Comité de Derechos Humanos
Tercer informe periódico que Namibia debía presentar en 2020 en virtud del artículo 40 del Pacto *
[Fecha de recepción: 4 de agosto de 2021]
Índice
Página
Prefacio3
Abreviaturas4
I.Introducción5
II.Respuestas a las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos5
III.Artículos del Pacto (1 a 27)27
Artículo 1. Derecho a la libre determinación de los pueblos27
Artículo 2. Aplicación del Pacto a nivel nacional28
Artículo 3. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres29
Artículos 4 y 5. Restricción de derechos (estado de emergencia)29
Artículo 6. Derecho a la vida29
Artículo 7. Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos degradantes30
Artículo 8. Esclavitud y trabajo forzoso31
Artículo 9. Derecho a la libertad y a la seguridad personales32
Artículo 10. Trato humano de las personas privadas de libertad33
Artículo 11. Derecho a no ser encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual34
Artículo 12. Libertad de circulación34
Artículo 13. Expulsión de extranjeros34
Artículo 14. Derecho a la igualdad ante los tribunales y a ser oído públicamente y con lasdebidas garantías por un tribunal independiente establecido por ley35
Artículo 15. Irretroactividad de las leyes35
Artículo 16. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica35
Artículo 17. Derecho al respeto de la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia,y a la protección de la honra y la reputación35
Artículo 18. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión36
Artículo 19. Derecho a la libertad de expresión37
Artículo 20. Prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la apología del odio nacional, racial o religioso37
Artículos 21 y 22. Derecho de reunión pacífica y de libertad sindical38
Artículo 23. Protección de la familia, derecho al matrimonio e igualdad de los cónyuges39
Artículo 24. Derechos del niño39
Artículo 25. Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho de voto y derecho a laigualdad de acceso a la función pública40
Artículo 26. Igualdad e igual protección de la ley40
Artículo 27. Derechos de las minorías41
Prefacio
El Gobierno de Namibia se complace en presentar al Comité de Derechos Humanos el tercer informe periódico del Estado de Namibia que abarca el período de 2015 a 2019. El informe se ha preparado de conformidad con las directrices generales del Comité de Derechos Humanos relativas a la forma y el contenido de los informes periódicos que deben presentar los Estados partes (CCPR/C/66/GUI/Rev.2). Este informe periódico es el resultado de la labor de colaboración entre los ministerios, oficinas y organismos gubernamentales, así como de la información que se recabó mediante investigación y la proveniente de los informes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) pertinentes, bajo la atinada dirección del Ministerio de Justicia.
Cuando Namibia ingresó en las Naciones Unidas el 23 de abril de 1990, aceptó la Carta de las Naciones Unidas, que expresa claramente la determinación de los Estados Miembros de, entre otras cosas, defender, respetar y observar los derechos humanos de los ciudadanos y las libertades fundamentales de todos. A la fecha, Namibia es Estado parte en 7 de los 9 instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, el Pacto).
El capítulo 3 de la Constitución de Namibia (en adelante, la Constitución) sigue complementando y apoyando la visión del Pacto de reconocer la dignidad inherente a la persona humana y la igualdad de todas las personas sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. El artículo 10, en particular, establece que “Todas las personas son iguales ante la ley y nadie podrá ser objeto de discriminación por motivos de sexo, raza, color, origen étnico, religión, creencias o condición económica o social”.
En consecuencia, desde la presentación del segundo informe periódico del país al Comité de Derechos Humanos, en 2014, el Gobierno también ha seguido aplicando los compromisos contraídos por Namibia en virtud del Pacto. En el marco de su labor encaminada a garantizar la adhesión a estos compromisos, Namibia ha promulgado la Ley de Cuidado y Protección del Niño, de 2015 (Ley núm. 3 de 2015), que, junto con la Ley de Pensión Alimentaria, de 2003 (Ley núm. 9 de 2003), garantiza la protección de los niños con arreglo a lo establecido en el artículo 23, párrafo 4, del Pacto. La Ley de Cuidado y Protección del Niño, de 2015, que entró en vigor el 30 de enero de 2019, reafirma la igualdad de derechos y responsabilidades de ambos padres en el cuidado de sus hijos. El Gobierno de Namibia también ha aprobado la Ley de Derogación de Leyes Obsoletas, de 2018 (Ley núm. 21 de 2018), que entró en vigor el 1 de marzo de 2018. Esta Ley deroga una serie de leyes, disposiciones de autoridades locales, reglamentos, bandos y leyes coloniales del período previo a la independencia que eran injustas o discriminatorias por motivos de raza, sexo, color, origen étnico, religión, credo, condición social o económica y que, por lo tanto, son incompatibles con la Constitución.
Huelga decir que el Gobierno sigue decidido a proteger y promover los derechos humanos en el país, a fin de cumplir las obligaciones que incumben a Namibia en virtud de los diversos instrumentos de derechos humanos en los que es Estado parte. En consecuencia, Namibia seguirá trabajando con diligencia con los organismos regionales e internacionales para garantizar que la salvaguardia de los derechos humanos siga teniendo prioridad en los asuntos mundiales.
Yvonne Dausab, parlamentaria
Ministra de Justicia
República de Namibia
Abreviaturas
CRPDConvención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
OIMOrganización Internacional para las Migraciones
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONG organización no gubernamental
ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
TIKAAgencia de Cooperación y Desarrollo de Turquía
UNFPAFondo de Población de las Naciones Unidas
UNODCOficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
VIHvirus de la inmunodeficiencia humana
I.Introducción
1.Namibia es Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tras haberlo ratificado el 28 de noviembre de 1982. Este informe se presenta de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exige a los Estados partes que presenten informes sobre la aplicación de las disposiciones del Pacto respondiendo a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos e indicando las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto y los avances realizados en el disfrute de esos derechos.
2.En consonancia con las directrices del Comité de Derechos Humanos sobre la forma y el contenido de los informes, este informe consta de tres partes: la parte I es una sección introductoria que incluye información sobre la metodología del informe; la parte II proporciona información y respuestas a las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el último informe; y la parte III proporciona información, desde el último informe, sobre los derechos sustantivos reconocidos en los artículos pertinentes del Pacto.
3.La información que figura en el informe abarca el período 2015-2019. Namibia celebra la decisión del Comité de aceptar la presentación del tercer informe periódico como informe combinado y presentado en un solo documento.
Metodología del informe
4.Este informe fue elaborado por el Ministerio de Justicia a partir de la información recibida de las oficinas, ministerios y organismos gubernamentales, así como de la que se recabó mediante investigación y la proveniente de los informes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) pertinentes.
II.Respuestas a las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos
Principales motivos de preocupación y recomendaciones(respuesta a las recomendaciones núms. 5 y 6)
5.El Estado parte informa al Comité de que ya están en funcionamiento los mecanismos para aplicar sus dictámenes. El denunciante que considere que se han vulnerado sus derechos puede interponer recursos ante los tribunales de Namibia. Además, todo denunciante puede dirigirse al Comité con arreglo al Protocolo Facultativo, siempre que haya agotado antes los recursos internos.
Institución nacional de derechos humanos (respuesta a las recomendaciones núms. 7 y 8)
6.Se ha redactado un nuevo proyecto de ley por el que se modifica la Ley del Defensor del Pueblo; se está a la espera de que el Ministro de Justicia apruebe las cuestiones relativas a las políticas, tras lo cual se podrá seguir avanzando. El proyecto de ley prevé el nombramiento del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Adjunto, y la publicación de dichos nombramientos en el Boletín Oficial. Además, recomienda la creación en la Administración Pública de Namibia de una oficina que se denominará Defensoría del Pueblo, que se encargará de prestar servicios de apoyo administrativo y financiero y relacionados con la Defensoría y de asistir al Defensor del Pueblo en el desempeño de sus funciones y tareas previstas en la Constitución de Namibia, en el proyecto de ley o en cualquier otra ley. La Defensoría estará conformada por el Defensor del Pueblo, los Defensores del Pueblo Adjuntos, el Defensor del Niño y los miembros del personal, algunos de los cuales se encargarán de la investigación de denuncias. En octubre de 2018, la Defensoría del Pueblo fue evaluada de nuevo, con arreglo a los Principios de París, y fue acreditada como institución de categoría “A”.
No discriminación (respuesta a las recomendaciones núms. 9 y 10)
Sucesión intestada
7.El Ministerio de Justicia, a través de su División de Sucesiones, Patrimonio Insolvente y Fideicomisos, está actualmente celebrando consultas sobre la posible promulgación de un proyecto de ley de sucesión intestada, que tendrá como objetivo resolver algunos de los problemas dimanantes del régimen vigente de sucesión intestada.
Legislación sobre delitos motivado por el odio
8.Como se señaló en el último informe, la Ley de Prohibición de la Discriminación Racial, de 1991 (Ley núm. 26 de 1991), leída conjuntamente con los artículos 10 y 23 de la Constitución, sigue siendo la legislación principal del Estado para luchar contra la discriminación, y combate todas las formas de racismo. Además, cabe mencionar que la Comisión de Desarrollo y Reforma de la Legislación, a través del Ministerio de Justicia, revisó 144 leyes discriminatorias que habían sido diseñadas previamente para promover la política y la agenda del antiguo régimen del apartheid. Este ejercicio de revisión y reforma ha culminado con la promulgación de la Ley de Derogación de Leyes Obsoletas, de 2018 (Ley núm. 21 de 2018), que entró en vigor el 1 de marzo de 2018. La Defensoría del Pueblo está actualmente estudiando un proyecto de ley sobre el discurso de odio. El proyecto de ley aún está incompleto, ya que todavía hay que consultar a las partes interesadas, la comunidad jurídica y los organismos públicos.
El delito de sodomía en el common law , y relaciones entre personasdel mismo sexo
9.Las leyes de Namibia de lucha contra la discriminación se aplican a todas las personas, independientemente de su orientación sexual, y la Comisión de Desarrollo y Reforma de la Legislación está revisando la ley que penaliza la sodomía, que desde la independencia no ha sido invocada para llevar a cabo enjuiciamientos. Namibia defiende la protección de todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual. La Defensoría del Pueblo elaboró el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos, que fue aprobado en Consejo de Ministros e incluye las cuestiones relativas a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. Estas personas también están protegidas por el capítulo 3, artículo 10, de la Constitución.
Personas seropositivas para el VIH
10.La Constitución garantiza a todas las personas la igualdad de derechos y libertades y prohíbe toda forma de discriminación. El Gobierno ha dado prioridad, en la agenda nacional, a la lucha contra el VIH/sida, y proporciona a todas las personas acceso a los establecimientos de salud públicos en condiciones de igualdad. Además, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud y Servicios Sociales, ha establecido un amplio programa de concienciación sobre el VIH/sida que tiene por objeto informar y asesorar a las madres y parejas infectadas. El Gobierno ha realizado importantes avances en materia de servicios de prevención de la transmisión maternoinfantil, que se han ampliado, y que, hasta la fecha, están disponibles en cerca del 96 % de los establecimientos de salud de todo el país.
11.Por otra parte, el Ministerio de Salud y Servicios Sociales estableció el Marco Estratégico Nacional contra el VIH para el período 2017/18-2021/22. Se trata del tercer Marco Estratégico Nacional contra el VIH que se aplica en Namibia. En el Marco Estratégico Nacional se adopta el enfoque de inversión para identificar los lugares, servicios y poblaciones que, mediante una programación más intensa, pueden aportar los mejores resultados en cuanto a cobertura e impacto. El Marco ha dado prioridad a las trabajadoras sexuales no solo en materia de información sobre el VIH/sida, sino también en cuanto a prevención, tratamiento, atención y modalidades de pruebas de detección del VIH, lo cual tiene un alto impacto. Además, los trabajadores sanitarios han recibido formación para prestar servicios de atención de la salud exentos de prejuicios a las trabajadoras sexuales y otros grupos de población clave.
12.La evaluación del impacto del VIH en la población de Namibia realizada en 2017 indicó que las intervenciones del país en materia de VIH han dado lugar a un excelente progreso hacia las metas establecidas por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). Namibia alcanzó para sus mujeres el objetivo 90-90-90 establecido por el ONUSIDA en relación con el VIH/sida, y se esfuerza por alcanzar el objetivo 95-95-95. Namibia, con el apoyo de sus asociados para el desarrollo, ha realizado importantes avances en la lucha contra el VIH y el sida. Sin embargo, algunos obstáculos socioculturales, legales y en materia de políticas siguen dificultando a algunos grupos de población clave el acceso y la utilización de los servicios. El Ministerio de Salud y Servicios Sociales estableció la plataforma conocida como Grupo de Trabajo Técnico de Grupos de Población Clave, como parte del mecanismo de coordinación para el VIH/sida previsto en el Marco Estratégico Nacional contra el VIH. La plataforma permite difundir información nacional y programática sobre los programas relativos a los grupos de población clave. El Ministerio colabora estrechamente con la ONG Society for Family Health. Uno de los programas que está implementando esta ONG tiene por objeto complementar las intervenciones del Ministerio de Salud y Servicios Sociales en materia de atención preventiva y tratamiento del VIH para los grupos de población clave, a saber, las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las personas transexuales.
13.En un esfuerzo por hacer frente a la escasez de personal calificado en la lucha contra el VIH/sida, el Gobierno ha pedido a las instituciones de enseñanza superior que introduzcan cursos específicos destinados a aumentar el número de profesionales sanitarios formados. A estos efectos, la Universidad de Namibia y la Universidad Internacional de Gestión ofrecen cursos sobre Educación y Gestión del VIH/Sida, así como estudios sobre Salud y Bienestar. La Política Sectorial de las Fuerzas de Defensa en materia de VIH/Sida no permite la discriminación basada en el estado serológico respecto del VIH.
Personas con discapacidad
14.El Estado parte firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 25 de abril de 2007, y la ratificó, junto con el Protocolo Facultativo, el 4 de diciembre de 2007. En 2005, Namibia respaldó el Plan de Acción del Decenio Africano para las Personas con Discapacidad. El marco jurídico y de políticas de Namibia en materia de igualdad y no discriminación se ajusta plenamente el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las personas con discapacidad pueden recurrir a la ley para proteger y promover sus intereses en igualdad de condiciones con las demás personas.
15.El cuadro que se presenta a continuación muestra las estadísticas desglosadas sobre las personas con discapacidad que están empleadas en diversos sectores, para el período 2015-2018, según los datos registrados en la Oficina del Comisionado para la Equidad en el Empleo. No se dispone de estadísticas para el período 2018-2020.
Cuadro 1
Personas con discapacidad empleadas en diversos sectores, para el período 2015-2018
Sector |
2014 - 2015 |
2015 - 2016 |
2016 - 2017 |
2017 - 2018 |
||||
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
|
Administración local, agua y servicios conexos |
48 |
3 |
42 |
9 |
29 |
3 |
40 |
14 |
Agricultura |
1 |
1 |
4 |
2 |
6 |
3 |
5 |
2 |
Comercio mayorista y minorista |
67 |
50 |
66 |
56 |
58 |
52 |
90 |
62 |
Construcción |
34 |
8 |
29 |
7 |
35 |
10 |
47 |
7 |
Educación, f ormación y d esarrollo |
14 |
13 |
9 |
11 |
17 |
10 |
12 |
10 |
Intermediación financiera |
24 |
12 |
17 |
11 |
35 |
14 |
22 |
10 |
Manufactura |
39 |
13 |
44 |
13 |
45 |
17 |
59 |
12 |
Minería |
66 |
18 |
54 |
12 |
56 |
13 |
59 |
12 |
Salud y bienestar |
1 |
7 |
1 |
6 |
1 |
8 |
3 |
7 |
Servicios |
88 |
42 |
110 |
43 |
109 |
61 |
84 |
55 |
Servicios jurídicos, de seguridad privada y penitenciarios |
32 |
17 |
52 |
36 |
69 |
34 |
47 |
31 |
Servicios públicos |
123 |
69 |
90 |
73 |
216 |
131 |
240 |
170 |
Tecnologías de los sistemas de información, electrónica y telecomunicaciones |
4 |
3 |
42 |
9 |
29 |
3 |
32 |
3 |
Transporte |
20 |
4 |
16 |
10 |
13 |
3 |
25 |
7 |
Turismo y hotelería |
26 |
7 |
16 |
7 |
23 |
4 |
19 |
10 |
Total |
625 |
275 |
570 |
308 |
753 |
383 |
757 |
420 |
Fuente : Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y Creación de Empleo, 2020.
16.La Universidad de Namibia cuenta con políticas de apoyo a los estudiantes y empleados con discapacidad. Además, ha modificado su infraestructura para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las diversas instalaciones. En el siguiente cuadro se indica la matriculación de estudiantes con discapacidad en los cinco últimos años.
