Naciones Unidas

CCPR/C/BDI/RQ/3

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general

13 de enero de 2023

Español

Original: francés

Español, francés e inglés únicamente

Comité de Derechos Humanos

138º período de sesiones

26 de junio a 28 de julio de 2023

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto

Respuestas de Burundi a la lista de cuestiones relativa a su tercer informe periódico *

[Fecha de recepción: 4 de noviembre de 2022]

I.Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto (art. 2)

1.Todas las disposiciones del Pacto están recogidas en la Constitución de la República de Burundi (arts. 21 a 61, relativos a los derechos y deberes) y se invocan en los tribunales. El proceso de ratificación de los dos Protocolos ya ha comenzado y se encuentra en curso. El Gobierno ha tomado medidas para difundir el Pacto a través de talleres de sensibilización, organizados por el Ministerio de Solidaridad Nacional, Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Cuestiones de Género y dirigidos principalmente a jueces, abogados, agentes de la policía judicial, personal administrativo y jóvenes afiliados o no a partidos políticos.

2.La Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos de Burundi (CNIDH) trabaja con total independencia, de acuerdo con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París). Las tareas que se le asignan se ajustan a estos Principios. En la actualidad, la Comisión vuelve a estar acreditada con la categoría A en virtud de los Principios de París. En el siguiente cuadro se indican los recursos anuales que se le han asignado desde 2014:

Cuadro donde figura el importe asignado a la CNIDH por Burundi desde 2014

Año fiscal

Gastos de funcionamiento

Gastos de capital

Total

2014

912 165 493

20 191 000

932 356 463

2015

912 165 493

20 191 000

932 356 463

2016

784 462 324

12 114 600

796 576 924

2017

784 462 324

12 114 600

796 576 924

2018/2019

784 462 324

12 275 545

796 737 869

2020/2021

1 434 462 324

12 275 545

1 446 337 869

2021/2022

1 677 496 194

12 643 811

1 690 140 005

II.Medidas de lucha contra la corrupción (arts. 2 y 25)

3.El Gobierno de Burundi sigue luchando contra la corrupción a través de su política de tolerancia cero. Las autoridades burundesas deben declarar su patrimonio cuando acceden a un cargo o lo abandonan. Según la información disponible, ningún miembro del Gobierno se ha negado a someterse a esta obligación legal.

En cuanto al número de investigaciones de funcionarios públicos implicados en casos de corrupción, Burundi señala que siempre que sale a la luz un acto de corrupción, este se investiga con prontitud y se exigen responsabilidades a los presuntos autores. Por ejemplo, a raíz de investigaciones anteriores se detuvo a funcionarios administrativos locales en la provincia de Makamba acusados de actos de corrupción, así como, el 28 de agosto de 2019, a un contable de la Oficina de Recaudación de Burundi en Guitega por la expedición de recibos por cantidades diferentes a las mencionadas en los talones.

En lo que respecta a la decisión de suprimir el Tribunal Especial, la Fiscalía General y la Brigada Especial de Lucha contra la Corrupción, Burundi señala que estas instituciones no han sido suprimidas y funcionan con normalidad.

III.No discriminación e igualdad entre hombres y mujeres (arts. 2, 3, 23, 25 y 26)

4.En su artículo 590, el Código Penal de Burundi tipifica como delito la homosexualidad. Ahora bien, no existen casos de personas detenidas, privadas de libertad o procesadas por homosexualidad.

5.Burundi ha adoptado varias medidas legislativas para luchar contra la discriminación, los ataques violentos y el acoso, entre ellas:

a)La revisión de la Constitución de la República de Burundi en 2018;

b)La revisión del Código Penal en 2017;

c)La revisión del Código del Trabajo en virtud de la Ley núm. 1/11, de 24 de noviembre de 2020, de Revisión del Decreto-ley núm. 1/037 de 7 de julio de 1993, por el que se modificó el Código del Trabajo de Burundi;

d)La entrada en vigor en 2016 de la Ley núm. 1/13 de Protección de las Víctimas, Prevención y Represión de la Violencia de Género, de 22 de septiembre de 2016.

