 apátridas en la República de Corea; las estadísticas al respecto se desglosan como sigue.

( Unidad : persona)

	Total	Sin renuncia a la nacionalidad de origen tras la naturalización	Apátridas al llegar	Revocación de la nacionalidad	Chinos de ultramar que escaparon del Norte	Refugiados que llegaron al Sur	Otros
Permanencia de larga duración (visado de larga duración, hasta por un mínimo de 91 días: registro de extranjeros)	105	19	29	29	11	10	7
Permanencia de corta duración (visado de corta duración, hasta por un máximo de 90 días: sin registro)	61	Entrada con visado de turismo (B-2) o con visado de corta duración (C-3)

B.Medidas adoptadas para luchar contra la discriminación y el discurso de odio

200.La discriminación y el discurso de odio, que constituyen delitos punibles, y las responsabilidades de los proveedores de servicios de Internet en relación con la difusión de este tipo de discurso, se exponen en la respuesta a la cuestión 6. La Comisión de Normas de Comunicación de Corea examina los programas de radiodifusión y los discursos en línea que incitan a los prejuicios y a la discriminación, y los corrige, como se señala en la respuesta a la cuestión 5. En junio de 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó la promulgación de la Ley de Igualdad, que prohíbe el etiquetado y los anuncios que expresen odio y discriminación o inciten a ello, y ocasionen sufrimiento físico o psicológico. El Gobierno apoyará los debates pertinentes en la Asamblea Nacional.

201.El artículo 18 de la Ley Marco sobre el Trato a los Extranjeros Residentes en la República de Corea estipula la responsabilidad del Gobierno de adoptar las medidas necesarias, como la educación y la promoción, para fomentar la comprensión y el respeto entre los ciudadanos coreanos y los extranjeros en la República de Corea. Por ello, el Gobierno se ha comprometido a hacer frente a la discriminación y el odio promoviendo una mejor comprensión de los extranjeros, para lo cual produce y distribuye vídeos sobre la comunicación entre coreanos y extranjeros, crea contenidos educativos para la comprensión mutua de la cultura de cada uno, e imparte educación a los funcionarios públicos. El Gobierno celebra el denominado Día de Hermandad mediante eventos nacionales y locales.

C.Medidas para asegurar el acceso a la documentación y a los servicios básicos

202.El plan del Gobierno para establecer un sistema universal de registro de nacimientos se detalla en la respuesta a la cuestión 27.

203.Los solicitantes de la condición de refugiado tienen derecho a la subvención para gastos de manutención y a la provisión de instalaciones educativas y residenciales durante el período de selección. El presupuesto asignado prevé el pago de gastos de manutención, principalmente en beneficio de personas vulnerables, teniendo en cuenta los ingresos, el patrimonio, si tienen hijos, si se trata de mujeres embarazadas, o si padecen una enfermedad grave, hasta seis meses a partir de la fecha de la solicitud. En virtud de la Ley de Refugiados, pueden solicitar un examen médico básico y, si es necesario, el pago de los costes de asistencia médica de urgencia.

204.Los refugiados reconocidos como tales reciben servicios de seguridad social y de garantía del nivel de vida básico en virtud de la Ley de Refugiados. Los “refugiados que deseen reasentarse”, que hayan permanecido en un campamento de refugiados en el extranjero, y que deseen establecerse en la República de Corea y hayan entrado en ella recomendados por el ACNUR, tendrán acceso a un centro para inmigrantes por un plazo máximo de seis meses tras su llegada y recibirán apoyo para el asentamiento temprano, que incluye clases de idioma coreano, formación profesional y examen médico.