Cuadro 2
Matriculación de estudiantes con discapacidad en la Universidad de Namibia en los cinco últimos años
Año académico |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Campus principal Windhoek |
17 |
22 |
27 |
38 |
47 |
55 |
Campus Khomasdal |
3 |
4 |
6 |
4 |
7 |
10 |
Campus Hage Geingob |
3 |
4 |
5 |
|||
Campus Neudam |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Campus Sam Nuujoma |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
Campus José Eduardo-dos-Santos |
2 |
3 |
3 |
|||
Campus Hifikepunye Pohamba |
1 |
1 |
2 |
6 |
5 |
5 |
Campus Katima Mulilo |
4 |
32 |
32 |
|||
Campus Rundu |
1 |
1 |
8 |
|||
Campus del Sur |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Campus Oshakati |
3 |
4 |
2 |
5 |
4 |
8 |
Total |
26 |
34 |
40 |
66 |
105 |
129 |
Fuente : Universidad de Namibia, 2020.
17.Actualmente están matriculados en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Namibia 142 estudiantes con discapacidad, 64 de ellos hombres y 78 mujeres. La legislación de Namibia prohíbe la discriminación de las personas en el empleo, la atención de la salud, la educación y la prestación de otros servicios públicos. La Ley del Trabajo, de 2007 (Ley núm. 11 de 2007), prohíbe la discriminación en cualquier decisión relativa al empleo que se base en factores determinados diversos, entre ellos cualquier “grado de discapacidad física o mental”. Ahora bien, esta Ley exceptúa a aquellas personas que, como consecuencia de una determinada discapacidad, no puedan desempeñar las labores o funciones asociadas con el puesto o cargo que ocupen. La labor encaminada a lograr la observancia de esta Ley no ha sido efectiva, debido a la discriminación social persistente.
18.La Defensoría del Pueblo es un órgano independiente encargado de velar por que se reparen las violaciones de los derechos humanos de todos los namibios, incluidas las personas con discapacidad, en virtud de las funciones y competencias previstas en el capítulo 10 de la Constitución y en la Ley del Defensor del Pueblo, de 1990 (Ley núm. 7 de 1990). Las personas con discapacidad pueden presentar denuncias por violaciones de los derechos humanos ante la Defensoría del Pueblo. Esta puede, en nombre de los denunciantes, dirigirse a un tribunal competente para solicitar reparación por cualquier violación de sus derechos y libertades fundamentales. El Defensor del Pueblo también está facultado para llevar a cabo audiencias públicas (investigaciones) sobre la discriminación en materia de derechos humanos. Recientemente, entre el 28 de julio y el 5 de agosto de 2019, llevó a cabo audiencias públicas en cuatro regiones sobre la discriminación, la estigmatización y las dificultades a las que se enfrentan las personas con albinismo.
19.La aplicación del artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se enfrenta a varias dificultades. Figuran, entre ellas, la pobreza; los recursos limitados para emprender litigios; la falta de información sobre el acceso a las entidades adecuadas para denunciar cualquier violación de derechos; las barreras de comunicación; la capacidad limitada de la administración de justicia y del personal judicial para ocuparse de las cuestiones de discapacidad; la inaccesibilidad de los edificios y el transporte; el hecho de que los documentos judiciales no estén disponibles en braille o en un tamaño de letra adaptado a las personas con deficiencias visuales parciales; y la prestación limitada de servicios de lengua de señas.
20.El artículo 9 de la Ley de Cuidado y Protección del Niño, de 2015 (Ley núm. 3 de 2015), establece que toda persona, autoridad, institución u organismo debe tratar a un niño con discapacidad de manera que se respete su dignidad. Además, obliga a las diversas instituciones que prestan servicios de educación, capacitación, atención de la salud, apoyo y rehabilitación a disponer de la atención y la protección adecuadas que permitan a quienes los necesitan acceder a ellos, lo que redunda en el interés superior del niño.
21.La Defensoría del Pueblo realizó audiencias sobre la situación de las personas con albinismo en el país. Se celebraron audiencias públicas en Oshakati, el 29 de julio de 2019; en Eenhana, el 30 de julio de 2019; en Okongo, el 21 de julio de 2019; en Rundu, el 1 de agosto de 2019; y en Windhoek, el 5 de agosto de 2019. Asistieron a las audiencias personas con albinismo, el Presidente y el Vicepresidente de la Asociación de Albinos de Namibia, el Defensor del Pueblo y un miembro del personal de la Defensoría del Pueblo. El siguiente paso, previsto para marzo de 2020, era realizar un taller de capacitación para personas con albinismo, en colaboración con el centro de medios de difusión sobre derechos humanos. Sin embargo, debido a las restricciones resultantes de la COVID-19, la capacitación no pudo celebrarse como estaba previsto. La Defensoría del Pueblo tiene la intención de reprogramar la capacitación para marzo de 2021, y presentar luego un informe al respecto.
Discriminación contra la mujer (respuesta a lasrecomendaciones 11 y 12)
22.El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil, sigue adoptando medidas para eliminar en las comunidades los roles de género basados en estereotipos. A estos efectos, se han realizado campañas de sensibilización dirigidas a los dirigentes tradicionales y al público en general, en las que se promueve su participación, sobre las repercusiones negativas de dichos estereotipos discriminatorios.
23.Todas las formas de esterilización están reguladas por la Ley de Aborto y Esterilización, de 1975 (Ley núm. 2 de 1975). La esterilización forzada de mujeres seropositivas para el VIH está prohibida por la Constitución, que es la ley suprema del país. El Tribunal Supremo falló en contra del Gobierno en la causa LM and Others v. Government of the Republic of Namibia, causa núm. SA 49/2012, esgrimiendo la falta de consentimiento informado debido a que, durante el parto, la capacidad mental de quien lo daba se había visto afectada. El Ministerio de Salud y Servicios Sociales introdujo recientemente nuevas directrices sobre esterilización. Se destaca en ellas la importancia de obtener el consentimiento previo e informado de las mujeres que pretendan someterse al procedimiento. El Ministerio publicó la Notificación Oficial núm. 73, que en su artículo 7, párrafo 1, apartado[s a) y] c), [incisos x)] a xiii), establece su posición con respecto al consentimiento informado.
24.El Gobierno reconoce que, en casos aislados en algunas partes del país, todavía existen algunas formas de estigmatización hacia las madres solas. Sin embargo, a pesar de sus limitados recursos, el Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad de Género, Erradicación de la Pobreza y Bienestar Social, sigue concediendo prestaciones por hijos a cargo a las madres solas sin ingresos. Las madres solas que cumplen los requisitos del programa de ayuda alimentaria del Gobierno, conocido como Banco de Alimentos, pueden solicitar dicha ayuda. A fin garantizar que las solicitudes de manutención de los progenitores solos se tramiten a tiempo y que a los padres que no pagan la pensión alimentaria se les exija rendición de cuentas, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha encomendado recientemente a dos tipos de funcionarios las labores de investigación y vigilancia, en materia de manutención.
25.El Gobierno reconoce la validez de la preocupación del Comité por la elevada tasa de desempleo de las mujeres y la segregación ocupacional que persiste entre hombres y mujeres, y por el número relativamente bajo de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad. El Gobierno no dispone aún de una política de protección social. Sin embargo, ya existe un proyecto de Política Nacional de Protección Social, que se elaboró con la colaboración del Ministerio de Igualdad de Género, Erradicación de la Pobreza y Bienestar Social. A fin de apoyar la formación profesional de calidad y la remuneración del aprendizaje de oficios y de las pasantías conexas para los jóvenes de ambos sexos, este Ministerio establece que el proyecto de Política Nacional de Protección Social se centrará específicamente en estos grupos y ámbitos y tendrá los dos objetivos siguientes: 1) mejorar la asistencia financiera a la formación profesional y terciaria, y 2) crear empleo y empoderar a las mujeres y los jóvenes.
26.El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil, se ha esforzado por sensibilizar a la población sobre las cuestiones relativas a la igualdad de género, promoviendo la paridad económica de las mujeres y fomentando el equilibrio de género en la toma de decisiones, con lo que contribuye a disminuir los casos de violencia de género. El Ministerio, en colaboración con IDEA Internacional, organizó cursos de formación y talleres de capacitación sobre la mejora de la igualdad de género dentro de los partidos y el empoderamiento de las mujeres en Namibia. El primer curso de capacitación, que se llevó a cabo en 2017, estaba dirigido a las mujeres que ocupan altos cargos en los partidos; el segundo, celebrado ese mismo año, se dirigió a las mujeres de los consejos regionales y locales; el tercero, celebrado en 2018, se dirigió a los jóvenes de las diferentes ligas juveniles de los partidos políticos; y el último, celebrado en 2019, se dirigió a los ediles regionales.
27.Namibia, al igual que muchos países en desarrollo, cuenta con una serie de programas de protección social, como la pensión de jubilación, el subsidio por discapacidad, la prestación funeraria, el Banco de Alimentos y el acceso a la tierra y la vivienda, dirigidos a los grupos vulnerables con el objetivo de amortiguar las repercusiones negativas de la pobreza. Estos programas no solo alivian la pobreza, sino que también apoyan el crecimiento económico.
28.El Gobierno da prioridad a la formación profesional y al desarrollo de las aptitudes. Ha adoptado medidas para aumentar el acceso de las niñas a la educación y la finalización de esta, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional, así como a los programas de desarrollo de las aptitudes. A fin de aumentar la sensibilidad de género, eliminar los prejuicios en todos los niveles de la educación y garantizar la igualdad de género, el Gobierno ha fortalecido los planes de estudio e impartido formación en derechos humanos a los docentes y otros profesionales de la educación. Esta formación tiene además por objeto promover entornos educativos seguros, libres de acoso e inclusivos para las mujeres y las niñas.
29.Actualmente hay, en total, 97 formadores que están registrados en todo el país ante la Autoridad de Formación de Namibia. De los 97 formadores, 21 están adscritos al sector público y 76, al privado. Se presenta a continuación información sobre el número de titulados en enseñanza y formación técnica y profesional.
Cuadro 3
Información sobre titulados en enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP)
Titulados en EFTP |
|||
Año |
Hombres |
Mujeres |
Total |
2015 |
2 234 |
1 618 |
3 852 |
2016 |
3 392 |
2 457 |
5 849 |
2017 |
5 074 |
3 674 |
8 748 |
2018 |
5 188 |
3 756 |
8 944 |
2019 |
2 453 |
1 810 |
4 263 |
Fuent e: Autoridad de Formación de Namibia, 2019.
30.El cuadro que se presenta a continuación muestra el número de hombres y mujeres que ocupan puestos de dirección en los centros de formación profesional.
Cuadro 4
Número de hombres y mujeres en puestos de dirección en los centros de formación profesional
Hombres |
Mujeres |
Total |
3 |
2 |
5 |
3 |
1 |
4 |
3 |
1 |
4 |
3 |
1 |
4 |
2 |
1 |
3 |
1 |
0 |
1 |
15 |
6 |
21 |
Fuente : Autoridad de Formación de Namibia, 2019.
31.El Gobierno sigue mejorando el acceso de las mujeres al desarrollo de aptitudes y a la formación en ámbitos nuevos y emergentes, especialmente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y en conocimientos informáticos básicos y avanzados, que son ámbitos históricamente considerados masculinos. Los cuadros que se presentan a continuación muestran la matrícula en la Universidad de Namibia y en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Namibia para los programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de 2015 a 2020.
Cuadro 5
Matrícula en la Universidad de Namibia para los programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) de 2015 a 2020
Año académico |
Mujeres |
Hombres |
Total |
2015 |
976 |
1 138 |
2 114 |
2016 |
998 |
1 222 |
2 220 |
2017 |
1 107 |
1 196 |
2 303 |
2018 |
1 185 |
1 305 |
2 490 |
2019 |
1 415 |
1 399 |
2 814 |
2020 |
1 227 |
1 310 |
2 537 |
Fuente: Universidad de Namibia, 2020.
Cuadro 6
Matrícula en los programas de CTIM en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Namibia
Año académico |
Mujeres |
Hombres |
Total |
2015 |
1 390 |
2 434 |
3 824 |
2016 |
1 495 |
2 666 |
4 161 |
2017 |
1 540 |
2 714 |
4 254 |
2018 |
1 664 |
2 889 |
4 553 |
2019 |
1 850 |
3 106 |
4 956 |
2020 |
1 903 |
3 204 |
5 107 |
Fuente : Universidad de Ciencia y Tecnología de Namibia, 2020.
32.El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y Creación de Empleo, se ha esforzado por evitar la discriminación en el disfrute del derecho al trabajo. Mediante la aplicación de la Ley de Medidas de Acción Afirmativa, de 1998 (Ley núm. 29 de 1998), ha instituido procedimientos que contribuyen a la eliminación de la discriminación en la contratación y promoción de las mujeres, tanto en el sector privado como en el público. Todos los empleadores de Namibia deben presentar un informe anual sobre medidas de acción afirmativa en que se indique el número de hombres y mujeres de entornos desfavorecidos y favorecidos que tienen empleados.
Prácticas nocivas para las mujeres y las niñas (respuesta a las recomendaciones 13 y 14)
33.El Gobierno reconoce que existen algunos casos aislados de prácticas culturales nocivas para las mujeres, las niñas y los niños. Se invita al Comité a tomar nota de que, en gran medida, ciertas prácticas culturales, como la poligamia, no son consideradas nocivas por muchas comunidades namibias. Teniendo esto en cuenta, el Gobierno, a través de la Comisión de Reforma y Desarrollo de la Legislación, está llevando a cabo una investigación sobre los matrimonios consuetudinarios, como el matrimonio polígamo, con miras a promulgar una ley específica que regule dichas uniones.
34.El Gobierno reconoce la importancia de difundir información en la sociedad sobre ciertas prácticas culturales perjudiciales. Como parte de su labor de difusión de dicha información, el Gobierno ha pedido a las instituciones de educación terciaria que introduzcan cursos que tengan en cuenta las cuestiones de género. En este sentido, la Universidad de Namibia, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Namibia y la Universidad Internacional de Gestión han introducido cursos y asignaturas sobre género y desarrollo.
35.El artículo 19 de la Constitución garantiza el derecho a la cultura, siempre que el disfrute y la práctica de ese derecho no infrinjan los derechos de los demás ni vayan en contra del interés nacional. El Gobierno señala que las prácticas culturales nocivas no se toleran, aunque sí se producen en casos aislados en todo el país. El Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil sigue procurando implicar a los dirigentes tradicionales en las cuestiones relacionadas con los estereotipos de género y las prácticas nocivas. Hay 14 oficiales de enlace comunitario repartidos por 14 regiones del país, que educan y difunden información sobre las repercusiones negativas de los estereotipos de género y las prácticas nocivas. A fin de prevenir la sexualización de las mujeres en los medios de comunicación, el Gobierno sigue ofreciendo formación a los profesionales de dichos medios sobre cómo informar con perspectiva de género.
36.La Ley de Cuidado y Protección del Niño (Ley núm. 3 de 2015) contiene disposiciones que prohíben las prácticas consuetudinarias nocivas que vulneran los derechos de las mujeres y los niños, como el matrimonio infantil y la actividad sexual y la gestación precoces. Estos matrimonios son contrarios a la ley y, una vez descubiertos, los autores pueden ser acusados de infringir el artículo 226 de la Ley de Cuidado y Protección del Niño y otras leyes pertinentes.
Interrupción del embarazo y acceso a métodos anticonceptivos (respuesta a las recomendaciones 15 y 16)
37.En la Ley de Aborto y Esterilización, de 1975 (Ley núm. 2 de 1975), se prevén las circunstancias en que las mujeres y las niñas pueden tener acceso a abortos legales y sin riesgos. El Gobierno reconoce que en el país se llevan a cabo abortos ilegales y en condiciones de riesgo. Sin embargo, a las mujeres que se han sometido a este tipo de abortos se les ofrece tratamiento médico sin discriminación. El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil y el Ministerio de Salud y Servicios Sociales, lleva a cabo periódicamente campañas de sensibilización sobre las alternativas al aborto, el acceso a los anticonceptivos y los servicios de planificación familiar, incluido el uso de distintos métodos anticonceptivos.
Matrimonio consuetudinario, entrega de la viuda en herencia y matrimonio forzado (respuesta a las recomendaciones 17 y 18)
38.El Gobierno desea señalar al Comité que la práctica de la lobola no vulnera en modo alguno los derechos de la mujer. Es una forma de dote pagada por el novio y su familia a la familia de la novia como muestra de agradecimiento del novio a la familia de la novia. Por consiguiente, el Gobierno no tiene previsto suprimir esta parte importante y esencial de la cultura africana.
39.El artículo 14 de la Constitución establece que el matrimonio solo puede contraerse con el libre y pleno consentimiento de los contrayentes, hombre y mujer mayores de edad, sin ningún límite en razón de la raza, el color, el origen étnico, la nacionalidad, la religión, el credo o la condición social o económica. Además, establece el derecho a “casarse y fundar una familia”.
40.La legislación de Namibia reconoce dos tipos de matrimonios: el civil y el consuetudinario. Los matrimonios civiles se rigen por la Ley de Matrimonios, de 1961 (Ley núm. 25 de 1961), y la Ley de la Igualdad de los Cónyuges, de 1996 (Ley núm. 1 de 1996). Las normas que rigen los matrimonios consuetudinarios no están codificadas y, estos están regulados por las costumbres específicas de las distintas comunidades tradicionales.