6.Toda reunión pacífica está permitida en Burundi, ya que el derecho de reunión está reconocido en instrumentos jurídicos nacionales como la Constitución (art. 32) y la Ley núm. 1/28, de 5 de diciembre de 2013, de Reglamentación de las Manifestaciones y Reuniones Pacíficas (art. 1). Este derecho también está consagrado en otros instrumentos jurídicos internacionales aprobados por Burundi, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2).

7.En cuanto a la supresión de los artículos 38, 88, 122 y 126 del Código de la Persona y la Familia, Burundi informa de que el Código está siendo objeto de una revisión y de que ya se está estudiando un anteproyecto de ley para adaptarlo al contexto sociopolítico y económico del país. Lo mismo ocurre con el Código de la Nacionalidad.

IV.Violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual (arts. 2, 3, 6, 7 y 26)

8.La Ley núm. 1/13 de Protección de las Víctimas, Prevención y Represión de la Violencia de Género, de 22 de septiembre de 2016, ha sido aplicada por los tribunales para sancionar diversos actos de violencia contra la mujer. Se realizaron 1.104 investigaciones para los 1.104 casos de abusos conyugales denunciados en 2020 y 1.435 investigaciones para los 1.435 casos denunciados en 2021. Estos son ejemplos ilustrativos; también se investigaron otros delitos en el marco de aplicación de esta ley.

9.En cuanto a las medidas para proporcionar a las víctimas y a sus familiares una reparación adecuada, que incluya apoyo psicológico, asistencia social y jurídica, se han tomado varias disposiciones para reforzar la prestación de servicios a las víctimas de violencia sexual y de género. Entre otras cosas, se han creado comisiones de asistencia jurídica que prestan asistencia a las mujeres en los tribunales de primera instancia, los tribunales de apelación y las fiscalías de los tribunales (5 magistrados por provincia); se han establecido direcciones provinciales de desarrollo familiar y social, responsables de la atención psicosocial, el apoyo y la derivación de las víctimas; y, en 2017, se crearon centros en tres provincias, a saber, Cibitoke, Makamba y Muyinga, que reciben a víctimas de violencia sexual y de género y les ofrecen una atención integral.

10.Por lo que respecta a la reparación, al condenar a los autores de actos de violencia sexual y de género, el tribunal se pronuncia también sobre los daños y perjuicios.

11.En cuanto a las medidas adoptadas para prevenir, enjuiciar y castigar la violencia sexual, la Ley núm. 1/13 de Protección de las Víctimas, Prevención y Represión de la Violencia de Género, de 22 de septiembre de 2016, permaneció en vigor incluso durante la pandemia de COVID-19. Esta ley se ha aplicado y se sigue aplicando para proteger a las víctimas, prevenir la violencia de género y sancionar a los autores de esos actos.

V.Interrupción voluntaria del embarazo (arts. 3, 6 y 7)

12.En cuanto a la despenalización del aborto, en particular en caso de incesto o de violación, de que el embarazo represente un riesgo para la vida y la salud de la madre y en caso de malformación del feto, el artículo 534 del Código Penal especifica claramente que las sanciones previstas no son aplicables cuando el embarazo ha sido interrumpido por un médico titulado, con el consentimiento escrito de la persona gestante y con la autorización de un segundo médico, a fin de eliminar un peligro que no puede evitarse de ninguna otra manera y que amenaza la vida de la madre o supone un riesgo grave e irreversible para su salud.

13.Si la embarazada es incapaz de expresar su voluntad, se requiere el consentimiento escrito de su representante legal.

14.El párrafo 3 de ese mismo artículo añade que no hay delito cuando el embarazo se interrumpe por decisión de dos médicos en caso de urgencia o imposibilidad de obtener la expresión de voluntad de la embarazada o de la persona autorizada a representarla.

15.En cuanto a las medidas adoptadas para garantizar el acceso legal y efectivo al aborto, se aplica el artículo 3 anteriormente mencionado.

16.En lo que respecta al número de abortos clandestinos practicados cada año, se han registrado 3.346 casos desde 2014.