205.Con respecto a la educación, en particular, el Decreto de Aplicación de la Ley de Educación Primaria y Secundaria sienta las bases de la admisión a la escuela para garantizar que todos los niños, independientemente de su nacionalidad o condición de inmigración, tengan acceso a la educación. Para su adaptación temprana, las clases de idioma coreano (326 clases en 2019) incluyen cursos intensivos de lengua y cultura coreanas, mientras que los programas de tutoría para estudiantes universitarios (4.309 personas en 2018) les ayudan a desarrollar las aptitudes académicas básicas. Se recomienda a todas las escuelas que impartan educación multicultural durante un mínimo de dos horas al año para animar a los estudiantes a abrazar el multiculturalismo; las escuelas políticas (643 en 2019) incorporan la educación multicultural en su plan de estudios para promover su expansión. En 2018, 133.794 profesores completaron la formación en materia de educación multicultural f.

D.Derechos que concede a los no ciudadanos el proyecto de enmienda constitucional

206.El proyecto de Ley de Enmienda Constitucional propuesto por el Presidente de la República de Corea en marzo de 2018 amplió el alcance del concepto de titulares de los derechos humanos fundamentales, pasando de “ciudadanos” a “personas”. En consecuencia, la frase del artículo 2 de la Constitución, “derechos y deberes de los ciudadanos” se modificó a “derechos y deberes fundamentales”, y también pasaron de ser “los ciudadanos” a ser “las personas” los sujetos del derecho a la dignidad humana, el derecho a la búsqueda de la felicidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, la prohibición de la doble incriminación y del castigo colectivo, el derecho a la intimidad, la libertad de conciencia y de religión, la libertad académica y artística, el derecho de petición y el derecho a la justicia. Además, se estipula explícitamente como motivo de discriminación prohibido, que hasta ahora solo se había reconocido mediante interpretación, la raza, añadiéndose “la discapacidad, la edad, la raza y la religión” a los motivos ya existentes de “sexo, religión y condición social”.

207.El proyecto de Ley de Enmienda anteriormente mencionado se presentó en el pleno en mayo de 2018 pero la Asamblea Nacional no llegó a votarlo por falta de quorum.

E.Información sobre el proyecto de enmienda a la Ley de Refugiados y medidas adoptadas para mejorar el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado

208.Dado el rápido aumento del número de solicitantes de la condición de refugiado, el Gobierno ha puesto todo su empeño en establecer un sistema que cumpla con las normas internacionales. El número de oficiales encargados de los refugiados aumentó de apenas 18 en 2015 a 91 en 2019. En cooperación con organizaciones internacionales, como el Representante del ACNUR en la República de Corea, el Gobierno continúa ofreciendo programas de fomento de la capacidad para mejorar la calidad de las entrevistas. Hay 173 intérpretes para 24 idiomas, con una cualificación específica para apoyar a los refugiados durante las entrevistas, y con experiencia en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y la práctica de la interpretación, que tienen la obligación de seguir un programa de formación continua al menos una vez durante el período de servicio (tres años). El Gobierno también tiene previsto modificar la Ley de Refugiados para reparar defectos en su aplicación basándose en las opiniones de expertos y en el estudio de casos ocurridos en el extranjero.

Cuestión 27

209.El Gobierno está preparando la legislación para la aplicación del sistema universal para el registro de los nacimientos. En noviembre de 2018 el Ministerio de Justicia celebró un foro para introducir ese sistema, que contó con la participación de expertos independientes y funcionarios públicos. En diciembre de 2018 estableció un grupo asesor para la aplicación del sistema de registro de los nacimientos, integrado por ocho expertos externos, entre ellos abogados y catedráticos, que celebró diez reuniones. En las reuniones se debatieron el sistema de registro de los nacimientos, las medidas para introducirlo, los documentos necesarios y el procedimiento y la forma de solicitarlo, y actualmente se está redactando el proyecto de ley. Una vez finalizado, el proyecto de ley se presentará a la Asamblea Nacional.

210.Entretanto, en mayo de 2019 el Gobierno anunció públicamente que iba a establecer un sistema de notificación de los nacimientos, en cuyo marco las instituciones médicas notifican a un organismo gubernamental la información sobre los nacimientos, con el fin de reforzar la capacidad de identificar y proteger a los niños en situación de riesgo.