41.La nueva legislación sobre niños es la Ley de Cuidado y Protección del Niño, de 2015 (Ley núm. 3 de 2015), que contiene disposiciones que prohíben las prácticas consuetudinarias nocivas que vulneran los derechos de las mujeres y los niños, como el matrimonio infantil y la actividad sexual y la gestación precoces. El artículo 226 penaliza las prácticas nocivas y los matrimonios infantiles. Quien contravenga esas disposiciones comete un delito y puede ser condenado a una multa de hasta 50.000 dólares de Namibia, a una pena de prisión de hasta diez años o a ambas cosas.
42.Además, el Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil, realizó un estudio para evaluar la situación de los matrimonios infantiles en Namibia. El objetivo de este estudio era describir la situación de los matrimonios infantiles en Namibia para fundamentar, a partir de datos empíricos, el desarrollo de políticas, la reforma jurídica, la movilización de recursos y la programación. El mismo Ministerio, a través de sus oficiales de enlace en materia de género en las regiones, sigue concienciando a las comunidades sobre los peligros de ciertas prácticas culturales, así como animando a los miembros de la comunidad a denunciar los casos de estas prácticas.
43.No hay pruebas contundentes que sugieran que la práctica de la “entrega de la viuda en herencia” (levirato) esté extendida en el país, y la mayoría de las comunidades tradicionales no se adhieren a esta práctica.
Desaparición forzada (respuesta a las recomendaciones 19 y 20)
44.El Estado parte toma nota de la preocupación del Comité y consultará al respecto con las partes interesadas en la materia.
Prohibición de la tortura y los malos tratos (respuesta a las recomendaciones 21 y 22)
45.La Dirección de Investigación Interna no es una entidad independiente, ya que opera junto a otros organismos, como la Policía de Namibia, que se rige por la Ley de la Policía y los manuales de policía y el manual de administración. En cualquier comisaría local, los ciudadanos pueden presentar denuncias contra la policía, que son investigadas por la Dirección de Investigación Interna a efectos de identificación, enjuiciamiento penal y procesamiento ante los tribunales ordinarios. En el ejercicio de sus funciones, una vez concluida su investigación, la Dirección formula recomendaciones. Se han registrado casos de denuncias contra agentes de policía por asesinato, intento de asesinato, agresión con intención de causar daños corporales graves y agresión común. Todas las personas, incluidas las trabajadoras sexuales, son libres de presentar cargos penales contra cualquier agresor.
Tortura, violencia, incluida la violencia sexual contra la mujer, y derecho a la vida (respuesta a las recomendaciones 23 y 24)
46.El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil, sigue adoptando medidas para eliminar los roles de género basados en estereotipos. A estos efectos, realiza campañas de sensibilización dirigidas a los dirigentes tradicionales y al público en general, en las que se promueve su participación, sobre las repercusiones negativas de los estereotipos discriminatorios en el disfrute de los derechos de las mujeres. El personal regional del Ministerio sensibilizó a los dirigentes tradicionales sobre las leyes de género y de violencia de género mediante la realización y organización de talleres y sesiones de capacitación sobre la igualdad de género y las leyes relacionadas con el género, utilizando la Carpeta Nacional de Namibia de Recursos para la Formación sobre la Violencia de Género, que proporciona mensajes clave y conocimientos amplios sobre la violencia de género y la manera de enfrentarla. Los principales destinatarios de estas actividades son los dirigentes tradicionales, los maestros rurales, los jóvenes y los alumnos.
47.El mandato de las autoridades tradicionales incluye resolver, dentro de la comunidad tradicional y con arreglo a las costumbres específicas, controversias y litigios, entre ellos los relacionados con la violencia doméstica y de género, y ordenar el pago de indemnizaciones a las víctimas.
48.El Gobierno sigue determinado a aplicar las leyes destinadas a hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas. Desde el último informe se han promulgado importantes leyes para ayudar a disminuir los casos de este tipo de violencia. Se trata de las siguientes:
La Ley de Protección de Testigos, de 2017 (Ley núm. 11 de 2017):
Esta Ley, que tiene por objeto proteger a las personas que denuncian casos de otras formas de violencia de género, como la trata de personas, establece un Comité Asesor de Protección de Testigos, un programa de protección y un fondo.
La Ley de Cuidado y Protección del Niño, de 2015 (Ley núm. 3 de 2015):
Esta Ley tiene por objeto hacer efectivos los derechos del niño contemplados en la Constitución y en los acuerdos internacionales vinculantes para Namibia, así como establecer los principios relativos al interés superior del niño.
La Ley de Lucha contra la Trata de Personas, de 2018 (Ley núm. 1 de 2018):
Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, tipificar como delito la trata de personas y otros delitos conexos y proteger y asistir a las víctimas de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.
La Ley de Educación Básica, de 2020 (Ley núm. 3 de 2020):
Esta Ley tiene por objeto promover y regular la educación básica gratuita y obligatoria; garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad y un aprendizaje permanente; promover y proteger el derecho de los alumnos a la educación; establecer, acreditar, registrar, dirigir y gestionar las escuelas y albergues estudiantiles, públicos y privados; y disponer la creación del Consejo Consultivo Nacional de Educación, los foros regionales de educación, la Junta Nacional de Exámenes, Evaluación y Certificación, el Servicio de Enseñanza y el Fondo para el Desarrollo de la Educación.
49.La lucha contra la violencia de género se ha incluido en el Plan Nacional de Desarrollodentro del pilar de progreso social, con la meta de reducir dicha lacra del 33 % al 20 % antes de finales de 2022. En octubre de 2018, el Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil llevó a cabo algunas iniciativas, como los programas de implicación masculina y el taller de formación de formadores sobre el uso del manual de formación para hombres y niños.
Cuadro 7
Estadísticas sobre el número de participantes en las actividades mencionadas, en los últimos años
Ejercicio económico |
Hombres |
Mujeres |
2016/17 |
6 180 |
7 694 |
2017/18 |
8 186 |
11 736 |
Total |
14 366 |
19 430 |
Fuente : Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil.
50.El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil, estableció un grupo de trabajo sobre violencia de género y derechos humanos con el objetivo de proporcionar apoyo técnico para la aplicación del Plan de Acción Nacional sobre Violencia de Género. Se ha puesto en marcha un nuevo Plan de Acción (2019-2023) en la materia, centrado en dar prioridad a las supervivientes y en estimular una cultura de atención y vigilancia con respecto a la violencia de género entre las familias, las comunidades y las instituciones.
51.El Gobierno reconoce que los índices de los llamados “asesinatos pasionales” son relativamente elevados en el país, a pesar de la gran cantidad de leyes vigentes para combatir esta lacra. En 2016, el Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), realizó un estudio nacional de referencia sobre la violencia de género en las 14 regiones del país y formuló, en un informe, recomendaciones al Gobierno sobre las siguientes cuestiones:
a)Cada región debe celebrar diálogos sobre las causas de la violencia de género, elaborar planes de acción regionales e determinar cómo se financiará la aplicación de los planes de acción;
b)El Ministerio debe integrar en las campañas nacionales los mensajes sobre prevención y respuesta a la violencia de género. El estudio sugiere estrategias innovadoras de prevención, como la utilización de los medios sociales, que pueden dejar de ser un instrumento de perpetuación de la violencia de género y convertirse en una herramienta para prevenirla y enfrentarla;
c)La investigación puso de manifiesto la necesidad de una mayor integración de los servicios y de fortalecer la coordinación entre los prestadores de servicios, entre otras cosas sobre la gestión de datos;
d)El informe sobre el estudio subraya la necesidad urgente de ampliar las intervenciones y de extender los servicios fuera de Windhoek a las zonas rurales, donde los índices de violencia de género son más elevados y los niveles de prestación de servicios son menores;
e)El informe propone una revisión jurídica para armonizar algunas de las leyes de derecho positivo y consuetudinario con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La investigación pone de manifiesto la urgente necesidad de enfrentar el abuso del alcohol, que es un factor clave que desencadena la violencia de género;
f)La investigación recomienda establecer un fondo contra la violencia de género con aportaciones de múltiples interesados para ayudar a resolver las numerosas limitaciones de recursos y capacidad;
g)La investigación recomienda la creación de una red de organizaciones de la sociedad civil en materia de violencia de género como una buena práctica que Namibia podría adoptar;
h)El Ministerio de Educación, Arte y Cultura debe integrar los mensajes sobre la violencia de género en las campañas nacionales como “Mi Namibia, mi campaña de orgullo”.
52.Aunque la mayoría de los asesinatos pasionales son cometidos por hombres que, en la mayor parte de los casos, se suicidan después de matar a la víctima, la policía y el Fiscal General de Namibia siguen investigando y enjuiciando con prontitud los delitos llamados asesinatos pasionales. Todos los autores, una vez declarados culpables, son castigados y condenados de acuerdo con la ley. Se presentan a continuación varias causas relativas al asesinato pasional y a la violencia doméstica.
53.En la causa S v. Diergaardt, el acusado fue condenado por homicidio intencional, en aplicación de lo dispuesto por la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica, de 2003 (Ley núm. 8 de 2003). El tribunal sostuvo que la violencia de género es totalmente inaceptable y que los culpables serán castigados severamente, porque el interés de la sociedad prevalece con creces sobre las circunstancias personales de los acusados. El acusado fue condenado a 35 años de prisión que comprendían 5 años de suspensión de la pena.
54.En otra causa, S v. Cloete, el inculpado fue acusado del delito de allanamiento de morada con la intención de cometer homicidio y del delito de homicidio intencional, en aplicación de lo dispuesto por la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica. En el momento del incidente, el acusado y la víctima mantenían una relación sentimental y tenían un hijo en común. El tribunal sostuvo que, aunque el acusado no tenía antecedentes penales, el delito cometido fue de una naturaleza sumamente grave y los delitos de violencia contra las mujeres estaban aumentando en todo el país, por lo que los tribunales tenían el deber de dictar sentencias condenatorias con un efecto retributivo y enviar un mensaje claro e inequívoco a la sociedad de que ese tipo de conducta no podía permitirse ni tolerarse. Se condenó al acusado a 32 años de prisión.
55.A fin de hacer frente a algunos de los obstáculos que dificultan el enjuiciamiento de los autores de actos violencia doméstica, y aumentar el acceso de las mujeres a la justicia, se han establecido más tribunales en todo el país. En virtud de la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica, de 2003, los tribunales siguen emitiendo órdenes de protección contra los autores y posibles autores de actos de violencia contra las mujeres y los niños. Se presenta a continuación un cuadro que muestra el aumento del número de tribunales y del número de magistrados en todo el país.
Cuadro 8
Número de tribunales y magistrados en todo el país
Información solicitada |
Respuesta |
Número de tribunales de primera instancia |
34 |
Número de jueces |
89 |
Número de tribunales itinerantes |
37 |
Información sobre el acceso de las mujeres a la justicia en las zonas rurales |
En varias zonas remotas de Namibia, la Oficina del Poder Judicial cuenta con tribunales, algunos de ellos itinerantes. Actualmente, no hay estudios que indiquen la existencia de impedimentos que dificulten el acceso de las mujeres a los tribunales, ya sea por factores culturales o financieros, o por la lejanía de la sede de un tribunal. |
56.En Windhoek hay un tribunal especializado en violencia doméstica que se ocupa exclusivamente de este tipo de asuntos. Los tribunales de primera instancia que tienen su sede en las regiones dedican ciertos días de la semana a centrarse en los asuntos de violencia doméstica que se les someten. El 1 de diciembre de 2019, la Oficina del Poder Judicial puso en marcha un proyecto a nivel nacional con el fin de garantizar el acceso a la justicia fuera del horario laboral. El proyecto finalizó el 31 de enero de 2020. Uno de los objetivos del proyecto era garantizar la presencia de un juez de guardia (fuera del horario laboral y durante los fines de semana) para examinar las solicitudes unilaterales de órdenes de protección contra la violencia doméstica, previstas en la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica, de 2003 (Ley núm. 3 de 2003).
57.El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, ha establecido 17 Dependencias de Protección contra la Violencia de Género en las 14 regiones del país, y sigue poniendo medidas de seguridad a disposición de las víctimas de la violencia de género. Estas Dependencias adoptan un enfoque multisectorial y prestan servicios de protección, atención y tratamiento. El Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil, junto con otras partes interesadas, cuenta con 11 centros de acogida en todo el país para atender a las víctimas de violencia de género, la violencia contra los niños y la trata de personas. Tres de estos centros de acogida que funcionan actualmente son gestionados por ONG. El Gobierno está a cargo de los otros 9, de los cuales 5 fueron renovados y equipados, pero aún no funcionan.
58.En la mayoría de los centros públicos de atención de la salud, las víctimas de la violencia de género, incluida la violación, reciben tratamiento y asesoramiento previo y posterior a la prueba de detección del VIH. En abril de 2019, el Ministerio de Salud y Servicios Sociales publicó el Manual Clínico sobre la Atención Sanitaria a las Supervivientes de Actos de Violencia Sexual y de Pareja. Recibieron formación sobre la aplicación del Manual en los centros de salud 54 profesionales de la salud, en particular funcionarios médicos, trabajadores sociales y enfermeras. El Manual es una guía para todos los prestadores de atención sanitaria que puedan atender a las supervivientes de actos de violencia de género, que incluye la violencia física, sexual o emocional ejercida por la pareja o, en el caso de la violencia sexual, por cualquier agresor.
59.Las víctimas de la violencia de género, que incluye la violación y el acoso sexual, están protegidas de la estigmatización y de las represalias. A fin de hacer menos doloroso para las denunciantes afectadas el trauma inherente a este tipo de juicios, los artículos 9 y 10 de la Ley de Lucha contra la Violación, de 2000, imponen a los fiscales y a los miembros de la policía la obligación de proporcionarles información sobre los procesos judiciales y las solicitudes de libertad bajo fianza de los agresores.
60.El Ministerio de Salud y Servicios Sociales proporciona información sobre la atención clínica de la violencia de género. En todos los establecimientos de salud se dispone de kits de atención posterior a las violaciones, así como de servicios de profilaxis previa a la exposición, que se ofrecen a las personas que son seronegativas para el VIH pero tienen un riesgo muy alto de contraerlo. Para garantizar la protección de los testigos de delitos relacionados con la violencia doméstica, el Gobierno ha aprobado la Ley de Protección de Testigos, de 2017 (Ley núm. 11 de 2017), que prevé su protección y asistencia.
61.Entre octubre de 2017 y julio de 2018, la Policía de Namibia, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organizó una formación multidisciplinaria para investigadores policiales, fiscales y trabajadores sociales sobre un enfoque de derechos humanos y centrado en las víctimas en lo que respecta a la prestación de servicios a los supervivientes o víctimas de la violencia de género, violencia contra las mujeres o violencia contra los niños. Se realizaron, en total, 8 capacitaciones, en las que recibieron formación 230 profesionales.
62.El Centro de Asistencia Jurídica de Namibia elaboró para el Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil un Manual de Formación sobre Violencia de Género, que se publicó en marzo de 2019, e impartió capacitación al respecto a 100 agentes de respuesta inicial, en 4 regiones. Entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, se realizaron capacitaciones piloto sobre los Procedimientos Operativos Estándar para el equipo multidisciplinario de violencia de género, y se capacitó a más de 200 profesionales, en particular médicos, policías, trabajadores sociales y fiscales. A fin de racionalizar el marco nacional de la violencia de género y mejorar la interseccionalidad al respecto, el Manual de Formación también fue adoptado por las organizaciones de la sociedad civil. Hay planes para facilitar la sensibilización de la judicatura sobre la gestión de los casos de violencia de género, violencia contra las mujeres y violencia doméstica.
63.En circunstancias normales, una vez que se denuncia un caso de violencia de género a la policía de Namibia, este se convierte en una causa del Estado. Aunque no hay ninguna ley que prohíba la retirada de las denuncias, se disuade a los denunciantes de hacerlo. Se educa a los denunciantes sobre las desventajas de retirar las denuncias y se los anima a seguir adelante con sus juicios. El Estado lleva a cabo el enjuiciamiento penal en nombre del denunciante.
64.El Marco Nacional de Escuelas Seguras fue desarrollado para promover en Namibia la salud, la seguridad y el bienestar de los alumnos y otras partes interesadas de las escuelas. Su objetivo es ayudar a implantar en las escuelas prácticas y programas seguros. Proporciona a los maestros y al resto del personal escolar herramientas e ideas prácticas para mejorar de forma gradual los niveles de seguridad en los centros educativos, y los orienta sobre cómo promover comunidades escolares seguras y solidarias.
Trata de personas y trabajo forzoso (respuesta a las recomendaciones 25 y 26)
65.Durante el período comprendido en el informe se han registrado casos de trata de personas y trabajo forzoso. Ahora bien, el Gobierno desea informar al Comité de que en 2018 promulgó la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, que hace efectivo el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.