VI.Pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) (art. 6)

17.Al igual que otros países, el Gobierno de la República de Burundi ha tomado medidas para prevenir y combatir la COVID-19, entre ellas: i) medidas de prevención individuales y colectivas anunciadas por el Ministerio de Salud Pública y Lucha contra el Sida; ii) medidas de descentralización de los centros de análisis y de atención gratuita en todo el país; iii) medidas de confinamiento para las personas procedentes del extranjero; iv) medidas de suspensión de concesión de visados; v) medidas de suspensión de misiones oficiales en el extranjero; vi) medidas de cierre de determinadas fronteras terrestres y marítimas; vii) medidas de suspensión de vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional Melchior Ndadaye de Buyumbura.

18.Por otra parte, además de estas medidas ya adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, en su discurso a la nación con motivo del 58º aniversario de la independencia de Burundi, el Presidente de la República lanzó oficialmente la campaña “Ndakira, Sinandura kandi Sinandukiza Coronavirus”, que consistió, entre otras cosas, en el cribado masivo de toda persona con síntomas de COVID-19.

19.Así, Burundi desmintió la información falsa contenida en la lista de cuestiones, que indicaba que el Estado parte habría renunciado a realizar una campaña de prevención, sensibilización y protección de la población frente a la COVID-19. Por el contrario, el Estado desea hacer constar que se tomaron medidas y que estas han dado resultados satisfactorios. Además, se han llevado a cabo campañas de sensibilización en todo el país para hacer frente a esta lacra, prueba de ello es que el número de muertes no es alarmante y el número de personas infectadas ha seguido disminuyendo de forma significativa. Tras los importantes avances en la lucha contra la pandemia, Burundi ha suspendido algunas de las medidas antes mencionadas, entre ellas las relativas a i) la suspensión de concesión de visados; ii) la suspensión de misiones oficiales en el extranjero; iii) el cierre de determinadas fronteras terrestres y marítimas; y iv) la suspensión de vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional Melchior Ndadaye de Buyumbura.

20.En relación con el número de personas infectadas y el número de muertes por COVID‑19, Burundi ha registrado oficialmente ocho muertes de los 5.506 casos gestionados desde el inicio de la pandemia, lo que representa una tasa de letalidad del 0,15 %.

VII.Participación en la dirección de los asuntos públicos (art. 25)

21.En cuanto a las supuestas infracciones cometidas durante las elecciones de 2020, Burundi informa de que los actos de violencia se produjeron sobre todo en 2015, tras las repetidas manifestaciones de insurgentes. El objetivo de las manifestaciones era llevar a cabo un golpe de Estado. El Gobierno ha seguido adoptando medidas legislativas para garantizar la inviolabilidad de la dignidad humana y seguir neutralizando a los delincuentes a fin de mantener la paz y la seguridad. Se han modificado varios textos legislativos, entre ellos el Código Penal de 2009 y el Código de Procedimiento Penal de 2013, que han sido revisados para adaptarlos a la situación actual. Además, se han creado varias comisiones. Cabe mencionar, entre ellas:

La comisión de investigación de la insurrección iniciada el 26 de abril de 2015.

La comisión de investigación de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales durante los combates que siguieron al ataque a cuatro campamentos militares el 11 de diciembre de 2015.

La comisión de investigación de las masacres de Ruhagarika en la comuna de Buganda (provincia de Cibitoke), el 14 de mayo de 2018.

22.Como resultado, se identificó, enjuició y condenó a algunos autores, pero aún se está buscando a otros. Además, se han emitido órdenes internacionales para detener a los presuntos autores que buscaron refugio fuera del país. Sin embargo, en 2020 se produjo un notable descenso de la violencia, ya que los líderes de los partidos políticos adoptaron una hoja de ruta para unas elecciones seguras. A pesar de todo, se registraron algunos incidentes aislados en los que terroristas lanzaron granadas en Buyumbura Marie con el único objetivo de sabotear los incansables esfuerzos del Gobierno de la República de Burundi. Se ha detenido y enjuiciado a la mayoría de los autores de esos actos.

23.Con respecto a los actos de violencia política, intimidación y tortura contra la oposición, Burundi informa de que el Gobierno ha adoptado medidas de lucha contra la impunidad. Todo acto que menoscabe la dignidad humana está prohibido por la Constitución (art. 21) y está tipificado como delito en el Código Penal de 2017 (arts. 197 a 205).

24.En lo que respecta a la instrumentalización del sistema judicial en detrimento de los partidos de la oposición, Burundi señala que el sistema judicial nacional (poder judicial) es independiente, tal y como establece el artículo 214 de la Constitución. Por lo tanto, ninguna persona tiene derecho a interferir en sus asuntos.