66.La definición de trata abarca tanto el trabajo forzoso como la explotación sexual, y es similar a la que figura en el anexo II de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que comprende tanto la trata de personas con fines de explotación sexual como la trata para trabajos forzosos. Además, la Ley de Trabajo, de 2007 (Ley núm. 11 de 2007), prohíbe todas las formas de trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil. La Ley de Lucha contra las Prácticas Inmorales, de 1980 (Ley núm. 21 de 1980), prohíbe la explotación sexual de niños en la prostitución. Durante el período que abarca el informe, los logros del Estado parte en materia de lucha contra la trata de personas fueron, entre otros, los siguientes:
a)El Consejo de Ministros aprobó el Mecanismo Nacional de Remisión de las víctimas de la trata de personas y los Procedimientos Operativos Estándar para su detección, protección y retorno seguro. En el informe de 2020 [de los Estados Unidos] sobre la trata de personas en el mundo, Namibia pasó a ser un país de nivel 1, por cumplir plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, lo que hace de Namibia el único país de África que ha logrado esa clasificación y la equipara a otras 34 naciones de todo el mundo;
b)El Gobierno de la República de Namibia, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha elaborado un manual de formación para las fuerzas del orden y los fiscales, así como un libro de bolsillo para los miembros de primera línea de la Policía de Namibia;
c)Entre el 5 y el 9 de febrero de 2018 se realizó una capacitación multidisciplinaria sobre la trata de personas para los profesionales de la justicia penal. La capacitación abarcó dos regiones, la de Otjozondjupa y la de Erongo. Entre los participantes había funcionarios de inmigración, de aduanas y de trabajo y ocho policías, fiscales y trabajadores sociales;
d)En julio de 2018, la Policía de Namibia organizó en la Escuela Superior de Formación Lucius Sumbwanyame Mahoto del Servicio Penitenciario una capacitación sobre la trata de personas destinada a 70 funcionarios de inmigración, y otra en noviembre de 2018, en la que participaron 59 funcionarios de inmigración. Además, en el mismo período, la Policía de Namibia organizó otra capacitación sobre la trata de personas en un curso práctico para trabajadores sociales en Okahandja, en la que participaron 35 personas;
e)El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil, se centró en las campañas de sensibilización del público, y ha trabajado en colaboración con la OIM para llevar a cabo una campaña de sensibilización titulada “Reforzar la coordinación para responder a la trata de personas y garantizar la justicia y la protección de todas las víctimas de la trata de personas en Namibia”. La campaña tenía por objeto reforzar la labor encaminada a coordinar las respuestas de lucha contra la trata de personas, enjuiciar a los tratantes y proteger a las víctimas. La campaña incluye principalmente la elaboración de materiales de información, educación y comunicaciones (IEC) sobre la trata de personas, destinados a Namibia;
f)Del 16 al 20 de septiembre de 2019 se realizó en Eenhana, región de Ohangwena, una capacitación multidisciplinaria para 35 profesionales de la justicia penal. La capacitación, centrada en la detección y asistencia a las víctimas de la trata de personas y la investigación y el enjuiciamiento de los casos conexos, estuvo dirigida a investigadores policiales, fiscales, funcionarios de inmigración, funcionarios de aduanas y trabajadores sociales. La capacitación se llevó a cabo con la ayuda financiera de la UNODC;
g)Los días 23 y 24 de septiembre de 2019, la UNODC organizó en Windhoek un coloquio para personal judicial sobre la trata de personas, en el que participaron unos 30 funcionarios judiciales de Namibia;
h)Asimismo, el 29 de marzo de 2019 se lanzó una campaña nacional de sensibilización sobre la trata de personas con el lema “Cuidado, la trata de personas en Namibia es real”. El material de comunicación de esta campaña incluía vallas publicitarias instaladas en tres ciudades; folletos con información básica sobre la trata de personas; series de dramatizaciones radiofónicas, carteles, bolígrafos, plataformas de participación en los medios [sociales] y una canción compuesta para advertir a los jóvenes contra la trata de personas.
67.El Gobierno es consciente de la complejidad de la lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso. No obstante, con sus limitados recursos, ha mejorado en la investigación de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la trata de personas y en el enjuiciamiento de los autores. La causa State v. Lukas, fue el primer caso de trata de personas en Namibia que se saldó con buenos resultados, mediante la aplicación del artículo 15 de la Ley de Prevención de la Delincuencia Organizada, y dio lugar a una condena de 13 años para el autor. Aparte de este caso, todavía hay otros casos pendientes que se están investigando. El cuadro que se presenta a continuación muestra las estadísticas de los casos de trata de personas en el período 2014-2019.
Cuadro 9
Casos de trata de personas, 2014-2019
Denunciados |
Finalizados |
En trámite de instrucción |
Pendientes en los tribunales |
40 |
6 |
15 |
19 |
Con sentencia condenatoria: 2 |
|||
Con sentencia absolutoria: 0 |
|||
Sobreseimiento: 4 |
Fuente : Policía de Namibia, 2019.
68.El artículo 13 de la Ley de Prevención de la Delincuencia Organizada, de 2004 (Ley núm. 29 de 2004), establece que deben prestarse servicios adecuados a las víctimas de la trata, independientemente de su nacionalidad. A las víctimas de la trata se les satisfacen sus necesidades básicas, como alojamiento seguro, comidas, ropa, artículos de aseo, apoyo psicosocial, asistencia jurídica, servicios médicos y acceso a servicios de documentación y a la educación. A estos efectos, dichos servicios se les garantizan a todas las víctimas una vez que son recibidas en un centro de acogida, un centro extraescolar o un hogar infantil de Namibia. En la actualidad, solo los trabajadores sociales o los agentes de policía pueden llevar a una víctima a un centro de acogida para facilitarle su admisión. En el centro de acogida se les ofrecen tres comidas al día y ropa. Los centros de acogida están equipados para ofrecer a las víctimas servicios médicos, psicosociales, jurídicos o relacionados con el hogar y la inmigración, y el trabajador social las pone en contacto con dichos servicios.
69.Los artículos 19 y 20 de la Ley de Prevención de la Delincuencia Organizada, de 2004, establecen disposiciones para que los prestadores de asistencia sanitaria y servicios educativos ayuden a los niños víctimas de la trata y a las víctimas extranjeras. El cuadro que se presenta a continuación muestra las estadísticas del número de tratantes (menores, adultos) desglosado por tipo de delito (trabajo forzado frente a trata sexual), nacionales de Namibia y extranjeros.
Cuadro 10
Número de tratantes (menores, adultos) desglosado por tipo de delito (trabajo forzado frente a trata sexual)
Sexo |
Edad |
Nacionalidad |
Tratantes implicados |
Nacionalidad |
Explotación |
|||
Hombres |
Mujeres |
Adultos |
Menores |
Hombres |
Mujeres |
|||
2 |
2 |
Namibia |
1 |
Congolesa |
Por determinar |
|||
4 |
2 |
4 |
Angoleña |
1 |
Namibia |
Trabajo doméstico |
||
1 |
1 |
Angoleña |
2 |
1 |
Namibia |
Trabajo doméstico |
||
2 |
2 |
Zambiana |
1 |
Namibia |
Trabajo doméstico |
|||
1 |
1 |
Zambiana |
1 |
Namibia |
Por determinar |
|||
2 |
2 |
Angoleña |
1 |
Angoleña |
Trabajo doméstico |
|||
1 |
1 |
Namibia |
1 |
Pakistaní |
Explotación sexual |
|||
1 |
Namibia |
|||||||
1 |
1 |
Namibia |
1 |
1 |
Namibia |
Explotación sexual |
||
6 |
6 |
Namibia |
4 |
Namibia |
Explotación sexual |
Fuente: Cuestionario del informe sobre la trata de personas, 2019.
70.A fin de evitar la contratación ilegal de posibles víctimas de la trata de personas, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y Creación de Empleo, cuenta con un procedimiento para supervisar y regular a las agencias de contratación de mano de obra. Con miras a reforzar la regulación de las agencias de contratación laboral, el Parlamento aprobó la Ley de Servicios de Empleo, de 2011 (Ley núm. 11 de 2011). Esta Ley regula a las agencias de empleo que, para poder contratar empleados en Namibia, deben registrarse como agencias privadas ante el Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y Creación de Empleo y solicitar una licencia de funcionamiento. Dicha licencia podría ser suspendida, si el Director del Servicio del Mercado Laboral tiene motivos razonables para creer que la agencia de empleo no opera de acuerdo con la ley.
71.El Decreto de Salario de los Trabajadores Domésticos, por el que se regulan las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos, establece los procedimientos para la contratación de un trabajador doméstico, nacional o extranjero. Durante el período que abarca el informe, en 2018 el Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y Creación de Empleo empleó a 57 inspectores de trabajo, en todo el país. Dicho Ministerio prevé emplear más inspectores de trabajo en el ejercicio económico 2020/21. Además, con respecto a los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Namibia ratificó el Convenio sobre el Trabajo Forzoso (núm. 29) y el Protocolo que lo complementa, en 2000 y 2017, respectivamente, y el Convenio sobre la Inspección del Trabajo, 1947 (núm. 81), en 2018. Por otra parte, a fin de eliminar el trabajo forzoso, el artículo 9, párrafo 2, de la Constitución establece que no se exigirá a nadie que realice trabajos de este tipo.
72.Durante el período que abarca el informe, en 2019 el Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y Creación de Empleo empleó a 77 inspectores de trabajo, de salud ocupacional y de seguridad, encargados de hacer cumplir las leyes contra el trabajo infantil.
Detención policial y prisión preventiva (respuesta a las recomendaciones 27 y 28)
73.El ordenamiento jurídico de Namibia garantiza a todos los imputados el derecho a que se les permita comparecer ante un tribunal en un plazo de 48 horas tras su detención. Si no se los lleva ante un tribunal dentro de este plazo, pueden quedar en libertad. La privación de la libertad de una persona fue examinada en la causa Minister of Safety and Security v. Kabotana. El Tribunal dictaminó que el artículo 11, párrafo 3, de la Constitución era uno de los elementos del derecho fundamental a la libertad consagrado en el artículo 7, que el requisito de las 48 horas era, sin lugar a dudas, un derecho constitucional importante del detenido y que, a la luz de los casos de reclusión sin juicio y otras injusticias relacionadas que habían caracterizado la época previa a la independencia, debía ser amparado celosamente. Este artículo se encuentra en la Constitución únicamente en beneficio de las personas detenidas y no en beneficio del Estado.
74.Durante el período que abarca el informe, se presentaron contra el Gobierno, en total, 167 demandas civiles relacionadas con la detención y la reclusión ilegales. Nueve de estas demandas prosperaron y, como resultado de ellas, las víctimas recibieron indemnizaciones pecuniarias de diversa cuantía. Durante 2019, el Ministerio de Seguridad, en colaboración con el Centro de Asistencia Jurídica, elaboró un Manual de Derechos Humanos en materia de Detención y Reclusión. Se espera que esta iniciativa reduzca drásticamente los casos de detención y reclusión ilegales. El cuadro que se presenta a continuación muestra el número de demandas civiles que se presentaron.
Cuadro 11
Desglose de demandas civiles por ejercicio económico
Año |
Número de demandas civiles presentadas |
Número de demandas que dieron lugar a una indemnización a las víctimas |
2015 |
49 |
6 |
2016 |
25 |
2 |
2017 |
28 |
1 |
2018 |
27 |
0 |
2019 |
38 (hasta la fecha) |
0 |
Fuente : Fiscalía General, 2019.
Derecho a un juicio imparcial (respuesta a lasrecomendaciones 29 y 30)
75.Remitimos al Comité a la información que figura en el último informe que se examinó en 2016.
Asistencia jurídica gratuita (respuesta a lasrecomendaciones 31 y 32)
76.El Gobierno reconoce que el acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales más importantes de los que se contemplan en los diversos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Como se señaló en el último informe, el Gobierno proporciona asistencia jurídica a las personas que carecen de recursos para pagar los costos de un litigio. Hay que tener en cuenta que el régimen de asistencia jurídica de Namibia se basa en la “comprobación de recursos” de la persona que la solicita. Esto significa que solo pueden acogerse a este régimen los solicitantes que estén desempleados o ganen [mensualmente] menos de 2.500 dólares de Namibia. Sin embargo, se han celebrado consultas entre el Ministerio de Justicia y otras partes interesadas de la comunidad jurídica para encontrar formas de facilitar el acceso al régimen de asistencia jurídica y medios alternativos de financiación de dicho régimen. En dichas consultas también se han discutido las posibles modificaciones de los requisitos de la “comprobación de recursos”.
77.Además, en 2016, el Colegio de Abogados de Namibia puso en marcha un amplio “Proyecto de Cambio” que tenía por objeto examinar la profesión jurídica en Namibia y proponer reformas para que la profesión fuera accesible, pertinente y respondiera a las necesidades de la sociedad namibia. El alcance de la investigación se estableció mediante consultas con todas las partes interesadas de la profesión jurídica. Se nombró un comité independiente de investigadores expertos al que se encomendó elaborar la metodología de la investigación, que fue aprobada por la Oficina de Estadística de Namibia. La encuesta que formaba parte de la investigación fue realizada por una empresa de encuestas profesional e independiente. Se realizaron encuestas entre todos los miembros del Colegio de Abogados de Namibia, así como entre los usuarios de servicios jurídicos.
78.También se realizaron entrevistas con importantes partes interesadas. Asimismo, se contrató un estudio de referencia internacional. Los resultados de la investigación fueron analizados por el Consejo Directivo del “Proyecto de Cambio” del Colegio de Abogados de Namibia, que elaboró un exhaustivo documento que contenía propuestas de cambios legislativos y de sistemas para desarrollar las conclusiones de la investigación. El documento de propuestas de cambios se utilizó para elaborar un nuevo proyecto de ley de profesionales del derecho, que se entregó al Ministro en 2019. La Facultad de Derecho de la Universidad de Namibia tiene su propio consultorio de asistencia jurídica, que también presta este tipo de asistencia a las personas carentes de recursos que no pueden permitirse contratar abogados privados.
79.La Dirección de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia emplea, a tiempo completo, a funcionarios jurídicos para que presten asistencia a esas personas en asuntos penales y civiles. En la actualidad, los asesores jurídicos, cuyo número es relativamente bajo, se encuentran en su mayoría en los principales centros urbanos, lo que incide negativamente en la capacidad de los habitantes de las zonas rurales para acceder a los servicios judiciales. No obstante, el Ministerio de Justicia tiene la intención de aumentar el número de asesores jurídicos en todo el país, con sujeción a la disponibilidad de fondos.
80.En 2015, el Gobierno promulgó la Ley del Poder Judicial (Ley núm. 11 de 2015), que tiene por objeto reforzar la independencia del poder judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 78, párrafo 5, de la Constitución, y disponer los asuntos administrativos y financieros de la Oficina del Poder Judicial.
Condiciones de reclusión (respuesta a las recomendaciones 33 y 34)
81.El Gobierno sigue avanzando para garantizar la protección y promoción de los derechos y el bienestar de los presos en los lugares de reclusión. Como se señaló en informes anteriores, en relación con los presos condenados el sistema de justicia de Namibia ha pasado de un enfoque retributivo a un enfoque de rehabilitación.
82.El Servicio Penitenciario de Namibia ha diseñado una política sanitaria que cubre todos los aspectos de la salud de los reclusos, en particular los problemas de salud pública, como la tuberculosis, el VIH/sida, la hepatitis y otras enfermedades infecciosas y contagiosas. La Política Sanitaria del Servicio Penitenciario aboga por que se garanticen a los reclusos las mismas condiciones sanitarias que al resto de la sociedad. Asimismo, permite acceder a servicios sanitarios privados a los reclusos que pueden costeárselos.
83.Los centros penitenciarios y las condiciones de estos se ajustan a las Reglas Nelson Mandela. Con miras a mejorar las condiciones de vida de los reclusos, el Servicio Penitenciario de Namibia ha adoptado medidas para renovar todos los centros penitenciarios del país. En abril de 2019, el Servicio completó la construcción del Centro Penitenciario de Mujeres, dentro del Complejo Penitenciario de Windhoek, que se inauguró el 12 de junio de 2019. El Centro está destinado a albergar a reclusas condenadas de todos los niveles de seguridad, así como a mujeres que se encuentran en prisión provisional, en espera de juicio. El Centro, cuya capacidad autorizada es de 170 reclusas, alberga actualmente a 101. En el centro, las reclusas participan en diversos programas de rehabilitación, incluidos los de apoyo psicosocial, y en un programa educativo y de formación práctica que contempla varios proyectos sobre oficios como la sastrería, la pastelería, la cestería y la jardinería a pequeña escala.
84.El pabellón de presos preventivos en el Complejo Penitenciario de Windhoek está siendo renovado para mejorar aún más las condiciones de vida de los reclusos.
85.En la estructura organizativa del Servicio Penitenciario de Namibia se prevé la construcción de centros de prisión preventiva que acojan a los presos que se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio. Esos centros estarán ubicados en Rundu, Ondangwa, Grootfontein, Windhoek, Walvisbay, Keetmanshoop y Outapi. El Servicio inició la construcción de un nuevo centro penitenciario en Ondangwa, y tiene previsto convertir el actual Centro Penitenciario de Oluno en un centro de prisión preventiva. La renovación de otros centros penitenciarios y de prisión preventiva se ha suspendido debido a las limitaciones financieras.