25.Además, los miembros de los partidos de la oposición son burundeses y la justicia se imparte en todo el país en nombre del pueblo de Burundi (art. 210 de la Constitución). Sobre la base de dicho artículo, Burundi refuta las alegaciones de que el poder judicial está siendo manipulado en detrimento de los partidos de la oposición.

26.Burundi también refuta las alegaciones de falta de reacción de las autoridades a los discursos virulentos contra los opositores políticos y señala que estos discursos están prohibidos en el país. Además, ninguna autoridad puede negarse a reaccionar, ya que la incitación a la violencia está prohibida.

27.En cuanto a las alegaciones de que existen limitaciones del derecho de sufragio debido a las garantías financieras exigidas, Burundi informa de que todos los partidos políticos eran conscientes de que el candidato a las elecciones presidenciales debía tener una garantía. También se informó a los partidos políticos y a los candidatos independientes sobre los requisitos para ser candidato independiente.

28.Banciryanino Fabien fue condenado por el Tribunal Superior de Ntahangwa a un año de prisión y al pago de una multa de 100.000 francos burundeses por rebelión, denuncia calumniosa y atentado contra la seguridad interior y exterior del Estado. Sin embargo, fue puesto en libertad en 2021.

VIII.Derechos de las minorías y los Pueblos Indígenas (art. 27)

29.En cuanto a los derechos de las minorías y los Pueblos Indígenas, el artículo 169, párrafo 1, de la Constitución de Burundi promulgada en 2018 dispone que:

La Asamblea Nacional estará integrada por al menos 100 diputados (un 60 % de hutus y un 40 % tutsis) — de los cuales al menos el 30 % serán mujeres—, elegidos por sufragio universal directo por un período de cinco años y por tres diputados de la etnia twa cooptados de conformidad con el Código Electoral.

30.Asimismo, en el artículo 185 de la Constitución se dispone que:

El Senado estará compuesto por:

1) Dos delegados de cada provincia, elegidos por un colegio electoral integrado por miembros de los consejos comunales de la provincia en cuestión, de diferentes comunidades étnicas y elegidos por votación separada;

2) Tres miembros de la etnia twa. Al menos el 30 % serán mujeres. Las modalidades prácticas, incluida la cooptación cuando proceda, se establecerán en la legislación electoral.

31.Burundi ha puesto en marcha una campaña de inscripción de los nacimientos para alentar a las minorías y los Pueblos Indígenas a registrar el nacimiento de sus hijos.

IX.Libertad y seguridad personales (arts. 9 y 14)

32.No ha habido muchos casos de detención arbitraria, ni de adultos ni de menores.

33.Burundi lleva a cabo inspecciones por conducto del Ministerio de Solidaridad Nacional, Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Cuestiones de Género, con el fin de recabar información sobre la situación en los lugares de privación de libertad. Estas inspecciones se llevan a cabo trimestralmente en los lugares de privación de libertad para prevenir y combatir posibles casos de detención arbitraria. Los resultados están siendo satisfactorios y no se han detectado casos alarmantes. De detectarse, las personas afectadas serían puestas en libertad inmediatamente, con independencia de su afiliación política.

34.Además, el Ministerio de Justicia también realiza este tipo de inspecciones. Burundi informa de que los casos de detención arbitraria no son frecuentes porque las inspecciones se llevan a cabo con regularidad. La privación de libertad de menores solo se toma como medida de último recurso. Los autores de actos de detención arbitraria son sancionados con arreglo al Código Penal de 2017.

35.En cuanto a los indultos presidenciales en los últimos años, en 2017, por ejemplo, fueron liberados 2.500 presos que cumplían los requisitos para ello. Los presos que cumplían con las condiciones necesarias fueron puestos en libertad. La duración de la prisión preventiva es de 30 días, mientras que la duración de la detención policial se mantiene en 7 días y puede renovarse una sola vez a petición del fiscal de la República de Burundi.