86.El Servicio permite a los reclusos recibir visitas, así como cartas, comida, ropa y otros artículos necesarios que puedan enviárseles desde el exterior, los cuales, por motivos de seguridad, son sometidos a un estricto control. Estos privilegios tienen por objeto promover y mantener una buena relación entre el recluso, la familia y la comunidad, y facilitar la reinserción satisfactoria del recluso en la comunidad, como se establece en el artículo 77 de la Ley del Servicio Penitenciario, de 2012 (Ley núm. 9 de 2012).
87.El artículo 110 de la Ley del Servicio Penitenciario, de 2012, prevé la posibilidad de que los reclusos sean puestos en libertad condicional durante el día y salgan del centro penitenciario, bajo la supervisión de un funcionario penitenciario, durante períodos cortos para trabajar fuera o asistir a la escuela para formarse y examinarse. Además, el Presidente del Estado tiene la prerrogativa de indultar a los presos que estén cumpliendo condena y hayan expresado un sincero arrepentimiento, a los reclusos con enfermedades terminales graves, así como a los mayores de 60 años. Estos indultos suelen producirse durante las celebraciones de la independencia del país.
Expulsión y detención de solicitantes de asilo (respuesta a las recomendaciones 35 y 36)
88.El Gobierno tiene una política de larga data de acogida y protección de los refugiados y solicitantes de asilo en el país, y los trata en igualdad de condiciones que a los demás, sin ninguna discriminación por su orientación sexual o identidad de género. Ningún refugiado o solicitante de asilo ha sido expulsado o devuelto a países donde su vida o sus libertades estarían amenazadas. Además, los refugiados reciben tarjetas de identidad y documentos de viaje que les permiten circular libremente dentro y fuera del país. En el período que abarca el informe, ningún refugiado o solicitante de asilo en Namibia ha sido objeto de una orden de salir del país.
89.Los menores no acompañados reciben un trato especial en cuanto a la determinación de su condición de refugiado. Los niños menores de 16 años no acompañados o separados de sus padres o tutores son entrevistados con la ayuda de un trabajador social. A fin de que los funcionarios encargados de determinar la condición de refugiado obtengan la información de antecedentes para entregarla al Comité de Refugiados de Namibia, se pide a los niños que cuenten su historia. Son acogidos por familias que proceden de la misma zona o país que ellos y se encargan de su supervisión. En caso de que no haya disponibilidad de familias de acogida, se los acoge en el centro de tránsito, bajo la supervisión del trabajador social. Namibia reafirma su reserva al artículo 26 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.
90.El Gobierno ha adoptado diversas medidas para la integración local de los refugiados cualificados. Algunos refugiados trabajan en diversos sectores de la economía namibia, como la educación, la agricultura y el transporte. Los niños refugiados en edad escolar están escolarizados en el asentamiento de refugiados de Osire y en varias escuelas públicas del país. El asentamiento cuenta con un dispensario y personal para atender a quienes requieren servicios de salud. El asentamiento cuenta además con una comisaría de policía encargada de mantener el orden público. Varias ONG, tanto locales como internacionales, ayudan al Gobierno proporcionando asistencia técnica y financiera al asentamiento.
Cuadro 12
Datos desglosados de los solicitantes de asilo y refugiados en Namibia, de 2017 a 2018
De 0 a 4 años |
De 5 a 11 años |
De 12 a 17 años |
De 18 a 59 años |
De 60 años o más |
Total |
Total general |
|||||||
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
||
Burundi |
7 |
9 |
1 |
4 |
1 |
1 |
16 |
9 |
0 |
0 |
25 |
23 |
48 |
República Democrática del Congo |
87 |
73 |
79 |
57 |
40 |
39 |
207 |
107 |
3 |
1 |
416 |
277 |
693 |
Total general |
741 |
Fuente : Ministerio del Interior e Inmigración, estadísticas de solicitantes de asilo y refugiados del año 2017.
De 0 a 4 años |
De 5 a 11 años |
De 12 a 17 años |
De 18 a 59 años |
De 60 años o más |
Total |
Total general |
|||||||
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
||
Burundi |
2 |
5 |
0 |
1 |
1 |
2 |
17 |
1 |
0 |
0 |
20 |
9 |
29 |
Camerún |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
8 |
4 |
0 |
0 |
11 |
5 |
16 |
Eritrea |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
República Centroafricana |
6 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
11 |
6 |
17 |
República Democrática del Congo |
94 |
105 |
75 |
63 |
44 |
44 |
233 |
154 |
3 |
6 |
449 |
373 |
822 |
Rwanda |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
Somalia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Sudán del Sur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Total general |
892 |
Fuente: Ministerio del Interior e Inmigración, estadísticas de solicitantes de asilo y refugiados del año 2018.
Seguimiento, vigilancia e interceptación de comunicaciones privadas (respuesta a las recomendaciones 37 y 38)
91.El derecho a la privacidad está garantizado por la Constitución y protegido por el Gobierno de Namibia, y la interceptación y la vigilancia de la información y las comunicaciones privadas están prohibidas por la Ley del Servicio Central de Inteligencia de Namibia, de 1997 (Ley núm. 10 de 1997), en su artículo 24, párrafo 1. La comunicación privada de una persona solo puede ser interceptada con el permiso de los funcionarios judiciales, tras cumplir los criterios establecidos en los artículos 24, párrafo 2, y 25 de la Ley del Servicio Central de Inteligencia de Namibia, de 1997. La propuesta de la parte 6 de la Ley de Comunicaciones, de 2009 (Ley núm. 8 de 2009), prevé la interceptación de las telecomunicaciones, pero no tiene aún carácter operativo.
Libertad de expresión (respuesta a las recomendaciones 39, 40, 41 y 42)
92.El Gobierno toma nota de la preocupación del Comité, respalda las disposiciones de derechos humanos consagradas en la Constitución y ha establecido políticas encaminadas a que Namibia tenga medios de comunicación libres. En el artículo 21 de la Constitución se consagra el derecho a la libertad de prensa. Además, se espera de los periodistas que se comporten con profesionalidad e informen con integridad. El Gobierno no ha constatado ninguna forma de violación de los derechos humanos de los periodistas.
93.En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2020, Namibia sigue ocupando el puesto 23º entre 180 países. Los periodistas de Namibia gozan de una relativa libertad de expresión en la ejecución de su trabajo. El Gobierno valora la libertad de los medios de comunicación y aplica a estos un marco de autorregulación que contempla mecanismos como el Defensor de los Usuarios de los Medios de Comunicación y el Foro Abierto de Namibia, que se ocupan de las denuncias contra los medios.
94.El Foro de Directores de Medios de Namibia se creó para representar a todas las instituciones de los medios de comunicación del país, y cuenta con un mecanismo para atender las denuncias contra los medios y decidir al respecto. El Foro también ha elaborado una carta que establece la forma en que otras entidades pueden interactuar con los medios de comunicación. Además, el Defensor de los Usuarios de los Medios de Comunicación se ocupa de todas las denuncias contra los medios de comunicación.
95.El Gobierno, a través del Ministerio de Información y Tecnología de la Comunicación, está en el proceso de creación de un comité nacional de múltiples partes interesadas que se ocupará de las cuestiones de seguridad de los periodistas. El comité estará integrado por representantes de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales.
96.El sistema de justicia de Namibia es accesible a todos los ciudadanos del país, sus tribunales son independientes y cualquier persona, incluidos los periodistas, cuyos derechos hayan sido vulnerados puede dirigirse a la autoridad competente para presentar cargos a fin de que la justicia siga su curso. La Declaración de Windhoek sobre la Libertad de Prensa, de 29 de abril de 1991, es un claro testimonio de que la Constitución se respeta y se mantiene como la ley suprema del país.
97.El Ministro de Información y Tecnología de la Comunicación ha presentado en el Parlamento el proyecto de ley de acceso a la información. La ley, una vez promulgada, facilitará a los namibios el acceso a la información del Gobierno. El Gobierno reconoce la necesidad de que la información esté a disposición del público de forma gratuita o barata a través de diversos medios. Los ministerios tienen la obligación de publicar boletines sobre el desempeño de su mandato y ponerlos a disposición del público en puntos de fácil acceso. El Gobierno ha emprendido reformas para mejorar el acceso del público a la información gubernamental pertinente. Figuran entre ellas la aprobación y aplicación de la Política de Medios Sociales, que ha contribuido a mejorar los niveles de comunicación con la ciudadanía y ha sido adoptada como una herramienta eficaz para la difusión de información pública.
98.El Gobierno, a través del Ministerio de Información y Tecnología de la Comunicación, se encarga de difundir entre los ciudadanos toda la información gubernamental. Además, la Corporación de Radiodifusión de Namibia, que es una emisora pública, también tiene la responsabilidad de difundir información al público. La Defensoría del Pueblo asiste al Gobierno en la difusión de información sobre derechos humanos a los ciudadanos, a través de campañas de sensibilización, producción de boletines y programas de radio. Todas las oficinas, ministerios y organismos gubernamentales pueden también proporcionar información pertinente al público.
99.La libertad de expresar y difundir la propia opinión está garantizada en Namibia. Los namibios pueden expresar sus quejas contra las instituciones gubernamentales de diversas maneras. Pueden hacerlo a través del programa de llamadas “El parlamento del pueblo”, difundido por la radio nacional, la Corporación de Radiodifusión de Namibia, en un programa con participación del público. También pueden expresar libremente sus opiniones en los periódicos locales sin ninguna intimidación por parte del Estado. La mayoría de los medios de comunicación de Namibia son de propiedad privada y funcionan de forma independiente, sin temor al Estado. En este sentido, sirven de pilar para promover el derecho a la libertad de expresión.
100.La Universidad de Namibia no tiene una política o directriz que confirme la libertad académica. Sin embargo, en sus actividades académicas de investigación y administración, la Universidad tiene en cuenta el artículo 21 de la Constitución. El Vicerrectorado está llevando a cabo un estudio de referencia sobre las mejores prácticas en África, basado en las recomendaciones de la OIT/UNESCO, sobre la situación del personal docente de la enseñanza superior, en concreto sobre cuatro indicadores: autonomía institucional, derechos y libertades individuales, autogobierno institucional y seguridad en el cargo. Una vez concluido este ejercicio, se formulará una política que incluirá procedimientos y directrices. Aunque la Universidad de Ciencia y Tecnología de Namibia no ha publicado directrices relativas a la libertad académica, en la Ley de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Namibia, de 2015 (Ley núm. 7 de 2015), se prevén la autonomía institucional y la libertad de expresión académica.
Derechos de las minorías (respuesta a las recomendaciones 43 y 44)
101.Como se señaló en el último informe, el artículo 100 de la Constitución confiere al Estado la gestión de todos los recursos naturales. Sin embargo, las autoridades tradicionales están autorizadas por ley a administrar las tierras y los recursos naturales en nombre del Estado. El Gobierno creó la División de Comunidades Marginadas, dependiente de la Oficina del Vicepresidente, con el fin de garantizar la plena protección y ejercicio efectivo de los derechos establecidos para ellas en virtud del Pacto, integrarlas en la economía general y supervisar y evaluar el impacto de las medidas adoptadas.
102.El Gobierno considera que la consulta y la participación de las comunidades marginadas son cruciales para desarrollar los proyectos, políticas y leyes que las afectan. La planificación y el desarrollo de los proyectos comienzan con las peticiones de las comunidades y sus dirigentes, en las que establecen cuáles son sus necesidades. Para ello, se realiza una evaluación exhaustiva de la situación de las comunidades destinatarias. En la formulación de los programas y su aplicación siempre se implica a las comunidades marginadas, especialmente a sus dirigentes. Estas comunidades están ejecutando sus propios proyectos con el apoyo de la División de Comunidades Marginadas.
103.A fin de hacer efectivo el mandato relativo a las comunidades marginadas, la Oficina del Vicepresidente colabora regularmente con las partes interesadas, como las instituciones gubernamentales, las ONG y las organizaciones de la sociedad civil. En 2017, el Gobierno se comprometió a elaborar el libro blanco sobre los pueblos indígenas. En 2019, el Libro Blanco sobre los Pueblos Indígenas fue presentado al Fiscal General, y actualmente está a la espera de ser presentado al Consejo de Ministros. El Libro Blanco es un marco regulatorio que orienta a la División de Comunidades Marginadas y constituye una guía sobre políticas para promover y proteger los derechos de las comunidades marginadas garantizando su inclusión en un Gobierno de Namibia fuerte, resistente y tolerante.
104.El Gobierno ha avanzado considerablemente en el suministro de tierras a las comunidades marginadas. En 2019 el Jefe de Estado estableció una Comisión de Investigación sobre las reclamaciones de derechos territoriales ancestrales y la restitución de esas tierras. La Comisión debe determinar medidas restaurativas alternativas para restablecer la justicia social y garantizar el empoderamiento económico de las comunidades afectadas. Además, se nombraron coordinadores de las comunidades afectadas como personas de contacto. Estos coordinadores están encargados de movilizar a las comunidades para que defiendan sus derechos, denuncien cualquier tipo de discriminación en su contra y actúen para hacerse cargo de su desarrollo.
105.La extracción y exploración de recursos naturales, como los minerales, está regulada por la Ley de Minerales (Prospección y Minería), de 1992 (Ley núm. 33 de 1992). De conformidad con esta Ley, se confieren al Estado todos los derechos de prospección y exploración, y la facultad de conceder licencias mineras recae en el Ministro de Minas y Energía. La Constitución, en su artículo 100, establece que la tierra, el agua y los recursos naturales situados sobre la superficie terrestre o debajo de ella, en la plataforma continental y dentro de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de Namibia, pertenecen al Estado, a menos que exista otra forma de propiedad legal sobre ellos.
106.Además, el artículo 3, párrafo 2 b), de la Ley de Gestión del Medio Ambiente, de 2007 (Ley núm. 7 de 2007), prevé la participación de la comunidad en la gestión de los recursos naturales, y dispone que se promueva y facilite el reparto de los beneficios derivados del uso de dichos recursos.
III.Artículos del Pacto (1 a 27)
Artículo 1Derecho a la libre determinación de los pueblos
107.De conformidad con el artículo 1 de la Constitución, Namibia es un Estado unitario. El Gobierno reconoce a las autoridades tradicionales una libre determinación limitada. Dado que el derecho consuetudinario está aceptado por la Constitución, el Estado, a petición de una comunidad o grupo étnico concreto, puede reconocerle dicha libre determinación. Con arreglo a la Ley de las Autoridades Tradicionales, de 2000 (Ley núm. 25 de 2000), dichas autoridades tradicionales tienen un control limitado sobre la tierra, las tierras de pastoreo y los derechos al uso del agua en las zonas de sus comunidades. Los asuntos de las autoridades tradicionales de Namibia se rigen por la Ley de las Autoridades Tradicionales, de 2000 (Ley núm. 25 de 2000), la Ley de Reforma de las Tierras Comunitarias, de 2002 (Ley núm. 5 de 2002), y la Ley de Tribunales Comunitarios, de 2003 (Ley núm. 10 de 2003).
108.Los dirigentes tradicionales del país son nombrados con arreglo a las leyes consuetudinarias de su comunidad particular. La competencia de los tribunales comunitarios se ha desarrollado de modo que se deja de lado la distinción del common law entre asuntos penales y civiles, y se respeta la manera como se percibe la indemnización en las leyes consuetudinarias. En términos concretos, la indemnización del derecho consuetudinario equilibra el aspecto económico de la pérdida, pero también tiene, por lo que se refiere a la dicotomía convencional entre materia penal y materia civil, un elemento punitivo. Por consiguiente, algunos asuntos, aunque sean tratados por los tribunales nacionales, también pueden ser tratados por las autoridades tradicionales sobre la base de sus leyes consuetudinarias.
109.Además de la información proporcionada en la respuesta a las recomendaciones 43 y 44 anteriores, cabe señalar que, a fin de garantizar que los namibios, incluidas las comunidades marginadas, tengan acceso a la riqueza y los recursos naturales del país, el Gobierno promulgó condiciones adicionales para la asignación de permisos para la explotación minera, que deben incluirse en las notificaciones de intención sobre la concesión de nuevos permisos. Estas condiciones figuran en la Ley de Minerales (Prospección y Minería), de 1992 (Ley núm. 33 de 1992).
Artículo 2Aplicación del Pacto a nivel nacional
110.En la aplicación del derecho internacional, Namibia se rige por un sistema monista, con arreglo a lo previsto en el artículo 144 de la Constitución. Esto significa que las disposiciones del Pacto, cuando sea necesario, pueden ser invocadas por los tribunales de justicia. En la causa Jaco Kennedy and Kevin Townsend v. Minister of Safety and Security and 5 others, los dos demandantes acusaban a la parte demandada por haberlos esposado, a pesar de ser presos preventivos en espera de juicio, mientras eran transportados al tribunal de primera instancia. Sostenían que este tipo de trato era inhumano, cruel y degradante, ya que violaba sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 8, párrafo 1, de la Constitución, y en el artículo 10, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El tribunal, basándose en la sentencia del Tribunal Supremo en la causa Namundjebo and Others v. Commanding Officer, Windhoek Prison and Another,1999, NR 271 (SC), dictaminó que la conducta de colocar cadenas y otras sujeciones mecánicas, como las esposas, a personas no condenadas y en espera de juicio es inconstitucional sobre la base de que, “en cualquier circunstancia”, contraviene el artículo 8 de la Constitución de Namibia y el artículo 10, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esta causa, los demandantes se basaron en las disposiciones del Pacto para interponer su demanda, y el tribunal, al dictar sentencia, interpretó las mismas disposiciones y se basó en ellas, lo que indica que el Pacto es utilizado en Namibia tanto por los titulares de derechos como por los tribunales.