X.Trata de personas (arts. 6 y 24)

36.La Ley núm. 1/28 de Prevención y Represión de la Trata de Personas y Protección de las Víctimas de la Trata, de 29 octubre de 2014, se ha aplicado y continúa siendo aplicada por los tribunales para prevenir y reprimir los actos de trata y proteger a las víctimas. Burundi ha intensificado considerablemente la investigación y el enjuiciamiento de delitos presuntamente relacionados con la trata, ha condenado a los tratantes y orientado a las víctimas para que reciban asistencia.

37.En lo que respecta a la prevención, los distintos ministerios organizan regularmente cursos de formación sobre la trata de personas dirigidos a agentes del orden, fiscales y funcionarios judiciales. El Gobierno de Burundi, a través del Ministerio de Solidaridad Nacional, Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Cuestiones de Género, ofrece cursos de formación sobre la trata de personas a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como por ejemplo a magistrados, parlamentarios, policías y funcionarios administrativos locales. De este modo, entre el 26 y el 30 de noviembre de 2018, 25 agentes de la policía judicial recibieron formación sobre la investigación de casos de trata de personas.

38.La formación abarcó los siguientes temas: i) el marco jurídico de la trata de personas; ii) la comparación entre la trata de personas y el tráfico de migrantes; iii) la protección y asistencia a las víctimas de la trata; iv) la interacción con víctimas y testigos, incluidos niños; v) los derechos de los sospechosos; y vi) las técnicas de investigación (incluidas las financieras). Además, los jefes de los 26 puestos fronterizos de Burundi, así como cuatro funcionarios encargados de la expedición de documentos, recibieron formación en Guitega del 25 al 29 de junio de 2018.

39.En la formación se trataron cuestiones relativas a la identificación de víctimas, la derivación, la protección y la asistencia, así como a la recopilación de información sobre los tratantes. A su vez, los participantes formaron a 113 agentes de la policía de migración bajo su supervisión.

40.En cuanto a las alegaciones relativas a la persistencia de la trata de personas, Burundi indica que ya se ha avanzado mucho en la lucha contra este fenómeno. Así pues, la trata de personas no persiste, salvo en algunos casos aislados que no son desdeñables. Burundi celebra haber pasado del nivel 3 a la lista de vigilancia del nivel 2, según el informe de los Estados Unidos de América sobre la trata de personas. Actualmente, se encuentra entre los países cuyos Gobiernos han realizado esfuerzos considerables para cumplir con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Con el fin de identificar y proteger a las víctimas de la trata, incluidos los niños, Burundi se ha asociado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a fin de establecer un mecanismo para coordinar las medidas de lucha contra la trata de los ministerios del Gobierno que trabajan en la materia, la policía y las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, se está ejecutando un proyecto para mejorar la capacidad del Gobierno para combatir la trata de personas entre 2019 y 2022. Además, se ha creado un Comité de Consulta y Seguimiento sobre la Prevención y Represión de la Trata de Personas y la Protección de las Víctimas de la Trata.

41.En cuanto a la inquietud relativa a la instauración de un sistema eficaz de asistencia y apoyo a las víctimas, que incluya centros de acogida especializados, el artículo 23 de la Ley relativa a la trata de personas especifica que, independientemente de su condición con arreglo a la legislación que regula el acceso, la estancia, el asentamiento de extranjeros en el territorio de Burundi y su expulsión, las víctimas recibirán apoyo y asistencia que incluyen, como mínimo, un alojamiento seguro y adecuado, una atención médica básica y un seguimiento psicológico, de forma confidencial y en un idioma que comprendan. Se presta especial atención a las necesidades de todas las personas vulnerables, principalmente las mujeres y los niños.

XI.Desplazados internos y refugiados (arts. 6, 7, 12, 16 y 26)

42.Burundi informa de que los desplazados internos, incluidos los desplazados por desastres naturales, se encuentran actualmente tranquilos y en sus hogares en condiciones satisfactorias, salvo en el caso de Gatumba, donde algunos hogares siguen a la espera de que el agua vuelva al lago Tanganica y al río Rusizi. Dicho esto, una gran parte de los desplazados a raíz de esa catástrofe ha podido regresar, y otros reciben ayudas del Gobierno para alquilar viviendas en un lugar seguro. El Gobierno de Burundi protege a las personas que aún permanecen en las zonas afectadas contra toda forma de violencia, incluidas la violencia sexual y la explotación.

43.En cuanto a las alegaciones de que los servicios de inteligencia de Burundi habrían identificado a opositores políticos desplazados entre los refugiados y solicitantes de asilo en Tanzanía, Burundi sostiene que esas informaciones son falsas, y aclara que la Constitución garantiza la libre circulación dentro del país, la libertad de viajar al extranjero, de emigrar y de regresar a Burundi. Los burundeses, independientemente de su afiliación política, tienen derecho a buscar refugio fuera del país y a solicitar asilo sin ningún impedimento. La información de que estas personas habrían sido víctimas de intimidación, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas es también incorrecta.

44.Las informaciones según las cuales los refugiados y retornados burundeses son víctimas de intimidación, extorsión y privación arbitraria de la libertad cuando regresan voluntariamente al país son falsas y proceden de los detractores del Gobierno que quieren dar una mala imagen del país. Los refugiados y retornados burundeses son siempre acogidos con entusiasmo y simpatía por las autoridades burundesas y sus conciudadanos. El Gobierno de Burundi les proporciona la protección necesaria y transporte hasta su provincia de origen.

XII.Independencia del sistema judicial y acceso a la justicia (arts. 2 y 14)

45.Los magistrados son nombrados por decreto presidencial a propuesta del Ministro de Justicia en el ejercicio de sus competencias, previo dictamen del Consejo Superior de la Magistratura según el artículo 219 de la Constitución. En el artículo 224 de la Constitución se establece que el Consejo Superior de la Magistratura está presidido por el Presidente de la República, asistido por el Presidente del Tribunal Supremo y el Ministro de Justicia en calidad de Vicepresidente y Secretario, respectivamente. Esta función de nombramiento es compatible con el Pacto en la medida en que tiene un carácter procedimental (véase el artículo 219 antes mencionado). La Ley núm. 1/02, de 23 de enero de 2021, que reconoce a dicho Consejo la facultad de controlar la calidad de las sentencias, resoluciones y demás decisiones judiciales, así como su ejecución, respeta la independencia judicial.

46.En cuanto a las medidas adoptadas para reforzar la capacidad del sistema judicial, en particular para establecer procedimientos que lo protejan de toda injerencia del poder ejecutivo y la influencia política, a fin de luchar contra la corrupción y de proporcionarle recursos suficientes para su funcionamiento, el artículo 214 de la Constitución establece que “el poder judicial es imparcial e independiente de los poderes legislativo y ejecutivo”. Nadie tiene derecho a transgredir esta ley, so pena de ser llevado directamente ante la justicia. Además, para luchar contra la corrupción, Burundi ha adoptado una política de tolerancia cero frente a la corrupción. El Ministerio de Justicia organiza periódicamente campañas de sensibilización dirigidas a los magistrados para erradicar la corrupción. En cuanto a la preocupación relativa a los recursos de que dispone el Ministerio de Justicia, Burundi informa de que el Gobierno sigue prestando apoyo financiero conforme al modelo actual y ha aumentado a 25.786.166.006 su presupuesto para el ejercicio presupuestario 2020-2021.

XIII.Libertad de expresión y libertad de reunión pacífica (arts. 6, 7, 9, 18 y 21)

47.La Ley núm. 1/19 de Reglamentación de la Prensa, de 14 de septiembre de 2018, en sus artículos 14, 19, 20, 52, 62 d) y f), 77 y 79, no restringe en extremo la libertad de prensa, sino que trata de garantizar el buen funcionamiento de esta en Burundi. En cuanto a la revocación de licencias y la suspensión de medios de comunicación privados e independientes, el Consejo Nacional de Comunicaciones (CNC) adoptó estas sanciones porque se habían cometido faltas profesionales en contravención de las leyes y los reglamentos vigentes. Sin embargo, tras el diálogo entre los representantes de los medios de comunicación y el CNC, este último decidió, el 26 de febrero de 2021, retirar las sanciones a Radio Bonesha FM, que reanudó sus emisiones. Además, el 16 de junio de 2021, el CNC también retiró las sanciones impuestas en 2018 a la BBC Radio y al periódico Ikiriho. Actualmente, estas estaciones de radio emiten libremente.

48.El CNC trabaja con total independencia. El hecho de que sus miembros sean nombrados por el Presidente de la República, en consulta con los Vicepresidentes del Estado parte, no significa que no sea independiente.