111.En su labor encaminada a aplicar las disposiciones del Pacto, el Gobierno ha elaborado políticas y promulgado leyes destinadas a proteger a sus ciudadanos contra la discriminación y otras violaciones de los derechos humanos. En 2019, el Parlamento aprobó la Ley de Derogación de Leyes Obsoletas, de 2018 (Ley núm. 21 de 2018), que deroga determinadas leyes obsoletas. La Ley tiene por objeto eliminar de los textos legislativos 143 bandos, leyes coloniales y leyes de derecho positivo. Muchas de estas leyes, disposiciones de autoridades locales, reglamentos, bandos y leyes coloniales eran discriminatorias por motivos de sexo, raza, color, origen étnico, religión, credo o condición social o económica.
Difusión de información relativa al Pacto
112.En su labor encaminada a difundir información sobre el Pacto, el Estado parte ha adoptado las siguientes medidas:
a)En 2016, el Gobierno de la República de Namibia, a través del Comité Interministerial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, presidido por el Ministerio de Justicia, y con la ayuda del UNFPA, publicó dos folletos en que se recopilaba información sobre el resultado del examen periódico universal de Namibia en el marco del Consejo de Derechos Humanos, por lo que se refiere a los tratados o convenciones siguientes: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Dichos folletos se distribuyeron luego a las bibliotecas universitarias y comunitarias de todo el país, a las ONG locales y a los partidos políticos;
b)También en 2016, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y en colaboración con la Universidad de Namibia, organizó una conferencia pública sobre las obligaciones contraídas por Namibia en materia de derechos humanos en virtud de diversos tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
c)En 2017, el Gobierno puso en marcha un proyecto para publicar un compendio de todos los informes de derechos humanos que Namibia ha presentado a diversos órganos de tratados desde 1992. El citado compendio, que incluye todos los informes del Estado, se distribuyó también a universidades, parlamentarios y ONG locales, con miras a su posterior difusión entre el público de todo el país; y
d)La Defensoría del Pueblo también llevó a cabo campañas de difusión en todo el país sobre el cumplimiento de las obligaciones que incumben a Namibia en virtud de diversos tratados de derechos humanos.
Artículo 3Igualdad de derechos entre hombres y mujeres
113.Las leyes y mecanismos vigentes para combatir todas las formas de discriminación de género siguen siendo los mismos que se señalaron en el último informe. Sin embargo, el Gobierno ha avanzado de forma constante en cuanto a garantizar que las mujeres estén representadas en los puestos de dirección, tanto en el sector público como en el privado. Se presenta a continuación un cuadro estadístico que muestra la representación de las mujeres en la fuerza de trabajo.
Cuadro 13
Perfil de la fuerza de trabajo
Hombres |
Mujeres |
Fuerza de trabajo total |
|
Encuesta de población activa, 2016 |
510 044 |
516 224 |
1 026 268 |
Encuesta de población activa, 2018 |
535 412 |
554 741 |
1 090 153 |
Fuente : Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y Creación de Empleo, 2020.
114.El Gobierno ha avanzado de forma considerable en cuanto a garantizar que las mujeres estén representadas en la política. Según la Unión Interparlamentaria, en 2017 Namibia ocupaba el 12º lugar a nivel mundial y el 4º en el continente africano en cuanto a proporción de mujeres en el Parlamento. La representación en la Sexta Asamblea Nacional según el sexo indica que 46 diputados eran mujeres y 58, hombres. En la Séptima Asamblea Nacional, los datos al respecto siguen siendo los mismos.
Artículos 4 y 5Restricción de derechos (estado de emergencia)
115.Remitimos al Comité a la respuesta que dimos sobre este tema en nuestro informe anterior. Ahora bien, el Presidente de la República de Namibia declaró el estado de emergencia en relación con la pandemia de enfermedad por coronavirus, y la Asamblea Nacional aprobó su duración hasta el 17 de septiembre de 2020.
Artículo 6Derecho a la vida
116.Como se indicó en 2016 en el último informe, el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana siguen siendo absolutos en el país. A pesar de algunos llamamientos de determinados sectores de la opinión pública para que el Estado reintroduzca la pena de muerte, el Gobierno no tiene ninguna intención de hacerlo. Namibia seguirá colaborando con la Unión Africana y las Naciones Unidas para ejercer presión en favor de una moratoria de la pena de muerte con el fin de instar a los países retencionistas a abolir esta forma de castigo.
117.El Gobierno prohíbe las ejecuciones extrajudiciales, y la protección del derecho a la vida de todas las personas está igualmente garantizada frente a su vulneración por los particulares y los agentes de la autoridad. Los casos en que se acusa a los agentes de policía de hacer un uso ilegal, arbitrario o excesivo de la fuerza se investigan y enjuician en los tribunales. En las causas S v. Ndamoongelwa y S v. Shetekela and Others, los policías acusados fueron declarados culpables de asesinato cometido con dolus eventualis y están cumpliendo penas de prisión. Las autoridades no han registrado ningún caso de infanticidio de niñas ni de asesinato por honor. En 2020, la Viceministra de Sanidad y Servicios Sociales presentó en la Asamblea Nacional una moción relativa al aborto, encaminada a estimular el debate y fomentar el diálogo entre las distintas partes interesadas con el fin de conocer la opinión general de los namibios sobre el aborto.
Artículo 7Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos degradantes
118.Como se señaló en 2016 en el informe anterior, aún no existe en el país una ley específica contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Gobierno dispone de mecanismos para prevenir actos de tortura por agentes del Estado y ciudadanos normales y corrientes. La Constitución, en su artículo 8, proscribe todas las formas de tortura. Como no existe una ley específica contra la tortura, las personas que cometen este delito son acusadas del delito de agresión con intención de causar lesiones corporales graves, previsto en el common law. El Gobierno reconoce que no es suficiente que a los autores del delito de tortura se los acuse de agresión con intención de causar lesiones corporales graves, por lo que, para subsanar las deficiencias de la legislación vigente, ha redactado el proyecto de ley sobre la tortura.
119.En el proyecto de ley de lucha contra la tortura se ha adoptado la definición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que establece la Convención contra la Tortura. En un esfuerzo por combatir este delito, el Presidente desplegó en 2018 a miembros de las Fuerzas de Defensa de Namibia para que ayudaran a la Policía de Namibia en sus operaciones encaminadas a reducir los altos índices de actividades delictivas en zonas mayoritariamente urbanas. Aunque esta operación de mantenimiento del orden estaba fundamentada en el objetivo de erradicar la delincuencia, lamentablemente, en algunos casos, se saldó con heridos y muertos entre la población civil. Dos soldados fueron detenidos y acusados de asesinato, y están a la espera de juicio. Además, los civiles que sufrieron algunas lesiones como consecuencia de las agresiones denunciadas han demandado al Estado para obtener una indemnización.
120.La detención de dichos soldados y las demandas pendientes contra el Estado son una indicación de que el Gobierno está decidido a luchar contra todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De conformidad con la Ley de Procedimiento Penal, de 1977 (Ley núm. 51 de 1977), las confesiones y admisiones hechas bajo tortura son inadmisibles en nuestros tribunales de justicia. Para que las confesiones sean admisibles, deben cumplir los requisitos del artículo 217 de la Ley núm. 51 de 1977, y para que las admisiones sean aceptables, deben cumplir los requisitos del artículo 219A de dichaLey.
121.La Defensoría del Pueblo puso en marcha un Proyecto de Prevención de la Tortura, elaboró un Manual de Formación en materia de Prevención de la Tortura para Agentes de Policía y organizó talleres de capacitación para agentes de policía.
122.En enero de 2020, el Centro de Asistencia Jurídica, en colaboración con la Policía de Namibia, publicó un manual titulado Uso de la fuerza por los agentes del orden destinado a reducir al mínimo los casos de malentendidos o desconfianza entre los agentes del orden y la ciudadanía. Como se informó anteriormente, la Defensoría del Pueblo sigue visitando los centros penitenciarios y las celdas de detención policial para inspeccionar las condiciones de las instalaciones y recibir denuncias de los reclusos y detenidos en relación con presuntas violaciones de sus derechos.
123.El Gobierno ha dado un paso más en la abolición de otras formas de castigo crueles, como los castigos corporales, tanto en la escuela como en el hogar. A tal efecto, la Ley de Educación Básica, de 2020 (Ley núm. 3 de 2020), que derogó la Ley de Educación, de 2001 (Ley núm. 16 de 2001), prohíbe toda forma de castigo corporal en cualquier entorno escolar. La Ley de Cuidado y Protección del Niño, de 2015 (Ley núm. 3 de 2015), también prohíbe los castigos corporales en el ámbito doméstico.
Artículo 8Esclavitud y trabajo forzoso
124.A fin de eliminar el trabajo forzoso u obligatorio, el artículo 9 de la Constitución establece su prohibición. La Ley de Trabajo, de 2007 (Ley núm. 11 de 2007), prohíbe el trabajo forzoso y el trabajo infantil. El artículo 15 de la Constitución prohíbe que se emplee a niños menores de 16 años o se les exija que realicen un trabajo.
125.Durante el período que se examina, a fin de garantizar que los niños no sean obligados a trabajar y que los ciudadanos no sean sometidos a trabajos forzosos, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y Creación de Empleo, organizó sesiones de sensibilización sobre las disposiciones de la legislación laboral, incluidas las relativas al trabajo infantil, en diferentes lenguas vernáculas y utilizando plataformas mediáticas. Entre 2015 y 2019, en el marco del objetivo del Gobierno de combatir el trabajo infantil, se nombraron 57 inspectores de trabajo en todo el país, y el Ministerio de Trabajo, Relaciones Laborales y Creación de Empleo llevó a cabo inspecciones en muchos sectores de la economía, como la agricultura, la hostelería, la construcción, el comercio minorista, la seguridad, la industria del combustible y el trabajo doméstico.
126.Además, el Decreto de Salario de los Trabajadores Domésticos, de 2016, prohíbe emplear como trabajador doméstico a un menor de 18 años. A fin de reforzar su marco jurídico en materia de trabajo infantil, Namibia ha ratificado los siguientes instrumentos normativos de la OIT: el Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (núm. 138), y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (núm. 182).
127.La trata de personas se define en el artículo 1 de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, de 2018 (Ley núm. 1 de 2018). Esta Ley fue promulgada por el Gobierno a fin de dar efectividad al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; tipificar como delito la trata de personas y las actividades conexas; y proteger y prestar ayuda a las víctimas de la trata, en particular mujeres y niños. La Ley establece que la persona que sea declarada culpable de dicho delito podrá ser condenada a una multa de hasta 1 millón de dólares de Namibia, a una pena de prisión no superior a 30 años, o a ambas cosas.
128. En la causa State v. Lucas, entre los cargos que se imputaron al acusado figuraban cinco de trata de personas, por contravenir el artículo 15, leído conjuntamente con el artículo 1, de la Ley de Prevención de la Delincuencia Organizada, de 2004 (Ley núm. 29 de 2004). Antes de la promulgación de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, de 2018, este fue el primer caso de trata de personas en Namibia, y se enjuició con arreglo al artículo 15 de la Ley de Prevención de la Delincuencia Organizada. Se condenó al acusado a 13 años de prisión. Durante el período que abarca el informe se han denunciado 40 casos de trata de personas, cuyas víctimas eran en su mayoría mujeres y niñas. Se presenta a continuación un cuadro que muestra los casos de trata de personas entre 2014 y 2019.
Cuadro 14
Casos de trata de personas, 2014-2019
Denunciados |
Finalizados |
En trámite de instrucción |
Pendientes en los tribunales |
40 |
6 Con sentencia condenatoria: 2 Con sentencia absolutoria: 0 Sobreseimiento: 4 |
15 |
19 |
Fuente: Policía de Namibia, 2019.
129.En 2019, el Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil, en coordinación con el Órgano Nacional de Coordinación y con el apoyo de la OIM, puso en marcha el Mecanismo Nacional de Remisión de las víctimas de la trata de personas y los Procedimientos Operativos Estándar para su detección, protección, remisión y retorno seguro. El mecanismo fue desarrollado para guiar a las partes interesadas en cuanto a mejorar la labor de colaboración para aplicar la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, así como para detectar y proteger a las víctimas. A efectos de reforzar la vigilancia de los ciudadanos sobre la trata de personas, se puso en marcha una campaña de sensibilización. La campaña tiene por objeto sensibilizar a los jóvenes, que son más vulnerables a la trata, aumentar el conocimiento de los ciudadanos sobre la trata, evitar que sean presa de las falsas promesas de los tratantes y animarlos a denunciar posibles casos de trata o remitirlos a las instancias competentes.
130.El Ministerio del Interior e Inmigración, con el apoyo de la OIM y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), publicó un manual de formación y un manual de bolsillo sobre la trata de personas para la Policía y la Fiscalía. El manual de formación se basa en normas y prácticas internacionales y regionales bien establecidas. El manual de formación se utilizará en las Escuelas de Policía y contribuirá a aumentar los conocimientos de los agentes del orden sobre la detección de casos de trata de personas, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los autores. Al formalizar estos procedimientos, el Gobierno se ha adherido a un enfoque de lucha contra la trata de personas centrado en las víctimas. Además, a fin de formar a los funcionarios de inmigración en la detección de posibles víctimas de la trata, el Gobierno ha elaborado un Manual de Procedimientos Operativos Estándar de Inmigración. Todos los funcionarios de inmigración están capacitados en este ámbito.
Artículo 9Derecho a la libertad y a la seguridad personales
131.El derecho a la libertad y a la seguridad personales está garantizado en el artículo 7 de la Constitución. A todas las personas que son detenidas se las informa de los motivos de su detención en un idioma que entiendan y, tras la detención, se las debe llevar ante un magistrado o funcionario judicial en un plazo de 48 horas o tan pronto como sea razonablemente posible una vez pasado ese plazo.
132. Como se señaló en 2016 en el último informe, nuestros tribunales se han pronunciado sobre la interpretación de la regla de las 48 horas, y han sostenido que lo que se entiende por “tan pronto como sea razonablemente posible” debe determinarse en función de las circunstancias de cada caso. Namibia dispone de al menos 33 tribunales territoriales en todo el país, lo que debería hacer posible que todo imputado pueda comparecer ante un juez en un plazo de 48 horas o tan pronto como sea posible una vez pasado ese plazo. Además, los acusados pueden solicitar al tribunal la libertad bajo fianza, en espera de su juicio. En la causa Minister of Safety and Security v. Kabotana, el tribunal dictaminó que lo establecido en el artículo 11, párrafo 3, era uno de los elementos del derecho fundamental a la libertad consagrado en el artículo 7 y que el requisito de las 48 horas era, sin lugar a dudas, un derecho constitucional importante del detenido y que, a la luz de los casos de reclusión sin juicio y otras injusticias relacionadas que habían caracterizado la época previa a la independencia, debía ser amparado celosamente. El tribunal señaló además que el requisito de las 48 horas debería actuar como una luz roja intermitente en la mente de los agentes que procesen a los sospechosos para su posterior remisión al tribunal. Por consiguiente, se consideró que el Estado era responsable por no haber llevado al demandado ante un tribunal en un plazo de 48 horas, cuando era razonablemente posible hacerlo en las circunstancias del caso.
133.Hay un hospital psiquiátrico en Namibia, situado en la capital, Windhoek, y se van a construir tres más en otras partes del país cuando los recursos lo permitan. En la actualidad, la Ley de Salud Mental, de 1973 (Ley núm. 18 de 1973), establece medidas destinadas a evitar que las personas recluidas en instituciones psiquiátricas sean objeto de abusos. Además, para subsanar plenamente las deficiencias de la Ley de Salud Mental, de 1973, el Ministerio de Salud y Servicios Sociales ha elaborado un proyecto de ley sobre salud mental que fue revisado por el Comité de Legislación del Consejo de Ministros, que recomendó la celebración de reuniones consultivas con las partes interesadas para obtener sus aportaciones.
134.Existen procedimientos para decidir si se concede la condición de refugiado a los solicitantes de asilo que la han pedido. Los solicitantes de asilo y los inmigrantes irregulares reciben un trato humano acorde con las leyes de Namibia, y solo pueden ser mantenidos en detención cuando infringen las leyes de inmigración o cualquier otra ley. En los casos en los que se infringen estas leyes, los solicitantes de asilo son mantenidos en detención durante el procedimiento relativo a su caso y, posteriormente, deportados. Antes de que la Junta de Control de Inmigración dicte la orden de expulsión, los solicitantes de asilo tienen la oportunidad de recurrir la decisión de la Junta.
Artículo 10Trato humano de las personas privadas de libertad
135.El Gobierno sigue protegiendo y promoviendo los derechos y el bienestar de las personas privadas de libertad. La cuestión de las personas privadas de libertad se rige por la Ley de Servicios Penitenciarios, de 2012 (Ley núm. 9 de 2012). Esta Ley garantiza que a todo preso se le garantice una reclusión segura y humana dentro de un centro penitenciario, hasta su puesta en libertad. La Ley prevé además para los presos condenados programas de rehabilitación y actividades constructivas que contribuyan a su rehabilitación y a su reinserción satisfactoria en la comunidad.
136.El Servicio Penitenciario de Namibia cuenta con una Política Sanitaria que tiene en cuenta todos los aspectos de la salud de los reclusos, en particular los problemas de salud pública, como la tuberculosis, el VIH/sida, la hepatitis y otras enfermedades infecciosas y contagiosas. Esta Política presta especial atención a las dificultades específicas de los reclusos, que pueden diferir de las de los ciudadanos en general. Asimismo, esta Política cubre todos los aspectos de la salud que son corrientes en el sistema de salud pública. En términos generales, la Política Sanitaria del Servicio Penitenciario aboga por que se garanticen a los reclusos las mismas condiciones sanitarias que al resto de la sociedad. En otras palabras, los profesionales de la salud de los centros penitenciarios deben tener unas condiciones equiparables a las de los que trabajan en los hospitales públicos, y los servicios brindados a los reclusos deben ser equivalentes a los que se ofrecen al público en general en todos los aspectos, lo que incluye la atención de enfermedades que son motivo de preocupación para la salud pública, como el VIH/sida.
137.La Política Sanitaria del Servicio Penitenciario también permite a los reclusos acceder a servicios de atención de la salud privados, si pueden costeárselos. Además, los reclusos reciben alimentos nutritivos, y a los que tienen problemas de salud se les proporcionan dietas especiales. Los niños menores de 2 años que viven con sus madres reciben sucedáneos de la leche materna, pañales desechables y alimentos para lactantes, como cereales y frutas, y a las madres lactantes se les proporcionan dietas especiales, además de sus comidas diarias.
138.El Servicio Penitenciario ofrece bonificaciones a los reclusos para animarlos a participar en programas de rehabilitación y ayudas económicas para facilitar su reinserción en la sociedad. Se han puesto en marcha 6 programas, 2 de los cuales son programas de estructuras básicas (se trata de intervenciones estructuradas ofrecidas por el Servicio Penitenciario con el fin de reducir la reincidencia ocupándose de los factores que, según los datos empíricos, están directamente relacionados con el comportamiento delictivo de los reclusos); 3 son programas de apoyo interno, es decir, intervenciones o actividades formalizadas que tienen por objeto apoyar los resultados de los programas estructurados u ocuparse de los riesgos y necesidades de los reclusos; y 1 es un programa ejecutado por contratistas externos, destinado a rehabilitar a los reclusos en las prisiones.
139.El Defensor del Niño desempeña un papel fundamental en relación con los niños en conflicto con la ley. Tiene el mandato, establecido en el artículo 25 de la Ley de Cuidado y Protección del Niño, de 2015 (Ley núm. 3 de 2015), de recibir e investigar las denuncias relacionadas con los niños, procedentes de cualquier fuente, incluidos los niños.
Cuadro 15
Número total de reclusos (116) que, entre 2015 y 2019, mejoraron su cualificación durante su encarcelamiento
Centro P enitenciario |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Windhoek |
9 |
5 |
7 |
10 |
7 |
Hardap |
0 |
2 |
3 |
5 |
6 |
E. Shikongo |
2 |
2 |
3 |
4 |
3 |
E. Nepemba |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
Oluno |
1 |
3 |
4 |
6 |
3 |
Walvis Bay |
1 |
0 |
1 |
2 |
6 |
Divundu |
1 |
2 |
3 |
4 |
0 |
Total |
17 |
15 |
23 |
34 |
27 |
Fuente: Servicio Penitenciario de Namibia.
Artículo 11Derecho a no ser encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual
140.Namibia no tiene ninguna ley que obligue a las autoridades a encarcelar a las personas que no cumplan sus obligaciones contractuales. El recurso de que dispone la parte perjudicada es interponer ante un tribunal de justicia una demanda civil contra la parte incumplidora. Esto es aplicable en los casos de impago de préstamos e incumplimiento de contratos.
Artículo 12Libertad de circulación
141.El derecho a la libertad de circulación dentro y fuera de las fronteras de Namibia es un derecho garantizado por la Constitución. La situación de las leyes relacionadas con la inmigración no ha cambiado desde el último informe. Sin embargo, sí ha habido novedades en relación con las leyes relativas a la libertad de circulación de los ciudadanos hacia y desde los países vecinos. A este respecto, el Parlamento aprobó la Ley de Puestos de Fronterizos Comunes, de 2017 (Ley núm. 8 de 2017). El objetivo de la Ley es disponer acerca de la celebración de acuerdos con los Estados colindantes sobre la creación y puesta en marcha de puestos fronterizos comunes.
142.Además, la Ley de Cuidado y Protección del Niño, de 2015 (Ley núm. 3 de 2015), regula, con miras a su protección, la circulación de los menores acompañados de sus padres o tutores. De conformidad con los artículos 235 y 236, ninguna persona puede separar a un niño de la persona que tiene el control legal de este, sin el consentimiento previo de dicha persona. La Ley de Control de la Inmigración, de 1993 (Ley núm. 7 de 1993), regula y controla la entrada de personas a Namibia y la expulsión de determinados inmigrantes. En determinadas circunstancias, con arreglo a leyes vigentes, el Gobierno puede despojar a una persona de su ciudadanía. A este respecto, por razones de seguridad nacional, los ciudadanos por naturalización e inscritos como tales en el registro pueden ser privados del derecho a la ciudadanía mediante una orden del Ministro del Interior. Ahora bien, para que esto ocurra, las leyes pertinentes establecen varios criterios que deben cumplirse.
Artículo 13Expulsión de extranjeros
143.La información proporcionada en nuestro último informe con respecto a la situación de las leyes y mecanismos relativos a la expulsión de extranjeros no ha cambiado.
Artículo 14Derecho a la igualdad ante los tribunales y a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal independiente establecido por ley
144.La situación sigue siendo la misma que se expuso en el informe anterior. Sin embargo, para reforzar la independencia del poder judicial y defender la doctrina de la separación de poderes, la Oficina del Poder Judicial pasó a ser un organismo autónomo en 2015. Anteriormente dependía del Ministerio de Justicia. En consecuencia, a efectos de establecer la Oficina del Poder Judicial, se promulgó una nueva ley, la Ley del Poder Judicial, de 2015 (Ley núm. 11 de 2015). Esta Ley tiene por objeto reforzar la independencia del poder judicial, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 78, párrafo 5, de la Constitución; disponer sobre la gestión de los asuntos administrativos y financieros de la Oficina del Poder Judicial; y regular las cuestiones relativas al fortalecimiento de dicha independencia o que incidan en ello.
145.En un esfuerzo por mejorar la eficiencia y la accesibilidad de la justicia, el sistema de gestión de casos judiciales entró en pleno funcionamiento en 2014, junto con la mediación y la presentación electrónica de los casos. Todas estas iniciativas siguen siendo de gran valor para la pronta resolución de los casos y la reducción de los costos de los litigios.
Artículo 15Irretroactividad de las leyes
146.La situación sigue siendo la misma que se expuso en el informe anterior.
Artículo 16Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica
147.El registro de los nacimientos se realiza con arreglo a la Ley de Registro de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones, de 1963 (Ley núm. 81 de 1963), y es competencia del Ministerio del Interior e Inmigración. Namibia sigue resuelta a respetar su obligación de garantizar que todos los niños sean inscritos en el registro civil inmediatamente después de su nacimiento, como establece el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
148.A fin de agilizar el proceso, el Ministerio del Interior e Inmigración ha digitalizado totalmente la expedición de partidas de nacimiento. Esta digitalización forma parte del Sistema Electrónico Nacional de Registro de la Población, que incluye todos los acontecimientos vitales, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, y en el que también se inscriben los documentos de identidad. El 82,9 % de todos los namibios tienen un documento de identidad. El Ministerio ha establecido oficinas en todas las ciudades y actualmente está elaborando un nuevo proyecto de ley llamado proyecto de registro civil e identificación, que combinará la Ley de Registro de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios, de 1963, con la Ley de Identificación Nacional, de 1996.
Artículo 17Derecho al respeto de la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia, y a la protección de la honra y la reputación
149.El Gobierno de la República de Namibia respeta el derecho a la privacidad, garantizado en el capítulo 3 de la Constitución. El Estado solo puede restringir este derecho si es en interés de la seguridad nacional. Sin embargo, para ello las autoridades competentes deben solicitar la autorización a los tribunales. Toda persona cuyo derecho a la privacidad haya sido vulnerado ilegalmente puede recurrir a los tribunales de justicia.
Artículo 18Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
150.Se calcula que el 90 % de los namibios profesan la fe cristiana. Ahora bien, Namibia es un Estado laico y, por lo tanto, existe una completa separación entre el Estado y la religión institucionalizada. Aunque la fe cristiana es la religión dominante en el país, otras religiones minoritarias gozan de los mismos derechos y protecciones que ella. Los musulmanes, los judíos, los creyentes de la fe bahaí y los creyentes de las religiones indígenas africanas pueden practicar su religión sin ninguna interferencia o intimidación por parte del Estado. A pesar del carácter laico del Estado, el Gobierno sigue colaborando con organizaciones religiosas para combatir males sociales como la violencia de género o el abuso de drogas y alcohol, por mencionar solo algunos.
151.En las escuelas públicas, en el nivel de primaria, la asignatura de Religión y Educación Moral es obligatoria para todos los alumnos, independientemente de su afiliación religiosa. La asignatura no respalda ninguna religión en particular. Más bien, es flexible y enseña todo tipo de religiones a los alumnos, centrándose principalmente en sus similitudes y no en sus diferencias. Este enfoque promueve la tolerancia entre los alumnos de diferentes orígenes religiosos. El Ministerio ofrece Educación Religiosa y Moral en las escuelas públicas como parte del plan de estudios nacional que se imparte desde la enseñanza preescolar hasta el 9º grado. Se espera de los alumnos que comprendan claramente y respeten la diversidad y la libertad de creencias, y estén al tanto de los más altos valores morales, éticos y espirituales, como la integridad, la responsabilidad, la igualdad y la reverencia por la vida.
152.Las instituciones religiosas pueden administrar sus propias escuelas utilizando el mismo plan de estudios aprobado por el Gobierno. Por ejemplo, la Iglesia Católica administra varias escuelas religiosas privadas en todo el país. El Gobierno aprecia el papel que desempeñan las instituciones religiosas en la prestación de servicios de salud a los ciudadanos. En este sentido, el Ministerio de Salud y Servicios Sociales tiene desde hace tiempo un acuerdo con la Iglesia Católica Romana para prestar servicios médicos y recibir en sus hospitales a pacientes a cargo del Estado.
153.Como ya se ha mencionado, la fe cristiana es la que más fieles tiene en el país, y el Gobierno reconoce varias fiestas cristianas. Las fiestas cristianas, como la Pascua, la Ascensión y el día de Navidad, han sido declaradas días festivos mediante una ley del Parlamento, la Ley de Días Festivos, de 1990 (Ley núm. 26 de 1990). Los fieles de las religiones minoritarias, como las mencionadas anteriormente, también pueden celebrar y conmemorar sus fiestas religiosas sin ningún tipo de intimidación por parte del Estado o del público en general.
154.El derecho a la religión se puso a prueba en la causa ES v. AC. La causa se refería a una madre, la Sra. ES, que estaba ingresada en un centro médico y necesitaba recibir una transfusión sanguínea para salvar su vida, pero se negaba a recibirla por ser testigo de Jehová. Su hermano solicitó al tribunal una orden que la declarara mentalmente incapacitada debido a su estado de salud y que lo nombrara curador para poder consentir que el personal médico le administrara una transfusión sanguínea. El Tribunal Superior falló a favor del solicitante. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló la decisión del Tribunal Superior y sostuvo que el interés del niño, aunque es muy importante, no siempre sustituye el derecho de los padres a elegir lo que debe ocurrir con su cuerpo. El Tribunal determinó lo siguiente:
“El derecho a elegir lo que se puede y no se puede hacer con el propio cuerpo, independientemente de que la persona sea o no un progenitor, es un derecho humano inalienable. [...] La autonomía moral es de vital importancia para la protección de la dignidad y la libertad humanas en democracias libres y abiertas como la nuestra”.
155.La sentencia en la causa ES v. AC es una indicación de que el derecho a practicar cualquier religión y a manifestar dicha práctica es respetado y sumamente valorado por el Gobierno de la República de Namibia.
Artículo 19Derecho a la libertad de expresión
156.Namibia sigue avanzando en la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, garantizado por el artículo 21 de la Constitución. En 2019, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa situó a Namibia como el país africano que más respeta la libertad de expresión. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2020 Namibia sigue ocupando el puesto 23º entre 180 países. En la actualidad, Namibia cuenta con nueve periódicos independientes y uno de propiedad estatal. Los ciudadanos pueden expresar en dichos periódicos sus quejas contra el Estado sin temor a ser objeto de represalias de su parte. Los ciudadanos también pueden exponer sus quejas o formular sugerencias a los ministerios y organismos gubernamentales en los programas de llamadas difundidos por la radio, en emisoras estatales y privadas, sobre cómo prestar servicios a las comunidades de forma eficaz. En algunos casos, se obliga a los funcionarios, incluidos los parlamentarios, a que respondan a los ciudadanos en relación con las preocupaciones planteadas por las personas que llaman a dichos programas difundidos por la radio.
157.El Jefe de Estado, el Excmo. Sr. Hage Geingob, ha participado en algunas ocasiones en estos programas de llamadas para abordar algunas de las preocupaciones planteadas por los ciudadanos. Además, la Presidencia cuenta con una oficina especializada que atiende específicamente a los medios de comunicación. Esta oficina está dirigida por el Secretario de Prensa, que actúa como enlace entre el Jefe de Estado y los medios de comunicación. Todas las plataformas de medios sociales son fácilmente accesibles, sin restricciones por parte del Estado. El país cuenta con 2 canales de televisión y 41 emisoras de radio. Además, los namibios pueden acceder libremente a los medios de comunicación internacionales a través de la televisión digital por satélite.
158.Los periodistas de Namibia gozan de una relativa libertad en el ejercicio de su labor, y no son objeto de detenciones ni reclusiones arbitrarias. Namibia valora mucho la libertad de los medios de comunicación y aplica a estos un marco de autorregulación, que contempla mecanismos como el Defensor del Pueblo para los Medios de Comunicación y el Foro Abierto de Namibia para ocuparse de las denuncias contra los medios.
159.En los últimos tiempos se han presentado casos ante los tribunales en los que ha pasado a primer plano la cuestión de lo que constituye la libertad de expresión. El Tribunal Supremo confirmó recientemente la importancia de la libertad de prensa en una sociedad democrática en la causa Director General Namibia Central Intelligence & Another v. Haufiku: Mathias & Another. Además, las plataformas de medios sociales no están sujetas a censura ni restricción alguna por el Estado. Los ciudadanos pueden utilizar esas plataformas para referirse al Gobierno y criticar las políticas estatales sin temor a represalias.
160.Cabe señalar que, con arreglo al artículo 22 de la Constitución, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto. En la causa Du Toit v. Amuphadhi and Others, el Tribunal señaló que el derecho a la libertad expresión, que es fundamental para una sociedad democrática, no es un valor primordial, y debe interpretarse en contexto junto con otros valores constitucionales, en particular los de dignidad humana, libertad e igualdad.
Artículo 20Prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la apología del odio nacional, racial o religioso
161.Como señalamos en nuestra respuesta en el informe anterior, la Ley de Prohibición de la Discriminación Racial, de 1991 (Ley núm. 26 de 1991), modificada en 1998, sigue siendo la principal disposición legislativa que penaliza todas las formas de racismo en el país. Lamentablemente, las leyes discriminatorias de la época del apartheid siguen existiendo en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, el Gobierno está adoptando diversas medidas para enfrentar este problema. A estos efectos, el Parlamento aprobó la Ley de Derogación de Leyes Obsoletas, de 2018 (Ley núm. 21 de 2018). Esta Ley deroga algunas leyes obsoletas, entre ellas algunas leyes racistas.
162.Aunque Namibia no cuenta con una ley específica que se ocupe en particular de la propaganda en favor de la guerra, el Gobierno sigue promoviendo la armonía nacional, racial y religiosa entre sus ciudadanos. Como se indica anteriormente en relación con el artículo 18 del Pacto, los namibios tienen derecho a practicar sus religiones sin ninguna intimidación por parte del Estado.