49.Con respecto a las falsas alegaciones de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias por parte de miembros de la policía y del servicio de inteligencia durante las manifestaciones, Burundi señala que, durante la manifestación, el Estado tomó todas las medidas posibles para proteger a la población y ahuyentar pacíficamente a los insurgentes enfurecidos que tenían como objetivo llevar a cabo un golpe de Estado. Se ha creado una comisión de investigación de la insurrección iniciada el 26 de abril de 2015, cuyos resultados hasta la fecha son satisfactorios. Los presuntos autores han sido detenidos o se encuentran exiliados en el extranjero y son objeto de una orden de detención internacional emitida por el Gobierno.

50.Con relación a la libertad de reunión o de manifestación, Burundi señala que la libertad de reunión pacífica está garantizada. Sin embargo, antes de que se celebre una reunión, debe obtenerse la autorización de una autoridad administrativa competente. Además, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de la oposición ejercen sin ningún impedimento su derecho a la protesta o a celebrar reuniones públicas de conformidad con la ley. Por ejemplo, en 2019 y 2020 se celebraron libremente más de 19.529 reuniones de asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y diversos partidos políticos, incluidos los de la oposición.

51.Este derecho siguió ejerciéndose libremente durante la pandemia de COVID-19, dentro del respeto de las medidas de protección adoptadas por el Gobierno, a saber, el distanciamiento físico, el uso obligatorio de mascarillas y el lavado de manos antes de entrar en las reuniones.

XIV.Libertad de asociación y protección de periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos de la oposición (arts. 6, 7, 9, 19 y 22)

52.El Gobierno de Burundi es soberano y debe controlar todas las asociaciones bajo su jurisdicción. De este modo, al aplicar la Ley núm. 1/01 relativa al Marco General de Cooperación entre la República de Burundi y las Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras, de 23 de enero de 2017, y la Ley núm. 1/02 relativa al Marco Orgánico de las Asociaciones sin Fines de Lucro, de 27 de enero de 2017, el Gobierno de la República de Burundi no prohíbe el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, sino que controla sus operaciones. Todas las organizaciones, nacionales o extranjeras, deben respetar las leyes internas del país en el que operan. Las alegaciones según las cuales se ha obligado a miembros de partidos de la oposición o a personas sin afiliación política a afiliarse a un determinado grupo político son falsas, ya que todo burundés puede afiliarse libremente al partido político de su elección sin ningún impedimento.

XV.Derechos del niño (arts. 23, 24 y 26)

53.En cuanto a las alegaciones según las cuales se obligó a estudiantes menores de edad a votar en las elecciones de 2020, Burundi señala que la edad mínima para votar es de 18 años. Ninguna persona de menos de esa edad tiene derecho a votar. Por tanto, las alegaciones son totalmente falsas.

54.En cuanto a las medidas adoptadas para proteger a los niños de toda forma de violencia, en la segunda parte del artículo 25 de la Constitución se establece que “nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En el artículo 44 de la Constitución se dispone que “todo niño tiene derecho a medidas especiales para asegurar o mejorar el cuidado necesario para su bienestar, salud y seguridad física, así como a ser protegido contra los malos tratos, el abuso o la explotación”. Además, Burundi ha aplicado la Ley núm. 1/27, de 29 de diciembre de 2017, de Revisión del Código Penal que refuerza la protección de los derechos del niño, entre otras cosas mediante la revisión de la edad de responsabilidad penal (que ha pasado de 13 a 15 años), la consideración de la minoría de edad como circunstancia atenuante, y medidas que protegen al menor frente a la violencia doméstica, la corrupción de menores, el proxenetismo, la prostitución, la violación, el secuestro, la adopción fraudulenta, la venta, la explotación, la pornografía, etc.

55.En cuanto a los resultados de las medidas adoptadas para reformar el sistema de justicia juvenil, Burundi señala que la protección del interés superior del niño es la prioridad del Gobierno.

56.Por otro lado, el artículo 30 del Código Penal, que establece una lista de medidas de protección, educación y vigilancia que pueden ordenarse en interés de un menor, es de aplicación en los tribunales. Los menores de 15 años no son penalmente responsables. Los delitos que cometan solo dan lugar a una reparación civil (art. 28 del Código Penal).