163.En un esfuerzo por disminuir los casos de discriminación racial, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Arte y Cultura, en colaboración con el sector privado, organiza regularmente festivales culturales destinados a mostrar el rico y diverso patrimonio cultural de Namibia. La celebración de estos festivales tiene además como objetivo promover la tolerancia entre los diferentes grupos étnicos o raciales de Namibia.
164.A fin de proseguir la lucha contra los actos de racismo y discriminación, la Defensoría del Pueblo realizó un estudio sobre las causas del racismo y la discriminación en el país. El estudio dio lugar a un informe, titulado “Informe sobre la investigación nacional sobre el racismo, la discriminación racial y otras formas de discriminación y el tribalismo, una nación dividida: ¿por qué persisten el racismo y otras formas de discriminación tras 27 años de independencia de Namibia?”, que ya ha sido publicado y contiene conclusiones, así como recomendaciones que deben aplicar el Gobierno y el sector privado.
Artículos 21 y 22Derecho de reunión pacífica y de libertad sindical
165.Como señalamos en nuestra respuesta en el informe anterior, el derecho de reunión pacífica se rige por el Bando sobre Reuniones Públicas, del Administrador General (AG 23, de 1989). De conformidad con la ley, los namibios tienen derecho a reunirse pacíficamente. Sin embargo, para poder ejercer este derecho, especialmente en los casos que implican la movilización masiva de personas, como las concentraciones políticas, las huelgas laborales y las protestas ciudadanas sobre diversos asuntos nacionales, se debe pedir la autorización de la policía. Según establece la ley, durante dichas movilizaciones la policía tiene el deber de garantizar el mantenimiento del orden público. En algunas manifestaciones, protestas pacíficas y marchas legítimas realizadas por los ciudadanos y escoltadas por la policía, se registraron algunos actos de violencia contra manifestantes desarmados.
166.De conformidad con los artículos 17, párrafo 1, y 21, párrafo 1 e), de la Constitución, todos los namibios son libres de asociarse y formar partidos o movimientos políticos de su elección. En las últimas elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional, en 2019, participaron unos 15 partidos políticos y candidatos presidenciales, incluido un candidato independiente. Los observadores internacionales declararon que, por su manera de realizarse, las elecciones habían sido libres y limpias. Sin embargo, varios candidatos presidenciales impugnaron ante los tribunales el resultado de la votación presidencial. Posteriormente, la impugnación fue desestimada.
167.Todos los trabajadores de Namibia tienen derecho a afiliarse a un sindicato de su elección, ya que es su derecho constitucional y establecido por la ley. Actualmente hay 41 sindicatos registrados en el país. En cuanto al derecho a la libertad de asociación, la información es la misma que la proporcionada en el informe anterior.
168.La Constitución de Namibia garantiza a toda persona la libertad de fundar partidos políticos y afiliarse a los que esta elija; sin embargo, a dos movimientos u organizaciones políticas (el Partido Democrático Unido y el entonces Partido por el Desarrollo de Caprivi) se les ha denegado la autorización para inscribirse como tales por defender el secesionismo, el tribalismo y el regionalismo.
Artículo 23Protección de la familia, derecho al matrimonio e igualdad de los cónyuges
169.Como se señaló en el informe anterior, el artículo 14, párrafo 1, de la Constitución establece que los hombres y las mujeres mayores de edad, sin ninguna limitación por motivos de raza, color, origen étnico, nacionalidad, religión, credo o condición social o económica, tendrán derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
170.El artículo 226 de la Ley de Cuidado y Protección del Niño, de 2015, establece que una persona no puede entregar a un niño en matrimonio o compromiso si dicho niño no consiente libremente el matrimonio o compromiso o está por debajo de la edad mínima legal para contraer matrimonio, como se dispone en la Ley de Matrimonio, así como en la Ley de Igualdad de los Cónyuges, de 1996. El artículo 26 de la Ley de Matrimonio, de 1961 (Ley núm. 25 de 1961), establece que ningún niño o niña menor de 18 años podrá contraer un matrimonio válido, salvo con la autorización por escrito del Ministro de Interior; y una persona menor de 21 años necesita el consentimiento de sus progenitores o tutores para poder casarse. Se está revisando la Ley de Matrimonio, y la edad legal para contraer matrimonio se ajustará a la Ley de Cuidado y Protección del Niño.
171.Quien contravenga las disposiciones sobre la edad legal para contraer matrimonio comete un delito y puede ser condenado a una multa de hasta 50.000 dólares de Namibia, a una pena de prisión de hasta diez años o a ambas cosas. Estas restricciones a la edad legal para contraer matrimonio sirven de salvaguardia contra los matrimonios infantiles precoces, que pueden repercutir negativamente en el bienestar y el desarrollo del niño.
172.El Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar Infantil realizó un estudio para evaluar la situación de los matrimonios infantiles en Namibia. El objetivo del estudio era describir la situación de los matrimonios infantiles en Namibia para fundamentar, a partir de datos empíricos, el desarrollo de políticas, la reforma jurídica, la movilización de recursos y la programación. El estudio se encuentra todavía en proceso de elaboración. Namibia está revisando las leyes relativas a los derechos de la mujer en el matrimonio, con miras a promulgar nuevas leyes al respecto.
173.Los matrimonios polígamos están reconocidos por varias leyes consuetudinarias de diferentes comunidades tradicionales del país. Para contraer este tipo de matrimonios se requiere el consentimiento de las mujeres, pero a las menores de 16 años la ley les prohíbe contraerlos. Todo aquel que se case con una persona menor de 16 años puede ser acusado de un delito de estupro. La Ley de Veteranos, de 2008 (Ley núm. 2 de 2008), y la Caja de Pensión del Gobierno reconocen a las mujeres de matrimonios polígamos de derecho consuetudinario el derecho a heredar de sus cónyuges.
Artículo 24Derechos del niño
174.El artículo 15 de la Constitución establece que los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. La partida de nacimiento suele ser el primer paso para garantizar este derecho. Por consiguiente, todos los padres tienen el deber de registrar el nacimiento de un hijo lo antes posible tras su nacimiento. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior e Inmigración, cuenta con un Sistema Electrónico de Notificación de los Nacimientos que permite registrarlos oportunamente. Todos los hospitales de distrito tienen acceso a ese Sistema. Según el Informe Demográfico Intercensal de Namibia de 2016, la tasa nacional de registro de nacimientos es del 87,8 %, y el 77,6 % de los niños menores de 5 años tienen una partida de nacimiento. Es cierto que se observan grandes disparidades en las distintas regiones. Karas, en el sur, tiene una tasa de registro de nacimientos del 96,2 %, mientras que la región de Kavango Oeste, en el noreste, tiene la tasa de registro de nacimientos más baja del país, el 67,3 %. El registro de nacimientos se ha digitalizado por completo y forma parte del Sistema Electrónico Nacional de Registro de la Población, que incluye todos los acontecimientos vitales, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, y en el que también se inscriben los documentos de identidad. El 82,9 % de los namibios cuentan con un documento de identidad.
175.La provisión de documentos nacionales, incluida la expedición de partidas de nacimiento, es responsabilidad del Ministerio del Interior e Inmigración. El Ministerio ha establecido oficinas en todos los pueblos y ciudades, así como en 23 hospitales para fomentar el registro temprano de los nacimientos. En caso de que el padre niegue la paternidad o sea desconocido, la madre puede inscribir al niño con su apellido, y los datos del padre se dejarán en blanco. El artículo 232, párrafo 1, de la Ley de Cuidado y Protección del Niño prohíbe a las escuelas y hospitales negar servicios a los niños por no estar registrados. El artículo 145, párrafo 3 t), de dicha Ley establece que todo organismo público de prestación de asistencia deberá ayudar a los niños a acceder a los servicios públicos a los que tienen derecho. Por ejemplo, el Centro del Asentamiento de Refugiados de Osire proporciona todos los servicios básicos, incluido el registro de nacimiento.
Artículo 25Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho de voto y derecho a la igualdad de acceso a la función pública
176.Todo ciudadano namibio tiene derecho a participar en la actividad política, derecho que está garantizado en el artículo 17 de la Constitución. La Ley Electoral, de 2014 (Ley núm. 5 de 2014), prevé la creación y constitución de la Comisión Electoral de Namibia, que facilita la celebración de elecciones en el país.
177.Desde el último informe, Namibia ha celebrado elecciones presidenciales y parlamentarias, y elecciones de autoridades locales y regionales. Durante el período que abarca el informe se registraron dos nuevos partidos políticos, a saber, el Movimiento de los Sin Tierra y la Voz Demócrata Cristiana.
178.Una persona que no sea ciudadana de Namibia no podrá ser nombrada a un cargo electivo de un partido político o de una organización ni aceptar el nombramiento a dicho cargo. El artículo 136 de dicha Ley, que prevé el procedimiento de solicitud de registro como partido político, establece que un partido político que pretenda participar en las elecciones en Namibia deberá solicitar a la Comisión su registro, utilizando el formulario de solicitud prescrito por esa Ley y de la manera establecida por ella.
179.El mandato de la Comisión Electoral de Namibia es registrar a los ciudadanos con derecho de voto y educarlos acerca de sus derechos y de los procedimientos relativos a las elecciones. Todas las comunidades son destinatarias de esta educación, incluidas las que viven en zonas rurales y las personas con discapacidad. Además, la Comisión Electoral de Namibia ha introducido máquinas de votación para atender a las personas con deficiencias visuales, lo que les permite emitir su voto sin ayuda y mantener el secreto del voto. Durante las elecciones se instalan mesas de votación móviles en todo el país para garantizar que todas las personas con derecho de voto emitan su voto sin dificultades relacionadas con el acceso. Namibia es uno de los pocos países de África en los que los presos condenados conservan su derecho de voto y lo ejercen en todas las elecciones nacionales. El marco de inclusión de la Comisión Electoral de Namibia establece directrices claras sobre la participación de todos los grupos diversos en el proceso electoral. También se prevé que los ciudadanos que viven en el extranjero puedan participar en el proceso electoral.
Artículo 26Igualdad e igual protección de la ley
180.La situación sigue siendo la misma que se expuso en el informe anterior. Cualquier namibio que considere que sus derechos han sido vulnerados puede dirigirse a la Defensoría del Pueblo para obtener reparación. Algunos bufetes de abogados privados o de interés público, como el Centro de Asistencia Jurídica, ayudan habitualmente a las personas de escasos recursos a interponer demandas contra órganos estatales acusados de violar los derechos humanos. La Universidad de Namibia también cuenta con un consultorio de asistencia jurídica que prestan este tipo de asistencia a las personas que no pueden pagar los honorarios de un abogado.
Artículo 27Derechos de las minorías
181.Las comunidades marginadas están representadas en el Parlamento. En la Sexta Asamblea Nacional, 3 miembros del Parlamento procedían de las comunidades marginadas; 1 de ellos pertenecía al partido en el poder y los otros 2, a los partidos de la oposición. En el Consejo Nacional solo hay 1 mujer de las comunidades marginadas. Además, 5 miembros de las comunidades marginadas fueron nombrados miembros del personal de la Oficina del Presidente, en la División de Comunidades Marginadas, y 1 miembro de la comunidad khwe san fue uno de los nombrados como ayudantes presidenciales.
182.El Ministerio de Educación, Artes y Culturas garantiza la enseñanza del ju/'hoansi, un dialecto de las lenguas sans, hasta el 3º grado de primaria, en la escuela primaria de Tsumkwe y en las escuelas de aldea Nyae Nyae. No se prohíbe a los alumnos ir a la escuela vestidos con su indumentaria tradicional. La lengua de señas no es una lengua nacional reconocida en el país, lo que constituye una dificultad que hay que superar.
183.El Gobierno de la República de Namibia sigue garantizando que los miembros de las comunidades marginadas reciban una alimentación suficiente. Muchos miembros de comunidades marginadas son beneficiarios del programa de Banco de Alimentos patrocinado por el Gobierno. Este programa es un proyecto piloto que el Gobierno ha puesto en marcha para aliviar el hambre y la malnutrición en el país, y va dirigido especialmente a las comunidades más pobres.
184.A fin de hacer frente a los altos niveles de desigualdad y exclusión social, el Gobierno ha puesto en marcha una política nacional de educación inclusiva como medio para lograr que, mediante la eficiencia, la democracia y una sólida promoción del aprendizaje permanente, todos, especialmente los niños marginados de la educación, tengan una educación accesible, equitativa y sólida.
185.En 2017, el Gobierno se comprometió a elaborar el Libro Blanco sobre los Pueblos Indígenas. El Libro Blanco orienta a la División de Comunidades Marginadas y constituye una orientación sobre políticas para promover y proteger los derechos de las comunidades marginadas garantizando su inclusión en un Gobierno de Namibia fuerte, resistente y tolerante. El objetivo general del proyecto de política (el Libro Blanco) es fortalecer los marcos institucionales, mejorar la coordinación y garantizar que las comunidades san, ovatue y ovatjimba sean objeto de consultas, participación y representación efectivas. Las comunidades marginadas son los grupos más beneficiados por el programa de reasentamiento. Durante el ejercicio económico 2015/16, las comunidades sans de Otjinene y Epukiro recibieron 2.600 hectáreas de tierras en la región de Omaheke.
Cuadro 16
Comunidades sans reasentadas en la región de Omaheke
Comunidad san |
Año de reasentamiento |
Número de hogare s beneficiarios |
Hectáreas de tierra |
/Nu/gumu |
2014 |
12 |
35 000 |
Otjiamapeta |
2015 |
17 |
11 500 |
Otjiuapeuri |
2016 |
16 |
34 000 |
Fuente: Ministerio de Reforma Agraria.
186.En un esfuerzo por mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades marginadas, el Gobierno ha puesto en marcha varios programas y proyectos para mejorar los derechos de las minorías, los cuales se describen a continuación:
a)En la región de Kunene, se construyeron 3 aulas en la aldea de Otjikojo, 3 aulas adicionales en Otjomuru, y 2 albergues estudiantiles, en Otjikojo y Otjomuru. Se construyeron 2 dispensarios en Otjomuru y Seringkop. En la aldea de De–Riet se ha iniciado un proyecto de fabricación de ladrillos para la construcción de una nueva escuela, un alojamiento para el cuerpo docente y un albergue estudiantil;
b)En la región de Otjozondjupa, se construyó una escuela en la aldea de Dobe y un centro comunitario dotado de instalaciones para la enseñanza preescolar en la aldea de Namapan, en Tsumkwe. La comunidad san en Ondera Ya Urua se benefició de la construcción de 9 casas y 1 centro de enseñanza preescolar, y recibió 131 cabezas de ganado. Se construyeron 10 casas para la comunidad san en la aldea de Ondera Ya Urua y 2 en la aldea de Namapan. El Gobierno turco, a través de su agencia internacional (TIKA), prestó ayuda proporcionando ropa y ganado (cabras y otras reses), así como aperos de labranza a las comunidades sans de la región. Entre 2018 y 2019, la ONG Namibia Kalahari New Hope Project proporcionó paquetes de comida y ropa a las comunidades sans de Tsumkwe, y financió un proyecto de huerto para dichas comunidades;
c)En la región de Oshikoto, se han reasentado desde 2013 unos 120 hogares de hai//oms de la comunidad san. La Oficina del Primer Ministro sufragó los costos de un sistema de riego de pivote, un tractor, semillas, fertilizantes y aperos. La Oficina también proporcionó una camioneta gubernamental y un conductor para transportar los productos a los mercados. En la región de Ohangwena se construyeron y electrificaron 26 casas para miembros de la comunidad san de Omundaungilo;
d)En la región de Omaheke, con la ayuda del Programa Especial Alemán‑Namibio, puesto en marcha para perforar pozos e instalar infraestructuras, el Gobierno reasentó a algunos miembros de la comunidad san. La comunidad también recibió ganado con la ayuda de dicho Programa;
e)El Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo, colaboró con los hai//oms, una comunidad marginada del Parque Nacional de Etosha, en el distrito de Oshivelo y Outjo, comprando tierras para darles acceso a dicho Parque, en el que les otorgó una concesión turística. Además, la comunidad puede acceder a sus tumbas dentro de dicho Parque cuando sea necesario y lo solicite;
f)En 2015, el Ministerio de Medio Ambiente y Turismo colaboró en la construcción de 37 casas y casas de ladrillo de bajo coste para la reubicación de la comunidad hai//om que vivía en el Parque Nacional de Etosha. Además, el Ministerio proporciona empleo en el Parque Nacional de Etosha a 64 miembros de la comunidad hai//om. El Ministerio ha estado trabajando con la Asociación Comunitaria Gabaub de los hai//oms, que es su órgano de gestión local y dispone de un comité representativo.
187.A fin de garantizar que las comunidades marginadas no sean discriminadas, el Gobierno ha nombrado planificadores del desarrollo, encargados de proteger a todas las comunidades marginadas contra cualquier discriminación. También se nombraron coordinadores de las comunidades para que actúen como personas de contacto. Estas personas están encargadas de movilizar a las comunidades para que defiendan sus derechos y denuncien cualquier tipo de discriminación contra ellas y se organicen para hacerse cargo de su desarrollo.